AGLI Recortes de Prensa   Viernes 3  Enero  2020

Una traición a España
EDITORIAL ESdiario 3 Enero 2020

Sánchez pacta la presidencia de España con un partido condenado por el Tribunal Supremo y le reconoce concesiones peligrosas incompatibles con la Constitución. No puede prosperar.

Pedro Sánchez ha entregado España a Oriol Junqueras para garantizarse su continuidad en La Moncloa. Puede parecer una afirmación osada o de enorme gravedad, pero responde fielmente a la naturaleza de los hechos y las decisiones del líder del PSOE.

Porque Sánchez ha pactado ilegalidades antidemocráticas con un partido cuyo máximo líder está condenado por atentar contra España, prometiéndole además que "desjudicializará" el conflicto, reconocerá la bilateralidad entre España y Cataluña y aceptará un referéndum encubierto en el que exclusivamente podrán votar los catalanes.

Es decir, de un plumazo elimina la Justicia como garante del Estado de Derecho, que se sustenta en la separación del poderes. Además, pisotea los procedimientos y las instituciones inherentes a una democracia decente al asumir la creación de una Mesa de negociación ajena al Parlamento y a las instituciones catalanas. Y, por último, avala herramientas de consulta incompatibles con la Constitución, dañinas para la soberanía nacional y despectivas para el conjunto de los ciudadanos.

Sánchez ha traicionado a España, avalando a un reo frente al Tribunal que lo condenó, blanqueando sus objetivos y dotándole de instrumentos para que logre sus objetivos

No hay que engañarse por los eufemismos esgrimidos en el bochornoso acuerdo entre el PSOE y ERC. Ni tampoco por la evidencia de que sus efectos no serán totales al corto plazo. Lo demoledor del paso dado por Sánchez, con el indecente silencio de su partido, es que ha aceptado el marco político del secesionismo y le ha dado esperanzas y herramientas para que termine imponiéndose.

Todo ello para seguir como presidente, algo que podría haber logrado explorando alternativas con partidos que, caso del PP y Ciudadanos, debieran haber aceptado esas conversaciones y ulteriores pactos para evitarle a España males mayores.

¿Nadie le frenará en el PSOE?

Desde un punto de vista teórico y moral, Sánchez ha traicionado a España, avalando a un reo frente al Tribunal que lo condenó, blanqueando sus objetivos y dotándole de instrumentos para que logre todos sus objetivos si tiene la paciencia suficiente y elimina de la ecuación a su rival soberanista, el ínclito Puigdemont y su edecán Quim Torra.

Es de tal envergadura la gravedad de lo firmado por Sánchez, que nadie en el PSOE con respeto por su país puede avalarlo sin hacerse cómplice de la fechoría. Aún hay tiempo para que lo eviten, apelando a su propia conciencia y al amor por su país: bastaría con que dos o tres diputados socialistas de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón o Madrid no votaran a favor de la investidura de su kamikaze líder. No parece fácil que lo hagan, pero hasta el último segundo hay que insistir en ello.

La izquierda y el nacionalismo
España será un país menos justo y más dividido
Pedro García Cuartango ABC 3 Enero 2020

Decía Marx que los obreros no tienen patria. Este principio ha inspirado durante siglo y medio el pensamiento de la izquierda, uno de cuyos pilares ha sido el internacionalismo proletario. Hay que recordar que algunos partidos socialistas en Europa se negaron a apoyar el esfuerzo bélico de sus países en la I Guerra Mundial, recomendando la insumisión a sus militantes.

Las señas de identidad ideológicas han pesado más que el sentimiento de pertenencia a un territorio en una izquierda que siempre ha recelado de los nacionalismos, entre otras razones, por sus consecuencias devastadoras en la historia de nuestro continente. En buena medida, las tres grandes guerras europeas desde 1870 fueron provocadas por un patrioterismo irresponsable.

Los partidos socialistas y comunistas siempre han repudiado esas ideologías nacionalistas, a la vez que apostaban por modelos de Estado con igualdad de derechos y de oportunidades, rechazando los privilegios territoriales.

No hace falta insistir en lo obvio para expresar la sorpresa que suscita la posición que han adoptado el PSOE y Podemos respecto a un nacionalismo catalán que reniega de todos los principios que han sustentado el internacionalismo y la construcción europea.

En primer lugar, el independentismo es egoísta porque cuestiona la solidaridad entre territorios. Sus líderes se han quejado en infinidad de ocasiones de que Cataluña está financiando a Andalucía y Extremadura, lo cual les retrata. Piensan, y lo dicen, que la secesión les hará más ricos al librarse de las cargas de la cohesión y la solidaridad.

Pero también quieren privilegios políticos. Los dirigentes independentistas reivindican una negociación bilateral con el Estado, negándose a participar en todos los foros a los que acuden otras comunidades porque Cataluña es diferente. Quieren pactar con el Gobierno de Sánchez en una mesa a espaldas del Parlamento sin transparencia alguna.

Detrás de todo esto hay una concepción identitaria de la ciudadanía que implica, como diría Orwell, que unos ciudadanos son más iguales que otros. Quienes no comulgan con el credo nacionalista son expulsados de la vida política y cívica, como está sucediendo en Cataluña.

Hay un tufo supremacista en el independentismo que apenas son incapaces de ocultar sus líderes con sus frecuentes manifestaciones de desprecio y odio hacia los españoles, a los que no dudan en ofender cuando ningunean sus símbolos o cuando afirman que vivimos en un Estado totalitario que no respeta los derechos humanos.

Estos son los socios que han elegido Sánchez e Iglesias para poder gobernar. No cuestiono la legitimidad del futuro Ejecutivo, que debe ser refrendado por una mayoría parlamentaria. Pero me parece que España será un país menos justo, más insolidario y más dividido si depende de unos independentistas que piensan que a ellos les irá mejor si a los demás nos va peor.

Bienvenidos a lo desconocido
Es de esperar que la duración de ese túnel sea breve
Carlos Herrera ABC 3 Enero 2020

El gobierno que empezará a crearse formalmente la próxima semana -salvo contratiempos no esperados, pero nunca descartables del todo- estará constituido y apoyado, en buena parte, por individuos que no creen en España. El nuestro es un país de fortaleza suficientemente contrastada a lo largo de los años en los que se contabiliza su presencia como Nación y Estado, por lo que sería muy aventurado decir que está en proceso de aniquilación, pero sí puede afirmarse sin arriesgar demasiado que, en esta ocasión, quienes persiguen su desguace en la forma que lo conocemos van a manejar el poder casi a su antojo. Van a gobernar quienes quieren desmontar la Monarquía, quienes no creen en ningún tipo de consenso y quienes son partidarios de multiplicar hasta la náusea el inexistente derecho de autodeterminación. Ello, y el liberticida programa político presentado por la coalición sometida a investidura, advierten de una legislatura de alto riesgo en la que todos los ensayos que se esperan entran en el inquietante mundo de lo desconocido. La alianza apasionada de la izquierda socialista con el tardocomunismo de Podemos y la vigilancia permanente del independentismo catalán garantizan vivir en un permanente sobresalto en el que cada día nos sorprenderán con un nuevo dislate, la mayoría de ellos claramente contrarios a la Constitución del 78, que es la que desmontó una de las más dramáticas tradiciones de la política española: el frentismo. La Nación española tendrá que resistir como pueda el intento poco disimulado de la mayoría formada en torno a Pedro Sánchez de diluirla paso a paso. Las naciones, en el apasionante y brumoso Reino de lo Desconocido, serán asunto de territorios debidamente sexados por los Iceta de turno y reivindicados por formaciones con sus jefes en la cárcel castigados por golpistas sediciosos.

Hay quien asegura que la estabilidad de ese gobierno difícilmente resistirá los tirones y tensiones a los que será sometido como causa de la naturaleza de los elementos que lo conforman. Puede ser. Pero se cuidarán mucho de no perder la oportunidad que se les brinda, antes de que el mentiroso irresponsable de Sánchez vuelva a perder el sueño: por poco que dure su legislatura tendrán tiempo de dejar España como un solar. Será interesante ver cómo se las componen para encajar en el ordenamiento legal español iniciativas impropias, como la famosa mesa de gobiernos, los acuerdos que alcancen -que donde deben tomarse es en sede parlamentaria, no en mesitas de camping- y el inevitable referéndum de consolación -o no- en el que someterán los pactos a la opinión de los catalanes. Con el apoyo de la acorazada judicial que pastoreará en el Constitucional el polvoriento Conde Pumpido puede que se produzca el milagro del encaje, mediante contorsiones, de un elefante en un hula-hop, pero aún así no todo podrá ser deglutido por la legislación vigente, esa que para ser cambiada precisa de consensos que jamás alcanzarían. Es de esperar, por el bien común, el progreso, el bienestar y la convivencia de los ciudadanos de este solejar, que la duración de ese túnel desconcertante en el que nos vamos a meter -algunos, bastantes, muy alegremente- sea breve. Incluso resultaría providencial que Sánchez, embustero sin atisbo de vergüenza alguna, también haya mentido a sus socios y sus promesas sean falsas. Cuánto nos íbamos a reír.

Pero no va a ser así. La investidura de la Cabalgata dará paso a un gobierno con no demasiado margen para tomar medidas económicas de bronco alcance ya que Bruselas vigila, pero eso lo compensarán con ocurrencias muy radicales, propias de la extrema izquierda, y con constantes cesiones a sus mantenedores para poder sacar adelante los diversos proyectos que tengan en cartera. Aunque esa misma debilidad pueda ser coartada para no cumplir sus promesas, cuando Sánchez se vea fuerte volverá a las urnas. Entretanto, sean bienvenidos a lo desconocido.

La deconstrucción
El frentismo de Sánchez aleja al PSOE del pacto constitucional y lo subsume en el proyecto rupturista de Podemos
Ignacio Camacho ABC 3 Enero 2020

No se trata de la letra, ni del articulado. La fundada inquietud por el futuro de la Constitución que suscita el Gobierno en ciernes tiene que ver con la ruptura del pacto fundacional en que se ha basado la convivencia política y social de los últimos cuarenta años. Ese acuerdo transversal y ampliamente mayoritario, que fue el fundamento de la creación del régimen de libertades, va a ser sustituido por un modelo unilateral de fuerte tinte sectario. Un proyecto frentista que recuerda demasiado al del período republicano, cuya legitimidad saltó en pedazos en el momento en que dividió a los españoles en dos bandos. El éxito de la Transición, ahora tan cuestionada, consistió precisamente en la superación del conflicto histórico mediante un consenso de Estado en el que las diferentes ideologías se reconocían mediante un mutuo compromiso de respeto democrático. La alianza de la izquierda y el separatismo significa el desistimiento de ese contrato para volver al duelo de bloques sin punto de encuentro y por tanto destinados a un choque irreversible y destemplado. El espíritu de la Carta Magna quedará extinguido sin necesidad de reformar su texto ni de derogarlo: simplemente a través de la supresión del espacio sobre el que se había construido un sistema moderado que preservaba las bases de la concordia a salvo de cambios traumáticos.

El factor clave de esta preocupante metamorfosis es el desplazamiento objetivo del PSOE, el partido que durante más tiempo había encarnado la representación del orden constitucionalista en el Gobierno y al que Pedro Sánchez conduce hacia un paradigma nuevo que desdeña la natural tendencia socialdemócrata a ocupar el centro. Pudiendo concertar con el PP y Ciudadanos una sólida mayoría reformista al estilo europeo, ha elegido la estrategia de convergencia rupturista que preconiza Podemos: un consorcio con todos los adversarios de la Constitución que en la práctica supone el inicio de un proceso encubierto de centrifugación de la soberanía nacional y de desmontaje del actual ordenamiento. No es especulación alarmista: está firmado en los diferentes convenios que el presidente ha suscrito para asegurarse el apoyo de comunistas, nacionalistas y secesionistas insurrectos. Unos documentos que dinamitan el concepto de Estado-nación, soslayan el protagonismo cenital del Parlamento, socavan la vigente estructura jurídica y viran dramáticamente la política española hacia un extremo. El nombre de Frente Popular tiene ecos siniestros pero en términos estrictos se trata de eso.

Es posible que Sánchez no termine de ser consciente porque le falta pensamiento abstracto: vive para el instante, para su ambición inmediata, para el corto plazo. Pero sus socios sí saben dónde quieren ir y tienen un designio trazado. Su plan es público y diáfano: con ellos no se engañará más que quien quiera llamarse a engaño.

En Bolivia sí somos europeos
Emilio Campmany Libertad Digital 3 Enero 2020

Da la impresión de que en Bruselas tienen en más alta consideración las corrupciones de nuestra izquierda que nuestras leyes.

El Gobierno de La Paz acusó a dos diplomáticos españoles de visitar la embajada mexicana con el objeto de sustraer de la acción de la Justicia a un ciudadano boliviano que se había refugiado allí y que está acusado de gravísimos delitos contra la seguridad nacional. España niega tal imputación alegando que se trató de una visita de cortesía. Sin embargo, ninguna explicación se ha dado de por qué los dos diplomáticos viajaron hasta allí en dos coches (hubiera bastado uno) con una escolta de nada menos que cuatro geos. Tampoco se ha explicado si es costumbre de los diplomáticos españoles hacer visitas de cortesía a las ocho de la mañana o si es uso de la diplomacia mexicana recibirlas a tan temprana hora. La denuncia del Gobierno boliviano no ha sido probada, pero los indicios son vehementísimos a partir de las estrechas relaciones del régimen de Evo Morales con los dirigentes españoles de Podemos, hoy aliados del PSOE, y la posibilidad de que el asilado, que supuestamente iba a ser sacado del país por los diplomáticos españoles, posea información comprometida relativa a esas relaciones. Tampoco se descarta que esa información pueda afectar directamente al PSOE.

El caso es que, poco después de conocida la reacción boliviana, consistente en expulsar a los dos funcionarios españoles, y tomadas por el Gobierno español las correspondientes represalias, la UE ha reaccionado apoyando incondicionalmente al Gobierno de España. Un duro comunicado firmado por la representación de la UE en La Paz y por los representantes diplomáticos de algunos Estados miembros, incluidos Alemania y Francia, ha hecho que el Gobierno boliviano revisara su actitud y se mostrara ahora mucho más conciliador. Es muy probable que la reacción europea, que tanto ha servido para ablandar la postura boliviana, no fuera espontánea y haya sido más bien el fruto de las presiones de las autoridades españolas, pudiéndose dar por descontada la intervención de Borrell, que es hoy alto representante de la diplomacia de la UE.

O sea, que pertenecer a la Unión Europea nos supone un gravísimo obstáculo cuando, con nuestras leyes en la mano, pretendemos que las autoridades europeas y de los Estados miembros nos permitan juzgar y condenar a los criminales que han intentado dar un golpe de Estado que tenía por objeto romper la unidad nacional. Pero para ocultar los tejemanejes del PSOE y Podemos en la América bolivariana podemos contar con el apoyo de la Unión Europea en pleno. Da la impresión de que en Bruselas tienen en más alta consideración las corrupciones de nuestra izquierda que nuestras leyes.

Inevitablemente surge la sospecha de que, en ambos casos, el comportamiento de la Unión es fruto de los ruegos de nuestros Gobiernos. En un caso, el favor de Bruselas consistiría en indultar en la práctica a los golpistas ahorrándole al Gobierno el trance, y en el otro tendría por objeto ayudar a ocultar a la opinión pública las inconfesables relaciones de Podemos y el PSOE con el bolivarianismo comunistoide. Hay que ver cuántas ventajas tiene ser miembro de la UE.

Torpedo contra nuevo frente popular
Pío Moa gaceta.es 3 Enero 2020

Desde 2004 ha venido formándose y avanzando un nuevo frente popular, con la colaboración de la derecha PP, hecho sin antecedentes. Hoy ese frente, compuesto de separatistas y totalitarios como el de los años 30, vuelve a amenazar muy seriamente la libertad de los españoles y la unidad nacional, base de la democracia. Esta deriva siniestra la han hecho posible el olvido o la falsificación de la historia por todos los partidos que componen el régimen zapaterista. Para entender lo que está en juego es indispensable entender el pasado. Con Por qué el Frente Popular perdió la guerra he querido restablecer la verdad sobre aquella vieja historia que ahora se reproduce. Nada hace más daño que la verdad a quienes quieren aplastarla mediante la ley totalitaria de memoria histórica o callan ante la tiranía. Por eso este libro es un torpedo dirigido a la línea de flotación del nuevo frente popular. Ese torpedo será efectivo en la medida en que el libro sea difundido y comentado, cosas estas últimas que ya están fuera de mi alcance. Pero creo que serán bastantes los que entiendan la necesidad de esa labor y se sientan comprometidos en ella.

La misteriosa manifestación del día de la investidura
R. J. Á. Madrid. El Mundo 3 Enero 2020

"Ciudadanos de todos y ningún partido político" promueven en las redes sociales una concentración en Madrid "por un Gobierno que vele por la Constitución y la unidad de España"

Una anónima y enigmática llamada a manifestarse en la calle durante el primer día de la sesión de investidura «por un Gobierno que vele por la Constitución y la Unidad de España» recorre las redes sociales y los whatsapp desde hace varios días.

Ningún partido político convoca la manifestación. Ningún colectivo ciudadano la sustenta. Ningún apellido la firma.

Sólo «varios jóvenes, y otros ciudadanos que no lo son tanto, de todos y ningún partido político, preocupados por el rumbo de nuestro país» dan una pista sin pistas acerca de la autoría de un manifiesto que llama a ocupar la madrileña calle de Goya contra la «ruptura de España» o el «blanqueo a los que dieron un golpe de Estado» y para pedir que elPSOE«consolide un Gobierno transversal».

¿Quién está detrás de todo esto?

«Me llamo Íñigo Fernández de Araoz, tengo 27 años, soy ingeniero, no represento a ninguna fuerza política y sólo me movilizo contra el chantaje de los partidos nacionalistas porque quiero un Gobierno constitucional que reúna mayorías y vele para que España no se rompa».

- ¿Un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con la abstención de ERC no es constitucional?
- Bueno, está amparado por la Constitución, pero se formará con la ayuda de partidos nacionalistas que quieren romper España.

Este consultor de una multinacional con sede en Madrid es el nombre y el apellido que le faltaba a la convocatoria. El 26 de diciembre, cuando aún no se sabían las fechas de la investidura, Fernández de Araoz solicitó a la Delegación de Gobierno en Madrid permiso para organizar una manifestación el sábado 4 de enero, a partir de las 12.30 horas desde la calle de Goya hasta la plaza de Colón «por el futuro de una España unida y contra el chantaje de los nacionalistas».

«Cuando hice la solicitud no tenía ni idea de cuándo iba a ser la investidura. La suerte ha querido que coincida con el primer día de debate. La Delegación del Gobierno en Madrid me dio todas las facilidades».

El manifiesto sostiene que son «nuestros representantes políticos» los que «venden hasta su sombra para controlar el Gobierno» y opina que «un partido político con menos de un millón de votos tiene en jaque al país». La carta asegura que el PSOE (único partido citado en el texto) «tiene la oportunidad de cambiar España» y, ante la imposibilidad de hacerlo en solitario, le reclama «pensar a largo plazo y consolidar un Gobierno transversal». «¿Los 120 diputados del PSOE prefieren un Gobierno en deuda con quienes quieren romper España?», se pregunta.

El manifiesto concluye con apelaciones a la unidad del país y rechazos a lo que califica como «acuerdos con terroristas condenados que mataron por romper España».

Algunas de las tesis y las expresiones del manifiesto coinciden con el lenguaje habitual de formaciones y representantes de la derecha, pero Fernández de Araoz niega un patrocinio político de su convocatoria. «Yo no tengo ningún problema con el PSOE o con Podemos. Me convencen algunas cosas de la izquierda y otras de la derecha, pero jamás he participado ni participaré en política. He oído que algún político del PP o de Vox ha puesto algún tuit, pero también sé de ex políticos del PSOE que están a favor de la manifestación. No queremos políticos ni siglas en la pancarta ni simbología. Esto es una iniciativa de la sociedad civil».

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El problema no es Sánchez; es el PSOE
EDITORIAL Libertad Digital 3 Enero 2020

Sánchez, solo, no es nadie. Sánchez, sólo, no podría consumar su traición.

El acuerdo entre el PSOE y ERC es de una gravedad extrema, entre otras razones porque asume el mendaz contexto que, según los separatistas, justificaría la independencia y aun el golpismo; de ahí, por ejemplo, la necesidad de la bilateralidad entre el Gobierno de España y el Ejecutivo regional de Cataluña, que dinamita la piedra angular de nuestro sistema democrático, la soberanía nacional, que, como se recuerda en el primer artículo de la Constitución, "reside en el pueblo español".

Estamos un error histórico y una felonía de consecuencias sísmicas que puede acabar con el régimen de libertades de 1978, testigo de una de las mejores épocas de España en toda su historia y que, en las presentes circunstancias, sólo podría ser sustituido por algo infinitamente peor.

Hay un primer responsable de este estado de cosas, el infame Pedro Sánchez, que algún día acabará pagando por sus desmanes ante la Justicia o ante la Historia –probablemente ante ambas–. Pero, desde luego, no es el único: el PSOE en pleno cargará con la culpa formidable, bien por cobardía, bien por una paradójica y tóxica mezcla de sectarismo y falta de convicciones que le ha llevado a deslizarse, primero con Zapatero y después con Sánchez, por una pendiente que le ha llevado a la situación actual, en que sin vergüenza pacta el Gobierno de España con los peores enemigos de la Nación: comunistas bolivarianos, proetarras y golpistas catalanes en ejercicio.

En esta hora trascendental para la Nación, los barones socialistas mantienen un silencio ominoso e indecente que sólo rompen para criticar… al PP y a Ciudadanos. Ni Susana Díaz, ni Emiliano García Page, ni Guillermo Fernández Vara –que en 2016 amenazaba incluso con abandonar el PSOE si Sánchez pactaba "con los independentistas"–, ni Javier Lambán ni ningún otro capo del partido que sigue llevando la palabra español en las siglas han dicho absolutamente nada ni tomado medida alguna, demostrando que, pese a la retórica que tantas veces manejan, España les importa lo mismo que a un Rufián cualquiera.

Pero tampoco cabe poner el foco sólo en estos indeseables: todos los que forman parte de la voraz maquinaria socialista, así como los que han apostado por Sánchez en las urnas teniendo sobradas pruebas de la catadura del personaje, tienen una responsabilidad moral tremenda e innegable en esta felonía y en lo que pueda ocurrir a partir de ahora. Sánchez, solo, no es nadie. Sánchez, sólo, no podría consumar su traición.

Sánchez traiciona a España
OKDIARIO 3 Enero 2020

Si la Constitución española es el dique de contención frente a quienes pretenden subvertir el ordenamiento jurídico, el pacto desvelado entre el PSOE y ERC representa, sin duda alguna, un golpe institucional sin precedentes contra la norma suprema y un ataque a los pilares de la democracia. Pedro Sánchez ha triturado todas las barreras que salvaguardaban el orden constitucional y entregado la dignidad de España y de los españoles a un puñado de golpistas. El contenido del acuerdo hiela la sangre de todos aquellos que se sienten concernidos con la unidad nacional. Por decirlo de manera más clara: Sánchez será presidente del Gobierno de España por un acto supremo de felonía y traición.

Lo que ha pactado Sánchez es la voladura controlada de nuestra Carta Magna, el derribo de todos y cada uno de los muros de contención del Estado de Derecho y la entrega de la soberanía nacional a cambio de una abstención ignominiosa de los enemigos de España. Todo por seguir aferrado al poder. La estrategia de Sánchez es de una perversión inaudita: los contrarios a la Constitución serán sus socios -izquierda radical, separatistas y proetarras- frente a los defensores del marco constitucional y la unidad de España. Nadie en 1978, cuando la Constitución echó a andar, podía imaginar que cuarenta años después un presidente del Gobierno socialista se revolvería contra la propia Constitución poniendo en peligro la unidad y soberanía del pueblo español.

Eso es exactamente lo que está a punto de ocurrir. Estamos ante un golpe contra el Estado promovido por el propio presidente del Gobierno. El mayor acto de deslealtad cometido desde la instauración de la democracia. La situación es crítica, porque la supervivencia del Estado de Derecho depende, más que nunca, de la fortaleza de unas instituciones seriamente afectadas por la traición de Pedro Sánchez. España se enfrenta a un desafío histórico, porque quien encarnará la próxima jefatura del Gobierno se ha embarcado en un proyecto de dilución institucional sin precedentes. En momentos como este, lo fundamental es que los españoles tomen conciencia del peligro y se erijan en dique de contención frente a quienes pretenden demoler la Nación.

Una investidura agónica y humillante
Editorial ABC 3 Enero 2020

Pedro Sánchez acepta un referéndum para garantizarse el apoyo de ERC en la investidura

Cuando decidió formar gobierno a través de una inédita coalición con Podemos, Pedro Sánchez sabía que el voto de los independentistas sería decisivo. De ahí que Esquerra Republicana, consciente del papel nuclear que puede adquirir en la presente legislatura, esté sometiendo al PSOE a un escarnio sin precedentes. El pacto rubricado ayer por el Consejo Nacional de ERC avala una mesa bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de carácter extraparlamentario. Además, empuja a los socialistas a aceptar un referéndum en el que solo los ciudadanos catalanes decidan su futuro, abriendo así la puerta a socavar la unidad nacional. Y todo ello, sin hacer una mención explícita a la Constitución, extremo que Sánchez ya asumió en la rendición de Pedralbes. Los términos de este acuerdo, enmarcados en una retórica que asume la exigencia del independentismo de obligar al Estado a negociar la autodeterminación, resultan profundamente lesivos para la soberanía nacional. España no merece que su presidente salga de una mayoría parlamentaria sustentada en los mismos que perpetraron el golpe del 1-O.

El visto bueno a la abstención aprobado en el Consejo Nacional de ERC despeja la inminente investidura de Sánchez. Era la posición defendida por la cúpula de esta formación y también por el propio Oriol Junqueras, aunque ERC prefirió dilatar la decisión final en los órganos de deliberación para escenificar su castigo en términos de imagen pública y de crédito político a los socialistas. Las conversaciones con el PSOE están siendo utilizadas por JxCat para agitar al secesionismo contra Esquerra por considerar escaso el botín obtenido. Torra, que hoy podría ser inhabilitado por la Junta Electoral Central, desautorizó ayer a sus socios del Govern y exigió a Sánchez "una votación clara sobre la independencia". El nacionalismo siempre se ha mostrado insaciable en su voracidad que, en el caso de Cataluña, ya no es de autogobierno sino de separación. Ello muestra el grave error de Sánchez al aceptar los votos independentistas para seguir atado al poder.

Resulta impresentable que los españoles se enteraran ayer del contenido del pacto del PSOE con ERC a través de éste último. El presidente del Gobierno en funciones, en lugar de ofrecer una explicación pública y detallada, ha preferido parapetarse en la opacidad y el secretismo. Y cabe subrayar que lo que Sánchez ha aceptado negociar atañe al conjunto de la ciudadanía española. Abrir la puerta a convocar una votación supone, de facto, legitimar la principal exigencia del separatismo, que consiste en reconocer a Cataluña en sujeto de soberanía. Ninguna investidura vale humillar a España.

Sánchez pone por escrito la secesión
Editorial ABC 3 Enero 2020

Sánchez no ha pactado un apoyo sino un cepo que castiga a España al reconocer su Gobierno, por escrito, que es fraccionable; se trata de la ruptura de España como sujeto jurídico nacional

La disputa pública entre el aún presidente de la Generalitat, Quim Torra, y sus socios de ERC es reveladora de la inconsistencia del pacto entre el PSOE y los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. Los nacionalistas catalanes sólo aspiran a convertir el Gobierno de España en una pieza más de su tablero de estrategias y tácticas partidistas. Su disposición a pactar con los socialistas se sustenta únicamente en el interés de alimentar el proceso soberanista en Cataluña, gracias a un partido socialista desnaturalizado como partido nacional y reducido a gabinete personal de Sánchez. Ayer se supo que el líder socialista ha pactado con ERC una mesa entre «gobiernos» y un referéndum posterior sobre sus acuerdos, que solo votarán los catalanes. Es decir, bilateralidad y referéndum, todo lo que vienen pidiendo los separatistas y todo lo que más daño le hace a España. Este es el Gobierno de «progreso» que ofrece Sánchez, un Ejecutivo que comete la irresponsabilidad -veremos si puede ser objeto de reproche penal- de poner por escrito, por primera vez en la historia, que España es fraccionable. Sin medias tintas, supone la ruptura de España como sujeto jurídico nacional. Por eso el Consejo Nacional de ERC aprobó con entusiasmo, casi a la búlgara, la abstención en la investidura de Sánchez. Lejos de ser un acto de compromiso con la gobernabilidad de España es la manera que tiene el independentismo republicano de asegurarse la debilidad de Sánchez como una fuente de futuros beneficios tanto para el proceso de independencia. El dirigente socialista no ha pactado un apoyo, sino un cepo que le condena a una permanente postración ante ERC, un partido que se ha instalado en una dinámica de ruptura del orden constitucional y de la unidad nacional de España, y que no solo no renunciará a estos objetivos, sino que se verá alentado a perseverar en ellos porque ahora ha colonizado el Gobierno de España. Además, ERC tendrá que mantener muy altas sus exigencias para que Torra no pueda acusarlo de traición por «blando». De hecho, el aún presidente catalán exigió ayer a ERC que defienda la autodeterminación en su pacto con el PSOE.

Lo que se ha formado es una coalición de Gobierno y de investidura basada en la ocultación a los españoles de sus verdaderos objetivos políticos. España se adentra en una etapa que no será de reformas constitucionales, porque esta coalición sombría no tiene fuerza parlamentaria suficiente, sino de derogaciones constitucionales a lomos de vías de hecho o de fórmulas legales tramposas. Hablar de «mesas entre gobiernos», de consultas o de «sentimientos nacionales» son avisos inequívocos de que son España y la Constitución los valores que están en juego. Y frente ya no vale el «esperar y ver» porque ya se sabe a qué conducen los pactos de la izquierda con el nacionalismo.

El pacto de la vergüenza
Editorial larazon 3 Enero 2020

Se ha cumplido el último trámite que ERC había exigido para apoyar la investidura de Pedro Sánchez: que el pacto fuese aprobado por el Consejo Nacional del partido independentista. Pura demostración de fuerza y cohesión frente a la facción nacionalista representada por Puigdemont. Un trámite formal, o un movimiento táctico más –de los muchos que diariamente se hacen en Cataluña desde hace años–, después de que diera su conformidad Oriol Junqueras desde la cárcel de Lledoners. El acuerdo está cerrado y Sánchez será elegido presidente del Gobierno gracias a un partido que dirigió e instigó hasta el último minuto un golpe contra la legalidad democrática, con graves consecuencias penales –13 años de cárcel por sedición y malversación para su máximo dirigente–, un asalto que sigue defendiendo. Pero hay algo más que Sánchez no puede ocultar: ha hecho lo indecible para ser presidente, entregándose a un partido que aboga por liquidación de la democracia española, aunque no resolverá de esta manera el verdadero problema que tiene Cataluña: tras este pacto, cualquier solución para que la Ley y la Constitución sean respetadas está más lejos.
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Sánchez habrá resuelto su problema –conseguir los votos de ERC para seguir en La Moncloa–, pero no el conflicto real de convivencia de Cataluña. Esto sí, ha resuelto el problema de su permanencia en el Gobierno y el problema de ERC para hacerse con el poder en Cataluña con el apoyo a su vez del PSC. Si el acuerdo firmado entre ERC y PSOE se cumpliera, supondría la entrega de la soberanía nacional a un partido independentista que sólo aspira a que el Estado acepte las condiciones de un referéndum de independencia y la desconexión definitiva del resto de España. El acuerdo parte, primero, del «reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo», lo que en el lenguaje nacionalista quiere decir que en Cataluña hay un sentimiento mayoritario independentista y que hay que darle salida aplicando el derecho de autodeterminación. En segundo lugar, habla de una «mesa bilateral de diálogo», con dos identidades políticamente diferenciadas y constituidas por «el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya», en la que se hablará de «propuestas detalladas sobre el futuro de Catalunya». Es evidente que no es ese el lugar para dar soluciones al futuro de Cataluña, sino el Congreso y el Parlament. Además, fija la constitución de este organismo en el plazo de quince días desde que se forme el Gobierno de Sánchez, lo que ya indica que no habrá tarea más importante que ésta –o así lo exige ERC–, ya que, además, se fijarán plazos concretos y fechas para presentar conclusiones. Es decir, el Ejecutivo está en manos de un partido secesionista dirigido desde la cárcel, dispuesto a retirar su apoyo si no se cumplen sus exigencias. Ahora bien, este acuerdo es tan de máximos, es tan irrealizable, tan inaceptable, que, llegado su momento, tras la segunda sesión de investidura el día 7, habrá que quitar la paja.

Para ERC lo más urgente es llegar a la presidencia de la Generalitat –con lo que supone arrebatar el poder a los restos de Convergencia–, mientras Sánchez es una mero instrumento. En tercer lugar, los acuerdos a los que se lleguen serán sometidos a una «consulta a la ciudadanía de Catalunya», de la que se desconoce todo, pero que permitirá sobrepasar lo reglamentado en la Constitución. Un referéndum «de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político». La exigencia de ERC era no hablar de la Constitución, algo que el PSOE ha aceptado, para desbordar al Estado de nuevo con un plebiscito, ahora sí, acordado con el Gobierno y en el que sólo decidirán los catalanes. Claro está, siempre cabe la posibilidad de que Sánchez los engañe y que este sea el pacto de la vergüenza y de la mentira.

Sánchez el golpista
Jesús Cacho vozpopuli.es 3 Enero 2020

Fue ver la oronda figura de Pere Aragonés aparecer en las pantallas de televisión y comprender al instante quién era el triunfador de la jornada y quién el perdedor. Contenido de gesto, seguro, sobrado, desbordando confianza y satisfacción por los poros, el vicepresidente del Govern y capo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) estaba comunicando a la audiencia el último parte de una guerra que los nacionalsocialistas, además de republicanos, de ERC han ganado sin bajarse del autobús, sin apearse del caballo, porque Pedro Sánchez y su PSOE se lo han puesto tan fácil, se han bajado hasta tal punto los pantalones que el separatismo republicano ganó ayer una guerra de muchos años sin haber disparado un solo tiro, ha ganado incluso cuando el Movimiento Nacional Lazi se halla en su estado de máxima postración de los últimos tiempos, como demuestran las últimas concentraciones de masas que ha intentado. Sólo han tenido que esperar su oportunidad. Sánchez simplemente se ha rendido y lo ha hecho con gusto, se ha apeado definitivamente de la Constitución del 78 como si fuera el auténtico amo del 'prao' español, como si la Nación fuera una furcia a la que se puede despachar sin siquiera un reproche.

Todo ha resultado peor de lo que cabía imaginar en el más negro de los escenarios posibles. En un plazo de 15 días, Sánchez y su PSOE se sentarán a decidir con Rufián y los suyos el futuro de España en una negociación bilateral (“negociación entre iguales”), para resolver un “conflicto político” entre Cataluña (ERC se arroga, as usual, la representación de todos los catalanes, incluso la del cincuenta y tantos por ciento de los catalanes no independentistas) y España, y el PSOE traga, el PSOE acepta incluso la denominación en catalán de esta región española, Catalunya, ello dentro del “marco del sistema jurídico político” (sic), con desprecio total al único marco jurídico legal que nos asiste, que no es otro que el que consagra la Constitución que votamos todos los españoles. Ambas partes negociarán “con libertad de contenidos”, es decir, acordarán lo que les salga de las narices como inesperados sujetos constituyentes, y los separatistas se garantizan que los acuerdos alcanzados “se validarán en un referéndum” en el que participarán únicamente los ciudadanos catalanes, un referéndum que Aragonés se encargó ayer de aclarar que, naturalmente, versará sobre la independencia de Cataluña.

Sánchez se carga así de un plumazo el Título Preliminar, Artículo 1, Punto 2 de la Constitución de 1978, aquel que asegura como clave del arco de nuestro edificio jurídico que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Este es el auténtico golpe a la Constitución española, y el golpista tiene nombre propio: Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Quienes en vida de Franco militamos en el Partido Comunista de España sin ser comunistas ni por asomo, pero imbuidos por una irrefrenable ansia de libertad, jamás pudimos sospechar que la singladura de estos 45 años transcurridos desde la muerte del dictador fuera a desembocar en la dársena de esta monumental traición a España y al pueblo español, este atraco sin paliativos perpetrado por un salteador de caminos sin oficio ni beneficio, este aventurero de la política dispuesto a atentar contra la Nación, ello ante el aparente silencio de un país en plena siesta, un país con 47 millones de habitantes, un PIB de 1,2 billones de euros, una de las Administraciones más descentralizadas del mundo y uno de los lugares con mejor nivel de vida del planeta.

Desintegración territorial
Ayer el PSOE de Sánchez y una de las facciones del independentismo, que naturalmente se arroga la representación de todos los catalanes, cortaron la cinta que da paso a la negociación de la independencia de Cataluña, valga decir, la independencia que ansían los grupos de poder y las elites locales contra los intereses de una mayoría de catalanes. ¿Cómo explicar en el mundo globalizado de hoy que el Gobierno de una democracia parlamentaria vaya a aceptar complacidamente negociar su muerte súbita, su desintegración territorial, simplemente porque el tipo que ha conseguido hacerse con el poder en el Partido Socialista ha decidido ser presidente del Gobierno caiga quien caiga? ¿Qué se puede hacer frente a este saqueador del patrimonio común, este descuidero de la paz y la prosperidad colectiva? ¿Qué fórmula encontrar para desenmascarar y castigar semejante criminal conducta? No está solo en juego la independencia de Cataluña, como cualquier español avisado sabe. Si el pueblo soberano consiente el atropello que acaba de firmar el PSOE de Sánchez, detrás vendrán otras rupturas del mismo calado que dejarán convertido este otrora bello y gran país en un mosaico de pequeños taifas reñidos con la convivencia, la paz y el progreso.

Sánchez se ha apeado definitivamente de la Constitución para convertirse en un golpista más. Triste sino el de un PSOE condenado a repetir la trágica historia de España de los años treinta. Tenemos a un Largo Caballerito muy pintón en La Moncloa que, dispuesto a aprovechar la general distracción de las fiestas de Navidad, acaba de perpetrar un atentado contra la Nación con nocturnidad y alevosía. Un golpista que se limitará a echar la culpa de lo ocurrido al PP (que su parte alícuota tiene, desde luego, ¡ay, el cobarde Rajoy y su cofradía de inanes!) o al lucero del alba. Imaginar a este personaje cuatro años al frente de los destinos de España permite asegurar sin riesgo a equivocarse que no quedará de España ni las raspas. En momentos de perplejidad y congoja como los presentes, se hace difícil, con todo, asumir que esta otrora gran Nación vaya a aceptar mansamente poner la cabeza en el cadalso para que el verdugo oportunista y felón se la corte dispuesto a exhibirla después ante las masas del Movimiento Lazi. Simplemente para satisfacer su enfermizo afán de poder. Se hace difícil imaginar que el pueblo español vaya a aceptar la muerte mansa que el villano le propone, de modo que sospecho que este episodio, la tragedia que este individuo anuncia para España y los españoles, terminará, más pronto o más tarde, en sangre, sudor y lágrimas. Sobre todo lo primero.

Sánchez se compromete a bloquear en los tribunales los juicios por delitos separatistas
Carlos Cuesta okdiario 3 Enero 2020

Pedro Sánchez acaba de asumir con ERC el compromiso de vaciar los tribunales de causas abiertas contra los separatistas. El pacto invade de este modo la independencia judicial y pisotea la capacidad de actuación de la Fiscalía al asumir, como compromiso de Gobierno, “el reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo […], superando la judicialización del mismo”.

La frase introducida en el pacto entre el PSOE y ERC señala lo siguiente: "Partimos del reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Catalunya”. Y, como solución plantea que “como cualquier conflicto de esta naturaleza, sólo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo”.

“Superar la judicialización” es la fórmula que han empleado tradicionalmente los separatistas para referirse a la paralización de los juicios contra los acusados de delitos separatistas -desde los producidos en los ataques callejeros, hasta la utilización de espacios públicos para poner los lazos amarillos, hasta directamente los de terrorismo-.

Hay que recordar que son varios los delitos relacionados con separatismo que están siendo juzgados en estos momentos. La Audiencia Nacional, sin ir más lejos, decretó recientemente la libertad bajo fianza de 5.000 euros para Ferran Jolis, uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por integración en organización terrorista.

Hace menos de un mes el tribunal ya dejó en libertad bajo fianza a Xavier Duch, Eduard Garzón y Xavier Buigas, que deberán cumplir ahora algunas medidas cautelares, como una comparecencia semanal ante el juzgado, la prohibición de salir de España y la fijación de un teléfono, domicilio y persona de contacto para recibir cualquier tipo de comunicación judicial.
Esta decisión se tomó después de que la Fiscalía cambiara de opinión y en sólo un mes solicitó la libertad bajo fianza para los detenidos, alegando que "no manipularon el material explosivo", tal y como adelantó este periódico.

El propio Quim Torra ha sido inhabilitado por poner lazos amarillos en sedes públicas. Dieciocho meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y una multa de 10 meses, con una cuota diaria de 100 euros para el presidente catalán por desobediencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha notificado ya su fallo sobre el caso de ‘los lazos’ contra el actual jefe del Ejecutivo autonómico tras colgar de la fachada del Palau de la Generalitat en Barcelona símbolos separatistas, durante la campaña electoral y en contra de las órdenes explícitas de la Junta Electoral Central (JEC). Y el propio Carles Puigdemont está pendiente de juicio por el golpe separatista del 1-O.

Todo ello sin contar con los presos condenados ya -encabezados por el líder de ERC, Oriol Junqueras– que cumplen penas por sedición y malversación. Todos ellos conforman la parte más visible de una larga serie de delitos que se completan con otros CDR, con Tsunami y con ataques callejeros generalizados que, ahora, Sánchez, se compromete a sacar de los tribunales.

Una traición sin límites
Carlos Dávila okdiario 3 Enero 2020

En Navarra, los asesinos mandan. Las víctimas son expulsadas del viejo reino por Sánchez. Durante los años de plomo, en Navarra fueron asesinadas 42 personas, diez guardias civiles, más uno, pamplonés, que fue asesinado en el último atentado de ETA en Calviá, en Mallorca. Se produjeron miles de cartas de chantaje que trataron de intimidar a las personas que creaban empleo o trabajaban en Navarra.

Este es el balance del que no sólo no se quiere saber nada, sino que se quiere medir de una forma distinta, se quiere tapar directamente. En Navarra, hoy mismo, se sabe que Sánchez ha pactado con los filoterroritas, con los hombres y mujeres que asesinaron a guardias civiles, a policías, a industriales, a profesionales, a médicos, a profesionales de todo calibre… Se sabe que estas personas han sido maltratadas por un acuerdo de Sánchez no solamente con el PNV, sino con Bildu.

Ahora ya la Guardia Civil desparecerá de Navarra, la sustituirán los forales, que son personas decentes, dignas, pero que hasta ahora no se ocupaban del Tráfico en el viejo reino.

Sánchez ha cedido una vez más a la presión de ETA, a la presión de los independentistas. Esto es lo que le deben los navarros a Sánchez y a todo su Gobierno, a los independentistas del PNV desde luego, un bochorno nacional, una felonía, una traición sin límites.

Zozobra de las baronías
Cristina Losada Libertad Digital 3 Enero 2020

Los barones y las baronesas socialistas pasaron la tarde del jueves preocupados. No, como se les pedía desde Ciudadanos, por los pactos con los separatistas suscritos por su jefe de filas. Su gran preocupación vespertina era, por el contrario, que su jefe de filas pudiera sospechar que esos pactos les preocupaban. El anuncio de la líder de Ciudadanos de que los llamaría por teléfono, uno a uno, para pedirles que hicieran recapacitar a Sánchez los puso en tal aprieto, en tal estado de inquietud, que uno por uno salieron a la palestra para despejar cualquier duda que pudiera haber sobre la intensidad de su patriotismo de partido. Que nadie fuera a pensar, y menos que nadie Pedro Sánchez, no ya que iban a hacerle caso a Inés Arrimadas, sino que iban simplemente a cogerle el teléfono.

Representativa de la zozobra que cundió en las baronías fue la declaración de Susana Díaz:

En resumen, menos llamaditas, Inés. Es de suponer que barones y baronesas pasaron la tarde en zonas sin cobertura para evitar que, pese a las estrictas instrucciones, se colase la temible llamada de algún modo. En cualquier caso, su contraataque no tenía sentido. No lo tiene plantear que Ciudadanos avale con sus votos el Gobierno cuya investidura se ha pactado ya con Podemos, PNV y la Esquerra. Sólo lo tendría si esos pactos se anularan. El único sentido y el único motivo de la reacción de los barones eran los apuntados: dejar claro que no van a discutirlos. No los van a discutir, de ninguna manera, ahora.

Los líderes autonómicos socialistas se pueden amparar en el desconocimiento. En el desconocimiento, en particular, del pacto alcanzado con la Esquerra. Lo dijo Emiliano García Page. Opinará de ese pacto cuando lo conozca, no antes. El hecho de que no lo conozca, ni lo conozca la opinión pública, no le parecía a Page motivo suficiente para la crítica. Pero lo que sí tiene que conocer Page es el pacto con el PNV, que dice en su apartado cuarto:

Impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV [Comunidad Autónoma Vasca], atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia.

Pese a lo farragoso, se entiende. Se entiende que se pretende modificar la estructura del Estado para dar cabida al reconocimiento de identidades territoriales –identidades– y a sentimientos nacionales de pertenencia. Si esto corresponde y mantiene una nación de ciudadanos, que vengan Page y Díaz y lo vean. Aunque lo más probable es que ya estén pensando en cómo acudir, en la mejor posición posible, a la subasta de identidades y sentimientos nacionales de pertenencia que anuncia el acuerdo. Ese punto número cuatro no hace más que dar la razón a nacionalistas y separatistas. Asume que Cataluña y el País Vasco son lo que dicen que son los nacionalistas y separatistas. Más aún, promete cambiar la estructura del Estado para que se ajuste a sus proyectos identitarios, y en última ratio etnicistas.

Nada que decir tienen los jefes regionales socialistas sobre ese punto del pacto con el PNV ni sobre otros que ratifican privilegios y aumentan la desigualdad entre los ciudadanos de las comunidades autónomas. Nada dirán tampoco sobre el pacto con la Esquerra, que incluye lo que llaman eufemísticamente una "validación democrática" de los acuerdos de una mesa entre el Gobierno de España y el Gobierno autonómico catalán. Los barones y baronesas socialistas ya están sólo para sopitas: para validar lo que haga el líder del partido. Cosa que en este caso, al menos, viene a parecerse a dar balidos.

Política es lo que queda por hacer
Amando de Miguel Libertad Digital 3 Enero 2020

La política es un arte y los verdaderos artífices son pocos.

Durante el último año, entretenidos como hemos estado los españoles interesados con elecciones y formaciones y deformaciones de Gobierno, se nos ha ido el santo al Cielo. Desde el silente presidente del Gobierno hasta los políticos que mandan, los funcionarios y los empresarios han olvidado rematar muchas tareas necesarias para ordenar la vida pública. Lo que llamamos ‘política’ debe ser ese repertorio de lo que queda por hacer para mejorar el bienestar de la población con recursos públicos. No hay que imaginar nuevas conquistas. Basta con recuperar lo que no se ha hecho durante decenios y está esperando el BOE, ahora digital.

Es fácil argüir que, para cualquier política que se emprenda, se necesita elevar los impuestos. Lo inteligente y difícil es que el Estado (en su más amplio sentido) satisfaga las necesidades de la población con el mínimo posible de gasto y sin subir los impuestos. Por eso la política es un arte y los verdaderos artífices son pocos.

Una ingente tarea política que queda por hacer en España es organizar definitivamente la sanidad pública. Supongo que no se creen ustedes eso de que "los españoles disfrutamos de la mejor sanidad del mundo". Varios millones de funcionarios y de jubilados de la actividad pública deberían contar con los mismos servicios (mejorados, claro) de sanidad que el resto de la población. Sin esa magna operación organizativa no se puede hablar de la sanidad pública universal, aunque el universo sea solo el del censo español.

Ya tenemos escolarizados a todos los españoles de la edad correspondiente. Ha sido una proeza que nos ha costado más de un siglo, entretenidos como hemos andado con otros menesteres. Tendríamos que reservar un plazo mucho más breve para que los centros de enseñanza se organizaran de una forma más productiva. Un buen indicador sería que los centros de enseñanza universitaria y de formación profesional atrajeran a cientos de miles de estudiantes de otros países. Por desgracia, ese no es el caso. Contamos con una facilidad: el idioma castellano es uno de los pocos de alcance internacional, aunque los que mandan en Cataluña no quieran percatarse de ello. Hay que poner ahora los medios para una gran operación de ese estilo. Había que empezar por un minúsculo detalle: falsificar una tesis doctoral debe ser un grave delito.

Bien está la colaboración con el resto de los países de la Unión Europea. No obstante, sería del mayor interés que se fomentara mucho más la acción conjunta entre España y Portugal en múltiples facetas de la vida pública y privada. Ambos países seguimos viviendo de espaldas, algo que en su día propició Inglaterra. Es una prepóstera supervivencia.

Tengo escrito que una urgente necesidad pública es la de reducir los más de ocho mil municipios (los mismos que existían hace más de un siglo) a unos ochocientos como máximo. Sería la mejor forma de rentabilizar muchos servicios públicos y de atender las necesidades de lo que se ha llamado la "España vacía" (o "vaciada"), entre otros objetivos más ambiciosos. Es inútil; ningún Gobierno previsible hará suya la necesidad que digo. Ha sido una reforma que ya se ha realizado en otros países europeos. Al menos por imitación, deberíamos apuntarnos a ella.

Todo el mundo se halla de acuerdo en reformar la ley electoral, que incluso es anterior a la Constitución. No es posible mantener por más tiempo la batahola de partidillos que se arraciman en las Cortes. Bastaría con la provisión elemental de que cada uno de los partidos en liza intentara representar a todos los españoles, naturalmente desde su particular ideología. Parece una reforma elementalísima, pero costará Dios y ayuda. Por eso mismo hay que emprenderla. En el entretanto, hay que aguantar esa majadería del burgomaestre de León al afirmar que "León nada tiene que ver con Castilla". ¿A quién interesa tamaño despropósito? Se empieza a ver la desmesurada influencia de Esquerra Republicana de Catalunya en el Gobierno.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Los barones socialistas no existen
Cristian Campos elespanol 3 Enero 2020

El barón socialista es esa criatura mitológica que aparece, según narran las leyendas inmemoriales, cuando la soberanía nacional está en peligro. "¡No permitireeemooos, no permitireeemooos!" dicen que se les oye aullar las noches previas a la investidura de un nuevo presidente del Gobierno socialista por los montes y los bosques más viejos de la serranía de Cuenca, del parque de Cornalvo y de los cañones de Guara. Que nadie haya visto jamás a un barón socialista en su hábitat natural –la dignidad– o que no se haya documentado uno solo de sus ataques en cuarenta años de democracia no impide que medio país crea que se trata de los seres más fieros, pero también nobles, que jamás han hollado España.

El simple rumor de la existencia del barón socialista permite al 95% de los españoles conciliar el sueño sin mayores problemas frente a la investidura de un Gobierno formado y apoyado por populistas, comunistas, chavistas, malversadores, etarras, ultraderechistas, cantoneros, defraudadores, supremacistas, ágrafos, arribistas, carlistas y golpistas. De hecho, ese simple rumor permite a muchos ciudadanos españoles votar al PSOE con la tranquilidad que proporciona el creer que ninguna de las noticias que aparecen en las televisiones, incluidas las de estricta obediencia socialista, se hará jamás realidad. El barón socialista es el "detente bala" de los socialdemócratas. La estampita que protege de todo mal desde su búnker del bolsillo de la americana.

Tan poderoso es el mito del barón socialista que hasta los descreídos de la derecha suelen confiar en él. Generalmente, en privado, como una polución nocturna un tanto vergonzosa. Pero también, a veces, en público. En las fantasías de muchos españoles demócratas, el barón socialista aparece en el Congreso de los Diputados en el último minuto de la batalla, cuando ya todo parece perdido y las libertades constitucionales penden de un hilo, vestido con una armadura dorada capaz de eclipsar el mismo sol y flanqueado por dieciséis diputados valientes al grito de "libertad, igualdad y Estado de derecho". Cual Caballeros del Zodiaco, la simple irrupción de Lambán de Pegaso, Fernández Vara de Dragón y García Page de Cisne en las escaleras del Congreso hace huir despavoridos a Ximo de Andrómeda Negro, a Iceta de Hades y a la Diosa de la Discordia Mendia.

En realidad, el barón socialista no existe. Los zoólogos que estudian la fauna socialdemócrata creen que el mito pudo nacer cuando algunos lugareños confundieron a sencillos caciques regionales sin mayor mérito conocido que la sumisión con una criatura de proporciones prácticamente divinas a la que dotaron de todas aquellas características –firmeza, orgullo, autoestima, integridad, fortaleza– que ellos habrían deseado en sus líderes. En este sentido, el barón socialista no sería más que la representación caricaturesca del übersocialista ideal parido por la psique de esos españoles que se niegan a creer que el PSOE ya no es ni partido, ni socialista, ni obrero, ni español. Poco más, en definitiva, que una fantasía infantil para adultos inmaduros. El amigo imaginario de los socialdemócratas que se avergüenzan de sí mismos.

Cuando Inés Arrimadas llamó ayer por teléfono a los barones socialistas, al otro lado de la línea apenas compareció un trío de diminutos hombres asustados. El castañeteo de sus atemorizados dientecillos hacía temblar hasta los postes telefónicos, pero ellos juraban que eran salvajes dentelladas. Hasta el despacho de Arrimadas llegaba el olor a Fanta de limón.

El ‘golpe blando’ de Pedro Sánchez contra la Constitución
Pablo Sebastián republica 3 Enero 2020

Aunque a Carles Puigdemont el acuerdo firmado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez le parece muy poca cosa, porque en él no se cita expresamente la autodeterminación, el texto del acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de ERC constituye una violación flagrante del marco constitucional español, porque en él se implica al Gobierno de España y no sólo a dos partidos políticos.

La gravedad jurídica y el alcance político del pacto hallado entre el aún presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el preso y delincuente Oriol Junqueras (ambos son los artífices del acuerdo) viola de una manera explícita la Constitución Española, porque en él se reconoce al Gobierno de Cataluña como una institución y ente político ajeno a España, al hablar de una Mesa de Gobiernos’ de España y Cataluña y de ‘bilateralidad’.

Y con semejante acuerdo Pedro Sánchez (y el PSOE que lo consiente) se van a poner fuera de la Constitución lo que va a obligar pronto al Tribunal Constitucional a tomar cartas en el asunto y a anular cualquier acuerdo que se adopte en esa mesa de Gobiernos porque cualquier para que emane de semejante contubernio será inconstitucional.

Como es inconstitucional ‘el reconocimiento institucional y la bilateralidad de los Gobiernos de España y la Generalitat’. Y la pretendida superación de la judicialización del ‘conflicto político’ catalán. Lo que presupone que los delitos que, en contra el ordenamiento jurídico español se produzcan en Cataluña por parte de las autoridades y partidos catalanes, quedaran fuera del marco jurídico español lo que es otra aberración inconstitucional.

Y lo mismo ocurre con la anunciada ‘consulta’ o referéndum encubierto de autodeterminación sobre acuerdos entre dos Gobiernos, del mismo rango y en igualdad de condiciones. Consulta inconstitucional que pretende abordar cuestiones que son competencia de la soberanía nacional española que, en ningún caso, podrá quedar al margen de una consulta que afecte al presente y futuro de Cataluña, porque interesa al Estado, a la unidad nacional y a la Constitución.

Estamos ante el embrión de un ‘golpe blando’ de Pedro Sánchez en contra de la Constitución y del ordenamiento jurídico español, con el solo objetivo de que Sánchez reciba el apoyo, ya acordado de ERC, para su investidura. Lo que constituye un histórico disparate que no debería de aprobar el PSOE, salvo que este partido haya decidido romper también su compromiso con la Constitución Española.

Responsabilidad grave la que el PSOE en estos momentos tan decisivos y también de las primeras instituciones del país así como las fuerzas políticas constitucionales de España, la sociedad civil y grandes medios nacionales de comunicación. Y ahí incluido de especial manera el diario El País que ha estado avalando, con su infame silencio, todo este proceso y la negociación inconstitucional cuyas graves consecuencias no se harán esperar.

Normalizar la ilegalidad
Antonio Robles Libertad Digital 3 Enero 2020

Estamos ante la reencarnación de Jordi Pujol. Y Sánchez le dará la alternativa el próximo 7 de enero en el mismísimo Congreso de los Diputados. Aunque Pedro crea que a quien invisten es a él. Pobre iluso.

He recordado más de una vez que Oriol Junqueras es el líder más peligroso del independentismo. Como Jordi Pujol, su base doctrinal es religiosa, un cura frustrado de misa diaria, ladino, cercano, embaucador, que envuelve en entonaciones fonéticas y emociones lacrimógenas argumentaciones tramposas. Si te confías, estás perdido.

Ninguna de las presuntas cesiones que Pedro Sánchez ha firmado en su pacto con ERC es grave por sí misma, sino por su pedagogía simbólica. Al fin y al cabo, las que fueren inconstitucionales nunca superarían las tres cuartas partes del Congreso necesarias para la reforma constitucional correspondiente. Otra cosa es la retirada del Estado, una vez más, de partes de España. Como la Guardia Civil de Navarra.

Y si no lo son per se, ¿por qué las habría de avalar Junqueras? ¿Por qué investir a Sánchez si de todo lo pactado, poco o nada se convertiría en realidad? Responder correctamente estas preguntas es imprescindible para entender por qué el narcotraficante vende droga pero no la toma. Sólo el que sabe que miente para llegar a una meta ha de mantenerse lúcido frente a la turba fanatizada a la que utiliza. El nacionalismo en vena de Puigdemont o Torra es esclavo de su propia adicción, por eso despotrica contra Junqueras por renunciar a un referéndum de autodeterminación. En realidad, la apuesta de Junqueras sólo es un paréntesis, un retorno al campo base, para reanudar la ascensión a la cima en cuanto el temporal amaine.

No otra cosa hizo Jordi Pujol desde que decidió ir a la cárcel en pleno franquismo, moldear la mentalidad que le garantizara la hegemonía moral, y desde ella normalizar la ilegalidad que le garantizase la hegemonía política real. En esa primera etapa de ayuno en el desierto, el objetivo no era la independencia, sino la dominación. Y la logró con creces. En ésta, Junqueras está empeñado en normalizar el conflicto político para blindar las acciones unilaterales de la Generalidad frente a los tribunales de justicia; imponer la bilateralidad a través de la mesa de negociación de igual a igual entre Estado y Catalunya para normalizar el hecho diferencial catalán, primero, e imponerlo después; e introducir sibilinamente una consulta a la ciudadanía catalana para validar democráticamente los acuerdos tomados entre PSOE y ERC, como paso previo para legitimar cualquier otra consulta, incluida la de autodeterminación.

¿Por qué abogar por una consulta que Junqueras podría perder, y con ella los acuerdos arrancados a Pedro Sánchez?

Porque a Junqueras lo que le interesa de verdad es normalizar la ilegalidad, convertir en normal en la mente de la gente las artimañas ilegales para lograr por vías antidemocráticas lo que por vías democráticas nunca alcanzará. Legitimar ese lenguaje es erosionar definitivamente los valores democráticos, las reglas del Estado de Derecho y disponer a la ciudadanía, convertida ya en turba, en el medio instrumental para imponer una rebelión por decantación. No importa si tarda un año o cien, esta es la infección de un hombre que confunde la nación con sus pulsiones vitales.

Desgraciadamente, Sánchez es incapaz de ver lo más evidente, que los pilares de una civilización son el sistema de creencias en el que cree generación tras generación. Los tabúes en la antigüedad suplían los valores razonados y consensuados de hoy, y eran útiles, como lo son ahora los valores consensuados democráticamente que dan legitimidad a los Estados de Derecho. Socavar esos valores, o, si quieren, desvirtuarlos ante la opinión pública, es socavar la propia democracia. Y eso es lo que está propiciando la ignorancia de Pedro, al entregarse a ese cura revenido y viscoso que está en la cárcel.

En Cataluña llevamos 40 años de mentiras, y 10 de pedagogía de la subversión de la democracia en nombre de la propia democracia. Obsceno. El Capo Pujol ya tiene quien le perpetúe, el narcodemócrata por antonomasia, el preso Junqueras.

PS: Las mentiras de Pedro Sánchez. https://drive.google.com/file/d/1yxJxEY3ubkO-KxTN7mtsDVYabwLyA6tA/view?usp=drivesdk

El clavo ardiente autonómico constitucional
Pedro Insua elespanol 3 Enero 2020

"El aura “nacional” que tienen las instituciones autonómicas en España (con sus parlamentos, gobiernos, consejeros, policías, oficinas en el extranjero, con una lengua y emblemática diferencial), genera una impresión, que para muchos es una realidad, de que dichas comunidades autónomas son ya de hecho una suerte de “todos nacionales aparte”, y no “partes regionales de un todo” nacional (por utilizar la fórmula orteguiana)".

“Naciones” estas que, si acaso, se terminan “solidarizando” entre sí, pero por razones coyunturales, de conveniencia más o menos circunstancial (Europa, la democracia, el Estado de bienestar, etc), pudiendo, si los aires de la conveniencia soplasen en otro sentido, y así pluguiera a los pueblos (Völker) correspondientes, eclosionar en forma de naciones independientes asistidas por su “derecho de autodeterminación” (y esto es, claro, lo que han terminado declarando en el parlamento de Cataluña, espoleados, en este caso, por el “España ens roba”).

Digamos que ha sido el propio Estado autonómico setentayochista el que ha abonado la idea de la autosuficiencia dirigida a cada parte regional (ya el propio nombre “autonomía” lo sugiere), invitando, a través del desarrollo de dicho entramado institucional autonómico, a la posibilidad de que, en cualquier momento, pueda producirse el fiat de la “desconexión” (y es que la noción de soberanía no es sino la versión moderna –Bodino, Hobbes– de la autosuficiencia de la polis antigua –Aristóteles–). Cuando el Estado quiere reaccionar, y, a través de la propia Constitución, busca parar este “proceso” abierto en Cataluña, por ejemplo, con el art. 155, se encuentra ya con una masa institucional espesísima, y no solo autonómica, sino también local, cuya fuerza inercial es favorable al propio proceso de fragmentación separatista (además de contar este también, por supuesto, con las fuerzas vectoriales –los partidos separatistas– que lo impulsan).

De este modo la idea fragmentaria de nación, implícita en la idea (constitucional) de autonomía y defendida por las facciones separatistas (ya en abierta sedición anticonstitucional), presupone la “apropiación” (aunque sea virtual) de un fragmento de la nación española y su patrimonialización regional, convertida, además, por la vía de una petición de principio, en un “derecho”. Así, la afirmación de que “vascos”, “catalanes”, “gallegos” son titulares de la soberanía de los territorios correspondientes (Cataluña, País Vasco, Galicia), solo puede hacerse previa exclusión (en realidad expolio), por petición de principio, decimos, del resto de españoles respecto de tales territorios (omnis autodeterminatio est negatio, que decía Spinoza).

Se pide el principio de la soberanía nacional recayendo su titularidad sobre los vecinos de –o los nacidos en (no está claro)–, Cataluña, País Vasco, Galicia..., excluyendo al resto de españoles de los derechos de propiedad soberana que tienen sobre tales territorios como si Cataluña fuera de los catalanes, el País Vasco de los vascos, Galicia de los gallegos y no de los españoles –incluyendo naturalmente catalanes, vascos y gallegos–. Una exclusión que, además, es doble, porque también significa la exclusión de vascos, catalanes, gallegos, etc, de su participación de la soberanía española, en cuanto que son igualmente propietarios de España, y por tanto de todas sus partes, incluyendo el resto de España (las partes suyas que no son Cataluña, País Vasco y Galicia, respectivamente).

Una apropiación territorial pues que pasa, en definitiva, por la fractura de una nación previamente constituida, como es la española, en función de títulos de justificación, bien pre-prepolíticos (la etnia, la raza, etc), o bien oblicuos a la política (la lengua, el sentimiento, etc), pero que, en cualquier caso, se presentan como anti-nacionales en cuanto que atentan, al no reconocerla, contra la idea de la soberanía nacional española y su unidad. Y es que será justamente en aquellos sectores más reacios a la nacionalización, y anclados en la defensa de los privilegios del Trono y el Altar del antiguo régimen (poder eclesiástico, carlismo, foralismo…), en los que se comenzará a cultivar la idea de nación fragmentaria de la mano, en el siglo XIX, de aquellas facciones políticas más reaccionarias. Una idea desde la que, frente al estado liberal contemporáneo, se reclama, en virtud de unas supuestas “diferencias” culturales o lingüísticas, el reconocimiento del privilegio de disponer de capacidad legislativa, judicial, fiscal, etc, en favor de los intereses de una parte (regional) de la nación realmente constituida –la española– frente a otras partes de esa misma nación, quebrando así el principio (isonómico) de la soberanía nacional del que emanan los poderes de ese estado.

Esta quiebra es la que, ya sin tapujos, pide el separatismo catalanista -de Puigdemont, de Torra, de Junqueras–, y que, siquiera vagamente, socialistas del PSOE y populistas de UP están concediendo al hablar de “nación de naciones” o de “plurinacionalidad”, y sobre todo al aceptar, en estas condiciones, una “negociación”, un “diálogo” con ellos.

Pero es una quiebra que implícitamente ya estaba contemplada en el estado autonómico de la constitución del 78. Las larvas pneumónidas del separatismo ya estaban puestas, con forma de autonomismo, durante la transición (y aún antes). Lo que están haciendo ahora es eclosionar.

Cierto es que, ante esta deriva abiertamente separatista, agravada con la inminente formación de un “gobierno de progreso” dispuesto a negociar, la Constitución del 78 pareciera el único clavo de salvación al que agarrarse (y así lo consideran los que se hacen llamar a sí mismos “constitucionalistas”).

Pues bien, es un clavo ardiendo.


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