AGLI Recortes de Prensa   Sábado 11  Enero  2020

El Supremo, pese a Sánchez, derrota al golpismo en Europa
OKDIARIO 11 Enero 2020

El Parlamento Europeo ha comunicado que el preso por sedición condenado a 13 años de cárcel Oriol Junqueras dejó de ser eurodiputado el pasado 3 de enero, cuando la Junta Electoral Central determinó que los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad «son inelegibles». La Sala Segunda del Tribunal Supremo lo ha dejado meridianamente claro: es jurídicamente imposible que adquiera una condición de parlamentario que el propio TS ya le había retirado.

La Justicia española le ha doblado el pulso en Europa a los golpistas, pese a contar con la ayuda de una Abogacía del Estado, manejada por Pedro Sánchez, que ha jugado indignamente a favor de los intereses del separatismo. El Supremo ha desautorizado duramente los argumentos jurídicos de la Abogacía, cuyos máximos responsables han cubierto de oprobio una institución que ha dilapidado en unos días el prestigio labrado durante décadas. Ha sido la Justicia quien ha evitado que un apaño político indecente entre el PSOE y ERC permitiera a Oriol Junqueras tomar posesión del acta de eurodiputado. Ha sido el Estado de Derecho, gracias a la separación de poderes, quien se ha mostrado como un dique de contención frente a los intentos de Pedro Sánchez de orillar el ordenamiento jurídico para contentar a los sediciosos que han permitido con su abstención que siga en La Moncloa.

La derrota del separatismo, que durante semanas ha tratado de manipular la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, es total. Pese a contar con el apoyo del ya presidente del Gobierno, Oriol Junqueras seguirá en la cárcel. Ahora, los independentistas se estarán preguntando cómo es posible que sus expectativas se hayan visto truncadas justamente cuando habían obtenido del Gobierno vía libre a sus pretensiones. Es sencillo de entender: Pedro Sánchez ostenta mucho poder, pero la democracia y el Estado de Derecho son mucho más poderosos que Pedro Sánchez. España y los españoles son más fuertes que un jefe del Ejecutivo carente de escrúpulos.

Nace un gobierno sin Ley
Javier Somalo Libertad Digital 11 Enero 2020

En domingo –víspera de Reyes– se votó la primera vuelta de la investidura y en domingo nos anuncian oficialmente la composición del Gobierno tras el preceptivo despacho con el rey. Hasta ahora ha sido el WOE (Whatsapp Oficial del Estado) el que ha ido goteando los nombres de los ministros colmando la paciencia de cualquiera informador que se precie de realizar bien su trabajo. Por whatsapp… Es lo que hay y no se puede esperar mucho más de este presidente dominical que ya ha demostrado su escaso respeto por la prensa, por los ciudadanos y por las instituciones que le permiten llegar al Poder.

Mentir tampoco es un problema para Pedro Sánchez. Nadie se escandalizará demasiado si hay prebenda a la vista. Por ejemplo, las lágrimas de Pablo Iglesias tras la investidura eran bien lógicas porque su trayectoria es, en cierto modo, similar a la de Sánchez: casi le echan del partido y de pronto se ve en el poder. Iglesias, el cuestionado, es ahora vicepresidente social cuarto sin cartera en 2020 pero con agenda 2030, con un buen sueldo de inicio y otro vitalicio de unos 70 mil anuales esperándole, casi con total seguridad, a la vuelta de la esquina. La finca de Galapagar no corre peligro. Tampoco aquel "proyecto familiar" con su pareja, ahora ministra de Igualdad aunque no sea igual vivir en Vallecas que entre encinas. Cómo no iba a llorar. ¡Orinocos!, como aquellos que derramó cuando murió su comandante.

No nos engañemos, a la mayoría le pasa como a Iglesias o como a Montserrat Bassa (ERC), que les "importa un comino la gobernabilidad de España" mientras ellos estén en el patio del poder, antesala de un prometedor futuro a años luz de cualquier múltiplo de un salario mínimo. Es más, les importa un comino España misma.

Otra cosa es que a Podemos le termine molestando que hayan podido timarles a última hora inventando Ministerios o dividiéndolos hasta el átomo más absurdo: Educación sin Universidades y viceversa, Trabajo sin Seguridad Social o Consumo sin más. Para mitigar el insomnio presidencial y contentar a la tropa, tendremos nada menos que veinte carteras que, junto al seguro despilfarro a base de impuestos, puede hacer que este Gobierno merezca el apodo de "carterista". Si en Podemos hay enfado real lo sabremos cuando hayan terminado de colocar a todos los indignados en secretarías de Estado, direcciones y subdirecciones generales, jefaturas de gabinete, comandancias de prensa o sóviets de imagen. Todo ello con sus correspondientes adjuntos.

La pasarela ministerial que nos terminarán de presentar este fin de semana deslumbrará al que se deje deslumbrar –ya hay medios de comunicación completamente rendidos– pero el paradigma de lo contrario es el ministro Fernando Grande Marlaska –que repite–, cuyo fulgor tardó bien poco en convertirse en una insondable sima.

Aún más abajo estaba Dolores Delgado, que se va sin ser destituida, lo que supone un escándalo mayúsculo después de haber escuchado las grabaciones sobre "informaciones vaginales" con comisarios –uno de ellos, ahora en prisión– y con el inhabilitado juez campeador. Ahí estaba Delgado, cuando todavía era fiscal, hablando del "maricón" Marlaska o de los escarceos sexuales de jueces en Colombia. No sé si la ex ministra deja otro legado que ese pero el caso es que se va por mera sustitución. Sin censura, sin castigo. Y todavía será peor que vuelva al sitio de donde salió.

A la hora de cerrar este artículo aún no se conocía el nombre de su sucesor en la cartera de Justicia pero dudo que me escandalice, sea juez, fiscal o el mismísimo Baltasar. A cualquiera sabrán concederle un reconocido prestigio aunque sea, como tan a menudo, de mala fama. El único consuelo es que mientras haya jueces y fiscales con sentido de la Justicia y ánimo para impartirla o reclamarla no todo estará perdido.

Tiempo habrá de valorar cada cartera y las intenciones o antecedentes de sus dueños, si cotizan aquí o allá, si falsearon su historial académico o si copiaron en un examen. Tampoco habrá que dejar pasar la oportunidad de preguntarse cómo andan de principios algunos socialistas como Margarita Robles que, como Marlaska, revalidan sus carteras.

El caso es que hubo investidura y habrá gobierno pero aquí lo que cuenta sigue siendo el golpe separatista catalán, por aburrido que pueda parecerle a algunos. Son importantes los impuestos, las pensiones, nuestra economía, el igualitarismo que acabará con la igualdad, la imposición ideológica, la perversión de la Historia que ya ha caído en manos de Carmen Calvo con una competencia en "Memoria Democrática", el modelo de consumo cubano, la cuota ministerial de un fontanero del PSC o el hundimiento de industrias a golpe de caprichosas declaraciones. Pero si se da carta de naturaleza a un golpe de Estado, además viviremos en un país sin Ley y, por tanto, vulnerable desde dentro y desde fuera.

Habrá "un Gobierno dentro de otro", como predijo el propio Sánchez cuando no quería a Pablo Iglesias. Pero todavía habrá un tercero, el de la Generalidad, persistiendo en el golpismo y rechazando toda legalidad como ya ha hecho, una vez más, Quim Torra tras las actuaciones en cadena del Tribunal Supremo y de las Juntas Electorales Central y Provincial de Barcelona.

Antes de alarmarnos ante lo que está por llegar deberíamos insistir en el escándalo de sobra conocido del golpe. Si no se destituye al gobierno rebelde de Cataluña y se interviene por completo su autonomía no hay normalidad en España como para fijarse en una pasarela de ministros por extravagantes, ineptos, extraordinarios o dañinos que parezcan.

Del golpe catalán ha nacido el Gobierno de la nación. No veo cosa más grave de la que ocuparse.

Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital.

Un Gobierno acechado por la incongruencia
Editorial El Mundo 11 Enero 2020

Fiel a sus estilo mercadotécnico, Moncloa ha ido dosificando los nombres del gabinete más extenso y costoso que se recuerda, con una veintena de ministerios y cuatro vicepresidencias, en la esperanza de que el goteo de nombres y currículos logre opacar, así sea por unos días, la fundamental fragilidad de la que nace este Gobierno. Que no se debe solamente a la difícil cohabitación entre dos partidos rivales como PSOE y Podemos, sino también a la dependencia del separatismo para cada iniciativa que pretendan sacar adelante. Por los nombres que conocemos hasta la fecha, podemos concluir ya que Sánchez se esfuerza por garantizarse el sueño dentro de lo posible, es decir, por aminorar los efectos nocivos de su propio socio de coalición.

No se explica de otra manera que tres carteras tan importantes como las de Economía, Exteriores y Seguridad Social -desgajada de Trabajo, que queda en manos de Podemos- vayan a recaer en perfiles técnicos alejados del sectarismo ideológico. La sintonía de Calviño con Bruselas es conocida; ex ministros populares como Margallo o Ana Palacio han celebrado el nombramiento de Arancha González Laya; y José Luis Escrivá, nombrado en su día por Montoro, ha demostrado al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal su autonomía y ortodoxia de criterio, diametralmente opuesto a la demagogia populista en materia de pensiones o de gestión del déficit.

Sin embargo, a este Ejecutivo le perseguirá la sombra constante de la incongruencia. Es incongruente que te guardes de tu socio como de tu peor enemigo. Es incongruente que debas configurar el organigrama no en función de la eficiencia sino de la satisfacción de múltiples apetitos clientelares. Es incongruente que la pomposa ambición del nombre de tus ministerios contraste clamorosamente con sus capacidades reales, dada la precariedad y heterogeneidad de tus apoyos parlamentarios, entre los cuales ostentan la llave de la gobernabilidad los mismos que proclaman que la gobernabilidad les importa un comino y que Sánchez debe elegir entre amnistía o elecciones. Es incongruente que tus nombramientos traten de vender moderación en Bruselas al mismo tiempo que prometes una revolución legislativa al electorado de izquierdas. Es incongruente, en fin, que toda la acción del Gobierno de España descanse sobre el capricho de quienes trabajan a diario para romper con ella.

Por lo demás, resulta especialmente inquietante la vocación de ingeniería social que desprenden los rótulos de las competencias. Más allá de la obsesión con el efectismo publicitario de Moncloa, se diría que una exigua coalición de 155 escaños se propone cambiar las costumbres, modos de vida, hábitos de consumo y hasta la moralidad de los ciudadanos para adaptarlos a la cosmovisión autodenominada progresista. Si es así, tan ingenieril empeño solo redundará en una polarización brutal de la sociedad, ya suficientemente irritada con el hachazo fiscal que Sánchez prepara para financiar su elefantiásico Gobierno. Pero ya se sabe que cuanto más débil es uno, más necesidad tiene de aparentar lo contrario. Veremos si a Sánchez e Iglesias no se les escapa toda la energía en una desleal competición de imagen entre sí, a despecho del interés de los españoles.

Las finanzas ocultas de Podemos: tic-tac, tic-tac, tic-tac…
OKDIARIO 11 Enero 2020

La Fiscalía de Bolivia, como viene informando OKDIARIO, ha citado a declarar a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Iñigo Errejón en el curso de las investigaciones que se siguen para dilucidar si personas afines al Gobierno de Evo Morales utilizaron dinero del narcotráfico para financiar a organizaciones de ultraizquierda. El cerco se estrecha a medida que a las pesquisas del Ministerio Público boliviano se suman las de otros países como Brasil e instituciones como el Tribunal Supremo de Venezuela (en el exilio), que tiene enorme importancia dado que Juan Guaidó es reconocido por buena parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, como el presidente legítimo de la nación iberoamericana.

Lo que se investiga es un posible delito de malversación de fondos públicos realizado por el Gobierno de Evo Morales y el destino de ese dinero para fomentar sus apoyos políticos en su país y en el extranjero: en concreto, y en este caso, en España, por medio de pagos a quienes posteriormente fundaron Podemos. Y es precisamente el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, liderado por Miguel Ángel Martín Tortabú, quien ha confirmado a OKDIARIO que efectivamente, sumarán su información y esfuerzos en una línea de investigación conjunta para llegar hasta el final.

Hay que recordar que Martín Tortabú ha estado alertando de los pagos realizados desde el régimen chavista venezolano a los fundadores de Podemos y quien ha acusado a Iglesias y Monedero, en sede parlamentaria española, de haber sido los receptores de pagos con el fin de impulsar Podemos y de relanzar una alianza internacional de los partidos de extrema izquierda.

Martín Tortabú también ha confirmado a este diario el contacto con las autoridades brasileñas para incorporar la documentación procedente de este país en las investigaciones de los partidos relacionados con el Foro de São Paulo, impulsado por Hugo Chávez y Lula da Silva, y que contaba con Podemos como catapulta de la doctrina de extrema izquierda en España.

Mientras Podemos denigra las informaciones de OKDIARIO, las investigaciones avanzan. Tic-tac, tic-tac, tic-tac…

Bolivia, Brasil y el Supremo venezolano unen fuerzas para investigar la financiación ilegal de Podemos
Carlos Cuesta okdiario 11 Enero 2020

La Fiscalía General de Bolivia ha citado a declarar a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón por los pagos recibidos de Evo Morales, tal y como adelantó OKDIARIO. Pero no será la única investigación que tengan que soportar los fundadores de Podemos y su estructura de apoyo. Y es que el Tribunal Supremo Venezolano en el exilio y las autoridades brasileñas han cerrado un pacto de colaboración para relanzar esta investigación y llegar hasta el final en las cuentas de la cúpula de Podemos.

Bolivia sigue muchas pistas. Parte de un posible delito de malversación de fondos públicos realizado por el Gobierno de Evo Morales y el destino de ese dinero para fomentar sus apoyos políticos en su país y en el extranjero: en concreto, y en este caso, en España, por medio de pagos a quienes posteriormente fundaron Podemos.

Y Pablo Iglesias es ahí la figura clave. Iglesias pidió la reelección de Evo Morales en el año 2018. Avaló al candidato, hoy asilado en Argentina, al que investiga la Fiscalía boliviana por haber malversado fondos y por haber usado, además, dinero del narcotráfico, entre otras cosas, para financiar sus campañas electorales. Y justo es en esa materia –las campañas políticas– en las que entró en escena el político que hoy encabeza el principal apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Iglesias pidió el voto para Morales de forma habitual, pero especialmente en un acto en Madrid organizado por la Asamblea de Apoyo a Bolivia.

El apoyo de Iglesias coincidía con otro hecho relevante: la propuesta del régimen de Nicolás Maduro para que Zapatero liderase a los observadores electorales de Naciones Unidas en Venezuela. El acto contó también con la presencia de otra de las personas que van a ser citadas por la Fiscalía boliviana por los pagos recibidos de manos del narcodictador: Juan Carlos Monedero.

Y es precisamente el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, liderado por Miguel Ángel Martín Tortabú, quien ha confirmado a OKDIARIO que efectivamente, sumarán su información y esfuerzos en una línea de investigación conjunta para llegar hasta el final. Hay que recordar que Martín Tortabú es una de las personas que ha estado alertando de los pagos realizados desde el régimen chavista venezolano a los fundadores de Podemos a lo largo de mucho tiempo.

El presidente del Supremo de Venezuela en el exilio, de hecho, ha acusado a Iglesias y Monedero en sede parlamentaria española de haber sido los receptores de pagos con el fin de impulsar Podemos y de relanzar una alianza internacional de los partidos de extrema izquierda.

Martín Tortabú también ha confirmado a este diario el contacto con las autoridades brasileñas para incorporar la documentación procedente de este país en las investigaciones de los partidos relacionados con el Foro de São Paulo. Ese foro, impulsado por Hugo Chávez y Lula da Silva, contaba con Podemos con impulsor de la doctrina de extrema izquierda en España.

OKDIARIO ha podido confirmar que uno de los puntos que ya investiga la Fiscalía de Bolivia es el uso de financiación procedente del narcotráfico para pagar las campañas de Evo Morales.

S&P señala el probable incumplimiento del objetivo de déficit
José María Rotellar García okdiario 11 Enero 2020

Standard and Poor’s (S&P), una de las más prestigiosas agencias de calificación crediticia, que otorga notas o rating a economías soberanas, subsoberanas y a distintas empresas, ha alertado del más que probable incumplimiento de los objetivos de déficit público por parte del gobierno de Sánchez.

Hace especial hincapié en el déficit de la Seguridad Social, que es preocupante. La Seguridad Social tiene una abultada deuda provocada por el continuo déficit, endeudamiento que se ha incrementado tras consumir la práctica totalidad del Fondo de Reserva y que no se detendrá ahí, sino que seguirá aumentando. Es verdad que en los últimos meses, por el incremento de cotizantes, ha conseguido obtener ligeros superávit, pero ya de nuevo cada vez más decrecientes.

Del mismo modo, S&P recuerda que la Comisión Europea le ha pedido a España que realice un ajuste en su gasto público de casi 7 décimas de PIB, equivalente a casi 8.000 millones de euros, para cumplir con el objetivo de déficit estructural, ya que la reducción que se ha producido en el déficit presupuestario se debe, en su mayor parte, a la coyuntura económica y, por tanto, en aras de la prudencia, es esencial que España reduzca estructuralmente partidas de gasto, para, así, mantenerse en una posición de equilibrio en los momentos bajos del ciclo económico.

Sin embargo, el nuevo gobierno va a basarse en un programa económico con un gasto tremendamente expansivo, a tenor de todas las medidas en él contenidas. Así, en el acuerdo hablan de acometer una serie de gastos que, como poco, elevarán la cifra de gasto en más de 12.000 millones de euros, tal y como se detalla a continuación:

Incremento del gasto social: 3.829 millones.
Menor reducción del déficit estructural: 2.408 millones de euros.
Vinculación de la revalorización de las pensiones al IPC: 6.400 millones adicionales cada año. En 30 años, esos 6.400 millones anuales adicionales sumarán 192.000 millones de euros más que ahora de gasto en pensiones.
Total incremento de gasto: 12.637 millones. Si, además, revierten la práctica totalidad de medidas de eficiencia y austeridad aplicadas por el Gobierno del PP en 2012, la cifra puede elevarse hasta los 36.000 millones.

Pues bien, a buen seguro que estos cálculos o unos similares son los que maneja S&P para decir que si se da marcha atrás en las reformas económicas, la probabilidad de que España incumpla los objetivos de estabilidad aumenta. Es cierto que la fragilidad del Gobierno puede hacer que no logre aplicar dichas medidas, pero si la coalición que ha investido a Sánchez se conjura para aprobarlas, saldrán adelante, con el quebranto económico inherente a las mismas.

De momento, S&P no rebaja la calificación crediticia de España, pero que haya emitido este comentario sin haberse conformado el Gobierno todavía es una clara muestra de la enorme preocupación que existe en el conjunto de instituciones con la deriva que puede tomar la economía española. El riesgo de esta política radical de izquierdas es claro y se empieza a señalar en el contexto económico, como sucede en este caso.

El juez destructor del Estado democrático
Miguel Henrique Otero ABC 11 Enero 2020

La destrucción del Estado democrático es un modelo deliberado y planificado, fundado en una espeluznante contradicción: usar a jueces enemigos del Estado de Derecho, para destruir sus instituciones y hacer del sistema judicial un instrumento para garantizar un estatuto de impunidad para los comunistas y mantenerlos en el poder de forma indefinida. Ese modelo, gestado y configurado por abogados españoles y cubanos, llamado «Nuevo paradigma constitucional», no solo se ha ensayado con éxito en Venezuela y Nicaragua, sino que avanzó en Ecuador y Bolivia. En estos dos últimos países, por fortuna de sus respectivos procesos políticos, distintos hechos lograron detener lo que se intentaba y han retornado al camino del Estado democrático. Ese «Nuevo paradigma constitucional» es el marco conceptual que el nuevo gobierno se propone instaurar en España.

Allan Brewer Carías, eminente jurista venezolano, que el pasado mes de noviembre recibió un homenaje internacional en Madrid, publicó en 2018 un libro fundamental e imprescindible para la comprensión de cómo opera el modelo: «La justicia constitucional, la demolición del Estado democrático en Venezuela, en nombre de un “nuevo constitucionalismo” y una tesis “secreta” de doctorado en la Universidad de Zaragoza».

La tesis «secreta» a la que se refiere Brewer Carías, merecería un artículo entero y específico dedicado al caso, que intentara dar cuenta de todos los extraños asuntos que concurren en ella. Aunque no es el propósito de este artículo, adelantaré algunos de sus posibles titulares: Uno: la tesis «secreta» es de Gladys Gutiérrez Alvarado, miembro de la Sala Constitucional del ilegítimo e ilegal Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Dos: la habría realizado (?), de forma simultánea a las tareas de demolición del Estado de Derecho, en las que ha participado. Tres: entre los jurados de la tesis, Juan Carlos Monedero. No creo que sea necesario agregar una sola palabra al respecto. Cuatro: con argumentos infundados y falsos, la tesis es «secreta»: viola el principio esencial del conocimiento, que consiste en ser compartido en beneficio de su posible utilidad académica.

El núcleo de este «Nuevo paradigma constitucional» supone la negación del Estado de Derecho. Consiste en instaurar un estado de cosas, donde el sistema judicial se convierte en un instrumento del poder político. En un instrumento de sometimiento de la sociedad, de forma particular, de quienes disienten. El «Nuevo paradigma constitucional» convierte a los adversarios en enemigos a los que perseguir, apresar, torturar y matar. Un resultado inequívoco del «Nuevo paradigma constitucional» es la impunidad: lanzan a un detenido desde un octavo piso y no hay consecuencias.

Su catálogo de prácticas y usos retóricos es muy amplio: relativizar los hechos; demonizar el derecho: llamarlo «derecho liberal»; tomar decisiones para legitimar las acciones ilegales del poder; introducir, de forma sistemática, perturbaciones o vocablos ajenos al derecho, para deformar sus contenidos; invocar supuestos paradigmas, como la voz del pueblo, el interés supremo de la humanidad, el bien colectivo como superior e indiscutible sobre el bien individual. Uno de sus recursos más falaces, es el que consiste en violar la ley como exigencia del pueblo o de la mayoría.

El procedimiento utilizado en Venezuela puede resultar revelador, también a lectores de otros países: se crearon situaciones de excepcionalidad legal, que le permitieron al régimen violar la Constitución y las leyes, pervertir el funcionamiento de las instituciones, y, quizás uno de los elementos más importantes, sustituir a los jueces de carrera por jueces provisionales, personas sin las suficientes credenciales profesionales y académicas, militantes o simpatizantes de los partidos del poder, que no tomaron decisiones fundadas en el corpus legal vigente, sino que recibían órdenes de los comisarios políticos encargados de tales funciones. En una frase: crear un nuevo estado de cosas, ajeno a la legalidad, que facilite alcanzar objetivos políticos, al costo que sea.

En dos décadas se destruyó el sistema de controles de los poderes públicos. Se liquidaron los fundamentos de la democracia representativa. Se debilitaron o desconocieron derechos fundamentales como la propiedad privada, el trabajo, la libertad de expresión, de pensamiento y opinión. Se estatizaron ámbitos y funciones que pertenecían al conjunto de la sociedad. Se crearon mecanismos que destruyeron el Estado social, para imponer prácticas como subsidios, regalos y otros beneficios, con el objetivo de implantar un vasto sistema social de dependencias.

Decisiones medulares, fueron despojadas de sustentabilidad jurídica, para que las mismas pasaran al control de políticos. Fueron demolidos: el principio democrático de la representatividad; el de representación proporcional; fueron inhabilitados centenares de políticos y funcionarios elegidos por el voto, sin justificación alguna; se revocó el mandato popular; se arrebató el derecho a ejercer funciones; jueces usurparon funciones del Poder Legislativo; se negó el principio de participación a los ciudadanos; se impidió la realización de procesos electorales pautados en la ley; se han destruido derechos políticos; se confiscaron los derechos de autonomía de los partidos políticos; se prohibió el financiamiento de los partidos políticos; se impidió a partidos políticos participar en procesos electorales; se secuestró el derecho a manifestar; se violó la Constitución al permitir y estimular el proselitismo político en el seno de la fuerza armada; se impuso un gobierno (el de Maduro, tras la muerte de Chávez), violando abiertamente la Constitución; se nombró un presidente que no se había elegido con votos; se denegó el derecho de las víctimas de varios fraudes electorales; se secuestró el Poder Electoral para impedir la realización de elecciones libres y transparentes; se instauró una Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegal, ilegítima, fraudulenta y usurpadora.

De todo esto y más, trata el Nuevo Paradigma Constitucional que promueven los comunistas, cuyos primeros pasos ya se escuchan en España.
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Miguel Henrique Otero es periodista

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Hail, benevolente Caesar!
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 11 Enero 2020

¡Enhorabuena, presidente Sánchez! Su manual de resistencia por fin le da la razón y le aúpa al sitial reservado a los dioses de la política. Colmado el sueño, esa humana ambición que le define descansará en paz sobre el mullido colchón de la pacífica legislatura que le espera. Nadie tan ilustre, tan sincero y transparente como vos, ni con tanta aptitud para gobernar un país, aspiraría a menos. Reconozcámoslo, sois de personalidad sostenible. No dejéis que Iglesias os transforme en un totalitario Chávez (bis). Con vos, todo puede ser prosperidad para vuestros humildes acólitos bolivarianos y separatistas. Incluso, sobrará moneda y repartirá migajas, justicia digna, entre el resto del pueblo. Su ilustrísima alcanza la Presidencia con el noble afán de eternizarse en el poder. Evite que le comparen con el dictador que exhumó, aquel que creía que España entera era su cortijo particular.

Hail, benevolente Caesar! ¡Viva su alma, sostenida por don Rufián, comunistas de variopinto pelaje, más el simpático timador del PNV y esos angelitos en serie de Bildu! Así se construye el futuro de una Nación a base de material homologado. Habiendo pactado con ERC inconfesables fantasías, prometió a Felipe VI, sin biblia ni crucifijo que estorbasen, “guardar y hacer guardar la Constitución”. Hay que tener agallas de duraluminio para pactar con quienes escupen sobre la Carta Magna y, apenas 24 horas después, prometerle al Rey que daría hasta la última gota de sangre en defensa del trono. Su manual de resistencia enterró la falsa tesis. El nuevo mandatario, blando en el pactar pero duro en el jurar, es un crack del billar a tres bandas. Pocos especialistas del taco mejorarían dicha jugada magistral.

Sánchez pone cara de pánfilo sin tener un pelo de tonto. Sabe lo que hace y ahora aún más, sabiendo que es presidente. Para él no existe el mal llamado gabinete bicéfalo, ni tal gobierno de coalición. Él es el único amo de patricios y plebeyos. Y elige a señoras solventes, damas leales como Nadia Calviño, Carmen Calvo y Teresa Ribera para ser sus vicepresidentas, desterrando a Iglesias a las bambanilas. No hay bicefalia, ni nada que se le parezca. El único que hoy manda en España, se llama Sánchez. Si cumple con lo prometido al Rey, la Constitución no corre peligro. Además, Begoña Gómez, la mujer del César, se ha hecho retoques faciales y está más guapa. No sé quién dijo: “Vivimos en un mundo de residuos, donde es posible hallar un diamante”. Esperemos que esta legislatura transcurra apartada de los quirófanos políticos. Y que no nos frían a impuestos.

Por favor, presidente, ate en corto a los bolcheviques y mande a los separatistas a recolectar setas. Vaya socios alquiló para convertirse en César y arruinar a la clase media y a los autónomos. Sea benévolo, presidente, que todos los parias abonaremos el derroche absurdo de su colosal mandato. Nos sacará cuanto se le antoje. Sólo una cosa no podrá quitarnos nunca: el miedo que le tenemos. ¡Ave Caesar, morituri te salutant! (Los que van a morir te saludan).

La peronización de España
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 11 Enero 2020

La peronización a la que me refiero no es obra solamente de algunos argentinos portadores de esta ideología totalitaria, encaramados en puestos clave de la política española. Gerardo Pisarello, Pablo Echenique y hasta hace pocos días Pablo Gentili, retornado a Buenos Aires para colaborar con el tinglado bicéfalo de Fernández-Kirchner, nos han aportado una fuerte dosis de populismo tercermundista, pero la infección trasciende el ámbito de las incorregibles manías hegemónicas que trajeron consigo estos advenedizos.

Politizar la Justicia
La prioridad para el nuevo Ejecutivo peronista argentino consiste en politizar la Justicia, poniendo los intereses espurios por encima de las leyes, para librar a la expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de las nueve causas penales y cuatro pedidos de prisión preventiva que pesan sobre ella por corrupción. También urge blanquear a sus hijos, igualmente procesados, y sacar de la cárcel a los delincuentes económicos, alabados como "presos políticos" –¿les suena?–, que se enriquecieron en connivencia con Néstor Kirchner, primero, y con su viuda, después.

En la España peronizada, los supremacistas encarcelados con sentencia firme por sedición y malversación han gestionado la investidura del presidente del Gobierno, que promete retribuirles el favor desjudializando sus delitos. O sea, politizando la Justicia.

En Argentina, los servicios de inteligencia y seguridad han sido puestos en manos de nuevos funcionarios que caratulan como suicidio el asesinato del fiscal Alberto Nisman, que investigaba las componendas del Gobierno kirchnerista con los poderosos instigadores iraníes del atentado contra la entidad judía AMIA, que produjo 85 víctimas mortales. Estos nuevos funcionarios ahora retiran de la lista de organizaciones proscriptas en Argentina a la banda terrorista Hezbolá. Se trata, para colmo, de gente hostil a las fuerzas del orden, a las que despojan de sus protocolos de actuación y de las armas que les había suministrado el anterior Gobierno liberal. Estos funcionarios tampoco ocultan sus simpatías por los atracadores, secuestradores y asesinos que componían las organizaciones guerrilleras argentinas y latinoamericanas del siglo pasado.

En la España peronizada, los imitadores de aquella tropa enemiga de la sociedad abierta, abrazados a los detritos del terrorismo autóctono, van a ser los zorros encargados de custodiar el gallinero.

Simpatías malsanas
Una consecuencia de estas simpatías malsanas, presentes en las más altas esferas del nuevo Gobierno argentino, es el reforzamiento de los vínculos con las dictaduras comunistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, de las que Mauricio Macri se había distanciado. Y otra consecuencia es la instalación en Argentina de un foco de conspiraciones, encabezadas por el caudillo cocalero Evo Morales, contra las autoridades provisionales de la vecina República de Bolivia.

Lo mismo va a suceder en la España peronizada, que sitúa en puestos clave a amanuenses de los ayatolás y del chavismo y a comunistas con carnet. Siguiendo la ruta que marcó el alcahuete Rodríguez Zapatero.

Duplicidades inescrupulosas
Más pruebas de la peronización de España. Del lado argentino tenemos la duplicidad inescrupulosa de Juan Domingo Perón, que un día calificaba de "juventud maravillosa" a los asesinos castro-peronistas Montoneros y otro los tildaba de "imberbes estúpidos" y ordenaba que los masacraran los sicarios de la Triple A nazi-peronista. O las contradicciones de Alberto Fernández, que pasó de denunciar los desafueros de Cristina Kirchner a convertirse en su títere. Del lado español tenemos la duplicidad inescrupulosa de Pedro Sánchez, que un día despotrica contra el ariete comunista Unidas Podemos y veta taxativamente los pactos con los secesionistas catalanes (ver su Manual de resistencia), y cuando el apetito insaciable de poder hace aflorar su verdadera personalidad megalómana se conchaba con todos ellos, les acopla la casquería bilduetarra y consuma la traición a España.

Peronismo y sanchismo son hermanos gemelos a la hora de pasarse la legalidad por el arco del triunfo. Al fin y al cabo, el sueño de todos los delincuentes y de quienes se benefician colaborando con ellos consiste en abolir el Código Penal y reemplazarlo por un vademécum de trapacerías lucrativas.

Si para el actual Gobierno del binomio Fernández-Kirchner los extorsionadores y ladrones de dineros públicos encarcelados o procesados son "víctimas de la represión política", para los cofrades de la banda ZISI (Zapatero, Iceta, Sánchez, Iglesias) los sediciosos y malversadores condenados con sentencia firme, empezando por el penitente fray Junqueras, son "presos políticos" con los que se puede negociar… y se negocia. Los peronistas toman por asalto el Poder Judicial para evitar el procesamiento de su jefa y para sacar de la cárcel a su casta mafiosa. Los sanchistas recurren a tejemanejes torticeros, que ni siquiera respetan al Tribunal Supremo y a la Abogacía del Estado, y traman medidas de gracia que favorecerán a los enemigos de España, cuya abstención han comprado para conseguir la investidura malparida.

Rescate usurario
La desobediencia a la ley empieza, lógicamente, por la vulneración de la Constitución. En la Argentina peronista y en la España sanchista. Ya comenté que la sola mención de la Carta Magna tiene para los secesionistas y comunistas el mismo efecto exorcizador que los dientes de ajo para los vampiros del conde Drácula. Por eso no figura en el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, y tampoco en la capitulación del sanchismo ante los sabinoaranistas étnicos del PNV. Todo lo acordado, en ambos casos, y con más razón aun en el del rescate usurario pagado por los sanchistas a los extorsionadores de ERC en forma de privilegios ilegales, viola el orden constitucional de la Monarquía parlamentaria. El Rufián ensoberbecido y la hermana de una sediciosa presa se lo refregaron por las narices, humillándolos, en el debate de investidura.

Existe, sin embargo, un matiz de diferencia, no desprovisto de importancia, entre el peronismo y el sanchismo. La matriz fascista del peronismo lo impulsa a imponer a todo el país una cohesión monolítica colocada bajo la férula del partido único. El sanchismo, en cambio, acepta el canon rupturista de los secesionistas étnicos, de modo que al país originario –España– lo hará estallar, si puede, en pedazos, cada uno con sus flamantes fronteras y su minoría –que en realidad es mayoría– víctima del apartheid.

La guinda de la traición
El criterio para el reparto ya está acordado entre los cerebros de la balcanización. Sustitución de la ley por el trapicheo, con el fin de dejar librados al cambalache político los delitos flagrantes que el Gobierno del PP, con el consentimiento de Ciudadanos, Vox y el PSOE pre-sanchista, ponía en manos de la Justicia, donde debían estar. Reemplazo del debate parlamentario por un simulacro de negociación diplomática entre los representantes de dos Estados, uno universalmente reconocido y otro ficticio, colocados arbitrariamente en pie de igualdad. Adecuación de la estructura del Estado al reconocimiento de las míticas identidades territoriales, que según el experto en pureza racial Miquel Iceta son por lo menos ocho. Reforma del Estatuto vasco "atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia", igualmente míticos. Cesión de Navarra a los expansionistas vascos y a su ramificación bilduetarra. Participación de las entidades deportivas regionales en las competiciones internacionales. Etcétera.

La guinda de la traición perpetrada con la creación de una mesa de negociaciones entre el Gobierno de España y el búnker golpista de Cataluña, la pone la promesa de convocar un referéndum regional para aprobar o rechazar lo que resuelva ese cónclave contra natura. El acomodaticio Fernando Ónega opinó ("El cambio es de poder", LV, 2/1/2020):

El trascendental avance de someter a consulta o referéndum las decisiones de la mesa Gobierno-Govern (sic) es un salto que ni los más optimistas podían soñar.

¿Avance? ¿Optimistas? Es una atrocidad sin paliativos que ni el más avezado estudioso de las perversiones de la naturaleza humana se habría atrevido a pronosticar.

El Gran Felón afirmó, cuando todavía pescaba votos en el caladero de socialdemócratas y liberales cándidos, que el 95 % de los españoles no podrían dormir si Pablo Iglesias estaba en el Gobierno. Ha llegado la hora de que los españoles –socialdemócratas, liberales y conservadores– les demuestren, a él y a su séquito entreguista, que además de no poder dormir están muy despiertos. Son ciudadanos libres e iguales, despiertos y activos en la defensa de la integridad de España.

Afortunadamente, el texto constitucional del Reino de España, país definitivamente anclado en la órbita ilustrada de la civilización europea, enumera explícitamente los recursos con que este cuenta para impedir que el Gran Felón investido y la camarilla étnico-bolchevique que lo rodea, lo desguacen y lo reduzcan a un conglomerado retrógrado y segregacionista de republiquetas peronistas. Al tiempo.

Fiasco separatista; descrédito de Sánchez
Con Junqueras sin inmunidad y Torra inhabilitado se explican las urgencias de Sánchez en sacar adelante una investidura que hoy muy probablemente no contaría con las abstenciones de ERC. El presidente entendió que el fin justificaba los medios y sepultó la Moncloa bajo el polvo del indigno camino por el que sus juristas arrastraron las togas»
Editorial larazon 11 Enero 2020

Las últimas fechas, y sobre todo horas, han resultado frenéticas en el pulso político-mediático-jurídico que el separatismo, con acompañamiento del Gobierno y del PSOE, ha mantenido contra el Poder Judicial con los cambalaches de por medio en torno a la investidura de Pedro Sánchez y el futuro del gobierno de coalición. Se aprovechó la resolución del Tribunal de la Unión Europea para poner en jaque a la Justicia de nuestro país e, instrumentalizándola grosera y falsariamente, doblar el brazo de actuaciones inapelables en un procedimiento ciertamente ejemplar y absolutamente garantista como el del «procés».

En estas mismas páginas, defendimos que el fallo de los togados comunitarios no sólo no rebatía ni cuestionaba el fondo de las decisiones del Tribunal Supremo, sino que avalaba la plena competencia de sus posiciones respecto de la prisión provisional de Oriol Junqueras y su presunta condición de eurodiputado. Se trataba de una cuestión prejudicial en un momento concreto sobre una muy particular situación que en nada afectaba a la circunstancia presente del cabecilla republicano como condenado en sentencia firme por delitos de sedición y malversación. La poderosa maquinaria independentista, sus tendenciosos terminales y la complicidad del Gobierno crearon una entelequia fabulosa para dar a entender que Junqueras era eurodiputado, gozaba de inmunidad y, por tanto, debía ser puesto en libertad. De ese embeleco fraudulento participó el manoseo gubernamental impúdico de la Abogacía del Estado, en el que la institución se dejó jirones de prestigio y decencia profesionales, así como los votos de los socialistas catalanes en el Parlament junto a toda la pléyade de siglas golpistas, populistas y antisistema en favor de la cruzada pro Junqueras. Pero también, y hay que lamentarlo y censurarlo profusa y profundamente, las andanadas corrosivas de Pedro Sánchez, Adriana Lastra y otros cargos del Ejecutivo contra el papel del Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central en lo que encasillaron de formas hosca y desabrida como judicialización de la crisis catalana. Que el Poder Ejecutivo se haya dedicado a segar la hierba bajo los pies del Poder Judicial en la causa por el ataque más grave a nuestra democracia ha resultado inaceptable y una muestra de las peores prácticas, impropias de un representante público que supuestamente debe su lealtad al interés general. Nadie movió un dedo ni abrió la boca para amparar la dignidad y el crédito de nuestros togados asaeteados a diario en comparación con la que decían «ejemplar» respuesta de instituciones comunitarias como el Parlamento europeo y el TJUE, cuya ladina burocracia era utilizada de forma artera. Pero, como se sabe, las mentiras tienen las patas muy cortas.

Ayer, después de que el Supremo comunicara a Bruselas que Junqueras era un reo condenado en firme e inhabilitado, la Eurocámara retiró el reconocimiento del líder de ERC como eurodiputado, tal y como había estimado la Junta Electoral Central. El tiempo, en ocasiones, pone las cosas en su sitio y la verdad y la razón suelen prevalecer cuando, por lo demás, los enemigos de la ley embisten con torpeza, aunque con medios y complicidades poderosas, contra el eficiente y riguroso Estado de Derecho. El desenlace de Junqueras debería abrir los ojos a más de uno, pero los separatistas no aprenden. Por eso, Torra, con apoyo de Torrent y la mayoría del Parlament, se encastilló ayer en su poltrona y se negó a dejar el escaño después de la resolución de la JEC avalada por el Supremo tras una condena por desobediencia. Torra está inhabilitado y se prepara para sumar nuevos delitos a su deplorable ejecutoria. Por lo demás, estas agrías novedades explican las urgencias de Sánchez en sacar adelante una investidura que hoy muy probablemente no contaría con las abstenciones de ERC. El presidente entendió que el fin justificaba los medios y sepultó la Moncloa bajo el polvo del indigno camino por el que sus juristas arrastraron las togas. El revés de Junqueras lo ha sido también de Sánchez.

Estruendoso silencio
El Gobierno, mudo mientras Torra se niega a acatar que ya no es diputado
Luis Ventoso ABC 11 Enero 2020

En esta España donde todo da igual, donde se vive tan bien que pensamos que nuestra bonanza es inmutable, se han proferido en los últimos días barbaridades insólitas en una democracia representativa. Altos cargos del partido del Gobierno, el PSOE, han salido en tromba a desacreditar a los jueces, porque sus sentencias resultaban incómodas para los socios antiespañoles que necesitaba Sánchez. El presidente manifestó en su investidura que «hay que superar la vía judicial», que tanto «sufrimiento ha causado». Es decir, si políticamente no conviene, toca dejar de perseguir a quienes vulneren las leyes. El insólito nuevo ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón, político de ideario jurásico que apoya a las dictaduras cubana y venezolana, ha alertado sobre que «tenemos un gravísimo problema en las altas instancias del poder judicial», que son «el brazo reaccionario de la derecha». Abiertamente ha amenazado a los jueces (imagínense lo que haría este tipo en un país sin los fuertes contrapoderes y libertades constitucionales que disfrutamos en España). Adriana Lastra, la número dos del PSOE -lo que da idea del nivel actual del partido- acusó a «las derechas» de estar tramando «un golpe de Estado», difamación que no le ha merecido reproche alguno.

Vivimos en un país donde los reporteros de la televisión al rojo vivo se queman a lo bonzo indignados si a Isabel Ayuso se le escapa una frase torpona sobre la contaminación; pero donde no pasa nada si los principales mandatarios de la coalición de Gobierno ponen a parir a la Justicia y abogan porque quede en suspenso ante los separatistas. Si los jueces ya no merecen respeto, si la ley debe inhibirse ante los sentimientos, ¿cómo se salvaguardarán los derechos de todos?

El caso Torra es paradigmático de esta carcoma institucional. Las leyes fijaban claramente que si el presidente catalán se saltaba las normas que regulan la propaganda electoral en espacio público corría el riesgo de ser inhabilitado. Antes de sancionarlo, la Junta Electoral le hizo varias advertencias y hasta le dio un ultimátum. Pero Torra consideraba que las leyes españolas, represivas y extranjeras, ya no iban con él. Así que las pisoteó con jactancia y provocación. Su problema es que la justicia, aunque lenta, acaba llegando. Fue a juicio y resultó inhabilitado por año y medio, sentencia inevitable a tenor de los hechos probados. Ayer el Supremo lo reafirmó y la Junta Electoral le retiró por fin el acta de diputado, condición imprescindible para ser presidente de Cataluña según su Estatuto. Torra y el presidente del Parlament, en abierta rebeldía, respondieron que no harán ni caso. Torrent llegó a decir que «la Junta Electoral no es competente para quitar un acta de un ciudadano de Cataluña», como si de facto fuese ya un país independiente.

Tenemos a un presidente de una comunidad autónoma que ahora mismo está cometiendo un delito de «usurpación», pues ya no es diputado. Tenemos un presidente del Parlament que está prevaricando. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno para defender el imperio de la ley? Un estruendoso silencio.

Ni rastro de revuelta interna en el PSOE por el pacto con golpistas y proetarras: “Hemos asegurado los cargos”
Carlos Cuesta okdiario 11 Enero 2020

La rumoreada oposición de los barones del PSOE a los pactos de Pedro Sánchez con separatistas y proetarras se ha quedado en eso: en rumor. Desde las filas socialistas supuestamente críticas -especialmente las de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura o Aragón- no salió ni un diputado con valor para votar en contra o abstenerse en la investidura de Sánchez.

Pero es que, además, “la corriente crítica ya no cuenta ni con un número representativo de militantes y cargos. Lo cierto es que los primeros no tienen tanto problema con un pacto que impida gobernar a la derecha, y los segundos tienen claro que han asegurado sus cargos. Y esos son factores difíciles de sortear”, señala un conocido socialista inmerso en esa corriente crítica.

Lo cierto es que Sánchez tiene poder pleno y manos libres en su partido para hacer lo que quiera. Porque los factores críticos no cuentan con un respaldo real en la formación.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, advirtió antes de la investidura a Pedro Sánchez de algo que “ya sabe”, y es que los socialistas aragoneses no van a admitir “transacciones” con el separatismo, al que hay que combatir por la vía política, judicial y cultural. Las transacciones han llegado y se han firmado oficialmente y lo cierto es que no ha habido respuesta de Lambán de ningún tipo.

Desde Castilla-La Mancha, Emiliano García Page también mostró su preocupación por la deriva de su partido y los pactos por mantenerse en La Moncloa. Alertó de que esa no era la vía que debía tomar el PSOE y señaló que «no hay en España espacio para el privilegio; los que quieren más lo quieren a costa de que los demás tengamos menos. Por lo tanto, yo voy a pelear mucho por los símbolos que nos hacen más iguales, los que reflejan la Constitución del 78”, afirmó en clara alusión a los pactos con los separatistas.

«Lo de Cataluña no puede acabar arreglándose con un cheque, yo creo que ni siquiera ellos lo quieren porque sería inmoral», señaló el presidente castellanomanchego. Una postura que se mantuvo en su discurso de fin de año, donde defendió que la Constitución une a todos, «incluso a los que le dan patadas». Pero, de nuevo, el pacto de Sánchez con los separatistas ha llegado, y García-Page no ha hecho nada.

Los mismo se puede decir de Guillermo Fernández Vara y de Susana Díaz, barones socialistas en Extremadura y Andalucía que filtraron su rechazo a las alianzas por la dificultad de vender a su electorado un trato de favor a los independentistas catalanes. Y, una vez más, su supuesta crítica se ha quedado en agua de borrajas.

Pero los factores, lo cierto, es que no sólo tienen que ver con su falta de valor para hacer valer lo que reivindicaron cuando consiguieron forzar en el pasado a Sánchez a no cerrar acuerdos con separatistas. También tiene que ver y mucho con el hecho de que sus propios cuadros no están dispuestos a perder lo que han conseguido con Sánchez: mantener cargos no sólo en las administraciones autonómicas, sino también en las nacionales y contar con más fondos del partido para sus puestos.

El malhadado 'diálogo'
Amando de Miguel Libertad Digital 11 Enero 2020

Decía yo que, al asomarnos a la década de los años 20, en España estrenábamos un nuevo régimen político. Ello es que, sin comerlo ni beberlo, nos topamos con un nuevo modo de gobernar que no sabemos cómo lo llamarán los tratadistas de Teoría del Estado. Así como el régimen anterior de la Transición se basaba en el consenso, este nuevo talante de ahora se apoya en el diálogo. Ni uno ni otro concepto son lo que parecen. El famoso consenso fue más bien el intento de superar la dicotomía ideológica heredada de la guerra civil y del largo experimento franquista. No se consiguió del todo y aun se avivó en los círculos de la cultura. Pero quedó la buena fama de que nuestros políticos se habían avenido bastante bien mediante el dichoso consenso.

Lo malo de las palabras de moda es que pasan pronto de ella. Desgastado el consenso, resucitó un añoso término, el diálogo, que funcionó muy bien en los amenes del franquismo con la oposición tolerada. Hoy se recupera el diálogo como último recurso para justificar la avilantez de las posiciones más traicioneras. Baste decir que ahora son los separatistas y los comunistas quienes legitiman al Gobierno de España, naturalmente con invocaciones místicas al diálogo. Habría que recordar la enseñanza del gran pensador de Santa Fe de Bogotá, Nicolás Gómez Dávila: "Cuando el diálogo es el último recurso, la situación ya no tiene remedio". Lo hemos visto con la penosa tarea de formar Gobierno que los españoles han tenido que soportar durante el último año. Ha sido una misión imposible. Al final, a trancas y barrancas, el nuevo Gobierno, manifiestamente inestable, ha salido con el apoyo de una docena de partidos. ¿Cómo vamos a tragar que la clave del nuevo Gobierno vaya a estar en dialogar (con mesa aparte) con un partido que se etiqueta ‘republicano de Cataluña’ y cuyos miembros no se consideran españoles? Hay más padres de la patria en el Congreso que abiertamente no se sienten españoles. Los más avisados ya se han percatado de que el tan traído y llevado diálogo no es más que una forma de chantaje.

Lejos de ser un ‘diálogo abierto’, como se dice, la opacidad preside las reuniones de los delegados de PSOE y Esquerra. El auténtico diálogo abierto se tendría que realizar en las Cortes, que para eso se diseñaron hace mil años. Es claro que no se ha dado tal ocasión. Los que ahora dialogan lo hacen en lugares inaccesibles al público y a los medios. Es decir, por mucho que se hable de "transparencia", realmente lo que impera es el secretismo. Es algo que se impone, incluso, en las mal llamadas ‘conferencias de prensa’, que no son tales, sino maniobras de propaganda. En ellas se habla de "voluntad de diálogo", que no se sabe muy bien qué pueda ser.

Una forma taimada de diálogo político es la que asegura "consultar con las bases" y hasta "con la ciudadanía" para apoyar ciertas decisiones que ya han tomado los que mandan. Son consultas sin las mínimas garantías de neutralidad jurídica. En el caso del "diálogo" para resolver el "conflicto catalán", se evita la opinión del resto de los españoles.

Lo más significativo de la operación dialogante entre el Gobierno de España y la Esquerra Republicana de Catalunya es que proponen una nueva institución: una especie de negociación entre iguales. Eso, en el mejor de los casos, si el Gobierno de Cataluña acepta ocupar un lado de la mesa. Se supone que tal supuesto se llevará a cabo con otra Constitución de España, pues con la actual no es posible tal dislate con apariencia democrática. De momento, en época de crisis económica, el nuevo Gobierno no hace más que crear nuevos ministerios y oficinas sin cuento, o mejor, con mucho cuento. Quien verdaderamente va a salir ganando con el nuevo Gobierno es la empresa esa que hace las carteras que se llevan a casa los ministros con el título del departamento (cada vez más largo). No es solo que cada vez hay más ministerios, y por tanto más carteras, además de otros privilegios inherentes al cargo. Habrán de saber que los antiguos ministros, en la toma de posesión de los nuevos, no les entregan la vieja cartera que ellos recibieron. Eso solo lo hacen los puritanos ingleses. Aquí todas las preciadas carteras son nuevas. Dado que cada vez hay más ministerios, van a tener que añadir transportines en el banco azul del Congreso.

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Los que encañonan y los que cavan
La humillación ante Bildu es el mayor oprobio de la historia de la democracia española
Alberto García Reyes ABC 11 Enero 2020

Los discursos de Bildu empezó a escribirlos Clint Eastwood en «El bueno, el feo y el malo»: «El mundo se divide en dos: los que encañonan y los que cavan. El revólver lo tengo yo, así que ya puedes coger la pala». La pala del PSOE está enterrando ahora a mayor profundidad a Jáuregui, Lluch, Pagazaurtundúa, Múgica, Buesa... Los que encañonan siempre creen que las balas son las únicas que dicen la verdad. Pero la verdad sólo está en las nucas. Cavando. Salvo cuando la víctima es quien protege al pistolero. Por eso Mertxe Aizpurua, que fue condenada a un año de prisión por apología del terrorismo y dirigió durante un lustro el «Gara», el pasquín oficial de ETA, pudo cantar en el Congreso como una tiplista de zarzuela cutre que hay asesinos y secuestradores condenados injustamente por el «Estado español» mientras ofendía al Rey y se envolvía en la bandera del progreso frente a la derecha represora. A mí me recordó la escena de «La chaqueta metálica» en la que el sargento instructor Hartman obliga a sus soldados a rezarle a su fusil la oración más miserable de la historia del cine: «Sin mí, mi fusil no sirve; sin mi fusil, yo tampoco sirvo».

Desde que Aizpurua vomitó plomo en el Congreso para investir a Pedro Sánchez, los susurros melódicos del presidente sobre la crisis económica y no sé qué más pamplinas periféricas a las que recurrió ese hombre para no pisar donde quema son la pala con la que España está cavando mientras los pistoleros apuntan. El PSOE le dio cobertura al oprobio apelando a la libertad de expresión de la bilduetarra. Meritxell Batet repitió la patraña varias veces. ¿Y la libertad de expresión de Alberto Jiménez Becerril, hermano abatido por la espalda de una de las diputadas que tuvo que tragarse la ofensa in situ? Lo que los camaradas de Aizpurua garantizaron a quienes pensaban distinto fue el silencio eterno. Pero ahí están, soplando el humo desde el templo de la democracia española mientras intentan pontificar sobre los derechos humanos. «Bildu es un partido legal», cacarean como loros los socialistas, podemitas y sus correspondientes portavoces mediáticos disfrazados de periodistas, esos que niegan a otros el derecho a existir y que queman contenedores cuando los españoles votan lo que no les gusta.

Ha sido muy desesperante contemplar cómo el PSOE, que puso tantas nucas en las pistolas de quienes hoy pretenden explicarnos la libertad, se arrodillaba ante la literatura de los verdugos a cambio del sillón. ¿Por qué el tono de Sánchez contra Vox, el PP y Ciudadanos es tan agresivo y, en cambio, contra Bildu es tan condescendiente? ¿Las diferencias ideológicas merecen mayor repudio que los asesinatos? Ninguna idea vale más que una vida, la de quien sea. ¿En qué momento ha pedido perdón ETA o su brazo político por los crímenes cometidos? ¿Cuándo ha entregado las armas? Bildu sólo ha rechazado la violencia después de que las fuerzas de seguridad del Estado arrinconaran a los terroristas, es decir, sólo tras la derrota, cuando ya no había más remedio que coger otro camino. Pero que nadie olvide que estos santitos participan en los homenajes a los asesinos. Por lo tanto, el PSOE del timador -ya se ha enterado el vicepresidente cuarto Iglesias de que no se puede pactar con trapaceros- ha avalado a Aizpurua para que nos entregue una pala y cavemos mientras nos obliga a rezar, como Hartman, su oración. «Sin mí, mi fusil no sirve; sin mi fusil, yo tampoco sirvo»...

Yo creo que Eastwood se equivocó. El mundo se divide en tres: los que encañonan, los que cavan y los que nos damos la vuelta para mirar de frente, sin miedo, a los ojos de nuestros asesinos. Aizpurua, Sánchez y España.

La Guardia Civil descubre que Convergència tenía una «contabilidad paralela» para ocultar las mordidas del 3%
OKDIARIO 11 Enero 2020

La Guardia Civil ha descubierto que el partido de Artur Mas y Carles Puigdemont, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), utilizaba una «doble contabilidad» o «contabilidad paralela», mediante la cual ocultaba que el dinero que ingresaban sus fundaciones en realidad iba destinado al propio partido.

El servicio de Información ha comunicado estos hechos en un informe fechado el pasado 16 de diciembre y dirigido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa de corrupción del 3%.

El informe, al que ha tenido acceso Efe, concluye que Convergència manejaba dos hojas de cálculo denominadas “Real” y «Comptable”, lo que considera una evidencia de la existencia de esa doble contabilidad. Según los investigadores, las fundaciones CATdem, Fórum Barcelona y Nous Catalans mantenían una relación con CDC «más allá de la puramente formal, existiendo relaciones puramente económicas».

Estos datos confirman la tesis del juez José de la Mata, según la cual buena parte de las «donaciones» que recibía la fundación CATDem eran en realidad comisiones ilegales abonadas por empresarios a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

Convergència y sus fundaciones utilizaban un sistema de gestión económica centralizada, como si se tratara de un mismo grupo empresarial, a pesar de ser independientes, señala el informe remitido a la Audiencia Nacional.

De los documentos analizados, obtenidos en su mayor parte del análisis del servidor informático de CDC, la Guardia Civil concluye que el partido utilizaba un sistema de contabilidad «que podría denominarse como doble contabilidad o contabilidad paralela«.

Mediante ese sistema, partidas registradas en la contabilidad oficial de las asociadas a las fundaciones se destinaban en realidad al partido político con un método que «oculta del control externo las posibles operaciones fraudulentas«.

Gracias a ese sistema, las cuotas, las aportaciones no finalistas y los ingresos extraordinarios, a pesar de pertenecer a las fundaciones, se computaban como ingresos de CDC en la contabilidad paralela.

El Instituto armado detalla que solo en 2013, en el caso de Catdem, la contabilidad oficial muestra ingresos por un importe de 961.000 euros, pero la «real» era de 66.700, una merma superior a los 894.000 euros.

La desviación es de 238.000 euros en Fórum de Barcelona y de 155.000 en el de Nous. La Guardia Civil sostiene que la hoja de cálculo denominada «real» muestra la realidad sobre los saldos de las fundaciones y la «comptable», la que se presentaba oficialmente.

Los voluntarios catalanes como síntoma
Jesús Laínz Libertad Digital 11 Enero 2020

Eduard Llorens Masdeu fue un magnífico pintor catalán bastante menos conocido que Antoni Tàpies, el del calcetín. Entre sus principales obras se encuentran los frescos con los que decoró a finales del siglo XIX el palacio de Sobrellano de Comillas, esa pequeña Cataluña trasplantada a orillas del Cantábrico. Entre otros episodios de la vida de Antonio López, el primer marqués de Comillas cuya estatua barcelonesa derribaron hace pocos meses las huestes de Colau por su incorrección política, los visitantes del palacio pueden contemplar la escena de los voluntarios catalanes embarcando en los buques del marqués en 1869 para luchar contra los separatistas cubanos. En primer plano, un soldado enarbolando una bandera española adornada con el escudo de las cuatro barras.

Según explicó uno de los guías a este juntaletras, la mayoría de los turistas catalanes que visitan el palacio se asombran al ver unos soldados catalanes, tocados con barretinas, yendo a la guerra para defender a España. Y no pocos de ellos no sólo se asombran, sino que les embarga la santa indignación. ¡Cómo se permite la exhibición de semejante pintura! ¡Menudo insulto a Cataluña! Y, sobre todo, ¡cómo se atrevieron aquellos soldados catalanes y aquel pintor catalán a falsificar por adelantado la historia que ellos iban a aprender siglo y medio después en las aulas pujolescas!

Pero no carguemos todas las culpas sobre los fornidos hombros del Molt Honorable saqueador, pues para llevar a cabo su tarea contó con la inestimable colaboración de muy altas autoridades desde la capital del pérfido Estado estatal. Se lo explicaré con una anécdota muy jugosa que tuvo por protagonistas a otros voluntarios catalanes, esta vez los que se alistaron para luchar a las órdenes de O’Donnell y Prim en la guerra marroquí de 1860, aquellos voluntarios cuyas cargas bajo la bandera rojigualda inmortalizara Fortuny y que sirvieron de inspiración a Gerónimo Giménez para componer la célebre marcha titulada precisamente así, Los Voluntarios, el más famoso fragmento de su zarzuela homónima.

Pues cuando tocó organizar las salas del nuevo Museo del Ejército, trasladado por decisión previa de Aznar desde su vieja ubicación en el Salón de Reinos madrileño hasta el Alcázar toledano, aquellos voluntarios pusieron al inmortal ZP y sus ministros al borde de un ataque de nervios. Porque, ¡cómo iban a dedicar un espacio a explicar la historia de aquellos soldados! ¡Qué dirían los catalanistas, desde Mas hasta Maragall, ante semejante insulto a Cataluña! Según parece, tras tensas discusiones con los militares encargados del asunto, a los monclovitas socialistas no les quedó más remedio que admitir que aquel fue un episodio de la historia de España como otro cualquiera, por lo que no cabía censurarlo por mucho que hubieran preferido que nunca hubiese sucedido.

Pero no se me adelante a maldecir a los socialistas, mi muy derechista lector, puesto que el Partido Popular no se ha quedado corto en estos asuntos de acomplejamientos históricos. Es más: si hay un partido español insuperable en materia de complejos, ése es, sin duda, el de la pseudoderechita avergonzada de serlo. Pues, como ya hemos recordado alguna vez desde estas malintencionadas líneas, el eminente historiador Fernando García de Cortázar, cuando dirigió la serie televisiva Memoria de España, tuvo que enfrentarse al gobierno de José María Aznar, el de la derechita valiente, que prefería titularla El hilo invisible para no pronunciar la palabra impronunciable. ¡Cómo era posible que a alguien se le hubiera ocurrido incluir la palabra España en el título de un programa sobre la historia de España! ¡Qué dirían, por el amor de Dios, sus socios separatistas catalanes y vascos de semejante osadía!

Sirva esto como síntoma y explicación de por qué hay millones de catalanes –y de vascos, dicho sea de paso– que ignoran en qué consiste Cataluña y, por lo tanto, están convencidos de ser ajenos a una España a la que los gobernantes, tanto de Barcelona como de Madrid, les han enseñado a odiar.

Toda esta farsa, cayendo lenta e incesantemente como la gota china, acaba empapando hasta el último rincón de la sociedad. Y tarde o temprano desborda por las urnas.

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