AGLI Recortes de Prensa   Sábado 4  Enero  2020

Malos tiempos, situación límite
Jimmy Giménez-Arnau okdiario  4 Enero 2020

Vuelven los sultanes del swing, los Dire Straits, banda británica que tomó el nombre de los apuros y malos tiempos, situación límite, que atravesaban sus integrantes. Regresan los sultanes del swing, sólo que en versión barata, social-comunista, golpista, desafinada y muy obscena. Escriban a los magos de Oriente para que obren el milagro y traigan terceras elecciones en abril. Recuérdenles que el carbón, combustible fósil, contaminante, compuesto por azufre, hidrógeno y nitrógeno, ya no se estila, aunque Pedro y Pablo, colegas del diablo, merezcan recibir toneladas de tal mineral. Que los Reyes Magos de 2020 olviden el carbón y, a cambio, traigan nuevas urnas que saquen del mapa político a esos piratas que ansían el poder para dividir a la Nación y empobrecer a los españoles. Depositen su fe en la traición, pues si ellos traicionan, habrá quien les traicione a ellos última hora.

Lo que se aprende en casa no se olvida, llámese PSOE, partido hoy sin crédito, por no decir en ruina total desde que lo lidera Sánchez, o Podemos, que anda en subasta libre desde que Iglesias estafó a todas sus bases y millones de prosélitos sin cobertura intelectual. Tal dúo de tiranos social-comunistas gasta tantas horas en frotarse las manos, imaginando las mil barbaridades que van a hacer al alimón, que les falta tiempo para formar un Gobierno solvente, del agrado de ERC. El golpismo quiere habas contadas: la suelta del ogro y sus secuaces, más un referéndum debidamente consensuado, o sea, con garantías para dar el golpe final e instaurar una “republiqueta” Caca De Luxe. Así estamos, a expensas de desleales y otros furtivos, aguardando ver qué nos traerán los traficantes de Oriente.

Me resisto a creer que entre 120 diputados socialistas, no haya una decena, docena, veintena, treintena de personas estrictamente nobles que se rebelen contra el golpe de Estado que el insensato de Sánchez se dispone a consumar. ¿Los 120 desatienden los sabios consejos de históricos de la talla política de González y Guerra, que hicieron del PSOE un partido respetado, nacional e internacionalmente? ¿No hay ninguno, entre los 120, barones incluidos, capaz de levantarse contra el maniquí en disfunciones psíquicas de la Moncloa? ¿Y por qué no escuchan lo que Ibarra, Leguina, Redondo y Vázquez, también les aconsejan? ¿Los 120 padecen el mal de las hormonas dormidas y no reaccionan, o son simples esclavos de un ególatra sin destino?

Salvando a Revilla, que ha mostrado tener, lo que hay que tener en defensa de la Constitución, nadie se opone a los sultanes del swing. Apenas la siempre valiente Arrimadas, se ha enfrentado al desastre que nos acecha. Y Abascal, que como roca que es, no se mueve de sus convicciones. Casado imita el ejemplo de Rajoy y sigue missing. Los Reyes Magos nos van a traer malos tiempos. Echamos de menos al gran Rivera, el político capaz de cantarle las cuarenta a esta banda de terroristas.

Sánchez y el continuo deterioro en el mercado laboral
José María Rotellar okdiario  4 Enero 2020

Aunque los datos de diciembre referentes a paro registrado y afiliación a la Seguridad Social hayan presentado una bajada del paro y un aumento de la afiliación a la Seguridad Social, son, sin embargo, muy malos datos, sin paños calientes posibles.

Son pésimos datos porque, por séptimo mes consecutivo, el de diciembre es el peor mes en la evolución del paro registrado y de la afiliación a la Seguridad Social desde la crisis, como anteriormente fueron los peores junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre desde entonces.

Por otra parte, el paro desestacionalizado –al eliminar el efecto de la campaña navideña– apenas baja y en términos interanuales también hay que remontarse al año 2013 para encontrar un diciembre peor, tanto en paro como en afiliación.

Si nos centramos en la evolución de los contratos, la contratación indefinida cae en tasa interanual en diciembre, un 3,94%, mientras que al llegar Sánchez crecía un 19,62%. Si lo analizamos en el cómputo del acumulado del año, entonces la contratación indefinida cae un 5,49% respecto a 2018, mientras que cuando se produjo la moción de censura crecía más de un 16%.

Y por la parte de la afiliación, ese mínimo incremento de los afiliados medios queda reducido a la nada si analizamos la evolución diaria de la afiliación a la Seguridad Social. De esa manera, podemos comprobar cómo sólo en un día, el 30 de diciembre, se perdieron más de 40.000 afiliados a la Seguridad Social, que en términos mensuales supuso alrededor de 90.000 afiliados diarios menos en el mes de diciembre. Es decir, por mucho que la media lo suavice, la tendencia es mala.

Todo ello, muestra el continuo deterioro del mercado de trabajo, especialmente acentuado en los últimos meses. La inseguridad económica en la que Sánchez ha metido a España ha cristalizado en una ralentización de la actividad todavía mayor a la que le correspondía por la parte bajista del ciclo económico. Esa inseguridad se torna ahora en preocupación de los agentes económicos al leer el programa de Gobierno que ha pactado con Podemos, donde es la formación de extrema izquierda la que parece liderar el contenido económico del futuro Ejecutivo, por mucho que nombren vicepresidenta a Calviño.

España no está para experimentos, sino para reformas que le permitan seguir creciendo con fuerza, atraer inversiones, acrecentar la prosperidad y crear puestos de trabajo. Sólo así podrá resolver, al menos en parte, algunos de sus problemas, como el relativo al sistema público de pensiones.

Si la inseguridad ha generado este parón en la actividad y este continuo deterioro del mercado de trabajo, qué no sucederá aplicando políticas expansivas del gasto, derogando la reforma laboral y subiendo los impuestos. Eso puede ser letal para la economía. Sánchez debería reflexionar y abortar ese acuerdo. Y si no lo hace él, deberían hacerlo el grueso de sus compañeros de partido, que deberían estar horrorizados por la deriva a la que está llevando al PSOE.

VOX iniciará acciones legales contra Iglesias y la cúpula fundadora de Podemos por su financiación
Carlos Cuesta okdiario   4 Enero 2020

Vox abre fuego judicial por la financiación de Podemos. Lo hará desde España y con la información de la Fiscalía de Bolivia. Y es que la mediación del partido de Santiago Abascal ante el Gobierno boliviano ha provocado que el Ejecutivo de ese país decida pedir a la Fiscalía que cite a declarar a los tres hombres clave en el lanzamiento e implantación de Podemos: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. Hará lo mismo con el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el ex juez Baltasar Garzón.

A todos ellos los citará la Fiscalía de Bolivia en el marco de las investigaciones que lleva a cabo para esclarecer las relaciones de determinados cargos del Gobierno de Evo Morales con el narcotráfico y el destino de ese dinero y de otros fondos al pago de iniciativas políticas de extrema izquierda. La Fiscalía ha recibido ya la petición del Gobierno de Bolivia para citarles e investigar su relación con las citadas vías de financiación.

El vicepresidente primero de Vox, Víctor González, ha señalado en presencia del ministro de Gobierno boliviano Carlos Arturo Murillo que “hemos pedido al Gobierno de Bolivia que nos dé traslado oficial de toda la información que resulte de sus investigaciones y de las declaraciones de los testigos clave para poder iniciar en España las acciones legales oportunas a las que esperamos que se sume la Fiscalía española”.

González ha añadido que “entendemos y respetamos la decisión del Gobierno de Bolivia de que se respete su soberanía y la acción de sus instituciones pero creemos que es mejor un frente común en ambos países”.

La comunicación oficial del inicio de las actuaciones bolivianas ha sido realizada por Arturo Carlos Murillo, ministro de Gobierno, en presencia de dos representantes de Vox -el citado vicepresidente primero, Víctor González, y el eurodiputado Hermann Tertsch-.

La información que busca la Fiscalía guarda relación con el reciente intento de entrada de agentes españoles encapuchados en la Embajada de México en La Paz. Una operación fallida que pretendía sacar de esa sede a dos ex ministros de Evo Morales: Juan Ramón Quintana y Héctor Arce. El primero, bajo la sospecha de estar al corriente del narcotráfico en Bolivia; el segundo, bajo la acusación generalizada de ser el encargado de financiar a Íñigo Errejón como parte del plan de apoyo a iniciativas de extrema izquierda en Europa.

El ex presidente de Bolivia y delegado ante la comunidad internacional del Gobierno interino de Bolivia, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, desveló ya recientemente los nombres de los cargos clave del ahora partido de Pablo Iglesias que fueron encargados de recibir dinero del populismo y las narcodictaduras.

Quiroga señaló directamente a la que fuera la cúpula fundacional del partido de Pablo Iglesias con nombres y apellidos: Carolina Bescansa era la encargada para Nicaragua, Juan Carlos Monedero de Venezuela, e Íñigo Errejón de Bolivia. Todos ellos, según Quiroga, habrían recibido dinero “robado” de países como Bolivia o Venezuela con el propósito de expandir el comunismo en diferentes países como España.

Ahora la Fiscalía incluye tres de esos nombres en sus investigaciones -Iglesias, Monedero y Errejón- e incorpora el del ex juez Baltasar Garzón y el del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Los separatistas pactan con Sánchez castigar fiscalmente a Madrid para evitar la fuga de empresas
Carlos Cuesta okdiario 4 Enero 2020

ERC no sólo ha negociado cesiones en favor de la independencia de Cataluña, sino que también ha pactado con Pedro Sánchez cuestiones que superan a la comunidad catalana pero que los separatistas consideran básicas para evitar que las empresas puedan escapar del destrozo que ellos originan en Cataluña con el desafío rupturista.

Por ello, los de Oriol Junqueras han exigido un castigo fiscal a Madrid para evitar que las empresas tengan un refugio al que acudir a medida que ERC y JxCAT sigan empeorando las condiciones económicas, sociales y de seguridad jurídica en su propia comunidad autónoma.

La exigencia de los separatistas ha sido acogida con agrado por el equipo de Sánchez. El PSOE ha pactado con Podemos una fuerte subida de impuestos y cotizaciones sociales y, además, ha trazado la estrategia para que los Gobiernos regionales del PP no puedan frenar su atraco fiscal y contraponer otra gestión. Para ello, Sánchez ha ordenado ya regular una norma que permita anular la capacidad de bajar impuestos autonómicos con los que contrarrestar las subidas de los socialistas.

Sin embarho, los separatistas se mueven por otra preocupación: la de que a medida que sigue su carrera rupturista, Cataluña sigue perdiendo atractivo económico, un hecho que supone una continua fuga de empresas que hace inviable su independencia territorial.

Recordemos que un total de 228 empresas han sacado sus sedes sociales de Cataluña en el tercer trimestre de 2019 y, además, la cifra no se relaja, sino que sigue subiendo con respecto a las 210 que tomaron esta decisión en el trimestre previo. La gran mayoría de las compañías que huyen lo hacen con destino a Madrid, región a la que han ido un total de 92, seguida de la Comunidad Valenciana con 45. De ese modo, hasta el tercer trimestre de 2019, el número acumulado de empresas que se han fugado de la locura separatista asciende a 787. La cifra global es esclarecedora: desde 2017 un total de 4.129 empresas han trasladado sus sedes sociales fuera de Cataluña.

En concreto, el plan del PSOE y los separatistas pasa por armonizar los Impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio de forma que, principalmente la Comunidad de Madrid, pierda el liderazgo en rebajas de impuestos que actualmente tiene. La medida, además, también afectaría, por ejemplo, a Andalucía, donde el plan del centroderecha de demostrar que es posible gestionar bajando impuestos también se ha materializado tras la llegada del PP y C’s a la Junta.

El plan de Sánchez pasa, literalmente, por subir todos los impuestos de las regiones gobernadas por el PP hasta igualarlos con los gravámenes de los territorios liderados por los socialistas. Además, hay que recordar que en esta legislatura el PSOE pretende aplicar una brutal subida de impuestos.

Pero un ascenso de la presión fiscal que, en caso de ser amortiguada en los territorios del PP, dejará en evidencia al presidente socialista y alisará el camino a un futuro triunfo electoral de los populares. De hecho, el saqueo fiscal que ha previsto Sánchez para los próximos años, según las cuentas presentadas ante la Unión Europea (UE) alcanzaría los 95.505 millones de euros en 2022, y, además, afectará especialmente a las familias –sobre todo clase media– y a las empresas.

El estiércol de la rosa
Ninguna flor, ni la de del PSOE, sobrevive a un exceso de abono como el de los socios de Sánchez
Alberto García Reyes ABC 4 Enero 2020

Da miedo el canto del faisán tras saber que come serpientes. Hay hoy marmolistas de toda España tallando en una lápida este haiku de Matsuo Basho. El pájaro Sánchez nos tiene en un pío tras haber digerido todas las víboras de la península a cambio de grietas abisales en la tierra que nos sepultará. Su socio Iglesias, el que se compró un chalé con chimenea para poder quemar la Constitución y observar las llamas desde su mecedora ideológica -ahora aquí, ahora allá- lleva meses arengándonos sobre el verdadero patriotismo: la sanidad, la justicia, la educación (se le olvida siempre añadir que todo bajo su dirección), frente a la tierra nativa, más nuestra cuanto más lejana, que decía Cernuda. La neolengua podemita ha fagocitado a la socialdemocracia española con un poderoso glosario de ardides oratorios y trampantojos dialécticos que ha oxidado toda la ferralla del sistema. La izquierda ha renunciado a los violines para componer su música, que ahora es electrónica. Todo lo hace la máquina de los votos. Sube el «rever» en Cataluña, baja los agudos en el País Vasco, dale volumen a Teruel. Cualquier cosa, por muy vejatoria que sea, para que Sánchez pueda trinar.

Hoy comienza una etapa triste para quienes hemos luchado contra las serpientes nacionalistas. Yo no he conocido, gracias a Dios, otro régimen que la democracia. Y siento hoy la amargura de la traición por parte de un PSOE con las entrañas envenenadas de tanto tragar culebras, un partido mercenario que, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo, no va a sobrevivir a España. Este PSOE que ha vendido por un sillón la historia de su país, que ha manoseado las instituciones del Estado para pagar el secuestro territorial de ERC, que se ha arrodillado ante sus propias ideas progresistas para reconocer al PNV su supuesta superioridad identitaria, que se ha abrazado al comunismo bolivariano del que huyó Felipe González en Suresnes para atornillarse al poder, este PSOE que ha perdido sus dos últimas letras porque ya no es obrero ni es español, el PSOE de Sánchez es el del gorjeo de la agonía. Tiene la muerte en la cara.

El comandante de propaganda del nuevo frente popular ha trazado una estrategia hábil que nos tiene a todos los que creemos en España tiritando en un rincón. Quien se atreva a sacar la cabeza del agujero es inmediatamente lapidado como un facha. Ellos son la igualdad, el progreso, la justicia, la verdad, el feminismo... Son la idea. La salvación. Porque ninguna de sus propias afrentas a los valores que se han apropiado a la fuerza sirve para enervar su posición de supremacía. El sanchismo es infalible. No se equivoca nunca. Es la transparencia pura a pesar de que su líder anuncia sus acuerdos en salas vetadas a los periodistas, no da ruedas de prensa, no admite preguntas, su palabra es sacrosanta. Es la razón suprema de la democracia pese a que ha cambiado las reglas históricas del partido para callar a los barones y laminar a los críticos. Pedro Sánchez da miedo. «Qué tranquilo se ve en la cuadra el caballo que mató a su jinete», dice otro aforismo.

Pero cabalgaremos. España es una idea superior a todas las que enarbola el Gobierno que se nos viene. La tranquilidad de Sánchez mientras envenena su propia tierra es sólo una consecuencia de su inconsciencia. Su canto de faisán empachado de áspides es hoy sólo el epitafio de la rosa socialista. Porque él es el único que no se ha enterado de que las plantas nobles se intoxican con los excesos de mierda y que la flor que tiene en el culo se marchitará corrompida en este estercolero.

Réquiem por la España liberal
Santiago Navajas Libertad Digital 4 Enero 2020

Ochenta años después, la España liberal vuelve a ser derrotada. Por partida doble. Si entonces la guerra política entre la extrema derecha y la extrema izquierda, aliada de los nacionalistas periféricos, se decantó para la tribu del autoritarismo, ahora la extrema izquierda y los nacionalistas, la secta del totalitarismo, van a conseguir, PSOE mediante, entrar en el Gobierno de la Nación para hacer la revolución que materialice lo que en su día profetizó el entonces exaltado, y hoy mediopensionista, Alfonso Guerra: que a España no la reconozca ni la madre que la parió. Es decir, Isabel la Católica.

La foto más reveladora de esta triste derrota es la que muestra a Pedro Sánchez, Adriana Lastra y María Jesús Montero mirando, con una mezcla de asco y repelús, cómo se carcajean Pablo Iglesias y Alberto Garzón mientras les entregan las llaves del Gobierno. Sánchez bebe de una botella de agua que podría estar llena de vodka como homenaje a Kerenski, el gobernante de la incipiente democracia rusa que permitió con su inacción que un puñado de decididos comunistas bolcheviques llegase al Kremlin, abortando el sistema liberal para poner en funcionamiento la más formidable máquina ideológica de asesinar de la historia.

Como entonces en Rusia, no sería posible en España el asalto al poder de políticos sin escrúpulos sin la participación de intelectuales afines a la causa, que han justificado de todas las formas posibles tanto la destrucción del país, de sus tradiciones e instituciones, como han blanqueado a los terroristas y golpistas que, en sucesivas olas, han ido minando la confianza en la Monarquía constitucional y el Estado de Derecho. Con el aval de historiadores como Álvarez Junco, que han minusvalorado la misma concepción de España, y juristas como Pérez Royo, que han propuesto la voladura de la Constitución, un presidente del Gobierno como Zapatero no tuvo empacho en admitir que España no es sino un concepto discutido y discutible.

Que la más refinada intelectualidad y los artistas más comprometidos pusiesen sus obras al servicio de la barbarie de izquierda y nacionalista, a la que se ha sumado en los últimos tiempos el feminismo radical, es algo que no debería sorprendernos, dada la trayectoria establecida por José Bergamín, Josep Fontana o Rafael Alberti. Lo lamentable es que, dominados por el complejo de inferioridad intelectual y el síndrome de la tibieza de carácter, la derecha conservadora y el liberalismo centrista hayan sido incapaces de articular una alternativa sólida, convirtiéndose simplemente en la versión descafeinada de la socialdemocracia (Rajoy y Montoro), la opción desnatada del nacionalismo (Feijóo) y el paradigma cool de lo políticamente correcto (Ciudadanos).

Más que nunca querrán cortar los vínculos que nos unen a los antepasados. Son los nihilistas que pretenden destruir los fundamentos de la cultura, los vitriólicos cínicos que siembran la cizaña política y los templados cobardes que prefieren la rendición a la lucha por las ideas. Abandonados por los políticos, censurados en las instituciones, expulsados de la Academia, calumniados por los medios hegemónicos, adoctrinados desde las instituciones educativas…, sin embargo, cabe resistir. Como hicieron Unamuno y Clara Campoamor, Ortega y Gómez de la Serna, Chaves Nogales y Madariaga. Puede ser que la España liberal e ilustrada finalmente sea derrotada pero al menos que no lo sea porque el cansancio se haya convertido en el clima espiritual dominante. Que nuestra mirada final no sea esa mezcla de asco y temor en los ojos de Sánchez, Lastra y Montero, sino que en ella haya alegría en lugar de repulsión, e indiferencia por nuestra suerte en lugar de la resignación de los que han perdido toda esperanza salvo la de la ambición del poder por el poder.

Pacto Sánchez-Iglesias: batería de impuestos a la clase media y baja
Daniel Lacalle elespanol 4 Enero 2020

“Always on surveillance the eyes, they never close”. James Hetfield

Si usted es uno de los inocentes que creen que el plan del PSOE y Podemos lo van a pagar “los ricos” le conviene leer los siguientes datos:

Los gastos de disparan:
El acuerdo firmado incluye una enorme batería de nuevos gastos que, sumados y usando estimaciones conservadoras, supone más de 30.000 millones adicionales. A ello debemos añadir que, sin incluir dichos gastos y asumiendo que todo va bien, el gobierno debe hacer un ajuste de 10.000 millones de euros para cumplir con el déficit acordado. Una senda de reducción de déficit a la que ambos partidos se comprometen de manera inequívoca (nótese la ironía). A ello debemos añadir que, con las cifras de recaudación de noviembre, los ingresos crecen un modesto 1,6%, muy por debajo de la cifra de crecimiento que estima el gobierno en su plan de estabilidad (más de un 4%).

Los ingresos no suman:
Si tomamos las propias estimaciones del gobierno de recaudación por nuevos impuestos (si usted se las cree, algo que no hace nadie que haga un análisis riguroso), la recaudación esperada por lo que eufemísticamente llaman “nuevas figuras tributarias” es de 5.654 millones de euros. La mayoría de las estimaciones independientes no llegan ni de lejos a 3.000 millones de euros.

Por lo tanto, una enorme cantidad de gastos más un ajuste acordado que no se cubren ni de lejos con la ristra de impuestos que han anunciado.

¿Quién paga el resto? Usted y yo.

Incluso si usted se cree que una parte de esa batería de gastos no se va a llevar a cabo y que los ingresos fiscales se van a disparar ante el optimismo económico generado por las subidas de impuestos y la llegada de Podemos al gobierno (nótese la ironía de nuevo), no se cuadra el déficit de ninguna manera. El resto viene en una batería de impuestos a los autónomos y a la clase media escondida bajo subterfugios lingüísticos poco sutiles. “Impuesto a los servicios digitales”: impuesto a los consumidores de servicios digitales (usted y yo), “fiscalidad verde”: impuestos a los consumidores (usted y yo), “impuesto a las transacciones financieras”: impuesto a los ahorradores y usuarios de servicios financieros (usted y yo), subida del SMI: “aumento de las bases mínimas de cotización de los trabajadores” (usted y yo).

El aumento del IBI, de los peajes a las autopistas, el diésel, los billetes de tren, las cuotas de autónomos, impuestos al trabajo, impuestos por la compra de acciones o productos de ahorro, penalizar la inversión, atacar a los consumidores con baterías de impuestos indirectos. Todo esto lo pagarán la inmensa mayoría de los españoles, pero es especialmente negativo para la clase media-baja.

“Los ricos”
Siempre lo digo. Los contribuyentes que ganan más de 130.000 euros al año no llegan al 0,5% del total (según AEAT) y 727 empresas suponen el 49,5% de la recaudación del Impuesto de Sociedades (según REAF, asesores fiscales del Consejo General de Economistas, 2016): El que se crea que 90.000 contribuyentes y un puñado de empresas van a pagar decenas de miles de millones más en impuestos para pagar las veleidades populistas tiene un problema con las matemáticas.

Bajo el subterfugio de “subir el SMI”, PSOE y Podemos disfrazan otra subida de los impuestos al trabajo

Usando la propia estimación del gobierno (la que nadie se cree), el impuesto de sociedades y las “rentas altas” recaudarían 2.000 millones de euros máximo. También de su propia lista, 2.700 millones de euros vienen de impuestos indirectos que siempre paga el consumidor, usuario y propietario, incluyendo 670 millones de euros de impuestos “verdes”, como si fueran una novedad y no existieran ya (España recaudó más de un 5% del total de ingresos fiscales en la llamada “fiscalidad verde”, más de 20.700 millones de euros en 2017). Es decir, en las propias estimaciones del gobierno la mitad de los ingresos por “nuevas figuras tributarias” salen directamente del bolsillo del consumidor y ahorrador medio.

Pero hay más. Los autónomos van a ser expoliados aún más (lean este artículo) usando el subterfugio de que “coticen por sus ingresos reales”. ¿Ingresos reales? ¿Y si un año no ingresan o tienen la mitad de negocio les van a bajar la cuota? No ¿Y si no cobran lo que han facturado? Tampoco.

Como explica ATA, en España el autónomo elige cotizar entre una base mínima 884,4 euros y una máxima de 3.606 euros al mes. Si se escoge la mínima, un autónomo persona física paga 264 euros y en el caso de autónomos societarios 315 euros. El 86,3% de los autónomos persona física cotiza por la base mínima. Cuando hablan de “adecuar” la cuota a los “ingresos” (de beneficios nada, por supuesto), de lo que se está hablando, simple y llanamente, es de que se van a subir las cuotas al 70% de los autónomos sin contraprestación en facilidades fiscales, deducciones o mejora alguna.

Si quisieran ser realmente progresistas, adecuarían las cuotas al riesgo y volatilidad del negocio, como hace Reino Unido o Portugal. Pero no, las cuotas de autónomos son un canon por producir y un escollo al empleo.

Además, bajo el subterfugio de “subir el SMI” disfrazan otra subida de los impuestos al trabajo. Al esconder una nueva subida de las bases mínimas de cotización, los impuestos que paga cada trabajador suben sin que la inmensa mayoría de trabajadores vea mejora alguna de su salario neto. El mismo truco, en 2019, hizo que el 15% de los trabajadores de España vieran su sueldo neto reducido. La inmensa mayoría de empleados que cotizan por la base mínima no ven un euro más en su cuenta. El día que en España los ciudadanos entiendan que un salario neto de 1.200 euros es en realidad más de 2.000 en costes laborales totales, empezaremos a despertar.

Lo mismo ocurre con la “nueva fiscalidad verde”. A los más de 20.700 millones de euros de impuestos medioambientales que ya existen van a unir toda una batería de nuevos impuestos indirectos que salen directamente de los bolsillos de los consumidores y que afectan más a las rentas más desfavorecidas. ¿Para atacar el cambio climático? No, porque no son impuestos finalistas. Para lucrarse del consumo.

La prueba de que se ríen de los ciudadanos es que “prometen” una bajada de impuesto de sociedades a las pymes que facturen (sí, facturen, no que ganen) menos de un millón de euros, cuando la inmensa mayoría (más del 70% según la AEAT) están en pérdidas y no pagan Sociedades, pero les suben los costes de contratar y todos los indirectos.

El acuerdo PSOE-Podemos refleja una visión extractiva y confiscatoria de la economía de unos partidos que piensan que usted gana demasiado y que ellos gastan demasiado poco, que decide hacer todavía más difícil contratar, invertir y ahorrar. El que se crea que esta lista de medidas intervencionistas y burocráticas las van a pagar “los ricos” no solo demuestra ingenuidad, sino que merece el palo fiscal que le van a asestar.

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Perspectivas económicas: peor, imposible
EDITORIAL Libertad Digital 4 Enero 2020

El PSOE ha puesto la economía nacional al servicio de Podemos. Con tal de seguir en la Moncloa, Pedro Sánchez no ha dudado en sancionar un acuerdo con los comunistas bolivarianos demoledor para la prosperidad de la Nación (en la que no creen ni Sánchez ni Pablo Iglesias ni, para qué hablar, sus aliados golpistas de ERC y los proterroristas de Bildu).

Para empezar, el PSOE ha decidido enterrar exitosa aunque muy tímida reforma laboral del PP. Seguro que Sánchez dormirá tranquilo después de liquidar una legislación bajo la que se han creado más de tres millones de empleos. Quizá no duerma tan bien la aún ministra Nadia Calviño, que llegó a afirmar hace unos meses que la voladura de la referida reforma no sería nada "productivo". Menudos papelones está haciendo la tan sobrevalorada Calviño, que ha perdido prestigio internacional a chorros desde que se empotró en el Gabinete Sánchez. Tiene Calviño lo que se merece, por mucho que los que vengan puedan hacerla parecer lo que de ninguna de las maneras es: una ministra competente.

Por otro lado, con el Gobierno socialcomunista apadrinado por golpistas y proterroristas que se nos viene encima, la mafia sindical recuperará posiciones y volverá a detentar un poder que jamás le han confiado los trabajadores. Así las cosas, los empresarios y los autónomos serán sometidos a asedio y no andarán precisamente deseosos de invertir y de contratar; especialmente de esto último, dado que PSOE y Podemos quieren disparar el salario mínimo hasta los 1.200 euros, cantidad disparatada propuesta por unos fanáticos ideológicos que no han trabajado en su vida ni tienen la menor idea de cómo se crean empleos. Sin lugar a dudas, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores menos cualificados serán las grandes víctimas de este desafuero.

El Gobierno más radical de Europa pretende también jactarse de ser un gran enemigo de los ricos y las grandes empresas, pero la realidad será la de siempre: los grandes perjudicados por las políticas miserabilizadoras de la extrema izquierda serán las clases medias y bajas. Si Sánchez e Iglesias creen verdaderamente que saqueando a las multinacionales van a poder pagar sus fechorías populistas es que son unos indocumentados. Si no lo creen, son unos indeseables que pretenden hundir a la sociedad para que dependa de sus dádivas asistenciales para subsistir. No descarten que sean ambas cosas.

A los efectos perversos del expolio fiscal que planean PSOE y Podemos hay que sumar las consecuencias calamitosas de medidas intervencionistas tan insensatas y liberticidas como el control de alquileres. Fijar unos precios máximos a los arrendamientos no hará otra cosa que detraer oferta del mercado, espantar a los inversores, disparar los precios y cebar la economía sumergida.

En definitiva: la economía nacional va a estar en manos de Iglesias, analfabeto funcional en la materia, y de Pedro Sánchez, el más patético doctor en Economía que haya excretado la penosa Universidad española en los últimos lustros. No es cuestión de pesimismo sino de ver en lo que es: es imposible que vaya a salir bien este monstruoso experimento.

Investidura inhabilitada
 larazon 4 Enero 2020

El escenario que se abre tras la inhabilitación de Oriol Junqueras y, en menor medida, la de Joaquim Torra sitúa la investidura de Pedro Sánchez en el límite. Era una operación de alto riesgo, desde el punto de vista constitucional, pero también por la derivadas procesales de sus socios independentistas. ERC deberá ahora decidir si sigue apoyando al candidato socialista, al incumplirse su deseo de que Junqueras pudiese recoger su acta de eurodiputado, aunque sólo fuese por el gesto de humillación hacia las instituciones españoles. Recordemos que esta fue una condición que pusieron los independentistas para su abstención, o por lo menos que la Abogacía del Estado fuera favorable a que el líder de ERC pudiese acudir a los plenos de la Eurocámara, como así defendió en el escrito. Pero había un punto que no les gustó: que los letrados del Estado sostuvieran que la inmunidad de Junqueras quedase supeditada a un pronunciamiento de la Junta Electoral Central (JEC), que ya ha hablado: es incompatible su condena –a 13 años por sedición y malversación– con su condición de diputado europeo electo. Como muestra de que esto desbarata los planes del PSOE, Adriana Lastra ha criticado el fallo de la JEC.

La decisión se toma en aplicación del artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que establece que «son inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la pena». La debilidad de los apoyos que ha buscado Sánchez es extrema, algo que el candidato quiere eludir, como tampoco quiere explicar en qué consiste exactamente su acuerdo con un partido independentista como ERC, pero no debería ignorar que como este capítulo se repetirán otros: el 20 de enero arranca el juicio contra Josep Lluís Trapero y la cúpula de los Mossos d’Esquadra por supuestos delitos cometidos el 1-O. La JEC ha acordado también inhabilitar al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, lo que le obligará a dejar de ser diputado en el Parlament y tener la máxima representación institucional de Cataluña. Esta decisión –solicitada por el PP, así como la de Junqueras– viene a añadirse al rompecabezas político que vive la investidura de Sánchez, ya que JxCat y los seguidores de Puigdemont intentarán dejar en evidencia clamando traición a los de ERC si éstos hacen presidente a Sánchez. Anoche, arriaron la bandera española del Palacio de la Generalitat. Torra, un fundamentalista nacionalista, no tuvo problemas en reconocerse como un presidente vicario al servicio de Puigdemont.

Su actividad en sus diecisiete meses de mandato se ha caracterizado por llevar el cargo que representa a una degradación institucional que será difícil de limpiar. Tras su paso por la plaza de Sant Jaume, la Generalitat se ha convertido en un mero brazo político del independentismo. Torra desobedeció a la JEC al no retirar la pancarta sobre los presos y los lazos amarillos del Palacio de la Generalitat durante la campaña electoral del pasado mes de abril, lo que provocó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le condenase a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. Sin esperar el recurso que Torra anunció para dilatar el proceso y seguir su desafío al Estado, la JEC ha fallado, a pesar incluso de la presión ambiental que recomendaba que retrasase la decisión para no interferir en la investidura de Sánchez. La destitución de Torra sería efectiva en el momento que JEC –formado por ocho magistrados del Supremo elegidos por sorteo y cinco catedráticos nombrados por los partidos con representación el Congreso– notifique íntegramente el acuerdo, lo que tendrá lugar cuando los miembros de la JEC que presentaron un voto particular –seis de siete– presenten sus escritos. Persistir en la desobediencia es un camino cegado por el Estado de Derecho. Una lección que también debería tener en cuenta Sánchez.

España frente a sus negacionistas
Jorge Mestre okdiario 4 Enero 2020

Decía Barbara W. Tuchman en su obra “La marcha de la locura” que la insensatez es hija del poder. Y tenía toda la razón. Elevar las demandas del movimiento independentista de Cataluña a categoría de importante y anteponerlas en la agenda del próximo Gobierno socialcomunista de España de Pedro Sánchez es un error que acarreará graves consecuencias. Ya nos pueden intentar desde el PSOE disfrazar la vía de la consulta que ha dejado abierta Sánchez como una iniciativa dentro del marco legislativo o dentro del respeto institucional porque todos sabemos que ERC ni sabe, ni quiere respetar la Constitución española. Supone un grave insulto a la inteligencia de los españoles hablarnos precisamente de “respeto institucional” por parte de los republicanos independentistas que tiene a toda su plana mayor procesada y condenada por saltarse las leyes. De lo que ERC sabe mucho es de deslealtad hacia España.

Es insensato también por parte de Pedro Sánchez darle carta de naturaleza a lo que él y su partido socialista han pasado a denominar “conflicto político” en Cataluña. Ningún hombre de Estado con sentido de la responsabilidad, estadista y preocupado por su país se expone a un riesgo tan innecesario como es abrir el debate de la unidad territorial. Tampoco ningún estado serio, fuerte y con visión de futuro está dispuesto a la apertura de disputas territoriales. Piensen en Francia, EEUU, Alemania o Rusia. Quienes aplauden desde las terminales mediáticas de la izquierda el pacto del PSOE, con Podemos, ERC, Bildu y el PNV aseguran que es absolutamente legal. Por ahora. El acuerdo llevado a cabo no es el final, sino el comienzo de una hoja de ruta emprendida por los negacionistas de España para debilitar su integridad territorial cada vez más.

“Sic volo, sic iubeo” (esto quiero, esto ordeno) es la exigencia de la claque de Pedro Sánchez en la nueva legislatura, al igual que aducían los dictadores romanos tras la caída del sistema político precedente. Precisamente en la historia de la antigua Roma el estado anterior a la dictadura fue caracterizado por el desprestigio hacia las instituciones y la convivencia pacífica de todos sus individuos, el mismo hacia el que han puesto su mira los 13 diputados independentistas de ERC, los 6 del PNV y los 5 de Bildu.

En su libro “El fracaso de una misión” que el diplomático británico en la Alemania nazi, Sir Neville Henderson, escribió para congraciarse con su propia frustación que supuso no haber podido detener el horror nazi explicaba que negociar con Hitler no servía para nada porque cada fase parecía la última hasta que avanzaba hacia la siguiente. Después de reclamar Austria, la autonomía no fue suficiente. Tan pronto como fue así, se reclamó la incorporación de los Sudetes al Reich. Cuando la obtuvo tampoco fue suficiente.

Los independentistas y resto de negacionistas de España son igual de insaciables. Siempre apelarán a su propia causa y no verán nunca ninguna opción que no sea la suya. De hecho, ERC no renuncia a la vía unilateral de independencia. Pedro Sánchez hubiera sido más sabio y demostrado altura política si en lugar de aceptar que los separatistas asienten su dominio en la política española, hubiera aceptado el verdadero desafío al que se enfrenta nuestro país y hubiese buscado un gobierno de concentración como el de Alemania con el principal partido de la oposición. La obligación de Pedro Sánchez es trabajar en favor de todos los españoles y no convertir su mandato en un problema para la convivencia de todos los españoles a través de la misma pantomima que se gestó hace 80 años y de infausto recuerdo.

Investidura Pedro Sánchez
Sánchez reparte más de 3.500 millones en 24 horas para asegurarse el respaldo de 4 diputados decisivos
Pedro Sánchez logra los apoyos para salir investido en segunda votación tras una jornada maratoniana de negociaciones con los partidos regionalistas
Luz Sela okdiario 4 Enero 2020

La negociación exprés de Pedro Sánchez con los partidos minoritarios para asegurar su investidura supondrá para todos los españoles un gasto superior a los 3.500 millones de euros.

El PSOE ató este viernes el voto afirmativo de Nueva Canarias, Compromís, Teruel Existe y BNG a cambio de financiación e inversiones en infraestructuras y dependencia, además de medidas específicas y orientadas a cada uno de los territorios.

Teruel Existe
Los regionalistas turolenses, con un diputado, han asegurado que el Gobierno paralice el cierre de las taquillas de venta de billetes de tren en 142 estaciones con poca afluencia o extender la banda ancha por toda la región. Sánchez ha asumido buena parte de sus principales medidas de programa, como en lo relativo a las cuatro infraestructuras pendientes: los ejes de carreteras de la A-68, A-40 y A-25 así como el corredor de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. La inversión ascendería a más de 800 millones de euros.

"Es un acuerdo positivo para la provincia de Teruel, que es el objetivo que nos ha guiado en toda esta negociación", celebró el diputado de la formación, Tomás Guitarte, que explicó que el documento hace hincapié en “el pacto de Estado por el reequilibrio territorial y la repoblación”.

Guitarte explicó que su agrupación de electores apoyará a Pedro Sánchez por “responsabilidad institucional” y al ver que el acuerdo alcanzado “se ciñe” a su programa electoral y consideró que el pacto entre ERC y el PSOE "cumple con la Constitución", pese a que admite abordar el referéndum de autodeterminación en la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, además de una consulta a la ciudadanía sobre los acuerdos alcanzados.

Compromís
El acuerdo con Compromís garantiza a Sánchez que el diputado de la formación, Joan Baldoví, vote a favor de su investidura. El pacto con la formación valenciana supone un importante desembolso, cercano a los 1.500 millones de euros.

Por un lado, los socialistas se han comprometido a cumplir, a través de los Presupuestos Generales del Estado, con la cláusula de inversiones territorializadas introducida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y que supondrá unos 1.190 millones de euros.

Además, se asume la financiación, a lo largo de la legislatura, del 50% que debe aportar la Administración General del Estado a las comunidades en dependencia, que se calcula en unos 169 millones en el caso valenciano.

El PSOE se ha comprometido también a que "al mes siguiente a la investidura" se dotará presupuestariamente la parte que corresponde a la Administración del Estado para pagar la anualidad de la deuda del Consorcio Valencia 2007, que supone 373 millones de euros.

Compromís ha arrancado además a Pedro Sánchez otra de sus reclamaciones históricas: la defensa de la agricultura valenciana en los Tratados de Libre Comercio, de forma que el Ejecutivo socialista analizará el impacto antes de su ratificación. Además, el Gobierno en funciones asegura que "habilitará eventualmente compensaciones económicas suficientes y ágiles que mitiguen las eventuales pérdidas ocasionadas en las campañas de cítricos" en el caso de que "los mecanismos europeos resultaran insuficientes".

En el acuerdo, Sánchez asegura además que, en los ocho primeros meses tras la investidura, presentará una propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica "mediante el cual se garantice una financiación justa y constitucional para los valencianos y valencianas".

"Es una buena noticia que empecemos a hablar y que seamos capaces de mostrar a la derecha que se puede gobernar como se gobierna por ejemplo en la Comunidad Valenciana", dijo Baldoví.

Nueva Canarias
Las inversiones en infraestructuras del acuerdo con Nueva Canarias ascienden a 1.000 millones de euros únicamente en el convenio de carreteras, una de sus demandas prioritarias.

El presidente del partido, Román Rodríguez, señaló que el acuerdo firmado es "Importante y suficiente" y defendió "romper el bloqueo político" en favor de la "estabilidad a cambio de una agenda canaria", que incluye además el compromiso de que los recursos contemplados en el régimen fiscal especial para Canarias no cuenten en el reparto de fondos de la financiación autonómica y defender la singularidad canaria en el nuevo periodo presupuestario europeo.

El acuerdo permitirá recuperar los 500 millones del Convenio de Carreteras, y también los 440 millones de lo conveniado y no ejecutado, y los 60 millones pendientes de la adenda de 101 millones de 2017.

BNG
El pacto con el partido gallego recoge medidas como "avanzar en el autogobierno" a través de la cesión de las competencias recogidas en el Estatuto de Galicia, además de impulsar "las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de los sentimientos nacionales de pertenencia". El BNG también arranca a Pedro Sánchez que, ante "cualquier modificación de la estructura del Estado", Galicia mantendrá "el mismo estatus" que Cataluña y el País Vasco.

En cuanto a las inversiones, el socialista se compromete a "modernizar la red interior ferroviaria gallega" o actuar sobre la red ferroviari de mercancías o impulsar el saneamiento de las Rías Gallegas, que movilizará 24 millones de euros de los Presupuestos.

Los nacionalistas gallegos también consiguen reforzar la "normalización del uso del gallego en la administración periférica del Estado y en la administración de Justicia, así como el respeto a la toponimia gallega" o "recuperar horas de emisión de los medios de comunicación públicos etatales para Galicia y en la lengua gallega".

Las sumas de la investidura
Con estos acuerdos, previo desembolso, Sánchez se asegura 167 escaños (120 del PSOE, 35 de Unidas Podemos, 6 del PNV, 2 de Más País, 1 de Compromís, 1 de Nueva Canarias, 1 de Teruel Existe y 1 del BNG).

El bloque del ‘no’ suma 164 diputados (88 del PP, 52 de Vox, 10 de Ciudadanos, 8 de Junts per Catalunya, 2 de la CUP, 2 de Unión del Pueblo Navarro (UPN), 1 de Foro Asturias y otro del PRC)

Además, otros 19 diputados se abstendrán: los 13 de ERC, los 5 de Bildu y la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas.

De esta forma, el socialista saldría investido en segunda votación, en la que precisa de una mayoría simple, es decir, más ‘síes’ que ‘noes’.

Sánchez tiene miedo
La inhabilitación de Torra como diputado catalán y la de Junqueras como eurodiputado, ambas acordadas por la Junta Electoral Central, convierten en agónica la investidura
José Antonio Zarzalejos elconfidencial 4 Enero 2020

El silencio de Pedro Sánchez ante los medios de comunicación, su callada por respuesta a las exigibles reclamaciones de explicación de los pactos que ha suscrito para lograr su investidura, sugiere que el presidente 'in pectore' tiene miedo a enfrentarse a los periodistas porque, por inanes que fueran sus preguntas (que no lo serían), el secretario general del PSOE no dispondría de contestaciones convincentes. Callar es evitarse una traición a sí mismo, pero también, como escribió Miguel de Unamuno, la "peor mentira".

Los muchos miedos de Pedro Sánchez ya los confesó entre abril y noviembre del pasado año. Le producían insomnio Iglesias y Unidas Podemos en el Consejo de Ministros y le resultaba inaceptable apoyarse para gobernar en los independentistas. La crisis de Cataluña era de "convivencia" pero no un "conflicto político" y el presidente de la Generalitat era Le Pen en España, mientras se comprometía a repatriar a su predecesor huido en Waterloo. Pese a su acreditada inconsecuencia, el líder socialista no puede comparecer ante los medios para ofrecer una versión aceptable de la pésima gestión de los pactos para su investidura y, sobre todo, de la alteración radical de sus criterios y opiniones.

La temeridad de hacer depender la presidencia del Gobierno de España —más allá de que deba dialogarse con ellos— de los secesionistas catalanes le estalló este viernes por la tarde en el rostro al secretario general del PSOE. La Junta Electoral Central, contrariando las previsiones, acordó por una mayoría exigua, inhabilitar a Quim Torra como diputado autonómico catalán (lo que conllevará la pérdida de la presidencia de la Generalitat cuando se notifique la decisión) al estar condenado por desobediencia, un delito contra las Administraciones Públicas, que autoriza a la JEC a retirarle la credencial parlamentaria según el artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En la misma sesión, el máximo órgano de la administración electoral acordó comunicar a Bruselas que también Oriol Junqueras está inhabilitado y no ha adquirido la condición de europarlamentario. Sánchez, en crisis de ansiedad, una manifestación patológica de la sensación de temor.

Por lo demás, si la investidura no se tuerce por las decisiones de la JEC, el socialista va a presidir —como él se temía— dos gobiernos. Lo acredita el hecho de que se hayan constituido dos mesas de seguimiento del pacto con Unidas Podemos que no es el central de la legislatura, sino un guion hiperbólico de propósitos (buenos, malos y regulares, a gusto de cada cual) para los que tanto el PSOE como los populistas carecen de mayoría a efectos de su materialización. Los auténticos pactos de legislatura —en lo que dure— son los suscritos con el PNV y con ERC que, curiosamente, no se han sometido a la aprobación de la militancia, sin que tampoco Sánchez haya explicado esta omisión. En los próximos tiempos, la estabilidad del Ejecutivo dependerá del cumplimiento de los compromisos que haya asumido con los republicanos y los peneuvistas, entre los que no se encuentra el de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, un dato que acredita el puntual apoyo a la investidura y, al mismo tiempo, el renuente a la legislatura.

El acuerdo con ERC es tan precario como leonino (y, además, improbable tras lo sucedido este viernes) y no debería olvidarse que no ha sido suscrito por Unidas Podemos. Impone al futuro Gobierno una deconstrucción del Estado en su modelo territorial y le fuerza a una aventura tanto política como jurídica que de forma inevitable le llevará, si vuelve a capotar a las exigencias del partido de Junqueras del mismo modo que acaba de hacerlo, a colisionar con la Constitución y el Estatuto catalán. No hay que descartar que Sánchez haga de la necesidad virtud y que al orillar la Carta Magna se perciba como el gran actor constituyente que supere el sistema político-institucional de la Transición, que es la intención explícita de Unidas Podemos.

Aunque mucho más mercantil, el pacto (otro más) con el PNV insiste también en la deconstrucción del modelo de Estado constitucional al prever la aceptación de un nuevo Estatuto vasco que incorporará el derecho a decidir y que, de nuevo, trata de que Euskadi sea reconocida como una nación, no ya cultural, o lingüística, o histórica, sino política, en línea con la pretensión del independentismo catalán que se refuerza con la izquierda abertzale radical del inmarcesible Otegui que prestará la abstención de sus cinco diputados para que Sánchez siga alojado en la Moncloa por un tiempo más, a la vez que confraterniza con los de Junqueras.

En este punto, la derecha española —y entiendo por tal al PP y a lo que queda de Ciudadanos (100 escaños)— debe enfrentarse a una situación endiablada. Que lo es la que constituye esta agrupación de partidos que apoyarán a Sánchez y que son desafectos a la Constitución desde posiciones de izquierda. Pero sin desatender el enorme peligro de Vox al que Sánchez y sus socios han creado el ecosistema político y social más favorable para su desenvolvimiento y desarrollo, sin restar ni un ápice las responsabilidades que en su crecimiento feraz ha tenido la propia derecha a la que ahora también amenaza. Si en esos partidos hubiese una micra de audacia política, con la situación creada en la tarde de este viernes tras las decisiones de la Junta Electoral Central, la historia de la investidura de Sánchez podría acabar de manera diferente a como esta(ba) prevista.

El plan de Sánchez: forzar al Constitucional a cambiar su doctrina para permitir un referéndum catalán
Carlos Cuesta okdiario 4 Enero 2020

Pedro Sánchez se ha comprometido con ERC a dar cabida a un referéndum separatista. El reto es básicamente imposible de materializar de manera frontal y visible, por lo que su gabinete ya ha empezado a fraguar la manera de esconder el objetivo final. La forma que planea Sánchez para complacer a ERC sin topar con la Constitución es doble: la primera, buscar una pregunta para el referéndum que no implique abiertamente un desafío a la unidad de España o a la Carta Magna pero sí permita conocer el respaldo a la independencia de Cataluña. La segunda pasa por forzar al Tribunal Constitucional a aceptar de hecho una consulta que bordee o incluso rebase la esencia constitucional.

El documento firmado entre el PSOE y ERC como base del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez recoge que “deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana”. No del conjunto de España, que es donde reside la soberanía nacional, tal y como lo plasma la Constitución. Sólo de Cataluña. Pero esa afirmación, tal cual, supone violar las bases más básicas de la Carta Magna al excluir de sus derecho de elección a todos los españoles no catalanes.

Por eso, el pacto entre las dos formaciones añade que “en este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”.

El párrafo no menciona la Constitución de forma intencionada. Pero sí una supuesta y venidera nueva fórmula que pueda “preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Esa nueva fórmula podría regularse de manera frontal y transparente, pero exigiría un cambio constitucional que reclamaría el pronunciamiento de todo el pueblo español. O hacerse por la vía de forzar la Constitución y presionar al Tribunal Constitucional para que lo aceptase. Esta segunda vía es la elegida.

Una consulta sólo en Cataluña
Hay que recordar que, hasta el momento, el Tribunal Constitucional ha tumbado todos los intentos de impulsar este tipo de referéndums en Cataluña. Sobre la independencia o sobre otras cuestiones. Lo hizo cuando pretendió avanzar en esta dirección la ley de consultas del tripartito y también cuando lo impulsaron CiU y ERC en materia “consultas no referendarias”. Y lo hizo igualmente tumbando las normas que preparaban el terreno para el referéndum del 9-N y del 1-O.

Ahora PSOE y ERC han pactado que las conclusiones de sus negociaciones sean sometidas a un referéndum, sin precisar cuál será la pregunta concreta que se trasladará a los votantes. Pero tendrán que retorcer la doctrina del TC, que prohíbe abiertamente los referéndums autonómicos, lo mismo si son convocados por la Generalitat –el Gobierno tiene las competencias exclusivas en cuanto a la regulación y convocatoria de referéndums– como si la iniciativa parte de Moncloa pero pretende que sólo voten los catalanes. En la sentencia contra el 1-O, el Constitucional destacó que el artículo 92 de la Constitución exige que se pregunte a "todos los españoles".

Por ello, el pacto entre el PSOE y ERC esconde un compromiso oculto basado en llevar al máximo la redacción del acuerdo y posteriormente incrementar la presión sobre los magistrados del Constitucional para lograr que acepten al menos parte de los acuerdos sometidos a referéndum y el propio referéndum.

Juicio del 'procés'
El Supremo resiste la presión de la Abogacía del Estado: se inclina por que Junqueras no sea diputado
Considera que la tesis de los letrados públicos sólo tendría sentido si se anulase la sentencia condenatoria de Junqueras
María Jamardo okdiario 4 Enero 2020

El ‘gesto’ de Pedro Sánchez a ERC a través de la Abogacía del Estado no convence al Supremo. El Alto Tribunal decidirá sobre la inmunidad de Oriol Junqueras alejado de la tesis de los letrados públicos que solicitan que el líder de los republicanos catalanes pueda ejercer como diputado con plenas facultades políticas hasta que la Eurocámara levante su inmunidad. La Sala Segunda considera que al existir una condena firme sobre Junqueras, donde se incluye su inhabilitación absoluta durante 13 años, no es jurídicamente posible que adquiera la condición de parlamentario que el propio Supremo le ha retirado.

Fuentes jurídicas apuntan a OKDIARIO que la mayoría de los magistrados del tribunal entiende que la sentencia por la que condenaron a Junqueras por sedición, en concurso medial con malversación, lo impide.

Sólo en el caso de que se anulase la misma cabría la posibilidad de que Junqueras recuperase unos derechos que ya ha perdido. Las mismas fuentes señalan que el Supremo descartará declarar la nulidad de su propio fallo y todo apunta a que será por unanimidad.

La tesis mayoritaria de la Sala Segunda del Alto Tribunal es que la resolución del TJUE que reconoció la inmunidad de Junqueras desde su elección no hace referencia, en ningún caso, a la toma de posesión de un Europarlamentario que ya ha sido condenado en firme. Además, y dado que la posición de los magistrados es que no procede anular su sentencia, tampoco es posible restituir al líder de ERC unos derechos que ha perdido de manera absoluta durante todo el tiempo que dure la condena.

La clave: la prisión provisional a la que se refieren los apartados 30 y 93 y la conclusión segunda del fallo de la Gran Sala de Luxemburgo. Una situación que nada tiene que ver con la actual de Junqueras, y el resto de condenados, quienes cumplen en cárceles catalanas las penas impuestas por una decisión “firme y ejecutiva” del Supremo.

Por ello, y pese a la polémica suscitada tras la decisión europea que reconoció que Oriol Junqueras tenía inmunidad parlamentaria una vez proclamada su elección en los comicios para el Parlamento de la Unión Europea del pasado 26 de mayo -y a pesar de la posición fijada por la Abogacía del Estado al respecto- el Alto Tribunal tiene claro que nada en ella afecta al fondo de su fallo.

Aunque la inmunidad del ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña fue reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dicho pronunciamiento técnico y consultivo no invalidará la ejecución del fallo del Alto Tribunal español. Nada se refiere a la retroactividad de la misma ni a que su adquisición justifique la impunidad de Junqueras frente a unos hechos que tuvieron lugar antes de su elección.

La Sala Segunda se inclina por manifestarse en este sentido y ratificar que Junqueras fue declarado culpable y condenado a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Motivo por el que la Eurocámara, previo suplicatorio, debería suspender al de ERC, de inmediato, en sus funciones sin que, como pide la Abogacía del Estado, deba adquirir ninguna otra condición.

Junta Electoral Central
Además, la decisión adoptada este viernes por la Junta Electoral Central que declaró la inhabilitación inmediata de Junqueras como eurodiputado, allana el camino al Supremo en su futuro pronunciamiento sobre el alcance de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró la inmunidad de Junqueras. El Alto Tribunal español tiene pendiente decidir si desde que el líder de ERC resultó elegido diputado europeo el pasado 26 de mayo de 2019, y fue proclamado cargo electo el 13 de junio, adquirió una condición que afectaba a su situación procesal como condenado.

Con el pronunciamiento previo de la Junta Electoral Central que -en el mismo pleno hacía también pública su decisión de destituir a Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña, de manera inmediata y sin esperar a la sentencia firme- el Alto Tribunal cuenta con un nuevo argumento contrario a la petición de la Abogacía del Estado sobre el líder de los republicanos catalanes.

Sánchez, rehén de condenados, fugados e inhabilitados
Editorial El Mundo 4 Enero 2020

La inhabilitación de Torra y Junqueras complica la investidura de Pedro Sánchez

El Congreso de los Diputados acoge este sábado, en fin de semana y en vísperas de la festividad de Reyes, la primera sesión del Pleno de investidura de Pedro Sánchez. A diferencia de las dos anteriores ocasiones en las que fracasó, el líder del PSOE tiene a su alcance ahormar una pírrica mayoría parlamentaria tras inclinarse ante Podemos y una suma de formaciones minoritarias entre las que se incluyen apoyos disolventes para la soberanía nacional como ERC o los proetarras de Bildu. El precio para atar la investidura supone un peaje oneroso. El PSOE rompe el bloque constitucionalista, erosiona el pacto del 78 y legitima el marco impuesto por los separatistas. Y ello coincidiendo con dos decisiones de la Junta Electoral Central (JEC). Tanto la inhabilitación de Quim Torra de su condición de diputado -lo que comporta su cese como presidente de la Generalitat- como de Oriol Junqueras -la JEC no le tramita la credencial de eurodiputado y le arrebata la inmunidad- revisten consecuencias imprevisibles. En todo caso, incrementa la presión a ERC antes de la investidura y acentúa la debilidad de la coalición que gobernará España.

Después de su inhabilitación -adoptada con seis votos particulares-, Torra ratificó su desafío retirando durante unos instantes la bandera de España del Palacio de la Generalitat, asegurando que "solo el Parlament" le puede destituir y convocando un Pleno para este sábado para reafirmarse como president en el que Esquerra buscará arrastrar al PSC. El valido de Puigdemont fue condenado por el Tribunal de Justicia de Cataluña por desobedecer las órdenes para retirar los lazos amarillos en periodo electoral. En todo caso, el que ahora será flanco de la presión separatista es ERC, que este sábado reúne de urgencia a su ejecutiva. El partido de Junqueras se enfrenta a la disyuntiva de mantener el respaldo a la investidura, y ello en un contexto en el que Torra dispondrá de un margen de tiempo -hasta que reciba la notificación oficial de su inhabilitación- para adelantar los comicios en Cataluña.

Desde el punto de vista institucional, lo lacerante es que Sánchez haya colocado la formación de Gobierno al albur de la situación procesal de dirigentes que siguen en la insurrección. Cuando el candidato socialista intentó, tras las generales de diciembre de 2015, perpetrar la hoja de ruta que ahora está a punto de consumar, Rubalcaba advirtió del riesgo no solo para el PSOE sino para toda España de abrir una negociación con partidos que enarbolan el derecho de autodeterminación. Los barones frenaron entonces una operación que ahora van a permitir por falta de coraje o de peso orgánico en una dirección federal rendida al sanchismo. Apenas medio año después de alertar del riesgo de un Gobierno del insomnio, Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas sin mostrar apenas escrúpulos. Ala izquierda radical, le ha concedido un programa económico que contiene un preocupante alza fiscal y un disparatado incremento del gasto público. Y a los regionalistas -excepto a Revilla, al que el PSOE planea castigar en represalia por su rechazo a la investidura- les ha prometido una retahíla de cuantiosas inversiones. Sin embargo, las cesiones más graves para el conjunto de la ciudadanía española son las firmadas al independentismo. Hasta ahora, todos los candidatos que, estando en minoría, han necesitado apoyarse en fuerzas nacionalistas, lo han hecho a cambio de ensanchar el autogobierno de Cataluña o el País Vasco. El salto que da Sánchez es el de abrirse a reformar la estructura territorial de España -tal como consta en el documento suscrito con el PNV- y a habilitar una mesa bilateral extraparlamentaria entre el Gobierno y la Generalitat, cuyos acuerdos se someterán a un referéndum en el que solo decidirán los catalanes. Ningún candidato a la Presidencia del Gobierno llegó tan lejos.

El ardid del PSOE es que, sentándose a dialogar con los coautores del procés, éstos abandonarán sus posiciones maximalistas para asumir un papel en clave de gobernabilidad. Lo cierto es que Sánchez, con una opacidad impropia en una democracia, acepta una consulta no prevista en el ordenamiento jurídico actual. Y cabe subrayar que la voluntad de ERC es negociar la autodeterminación.

Sánchez llega a la sesión de hoy sin explicar sus acuerdos con el secesionismo, lo que supone una dejación flagrante de su deber de exponer con claridad su programa de gobierno. Tanto él como Iglesias defenderán el carácter "progresista" de la coalición entre PSOE y Podemos. Lo cierto es que los pilares del nuevo Gobierno pivotan sobre reivindicaciones identitarias, privilegios económicos y un aumento inquietante de la desigualdad entre territorios. Más que progresista, lo que está a punto de alumbrarse es un Ejecutivo débil y reaccionario. Y sometido a los dictados de dirigente sececionistas condenados, fugados e inhabilitados.

Iniciativas para frenar a un presidente alevoso
Sánchez paga el apoyo de Bildu a la investidura: le da las instituciones y el dinero que exige en Navarra
Carlos Dávila okdiario 4 Enero 2020

En estas horas en la que comienza la investidura más procaz de presidente alguno, la coincidencia general en los escasos miembros de la sociedad civil que contemplan con horror lo que va a ocurrir en el Parlamento español, es ésta que transcribo de uno de estos relatores que prepara un manifiesto global para remover las conciencias de los españoles. Dice: "No nos damos cuenta; estamos apuntando con nuestras luces cortas y no recaemos en los que se nos viene encima. Lo que está culminando Pedro Sánchez en estos crueles días de enero es un proceso que comienza muy lejos, allá por 1996 cuando la derecha -a la que el PSOE consideraba muertas para siempre- ganó las elecciones". José Manuel Garcia Margallo, ex-ministro de Exteriores, y uno de los más lúcidos analistas de este desarrollo, lo cuenta también así: "El PSOE, que siempre ha tenido indudables tentaciones totalitarias, se introdujo por entonces, victoria de Aznar, en un cambio histórico; abandonó la socialdemocracia blanda que ya no ganaba, y cultivó a los movimientos entonces minoritarios como el ecologismo, el feminismo, la memoria histórica, nacionalismos periféricos…" y "luego -continúa- se lanzó, ya en tiempos de Zapatero y sin ningún disimulo, al acercamiento con los independentistas vascos, catalanes y gallegos. No era una idea original suya, era una copia exacta de lo que Lenin hizo en la vieja Rusia: convirtió la Nación en un Estado plurinacional vertebrado únicamente por el partido".

El "proceso" que ahora "casi" termina (veremos cuáles son los siguientes episodios) se ha decantado con el bochornoso acuerdo entre Sánchez y Junqueras para, incluso, asentar al más puro "estilo soviet", comités de vigilancia para fiscalizar los acuerdos de Gobierno. Lo de menos es el término que hallen para dirigirse SOLO a los catalanes. A este respecto, un antiguo miembro del Tribunal Constitucional, auténticamente espantado por lo que está sucediendo, recuerda a este cronista: "En noviembre de 2014 en el Tribunal anulamos aquel simulacro de consulta que pretendía Artur Mas, éste modificó el nombre y le denominó de forma eufemística, ‘proceso participativo’; ahora ya ni siquiera se molestan en ocultar que se trata de un referéndum".

El Partido Popular -más activo de lo que parece- estudia quizá en estos días un recurso ante el mencionado Constitucional del acuerdo entre PSOE y ERC, pero, al parecer, tal recurso no podría prosperar porque el acuerdo es entre partidos y no gobiernos. Esa es la clave. Pedro Sánchez tiene perfectamente acrisolado el procedimiento para consumar su traición. Por tanto, ¿qué otras iniciativas caben para parar a este individuo felón? Pues existen tres que se barajan, todavía de forma especulativa: un manifiesto muy extenso y riguroso de constituyentes que pueda movilizar las conciencias hibernadas de la sociedad civil española; un intento de aplicación del Articulo 102 de la Constitución que inscribe la acusación, por traición al presidente de Gobierno; y, en tercer lugar, y casi a la desesperada, un llamamiento a la desobediencia civil que, en principio y desde luego, no estaría apoyado por los tres partidos del centro y la derecha españoles, incluido VOX.

La situación, en el mismo día en que se reafirma la alternativa parlamentaria de Sánchez, parece insoportable. Este lunes, Felipe VI se reúne con la Milicia más importante para celebrar una Pascua que debe ser trascendente. Se espera -quizá con escasa información- que el Rey, en su tradicional discurso, vaya un poco más allá de lo que lo hizo hace un año cuando, acogiéndose a la conmemoración del 175 aniversario de la bandera nacional, advirtió: "Una bandera, regulada en el Artículo 4 de la Constitución, que simboliza al conjunto de nuestra Nación, que es signo de su soberanía e independencia, de su unidad e integridad". Una mención como esta en este lunes desautorizaría absolutamente la voladura de España que está realizando Sánchez. Son mucho los militares que, de modo incógnito, suscriben las recientes palabras del teniente general Coll pero, como la mayoría del pueblo español, permanecen en silencio. El mencionado magistrado del Constitucional explica: "En el 31 España se acostó monárquica y se levantó republicana; ahora puede que se acueste siendo una Nación y se levante siendo un batiburrillo de taifas". Esto es lo que precisamente desea Sánchez.

¿La ley por sí sola no basta?
Sánchez se ve presidente y trufó toda su intervención de gestos y expresiones que le han sido impuestas por el separatismo catalán como condición para avalarle
Manuel Marín ABC 4 Enero 2020

Pedro Sánchez ha desgranado el discurso radical que se esperaba del que probablemente será el primer Gobierno de coalición social-comunista de nuestra democracia. Sánchez ha subido a la tribuna sin ofrecer síntomas de que las decisiones de la Junta Electoral Central contra Joaquim Torra y Oriol Junqueras vayan a frustrar el martes su investidura. De hecho, sólo podría hacerlo una convulsión en las calles de Cataluña que hiciera rectificar a ERC. Pero de momento Sánchez se ve presidente y trufó toda su intervención de gestos y expresiones que le han sido impuestas por el separatismo catalán como condición para avalarle.

Sánchez ha dicho taxativamente que para resolver el «conflicto de Cataluña», «la ley por sí sola no basta». Preocupante, porque lo que encierra esa frase da lugar a interpretaciones que pongan en jaque la legitimidad de las instituciones en el Estado de Derecho. Por ejemplo, los Tribunales, a los que conviene sacar de la ecuación para que no interfieran con la aplicación de las leyes en la resolución de ese «conflicto».

El mecanismo mental de Sánchez es sencillo. Hay sentimientos independentistas y sentimientos de agravio respecto al resto de territorios españoles. Y como existe ese sentimiento, la ley no es la única solución. Pero no aclara cuál es la alternativa más allá de pactar con presos, huidos y partidos que quieren derogar la Constitución. ¿Pretende decir Sánchez que como la ley no basta, se la puede bordear, rodear o saltar? ¿Quiere decir que si es insuficiente, hay que buscar mecanismos al margen de la ley? Su primera aportación al debate territorial del PSOE, partido a cuyos críticos ha recordado que solo lo dirige él, es que los sentimientos pueden situarse por encima de la ley, y que en virtud de las emociones se pueden aprobar leyes «ad hoc» que satisfagan al independentismo.

La segunda aportación discutible de su discurso ha sido la justificación de «cordones sanitarios» ideológicos, en clara referencia a Vox y a la derecha, pero no en alusión a ERC, PDeCAT, CUP o Bildu. Es un salto cualitativo en el discurso de Sánchez. Y no por sorprendente, sino porque refleja hasta qué punto depende del separatismo para poder ser presidente del Gobierno. Sánchez no habla desde los 120 escaños que tiene, sino desde la soberbia de quien cree tener 180. Por eso se permite sostener la idea de que el extremismo no es exigir la independencia de una parte del territorio, sino negarse a aceptarlo. Y por eso ha añadido que, pese a lo que sostiene textualmente la Constitución, «no existe un único modo de vivir la identidad nacional».

Sánchez ha decidido que la Constitución no tiene topes, no tiene líneas rojas, y que los Tribunales no se las señalen. Por eso no ha podido explicar con transparencia ni su acuerdo con ERC, que sigue absolutamente oculto tras un discurso de hora y media, y por eso no se sabe todavía en qué ha cedido el partido de Junqueras. Se sabe en qué ha claudicado el PSOE, pero no qué ha perdido ERC en la negociación. Porque probablemente no haya perdido nada. Sánchez parece tener garantizada la investidura. Pero no la gobernabilidad.

Por ese motivo ni siquiera citó en su largo discurso a Torra, quien anoche mismo se declaró en rebeldía frente a la Junta Electoral Central. Ni una palabra sobre lo que tendrá que hacer su Gobierno si Torra persiste en su negativa a ser inhabilitado, ni una mínima defensa de los jueces o las instituciones que tengan que encargarse de ejecutar su destitución al frente de la Generalitat. Hablar durante más de diez minutos de Cataluña, de conflicto político, de mesas de diálogo bilateral, de pluralidad, sentimientos y agravios, y no citar a Torra en defensa de la Junta Electoral y de la propia legalidad retrata todo su discurso de investidura.

Mesa de diálogo
El problema catalán sólo se podrá resolver mediante lo que Aristóteles denomina «deliberación»
Juan Manuel de Prada ABC 4 Enero 2020

Hemos sostenido reiteradamente que la mera aplicación del barrizal positivista (llamado por los ingenuos «Estado de Derecho») no haría sino enconar el problema catalán. Pues el «Estado de derecho», al amparar las ideas separatistas, se convierte en su principal promotor y actúa como levadura de un grave problema político y social. Y luego, al considerar delictiva la realización de las ideas que antes ha promovido, el «Estado de derecho» exacerba todavía más dicho problema.

El problema catalán sólo se podrá resolver mediante lo que Aristóteles denomina «deliberación», que exige amistad entre las partes, unidad de mente y justicia política. Aplicada al problema catalán, la «deliberación» aristotélica exige que las partes sean leales entre sí; exige que reconozcan un «orden del ser» no sometido a «opiniones» cambiantes (en este caso, la existencia de una Cataluña distintiva, fundida con otros pueblos y naciones en una unidad política superior llamada España); y exige, en fin, determinar el mejor modo de que esa Cataluña distintiva se gobierne dentro de España. Pero los modernos han sustituido la deliberación aristotélica por el «diálogo», en el que no hay amistad entre las partes, que sólo miran taimadamente el modo de engañarse y timarse mutuamente; en el que tampoco hay unidad de mente, pues ninguna de las partes reconoce un «orden del ser», sino que buscan que prevalezcan sus opiniones fantasiosas o su mera voluntad de poder (como le sucede al doctor Sánchez, que no tiene otra opinión sino el apego a la poltrona); y en el que no hay, en fin, la «justicia política», pues cada parte no quiere lo que le corresponde, sino los cuernos de la luna.

En el delirante documento que registra el acuerdo entre el doctor Sánchez y los esquerranos leemos que se abre «una nueva etapa basada en el diálogo»; y que, para llevarla a cabo se crea una «Mesa de diálogo» cuyo contenido será «el diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas», que además tendrán «libertad de contenidos». Dejando aparte la logomaquia aturdidora, observaremos que aquí el diálogo ya no es (como ocurría en la deliberación aristotélica) un medio, sino un fin en sí mismo. Sólo importa que se hable de cualquier cosa, aunque las palabras conduzcan hacia callejones sin salida, aunque no conduzcan a ninguna parte, sino en todo caso al punto de partida (que, en el caso esquerrano es el fantasioso derecho de autodeterminación; y, en el caso del doctor Sánchez, un no-lugar anegado por el vacío).

El diálogo verdadero (la deliberación aristotélica) sólo es posible cuando existe un principio común que las partes aceptan. No existiendo tal, el diálogo deviene discusionismo kafkiano, o mero diálogo de besugos, porque quienes en él participan rechazarán inevitablemente toda razón construida sobre el principio de la otra parte, que repudian; o, en todo caso (si las partes carecen de principios), se alcanzará un acuerdo de conveniencia mutua, lo que a la larga es aún más nocivo que la falta de acuerdo, por mucho que se maquille de «consenso», pues se basa en la renuncia de los principios, disfrazada de «cesiones» parciales. Un diálogo, por ejemplo, entre alguien que sostiene que la tierra es redonda y otro que sostiene que la tierra es plana se resolvería, según las reglas del «consenso», aceptando ambas partes que la tierra tiene forma de pepino o consolador. Y esto es lo que ocurrirá con este diálogo impulsado por el doctor Sánchez, que dejará a Cataluña irreconocible, convertida en un pepino, y a España desgarrada y con unas tragaderas como Linda Lovelace. Supongo que en los planes del doctor Sánchez estará llevarlas luego a ambas a la sauna del suegro, para que se den cariño.

El acuerdo desvelado
Juan Carlos Girauta ABC 4 Enero 2020

Aparta el velo. Ajá. Lo sabíamos. Con el conflicto político se inyecta el veneno en el sistema. Son dos palabras que mienten por lo que encubren y por lo que insinúan. Encubren al responsable del conflicto, el Gobierno catalán, y su naturaleza: la convivencia se quebró. Además, insinúan que la enojosa Justicia está de sobra.

Inoculada la ponzoña, serán más explícitos respecto al tercer poder. En la lógica de los condenados, de los procesados huidos o no, de sus abogados y de sus fans, que quieran librarse de la Justicia porque lo suyo es «político» resulta comprensible. En unos, por evidente interés; en otros, que son legión, porque han sido instruidos sin saberlo en el decisionismo de Carl Schmitt. Aunque ello se traduzca -una vez pasada la teoría del Derecho por mil marchas con antorchas, por diez mil docentes y por cien mil patrañas de TV3- en algo de cariz más peregrino, sin fuerza argumentativa lejos de las barras de los bares. En la práctica sería más o menos esto: nuestros políticos son impunes; invocan una democracia superior; esa democracia, que es la verdadera, está por encima de la ley.

¿Demasiado chusco? Bueno, sí, claro, pero ahí está el acuerdo, no hay más que leerlo. Una vez definido el problema como conflicto político, reza el documento: «Como cualquier conflicto de esta naturaleza, solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo». ¡Bisturí!

El verbo resolver es mentiroso. Es demasiado profunda la herida infligida por el Ejecutivo separatista, sus medios, los partidos que lo sostienen, la ANC y Òmnium. Los detonantes hay que buscarlos en los hechos del Parlament de 6 y 7 de septiembre de 2017 (aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad, violando los derechos de la oposición), en el asedio a la Consejería de Economía del día 20 de ese mismo mes, y en el referéndum ilegal del 1 de octubre, que burló a los aparatos del Estado. La vicepresidenta del Gobierno, tras incontables conversaciones con Junqueras, negaba los hechos mientras en toda Cataluña se votaba un imposible en millares de urnas que escaparon al control policial y de inteligencia, con millones de papeletas que surgieron de la nada, y ante la pasividad de los Mossos.

Tales detonantes actuaron sobre un explosivo material intangible, el odio. Llevaba varias décadas destilándose y cinco años sirviéndose por barriles desde la Generalitat, que actuaba como un Estado dentro del Estado, como un Estado contra el Estado. De antiguo venía arrancándose Cataluña su condición de comunidad autónoma. Una vez hecha añicos la confianza mutua, la situación no se «resuelve». Se gestiona. Dentro de la ley y con paciencia. Transmitiendo de forma permanente, y sin excepciones, que la vía de los hechos consumados nunca triunfará en España. Metiendo en la cabeza de los golpistas y de su secta el mensaje de que deben abandonar toda esperanza. Exactamente lo contrario de lo que acaba de hacer el PSOE y de lo que va a hacer el próximo gobierno. Sigamos.

«Cauces democráticos» es una típica expresión que, en la semántica independentista asumida por los socialistas, transmite lo contrario de lo que entendemos cuantos no concebimos una democracia donde las reglas de juego constitucionales se modifiquen por vías diferentes a las que prevé la propia Constitución. De otro modo, estaríamos ante la canónica definición de golpe de Estado del jurista Hans Kelsen, el gran detractor de Schmitt.

¿Quieren pruebas de que en ese mundillo «cauces democráticos» significa cauces no democráticos? Están en cientos de declaraciones de los políticos y teóricos secesionistas («Con la ley o sin la ley», advirtió ya Artur Mas). Están en la frase recién transcrita del acuerdo, como enseguida revelará el bisturí:

«[El conflicto] solo puede resolverse (...) superando la judicialización del mismo». ¿Cómo demonios se desjudicializa (el palabro es tan tramposo que ni siquiera existe) lo judicializado? Eso lo entiende cualquiera, empezando por los firmantes. Me permitiré un abuso del prefijo a la altura del redactor del acuerdo:

Dado que nunca debió entrar la Justicia en este asunto, los condenados serán descondenados. De preferencia, vía amnistía, que borra el pasado. Magia. Pero es más que dudoso que con una Constitución que prohíbe los indultos generales quepa en España una amnistía. Aquí dirá una parte de la mesa de gobiernos que con buena voluntad todo se consigue, y siempre habrá algún Pérez Royo a mano. Si no, que se anule el juicio. Y en el caso de que la Justicia se resistiera, tírese de indultos. Para los procesados, archívense las causas. Y para que la desjudicialización se consolide, renunciará por supuesto el Gobierno a tal recurso en el futuro.

Pero, ¿qué pasa si los partidos de oposición, o quien fuere, se empeña en seguir judicializando lo desjudicializado? Pues que habrá que eliminar la figura de la acusación popular, por supuesto. Y con un poco de doctrina Botín por aquí, y otro poco de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por allá, las previsiones constitucionales se diluyen y quedan circunscritas a la institución del Jurado, y aquí paz y después gloria.

Desjudicializadas las cosillas que preocupan al secesionismo, a los sediciosos, los fugados y sus mariachis, la vía quedará expedita para desarrollar otro apartado del acuerdo, uno que nos adentrará en tierra ignota. En la mesa de gobiernos paritaria habrá un «diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas». Todas. Los socialistas se comprometen pues a debatir sobre el derecho de autodeterminación. Inútil argüir lo obvio: que ese derecho no asiste a Cataluña al no ser ni una colonia ni una minoría sometida a opresión, y que ninguna Constitución del mundo lo recoge, salvo la de Etiopía y la de San Cristóbal y Nieves.

Luego vendrá el referéndum de autodeterminación, o «consulta a la ciudadanía de Catalunya [sic]». Y así, la Constitución se modificará por vías distintas a las que ella prevé. Recordarán ustedes cómo llama a eso Kelsen. No es extraño que el acuerdo obvie la Carta Magna, papel mojado para los firmantes.

La suerte ya está echada
Gregorio Morán. vozpopuli  4 Enero 2020

Pedro Sánchez será presidente gracias a una derrota. La nuestra, la de todos aquellos que nos enfrentamos al nacionalismo, a la xenofobia y el supremacismo

Nos costó el aislamiento de los poderes dominantes cuando no que nos echaran de los lugares donde tratamos de defender con nuestros escritos la libertad y el derecho a expresarnos. Éramos –no me atrevo a decir somos- una mayoría a la que castigó el independentismo con todos los medios a su alcance, que son muchos. Ahora, tras presenciar el obsceno espectáculo de las negociaciones con Esquerra Republicana, podemos afirmar que la presidencia de Pedro Sánchez se ha construido con la condición implícita pero evidente de hacernos callar, y si es posible desaparecer, para que el triunfo de la vileza no desmaquille al protagonista. Ni información, ni periodistas, sólo él, única fuente de verdad fabricada a cada instante. Pedro Sánchez ha hecho de la política un chiringuito de comida a domicilio; lo que pida el cliente de turno; calentar, llevar y cobrar.

Las prisas son el resultado de la ambición patológica. Si hay que matar debe hacerse rápido para que el siguiente crimen tape al anterior y la gente acabe por acostumbrarse. Las muertes lentas tienen objetivos cortos. Los grandes crímenes políticos hay que hacerlos sin anestesia, a tajo abierto y sin preocuparse por la estética. Estamos presenciando los modos de un criminal político muy superior a lo que ya teníamos conocido. Es mentiroso compulsivo, constructor de un falso currículo hecho de humo y mierda, capaz de decir por la mañana lo contrario que por la tarde y erguir la jeta de piedra marmolea allí donde sólo hay cartón piedra. Pero ya lo ven, hay gente que cree en él como podría hacerlo en la Virgen de Fátima, porque está allí y además aseguran que hace milagros. Cada milagro de Sánchez humilla al creyente. Bastaría con la última convocatoria electoral; se lo puso más difícil a sí mismo y acabó echándole la culpa a la derecha, anodina y desnortada ante la desfachatez de este embaucador con pretensiones.

Están crujiendo las instituciones. Los tribunales se cimbrean y la Constitución ha entrado en la UVI. Hay un nuevo lenguaje que se parece a la neolengua de Orwell donde cada expresión significa lo contrario de lo que describe. El intento de golpe con barretina del nacionalismo se dice ahora conflicto político y la Constitución se denomina marco legal: dicen sus voceros que para no herir susceptibilidades, cuando de lo que se trata es de hacer como si no hubiera ocurrido. A Pedro Sánchez le gustaría que todo se diluyera ante su arrebatado ascenso mientras que los delincuentes con los que negocia aseguran que lo volverán a hacer a la primera oportunidad. Mal asunto cuando es el aspirante a presidente quien hace oídos sordos a las intenciones de sus avaladores. Eso es señal de que estamos en una negociación desigual en la que los papeles se han invertido. Por palabras que no quede. Nadie tiene el desparpajo y la desvergüenza de Pedro Sánchez con el léxico. Y lo curioso es que tampoco nadie puede reprochárselo porque no le da ni la oportunidad. Rajoy era un presidente indolente ante todo, incluida la información; Sánchez es un obseso en instrumentalizarla, no necesita escucharla ni que se le pregunte. Está para servirle, que por eso él es presidente y los demás plumillas.

El historiador de mañana se quedará perplejo ante la baratija de palabras de hoy. Confieso el rubor ajeno que sentí al escuchar a Pablo Iglesias su recital de agradecimientos al detestado Sánchez; quizá no estaba en el guion, de ahí que el presidente en funciones hiciera algo parecido a un amago de elogio a ese socio que ayer le quitaba el sueño. Es una lástima que las televisiones apenas lo recogieran y los periódicos ni siquiera lo transcribieran. Valía oro de chamarilero porque se festejaban su acuerdo de Gobierno, el que presentaban al público cándido; el fetén nos lo burlaron según costumbre.

A diferencia de Sánchez, que siempre está igual a sí mismo, sorprendía el rápido proceso de envejecimiento de Iglesias. En menos de cinco años se ha vuelto irreconocible, quizá porque ha perdido la credibilidad y repite sus mantras con la dejadez del empleado con contrato fijo. Pase lo que pase él ya tiene un futuro asegurado. Toda una lección para el precariado. Porque en política no pesan tanto los años como el deterioro de las vísceras; el hígado se hace sentir por la insistencia en tragaderas y el estómago se resiente de tantos sapos que digerir. También los hijos, la familia y los amigos a los que se debe alimentar con la misma seguridad con la que se vanaglorió antaño. Pero no es lo mismo ser vasallo, consciente de que te apearán a la primera oportunidad. De ahí los elogios desmedidos a un patrón como Sánchez, que exige obediencia y mudez y no comparte beneficios.

La neolengua de Sánchez que patrocinan sus edecanes está llena de supuestos hallazgos lingüísticos. Si la rebelión, el levantamiento, la vulneración constitucional ya tiene sus equivalentes, el último invento es el de enmascarar el intragable referéndum con la fórmula la población debe participar en lo aprobado con Esquerra Republicana. ¿Qué fórmula más adecuada que una consulta a la población soberanista catalana para que avale el trágala?

Es posible que haya alguien, incluso muchos, que crean que la victoria pírrica de Pedro Sánchez en pos de su Presidencia en el gobierno es un triunfo de la izquierda. Además de una ingenuidad es un desconocimiento absoluto del personaje, pero sobre todo quienes así piensen están desdeñando que una negociación deja heridas que no es posible restañar. Demasiadas cosas se han ido diciendo para que al menos algunos no se las creyeran, pero sobre todo están los hechos. También puede ser pírrica esta victoria del nacionalismo catalán, pero tratándose de un horizonte tan opaco al menos sabemos una cosa, y es que la suerte está echada y esta es la enésima derrota de una izquierda que sólo puede gobernar si miente y enmascara sus mentiras con gestos grandilocuentes. Ni una ilusión, ni una idea, ni una verdad; todo filfa para asegurarse el presupuesto.

¿Acaso no es esa la patética intención del PSOE en León? ¡Dadnos una autonomía doméstica y quedaros con todo lo demás! A su pequeña escala no van más allá de los proyectos fracasados de Esquerra de Cataluña que al fin han encontrado a un tipo sin escrúpulos capaz de echarles una mano que les saque a todos del pozo en el que se han metido.

El PNV y la pornografía política
Ignacio Varela elconfidencial 4 Enero 2020

"El fútbol es un deporte sencillo: 22 hombres persiguen a un balón durante 90 minutos y, finalmente, ganan los alemanes". Gary Lineker, futbolista

Si se traslada la famosa frase de Lineker a la política española, los del PNV son nuestros alemanes. Mientras los demás persiguen a la pelota, ellos se limitan a ganar. Los legendariamente dúctiles democristianos italianos, peronistas argentinos, pujolistas de Cataluña o comunistas chinos son tipos rígidos comparados con estos maestros de la realpolitik que llevan cuatro décadas mandando en su territorio como mandarines y goleando en la portería de la política española como lo hacía Hugo Sánchez: a un solo toque. Máximo resultado con el mínimo esfuerzo.

Solo han resbalado una vez: cuando Ibarretxe se metió, de la mano de Batasuna, en una aventura semejante a la que años después emprendieron los nacionalistas catalanes. Entonces, ETA aún mataba. Bastó un movimiento firme y concertado de los partidos constitucionales para frenarlo en seco (me pregunto cómo habría acabado esa historia con los Sánchez, Iglesias, Casado y Rivera en el timón).

El PNV pagó aquella estupidez con el purgatorio de un breve período fuera de Ajuria Enea, pero aprendió la lección. Desde entonces, cuenta sus movimientos por triunfos. Nunca ha tenido más de siete diputados en el Congreso, pero le rinden como si fueran 70. No tengo duda de que Rodrigo Borgia habría sido del PNV.

En la primavera de 2018 el jesuítico partido nacionalista rizó el rizo: le sacó la hijuela a Rajoy en una negociación presupuestaria (cuyos beneficios aún disfruta) y, 48 horas más tarde, lo apuñaló y entregó el poder a Pedro Sánchez. Dentro del consorcio Frankenstein que es su hábitat preferido, el césar socialista ha tenido sus más y sus menos con Podemos y con los independentistas catalanes, pero jamás ha dejado de atender las demandas peneuvistas.

La diferencia de los anteriores pactos del PNV con los gobiernos españoles es que anteriormente su botín se medía en dinero, inversiones y rebatiñas competenciales, pero se preservaban los principios. Hasta que apareció en la Moncloa un inquilino dispuesto a ponerlo todo en pública subasta: los dineros del Estado, por supuesto, pero también el Estado mismo hasta donde sea preciso. El PNV ha detectado inmediatamente esa falla en el sistema y se ha lanzado a extraer oro de ella en forma no ya de bienes materiales, sino de conquistas políticas de fondo.

El acuerdo del PSOE con el PNV para la investidura de Sánchez se distingue de los anteriores como el erotismo de la pornografía. Aquí el pudor ha desaparecido y todo se exhibe. Hay más sexo explicito en las 450 palabras de ese texto explosivo que en los plúmbeos 50 folios del programa común con Podemos –que, aparte de su sintaxis detestable, deja un sabor pastoso a Coca Cola caducada.

La primera bomba está en el punto 2: ambos gobiernos se comprometen a “evitar la judicialización de las discrepancias”, que “debe ser sustituida por el acuerdo político”. Eso también se ha pactado con ERC. Se trata de que la razón política prevalezca siempre sobre el principio de legalidad y de neutralizar al Tribunal Constitucional en el arbitraje de los litigios entre el Gobierno central y los autonómicos.

El punto 3 garantiza al Gobierno vasco el traspaso inmediato de “las competencias pendientes”. Así, en bloque. Se supone que en tan generosa definición entra todo lo que el PNV considera pendiente, puesto que su interlocutor no ha tenido siquiera la precaución de excepcionar cosas como la Seguridad Social. Esta será una buena pregunta para Sánchez en el debate.

Aún más trascendente será exigir que se aclare el punto 4, que habla de “adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales”. Es imperioso que Sánchez explique exactamente qué parte de la actual estructura del Estado no se adecúa al reconocimiento de las identidades territoriales tal como la Constitución las contempla. Como lo es aclarar lo de “atender a los sentimientos nacionales de pertenencia” para el contencioso catalán y pata el Estatuto vasco (no es inocente que ambas cosas parezcan juntas y asociadas): ¿Cabe ese sentimiento en la definición del artículo 2 de la Constitución o se refiere a abrir el ordenamiento jurídico a otro tipo de pertenencia?

En ese acuerdo, el partido gobernante en España se compromete a “acordar previamente con el PNV las medidas fiscales que el Gobierno de España quiera proponer a las Cortes”. No las que afecten al País Vasco, sino todas. Una especie de censura previa de la política fiscal del Gobierno, ejercida desde una Comunidad Autónomo que posee su propio régimen fiscal. Que un Gobierno español acepte semejante fielato es asombroso. Que ese punto no haya levantado en armas a todos los demás gobiernos autonómicos demuestra el nivel de embotamiento institucional que hemos alcanzado.

Quizá lo más doloroso, desde la perspectiva socialista, es que se haya levantado definitivamente la barrera para que los nacionalistas vascos determinen las decisiones que afectan a Navarra y negocien en su nombre. Me pregunto qué pinta el PNV decidiendo sobre las competencias que tenga que adquirir la Comunidad Foral de Navarra, el momento y las condiciones del traspaso, las infraestructuras en esa comunidad y la determinación de sus objetivos de déficit, las inversiones de sus ayuntamientos o el funcionamiento de su régimen foral. ¿Qué tiene Navarra, un gobierno propio o una marioneta del nacionalismo vasco?

Quienes mejor explican los pactos de Sánchez son sus socios. Este jueves lo hizo Otegi, que reclamó –era seguro- una Mesa como la catalana y se apresuró a dejar claro que en ella “va a estar la plurinacionalidad y la autodeterminación, no va a haber Estatutos”. Y es que para la mayoría parlamentaria que renacerá el 7 de enero, los Estatutos de autonomía son cosa del pasado.

José García Domínguez Libertad Digital 4 Enero 2020

El plan de la Esquerra
Lo que viene no es el Frente Popular. Lo que viene es una entente 'contra natura' entre la extrema izquierda española y la extrema derecha catalana.

Lo que viene no es el Frente Popular. Lo que viene es una entente contra natura entre la extrema izquierda española y la extrema derecha catalana, que supone cosa bien distinta. Lo del Frente Popular, mal que bien, podría durar porque, mal que bien, podría tener sentido político. Pero lo que viene, ese tratar de mezclar el agua igualitaria y niveladora de la izquierda hispana de siempre con el aceite de ricino chovinista y particularista del catalanismo de siempre, no va a ninguna parte. Podrá, sí, durar una temporada. Pero solo una temporada. Y es que, al final, estaría llamada a pagarlo Andalucía. Andalucía, el eterno granero socialista de la España meridional donde el PSOE ha vuelto a ganar otra vez las elecciones aunque no con mayoría suficiente para gobernar, sería la gran damnificada del concordato de Sánchez con los catalanistas de todos los colores. España, hay que saberlo, no se puede gobernar sin Cataluña, de ahí que vayan a pasar lustros antes de que el PP retorne algún día a la Moncloa; pero tampoco se puede gobernar sin Andalucía, de ahí el fracaso seguro a medio plazo del experimento sanchista. En lo que viene, Podemos va a ser lo de menos, un extravagante, atrabiliario y juvenil cero a la izquierda. Lo sustancial, como cuando Zapatero, será el afán de Sánchez por pasar a la Historia como el gobernante que supo resolver el problema catalán del brazo de Junqueras.

Y Junqueras, que no es ni un frívolo ni un cantamañanas irresponsable al modo de Puigdemont, tiene un plan. Él sí. Como les ocurre por norma a la mayoría de los catalanistas, Junqueras tampoco conocía bien Cataluña cuando se lanzó de cabeza a la piscina sin agua del 1 de Octubre. Pero ahora, desde su celda, ya la va conociendo un poco más. Porque los catalanistas estaban íntimamente convencidos de que la inmersión lingüística iba a obrar el milagro de que la segunda y tercera generaciones de catalanes descendientes de las migraciones peninsulares de la década de los sesenta no se opusiesen de forma activa, como sí hicieron, al conato de secesión. Nos desprecian tanto a los charnegos que para ellos fue una insólita sorpresa la resistencia popular organizada el día de autos. Pero han aprendido rápido. Ya que el gran sueño estratégico del pujolismo, la colonización de las almas alógenas encomendada durante las últimas cuatro décadas a los maestrillos y maestrillas de la Generalitat, no ha funcionado, el plan B apela ahora a colonizar los estómagos. La eventual independencia de Cataluña, que no constituye una quimera imposible, requeriría, sin embargo, de un apoyo interno que se aproximase a la categoría de lo abrumador. Algo que ni de lejos ocurre. Eso es lo que, al fin, ha entendido Junqueras.

La Esquerra ha necesitado el intervalo de casi un siglo para asimilar que sin añadir a una parte significativa de los castellanohablantes a su proyecto de construcción nacional no llegará nunca jamás la independencia. El objetivo último de la aculturación programada en las escuelas era ese. Pero fracasó. Por tanto, entiende Junqueras, solo la provisión por parte del Gobierno catalán de un nivel de servicios públicos y de políticas sociales muy superiores en calidad y cantidad al estándar propio del resto de España podría persuadir, si bien a largo plazo, a esa parte de la sociedad catalana de las bondades de la independencia. Y eso se llama concierto económico. Algo que, de llevarse algún día a la práctica en Cataluña, repercutiría, y de modo insoslayable, en la paralela mutilación en las trasferencias estatales que recibe la España meridional, la más dependiente de la solidaridad del conjunto, con Andalucía a la cabeza. Mal asunto para España. Pero también muy mal asunto para la izquierda española.

Consumatum est. La rendición flagrante de Sánchez ante el independentismo
La Constitución, convertida en papel mojado, ha dejado paso a los intereses partidistas de P.Sánchez, permitiendo el avance independentista
Miguel Massanet diariosigloxxi 4 Enero 2020

Ante la pasividad de los españoles, la complicidad de los partidos políticos de izquierdas, el embobamiento de la derecha y el triste silencio del Rey, un descarado señor Pedro Sánchez ha llevado a España a la situación más rocambolesca que nunca se pudiera haber imaginado. Se podrá alegar que los hay a los que, el plegarse a las excentricidades políticas del señor Sánchez, se deba, principalmente, a aquello de que el que se mueve no sale en la foto y que muchos de los que forman parte de este chanchullo en el que se ha convertido la subasta de puestos en las dos cámaras soberanas y la bicoca de formar parte de los órganos de gobierno y parlamentos regionales, sin descartar las audiencias y los ayuntamientos; se ha convertido en el modus vivendi de muchos que, en la vida privada, estaban en paro o sus retribuciones notablemente inferiores a los emolumentos que reciben en sus puestos de la política nacional, apenas les alcanzaban para poder vivir dignamente; pero, la realidad del espectáculo deprimente que nos están dando, a los ciudadanos de a pie, quienes debieran dar ejemplo de patriotismo, sensatez, preocupación por el bienestar de la ciudadanía, sobrepasa a cualquier pesadilla que pudiéramos tener en una noche de sueños terroríficos.

La sola lectura del documento que el PSOE y ERC han dado a conocer como resultado de sus encuentros secretos, llevados a cabo con el más absoluto oscurantismo, y que ha sido aprobado por ambos partidos; es lo suficientemente explícito para poder calificarlo como la mayor traición que un gobierno, en este caso gobierno en funciones, pueda haber hecho a su país, una rendición en toda la reglas, especialmente concebida para saltarse, sin el menor rubor, la Carta Magna y preparar el camino a los secesionistas catalanes (Luego, el señor Otegui ya nos viene anunciando que van a pedir lo mismo que los catalanes consigan, para los vascos) para que, con consulta incluida, decidan si aceptan o rechazan las cesiones draconianas que el Estado español, por medio de unas personas evidentemente inadecuadas, incapaces, carentes de la más mínima preparación para asumir una tarea de tanta responsabilidad como esta que, indebidamente, se les ha encomendado por el señor Pedro Sánchez, una persona carente de escrúpulos, insensible al sentido de patria y dispuesto a todo, incluso a permitir que el independentismo se haga dueño de Cataluña, pese a haber jurado y perjurado, en falso por supuesto (las hemerotecas y los archivos de TV se han encargado de dejar en evidencia el nuevo rumbo tomado por el líder del PSOE, cuando en repetidas ocasiones lo ha hecho en público y para que todos los españoles lo oyeran) que nunca lo permitiría.

Desde hablar de “conflicto político” no subversión, ni prevaricación, ni desobediencia ni, tampoco, insumisión o desacato a las sentencias de los tribunales del Estado, a darle a esta entrevista la categoría de un encuentro entre “dos gobiernos”, el de España y el de Cataluña, en condiciones de igualdad, tanto monta monta tanto; una humillación que, en aras de sus intereses personales y de partido, ha aceptado este personaje maquiavélico en el que se ha convertido este señor, que no ha tenido el menor inconveniente, cuando se dio cuenta de que los resultados de las votaciones de noviembre pasado le fueron adversas y que, en lugar de los 140 escaños que pensaba conseguir, perdió tres de los que ya tenía; de reaccionar a la velocidad del rayo, arrimando el ascua a un entendimiento con el señor Pablo Iglesias, del que había estado renegando durante toda la campaña electoral, sabiendo que el acomodaticio personaje, que también recibió un duro varapalo en los comicios de noviembre, estaría encantado de formar tándem con los socialistas, sabiendo que ello le permitiría entrar en el gobierno y sacar de nuevo la cabeza del barrizal de desprestigio en el que la tenía metida, cuando en su propio partido, Podemos, ya se ponía en duda su capacidad para continuar dirigiéndolo.

Una curiosa matización: se ha eliminado del lenguaje del PSOE la palabra Constitución para sustituirla por un sucedáneo ad hoc, el elaborado meticulosamente para no salirse de la Ley y, al mismo tiempo, dar satisfacción a los súbditos del señor Junqueras, a los que solo oyendo palabras como España, Constitución, derecha o Guardia Civil les da el baile de San Vito. La nueva forma de salvar el escollo de mencionar la Constitución de 1978, consiste en sustituir la expresión por “marco del sistema jurídico-político”. Para estos insensatos la política debe seguir una línea paralela con la Justicia, es decir como sabe cualquier alumno, incluso poco aventajado, dos líneas paralelas lo serán hasta el infinito, con la particularidad de que en ningún momento van a encontrarse. ¿Qué hay de la separación de los poderes del Estado que estableció el bueno de Montesquieu? Pues parece que la “no judicialización de la política”, que tan repetidamente hemos tenido que escuchar durante estos años de intentos de los soberanistas, catalanes y vascos, de hacerse con el poder absoluto en sus respectivas autonomías, ha terminado por imponerse en esta famosa “mesa de diálogo”, de modo que ambas partes se comprometen a solucionar todos los puntos que las enfrenten sin acudir a los tribunales, lo que, al parecer es tanto como saltarse el escollo de la Constitución, ya que si no se puede acudir al Tribunal Constitucional para averiguar si un decisión, una ley, un decreto o cualquier otra medida legal para poder frenar al ejecutivo y a los que lo apoyan, es tanto como atar de pies y manos la facultad de los españoles de reclamar el ejercicio de sus derechos en el caso de que se sientan atropellados por la acción estatal.

Y otra vez sale la palabra mágica. El omnipresente recurso que, para estos negociadores, tiene la virtud de solucionar todos los conflictos que surjan entre ellos o con el resto de partidos de la cámara baja o alta. El “diálogo”, el recurso que ya pidieron los de la ETA y que ahora siguen explotando sus seguidores y los del independentismo catalán y vasco. Es tal el carisma de la palabra que, hasta muchos periodistas e intelectuales han caído en la trampa de aceptar el vocablo como la mejor solución a un problema. Es posible que en un mundo imaginario, en Jauja, tierra donde todo se consigue sin esfuerzo y no existe el mal, pudiera hablarse de la posibilidad de un entendimiento entre aquellos que deciden no hacer caso de las leyes, que desprecian las decisiones de la Justicia o que se crean discriminados respecto a otras, se pudiera llegar a alcanzar acuerdos, siempre, efectivamente que ambas partes “dialogaran”, ofrecieran y renunciaran, se basaran en parámetros de justicia, y renunciaran a imponer criterios absolutistas, negando al otro participante en el coloquio el derecho a ofrecer contrapartidas razonables.

Desgraciadamente para estos “demócratas” independentistas, todo lo que no sea acceder a sus peticiones, todo lo que no signifique otorgarles sus peticiones de autogobierno y de secesión, no es tenido en cuenta de modo que, salvo en el caso de este señor que pretende gobernarnos, cuyo sentido de la ética, de lo que le conviene a España o de lo que no le conviene a él y a su partido parece que le ha proporcionado licencia de corso para adaptar todo el sistema jurídico del Estado de derecho a lo que le permita, fueran cuales fueran las condiciones que tuviere que aceptar, alcanzar sus fines personales que, evidentemente, distan mucho de ser los que nos convendrían a los españoles, a España y, si nos apuran un poco, a lo que está esperando de nosotros la UE que, evidentemente, no es precisamente lo que el PSOE, IU, Podemos y los nacionalistas catalanes tienen pensado hacer si llegan, como parece que será, a hacerse con el gobierno de la nación española.

Demostración de lo poco que se fían de su interlocutor socialista los de ERC, lo tenemos en que han pedido que se incluya, en este panfleto en contra de los españoles y de España, un apartado en el que se fija que en 15 días se ha de constituir otra mesa de diálogo ( ya cuentan con dos más: la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y la Taula de Partits, existente en el Parlamento catalán) que tiene como finalidad específica mantener una constante relación entre la representación del Estado y la de Cataluña, de modo que todo lo que no nos vamos a enterar que se ha acordado en secreto, se vaya llevando a cabo; lo que significa que los separatistas no vayan a admitir que, por parte del Gobierno de España, se dejen cuestiones pendientes de resolver que pudieran dilatar los plazos que tendrán fijados para que, el sistema de otorgarle la independencia a Cataluña pudiera dilatarse en el tiempo hasta que, prácticamente, resultara un engaño para los soberanistas que vayan a firmar el acuerdo.

Y un punto más a tener en cuenta. Todo este comadreo entre el Gobierno de la nación y los separatistas catalanes tiene, no lo vayan a olvidar, un importante componente económico. No en balde, como prolegómeno a este acuerdo que han convenido los negociadores de ambas partes, ya se habló de un importante refuerzo de la financiación del Estado a la autonomía catalana. Si las noticias son ciertas se habla de que, los catalanes, van a recibir el equivalente al 50% del total de la financiación prevista por el Estado para todas las autonomías españolas. Nos cuesta pensar que esto pueda suceder sin que aquellas autonomías, que pudieran salir perjudicadas por esta discriminación en favor de los catalanes, se mantengan calladas, acepten los recortes y se resignen a quedar en una situación de inferioridad respeto a esta autonomía que, por otra parte, ha demostrado ser la menos solidaria, la que mayores problemas viene creando a la nación española y aquella que su gobierno tiene un contencioso permanente con el Estado español, cuya solución, al parecer, va a ser a costa del resto de los españoles que, por no protestar, vamos a salir perjudicados no solamente en nuestro peculio sino también en nuestros derechos constitucionales, que amenazan por ser menospreciados por estos señores que pretenden gobernarnos con métodos muy parecidos a los empleados por estos caciques comunistas que actualmente gobiernan en países del nuevo mundo que, desgraciadamente, han caído en las garras de este neocomunismo que, ahora mismo, parece que nos ha llegado a España.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la desagradable impresión de que estamos en un cepo del que, seguramente, nos va a resultar muy difícil desprendernos si no hay una reacción de la ciudadanía y especialmente de los partidos constitucionalistas, aunando fuerzas, prescindiendo de las diferencias que pudiera haber entre ellos y llevando a cabo una oposición férrea, mediante el control exhaustivo de cada una de las decisiones que pudiera tomar el nuevo ejecutivo, lo mismo que de las leyes que vayan a intentar promulgar, de cuya constitucionalidad pudiera dudarse. No va a ser posible que, la pretendida desjudicialización de la política, impida que el Poder Judicial siga cumpliendo con sus funciones de vigilancia de que, las leyes que vayan apareciendo, cumplan y reúnan todos los requisitos exigidos por la Constitución española. Será tarea ímproba, pero imprescindible.

La Junta Electoral Central inhabilita a Junqueras como eurodiputado
El máximo órgano de control en materia electoral considera que la sentencia firme del Supremo que condenó al líder de ERC a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta, anula su condición de eurodiputado.
La Junta Electoral inhabilita a Torra como presidente de la Generalitat
María Jamardo okdiario  4 Enero 2020

La Junta Electoral Central allana el camino al Tribunal Supremo en su decisión sobre Oriol Junqueras. Tras reunirse en pleno, este viernes, el órgano de control electoral inhabilita como diputado al líder de ERC, en prisión tras su condena por sedición y malversación de fondos públicos. La JEC ha declarado que el líder de los republicanos catalanes ya no ostenta la condición de europarlamentario.

El Supremo tiene pendiente pronunciarse sobre el alcance de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaraba la inmunidad de Junqueras desde que resultó elegido diputado europeo el pasado 26 de mayo de 2019, y fue proclamado cargo electo el pasado 13 de junio.

Con el pronunciamiento previo de la Junta Electoral Central que, esta misma tarde, hacía también pública su decisión de destituir a Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña, de manera inmediata y sin esperar a la sentencia firme, el Alto Tribunal cuenta con un nuevo argumento contrario a la petición de la Abogacía del Estado sobre el líder de los republicanos catalanes.

Una vez la JEC ha admitido el recurso presentado por el Partido Popular contra la decisión de la Junta Electoral Provincial de Barcelona que rechazó su solicitud inicial, queda despejada la segunda incógnita a la que hoy debían responder los 12 juristas que integran el máximo órgano de control electoral.

Para los magistrados del Supremo y los expertos de reconocido prestigio que conforman la JEC, el líder de ERC ya no ostenta la condición de eurodiputado. La sentencia firme del Tribunal Supremo que condenó a Junqueras a 13 años de prisión, y otros tantos de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo público, se lo impide.

Tal y como avanzó OKDIARIO, Junqueras no saldrá de prisión y, por tanto, no podrá viajar a Bruselas para recoger su acta en la Eurocámara. El hecho de que el líder de ERC fuese condenado en el juicio al ‘procés’ avala la tesis de la Junta Electoral Central, que sostiene que el separatista catalán carece de inmunidad parlamentaria.

El presidente de los populares, Pablo Casado, celebraba la decisión de la JEC a instancias del recurso planteado por su partido. Así lo hacía constar en su cuenta oficial de tuiter una vez se ha hecho público el pronunciamiento:

Ya te detienen por gritar ¡Viva España!
OKDIARIO 4 Enero 2020

La imagen de la detención de un hombre que gritó "¡Viva España!" frente a la sede socialista en Ferraz es una metáfora perfecta de la situación política actual. El Gobierno, que lo primero que ha pactado con Podemos es la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ha aplicado la norma del PP para desalojar a empujones a un ciudadano contrario al acuerdo con los radicales de izquierdas y los separatistas. Entre cuatro policías se lo llevaron en volandas; su delito, llevar una enseña nacional y expresar su rechazo al pacto.

Las sedes del PP y C’s han sido rodeadas en numerosas ocasiones por manifestantes en actitud airada que pudieron concentrarse sin cortapisa alguna, jaleados por la izquierda. Ejemplos hay para aburrir. Y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, se ha encargado de limpiar la zona para que nadie pudiera acceder a la sede socialista. A un ciudadano se lo han llevado con cajas destempladas por gritar ¡Viva España! Sintomático.

Si la España que viene va ser la que se desprende de la imagen de la detención registrada en Ferraz, no es una exageración afirmar que nos encaminamos hacia una España donde las protestas callejeras de la izquierda radical y los separatistas serán vistas como una forma de libertad de expresión y manifestación, mientras que las pacíficas protestas de los constitucionalistas será calificadas de actitudes fascistas. No es una anécdota lo ocurrido ante la sede socialista, sino el retrato de lo que está por venir.

La izquierda radical, los proetarras y los separatistas han pactado una estrategia de retroalimentación de intereses que busca la exclusión del constitucionalismo. La fotografía de ese ciudadano con una bandera de España sacado a empujones de la puerta de Ferraz es indiciaria del futuro que nos espera. Sentirse español y gritar ¡Viva España! será delito, mientras que los enemigos de España tendrán bula para moverse a sus anchas y subvertir a su antojo el orden constitucional.


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