AGLI Recortes de Prensa   Martes 31  Diciembre  2019

Un nuevo Gobierno viciado de revanchismo
Editorial ABC 31 Diciembre 2019

La confirmación dada ayer por el PNV a Pedro Sánchez para apoyar su investidura y la presentación del programa de gobierno que éste realizó junto a Pablo Iglesias son la confirmación de que habrá nuevo Ejecutivo en breve. Sánchez ha cedido ante las exigencias «nacionales» del Gobierno vasco, y ante el chantaje de ERC. Será el primer Gobierno social-comunista en España desde la Segunda República y, pese al cúmulo de generalidades que ayer dieron a conocer bajo la coartada de un buenismo progresista, el nuevo Ejecutivo llegará viciado por el revanchismo ideológico para dar por superados los consensos de la Transición, y con una subida de impuestos en cartera. Nada queda ya de aquel Podemos que nació como reacción al bipartidismo clásico y alternativa a un socialismo trasnochado.

Hoy Podemos es un partido burgués, envuelto en escándalos de corrupción internos y purgas cainitas, y sostenido por un liderazgo cuasi mesiánico que ha sacrificado sus orígenes a cambio de poder puro y duro. Peor es la evolución del PSOE, convertido en un partido soberanista, capaz de convertirse en rehén del separatismo y de conceder atribuciones «nacionales» a cualquier formación que lo demande, si eso resulta imprescindible para que Sánchez gobierne. Los españoles deben ser conscientes de que a La Moncloa no llega un Gobierno de coalición progresista al uso, sino un grupo de sectarios que pretenden dinamitar la Constitución por la vía de los hechos consumados. Sánchez ya ha demostrado en numerosas ocasiones que carece de escrúpulos políticos, y que sus valores y principios son reversibles a conveniencia. España se dispone a ser gobernada por una coalición de oportunistas cuya única obsesión es erradicar todo lo que huela a derecha política y conservadurismo legítimo. Se avecina una legislatura convulsa con España en la sala de despiece.

El balance económico que Sánchez no quiere hacer
José María Rotellar okdiario 31 Diciembre 2019

Parece ser que el presidente del Gobierno en funciones ha renunciado a realizar un balance del año tal y como venía siendo costumbre al concluir el ejercicio. Además de los problemas de toda clase, en materia económica hay muchos elementos que deberían ser objeto de reflexión y balance, y que nos llevaría a poder contestar la siguiente pregunta: desde que gobierna Sánchez, ¿la economía está mejor, igual o peor que cuando llegó al Gobierno? Veamos los datos:

La economía crecía un 2,9% en 2017, último año completo del PP. Con Sánchez ya bajó en 2018 al 2,4% y ahora las previsiones son de apenas un 2% de crecimiento económico.

De esa manera, el crecimiento intertrimestral de la economía no deja de bajar, situándose ya en el 0,4%, habiendo rebajado el crecimiento interanual hasta el 1,9%, por debajo ya del 2%, debido al peor comportamiento de Industria y Servicios.

Además de en los anteriores sectores, ese deterioro de la economía se ve de manera muy clara, por ejemplo:
El consumo de los hogares crece 2 décimas menos interanual que hace un año y 7 décimas menos que cuando Sánchez llegó al Gobierno.
La inversión crece 3,3 puntos menos que hace un año y 5,6 puntos menos que cuando Sánchez llegó al Gobierno.

El empleo sigue deteriorándose, con un estancamiento intertrimestral (crece 1 décima), un crecimiento 7 décimas menor que el trimestre anterior en términos interanuales, 8 décimas menor en el sector servicios, 8 décimas menor en el sector del comercio, y 2,8 puntos menor en la construcción.
Los últimos datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social -los de noviembre- que confirman lo avanzado antes por la evolución del empleo de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre así como de la última EPA (la del tercer trimestre de 2019), que reflejaban claramente también esa desaceleración en el empleo, y que recogían la desaceleración de toda la actividad económica.

Sube el paro en Construcción en 1.738 personas.
Sube el paro en Servicios en 23.934 personas, que es el principal sector de la economía, de manera que el incremento del paro en dicho sector es especialmente preocupante.

La contratación también se deteriora:
No sólo baja, sino que es de mucha peor calidad. Así, se contrata menos: cae el número total de contratos un 5,52% interanual, con 103.003 contratos menos que el año anterior.
Además, como decimos, hay menos estabilidad laboral: vuelve a caer la contratación indefinida interanual y lo hace un 13,14%, mientras que el mes en el que se produjo la moción de censura subía un 19,62%.

Otros indicadores:
Se crea un 9,1% menos empresas que cuando llegó Sánchez y se disuelve un 14,4% más de sociedades que cuando llegó Sánchez al Gobierno.
El Índice de Producción Industrial (IPI) es 1,8 puntos inferior que en el momento en el que llegó Sánchez.
La entrada de pedidos en la Industria es 9,5 puntos menor que cuando Sánchez llegó al Gobierno.
Las hipotecas son un 4,7% menor que cuando Sánchez accedió al Gobierno.
La inversión extranjera que llega a España es 16.270,8 millones menor que cuando Sánchez accedió al Gobierno (un 81,1% menos).
Las exportaciones son un 7,3% inferiores a cuando Sánchez llegó al Gobierno.
La deuda es 37.489 millones de euros mayor que al llegar Sánchez
Desde que gobierna Sánchez, la deuda se ha incrementado en 72,37 millones al día.
El objetivo de déficit para 2019 del Gobierno del PP era del 1,3% pactado con Bruselas. Sánchez dice que va a cerrarlo en un 2%, pero todos los organismos nacionales e internacionales sitúan la cifra por encima del 2%. El Banco de España, por ejemplo, lo sitúa en el 2,5%.

¿Está la economía mejor, igual o peor que cuando llegó Sánchez? Tras analizar los datos, los lectores son quienes han de dar la respuesta. Feliz año nuevo, 2020, para todos.

PSOE-Podemos: pacto para la ruina económica
OKDIARIO 31 Diciembre 2019

Confirmado: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias derogarán la reforma laboral. El pacto PSOE-Podemos demolerá los pilares básicos de la norma. Con Podemos al frente del Ministerio de Trabajo se procederá a la voladura, más o menos controlada, de la actual ley y se acordará un nuevo Estatuto de los Trabajadores, vieja aspiración de la ultraizquierda populista.

En un momento en que la desaceleración en la creación de empleo avanza a pasos agigantados, la presencia de Podemos en el Ministerio de Trabajo es una bomba de relojería. Se ha barajado la idea de desgajar la Seguridad Social de Trabajo para que no caiga en manos de la formación morada, pero son muchas las voces que consideran esa medida un puro disparate al tratar ambos departamentos materias conexas. En realidad, el disparate es que Pedro Sánchez esté dispuesto a entregar las llaves de un Ministerio tan sensible como el de Trabajo a una formación radical de corte comunista. Y que encima le haya dado vía libre para actuar sin cortapisas. O sea, para deshacer a su antojo.

Junto a la derogación de la reforma laboral, el pacto contempla la subida de impuestos para todas aquellas rentas del trabajo superiores a los 130.000 euros. Que nadie se engañe: bajo el pomposo título de "Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España", socialistas y populistas de izquierda radical anunciaron un hachazo fiscal que no solo pagarán los ricos, sino que afectará también a las clases medias y trabajadoras.

Está por ver cómo el nuevo Gobierno se zafa de la presión de Bruselas, que durante los últimos meses ha insistido en que sería un error revertir las reformas aprobadas en 2012, en particular las pensiones y el mercado laboral. Lejos de avanzar en las reformas, PSOE y Podemos dan marcha atrás y apuestan por las viejas recetas de siempre, esas que llevaron a España a una situación de colapso económico. Para echarse a temblar. O para salir corriendo

La Abogacía del Estado, otra institución triturada por Sánchez
OKDIARIO 31 Diciembre 2019

Quienes defiende que la Abogacía del Estado ha sido coherente con su pronunciamiento inicial sobre la situación procesal del preso por sedición Oriol Junqueras, mienten. Y lo hacen a conciencia. Es cierto que la Abogacía se mostró partidaria en julio de que Oriol Junqueras pudiera recoger su acta de eurodiputado, pero también lo es que en octubre señaló que la inmunidad "no tendría incidencia". Textualmente, la Abogacía estimó que "en el caso de que el señor Junqueras Vies gozara de inmunidad conforme al artículo 9, párrafo primero, letra A del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, tal inmunidad no tendría ninguna incidencia".

En su escrito, filtrado a ERC, la Abogacía va ahora mucho más lejos y se muestra partidaria no solo de que pueda recoger su acta de diputado, sino que, además, pueda ejercer las funciones de parlamentario europeo hasta que se levante su inmunidad. Ello supone un cambio fundamental, porque significa que la inmunidad sí tendría incidencia. Ese cambio de la Abogacía, producido a instancias del Gobierno, es el que ha servido para que ERC haga posible la investidura de Pedro Sánchez y el que ha causado un enorme malestar interno en la institución. Podría decirse que la Abogacía es la última institución triturada por el socialismo. OKDIARIO ha podido saber que se ha abierto un cisma de proporciones gigantescas, con dimisiones incluidas. Otro logro de Pedro Sánchez, cuya capacidad para degradar todos los pilares del Estado de Derecho no tiene precedentes.

Ha sido Sánchez el que ha forzado a la Abogacía a cambiar de criterio para ganarse el apoyo de los golpistas catalanes. Ha sido Sánchez el que ha entregado la Abogacía del Estado a quienes quieren acabar con el Estado. Y ha sido la Abogacía, en la figura de su máxima responsable, Consuelo Castro, la que ha manchado de oprobio una institución antaño venerable y hoy fracturada por las ansias de poder de un jefe del Ejecutivo en funciones capaz de demoler todos los muros de contención del Estado de Derecho.

Rebelión en la Abogacía por la intromisión de Sánchez para contentar a ERC: dimiten dos consejeros
Carlos Cuesta okdiario 31 Diciembre 2019

El informe de la Abogacía del Estado plegándose a los deseos de Pedro Sánchez y de ERC ha provocado toda una rebelión en el seno de este cuerpo de funcionarios. Dos consejeros han dimitido de sus puestos en la Asociación de Abogados del Estado y un manifiesto corre en estos momentos recopilando firmas para cerrar un postura y un frente común ante el abuso e injerencia del Gobierno en sus actuaciones.

Las dos abogadas del Estado que han dimitido del consejo de la Asociación son Macamen Tejero y Estrella Pardo. Y el manifiesto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, destaca su rechazo pleno tanto a la intromisión oficial, como a la escasa defensa del cuerpo de Abogados y al nulo rechazo de la intromisión por parte de la Asociación.

El texto del manifiesto es descriptivo: “Muchos esperábamos que los portavoces de la Asociación rechazasen, sin paliativos y en concreto, la coacción por parte de ERC, aceptada al parecer por el Gobierno. En efecto, ERC condicionaba su aceptación a determinado acuerdo político a que el escrito de la Abogacía fuera del agrado de la propia ERC”.

"Agresión al prestigio"
Y añade “ni en el régimen anterior, ni en la Transición, ni en los últimos cuarenta años, hemos sufrido una agresión semejante al prestigio del Cuerpo que, desde luego, no ha sido neutralizada por un comunicado tan retraído y, si se me permite, tan pusilánime”.

Las descalificaciones al “comunicado” se refieren al texto emitido el pasado domingo por la Asociación en el que aparentemente se defendía la independencia de la Abogacía pero que, realmente, ha sido el anticipo de la sumisión a la intromisión del Gobierno de Sánchez.

La rebelión surge después de que la Abogacía del Estado se haya pronunciado a favor de que Oriol Junqueras pueda salir de la cárcel para realizar sus trámites como eurodiputado y, además, ejercer como tal mientras se tramita el suplicatorio. Se trata de todo un gesto del Gobierno a través del escrito de los letrados públicos, que estaba previsto para el pasado lunes y que era esencial para que ERC permitiera a Sánchez seguir en La Moncloa.

Un gesto que había sido exigido por ERC, que Sánchez ha aceptado y que se ha ejecutado por medio de una injerencia en el cuerpo de los Abogados del Estado y en su informe.

Los servicios jurídicos del Estado, han pedido, de este modo, al Supremo que estime el recurso de Junqueras y le permita tomar posesión como eurodiputado, afirmando que "cabría permitir" su desplazamiento tanto a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios.

Las conclusiones del informe, además, fueron filtradas un día antes a ERC, violando cualquier señal de independencia por parte de los abogados del Estado. Según fuentes de la negociación, el partido de Junqueras aceptó el escrito, de forma que la investidura quedaba desbloqueada y sólo pendiente de la ratificación del apoyo a Sánchez por parte del Consejo Nacional de los republicanos.

Frente a semejante intromisión, la Asociación de Abogados del Estado tan sólo ha emitido un comunicado preventivo -lanzado antes de conocerse el informe, pero cuando ya se sabía que el texto se había filtrado a ERC para que lo aceptase-. Un comunicado ambiguo que se ha limitado a señalar que la Asociación de Abogados del Estado rechaza "cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado”.

Y añade que "los Abogados del Estado debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos”. "Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une", añade.

Un acto de sumisión
Pero lo cierto es que, tras ese mensaje de supuesta defensa, no ha habido más reacción oficial frente a lo que es, a todas luces, un acto de sumisión a deseos políticos.

Por ello ha surgido el manifiesto en contra de todo lo ocurrido, del abuso del Gobierno y de este comunicado.

Ese manifiesto que corre ya recopilando apoyos para reaccionar denuncia que “sin entrar en el fondo de dicho escrito judicial, tal insólita condición, propagada a propósito en todos los medios por ERC, constituía una injerencia insoportable en la independencia de criterio de la Abogacía y, quiérase o no, contaminaba a priori el escrito cualquier que fuera el sentido de éste. Este es el meollo del problema: la falta de reacción, inmediata y contundente, frente al propósito de hacer de la Abogacía un instrumento al servicio de unos intereses partidistas”.

El manifiesto apunta que “el comunicado de ayer [el de la Asociación], pretendidamente ambiguo, resulta descafeinado, confuso y, en buena medida, contraproducente. Las circunstancias en que se ha producido y, según parece, su inmediata filtración a ERC y a la prensa, hará creer a muchos que se ha blanqueado la extorsión”.

Empieza el desguace
Si un arrebato de ERC no lo evita, nace el Gobierno del insomnio
Luis Ventoso ABC 31 Diciembre 2019

España es un país soberbio, pero como todos arrastra sus problemas. La productividad es mejorable. La tasa de reemplazo demográfico, de las peores del mundo (un país de viejos, con la pérdida de fuelle que conlleva). Se investiga poco y se inventa menos y falta esfuerzo en todos los tramos educativos. Pero resulta que el mayor problema que padecemos, el único que puede poner al país en jaque, es artificial. Se trata de una creación de un nacionalismo separatista y supremacista. Sus paladines se consideran superiores a los que llaman con desprecio «los españoles», por lo que pelean por levantar muros de ruptura e insolidaridad a costa de la destrucción del Estado. El modelo autonómico, positivo en algunos aspectos, ha tenido un peaje: al entregar a las comunidades la gestión de lo medular de la vida cotidiana, la instancia regional se ha convertido en referente absoluto y se ha producido un extrañamiento respecto a la idea de España. Azuzada esa deriva por el desnorte del PSOE, astracanes como el brote identitario leonés ya evocan la verbena de la Primera República.

¿Cómo se hace frente a un envite separatista? ¿Dando más munición a los enemigos del país -léase más competencias y autogobierno-, o plantándoles frente desde la defensa de lo común? Es evidente que el desafío ha llegado tan lejos que demandaría un cierre de filas inmediato de los partidos proespañoles -¿lo es todavía el PSOE?-, a fin de fomentar la idea de España, reponer la legalidad en Cataluña y fortalecer la presencia del Estado y la cultura española allí donde languidecen. Y ahí radica la extrema gravedad del Gobierno que viene. En una felonía imperdonable, para seguir en La Moncloa a cualquier precio, Sánchez ha armado el Ejecutivo que a él mismo le quitaba el sueño en verano. Gobernará con Podemos, partido comunista que apoya la autodeterminación y carece del mínimo patriotismo, y será rehén de un separatista sedicioso condenado en firme a 13 años. Esa entente reventará pronto. Pero mientras vamos a sufrir. Ayer ya dejaron su tarjeta de presentación. Más impuestos para empresas, bancos y quienes ganen más de 130.000 euros. Primer aviso a los católicos, con dos rejones a su modelo educativo. Intervencionismo estatal hasta en la sopa, con otra vuelta de tuerca a la Memoria Histórica e inquietantes iniciativas para pastorear a la prensa libre. Subvenciones fantasiosas, que un país tan endeudado no puede pagar. Liquidación de la reforma laboral (más paro). Otra subida del salario mínimo (más paro). Más trabas a las empresas (más paro). De propina, rendición en el mostrador del PNV, con la delirante aceptación de que «la estructura del Estado» se adecúe a las «necesidades» del País Vasco.

Comienza el desguace de España y lo observamos con una pasividad pasmosa, dispersos en las copillas navideñas y tranquilos, «porque aquí se vive muy bien». Hasta que deje de ser así... Si un arrebato final de ERC no salva a Sánchez de sí mismo, llega el Gobierno del insomnio. Estamos ya en un país donde a un preso golpista se le comunican los dictámenes de la Abogacía del Estado antes que al conjunto de los ciudadanos.

La Abogacía del golpista
Pablo Planas  Libertad Digital 31 Diciembre 2019

Como todo es susceptible de empeorar, el PSOE ha llegado a un acuerdo con ERC que supone un serio y dramático revés para la unidad de España y el constitucionalismo en Cataluña. Durante los años más duros del desafío golpista, los socialistas catalanes se mantuvieron en un delicado equilibrio entre la legalidad y los postulados separatistas. Apoyaron con desgana iniciativas como Sociedad Civil Catalana (SCC) y algunos de sus dirigentes hasta se dejaron ver en las cabeceras de las manifestaciones convocadas por dicha organización. Hay fotos de Iceta con Arrimadas, Albiol y Rivera.

Se notaba que no estaban excesivamente cómodos los dirigentes del PSC, que la bandera de España no acaba de cuadrarles, que hubieran preferido otros compañeros y otro contexto, pero en la fractura social provocada por los independentistas, estos les asignaron el papel de "unionistas", de "ñordos" por los orígenes geográficos "impuros" de algunos de sus dirigentes y de no pocos de sus votantes. Temerosos de quedar en tierra de nadie, se metieron a desgana detrás de las pancartas por la unidad de España y la igualdad entre españoles.

No hacía falta ser un lince para determinar que esa era una posición meramente táctica y puntual. En cuanto se diera la ocasión, volverían los socialistas a una mal llamada equidistancia entre los partidarios de la ley y quienes la pisotean a mayor gloria del proyecto totalitario y supremacista cuyo germen está en el mismo catalanismo. Equidistancia de la que han transitado en un suspiro hasta el terreno de ERC, ahí donde la trampa del derecho a decidir y el espejuelo del derecho a la autodeterminación. Ya dijo Iceta que harían lo que hiciera falta por facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Y por si no quedaba claro, José Zaragoza añadió que estaban mucho más cómodos pactando con ERC que con los partidos constitucionalistas. Verde y con asas.

Además del impacto en España, el acuerdo tiene también una repercusión internacional. ERC se ha cobrado el peaje por anticipado con la conversión de la Abogacía del Estado en el despacho privado de Junqueras. Han puesto al servicio de ERC una institución del Estado con el que quiere acabar ERC. Ya habrá tiempo para negociar el referéndum. Lo primero es convertir a Junqueras en el símbolo de una derrota de España en Europa, que el parlamento europeo vote un suplicatorio como si fuera un jurado popular. No es precisamente improbable que la cámara decida que a Junqueras le asisten todos los derechos como eurodiputado, que se imponga de nuevo el peso de la Leyenda Negra y que la sentencia del Tribunal Supremo sea a efectos continentales mero y húmedo papel mojado.

Sí que pasa
Juan Carlos Girauta ABC 31 Diciembre 2019

Los colegiales creen que el fin del mundo se acerca y sus mayores piensan que nunca pasa nada. No en el clima, sino en el sistema democrático. Como si nuestras libertades, prosperidad y bienestar fueran un regalado fruto silvestre que puede darse por descontado.

«Las experiencias de mi larga vida me han convencido de que nunca sucede nada» fue la respuesta que en 1895 dio el estadista sir William Harcourt, siendo Chancellor of the Exchequer, a la pregunta «¿Qué sucederá?». Se la había planteado el oficial de veintiún años Winston Churchill. «Desde aquel momento nada ha dejado de ocurrir», se lamenta este último al rememorar el episodio en un libro redactado a principios de los años veinte del siglo XX, sin sospechar lo que todavía les quedaba -y en concreto a él- por delante.

Aquí, donde vivimos en la misma convicción que Harcourt, donde la verdad judicial del golpe de Estado separatista de 2017 es que fue una ensoñación, y donde se tiene por alarmistas a quienes señalamos que las costuras del sistema están al límite, ha resucitado el cantonalismo, enfermedad infantil del federalismo, un siglo y medio después de liquidado. El anarquismo stricto sensu es inseparable de aquel furor localista igual que el anarquismo lato sensu lo es del furor actual.

En las legislaturas en que fui diputado a Cortes (¡tres años y medio suman entre las tres!) me desazonaba constatar cómo el tiempo de los plenos se consumía en la exposición de agravios territoriales. Era la consecuencia inevitable de la atomización: un grupo parlamentario de nacionalistas vascos, otro de separatistas catalanes, un grupo Mixto donde otro partido separatista catalán tenía mayoría y repartía su tiempo con diputados que se ocupaban en exclusiva de Canarias, del País Vasco... Súmese lo anterior a la práctica del grupo podemita, que arrancaba más minutos que nadie porque, contrariamente a los otros partidos nacionales, tenía «confluencias» que debían tomar siempre la palabra. Profesionales del agravio gallego, del agravio asturiano, del agravio valenciano, del agravio canario, se sumaban a los habituales virtuosos de los agravios catalán y vasco. Solo los regionalistas navarros parecían entender que cada uno de los 350 diputados representábamos por definición a todo el pueblo español.

Ahora Teruel existe e inviste, y León acaba de captar las reglas del perverso juego. Nuestra democracia ha premiado sistemáticamente al que exige trato diferencial, al que requiere privilegios (y ni obteniéndolos se contenta), al desleal. He ahí el origen del problema. Uno gordo. La preferencia sanchista por el separatismo, la asunción por el PSOE de los esquemas nacionalistas del PSC, redoblan las fuerzas centrífugas. Madrid también es nación, nos comunicó el socialista Franco. Iceta ha contado ocho o nueve. Le llaman España plurinacional a la muerte de la nación de ciudadanos libres e iguales. Pero tranquis, que nunca pasa nada.

Retorcer la Ley y el Derecho
Edmundo Bal ABC 31 Diciembre 2019

Leo con estupor y sorpresa el escrito de alegaciones presentado por la Abogacía del Estado. En síntesis, lo que dice la abogada del Estado Rosa Seoane es que hay que hacer exactamente lo que pedía ERC para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

Hasta ahora, confieso, confiaba en lo más íntimo en que la Abogacía del Estado no fuera a plegarse a las exigencias tanto de ERC, para apoyar la investidura, como del PSOE, para lograrla. Pero lo ha hecho: se dice, sin rubor, que Junqueras goza de inmunidad al menos hasta que se pronuncie la Junta Electoral Central sobre la inelegibilidad del candidato Junqueras y que en reconocimiento de dicha inmunidad se le ha de permitir libertad de movimientos para acudir a las sesiones del Parlamento de la UE.

Mi sorpresa deriva del descubrimiento de cómo se puede llegar a retorcer la Ley y el Derecho para convertir un escrito jurídico en una respuesta política cuya última finalidad es la de contentar a los próximos socios del Gobierno que se formará tras la inminente sesión de investidura. ERC, el partido cuyo líder está en prisión por desafiar a las instituciones democráticas españolas y que hoy el PSOE utiliza para beneficiarles.

El extenso escrito que firma Seoane contiene múltiples citas de artículos, sentencias del TJUE y normas de los Tratados de la UE y LOREG, algo que no parece sino un intento de armar una base jurídica para justificar un pronunciamiento político. La consecuencia es que se aprecia más voluntarismo por parte de los autores en dar contento a quien hay que contentar que en sustentar el resultado jurídicamente.

En el propio escrito se mencionan los preceptos que luego se obvian y que son los que de verdad dan la respuesta que tendría que haberse dado. Así, se menciona el artículo 9 del Protocolo nº7 sobre Privilegios e Inmunidades de la UE, pero se ocultan dos datos esenciales: en primer lugar, que dicha inmunidad se refiere única y exclusivamente a los actos cometidos y manifestaciones vertidas en el ejercicio de la labor de eurodiputado; en segundo lugar, que dicha inmunidad en ningún caso puede aplicarse retroactivamente. El escrito no menciona ninguna de estas circunstancias, ni que el señor Junqueras ha sido condenado por hechos ajenos a la labor de eurodiputado, ni de que se trata de acciones muy anteriores a su elección.

En el escrito se destaca que el Sr. Junqueras ha de ser tratado como eurodiputado en tanto la JEC no se pronuncie sobre la retirada de su acta. Pero no se menciona que dicho pronunciamiento está pendiente para el próximo 3 de enero. En lugar de concluir que lo suyo sería esperar a que dicho pronunciamiento recaiga, pide directamente la puesta en libertad del condenado por sentencia firme.

Tampoco se menciona que tanto la STJUE como las normas comunitarias remiten a la legislación interna en cuanto a las consecuencias del reconocimiento de la inmunidad y la condena en firme de prisión e inhabilitación recaídas. Y dichas normas prevén que tanto la condena de prisión como la inhabilitación suponen la pérdida inmediata de la condición de eurodiputado. Se obvia, como sí afirma la Fiscalía, que la STJUE se refería a una situación de prisión provisional que ya no existe, porque la condena ya es firme.

Es decir, según la Abogacía del Estado, el Sr. Junqueras es eurodiputado, tiene inmunidad y no hace falta fijarse en más cosas ni decir más. Dieciséis folios con más omisiones de información que constataciones para al final ir a dar con un fundamento tan alejado de lo que dicen las normas.

Pero si todo esto causa estupor y sorpresa, lo que más vergüenza me causa, como abogado del Estado que soy, y que seguiré siendo hasta el fin de mis días, es el espectáculo bochornoso de que se someta a la aprobación de un partido político el sentido de las alegaciones que han de presentarse ante el TS para conseguir su aprobación para una investidura; que ERC, antes de la presentación de las alegaciones, confiese que se siente satisfecho con el sentido de las mismas y que en consecuencia, dará su apoyo a Sánchez, reconociendo que ha tenido acceso al escrito.

Varios delitos y/o infracciones administrativas se pueden haber cometido y cada cual deberá responder de sus acciones. Existen en la administración pública tanto el deber de sigilo como el deber de custodia de los documentos con los que se trabaja. El incumplimiento de estos deberes puede ser constitutivo de un deber de revelación de secretos y de infidelidad en la custodia de documentos. Y los delitos han de ser perseguidos y castigados, como bien sabe el Sr. Oriol Junqueras.

* Edmundo Bal es diputado de Ciudadanos y abogado del Estado.

Efectos del pacto entre PSOE y Podemos: estancamiento, paro, déficit y recortes a los futuros pensionistas
M. Llamas Seguir  Libertad Digital 31 Diciembre 2019

Sánchez e Iglesias pactan derogar la reforma laboral de 2012, la reforma de las pensiones de 2013 y disparar tanto gastos como impuestos.

El programa de Gobierno que firmaron el pasado lunes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias coge a la economía española con el pie cambiado, ya que la recuperación que ha protagonizado España desde 2014 muestra crecientes síntomas de agotamiento desde hace meses.

En este contexto, la puesta en marcha del pacto acordado entre PSOE y Podemos amenaza con convertir la actual desaceleración en un preocupante estancamiento, al tiempo que se trunca la creación de empleo, aumenta otra vez el déficit público y se asesta un nuevo y duro golpe a los futuros pensionistas. Estas serían las principales consecuencias, tanto a nivel económico como presupuestario, de la coalición socialcomunista.

España crece hoy a una tasa inferior al 2%, muy lejos del 3% registrado hasta hace apenas dos años. En concreto, el PIB avanzó un 1,9% interanual en el tercer trimestre, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A esta señal de debilidad se suma el hecho de que la actividad del sector privado registró el pasado octubre su nivel más débil en casi seis años, especialmente en el ámbito de las manufacturas, que se encuentra en contracción (por debajo de 50 puntos), según los últimos Índices de Gestión de Compras.

La combinación de proteccionismo comercial a nivel mundial e incertidumbre política a nivel interno ya está afectando de forma negativa a la actividad económica, según alerta el último informe de UFM Market Trends sobre España. Esto último se refleja especialmente en la caída que está experimentando la inversión extranjera directa en España en los últimos meses.

Más impuestos y trabas
El problema es que las subidas de impuestos y las nuevas trabas a las empresas que incluye el citado programa no sólo no ayudarán en nada a revertir esta situación, sino que agravarán e intensificarán sus efectos, con el consiguiente impacto sobre el crecimiento del PIB, que bien podría padecer un frenazo superior al registrado en 2019. De este modo, la tasa interanual del PIB corre el riesgo de aproximarse más al 1% que al 1,5% en 2020, en función del grado de cumplimiento del pacto PSOE-Podemos. Un crecimiento del 1% o inferior supondría dejar atrás la recuperación para entrar de lleno en una nueva fase de estancamiento.

Entre otras medidas a nivel fiscal, Sánchez e Iglesias fijarán una tributación efectiva mínima del 15% a las grandes empresas, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos, al tiempo que elevarán dos puntos el IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos a la parte que exceda de 300.000. Asimismo, el tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para las ganancias superiores a los 140.000 euros.

Y todo ello sin contar un incremento sustancial y generalizado de la fiscalidad verde, el incremento de las cotizaciones de los autónomos -pagarán por sus ingresos-, la aplicación de un nuevo impuesto a las "grandes fortunas", la creación de la tasa Google a servicios digitales, la tasa Tobin sobre la compra de acciones españolas o la guerra declarada a Sicavs y Socimis, cuya apertura pone en duda su supervivencia en España.

Más déficit y deuda
Además, aunque dicho pacto no incluye memoria económica, evitando así cualquier estimación sobre su impacto presupuestario, tales subidas de impuestos se antojan claramente insuficientes para financiar los numerosos y sustanciales incrementos de gasto que prometen PSOE y Podemos en materia de educación, sanidad, servicios sociales y, especialmente, pensiones.

Como resultado, el déficit público aumentaría. España cerró 2018 con un agujero del 2,5% del PIB y todo apunta a que este año alcanzará una cifra similar, por encima del 2%. Si el gasto, lejos de frenarse, se intensifica, este desequilibrio aumentará, en un contexto financiero muy delicado, ya que la deuda pública roza el 100% del PIB. Cualquier alza relevante de los tipos de interés o la aparición de nuevas turbulencias en los mercados financieros volvería a poner en aprietos la solvencia del Estado.

Más paro
Sin embargo, lo más preocupante es, de lejos, la futura derogación de la reforma laboral. Con una tasa de paro que todavía ronda el 14%, la introducción de nuevas rigideces y el incremento de costes laborales se traducirá, de una u otra forma, en una menor creación de puestos de trabajo y, en última instancia, en la elevación del desempleo.

Entre otras medidas, PSOE y Podemos prometen recuperar la prevalencia de los convenios colectivos sobre los de empresa, así como mantener su vigencia hasta la aprobación de uno nuevo, al tiempo que dificultan el descuelgue salarial de las empresas en caso de dificultades económicas, así como la libertad de contratación y despido. Sánchez e Iglesias prefieren ignorar que la rigidez salarial, fruto de la imposición de convenios colectivos, fue lo que disparó la destrucción de empleo durante los peores años de la crisis, tal y como han advertido en diversas ocasiones el Banco de España, BBVA Research o Fedea.

Asimismo, la subida del salario mínimo a 1.200 euros al mes que proponen ambas formaciones perjudicará muy especialmente a los trabajadores menos cualificados y a las pymes, como también evidencia el economista Juan Ramón Rallo. En definitiva, este acuerdo programático lastrará la creación de empleo y contribuirá a impulsar el paro en un momento muy delicado a nivel laboral.

No en vano, la ocupación apenas avanzó en 69.400 personas en el tercer trimestre, según la última Encuesta de Población Activa, frente a las 183.900 del mismo periodo del año anterior y las 235.900 de 2017. Como resultado, la reducción en la tasa de paro prácticamente se ha estancado y, a corto y medio plazo, corre el riesgo de subir.

Más recortes a los futuros pensionistas
Por último, PSOE y Podemos también han decidido derogar la reforma de las pensiones que aprobó el anterior Gobierno del PP en 2013. Por un lado, actualizarán la subida anual de estas prestaciones en función del "IPC real", derogando con ello el Índice de Revalorización todavía vigente, y, por otro, eliminarán el denominado Factor de Sostenibilidad, que fijaba el cobro de la primera pensión en función de cómo evolucionase la esperanza de vida.

Ambas medidas se diseñaron con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social a medio y largo plazo, de modo que el inevitable recorte que sufrirán estas prestaciones se repartiera de forma más o menos gradual y equitativa entre las distintas generaciones de pensionistas, las actuales y las futuras.

Según las estimaciones de Fedea, la derogación de la reforma de 2013 incrementará el gasto anual en pensiones en unos 5 puntos porcentuales del PIB, equivalentes a más de 50.000 millones de euros actuales, sin que existan recursos suficientes para financiarlas, de modo que la factura recaerá sobre los futuros pensionistas de manera mucho más intensa, ya sea en forma de fuertes subidas de impuestos hoy y/o mayores recortes en sus respectivas prestaciones mañana, cuando les llegue el momento de la jubilación.

Podemos y la diplomacia embozada
Jose Alejandro Vara. vozpopuli 31 Diciembre 2019

El rastro de Podemos en el Cono Sur emerge como un inagotable foco de detritus. Sánchez acude presto a ayudarle en Bolivia. Un latrocinio poco democrático

Sánchez ha irrumpido con estruendo en el aparato exterior del Estado. Por si quedaba algún recoveco institucional sin manosear, le llega el turno a nuestra diplomacia, no siempre ejemplar, dicho sea de paso. Un fin de año al más puro estilo del sanchismo, incluido el mangoneo a la Abogacía del Estado para atraer el voto de ERC, y, al tiempo, este episodio novelesco y pestilente en Bolivia. Poco que ver con Graham Greene aunque se escuchen resonancias de La Habana. Castristas en especial. Un guión enrevesado con piezas delatoras.

La encargada de negocios española y el cónsul, en sospechoso encuentro con la embajadora mexicana. Cuatro GEOS encapuchados y perseguidos a los gritos por las calles. Y el rastro de Evo Morales como telón de fondo.

El nuevo Ejecutivo boliviano, nada bolivariano, ha cortado por lo sano y ha repelido a unos y otros, españoles y mexicana, fuera de su frontera. El Gobierno español ha respondido con la expulsión de otros tres diplomáticos adornada con una nota muy dura. Sabido es que, en la jerga diplomática, cuantos más aspavientos, más culpable. ¿Qué ha pasado realmente en Bolivia? Margarita Robles, ministra de Exteriores en funciones, ha abierto una investigación. Oscurezcámoslo, parece el objetivo. Todo es inadecuado, infumable, sospechoso, indigno.

En la embajada de México en La Paz, sede del enredo, se ocultan precisamente los principales hombres fuertes de Evo Morales, con Quintana y Arce a la cabeza. Dos peligros públicos, dos malvivientes reconocidos, dos amigos de Podemos. ¿Qué pintaba Cristina Borreguero en todo este lío? Jorge Quiroga, expresidente boliviano antes de la llegada al poder de la mafia cocalera de Morales, ha apuntado una línea de investigación y ha lanzado una advertencia: “Sánchez y Podemos deben estar muertos de miedo”.

¿Miedo a qué? Sin duda a que se desvelen supuestos pagos Evo y compañía a la gente de Podemos. Luca Costantini viene desvelando desde hace tiempo el papel de Neurona, la empresa impulsada por Monedero y con importantes vínculos y contratos en países del subcontinente, en especial, en los de órbita castrista, chavista, kirschnerista y similares. Populistas criminales al frente de narcoestados.Todo apesta. Todo hace indicar que Sánchez ha cumplido con Sánchez. Había que sacar de Bolivia a estos semovientes, que tienen mucho que tienen muchos papeles que enseñar, facturas que publicar e historias que contar. Monedero, Errejón, Iglesias y su esposa, Zapatero, el ex juez Garzón, todos ellos han desfilado, influido, trabajado y maniobrado en los círculos del chavismo, en la tela de araña que arranca en La Habana y aún está por determinar dónde concluye. Tras la caída de Evo, lo más parecido a un gángster que se recuerda en el altiplano, muchas verdades pueden emerger. De ahí el inconcebible numerito de los GEOS, una chapuza con capucha.

Oculto tras ese secretismo delator, tras esos movimientos tan espasmódicos y nada hábiles, se palpa la huella indeleble de las andanzas un partido que está a punto de entrar en el Gobierno. Sabido es que Sánchez no camina de la mano de la transparencia. Ni de la verdad. Las tres principales formaciones democráticas de este país, PP, Cs y Vox, han exigido aclaraciones. No cabe esperar más explicaciones que la falsedad. La opinión pública apenas se interesa por este escándalo, ocupada como está en dilucidar los pasos de Sánchez hacia su entronización. Incluso el medio que lo destapó, El País’ lo entoñó apresuradamente a las pocas horas de desvelarlo y nunca más se supo. Sí, ya lo sabemos. En una democracia, esta aventura habría derribado al Gobierno. En nuestro régimen del sanchismo todo vale, todo cuela, anchas tragaderas generales. Como siempre.No queda institución o instancia oficial que Sánchez haya evitado manosear. Todas han sido humilladas. Desde la Abogacía del Estado a la Corona. Mientras tanto, esta nación se desliza mansamente hacia su ocaso, sin apenas lanzar un grito de protesta o siquiera una señal de incomodidad. Como mucho, un tontoalcalde que quiere la independencia de León. Feliz Año peor, como tituló en su día 'Cambio 16'. Pues ni lo duden.

5 tesis sobre Franco
Pío Moa gaceta.es 31 Diciembre 2019

**Preston y Viñas, a la cabeza de una caterva de «historiadores», están empeñados en convencernos de que Franco fue un socialista más: dicen que era corrupto y criminal.

**Si Franco solo hubiera librado a España de la peste separatista y sovietizante, ya merecería un puesto de honor en la historia del siglo XX. Pero hizo muchos méritos más.

**El dilema de Besteiro: denunció que su partido, el PSOE, preparaba la guerra civil y «la aberración política más grande que han conocido quizá los siglos». Pero siguió en el PSOE hasta el final.

**Besteiro reconoció que todo el mérito por haber impedido que España cayese en la mayor aberración correspondió a los nacionales por su «gran cruzada antikomintern».

**Cuando el PP de Aznar condenó oficialmente el alzamiento de julio del 36, nos comunicaba dos cosas: que sus padres y abuelos eran unos delincuentes; y que rebelarse contra la tiranía y el terror es un crimen. El partido coprófilo.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Día negro para la historia de España
EDITORIAL  Libertad Digital 31 Diciembre 2019

El pornográfico "lo que haga falta" pronunciado por Miquel Iceta para contentar a los separatistas se ha llevado a efecto sin escrúpulos

El penúltimo día de 2019 pasará a la historia negra de nuestro país como la jornada en la que se consumó el acuerdo con ERC para investir a Sánchez a cualquier precio, se presentó el programa conjunto del PSOE y Podemos para destrozar el bienestar de los españoles y en el que el crédito internacional de España quedó seriamente dañado tras un incidente diplomático en Bolivia sobre el que el Gobierno también pretende correr un tupido velo, igual que con el pacto con los golpistas.

Las últimas horas de hiperactividad de Pedro Sánchez y sus colaboradores tratan de ocultar el alcance del pacto con los separatistas. Con la presentación del acuerdo con Podemos -la típica receta socialcomunista de más impuestos, que es igual a más desigualdad y pobreza- pretenden Sánchez y sus colaboradores tapar la conversión de la Abogacía del Estado en el despacho de abogados del golpista Oriol Junqueras, socio preferente junto a Pablo Iglesias del Gobierno que se cierne como una sombra dramática sobre España.

El pacto con ERC supone un duro golpe para el futuro de España. Sánchez ha reciclado a un golpista en un actor político presentable, ha normalizado el golpe de Estado que se vivió en Cataluña en octubre de 2017 y pone en serio riesgo la unidad nacional. El pornográfico "lo que haga falta" pronunciado por Miquel Iceta para contentar a los separatistas se ha llevado a efecto sin escrúpulos ni reparos de clase alguna. Así, lo que era un "problema de convivencia", el aplastamiento de la población no nacionalista en Cataluña, se ha convertido en un "conflicto político", según la retórica de los independentistas asumida sin dificultades por los dirigentes del PSC y sus socios del PSOE. Los socialistas compran todo el cargamento de falacias y mentiras de los años del proceso, del derecho a decidir al derecho a la autodeterminación, así como la negociación bilateral entre la Generalidad y el Estado y un "diálogo" que no es más que abonar el terreno para un referéndum cuando los partidos separatistas consigan gracias a la dejación del Estado superar el cincuenta por ciento de los votos.

Por si fuera poco, la felonía del doctor Sánchez no se circunscribe sólo a Cataluña. El PSOE ha firmado un acuerdo con el PNV en el que se compromete, negro sobre blanco, a modificar la estructura del Estado, al gusto de los siniestros recolectores de nueces del terrorismo etarra. En lo que sólo puede entenderse como una clara invitación a que el golpe de Estado perpetrado por los separatistas catalanes se extienda al País Vasco y Navarra. Por si quedaba alguna duda, socialistas y PNV han sellado la expulsión de la Guardia Civil de la Comunidad foral.

Para ocultar el calado de este acuerdo, que se aprecia con toda claridad en que una institución como la Abogacía del Estado se entrega a quienes quieren destruir el Estado, Sánchez e Iglesias presentan otro pacto, el de socialistas y comunistas para gobernar España. Como es obvio, queda fuera de la exposición pública del pacto la proyección exterior de ese acuerdo, el cariz extremista y la deriva podemita del Gobierno de España, la posición favorable de nuestra diplomacia a los regímenes bolivarianos y cualquier explicación sobre la expulsión de Bolivia de dos diplomáticos y cuatro policías.

El peor Gobierno posible
Sánchez e Iglesias firman el programa de su futuro gobierno de coalición
Editorial larazon 31 Diciembre 2019

Visto lo acordado en los documentos suscritos por los futuros socios del PSOE, Unidas Podemos y PNV –a falta del beneplácito de ERC–, puede decirse que Pedro Sánchez no ha tenido que negociar mucho. Simplemente ha dado cumplimiento a lo que sus aliados le han exigido para conseguir sus apoyos y ser investido. Sólo así puede entenderse el programa de doce puntos que le han obligado a firmar los nacionalistas vascos, donde rompen todos los vínculos políticos que podría quedar con el resto de España. Poco a poco, han ido encajando las partes de este rompecabezas, que no tenía más dificultad, dado lo acordado, que ensayar una sonrisa que oculte las arrugas del cinismo político de su principal impulsor. Presentar el documento suscrito con Pablo Iglesias, quien será su futuro vicepresidente, como una «coalición progresista para que España avance» es un lema insustancial que a estas alturas, después del espectáculo que los coaligados han dado –uno no podía dormir porque el otro sólo quería ser vicepresidente, y lo será al fin– ya no dice nada. A lo sumo, ha sido una manera de vender más caro un producto perecedero, que empezaba a oler.

Podemos tiene menos votos que en la anterior legislatura, pero ha sacado mejor parte dada la necesidad de Sánchez: era su última oportunidad para seguir en La Moncloa. Este ha sido el objetivo principal: ni coalición progresista ni mucho menos España. Esta manera de entender la política ha tenido consecuencias en el deterioro institucional: no hay que olvidar que las tres fuerzas principales que llevarán al candidato socialista al Gobierno, UP, ERC y PNV, son abiertas enemigas de la Constitución del 78, declaradamente contrarias a la Monarquía parlamentaria e impulsoras con diferente entusiasmo de la disgregación territorial de España. Lo acordado no es ni siquiera un programa común, sino un reparto de papeles en el que cada uno elige su parte idiosincrática: Podemos, las políticas sociales; ERC, alcanzar un referéndum de autodeterminación pactado y los nacionalistas vascos desarrollar su programa de máximos con la desaparición de cualquier vestigio del Estado hasta la desconexión final. Nunca han tenido a un presidente del Gobierno tan adaptable. Ahora o nunca.

El papel que Sánchez ha dado a la Abogacía del Estado, como un instrumento que favorezca su investidura, ha sobrepasado todos los límites. Los independentistas le pidieron a Sánchez un «gesto» de la Abogacía del Estado que apoyara la idea de que Oriol Junqueras debía haber ocupado su escaño de eurodiputado y se le ha dado tal y como lo exigían, y un poco más. «Mientras que no concurra una expresa declaración de incompatibilidad y anulación del mandato parlamentario europeo (…) el Sr. Junqueras disfruta de las inmunidades que se reconocen a los miembros del Parlamento Europeo», dice el escrito. Y añade algo: podría acudir a la Eurocámara a «cumplir el desempeño de su función representativa en tanto mantenga su estatus parlamentario». Aún y así, ERC muestra reticencias –sabe de la debilidad de Sánchez– porque su objetivo va más allá: mientras llega la excarcelación definitiva –cada vez más cercana– preferirían que el juicio quedara invalidado. La sospecha de que el escrito hecho público ayer fue previamente filtrado a ERC está absolutamente fundamentada, por lo que la titular de Justicia, Dolores Redondo, y la responsable de dicho cuerpo, Consuelo Castro, deben comparecer en sede parlamentaria. No cabe duda de que el destrozo que ha hecho Sánchez en la Abogacía del Estado tendrá consecuencias en esta institución.

Mientras Unidas Podemos da forma a un programa «progresista», lo importante ha quedado definido: una vicepresidencia y cuatro ministerios sociales. Pero no se gobierna sólo con una subida de impuestos a las rentas más altas, ni gravando a las empresas, ni mucho menos derogando la reforma laboral de 2012, ni interviniendo el precio de los alquileres, ni situando el umbral de la riqueza en 130.000 euros. No será lo que suele calificarse como un Gobierno reformista, sino impositivo en todos los sentidos. Precisamente el que quiere poner fin a la crisis abierta por el independentismo catalán no dedica ni una sola línea en su programa, apenas un «abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual».

Son los nacionalistas vascos con sus seis diputados los que han presentado un programa que, literalmente, erradica cualquier presencia del Estado en el País Vasco. Si ellos pueden, ¿por que iban a ser menos los independentistas catalanes, o al revés? De cumplirse los doce puntos que Sánchez firmó con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se abre la vía una relación bilateral entre entidades políticas diferentes, la vieja aspiración. Hay aspectos de una gravedad que sólo denota la necesidad de Sánchez de sumar votos para seguir en La Moncloa: ha aceptado que la Guardia Civil deje de tener las competencias de tráfico en Navarra –¡en seis meses!–, pero es que, además, el PNV se erige como representante directo de la Comunidad Foral y el PSOE lo acepta, lo que habrá que entender que, de facto, la considera como territorio propio. El nacionalismo vasco –no el Gobierno de España– es el que reclama una solución al «contencioso en Cataluña» que vincula directamente a un nuevo Estatuto vasco, de sabido contenido identitario. Reclamar las «competencias estatutarias pendientes» es pedir también la política penitencia. De ser así, y lo será con Sánchez en La Moncloa, Bildu se sumará con una abstención humillante.

Se exige una reacción nacional contra Sánchez
Carlos Dávila okdiario 31 Diciembre 2019

Aún en la mañana de este lunes cuatro abogados del Estado, escribo cuatro, aseguraban a este cronista que, de ninguna manera, Consuelo Castro, reconocida, eso sí, como "muy podemita", podía firmar un informe permitiendo que Oriol Junqueras, condenado a trece años, entre otros delitos, por sedición, facilitando que éste pudiera ejercer como eurodiputado hasta que llegara, a la Cámara comunitaria el correspondiente suplicatorio. Es más, estos letrados coincidían en que "la Abogacía no tiene margen de maniobra" porque no podía exponerse a que el Supremo le prive de toda razón jurídica. Gran error: Castro ha puesto en libertad a Junqueras. Ha consumado la fechoría. Eso a pesar de ya se sabe que el Tribunal presidido por Manuel Marchena, en su Sala de lo Penal, decidirá, inmediatamente y no muy a favor de Junqueras. El Gobierno se ha cargado de repente, filtración incluida, el prestigio finesecular la Abogacía del Estado. NO se puede caer más bajo.

Una reacción general es imprescindible.
Consuelo Castro tiene que haberse pensado mucho si le convenía al órgano jurídico que representa en el Ministerio de Justicia abrir una crisis institucional y profesional de "proporciones siderales" como transmitía al cronista uno de los letrados consultados. A la señora Castro le ha podido la obediencia a un barrenero de España. Ha laminado a sus propios colegas de su Asociación. Estos no tienen la menor duda de que el comunicado hecho público por la Asociación en la que están insertos iba dirigido al Gobierno, cuya ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, se ha empleado a fondo en estos días para lograr el "gesto" de la Abogacía que permitiera la abstención de ERC en la investidura. Consumatum est.

Pero a ERC, reunido su llamado Consell Nacional mientras toda la política española estaba pendiente de las nuevas exigencias -que las hay- del preso catalán Junqueras, aún no se fía, y hace bien, del Supremo que, según todas las informaciones, se decantará con toda urgencia por la permanencia de Junqueras en la cárcel. Aquí en el fondo y en la forma lo que sucede es que nadie se fía de nadie. Fíjense, otro partido independentista ha firmado con Sánchez una investidura de la que recela absolutamente. Andoni Ortúzar, su presidente, tiene una opinión horrible de Sánchez y peor aún del que va a ser su vicepresidente. De Pablo Iglesias suele proclamar cosas que vienen a denunciar la falsedad de todos los pronunciamientos del líder leninista, de sus malas artes, de su insistencia en contactar sólo cuando de un diálogo puede extraer réditos a su favor. En resumen: que el PNV va a hacer vicepresidente a un tipo al que detesta; todo sea por la pasta y la independencia a gota a gota.

Y si pésimo es el juicio sobre iglesias, ¿qué decir del que el PNV guarda sobre Sánchez?: "Es un personaje que, sin ninguna razón, tiene una alta consideración de sí mismo". "Le gustaría ser Macron pero no le llega a los zapatos", "En todo caso es fácil entenderse porque te da, a cambio de que le apoyes, todo lo que le pides y hasta un poco más". Literalmente. El PNV se refiere a la infiabilidad de los ajenos cuando ésta es la principal característica que le adorna. Rajoy asegura: “"on estos, aunque vayas, no puedes ir ni a recoger una herencia". El PNV se reconoce como un "partido chinchetilla", o sea que lo mismo vale para "pinchar" que para "ajustar". Ahora se ha ajustado para sacarle a este insensato fusilador de la Constitución, un futuro, poco a poco, fuera de España. Por lo pronto se ha asegurado que el PSOE de Sánchez no promoverá la reforma de la Ley Electoral, una exigencia sine qua non que el PNV ha puesto sobre la mesa para no "empujarnos -según suele decir Ortúzar fuera de España".

Sánchez ya tiene el ‘sí’ del PNV y de sus hermanos separados, los filoterroristas de Bildu, una gran compañía para empezar este año de disolución hispana que nos amenaza. Hasta la economía se está sumando al drama con el último dato del decrecimiento. Es un país que asiste impávido a su propia ejecución que ya ensayó en 1934 con el resultado conocido. La sociedad civil se muere mientras sus presuntos líderes tocan el arpa contemplando el incendio. ¿Dónde están los tres presidentes, excluyendo a Zapatero, de la democracia?, ¿Por qué no salen conjuntamente a la palestra?, ¿Dónde están los que fueron jefes de la Casa del Rey?, ¿Dónde están la Academia de la Historia y la RAE?, ¿Dónde están mancomunadamente los presidentes autonómicos? , ¿Dónde están los tres partidos nacionales que defienden la Constitución?, ¿Donde está el Parrido Socialista que se denominaba Español?, ¿dónde están los ministros de Exteriores que asisten sentados a la fechoría de Bolivia?, ¿Dónde estamos todos los periodistas de la Transición?, ¿Dónde está la España entera que se lamenta en los cafés? Ahitos de pavor todos, pero insensibles ante la tragedia. Así -lo reconozco- es muy difícil felicitar un Año Nuevo que se aventa como un drama nacional. Se exige una reacción nacional contra Sánchez. No la habrá. Pero Feliz 2020. En todo caso.

El bloque antisistema
Los causantes del insomnio de Sánchez han acabado en su cama. Ahora se sabe quién va a mandar y quién finge que manda
Ignacio Camacho ABC 31 Diciembre 2019

Para no variar de hábitos, Pedro Sánchez acaba el año como lo empezó: rectificando, que es su forma más suave de mentir, es decir, de expresarse. El pacto con Podemos, tan calladamente negociado, no es más que una parte del programa de Iglesias, que el presidente gestionará en su nombre para que le permita seguir en el cargo. Impuestos, alquileres, salario mínimo, contrarreforma laboral, precio de la luz… no hay petición de los comunistas que no haya aceptado. La vicepresidencia económica de Calviño será un mero ornato, un maquillaje de socialdemocracia, o si acaso una especie de embajada volante en Bruselas para que alguien presentable dé la cara cuando las autoridades fiscales europeas enciendan las luces de alarma. Pero ahora ya se sabe quién va a mandar y quién va a fingir que manda. Curiosa forma de acabar con el insomnio ésta de meter en la cama al hombre y al partido que se lo provocaban.

Con todo, lo que se puede poner en un papel gustará poco o nada pero siempre será menos inquietante que lo que no está escrito o lo que queda al albur de un lenguaje deliberadamente ambiguo. La clave de este Gobierno en ciernes se esconde bajo el abstracto adjetivo de «político», que viene a significar la subordinación de los mecanismos legales y de los procedimientos jurídicos a la voluntad del Ejecutivo y, lo que es peor, de los socios que van a compartir el poder en régimen de condominio. A saber -y dejando aparte a los partiditos provinciales-, el PNV, los separatistas catalanes y Bildu, que ya propone su abstención por si el nacionalismo canario continúa indeciso. A toda esta gente se les ofrece un menú soberanista a la carta para que se sirvan a su gusto platos identitarios. A unos, el reconocimiento de un estatus de nación que supone el comienzo de una agenda de autodeterminación a plazos; a otros, indultos de facto y el sometimiento de las instituciones democráticas a las decisiones tomadas en mesas bilaterales al margen del cauce parlamentario. A todos, la renuncia a la defensa del marco constitucional en los tribunales que hasta ahora han ejercido como ultima ratio del Estado. Y la legitimación del golpe sedicioso mediante el blanqueo de sus responsables como interlocutores del santificado «diálogo».

En conjunto, lo que significa este racimo de acuerdos es la incorporación práctica del PSOE a un bloque antisistema, en el que ni siquiera podrá ejercer de contrapeso porque le falta masa crítica y cohesión ideológica para tirar de la rienda. A cambio de su permanencia, Sánchez ha entregado a las fuerzas rupturistas la dirección estratégica de una alianza que apunta al cambio de régimen como meta. No ocurrirá mañana ni pasado pero cuando acabe el mandato tal vez esté más cerca. Y en todo caso nadie de los que ahora se desasosiegan debería olvidar que esta situación ha sido posible por la fragmentación del centro-derecha.

La fragmentación del centro-derecha o la traición del PP
Nota del Editor 31 Diciembre 2019

Esta situación se debe a la traición del PP, que tiene que desaparecer. Hay que apoyar a Vox para poder arreglar la terrible situación en la que el PP nos ha hundido. El Dr Cum Fraude ya se ha cargado al PSOE, y como daños colaterales, España está hundida en todos los frentes. Hay que salir a la calle y defender España con Vox al frente. Y si aún queda algún socialista decente, que vote contra el Dr Cum Fraude, de momento es la única opción.

La derogación del Pacto del 78
Álvaro Martínez ABC 31 Diciembre 2019

Hablábamos ayer del puñado de traiciones que seguramente nos esperan. No ha habido que esperar mucho para seguir la cuenta. Leyendo atentamente la Constitución, ayer mismo nos topamos con la penúltima. Con el fin de que haga bulto en su «triunfal» investidura, Sánchez se compromete con el PNV a «adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales» y proceder a ello mediante «las modificaciones legales necesarias (...) atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia». El doctor le ha comprado toda la agenda soberanista al partido de Urkullu a cambio de su sí, de tal manera que a no mucho tardar el lendakari podrá incluso animar a la selección de fútbol de Euskadi más allá de los partidos navideños pues Sánchez se lo ha prometido.

Esto va tan deprisa que ya está tardando el alcalde socialista de León en ponerse en la fila, que dice el caballero que nada quiere saber de los de Castilla, aunque lleve más de media vida siendo castellanoyleonés y hasta hace un par de días no se haya dado cuenta de la gravedad de la urticaria que le crea. Verás cuando se enteren los del Bierzo y pidan la secesión de León, qué risa le va a entrar al secesionista regional, que no podía haber elegido peor momento para darle alas a la banda del lazo.

Y entre tanta traición al texto del 78, la economía ya crece por debajo del 2 por ciento, mucho menos que en los últimos cinco años. Lo mismo que el empleo, que también ha ralentizado su crecimiento retrotrayéndose este a los peores años de la crisis. Irá seguramente a peor una vez que el programa social-comunista ayer presentado se haya propuesto derogar la reforma laboral que ha hecho crecer el empleo exponencialmente hasta que Sánchez empezó a darle forma al colchón de La Moncloa.

Hablemos por tanto de las cosas de comer, más nos valdría, y no de la reparación de presuntas aspiraciones identitarias que, en el caso vasco, fueron alumbradas por aquel Sabino que antes de la vida perdió la cabeza. Hoy los bulanicos pueblan otras seseras. Sánchez ha decidido apoyar su gobierno en comunistas, nacionalistas, separatistas y proetarras (que también están por la causa) en lo que parece el grupo de demolición del Pacto del 78, el que más paz, prosperidad y progreso dio jamás a los españoles.

Felonía consumada
Antonio Pérez Henares diariosigloxxi 31 Diciembre 2019

MADRID, (OTR/PRESS)El comunicado preventivo en la tarde del domingo de la Abogacía del Estado, su presunta pertenencia suena a lo que es, un sarcasmo, era el prólogo defensivo a su puesta vergonzante al servicio de Sánchez-Junqueras. Infamia consumada y ampliada en la misma mañana con la incorporación de los filoetarras de Bildu al pacto contra la Constitución y contra España.

El jubiloso anuncio dominical de los socialistas, tras haber dado a conocer, antes que al Tribunal Supremo y en el colmo de la ignominia, al líder sedicioso encarcelado de ERC lo conseguido en su favor, lograba su final su aprobación a hacer posible la investidura de Sánchez y el socialismo se henchía de gozo. El lunes solo quedaba dar a conocer públicamente la felonía perpetrada.

Que era solo la primera de las que habremos de soportar, ya sin anestesia, de ahora en adelante. De hecho el mismo lunes y tras el anuncio añadido de que habría firma solemnizada de acuerdo con el PNV, quien también se unía a la banda, no podían perdérselo, era Bildu. Sí, los herederos políticos de los asesinos de 10 militantes socialistas y de más de 850 españoles. Sí, quienes no solo no los condenan sino que los aplauden y reciben como héroes. Sí, esos que Zapatero pactó con sus jefes de ETA que legalizaría de inmediato. Sí, esos con quienes en nada el diputado José Zaragoza dirá que se siente más a gustito que con los del PP. Sus socios de Podemos no hay ya ni que decir que viven en amorosa fraternidad con ellos.

El lunes, 30 de diciembre, quedaba al fin sellada la investidura de Pedro Sánchez, y que en cruda verdad, y sin las toneladas de hojarasca de las terminales mediáticas para emboscarla, supone en su esencia la sumisión más miserable de la dignidad de España y sus Instituciones ante el separatismo. Una completa humillación que tan solo será la primera de una serie hacia el peor escenario imaginable que ya tenemos encima.

La traición estaba pactada desde hace ya mucho tiempo, simplemente era necesario adobarla y ahora se ha hecho pública. En síntesis: un Gobierno conjunto con la extrema izquierda y con la complicidad y sometido a quienes tienen solo tienen como meta el desguace de la Nación y la abolición de la soberanía del pueblo español. Sin ambages, el momento políticamente más desgraciado y perverso de nuestra historia democrática. El primer paso de la voladura de la Constitución y de los Derechos y Libertades ciudadanos conseguidos en el 1978.

Y ante ello, ante todas las líneas rojas pisoteadas, ante la violación de todos los principios y solemnes compromisos adquiridos por el protagonista de la felonía, ¿tiene algo que decir el PSOE? Pues no esperen nada. El PSOE es ya, a eso le ha llevado la trampa plebiscitaria que se nos vendía como culmen de la democracia y es en realidad la martingala favorita de los caudillos, un calla, un otorga y un pilla. Un silencio no de corderos sino de bocas abiertas y estómagos satisfechos. Todos. Y si no se consideran tales que lo demuestren con algo más que pedir vaselina como regalo de Reyes.

Sánchez subasta España para atarse al poder
Editorial El Mundo 31 Diciembre 2019

El Gobierno del insomnio entre PSOE y Podemos, respaldado por los secesionistas, socava aspectos nucleares del Estado y dispara la incertidumbre económica

Las alianzas trazadas entre el PSOE y Podemos y las formaciones secesionistas, que pueden culminar con la investidura de Pedro Sánchez en vísperas del día de Reyes, abocan a España a un periodo inédito en la etapa democrática. El PSOE ha preferido hincar la cerviz ante Pablo Iglesias y ante formaciones abiertamente partidarias de la liquidación de la nación española para armar lo que el propio Pedro Sánchez definió como el Gobierno del insomnio. Es la primera vez que los socialistas se abren a compartir el Consejo de Ministros con una fuerza que se sitúa a su izquierda y es la primera vez que decide apoyarse para gobernar tanto en partidos separatistas como en los herederos de ETA. Los enjuagues de Sánchez con sus socios, despachados con una opacidad impropia de quien presume de su voluntad de transparencia y regeneración, contienen gravosas cesiones políticas, disparan la incertidumbre económica y erosionan aspectos nucleares del Estado.

Los hechos empiezan a darle la razón a Albert Rivera cuando advirtió en sede parlamentaria que el presidente del Gobierno en funciones tenía un plan y una banda para aferrarse al poder. Incumpliendo algunos de sus principales compromisos electorales, bandazo tras bandazo, y después de una repetición electoral que no hizo más que fragmentar y polarizar aún más el mapa político, Sánchez no ha mostrado escrúpulos a la hora de entregar la política económica a los populistas, reconocer al PNV la interlocución de Navarra -aceptando de facto el marco político que tratan de imponer nacionalistas y abertzales- y someter a la Abogacía del Estado para contentar a un dirigente soberanista condenado por sedición. Aún se desconoce el alcance del pacto con ERC. En todo caso, es evidente que la deriva del PSOE bajo el sanchismo va a producir un engendro de Ejecutivo condicionado por una sopa de siglas cuya prioridad es liquidar la soberanía nacional.

Sánchez e Iglesias comparecieron ayer para presentar su coalición para un Gobierno que califican de "progresista". Lo hicieron sin ofrecer detalles del acuerdo y a través de un acto en el que vetaron la presencia de periodistas, lo que contrasta con la rueda de prensa de hora y media de Pablo Casado para hacer balance del año. El documento rubricado entre el PSOE y Podemos supone una enmienda casi a la totalidad a las reformas que permitieron a España liderar la recuperación económica en la zona euro después de la crisis. A la derogación parcial de la normativa laboral -clave de bóveda de la creación de empleo desde 2012-, se suma un notable incremento de la presión fiscal, la subida del salario mínimo y el fin de la Lomce y la ley seguridad ciudadana. Pese a que Bruselas advirtió de los efectos letales de revertir las reformas emprendidas y apartarse de la senda de la consolidación fiscal, Sánchez deja el futuro económico de nuestro país al albur de recetas populistas que dispararán el gasto público y castigarán el crecimiento.

Pero si las cesiones a la izquierda radical resultan lesivas, el acuerdo del PSOE con el nacionalismo vasco abre la puerta a derribar el modelo territorial sustentado en la Constitución. Sánchez se compromete ante el PNV a "adecuar la estructura del Estado" para reconocer que Cataluña y País Vasco son naciones, además de vaciar de competencias a la Guardia Civil en Navarra y abrir al traspaso de las "competencias pendientes", lo que podría materializarse en la transferencia de Prisiones y de la Seguridad Social.

La investidura de Sánchez aún está sujeta al cruce de intereses de ERC y JxCat, pero ya no hay duda de la ruptura del PSOE con el 78 en aras de un Ejecutivo alejado de los principios de moderación y centralidad alumbrados durante la Transición. No estamos ante un gobierno de coalición, sino de capitulación ante una mayoría de desleales a la Constitución.

Sánchez vende literalmente a España por alcanzar de nuevo la Presidencia
EDITORIAL ESdiario  31 Diciembre 2019

El líder del PSOE sacrifica la España constitucional, tras mentir a los españoles antes de votar, para lograr de nuevo una presidencia indigna antes de arrancar.

Pedro Sánchez está a punto de rematar la escandalosa andadura que comenzó, en la primavera y el verano de 2018, llegando a La Moncloa con una impúdica moción de censura que triunfó, exclusivamente, por los votos combinados de todo el separatismo y del partido que, según sus propias palabras, pretendía imponer en España "un régimen chavista".

Con esos mismos votos se mantendrá en La Moncloa, en la víspera de Reyes o nada más pasar la Navidad, pero a un precio mucho más alto. Podemos e incorporará al Gobierno con una Vicepresidencia y tres o cuatro Ministerios.

A ERC le ha entregado el sometimiento de la justicia y la despenalización, casi ya completa, de su Golpe de Estado. A Bildu la ha legitimado en un ejercicio de desmemoria intolerable.

Y finalmente, tal vez lo más importante, firmado con el PNV pero en perfecta sintonía con todo lo anterior: "Adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo estatuto de la CAV (la comunidad autónoma vasca), atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia".

Ni decente ni honesto
Seguramente hubiera sido muy criticable que el líder de un partido nacional defendiera todos esos acuerdos antes de acudir a unas Elecciones Generales, intentando convencer con ello al conjunto de los ciudadanos que esas recetas podían paliar o curar los insoportables conflictos territoriales que sufre una España ensimismada a la que el mundo, en constante avance, no va a esperar.

Pero al menos hubiera sido decente y honesto, pues permitiría al votante decidir si, efectivamente, confiaba en esos remedios o por contra los percibía como una manera de agravar la enfermedad. Pero es que Sánchez no solo escondió esos planes, sino que presumió de aplicar justo los opuestos antes de pasar por las urnas.

De Bildu dijo que jamás se entendería con un partido que calló o jaleó el asesinato de 900 personas y defiende la ruptura de la Constitución. A Podemos le arrinconó de toda coalición "porque el 95% de los españoles no dormirían" de meterlos en el Gobierno.

Y al soberanismo catalán le advirtió con un 155 más duro que el inicia, con la misma contundencia con que exigió un endurecimiento del delito de rebelión en el Código Penal apenas días antes de pactar una moción de censura y comenzar el acoso al Tribunal Supremo.

Sánchez, aunque suene duro decirlo, ha mentido a los españoles y está vendiendo su Nación, sin ningún escrúpulo, negociando con los pilares del Estado hasta extremos increíbles para adaptarlo todo a sus necesidades personales. Que no pueda dar lo que está comprometiendo no significa que su mera aceptación constituya, en sí mismo, un acto de temeridad sin precedentes y que va a tener consecuencias inmediatas y al corto y largo plazo.

El bombero pirómano
Responder a esto no es sencillo: con un Parlamento atomizado y con la oposición dividida y en minoría y con la sensación de que los escudos esenciales, como el Tribunal Constitucional, también son objeto de una una campaña de usurpación política; los temores están justificados.

España es una gran Nación con un Estado fuerte, sin duda, y encontrará la manera de resistir a un desafío encabezado por quien debiera ser su primer apaciguador. Pero que no se tenga clara la respuesta a este abuso, describe a la perfección su dimensión. El teórico bombero es un peligroso pirómano, y no hay fuego que le parezca suficiente.

El reconocimiento de las identidades territoriales

Alejandro Tercero cronicaglobal 31 Diciembre 2019

Que los acuerdos de investidura del PSOE con Podemos, PNV y ERC no podían traer nada bueno en materia de modelo de Estado era algo más que previsible. Y ahora que empiezan a conocerse sus contenidos, se confirman las sospechas.

El pacto con los morados aboga por una “actualización del Estado autonómico” que haga compatible la “unidad” y la “diversidad”, la “igualdad de todos los españoles” y el “autogobierno” de las CCAA. Hasta ahí, todo correcto. El único problema es que quienes han hecho irreconciliables estos principios han sido precisamente los independentistas con los que también se ha negociado la designación de Pedro Sánchez.

De hecho, otro de los puntos del acuerdo con Podemos deja claro por dónde irán los tiros: “Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”. La desaparición del sintagma “problema de convivencia” --que hace unos meses el presidente reivindicaba con ahínco-- y su sustitución por “conflicto político” es una victoria de ERC y una clara cesión al independentismo.

La propia secretaria general adjunta, Marta Vilalta, alardeó ayer de que el gran logro de la dirección de su partido en su negociación con el PSOE ha sido el “reconocimiento” por parte del PSOE de que hay “un conflicto político entre Cataluña y el Estado” al que se debe dar “una solución democrática”. Todo ello, vehiculizado a través de “una mesa de negociación entre gobiernos”. De ahí a recuperar la figura del relator o reconocer Cataluña como nación --y, por tanto, abrir la puerta a hablar de un referéndum de autodeterminación a medio o largo plazo-- no hay demasiados pasos.

Vilalta insistió en que el acuerdo con el PSOE pretende “dar respuesta al sit and talk”, uno de los lemas difundidos por Tsunami Democràtic, la fantasmagórica y violenta organización secesionista que investiga el Gobierno, según aseguró hace un par de meses el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Delirante.

Claro que eso no es menos delirante que el hecho de que la investidura del presidente del Gobierno haya dependido de una suerte de entente entre la Abogacía del Estado y el partido cuyo líder está condenado por sedición contra ese mismo Estado. El acuerdo con el PSOE “es una oportunidad para el independentismo que hay que aprovechar”, señaló Vilalta a modo de conclusión, y no le falta razón.

Pero lo más grave lo recoge el pacto con el PNV, el más concreto de los tres. El texto no se corta un pelo al comprometerse a “impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia". Y de refilón, cuela las selecciones deportivas vascas.

Que a estas alturas, tras más de 40 años de descentralización ininterrumpida hasta convertir España en uno de los países en los que mayor reconocimiento tienen las “identidades territoriales”, se siga insistiendo en que la solución a la crisis del nacionalismo catalán y vasco pasa por prestar mayor atención a los “sentimientos nacionales de pertenencia” a esas CCAA, quiere decir que no se ha entendido nada de lo que pasa en este país.

Si de verdad creemos en la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos españoles, la identidad territorial que se debería fomentar es la de pertenencia al proyecto común español, habitualmente despreciada por las administraciones públicas. De lo contrario, lo mejor es cerrar el chiringuito y que el último apague la luz.

Vox pedirá al Supremo que rechace el escrito de la Abogacía por fraude de ley
Estrella Digital 31 Diciembre 2019

La Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo que permita que Junqueras pueda tomar posesión como eurodiputado y ejercer sus funciones mientras mantenga ese estatus, al tiempo que ha urgido al tribunal a tramitar "a la mayor brevedad" ante el Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad.

En un comunicado, la formación de Santiago Abascal indica que presentará un escrito en el alto tribunal para que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "no continúe atacando la soberanía española" y Junqueras no pueda tomar posesión de su acta posesión como diputado en el Parlamento Europeo.

Vox se amparará en el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ya que considera que el informe de la Abogacía supone "un abuso de derecho y un fraude procesal", mientras que denuncia que el Gobierno en funciones "ha instrumentalizado" a la Abogacía del Estado para convertirla "en la abogacía de ERC”.

Asimismo, señala Vox que estudia interponer una querella contra ERC y el diario El País "por prevaricación y revelación de secretos", por una presunta "filtración" del informe de la Abogacía del Estado.

Esta mañana, tras conocerse el informe, la secretaria general del grupo parlamentario Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha dicho que es un "día lamentable" para la democracia y ha criticado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, por buscar pactos con "traidores a la nación" y por convertir la Abogacía del Estado en "la Abogacía de Esquerra Republicana".

"La Abogacía del Estado fue puesta a disposición de los golpistas", ha lamentado Olona.
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