AGLI Recortes de Prensa   Lunes 30 Diciembre  2019

Las guerras territoriales
Carlos Mármol cronicaglobal 30 Diciembre 2019

Ya va siendo hora de enfrentarnos a la verdad: el modelo autonómico español, que fue una concesión política (en buena medida innecesaria) para hacer verosímil el gran teatro de la Transición, un modelo sustentado en la Corona, el bipartidismo y la sobrevaloración electoral de los nacionalismos, es la causa última de la pesadilla –burocrática, política y social– que padecemos desde hace cuatro décadas. Acostumbra a decirse que este marco político, fruto del pacto (con significativas renuncias), está detrás del origen de la mayor época de prosperidad (económica; en materia social habría bastante que discutir) de nuestra historia reciente.

Este argumento obvia la estación término del proceso: el colapso de la crisis de 2010, con los consiguientes quebrantos para la población más desfavorecida, el intenso empobrecimiento de las clases medias y la resurrección de tensiones políticas (en buena medida atávicas) que creíamos resueltas. Hace falta proyectar la foto completa de España –incluyendo la faz del país durante la última década– para ser justos (en lugar de interesados) a la hora de emitir juicios. Los padres fundadores, a los que llevan dibujándonos como santos en vida desde hace cuatro decenios, quizás tuvieran la mejor de las intenciones, pero lo cierto es que su modelo requiere una reforma sustancial. Ni admite más parches ni puede quedarse como está.

El bloqueo político de España, intensificado por el desafío soberanista catalán, nos sitúa (con las lógicas variantes de tiempo y lugar) en una situación muy similar a la del 98. O incluso peor: no es ya que nos preguntemos qué diablos es España; es que las cesiones territoriales han terminado, por un más que previsible efecto de emulación, diluyendo la identidad jurídica común, que nada tiene que ver con la identidad personal. La primera es un valor compartido; la segunda, una cuestión privada. En Barcelona se discuten las causas por las que Madrid, una comunidad autónoma artificial, ha superado en PIB a Cataluña. Al mismo tiempo, en León (y algo antes en Teruel) surgen voces que reclaman la creación de nuevas autonomías para poder así liberarse del “centralismo” de cada territorio, apelando –Laus Deo– a “razones históricas” y vendiéndonos, igual que en 1978, el clásico señuelo de que la creación de nuevas instituciones regionales traerá la solución a todos los problemas.

La engañifa es mayúscula. Lo que muestra el mapa del poder autonómico es justamente lo contrario. En la España vacía –léase como la interior– existen desde hace cuatro décadas, cuatro niveles distintos de representación política: el local, el provincial, el autonómico y el estatal. ¿Ha servido esta arquitectura institucional para reducir las carencias económicas, sociales o de infraestructura? Diríamos que no. En absoluto. Por tanto, la solución a los problemas regionales no está en la institucionalización. Depende únicamente de la buena o mala gestión.

La cohesión territorial es la gran asignatura pendiente de nuestra democracia. En buena medida porque el modelo autonómico ha terminado fortaleciendo la política de los agravios e institucionalizando el caciquismo cultural heredado de la España del siglo XIX. Instituciones, nos sobran; pero ninguna de ellas, a la hora de la verdad, resuelve los asuntos de los ciudadanos. El negocio autonómico sólo ha beneficiado a los políticos de aldea: aquellos que viven de las banderas aunque sean incapaces de gestionar los generosos presupuestos de los que disponen.

En esto, sólo existen diferencias de grado. Es un fenómeno ecuménico: la sanidad catalana funcionaría mejor si los nacionalistas no dedicaran el dinero público a su utopía independentista; Andalucía gozaría de una situación aceptable si el peso de la administración pública –a excepción de los servicios sociales básicos– no fuera tan enorme y la política diaria no estuviera condicionada por el nepotismo, los intereses políticos (que rara vez coinciden con los generales) o la corrupción. Y Teruel o León no padecerían la histórica falta de comunicaciones que sufren hace décadas si, en vez de apelar a absurdos derechos históricos –que no son hechos contemporáneos, sino pretéritos–, sus instituciones funcionasen con eficacia, sin caer en la tentación del populismo.

El alcalde de León, José Antonio Díez (PSOE) dice que ellos no tienen nada que ver con Castilla, exactamente igual que los nacionalistas catalanes, que manipulan la historia común para crear hechos diferenciales a la carta. Hasta el delirio. Cada uno puede sentirse de la patria que prefiera. Todas, al cabo, son ínsulas imaginarias. Las fantasías tribales, sin embargo, nunca han solucionado ninguno de los problemas de las sociedades. Todos los cuentos tienen un final. Nos iría mejor si prescindiéramos de las repúblicas imaginarias y nos organizáramos con criterios de eficacia, la eterna olvidada de nuestras particulares guerras territoriales.

Sumisión humillante a ERC
Editorial ABC 30 Diciembre 2019

La Moncloa filtra el informe de la Abogacía del Estado al partido de Junqueras antes de que se haga público y se acelera la investidura

Desde hace dos semanas, Pedro Sánchez ha sometido a la Abogacía del Estado a un test de estrés y dominio tan intenso que forzó ayer a la Asociación que agrupa a estos juristas a emitir un comunicado para reivindicar su profesionalidad, y su sumisión a la legalidad, para no aparecer como un Cuerpo del Estado humillado a los designios del Gobierno en funciones. Sánchez ha conseguido que la Abogacía parezca un colectivo a su servicio, y no un cuerpo relevante de expertos capaces de poner al Estado por encima de los caprichos del Gobierno de turno. De hecho, Moncloa ha filtrado el informe de la Abogacía del Estado, que no se hará público hasta hoy, a ERC, lo que ha allanado el camino de la investidura de Sánchez, ya que el acuerdo parece inminente. Sin embargo, el hecho de que la Abogacía sea un cuerpo dependiente del Gobierno no significa que esté obligado a pervertir la letra y el espíritu de la ley siguiendo las instrucciones de ningún ministerio, y menos aún de la presidencia del Gobierno. Nadie tiene patente de corso para pervertir la ley, ni debe vulnerarse la legalidad para satisfacer las ambiciones políticas de ningún aspirante a presidente, o para servir como «gesto» para convencer a un partido que pretende destruir el orden constitucional. Lo que está haciendo Moncloa es escandaloso.

Es cierto que el Tribunal de Justicia de la UE ha modificado su doctrina respecto a los cargos electos en el Parlamento europeo, y también lo es que en primavera Oriol Junqueras pudo gozar de inmunidad para formalizar su acta de europarlamentario. Sin embargo, su situación procesal ha cambiado drásticamente desde entonces: es un condenado en firme y retrotraer sus derechos carece de sentido porque actualmente, lo diga el Tribunal de Luxemburgo o no, pesa sobre él una condena de prisión e inhabilitación para ejercer todo tipo de cargo público. Pretender, como ha hecho el independentismo, que ese fallo invalida el proceso penal es absurdo. Y presionar para que la Abogacía lo perciba de esa manera es casi prevaricador. Cuando los abogados del Estado sostienen en un comunicado oficial que no se someterán a presión alguna es llanamente porque alguien -y solo puede ser La Moncloa- está presionando a la institución. Y eso no es democrático.

Todo en España está ahora mismo supeditado a satisfacer al separatismo catalán para investir a Sánchez a toda costa, aunque las costuras del Estado de derecho estén al límite. Sánchez ha sojuzgado cualquier criterio crítico dentro del PSOE, ha negociado con los comunistas un proyecto de Gobierno que nadie conoce, y ahora adopta una pose de sumisión a ERC. Por eso, salvaguardar la dignidad del Estado se ha convertido en una necesidad imperiosa.

Bolivia: algo apesta a cloaca social-podemita del Estado
EDITORIAL Libertad Digital 30 Diciembre 2019

Los acontecimientos que rodean la insólita visita de unos diplomáticos españoles a la residencia de la embajadora de México en Bolivia constituyen un gravísimo escándalo que urge esclarecer de inmediato y caiga quien caiga.

El caso implica a cuatro policías encargados de la seguridad de la embajada española en Bolivia, que trataron de acceder al recinto encapuchados y a bordo de sus vehículos para, presumiblemente, ayudar a la huida de varios exaltos cargos del depuesto tirano izquierdista Evo Morales, según han denunciado las autoridades legítimas del país andino. Entre esos capos del chavismo boliviano, acusados de graves delitos que incluyen el terrorismo y refugiados en la legación mexicana, se encuentra Juan Ramón Quintana, exministro de Presidencia con Morales, que otorgó ocho contratos de asesoría a la empresa del siniestro podemita Juan Carlos Monedero por valor de 1,5 millones de euros, según la investigación iniciada por La Paz.

La maniobra, que desprende el hedor de la cloaca social-podemita del Estado, invita a extraer conclusiones a cuál más peligrosa para Pedro Sánchez y su deseado Gobierno chavista-separatista. Así lo ha señalado el delegado ante la comunidad internacional del Gobierno interino de Bolivia, Jorge Quiroga, al afirmar que Sánchez y sus compinches podemitas "deben de estar muertos de miedo" de que salga toda la información de sus manejos con Morales tras la huida de éste a Méjico, luego de que el pueblo boliviano se alzara contra el monumental pucherazo con el que trató de perpetuarse en el poder.

La ministra de Exteriores boliviana, Karen Longaric, ha responsabilizado a Sánchez y su banda (que diría Albert Rivera) de "las acciones del personal de la embajada de España", que "vulneran la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas". "El personal diplomático y de seguridad de la embajada de España en Bolivia no tiene autorización para portar armas de fuego ni usar atuendos que oculten su identidad", ha recordado Longaric, que además ha asegurado que los hechos denunciados "contravienen las más fundamentales prácticas diplomáticas y vulneran el principio de inviolabilidad", por lo que Bolivia los denunciará en las instituciones internacionales de las que forma parte.

En nuestro país, la oposición ha pedido explicaciones a la responsable de Exteriores, Margarita Robles, para que aclare sin demora el alcance de unos hechos inauditos que cubren de ignominia la acción exterior de España, convertida por culpa de Sánchez y su compinches podemarras en valedora de la hez chavista, que tanta ruina y dolor ha llevado a Hispanoamérica.

Los bolivarianos españoles, cuya pituitaria es tan sensible para detectar el tufo de las cloacas del Estado cada vez que se investigan sus turbios manejos, están en el foco de este sórdido asunto, del que pueden salir muy mal parados. Y con ellos Sánchez, presidente indeseable donde los haya, tan en la estela en esto también del infame José Luis Rodríguez Zapatero.

La Abogacía complace a Junqueras, la investidura en marcha
Pablo Sebastián republica 30 Diciembre 2019

El preso Junqueras y su partido ERC han conocido, antes que el Tribunal Supremo y que el conjunto de los españoles, el informe que la Abogacía del Estado presentará este lunes ante el Supremo sobre la sentencia de la Corte Europea de Luxemburgo a propósito de la euro inmunidad de Junqueras.

Y por lo que ya sabemos a Junqueras el informe le ha gustado mucho. Por lo que ERC apoyará la investidura de Sánchez, porque al allanamiento de la Abogacía se unirá el del PSOE ante ERC en un fastuoso documento de capitulaciones y entonces, miel sobre hojuelas, iremos a la investidura en la Noche de Reyes del 5 de enero de 2020.

¿Acaso no es la política un Teatro donde las pasiones y las ambiciones se enfrentan y representan como bien nos lo enseñó el maestro Shakespeare?

Pues en España estamos de asistiendo al estreno de un drama en tres Actos muy esperado y titulado ‘El ascenso a los cielos del poder’.

En el Acto I, y entre los muchos destrozos que, esparcidos por el escenario, ha causado Pedro Sánchez con su empeño de conseguir la investidura con el apoyo del delincuente Oriol Junqueras, aparecen las togas destrozadas de la Abogacía del Estado.

A la que el sedicioso Junqueras exigía cantar la palinodia en su escrito al Tribunal Supremo sobre la reciente sentencia de la Corte de Luxemburgo de la UE, mientras que el coro de la Asociación de los Abogados del Estado proclamaba con disimulo su inocencia y rechazaba: ‘cualquier intento de injerencia o presión y, especialmente, de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de la Abogacía del Estado’.

Pero el público sabe que la Asociación de la Abogacía se ha puesto la venda de la Justicia antes de que se descubra la herida de su informe, con el que Sánchez satisface a Junqueras para que favorezca, de una vez por todas, su investidura. En todo caso, el daño al prestigio de este cuerpo del Estado ya está hecho y la filtración del informe a Junqueras antes de que lo conozca el Tribunal Supremo prueba la connivencia y la manipulación.

El informe de la Abogacía es el Acto I del drama español que se inicia este lunes. En el Acto II conoceremos la asombrosa lista de las concesiones de Sánchez a Junqueras y al soberanismo catalán. Y el Acto III incluirá el Programa, por supuesto de izquierdas, de Gobierno de PSOE y Podemos.

Las Bienaventuranzas del ‘Sermón de la montaña de Jesús’ se quedarán en poca cosa, si se las compara con el que se espera oneroso programa social y de igualdad del nuevo Gobierno social-marxista y bipolar.

El drama español, escrito por Iglesias e interpretado por Sánchez, se titula ‘El ascenso al cielo del poder’. En su epílogo estará la esperada votación en el Congreso de los Diputados que Sánchez espera celebrar en la noche de los Reyes Magos antes de que le estalle en las manos la callada disidencia del PSOE.

Y el telón caerá lentamente mientras el ya investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su vicepresidente Pablo Iglesias y los Ministros del PSOE y UP prometen ante el Rey de España D. Felipe VI: ‘Guardar y hacer guardar la Constitución’.

En ese momento el bufón del Reino de España, maquillado como el Jocker de Batman cruzará de punta a punta el escenario dando grandes carcajadas para gritar al final: ¡Viva la independencia del Reino de León!

Sánchez fuerza a la Abogacía del Estado
Editorial larazon 30 Diciembre 2019

Un presidente del Gobierno –aún en funciones– puede equivocarse sobre el precio exacto de un litro de gasolina, pero no de las funciones que tiene un órgano del Estado, del que él es máximo representante. Cuando el pasado 7 de noviembre Pedro Sánchez dijo que la Fiscalía depende del Gobierno no sólo estaba equivocado, sino que dicho error procedía de una interpretación política nefasta para la división de poderes: al otorgar la Constitución (artículo 124.4) al Ejecutivo el nombramiento del fiscal general del Estado, creyó que dicho organismo estaba a su servicio. Un día después, ante el malestar del ministerio fiscal, Sánchez admitió que se había equivocado. Pero el candidato socialista persiste en el error y en la intromisión en órganos que son del Estado, no de su partido.

El trato que está dando a la Abogacía del Estado, como si fuera un organismo al servicio del Gobierno, sigue repercutiendo en ese deterioro institucional en el que persiste la disparatada investidura de Sánchez apoyándose en partidos que quieren acabar con la unidad territorial. De ahí que el Gobierno haya presionado abiertamente a la Abogacía del Estado para que el Tribunal Supremo pida la liberación del líder de ERC, Oriol Junqueras, y pueda acudir al Parlamento Europeo a recoger su acta de eurodiputado. Este es el gesto que le piden los independentistas, entre otros, para dar su apoyo a la investidura de Sánchez. El «gesto» podría ir más allá, si piden que no ingrese en prisión –donde cumple 13 años por sedición– hasta que la Eurocámara tome una posición sobre su inmunidad. La independencia de la Abogacía ha quedado en entredicho cuando fue utilizada sin pudor alguno en las negociaciones entre PSOE y ERC, ya que estos últimos reclamaron que tomara una posición favorable a sus intereses –es decir, la libertad de Junqueras y la deslegitimación del Estado–, y aún saltándose su función principal: la de asesorar jurídicamente a la Administración y no a un partido político que busca sin escrúpulos llevar a su candidato a La Moncloa, sea como sea. En respuesta a esta presión, la Asociación de Abogados del Estado emitió ayer un comunicado corto y contundente ante «cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado». La situación planteada por socialistas e independentistas hace insostenible la situación, al atentar contra un organismo centenario –creado en 1881– y su «estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos», como recuerda en el mismo comunicado.

Cualquier decisión que tome la Abogacía será interpretada con todas las dudas. Es llamativo que la Fiscalía, que también sufrió la injerencia del Gobierno durante el juicio del 1-0, haya resuelto con rapidez cuál es su posición respecto a la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europa del pasado día 19: que dicho fallo no debe afectar a la situación de Junqueras, ya que está condenado bajo sentencia firme. Por contra, si bien el Cuerpo de letrados del Estado tenía previsto presentar sus argumentos al Tribunal Supremo el pasado 23 de diciembre, la decisión se ha demorado –siendo el 2 de enero la fecha tope–, cuando su complicación jurídica no era mayor que cuando no se opuso a la salida de los independentistas el pasado 10 de junio para hacerse cargo de sus actas en el Congreso. Esta tardanza es incomprensible, dado que el dictamen prejudicial del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad de Junqueras no afecta en nada la sentencia en firme de su condena por sedición. Que haya que recordarle al candidato socialista que la Abogacía del Estado no es un cuerpo a su servicio, sino al conjunto de la Administración, indica el deterioro que su irresponsable investidura está causando en las instituciones.

Una filtración que retrata la ignominia política de Pedro Sánchez
OKDIARIO 30 Diciembre 2019

Sólo hay un calificativo: vergonzoso. ERC, un partido cuyos líderes están en la cárcel por un delito de sedición; esto es, por subvertir el orden constitucional y el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho, conoce ya el informe de la Abogacía del Estado y ha dado el visto bueno a la investidura de Pedro Sanchez, cuyo nivel de indignidad política no tiene precedentes en la democracia española. La filtración del informe a los golpistas supone que la institución encargada de defender al Estado ha sido conminada a entregar el Estado a los separatistas. La Abogacía del Estado negó presiones e injerencias en un comunicado. Después de conocer que el informe ha sido filtrado cabe esperar que emitan otro denunciando el chivatazo. Si quieren ser creíbles no tienen otra salida. Todo es de una indecencia superlativa.

Sánchez ha triturado las instituciones, las ha denigrado con un comportamiento abyecto desde un punto de vista democrático. Es de una ignominia tal que pasará a la historia por ser el primer presidente del Gobierno de España que entrega la dignidad nacional para contentar a un puñado de golpistas. El acuerdo está hecho. Sánchez seguirá en La Moncloa gracias al apoyo de los enemigos de España, que a esta hora estarán celebrando la claudicación de un Gobierno políticamente inmoral. Con la izquierda radical y los separatistas, Sánchez seguirá en el poder tras convertir a España y los españoles en rehenes de su estrategia suicida. La Abogacía del Estado tendrá que explicar cómo es posible que mientras pedía respeto a su autonomía , se filtraba a los golpistas el contenido de un informe que satisface las pretensiones de los enemigos del Estado. No va a quedar una institución con verdadera libertad de acción, porque Sanchez ha triturado la separación de poderes y degradado nuestra democracia a niveles de republica bananera.

España ha sido la moneda de cambio con la que el jefe del Ejecutivo en funciones ha pagado el precio exigido por los secesionistas catalanes. Una vileza política que no tiene parangón


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La Cataluña amputada del separatismo
Juan Manuel de Prada ABC 30 Diciembre 2019

En las últimas semanas, con el subidón de su nombramiento como eurodiputado, el errabundo Puigdemont ha anunciado que convocará una concentración en «Cataluña Norte»; y también ha amagado con trasladar su residencia al Rosellón, para acentuar románticamente los paralelismos con el exilio de Macià en Villa Denise.

Estos gestos retóricos nos permiten señalar la descomunal mentira sobre la que se asienta el separatismo, que además de querer amputar España acepta la amputación de Cataluña. Pues, en efecto, el Rosellón y la Cerdaña son parte constitutiva de la Cataluña histórica. Formaron parte de la Marca Hispánica erigida por Carlomagno como barrera defensiva frente a la invasión musulmana y se convirtieron en vanguardia de la Reconquista, para integrarse en el Reino de Aragón, hasta que el inútil de Juan II los entregó a Francia. Será su hijo Fernando quien recupere el Rosellón y la Cerdaña para la Corona de Aragón y, por lo tanto, para España, en 1493 (que debería considerarse la fecha en que se consuma la unidad española, en lugar de 1492). Así permanecieron el Rosellón y la Cerdaña durante casi dos siglos, hasta que en 1659, una España que había salido herida de muerte de Westfalia los entrega a Luis XIV, estableciendo como condición que respete sus Usatges. Pero Luis XIV incumple de inmediato lo pactado y deroga los Usatges, privando a los condados catalanes de sus leyes e instituciones propias, que la monarquía española había respetado, y prohibiendo además el uso de la lengua catalana en todo tipo de documentos públicos. Luego, el jacobinismo revolucionario consumaría el atropello, imponiendo una estandarización de las diversas lenguas de Oïl como única lengua oficial y confinando el catalán, así como las lenguas de Oc, en la marginalidad, en uno de los mayores genocidios culturales que recuerde la Historia. Resulta muy instructivo comparar el destino de marginalidad de la cultura catalana en Francia con el que ha corrido en España, sin duda muy accidentado (desde los Decretos de Nueva Planta hasta las autonomías), pero infinitamente más fecundo. ¿Dónde están los Verdaguer, Maragall, D’Ors, Carner, Espriu o Victor Català del Rosellón? La cultura catalana ha florecido sobre todo en el ámbito hispánico, por la sencilla razón de que la catalanidad es una expresión de la hispanidad.

El separatismo no tiene ningún interés, fuera de vacuos gestos retóricos, en reivindicar aquella Cataluña histórica. Pues la reivindicación de aquella Cataluña histórica le obligaría a reconocerse en la hispanidad, donde Cataluña pudo mantenerse íntegra y sus usos y leyes, su lengua y su cultura obtuvieron reconocimiento. La independencia que anhela el separatismo se funda, a la postre, en una amputación de la auténtica nación catalana, que se fundió en España a través de la monarquía tradicional, católica y federativa. Y es que el separatismo se amamanta del concepto corrosivo de nación liberal, se adhiere al republicanismo que arrasó la Cataluña transpirenaica y se amolda al régimen administrativo liberal, hoy evolucionado en nefasto régimen autonómico. El separatismo, en fin, debe entenderse en continuidad con la Paz de Westfalia que desfiguró la hispanidad, con los procesos revolucionarios que destruyeron el Mediodía francés, con el europeísmo que ha aniquilado el sentido de pertenencia a una patria común. No se funda en el amor a Cataluña, sino (como Westfalia, como las revoluciones, como el europeísmo) en el odio a España; y por ello se olvida del aplastamiento de Cataluña perpetrado en Francia, mientras reclama en España la independencia de una Cataluña amputada. Todo por amputar también a la odiada España.

El Tinder de Pedro Sánchez
Nacho Cardero elconfidencial 30 Diciembre 2019

Los electores echaron a Albert Rivera con cajas destempladas por hacer justo lo que dijo que iba a hacer: renunciar a investir a Sánchez: “Ningún voto que vaya a Ciudadanos permitirá que pueda ser presidente”.

Las urnas parecieron premiar la decisión otorgándole 57 escaños y situándolo a 200.000 papeletas del PP. Unos meses después, sin embargo, los electores vapuleaban a la formación naranja por las mismas razones por las que antes la habían aupado: bloquear la gobernabilidad y negarse a pactar con el PSOE. Los que escribían en ditirambos de la figura de Rivera ahora le asaeteaban con una dureza que ni Atila, rey de los hunos. Cs se quedaba reducido a solo 10 diputados. Rivera dimitía. El casino de la política le daba la espalda. Apostó fuerte y perdió.

En contraste con la aparente coherencia con la que se ha movido el otrora líder naranja, al todavía presidente en funciones, Pedro Sánchez, que se ha mostrado como un consumado adalid del ‘veletismo’, no parecen hacerle mella sus continuos vaivenes discursivos.

Las últimas encuestas le sitúan con un robusto músculo electoral y los columnistas que le arropaban en vísperas de las generales del 10 de noviembre, alabando su sentido de Estado y su determinación a no pactar con los independentistas, especulando incluso con la posibilidad de activar el 155, aplauden ahora la ductilidad política y las negociaciones con ERC, tirando de hemeroteca para rememorar el pacto del Majestic, esto es, el pacto de investidura firmado entre Aznar y Pujol, y justificar lo que no es justificable.

Parecen querer elevar a Sánchez a la categoría de ‘capitán nacido del cuerno del cielo’, que es así como Sun Tzu se refiere en ‘El arte de la guerra’ a aquel que puede modificar sus tácticas en función de su oponente y conseguir la victoria. Porque efectivamente, en esto de modificar estrategias, hay que reconocerlo, no hay mayores expertos que los inquilinos de La Moncloa, que en cuestión de nanosegundos pasaron de no poder dormir tranquilamente por las noches con Podemos en el Gobierno a meterse directamente en la cama con él y cambiar el problema de convivencia a problema político para referirse a Cataluña. Todo ello sin despeinarse.

Tales fluctuaciones en la cosa catalana vaticinan un futuro claroscuro para aquellos que, a instancias del Ejecutivo, se batieron el cobre contra el independentismo y ahora quedan poco más que a los pies de los caballos. Es el caso de España Global, la secretaría de Estado que dirige Irene Lozano y que tan firmemente ha luchado contra las tesis secesionistas.

Merece la pena recordar aquel hilvanado documento de 90 páginas en el que desmontaba cada una de las mentiras vertidas por el Govern: desde ‘el Estado expolia a Cataluña en términos fiscales y económicos’, pasando por el ‘España no deja votar a Cataluña’ y terminando por el ‘tras la independencia seguiremos en la Unión Europea’. ¿En qué situación queda este organismo que tanto defendió la limpieza del juicio al procés con los malabares que trata de hacer la Abogacía del Estado para dejar en libertad a Junqueras?

Señalaba Isidoro Tapia en El Confidencial que el mejor término para resumir este 2019 que está a punto de concluir era el del populismo. Efectivamente, el 2019 fue el año en el que el populismo triunfó en España. No solo por el despegue fulgurante de Vox, que también, sino especialmente por Pedro Sánchez: “Que Sánchez era un político mutable, ventoso, era conocido. Pero en 2019 ha marcado unos hitos difíciles de superar”.

Este populismo va íntimamente unido a ese otro fenómeno que irrumpió hace unos años, el de las posverdad. Por 'post-truth' o posverdad se entiende todo “lo relativo a situaciones en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a la emoción y a la creencia personal”. ‘The Economist’ le dedicó varias portadas: “El arte de las mentiras. La posverdad en la era de las redes sociales”.

Tiempos líquidos, vaporosos. Es como Tinder. No te gusta la cita con la rubia, te pasas rápidamente a la morena, del vigoréxico al hípster, cambias de ligue, de idea, de candidato, todo en un pestañear. Según conveniencia. Cero tolerancia a la frustración. La sensación de que puedes colmar tus aspiraciones a golpe de clic. La rápida expansión de grandes plataformas de comunicación descentralizadas, como Facebook, WhatsApp o YouTube, están ejerciendo una presión significativa sobre el sistema democrático, los medios de comunicación y la difusión de ideas, con un impacto en la percepción pública de la audiencia.

Lleva razón mi admirado Rafa Latorre cuando rezonga del discurso lastimero generacional, porque “no es verdad que vivamos peor que nuestros padres”. Pero siendo ello así, también es cierto que el binomio populismo-posverdad, aderezado por la revolución digital y la mayor desigualdad que las nuevas tecnologías que están trayendo consigo, propicia un peligroso caldo de cultivo. No solo porque dan carta de legitimidad a la posverdad, sino especialmente por la posibilidad de que la creciente fuerza de los movimientos populistas pueda ser manifestación temprana de una transformación a largo plazo más estructural dentro de las democracias occidentales. Una transformación que, a día de hoy, dista de ser un Shangri-La.

Muchos partidos de los denominados ‘clásicos’ han desaparecido o tienden a la marginalidad, y las grandes formaciones que todavía conservan su fortaleza, caso de los tories en Reino Unido o los republicanos en Estados Unidos, lo son porque han comprado los argumentos populistas y los han hecho propios. En el primer caso, para subirse a la fiebre del Brexit que tantos buenos réditos estaba dando a UKIP; en el segundo, para vencer al ‘establishment’.

España y la cuestión catalana no escapan a esta corriente. Eso lo ha sabido ver Pedro Sánchez, que ha tomado buena nota de la memoria de pez de los votantes y ha cambiado al Partido Socialista de tal forma que, como diría Guerra, ya no lo reconoce ni la madre que lo parió.

La equidistancia o el peligroso velo de la ignorancia
José Rosiñol. vozpopuli  30 Diciembre 2019

La ingenuidad es peligrosa, máxime cuando la aplicamos en la esfera de la política, más peligrosa aun cuando es fingida o cuando solo forma parte de un más que forzado escenario. Digo esto porque si bien es cierto que el problema del separatismo catalán es mucho más complejo de lo que muchas veces se percibe, las posiciones buenistas y equidistantes solo pueden ser un problema añadido que nos aleja aún más de una solución verdadera y permanente. Esas posturas solo responden a cortoplacismos políticos y a tacticismos electoralistas.

También resulta muy revelador cómo, desde las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez; ojo permítanme la digresión: sí, he dicho negociación para la investidura, no estamos ante un momento fundacional del Estado, ni ante una refundación del mismo, ni ante cambios de paradigmas, ni ante una especie de epifanía sobrevenida, en este momento se debería estar negociando la gobernabilidad para los próximos cuatro años, nada más (y nada menos). Pues bien, como decía, desde las conversaciones entre los separatistas y el PSOE la maquinaria político-mediática y la intelligentsia progresista se ha puesto en marcha para crear un estado de opinión que facilite según qué tipo de acuerdos que van más allá de las atribuciones, el momento y la oportunidad.

Este caldo de cultivo en forma de lluvia fina de la mano de periodistas y élites intelectuales desprende un tufillo insoportable a equidistancia que es básicamente la figura de ponerse de lado cuando las cosas van mal y creer que culpabilizando a “las dos partes” es la forma de resolver los problemas. Vamos, como cuando dos hermanos se pelean y la madre no culpa a ninguno de los dos… desde luego la puerilidad del planteamiento llega a asustar. Pero veamos, como le dije en su día a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (le tuteo con su permiso porque tanto ella como yo procedemos de barrios duros y en esos ámbitos es la costumbre), básicamente que no se podía jugar a la equidistancia con quien incumple la ley y quien la hace cumplir, a este segundo se le puede criticar la forma, el tiempo o la eficacia de las medidas, pero nada más.

Pero sigamos, hace no mucho La Vanguardia hacía una pieza titulada “Intelectuales de todo el mundo piden a Gobierno y Generalitat una salida política al conflicto en Catalunya”. (235 “intelectuales” de todo el mundo mundial como Manuela Carmena, Iñaki Gabilondo o el candidato de Geroa Bai Daniel Innerarity) en la que se concentran todos los argumentos para la equidistancia como instrumento de distorsión de la realidad. Para empezar, se compra sin rubor no solo el lenguaje del separatismo sino que se entra de lleno en el marco mental del mismo, obviando así una de las cuestiones claves (la clave de bóveda diría yo de este complejo asunto) que es que lo que ocurre en Cataluña es un problema entre catalanes, entre aquellos que andan inmersos en la burbuja independentistas y aquellos que solo queremos vivir en paz y progresar en un marco de estabilidad y democracia.

Este movimiento a favor del diálogo se equivoca gravemente cuando ponen el foco en la ausencia de respuesta por parte del Gobierno ante las peticiones de diálogo y negociación por parte de la Generalitat. Esto no es cierto, el Gobierno de España (tanto con Rajoy como con Sánchez) ha hablado con la Generalitat porque, en realidad, Torra y compañía no quieren hablar ni negociar, quieren imponer su programa separatista más allá de la Ley y de la mayoría de los catalanes. Además, vemos como Torra parece tener en su mano la espita de graduación de la tensión (recordemos el “apreteu” a los CDR). Si estos firmantes quieren apostar por la distensión en las calles, es algo tan fácil como convencer a la Generalitat y a todos sus tentáculos sociales y mediáticos para que dejen de 'tensionar', enfrentar y dividir a los catalanes, no se puede culpar de la tensión a los que no la provocan.

El segundo y fundamental punto de es cuando se dice que “se abandone la estrategia de la judicializar un conflicto de clara naturaleza política”. Vamos a ver... ¿De naturaleza política? ¿Quieren decir que el 6 y 7 de septiembre de 2017 cuándo los políticos independentistas pisotearon los derechos de todos estaban haciendo política o simplemente trataban de poner entre las cuerdas al Estado? ¿A partir de ahora tendremos que negociar los derechos fundamentales con todos aquellos que conculquen la ley y tengan en sus manos poderos medios de comunicación? ¿Acaso la incitación a la violencia demostrada por algunos líderes separatistas, miembros del Govern y por sus medios afines debe ser recompensados según los buenistas de la izquierda? ¿En serio pretenden hacernos creer que la representatividad de todos los catalanes está en manos de un incendiario como Torra?

La gravedad del asunto es que –sabiendo que el diálogo es la herramienta fundamental en democracia para resolver conflictos- lo que no puede ser es obviar que quién ha provocado el problema raramente puede formar parte de lo solución a no ser que estos asuman su error y lo corrijan. Si hay que dialogar con el separatismo solo puede ser previa asunción de errores, con nuevos liderazgos y, como no puede ser de otra manera en democracia, siempre dentro del marco de la ley y pensando en el bien común. No puede ser que se pretenda crear una especie de “velo de la ignorancia” (Rawls) para solucionar el conflicto, porque básicamente los únicos que quieren ponerse el velo e ignorar la realidad son los que desde fuera de Cataluña no entienden la verdadera naturaleza del conflicto.

Además, no puede ser que ahora, por el hecho de estar negociando una investidura volvamos al pecado original de nuestra democracia: creer que cuando se habla de Cataluña solo se habla de (y con) los nacionalistas catalanes. No puede ser que la mayoría de catalanes no separatistas seamos reducidos a ser meros espectadores, comparsas o mercancía de intercambio, máxime porque además seríamos moneda de cambio por ser leales a nuestro país y a nuestra democracia. Y esto no es un canto lastimero que implora un comportamiento moral. No, estoy hablando de tener visión de Estado, de altura de miras, de mirar al futuro más allá del corto, cortísimo plazo, de construir un futuro no condicionado por los intereses cortoplacistas o por la miopía provocada por esquemas buenistas que no responden a la realidad de Cataluña.

Bolivia desvela los hombres de Iglesias que cobraron de narcodictaduras: Monedero, Errejón y Bescansa
Carlos Cuesta okdiario 30 Diciembre 2019

El ex presidente de Bolivia y delegado ante la comunidad internacional del Gobierno interino de Bolivia, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, ha desvelado los nombres de los hombres clave de Podemos que fueron encargados de recibir dinero del populismo y las narcodictaduras. Quiroga ha señalado directamente a la que fuera la cúpula inicial del partido de Pablo Iglesias con nombres y apellidos: Carolina Bescansa era la encargada para Nicaragua, Juan Carlos Monedero de Venezuela, e Íñigo Errejón de Bolivia. Todos ellos, según Quiroga, habrían recibido dinero “robado” de países como Bolivia o Venezuela con el propósito de expandir el comunismo en diferentes países como España.

La información de Quiroga completa la acusación lanzada este pasado sábado contra Pedro Sánchez, al que el expresidente de Bolivia señaló como responsable de haber intentado entrar en la Embajada de México en La Paz con el propósito de sacar a dos ex ministros de Evo Morales cobijados en esa sede diplomática y con detallada información de los pagos a quienes posteriormente formaron el partido de Podemos.

El propósito de sacar a estos dos ex ministros, según Quiroga, era el de evitar que su información se hiciera pública y que pudiese frenar los pactos de investidura del propio Pedro Sánchez.

Quiroga señala que “Pedro Sánchez está buscando conformar Gobierno”. Sánchez tiene que hacer un Gobierno con separatistas, "buscando indultos”, con pro etarras, y también con Podemos. “Y en Podemos están muertos de miedo de que salga la información en poder de Quintana y Arce. Quintana conoce todas las conexiones del narcotráfico. Y debe estar chantajeando al Gobierno de Sánchez. Y Arce debe estar también desesperado”.

La frase de Quiroga alude a Juan Ramón Quintana y Héctor Arce, exministros de la Presidencia y de Justicia respectivamente de Evo Morales. Y quienes, según esta misma fuente, tienen en su poder toda la información de los pagos a los fundadores de Podemos.

“Carolina Bescansa era la pagada para manejar Nicaragua. Monedero, el tarifado que vivía en Venezuela. A Íñigo Errejón lo veíamos en Bolivia”, señala. Los tres eran los principales responsables de recibir ese dinero porque “practican el colonialismo criminal. La Constitución plurinacional e indigenista, de hecho, tiene acento español: de Íñigo Errejón”, añade Quiroga.

Objetivo, ocultar información
Jorge Quiroga, por todo ello, acusa directamente a Pedro Sánchez de pisotear la soberanía de Bolivia con agentes armados para hacer un gran favor a Podemos. Un favor consistente en ocultar la información que esas dos personas -más una tercera- cobijadas en la Embajada de México en La Paz pueden aportar sobre las finanzas de la formación morada. Las tres personas están en contacto con el narcotráfico que ha financiado las dictaduras populistas, según Quiroga. Y las tres personas igualmente saben “la plata” que ha obtenido Podemos de países como Bolivia o Venezuela.

Quiroga ha avisado ya al presidente en funciones español, Pedro Sánchez, de que el envío de agentes armados GEO a la Embajada de México en La Paz va a ser trasladado al Grupo de Lima ante el abuso que supone y el trasfondo que implica. Quiroga pide a Sánchez que “asuma su responsabilidad" por enviar “cuatro encapuchados armados” para acompañar al personal diplomático de España a la residencia de la embajadora mexicana en Bolivia, María Teresa Mercado.

Quiroga apunta a una tercera persona que también estaría en poder de datos relevantes sobre los movimientos de los líderes de Podemos: se trata de la tercera persona escondida en la Embajada Mexicana, el exdirector de la Agetic, Nicolás Laguna, y responsable del escándalo electoral que a la postre fue detonante de la caída de Evo Morales.

No se trata de la primera acusación en este sentido. El presidente del Tribunal Supremo venezolano, Miguel Ángel Martín Tortabú, acusó, en una reciente visita al Senado, a Podemos y al resto de partidos de extrema izquierda implantados en la UE de interferir para evitar las sanciones europeas al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y de hacerlo por el dinero que recibían de narcodictaduras.

Martín Tortabú -que se encuentra en estos momentos en el exilio- describió ante el Senado español hace ya más de un año, con todo lujo de detalles, la financiación recibida por estas formaciones desde la narcodictadura chavista. Y aclaró que esos pagos no eran casuales ni exclusivamente lúdicos. Todo lo contrario: buscaban contar con una estructura de poder político en los países europeos. Algo que se logró pronto en Grecia y Portugal, quienes impidieron con sus posturas las sanciones al régimen de Maduro.

Nada a salvo
Ignacio Camacho ABC 30 Diciembre 2019

Sonaba raro. Excusatio non petita. Una nota, en domingo, de la Abogacía del Estado, un organismo general y razonablemente mudo -como así debe ser-, en reivindicación de su autonomía profesional a propósito del informe preceptivo sobre la inmunidad de Junqueras. Si dicho informe, que será público hoy, se pronunciase en contra de los deseos del Gobierno, no explícitos pero de público conocimiento tras la petición abierta de Esquerra Republicana, la aclaración no hacía ninguna falta: se desprendería del propio pronunciamiento. La defensa de la honorabilidad del cuerpo jurídico sólo podía tener sentido en la medida en que su criterio se aleje del de la Fiscalía y coincida con el «gesto» reclamado por ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. La digna apelación a la trayectoria corporativa -«desde 1881», como el turrón más caro el mundo que estos días enriquece la despensa de las familias con posibles- sugería una clara interpretación preventiva. Algo así como «el dictamen sale a gusto del cliente pero porque entendemos que es la consideración más conforme a Derecho, y sólo por eso».

Pero en política no hay casualidades. A media tarde, la cadena Ser informaba -con la firma de Nieves Goicoechea, periodista solvente con fuentes bien acreditadas- de que los republicanos catalanes daban el visto bueno a la investidura «tras conocer los planteamientos» de los letrados. Palabras medidas para indicar que el Gobierno había filtrado el contenido esencial, aunque tal vez no el tenor literal del documento. ABC también tiene fuentes, y lo confirmaron. Para Edmundo Bal, el abogado del Estado que pidió la excedencia por discrepancias sobre la acusación de sedición en el juicio del procés, la filtración podría constituir un delito. En cualquier caso, el consejo directivo que con tanto énfasis había reclamado su dignidad profesional ha sufrido casi en el acto una humillación clamorosa, un menoscabo objetivo.

Nada nuevo, por otra parte. Si algo caracteriza al sanchismo es su desdén por el conjunto de procedimientos y formas que regulan el mecanismo democrático. Es difícil encontrar una institución, de la Corona hacia abajo, que no haya sufrido agravio, deterioro, vejación o maltrato. La Abogacía ya lo había comprobado pero ahora le ha tocado, además, convertirse por las buenas o por las malas en moneda de cambio. O en algo peor: en instrumento de un chantaje negociado -¡¡desde la cárcel!!- por un sedicioso convicto y condenado.

Si el rescate place a los chantajistas, en la noche de Reyes el presidente tendrá su regalo. Y los españoles, un Gobierno que antes de formarse ha demostrado su voluntad de someter la acción de la Justicia a su mando, que ha convertido el engaño en método y ha hecho de la anomalía un hábito rutinario. Al final de la legislatura habrá que hacer recuento de las estructuras constitucionales que queden a salvo.

Marcados como los judíos en la Alemania nazi
OKDIARIO 30 Diciembre 2019

La información que publica OKDIARIO sobre la filtración, por parte de funcionarios de la Generalitat de Cataluña, de datos de ciudadanos constitucionalistas a los CDR es de una gravedad mayúscula. Lo hacen de forma coordinada desde juzgados u hospitales con el fin de estigmatizarles y forzar su salida de Cataluña tras aplicarles procedimientos propios de la kale borroka. La manera de actuar recuerda mucho a la empleada en la época nazi y es la constatación de que el separatismo ha derivado en comportamientos tan totalitarios que hablar de democracia en Cataluña es un eufemismo.

El plan es abyecto, pero revelador de una estrategia de exclusión sistemática que no es nueva. Al fin y al cabo, el separatismo lleva practicando esa táctica desde hace tiempo. Se trata de señalar a todo aquel que no comulga con el ideario secesionista para presentarlo como un traidor al que hay que castigar por el bien de Cataluña. Algunos dirán que se trata de casos aislados, fruto de la acción particular de unos pocos, pero la coordinación entre funcionarios adictos a la causa separatista para llevar a cabo ese plan demuestra que hay una estructura creada que opera con total impunidad. Y hay, por supuesto, ciudadanos que están sufriendo el vil acoso y que se sienten absolutamente desamparados.

Lo que está ocurriendo en Cataluña es un conflicto, sí, pero no el que denuncia el separatismo, sino el que sufren a diario miles de ciudadanos concernidos con España y su Constitución y que están siendo marcados como los judíos durante el nazismo. Y está ocurriendo en España, ahora, en pleno siglo XXI, mientras el socialismo ultima un acuerdo con el secesionismo. ¿Qué pueden esperar del Estado esos ciudadanos señalados por el separatismo si el próximo Gobierno de España lo será gracias al apoyo de quienes han exigido como condición al PSOE que les allane el camino para lograr su aspiraciones de romper con España? ¿Qué será de ellos? La respuesta no invita al optimismo, porque la permanencia de Sánchez en La Moncloa tiene un precio: la claudicación del Estado

Funcionarios de la Generalitat filtran a los CDR datos de constitucionalistas para aplicarles la kale borroka
arlos Cuesta okdiario 30 Diciembre 2019

Funcionarios de la Generalitat vuelven al golpe separatista de forma coordinada. Justo mientras Pedro Sánchez cierra sus pactos con los separatistas. Y lo hacen colaborando en los chats de coordinación de los CDR para marcar a las personas que en el día a día pueden ser identificados como no nacionalistas, como constitucionalistas. Esos chats se han llenado en las últimas semanas de nombres, fotos, datos, procedentes muchas veces de archivos protegidos y sensibles, de imágenes sacadas de hospitales, de juzgados o de archivos policiales, pero que son puestos a disposición de los CDR para que los no nacionalistas sufran el marcado y boicoteo al más puro estilo kale borroka.

Los datos a los que ha tenido acceso la Policía a través de los canales de comunicación de los CDR que mantiene pinchados y controlados afectan a personas con nombres y apellidos, perfectamente identificados, y cuyo patrón común es que, previsiblemente, no son nacionalistas. Esos datos implican una identificación que permite a los CDR seguirles, esperarles, boicotear sus empleos o sus negocios, diseñar vías de presión, etcétera.

Y, tal y como prueban los fragmentos, mensajes o fotografías que han sido trasladados a OKDIARIO, el origen de estos datos sensibles se ubica de forma milimétrica en funcionarios de hospitales, juzgados o los mismos Mossos. Cuerpos al servicio de la Generalitat desde los que se están pasando datos de personas aparentemente no separatistas para que sean convenientemente marcados socialmente, boicoteados y coaccionados y, en el fondo y posteriormente, expulsados de Cataluña y, lo más importante para los radicales separatistas, del voto: de modo que el predominio de sus partidos sea creciente. Toda una medida y detallada estrategia para acabar imponiendo la ruptura de España.

Es decir, exactamente lo mismo que se ha realizado desde hace décadas en el País Vasco a través de la kale borroka, Batasuna y sus distintas marcas herederas.

Filtrado de datos incentivado
Esos funcionarios filtran datos secretos, protegidos y sensibles ante la pasividad o incluso incentivo de sus mandos. Envían los datos a canales de los CDR de forma masiva, con fotos identificativas y todo lujo de detalle.

Uno de los mensajes interceptados por la Policía señala incluso a un cargo de ERC: “Presidente ERC” de una localidad. “Graduado en Ciencias políticas y de la Administración por la UPF y máster en Gestión publica. Actualmente trabaja en la Generalitat de Cataluña. Otro botifler que se dedica a insultar a la gente que protesta en la calle”, afirma el mensaje en una vía de comunicación de los CDR.

Los datos hacen alusión a J.C.C. Cargo de ERC que, sin embargo, se quejó de los cortes de carreteras de los CDR: “Eso de cortar la meridiana cada día cuando termina?”, señaló en redes. Un comentario crítico y ya es suficiente para estar fichado.

Y si incluso los miembros light de ERC entran en este marcado, no hace falta hablar del resto. “La denunciante ha ganado el juicio contra el vecino del Gornal L’Hospitalet de Llobregat en un atropello el mismo día en que los fascistas iban a concentrarse en Meridiana. La mujer volvía de la concentración en Meridiana. Ella se apoderada de un partido independentista y él se apoderado también y está en las listas del PP en L’Hospitalet. Condena con multa e indemnización a la mujer atropellada cuando volvía de la concentración”, destaca otro mensaje entre radicales. La persona del PP no se libra ni de una foto. Otro marcado.

Y así uno tras otro, en un día de marcado de gente ante los CDR. Con datos y fotos procedentes de sedes y locales públicos. Y proporcionados por funcionarios, como señala la Policía a OKDIARIO.

No es la primera señal de esta vuelta al golpe separatista de forma generalizada. La Policía ha descubierto también la presencia de mossos en chats de los CDR y la comunicación fluida y habitual de información policial. OKDIARIO ha mostrado ya una conversación de un chat al que ha tenido acceso la Policía en el que se pasaba de la forma más normal información policial y, además, se hacía en primera persona del plural: hablando como miembros de los Mossos.
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