AGLI Recortes de Prensa   Viernes 10  Enero  2020

Alarma en Bruselas: el pacto de Gobierno Sánchez-Iglesias dispara el déficit en 30.000 millones más
Carlos Cuesta okdiario 10 Enero 2020

Las alarmas han sonado en Bruselas a la luz de los primeros cálculos realizados tras la confirmación del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los primeros estudios, como el remitido por PwC, advierten de un fuerte incremento del gasto y el déficit en cerca de 30.000 millones de euros en España. Un gasto que no tiene contrapartida real alguna en las medidas anunciadas por el propio Ejecutivo como supuestas vías de aumento de recaudación y que suponen un altísimo riesgo de violar las exigencias de déficit de España.

La Comisión Europea cuenta ya con diversos estudios, propios y externos, que relatan la situación en España. Y prácticamente ni uno muestra optimismo. Uno de los más claros es el remitido por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). En ese informe se señala con rotundidad que el acuerdo “PSOE-Unidas Podemos para un Gobierno de coalición” recoge “unas medidas económicas orientadas al aumento del gasto público y que fían toda la consecución presupuestaria a medidas de ingresos”. Pero esos ingresos, como señala el mismo informe, se quedan nada menos que a 30.000 millones de euros de distancia de las partidas de aumento de gasto que se han prometido a la población y a los propios partidos implicados en el pacto de investidura.

“Las principales medidas económicas se centran en derogar la reforma laboral, crear un nuevo Estatuto de los Trabajadores, aumentar la presión fiscal a las grandes empresas, incrementar la progresividad fiscal en los tramos más altos del IRPF y crear nuevos impuestos indirectos (verdes, tecnología, CO2, ahorro o patrimonio)”, señala el estudio.

Pero, en medio de todo ello, “se generan importantes dudas sobre el alcance e implementación de la subida del Impuesto de Sociedades, la implantación de un impuesto al CO2 a las importaciones, la penalización a la deslocalización, la subida de cotizaciones para autónomos, la regulación de los alquileres y la nueva legislación laboral”.

Desviación de 30.000 millones
El resumen de estos temores se concreta en un dato altamente preocupante. “La estimación de nuevos gastos es de unos 35.000 millones de euros. Sin embargo, las expectativas de recaudación por nuevos impuestos y subidas no llegan a los 5.000 millones”. Y todo ello cuando “la recaudación a noviembre de 2019 arroja una desviación sobre los ingresos presupuestados de 27.000 millones de euros”.

No se trata del primer susto que se pega Bruselas con este recién estrenado Gobierno. Ya en su fase de negociación Europa advirtió a Pedro Sánchez del peligro de los pactos que estaba cerrando y negociando con Podemos y los separatistas. Y es que Pablo Iglesias no sólo ha reclamado dinamitar los mecanismos generales de control del gasto pactados con la UE, sino que ha llegado a exigir a Pedro Sánchez que la verdadera caja de los truenos del gasto -las comunidades autónomas- dejen de tener “techos de gasto” para pasar a tener “suelos de ingresos”. Traducido: que su derroche no sea controlado sino financiado.

El plan de Podemos pasa, por ejemplo, por “reformar el sistema de financiación autonómica para hacerlo más justo y que exista un suelo de ingresos efectivos para financiar servicios públicos dignos en toda España”.
De este modo, el sistema de financiación autonómica que Iglesias reclama a Pedro Sánchez “se diseñará en diálogo con todas las comunidades autónomas, de manera vinculada a una reforma fiscal y a la solución del problema de las deudas autonómicas producidas por la infrafinanciación”.

Desde la UE ya han llegado mensajes extraoficiales al Gobierno español que han puesto especial hincapié en el blindaje -prometido por España cuando pidió ayuda a la UE tras estar a un paso de quebrar en la anterior crisis- de un artículo concreto de la Constitución que Pablo Iglesias también ha pretendido eliminar: el artículo 135, el que garantiza que España acata lo que diga la Unión Europea en materia de control del gasto y de reconducción del déficit. Un artículo básico para evitar que España pueda entrar en riesgo en la próxima crisis y que Iglesias ha prometido a sus cuadros que erradicará.

Bofetón del Supremo a la Abogacía de Sánchez
OKDIARIO 10 Enero 2020

La Abogacía del Estado, por orden directa de Pedro Sánchez, se mostró partidaria de que el Tribunal Supremo permitiera el desplazamiento del preso por sedición Oriol Junqueras tanto a la Junta Electoral Central como al Parlamento Europeo para permitir al líder de ERC cumplir con los trámites como eurodiputado tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. El informe de la Abogacía, filtrado por el Ejecutivo a los separatistas, fue el gesto definitivo que estaban esperando los golpistas para permitir la investidura de Pedro Sánchez. Dicho informe vino precedido de un comunicado de los Abogados del Estado denunciando presiones, y no precisamente del Gobierno, sino de los medios de comunicación. Pues bien, el Tribunal Supremo ha resuelto que Oriol Junqueras no goza de inmunidad y no puede tomar posesión de su acta de diputado porque ha perdido su condición de eurodiputado y porque hay una sentencia firme que así lo establece.

Con una dureza inusual, el Tribunal Supremo califica de «insólita» y «atípica» la posición de la Abogacía, lo que pone de manifiesto que sus argumentos retorcieron a conciencia los fundamentos jurídicos. Por decirlo de una forma más clara: se trataba sencillamente de contentar a los separatistas, aún a costa de forzar el recto entendimiento de la ley. El bofetón del Supremo a la Abogacía es tan sonoro que alguien debería de pedir perdón. Los máximos responsables de una institución con un prestigio labrado durante décadas se plegaron a las exigencias de Pedro Sánchez con un informe a conveniencia de los golpistas. El Supremo, por unanimidad, ha venido a poner orden y dejado claro que una pena privativa de libertad es incompatible para el ejercicio de la función parlamentaria, por lo que la petición de la Abogacía de que Oriol Junqueras fuera a recoger su acta de diputado al Parlamento Europeo era un disparate. El disparate que reclamaron los golpistas y que Sánchez se encargó de ofrecerles a costa del descrédito de una institución -la Abogacía del Estado- que ha quedado triturada.

El Supremo no se deja manejar
Editorial larazon 10 Enero 2020

La Sala Segunda del Tribunal Supremo dejó ayer penalmente aclarado lo que el sentido común dictaba como lógico: que las urnas no pueden convertirse en una vía legítima para eludir las responsabilidades criminales previamente adquiridas. Así, Oriol Junqueras era consciente de su situación procesal cuando se presentó a las elecciones europeas y obtuvo el acta cuando la vista oral ya había concluido y sólo estaba pendiente de sentencia. Entiende, pues, el Supremo, como la inmensa mayoría de la opinión pública española, «que la realidad que ahora se proyecta sobre el recurrente no es la de un preso preventivo, sino la de un preso condenado que, por el solo hecho de serlo, ha incurrido en una causa sobrevenida de inelegibilidad e incompatibilidad para cargo público». Y, al mismo tiempo, reafirma que «quien participa en un proceso electoral cuando ya está siendo juzgado, aunque finalmente resulte electo, no goza de inmunidad conforme al derecho nacional. No puede condicionar el desenlace del proceso ni, menos aún, el dictado de la sentencia». Ahora, ante la contundencia de los magistrados, actuando de manera unánime, cabe preguntarse si la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que firmó el escrito de conveniencia que exigía ERC para facilitar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, va a reconocer su error, aunque sólo sea porque, a efectos prácticos, contribuyó a la siembra de la confusión por parte de los partidos separatistas, empeñados en el desprestigio de la Justicia española y muy duchos en la reinterpretación creativa de los dictámenes jurídicos.

Pero la firmeza del Tribunal Supremo –también de su Sala Tercera, que ha rechazado las medidas cautelarísimas presentadas por Junqueras contra el acuerdo de la Junta Electoral Central que le retiraba su condición de eurodiputado– no sólo debe restaurar la confianza de los ciudadanos en la prevalencia de la Ley sobre los aventurerismos políticos de toda laya, sino que traslada a la Justicia europea la dicotomía que el mismo Tribunal de Luxemburgo no se decidió a resolver: si el Derecho, en este caso europeo, admite un subterfugio tan burdo para eludir las consecuencias de una sentencia penal. En este sentido, la reacción de los nacionalistas catalanes ante la decisión del Supremo, que sólo los poco avisados pueden creer que les ha pillado por sorpresa, no ha podido ir más allá de la acostumbrada hiperventilación, puesto que ellos mismos saben que la intervención de Luxemburgo respondía a una cuestión prejudicial y, en ningún caso, hay que insistir en ello, se pronunciaba sobre el procedimiento penal y la sentencia dictada por el Alto Tribunal español.

El caso acaba aquí –Oriol Junqueras está inhabilitado para ejercer cargo público durante los próximos trece años y ha perdido su condición de eurodiputado– y la agitación política en el ámbito del Parlamento Europeo deberá decaer a poco que nuestras instituciones actúen con la misma convicción, cargada de razón, que los magistrados actuantes, que ya han comunicado al presidente de la Cámara de Bruselas el contenido de su resolución. Sirve, también, de aviso a navegantes para quienes pretendan favorecer la pronta libertad del todavía presidente de ERC, Oriol Junqueras, mediante el atajo del artículo 100.2 de la Ley General Penitenciaria. Tal medida, que desvirtuaría de hecho una sentencia firme de un Tribunal, será, sin duda, recurrida puesto que en España, pese al ruido de fondo de los nacionalistas, rige la separación de poderes de un estado democrático de Derecho y el principio de legalidad, que encarna la Fiscalía. Porque los hechos desnudos son que Junqueras y sus compañeros de sedición cometieron graves delitos contra la democracia española y por ello han sido condenados.

Sánchez ha desarmado al constitucionalismo
Antonio Robles Libertad Digital10 Enero 2020

La indignación y el miedo ante la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez ha llevado a millones de españoles a temer por su futuro. O al menos a la pérdida de derechos que hasta la fecha garantizaban la Constitución y la permanencia de España como nación histórica no discutida ni discutible. De golpe, todos los fantasmas del pasado más tenebroso que parecían definitivamente superados han irrumpido entre nosotros como algo posible y real. La Transición ejemplar, ahora es un escollo al que hay que derribar, y todas nuestras convicciones y seguridades democráticas dadas por supuestas han sido puestas en duda.

Participo del pesimismo. Y daré una sola razón entre las muchas que jalonaron la investidura: Sánchez nos ha desarmado ante el nacionalismo al aceptar su marco mental. Es como si en plena batalla tus propios generales siguieran las instrucciones del enemigo sin más propósito que su supervivencia.

Hablo de guerra cultural, la que ha conquistado mentes y logra que cientos de miles de personas sigan consignas de odio a España y se indignen en nombre de naciones que no existen. Y justo cuando el constitucionalismo toma conciencia de la farsa, y comienza a cuestionar el relato nacionalista y sus mentiras, Sánchez asume su lenguaje y compra sus argumentaciones. Justo cuando medios e intelectuales equidistantes o callados despiertan, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores comenzaba a desmentir con eficacia la propaganda de desprestigio en el extranjero, cuando el mismo Jefe del Estado pone pie en pared en defensa de la soberanía nacional, y el Poder Judicial encarcela a los máximos instigadores de la secesión, Sánchez lo cuestiona. Justo cuando la hegemonía moral del nacionalismo se desmoronaba día a día, acepta el marco mental del nacionalismo, lo incorpora a su discurso y nos deja sin armas para combatirlo desde el Estado. El relato que habríamos de combatir, ahora será el lenguaje del propio Gobierno. ¿Cómo contrarrestar ahora su propaganda? ¿Cómo desenmascarar ante la Justicia europea los procedimientos antidemocráticos, si el Gobierno ha negociado con un condenado por secesión en nombre de argumentos del condenado?

Hay quien piensa que el presidente es tan desleal que acabará engañando a los propios nacionalistas. Y con ello se conforman. Démoslo por hecho. Pasan por alto que, independientemente del cumplimiento o no de las promesas hechas en el pacto, el mero hecho de haber aceptado su lenguaje es en sí mismo la peor de las cesiones. Porque ese universo mental es el que legitima la ilegalidad de su relato. Y eso es lo que nos desarma. No importa lo que sea el mundo en este tiempo de la posverdad, sino cómo lo vemos. Y lo veremos como nos lo hagan ver.

Con su actitud, ha normalizado sus objetivos, legitimado sus métodos y blanqueado su supremacismo. Además de mezquino, ignora el alcance de sus actos. Con esa legitimación ha asumido su discurso, el relato, su lenguaje (derecho a decidir, presos políticos, plurinacionalidad, nación de naciones, plurilingüismo, conflicto político, desjudicializar la política, amnistía, mesa bilateral de diálogo, diálogo, diálogo…). Y con ello ha trasladado su lenguaje y todos sus objetivos a la política nacional. La consecuencia es la neutralización de cualquier intento de desenmascarar sus mentiras a nivel nacional e internacional, porque él mismo ya formará para de ellas. O si quieren, porque ha asumido su defensa. ¿A dónde podremos acudir a partir de ahora?

Todo se dilucidará en la mente de las nuevas generaciones. Y Sánchez las ha abandonado al populismo peronista y al supremacismo identitario. Ambos enemigos de la ciudadanía cívica. O logramos una cuña española en la izquierda, o esta izquierda antiespañola acabará con España.

Crisis de Gobierno en el Gobierno nonato
EDITORIAL Libertad Digital10 Enero 2020

Aún no ha echado a andar, y el Ejecutivo social-comunista ya da sobradas muestras de insensatez.

En su todavía corta andadura como presidente, Pedro Sánchez ya ha roto algunos récords, no precisamente positivos: ha sido el que más ocasiones ha fracasado en las votaciones de las sesiones de investidura, por ejemplo, y también tiene el honor de ser aquel al que más pronto le ha dimitido un ministro, Maxim Huerta, que dejó su cartera sólo unos días después de ser nombrado.

Ahora parece que va a poder agregar otra marca reseñable y ciertamente difícil de batir a su currículum: tener una crisis de Gobierno antes de nombrar al Gobierno. Simplemente inaudito.

Lo cierto es que, en poco más de 48 horas, el Ejecutivo social-comunista ha dejado entrever algunos de los que serán sus principales problemas: una descoordinación absoluta, con unos y otros haciendo anuncios y concediendo entrevistas sin ningún control; una imperiosa necesidad de ocupar espacio político y mediático para sacar rédito de la acción gubernamental, incluido lo de repartir vicepresidencias como si fuesen bocadillos; y la existencia de dos facciones que no es que no vayan a trabajar juntas, es que se van a enfrentar abiertamente y sin un mínimo sentido de la lealtad.

En este sentido, hay que reconocerle a Sánchez que tenía razón cuando decía que no puede haber dos Gobiernos dentro del Consejo de Ministros, en referencia a Iglesias y los suyos. Eran otros tiempos, hace sólo unos meses, cuando afirmaba también que no podría dormir con el de Unidas Podemos a la cabeza de un ministerio.

Por otro lado, los ministros, ministras y vicepresidentas que se han ido confirmando son la muestra perfecta de un Ejecutivo que camina hacia una mediocridad absoluta: jóvenes extremistas que no han trabajado en nada que no sea la política, como Irene Montero o Alberto Garzón; una ministra de Trabajo que genera el rechazo de los que crean puestos de trabajo, que son los empresarios; una portavoz sobre la que gravita el enorme escándalo de los ERE de un Gobierno autonómico del que formaba parte; una vicepresidenta primera de la talla intelectual de Carmen Calvo… Sin duda, por lo que sabemos hasta el momento, está muy lejos de tratarse del equipo de primer nivel que sería necesario para atajar los graves problemas que padece España, pero también para enfrentar con un mínimo de solvencia las dificultades que sin duda le causarán la propia estructura de coalición y sus peligrosos aliados.

Por último, no podemos dejar de comentar que el mismo presidente que llegó a la Moncloa con la austeridad como una de sus banderas va a tener un Gobierno con muchos más ministerios y un récord, otro más, de vicepresidencias. Desde luego, lo peor de este Ejecutivo no es que haya más coches oficiales y altos cargos, pero es una nueva muestra de cómo Sánchez es capaz de usar las instituciones y crear ministerios y vicepresidencias por su más personal y cortoplacista interés político; por ejemplo, para arrinconar y menospreciar a un Iglesias del que está claro que no se fía, pero al que aun así convierte en vicepresidente.

¡Que vienen los comunistas!
Si una suerte de plaga bíblica no lo remedia –que no parece–, el Reino de España tendrá en la mesa del Consejo de Ministros a varios titulares de militancia y obediencia comunista
Juan Carrasco larazon 10 Enero 2020

Pues sí, aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI, en una sociedad avanzada y acomodada como la nuestra, con toda la historia trágica que arrostramos y los padecimientos de medio mundo en la centuria pasada, aún existen comunistas, devotos de seres como Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot y demás criaturas que se presentaron en este mundo con la misión principal de arrebatar vidas por millones en beneficio propio y de su guardia de corps.

Desde la propia tribuna de oradores del Congreso de los Diputados se ha podido escuchar a Alberto Garzón, ministro in pectore, elogiar la ideología de la hoz y el martillo sin vergüenza alguna. Este baluarte y epígono de los jerarcas de la antigua DDR y de su muro de Berlín, intentará regalarnos algunas dosis de su particular sentido de la libertad.

No pretendemos aquí recordar con cifras –aunque podríamos, pues nunca estaría de más– las secuelas del sistema más criminal probablemente de la historia de la humanidad, de la miseria y de la vida para la muerte que ha consagrado en estas décadas, sino aprovechar el extraordinario banco de pruebas que ha supuesto la Península de Corea desde 1945, guerra mediante, tras su división entre los dos modelos antagónicos –comunismo y democracia– para evaluar su desarrollo y la incidencia sobre la población afectada. Hoy, los pulsos vitales de ambas comunidades son inobjetables a favor de la libertad del sur. Desde el PIB –la riqueza– hasta la esperanza de vida pasando por la población, incluida la altura media de la ciudadanía a un lado y otro del paralelo 38, las infraestructuras, etc. En lo único que la dinastía norteña de los Kim, ahora representada por el nietísimo Kim Jong-un, abruma a sus vecinos es en el aparato militar, como era y es preceptivo en toda tiranía comunista. 75 años después, el régimen liberal y la economía de mercado han sepultado bajo toneladas de prosperidad y bienestar el falsario paraíso rojo que hoy algunos tienen la desvergüenza de vendernos en España como esa tierra prometida que algún día alcanzaremos. Esperemos que no y que con su pan, que no con el nuestro, se lo coman en sus acomodadas dachas.

Breve reseña de la historia criminal del PSOE
Pío Moa gaceta.es 10 Enero 2020

Los textos en este blog, y otros textos, pueden consultarlos también en «Más España y más democracia», www.piomoa.es

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Abascal se ha quedado incluso corto en su denuncia de la historia criminal del PSOE. Decía el filósofo Jorge Santayana que un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla, entendiendo que a repetir lo peor de ella. En España, la derecha ha querido olvidar la historia, y la izquierda y los separatistas la han falsificado de modo sistemático. Su falsificación es tan brutal que no puede sostenerse en un debate racional y democrático, y por eso han impuesto una ley totalitaria, de tipo norcoreano, llamada de memoria histórica, que trata de imponer por fuerza sus versiones. Ahora mismo están pensando en organizar la persecución, con multas y cárcel, de quienes defendemos la verdad. Porque, obviamente, su Himalaya de falsedades, que decía Besteiro, no puede sostenerse.

Parte del pasado que es preciso recuperar si queremos regenerar la democracia es la historia criminal del PSOE. Hoy tenemos un gobierno socialista apoyado en los separatistas y en la ETA. Esto no es nuevo, es una tradición, así que rememoraré muy sintéticamente el historial de este partido. Su primer crimen, aparte de preconizar el atentado contra adversarios políticos en el mismo parlamento, fue la huelga revolucionaria de 1917, acompañada de terrorismo y en combinación con el separatismo catalán. Más tarde el PSOE pasó a colaborar con la dictadura de Primo de Rivera, aunque eso no fue un crimen, pues el partido se moderó y contribuyó así a la prosperidad de aquellos años. Al principio no quería la república, pero luego se unió al golpe militar fracasado con que los republicanos intentaron imponerse. Cuando llegó la república, unos meses después, en lugar de moderarse como con Primo de Rivera, el PSOE realizó una escalada de demagogias, amenazas de guerra civil, y al perder las elecciones de 1933 organizó, textualmente, la guerra civil, con una insurrección y de nuevo en complicidad con los separatistas catalanes. La insurrección socialista-separatista dejó casi 1.400 muertos, enormes destrucciones y malherida a la república.

Después de esa derrota, el PSOE se puso de acuerdo con otros partidos, para formar el frente popular, mezcla de socialistas, comunistas y separatistas, lo que anunciaba claramente un designio combinado de destruir la unidad nacional y de implantar un régimen de tipo soviético, en el que los republicanos de izquierda jugaban el papel de adorno para hacerlo pasar por demócrata. Esto es lo que explica la guerra, y lo he expuesto a fondo en mi reciente libro Por qué el Frente Popular perdió la guerra. Causas y consecuencias históricas. Entre todo falsificaron las elecciones de febrero de 1936, como está documentalmente probado, en las que sus jefes anunciaron que no respetarían una victoria de las derechas. Lo anunciaron textualmente, lo anunció el mismo Azaña. Con ello acabaron de destruir la Constitución y la legalidad republicana. Después de imponerse en el poder por fraude electoral, el PSOE, aunque dividido internamente (andaban a tiros entre ellos mismos) se dedicó a formar milicias, perpetrar incendios y asesinatos que culminaron en el intento de asesinar a los jefes de la oposición, lo que consiguieron con Calvo Sotelo, asesinado por una combinación de policías y milicianos socialistas, encabezados por un jefe de la Guardia Civil también del partido socialista. Esta sangrienta tiranía provocó una rebelión muy justificada, y al llegar la guerra, los socialistas organizaron o más bien desarrollaron masivamente el terror que venían practicando desde 1933. De paso convirtieron a Stalin en el verdadero amo del Frente Popular, al entregarle la mayor parte de las reservas de oro, porque el objetivo declarado del PSOE por entonces era sovietizar España y sus simpatías iban hacia la URSS.

En fin, perdieron la guerra los totalitarios y separatistas. Como dijo el socialista Besteiro, el PSOE había querido la guerra civil para implantar “la mayor aberración política que vieron quizá los siglos”. Besteiro era de los poquísimos socialistas demócratas y fue laminado. Pero en lugar de abandonar o provocar una escisión, se mantuvo en el PSOE por disciplina de partido, y por ello fue condenado al terminar la guerra, aunque sin duda habría salido muy pronto.

Después, la oposición del PSOE al franquismo fue irrisoria y cabía esperar que hubieran aprendido la lección. Pero no fue así. Al llegar la transición acusaban a los comunistas de blandos, rechazaban la monarquía, la bandera, propugnaban una economía llamada autogestionaria, típicamente marxista, es decir, antidemocrática, y la autodeterminación de varias regiones españolas. Solo cuando vieron que así no llegaban al poder dijeron que abandonaban el marxismo.

Pero el marxismo estaba en la raíz de todos sus crímenes y la experiencia no fue nunca asimilada. De hecho el marxismo continuó y se manifestó primero en su designio de matar a Montesquieu, es decir, la separación de poderes, es decir, el estado de derecho. Luego, en combinar el terrorismo de estado con la colaboración con la ETA. Pero ha sido con Zapatero cuando, de modo similar al antiguo frente popular, destruyeron la legalidad democrática rescatando a la ETA de la ruina a que la había llevado Aznar, imponiendo leyes totalitarias de memoria histórica y de género, impulsando estatutos anticonstitucionales, a un paso de la secesión, etc. El zapaterismo fue un cambio de régimen en esencia, si bien no en las formas, equivalente al que realizó el Frente popular con respecto a la república. Y hoy, debido a la colaboración del PP, tenemos la gravísima amenaza de un gobierno de socialistas y comunistas apoyado en los separatismos y la ETA, como decía al principio. De momento, estos delincuentes están atacando todas las libertades y separación de poderes que caracterizan una democracia.

He enviado un ejemplar de mil libro sobre el Frente Popular a Doctor de la Moncloa con la siguiente dedicatoria: «por si sus ocupaciones le permiten aprender algo de la historia de su país y de su partido». Hay que decir que esa dedicatoria conviene a mucha más gente, empezando por la inmensa mayoría de los políticos y los periodistas, cuya mezcla de ignorancia y de información tergiversada es una de la lacras que pueden llevar al país nuevamente al desastre.

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**Parece que a Pablo Mansiones solo le ha tocado un cuarto de vicepresidencia.
**Dice el pepero alcalde de Madrid que el PSOE está renunciando a su historial democrático. ¿Es un tonto o un ignorante? Es más bien el PP el que no renuncia a su papel de auxiliar del PSOE.
**También el PP tiene su historia criminal: condenar el alzamiento que salvó a España de la disgregación y el sovietismo fue un crimen. También fue un crimen su complicidad con el cambio de régimen de ZP. O su colaboración en la profanación de los restos de Franco y del Valle de los Caídos. Por poner algunos casos.

Un Ejecutivo hipertrofiado
Editorial El Mundo 10 Enero 2020

Advertimos de que sería difícil que PSOE y Podemos se comportaran como socios leales dentro del mismo Gobierno: provienen de tradiciones ideológicas enfrentadas históricamente, pescan en el mismo caladero electoral y están afectados por liderazgos caudillistas que propenden a la competición antes que a la cooperación. Lo que no cabía imaginar es que las primeras tensiones entre ambos iban a llegar tan rápido. Al movimiento prematuro de Iglesias, concediendo entrevistas y filtrando sus ministerios -para enfado de quienes aún ocupan en funciones las carteras concernidas-, ha respondido Sánchez diluyendo su vicepresidencia entre cuatro, con el consiguiente disparo del gasto.

La cacareada coalición progresista arranca pues como un Ejecutivo elefantiásico -el más amplio de la historia democrática- cuya hipertrofia no obedece a razones de operatividad sino de reparto de cuotas a cargo del contribuyente. Para pagar todos los cargos que va a multiplicar este Gobierno ya está anunciado un hachazo fiscal que afectará a las clases medias, impotentes ante el espectáculo de unos dirigentes ávidos de sillones para los que crear el órgano importa más que definir la función, contrariando así el primer mandamiento de la eficiencia. Cuesta justificar que Carmen Calvo, que pierde el área de igualdad en favor de Irene Montero, deba ser compensada con una espectral responsabilidad en materia de memoria histórica, además de ocuparse de las relaciones con las Cortes. Los perfiles políticos que se nos anunciaban se están revelando más útiles para la guerra cultural que para la gestión de reformas de calado. El resultado es fácil de vaticinar: más polarización, más déficit y más tiempo perdido.

La deslealtad ha tardado poco en asomar entre dos partidos que se han criticado con enorme dureza hasta hace dos meses. De poco sirve firmar protocolos de comunicación internos que confirman la desconfianza mutua de la que parten los de Sánchez y los de Iglesias, ante la mirada atónita de los españoles. Asaltar los cielos, por lo que se ve, no era otra cosa que asaltar el erario público para colonizar el máximo número de instituciones y colocar a los afines. Ardua papeleta para Nadia Calviño, quien con María Jesús Montero tiene la misión de cuadrar las cuentas y hacer sostenibles las promesas bienintencionadas pero completamente inviables que figuran en el programa conjunto PSOE-Podemos. Su vicepresidencia, una de las grandes apuestas de Sánchez en campaña, habrá de convivir con la de Calvo, la de Iglesias y la de Teresa Ribera, y deberá aportar realismo en medio de propuestas demagógicas, pugnas por el protagonismo y socios inestables. Es lo que ocurre cuando el plan de Gobierno no es el fruto de un programa coherente sino de las hipotecas contraídas con aliados radicales y del sacrificio de los principios a la mera permanencia en el poder.

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Independencia judicial
Emilio Campmany Libertad Digital 10 Enero 2020

Aunque hoy, a la vista de la calaña de sus sucesores, Felipe González se pasee por la actualidad nacional disfrazado de estadista, la verdad es que su herencia está plagada de mañas antidemocráticas. No menos grave fue su aceptación por parte de Aznar y Rajoy. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 entregó el control del Poder Judicial al Gobierno socialista de aquel González. Y ni Aznar ni Rajoy quisieron renunciar a ese dominio heredado. Así, se negaron a devolver a la Justicia su independencia, como habían prometido a su electorado, por disfrutar de las potestades que las leyes socialistas pusieron en sus manos. Desde entonces, la credibilidad de los jueces se ha deteriorado mucho precisamente por esto.

Sin embargo, el proceso de independencia iniciado por el Gobierno de Cataluña en 2017 provocó la reacción del Poder Judicial, tanto de los tribunales menores establecidos en la región como de los superiores. Una reacción que ostensiblemente contrarió al Gobierno del PP y al PSOE, que hubieran preferido que fuera mucho más tibia para poder pastelear las vulneraciones de la ley perpetradas por los independentistas, tal y como habían venido haciendo hasta ese momento con las muchas cometidas anteriormente.

Hasta que llegó la sentencia. Habiendo el Gobierno de Sánchez hecho ostentación de preferir una condena por sedición a la más severa de rebelión, que el tribunal presidido por Manuel Marchena calificara los hechos en su forma delictiva menos grave hizo justificadamente sospechar que volvían los tribunales a, en cuestiones de calado político, hacer lo que el Gobierno imponía.

Sin embargo, la decisión de hoy de la sala presidida por el mismo Marchena de considerar que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no implica tener que autorizar al convicto Junqueras a que tome posesión de su escaño de eurodiputado demuestra que la renovada independencia del Poder Judicial, en lo que se refiere al intento de golpe de Estado en Cataluña, permanece incólume. De modo que aquella sentencia, sospechosa de haber sido influida, se decantó por la sedición en vez de por la rebelión por razones sustancialmente técnicas. Y Marchena, que pudo haber huido dejándose elegir presidente del Poder Judicial, debería quedar rehabilitado ante aquellos que recelaron de él.

Las consecuencias del auto que deja en la cárcel a Junqueras serán al menos dos. La primera será la acusación del Gobierno, formulada quizá por lo bajini y entre susurros, de que el Tribunal Supremo boicotea su proceso de diálogo con el independentismo catalán. La segunda será el enojo de Esquerra Republicana, que, con independencia de lo que realmente sepa o crea, tendrá que ajustar su postura pública al supuesto control que, en esto, según ella, el Gobierno tiene del Poder Judicial. Mientras, hace bien el PP de Casado en negarse a pactar con este PSOE la renovación del Consejo y dejar que los cargos sigan en interinidad hasta que de una vez nuestras leyes retornen a la situación anterior a 1985 y el Poder Judicial vuelva a ser y a parecer plenamente independiente.

La ley frustra las pretensiones de ERC

Editorial El Mundo 10 Enero 2020

Oriol Junqueras seguirá en prisión y no podrá desplazarse a Bruselas para tomar posesión de su acta de europarlamentario. Era lo que pretendía el propio condenado y lo que había pedido la Abogacía del Estado en un escrito inspirado por un Gobierno que se encontraba en ese momento negociando con los independentistas de ERC. Pero el Tribunal Supremo envió ayer al Parlamento Europeo dos autos en los que reconocía que el ex vicepresidente de la Generalitat adquirió su condición de eurodiputado el mismo día en el que salió elegido, como sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero que la condena de 13 años que está cumpliendo lo convierte en inelegible y no goza, por ello, de inmunidad. La ley se acaba imponiendo.

El Supremo responde así a la "novedosa" y "compleja" sentencia del TJUE -gracias a la cual, los fugados Puigdemont y Comín se han convertido en parlamentarios europeos- y frustra las antijurídicas pretensiones del separatismo, que creía posible anular la condena impuesta por el golpe del 1-O. No es de extrañar que tanto Torra como Aragonés hayan arremetido contra la Justicia española, aunque eso no sea obstáculo para que Sánchez haya acordado verse con el primero y mantenga sus infames cesiones al segundo.

El desjudicializador
La «desjudicialización» ha tropezado con el muro de la Justicia. Montesquieu se resiste a su ejecución sumarísima
Ignacio Camacho ABC 10 Enero 2020

Cuando Quim Torra ejercía -es un decir-como titular de la Generalitat de pleno derecho, el otro Sánchez, el que decía cosas sensatas sobre los separatistas y sobre Podemos, le instó a escuchar a esa mitad de los catalanes a la que ignora como condición para cogerle el teléfono. El vicario de Puigdemont hizo un ridículo importante escenificando el plante de La Moncloa en un inenarrable vídeo casero. Y justo ahora que está inhabilitado, aunque haya recurrido su sanción al Supremo, el presidente de la nación le ha concedido el privilegio de su primer contacto oficial tras salir reelecto. Es un anticipo a cuenta de la factura que debe al separatismo tras su acuerdo, paso previo a la pactada reunión «de Gobierno a Gobierno» que en el imaginario nacionalista convertirá al Ejecutivo autonómico catalán en la simbólica representación de un Estado extranjero. La famosa desjudicialización de la política era esto: tender la mano a un condenado por desobediencia a los tribunales e invitarlo a un encuentro que otros gobernantes de comunidades, cumplidores de las reglas, llevan esperando hace tiempo. Borrell lo llamaría sobredosis de ibuprofeno.

Sólo que el poder judicial propiamente dicho no parece dispuesto a desjudicializarse por su cuenta. Lo prueba el doble vaparalo del Supremo a Junqueras, negándole la inmunidad y la toma de posesión como diputado en la Cámara europea. Dos salas, la Contenciosa y la Penal, se han reafirmado en su criterio mediante una verdadera declaración de independencia. Y lo han hecho justo después de que la sesión de investidura de Sánchez se convirtiese en una ejecución sumarísima de Montesquieu y en un aquelarre de exaltación de la «vía política», perífrasis evasiva del pacto para dejar a los líderes del secesionismo fuera del alcance de la Justicia. He aquí la principal batalla de esta legislatura, la que va a medir la fortaleza de los principios constitucionales ante la presión radical-populista. Pablo Iglesias lo anunció de forma explícita al señalar a las togas como parte de las filas enemigas. Van a por ellas y el sistema de libertades depende de que resistan.

Ésta es la cuestión esencial del presente mandato. La separación de poderes -por deteriorada que esté debido al manoseo sectario- es el pilar del Estado democrático, el rasgo que lo diferencia de un modelo de corte bolivariano e impide que un Gobierno de legitimidad parlamentaria se pueda transformar en el puente hacia un régimen autoritario. Cuando un presidente plantea la desjudicialización de la política -el desjudicializador que la desjudicialice, etcétera- está cuestionando el imperio de la ley y la obligación general de someterse a ella, tratando de establecer un marco de excepción y de discrecionalidad para manejarlo a su conveniencia. La ley rige para todos o no rige: no existen fórmulas intermedias. Salvo, claro, en las repúblicas bananeras.

Toca hablar de crispación
María Claver okdiario 10 Enero 2020

En el año 2015, una formación política llamada Podemos irrumpía en el panorama electoral español. Aquellos desinteresados activistas (aunque muy viejos camaradas) se estrenaron en la política al grito de “no nos representan”, criminalizando a los legítimos representantes de la soberanía nacional. No ahorraron en exabruptos para convertir a sus oponentes políticos en enemigos del pueblo. Pusieron en marcha una campaña de acoso e intimidación a responsables institucionales que fueron perseguidos y cercados en sus propios domicilios. A eso le llamaron “jarabe democrático”. Por esas mismas fechas, otra formación, Esquerra Republicana, se sumaba a la estrategia del agravio con la iniciación parlamentaria de Gabriel Rufián en sustitución del histórico diputado Joan Tardà. Violentando las reglas más elementales del respeto, la cortesía y la educación, ofensa tras ofensa, el diputado republicano fue creciendo en presencia y envergadura mediática.

Algunos advertimos entonces de la peligrosa deriva que estaba tomando el parlamentarismo español. Los nuevos políticos (aunque viejos comunistas), fieles a la doctrina marxista, siguen obsesionados con la construcción del Estado socialista a través de la destrucción del Estado burgués. Lo que, en términos actuales, pasa por derribar la transición española y la monarquía parlamentaria. El discurso de la casta y de la calle no busca la confrontación de ideas sino la deslegitimación de todo un sistema. Algunos en el Partido Socialista, leales a Suresnes, vieron venir el peligro y, con extraordinaria lealtad, intentaron neutralizarlo, pero no contaron con la ambición de Pedro Sánchez dispuesto a aprovechar las grietas de una socialdemocracia en crisis.

Estos días asisto atónita a la preocupación, exagerada o real, que ha invadido a la intelectualidad española por lo que han diagnosticado como broncoparlamentarismo súbito no asociado a ninguna otra patología más que al mal perder del constitucionalismo. Tiene gracia. No les preocupan los sediciosos, no les preocupan los comunistas bolivarianos, no les preocupa el envalentonamiento de los herederos políticos de la ETA, no les preocupa un gobierno apoyado, en definitiva, por todos aquellos que han hecho de la crispación la herramienta imprescindible para hacer saltar las costuras y llegar donde estamos. Así se cuenta la historia y así nos va.

Ruido de navajas en el Parlament de Cataluña
Sergio Fidalgo okdiario 10 Enero 2020

Todo el ‘procés’, desde que Artur Mas tuvo la mala idea de comenzar el órdago separatista para tapar la corrupción de su partido y los recortes sociales que hizo su gobierno, solo ha tenido una lógica: la de evitar que Esquerra Republicana consiguiera la hegemonía dentro del bando secesionista. Nada más. Tanto Mas, como Puigdemont, han intentado evitar por todos los medios que Convergencia Democrática y sus constantes mutaciones perdieran el control de la presidencia de la Generalidad, y pensaron que una huida hacia adelante destapando el independentismo que tenían larvado en los corazones de sus dirigentes era la mejor solución.

Los constantes intentos de los neoconvergentes de crear candidaturas conjuntas con ERC respondían a esa lógica: la de evitar que se visualizara en unas elecciones autonómicas el ‘sorpasso’ de los de Junqueras. Consiguieron evitarlo en el 2015 gracias a Junts pel Sí, y a la milagrosa remontada de Puigdemont in extremis en diciembre de 2017. Pero el control territorial que consiguieron los de Junqueras tras las últimas municipales augura que en los siguientes comicios al Parlament conseguirán su objetivo: volver a ser, tal y como ya ocurrió durante la Segunda República, el partido central de la política catalana bajo las presidencias de Macià y Companys, ambos de ERC.

El pacto de Esquerra con el PSOE es el penúltimo asalto de este combate de boxeo. A un lado del ring Gabriel Rufián y Montserrat Bassa chulearon a Pedro Sánchez con una dialéctica faltona y subida de tono. Al otro lado, una Laura Borràs fuera de sitio, jugando a ver quién era más secesionista en el discurso, pero con cara de “estos de ERC nos han quitado el sitio de partido nacionalista pactista en Madrid”. En el bando del poder en La Moncloa el tradicional aliado, lo que queda de Convergencia, se situó una vez más en los últimos años fuera de juego, y los que aspiran a lograr su sitio, los de Junqueras, brindando por el cambio definitivo de papeles.

No se trata de “moderados” y “radicales”, o de “sensatos” y “montaraces”. Tan fanáticos son los de Junqueras como los de Puigdemont. Pero unos forman parte de la coalición de gobierno en Madrid, y otros se han ido a la oposición. Esquerra se ve fuerte y cree que es el momento de demostrar que ellos son, dentro del nacionalismo, el auténtico poder. No se trata de una vuelta al ‘peix al cove’ pujolista, el ir consiguiendo cuatro competencias o unos cuantos millones a cambio de votos en el Congreso. Lo que han comprado los correligionarios de Rufián es el reconocimiento ante los poderes mediáticos, políticos y económicos de la capital como nuevo partido hegemónico del secesionismo catalán.

Por eso los dirigentes de ERC se permitieron el lujo de filtrar a la prensa que, si con la abstención no bastaba, porque en la segunda sesión de la investidura se hubiera producido algún ‘tamayazo’, sus diputados aportarían los votos afirmativos necesarios. Creen que ha llegado el momento de demostrar su fuerza e ir a por todas en el enfrentamiento contra Puigdemont. La batalla legal por la inhabilitación de Torra les facilita las cosas. Un ‘president’ impopular, con pocos apoyos reales, y al que Pere Aragonès incluso le cuestiona el derecho a disolver la cámara en estos momentos. El navajeo en el Parlament entre unos y otros va ir en aumento y la tradicional portavoz del ‘puigdemontismo’, Pilar Rahola, lo radiará entre tertulia y tertulia.

Lo que le va a pedir Esquerra a Pedro Sánchez es lo mismo que pedía el pujolismo en sus años dorados: manos libres para reforzar su red clientelar en Cataluña, y para eso necesita aprobar los presupuestos de la Generalitat y un buen número de gestos políticos ‘simbólicos’, que son los que realmente cuajan entre los votantes nacionalistas. Ahí veremos cuál será el futuro inmediato de la política catalana. Unas cuentas autonómicas aprobadas con el apoyo de ‘comunes’ y el PSC serían la antesala de un nuevo tripartito que mandara definitivamente a los neoconvergentes a las tinieblas de la oposición en Barcelona y en Madrid.

Pero a Puigdemont le han dado por muerto unas cuantas veces, y sigue dando mucha guerra. No voy a dar consejos a los de Esquerra, que me parece un partido supremacista que busca convertir a más de la mitad de los catalanes en ciudadanos de segunda, pero si yo fuera uno de ellos (y Dios me libre), no me confiaría demasiado en que el de Waterloo no saque, en el momento más oportuno, su enésimo conejo de la chistera.

Coalición de debilidades
Cristina Losada Libertad Digital 10 Enero 2020

Sánchez quiso dar pruebas de sumisión. Y al hacerlo, siendo como era innecesario, mostró su debilidad.

Uno puede necesitar, en algún momento, el voto de sujetos o partidos poco recomendables. O directamente indeseables. Uno se puede ver obligado, incluso, a alianzas muy coyunturales con el diablo. Eso es así, puede ocurrir y ha ocurrido. En la historia política, en todas las épocas y lugares, hay ejemplos. Pero hay algo que nunca es obligatorio. Ni siquiera necesario. Porque no es preciso dar, en vivo y en directo, pruebas fehacientes de un sometimiento completo a esos poco recomendables o indeseables con los que uno, por los motivos que sea, se ha tenido que asociar. Sin embargo, esto fue precisamente lo que hizo y mostró Pedro Sánchez en las sesiones de investidura.

Lo hizo con la Esquerra y con Bildu, los dos socios más perniciosos que ha subido al carro de su presidencia. Nada le impedía tomar cierta distancia de ellos, guardar la preceptiva distancia de seguridad. Era perfectamente posible no fustigarlos y, a la vez, mantenerlos fuera de la zona reservada para socios de mejor condición. Podía haber evitado dar la impresión de que había, entre él y ellos, algo más que la descarnada maquinaria de la necesidad política. Hay tonos y modos que transmiten distancia, frialdad, superioridad y diferencias irreductibles sin poner en riesgo la transacción. El político, el político con experiencia y habilidad, solía tener facilidad para hacerlo. Tanta, que parecía innata. No es necesario exhibir que se está a partir un piñón: eso es de colegiales. Mucho menos está escrito que haya que bailarles el agua y reírles las gracias a esos con los que, se supone, hubieras preferido no tener que pactar.

Con el partido de los herederos de ETA adoptó una posición cabizbaja, como si así estuviera poniendo alguna barrera. No era la mejor postura para la ocasión. Ya que no iba a replicar, y no replicó, a las andanadas contra el Rey y otras; ya que se iba a limitar a decir que sus "serias discrepancias" con Bildu eran "de presente, de futuro, pero también de pasado, y ahí me quedo", bueno, por lo menos, cabeza alta. Y no hacía ninguna falta lisonjear con coincidencias en la ecología –ni en nada– a un partido al que el único hábitat que le interesa conservar es el de la comunidad del odio. Puesto que Sánchez no podía explicar cómo había perdido por el camino el compromiso de "con Bildu no", lo mínimo era enclaustrarse en la reserva y la circunspección.

La jactancia del portavoz Rufián, decidido a exponer ante el independentismo irredento la capacidad de la Esquerra para sentar donde le dé la gana al Gobierno español, obligaba a un ejercicio de contrapeso y neutralización. Pero Sánchez, por lo que se ve, no tiene la flexibilidad del junco, sino la blandura de la esterilla. A las voces amenazantes del diputado –"Si no hay mesa, no hay legislatura"– contestó deshaciéndose como azucarillo, agradeciéndole el tono, ¡precisamente el tono!, y dulcificando con humorística sonrisita, o eso pretendió, el anuncio de que en "algo" iba a discrepar. Poca cosa, no fueran a preocuparse.

El instante verdaderamente significativo fue cuando trazó la línea divisoria. Porque esos son los momentos de la verdad. Cuando puso, muy deliberadamente, a la Esquerra en su parte del campo, y colocó en la otra, como adversario común, a la derecha. "No voy a contar con una oposición leal", dijo Sánchez. "Pero esa es la desgracia que tenemos en España", y a continuación (no es literal): pero qué le voy a contar a usted, señor Rufián, también sufre usted a la derecha y a la ultraderecha. De modo que el PSOE y la Esquerra, juntos en el padecimiento. El PSOE y un partido contrario a la nación española y a la Constitución, juntos frente a los que defienden ambas. El PSOE y uno de los partidos que organizó el levantamiento sedicioso del 1-O, juntos y contentos de estarlo, en especial, los socialistas. Que los otros tienen más reservas.

No está nada mal para una sesión de investidura. No está nada mal como preanuncio de un presidente del Gobierno de España. Y era absolutamente innecesario. Más aún cuando ni siquiera la decisión de la Junta Electoral Central sobre Torra y Junqueras llevó a Esquerra a boicotear la investidura. Iban a pringar. Pero Sánchez quiso dar pruebas de sumisión. Y al hacerlo, siendo como era innecesario, mostró su debilidad. Su debilidad como político, y la debilidad de su Gobierno. A fin de cuentas, desde su mismo nacimiento, esta coalición de fuerzas es una coalición de debilidades.

Torra subvenciona a las comunidades islámicas para que promocionen el catalán entre los musulmanes
Sánchez ofrecerá a Torra regularizar antes a los inmigrantes que sepan catalán
Pelayo Barro okdiario 10 Enero 2020

La Generalitat que preside Quim Torra ha firmado un convenio con la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña por el cual se subvencionará la promoción y uso del catalán entre los fieles musulmanes residentes en la región. Esta organización impidió la celebración del referéndum del 1-O en las mezquitas.

El Gobierno del inhabilitado Torra articula esta subvención, articulada en torno a una «entrega dineraria sin contraprestación» valorada en 10.000 euros, a través del Departamento de Justicia de la Generalitat. Entre los objetivos de esta ayuda figuran, según el documento registrado por el Gobierno catalán ante el Ministerio de Hacienda, «fomentar el conocimiento y el uso de la lengua catalana entre las comunidades islámicas de Cataluña».

Caber recordar que Cataluña es la comunidad con mayor número de residentes de confesión musulmana. A 31 de diciembre de 2018, el número ascendía hasta los 533.600 (195.000 de ellos con nacionalidad española). Le seguía Andalucía (con 324.000) y Madrid (con 290.000), según datos de un informe de la Unión de Comunidades Islámicas de España.

La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, receptora de la subvención, se compromete además a «fomentar la coordinación de las entidades religiosas islámicas» presentes en la región, organizar conferencias sobre el Islam abiertas a toda la sociedad catalana o garantizar el ejercicio de derechos e impulsar el «uso de medios electrónicos». De hecho, en relación a este último punto, el convenio les obliga a utilizar «también el catalán» en su web.

Además, según el documento, la Generalitat considera que es «importante trabajar conjuntamente con el fin de fomentar relaciones de igualdad entre hombres y mujeres».

El papel de esta Unión de Comunidades Islámica de Cataluña fue polémico durante la fase de preparación del referéndum ilegal del 1-O. La organización religiosa pidió a las mezquitas que no permitiesen la instalación de urnas en su interior. Lo hizo después de que la ANC negociase con los imanes de algunos centros religiosos para celebrar votaciones en su interior.

El catalán, un mérito
El Gobierno de Pedro Sánchez planteó que el conocimiento del catalán fuese un «mérito» en el proceso de regularización por arraigo de los inmigrantes en esa comunidad.

La medida formó parte del programa del Ejecutivo socialista para el «reconocimiento de la pluralidad lingüística» de España, que engloba políticas de actuación tanto en el ámbito de la Administración como de la empresa o la educación, entre otros, y que Sánchez ofreció al presidente catalán, Quim Torra, durante su primer encuentro como presidente del Gobierno en 2018.

Así, en el apartado relativo a los extranjeros, se establece que el conocimiento de las lenguas cooficiales será un factor de discriminación positiva en los procesos de regularización.


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