AGLI Recortes de Prensa   Lunes 13  Enero  2020

Un Gobierno desmedido para atender compromisos antes que necesidades
EDITORIAL ESdiario  13 Enero 2020

22 personas en el Consejo de Ministros es un despropósito que perfila los problemas de coodinación que va a tener el Ejecutivo de Sánchez entre dos socios ocasionales enfrentados siempre.

El nuevo Gobierno de España estará compuesto por 22 vicepresidencias y Ministerios, un número que se queda muy cerca de duplicar el último de Rajoy, formado por trece carteras. Es una cifra a todas luces incompatible con un elemental criterio de austeridad que debería presidir la gestión política de los asuntos públicos y que da un mal ejemplo a la sociedad que, sin duda, se aprieta el cinturón para llegar a final de mes.

El antagonismo entre el esfuerzo de trabajadores, familias y Pymes y la alegría derrochadora de Pedro Sánchez es inmenso, y probatorio de hasta qué punto se han invertido las tornas en la política moderna: se exige un esfuerzo a todos y se le carga de impuestos asfixiantes para anteponer luego el sostenimiento de una Administración mastodóntica e innecesaria a los servicios que ésta presta.

Resulta evidente que el número de Ministerios creados por Sánchez obedece más a la dimensión de sus compromisos con Podemos, y a los existentes en el seno de éste por la proliferación de facciones y familias, que a las necesidades de España. Y resulta casi ridículo que, para justificar lo injustificable, se recurra a fraccionamientos de carteras y bautizos folclóricos de las mismas para disimular la auténtica naturaleza de los nombramientos.

Rodear a Iglesias de vicepresidentes demuestra la desconfianza perpetua entre el PSOE y Podemos

Pero además del gigantismo y del despilfarro, el diseño del Gobierno perfila los problemas que se va a encontrar fruto de la interesada convivencia de dos socios que se necesitan pero, en realidad, no se toleran ni entienden.

Sin tregua
Rodear a Iglesias de tres vicepresidentes para que su cargo quede diluido lo dice todo de la sintonía que va a haber entre el PSOE y Podemos, aliados ocasionales pero competidores por espacios electorales similares. Y dejarle al líder morado que coordine a sus propios ministros fuera de Moncloa, ahonda esa preocupante sensación.

Que además se cree una comisión de seguimiento formada por miembros de ambos partidos y que todos ellos dependa, a su vez, de la intervención externa del soberanismo, que tiene la llave del Gobierno, no mejora la perspectiva. Y aunque la tradición imponga conceder cien días de gracia, no parece que la dimensión de los problemas en España ni el origen de este Ejecutivo puedan permitir esa tregua.

De un poder «casi nulo»
Para un populismo no hay más proceder aceptable en justicia que el de los «tribunales populares»
Gabriel Albiac ABC 13 Enero 2020

Puede que sea el pasaje más citado de toda la tradición garantista. Montesquieu, Espíritu de las leyes, libro XI, capítulo 4: «Para que no sea posible abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder contrarreste al poder». Sobre ese axioma se asienta la contraposición de tres blindados poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La función de cada uno es oponerse a los excesos de los otros dos. Y, de ese perpetuo conflicto, nacen las únicas grietas de libertad por las cuales puede transitar el ciudadano.

El pasaje tiene la elegancia escueta de los enunciados matemáticos. De ahí, en buena parte, su éxito. Y, sin embargo, Montesquieu es menos optimista de lo que ese sólo enunciado llevaría pensar. Conviene seguir leyendo. Poco más adelante. Capítulo 6 del mismo libro XI: «De los tres poderes de los cuales hemos hablado, el de juzgar es, de algún modo, nulo».

¿Qué significa ese escéptico repliegue? Algo desoladamente sencillo: los jueces no disponen, ellos mismos, de fuerzas materiales para ejecutar sus sentencias. La ejecución la garantiza nada más que la fuerza constrictiva que sólo el ejecutivo detenta. ¿Qué sucederá entonces si una sentencia judicial entra en incompatibilidad frontal con el ejecutivo? Que la sentencia no se ejecutará. Sencillamente. Y que el ejecutivo procederá a asestar los golpes necesarios para desmontar un poder judicial que pretende poner en solfa su primacía.

¿Qué sucede cuando un poder que a sí mismo se proclama ejecutivo -aunque legalmente no lo sea-, el de Torra, decide no acatar una sentencia del Tribunal Supremo? El despliegue de una alternativa sin tercera vía: o bien el Tribunal Supremo dispone de un poder ejecutivo superior al de Torra -el del gobierno de España, por ejemplo-, que garantice la fuerza necesaria para aplicar la sentencia y reduzca al rebelde si es preciso, o bien que el ejecutivo de Torra inste al gobierno español a desmontar el Tribunal Supremo. Cuál de las dos hipótesis venza está en el aire.

Pero ésa es la gran pugna de los tiempos que vienen. El ejecutivo de Sánchez incluye, entre sus miembros, a ministros que no pueden admitir la división de poderes y, en particular, la autonomía del judicial. Por razones innegociables: para un populismo no hay más que un poder, el del «pueblo», no sujeto a leyes superiores ni, menos aún, a jueces que decidan sobre sus aplicaciones. En el límite, para un populismo no hay más proceder aceptable en justicia que el de los «tribunales populares». Lo demás es abuso y expropiación del pueblo por las «élites».

La primera batalla se dará cuando llegue la hora de proceder a la renovación del Consejo Superior del Poder Judicial. Que no es un órgano jurisdiccional. Pero que decide acerca de la composición de los altos tribunales. Y cuyo control poseen los partidos políticos. Ese día veremos, en la práctica, funcionar la escéptica autocorrección de Montesquieu: sí, ciertamente, «el poder de juzgar es, de algún modo, nulo».

Casa con dos puertas
Sarna democrática con gusto no pica
Juan Manuel de Prada ABC 13 Enero 2020

Parafraseando aquella definición que Chesterton propuso sobre el periodismo, podríamos afirmar que la democracia consiste en decir «Fulano es ministro» a gente que no sabía que Fulano existiese. Lo más alucinante es que nombrando ministros a fulanos desconocidos puedas tener a las masas cretinizadas y a los tertulianeses en un sinvivir, que los dedos se les hacen huéspedes gugueleando los nombres de los fulanos, por ver si están emparejados entre sí (y en este gabinete hay muchos emparejados, lo que no debe extrañarnos, pues la partitocracia es endogámica y fomenta el rijo).

Wenceslao Fernández Flórez consideraba que, para ser ministro, no hacía falta mayor capacidad que para ser socio de un casino. Y consideraba que los ministros siempre se dividen en dos tipos humanos: los que se saben los reglamentos y los que se saben los chascarrillos. «Todos hacemos oído en las juntas generales de los casinos -escribe Fernández Flórez- al señor socio que se alza para acusar a la directiva de infracciones reglamentarias. Este hombre se hace bien pronto temible, y cuando él se levanta todos los señores que se sientan en la plataforma presidencial se apresuran a recoger recelosamente el folletito de los estatutos. Este hombre termina siempre por formar parte él mismo parte de la directiva, y entonces, desde aquella plataforma que él conmovió otrora, esgrime contra la junta general su formidable conocimiento del reglamento». Y esto es lo que ha hecho el doctor Sánchez en su nuevo gabinete: coger unos cuantos fulanos que se sepan el reglamento (doña Constitución la Elástica), para llevarlos a la Mesa de Logomaquias que ha montado con los indepes, y allí puedan torcer el sentido de sus artículos como se tuerce el cuello al cisne de engañoso plumaje, y fajarse con Rufián en diálogos marxistas («La parte contratante de la primera parte…»). Por supuesto, estos fulanos acaban siempre esgrimiendo contra los españoles su formidable conocimiento del reglamento. Pero sarna democrática con gusto no pica.

Con la ayuda de estos ministros que se saben el reglamento, el doctor Sánchez trata de opacar o acallar al ministro de la coleta, que es su gran preocupación. Pero el ministro de la coleta pertenece a la segunda categoría de ministros a la que se refería Fernández Flórez, comparándolos con los socios de los casinos. El ministro de la coleta es el socio que sabe chascarrillos y se sienta siempre en el lugar próximo a la chimenea, hacia la que estira sus pies, con la doble voluptuosidad de sentirse rodeado de tibieza y de atención. «Los demás socios -escribe Fernández Flórez- arrastran sus sillones, para formar grupo a su alrededor, y aun las personas más retraídas se detienen más de una vez tras el respaldo del socio cuentista. Y en las juntas generales, muchas voces suelen requerir, con alegre esperanza: “¡Que hable don Fulano!”». Y esto mismo es lo que pasará en las ruedas de prensa, donde el ministro de la coleta se llevará siempre la atención de las cámaras y los micrófonos, por muchos esfuerzos que haga el doctor Sánchez por taparle la boca con una legión de ministros que se saben los reglamentos.

«Casa con dos puertas, mala es de guardar», nos recuerdan el refranero y Calderón. Este gabinete, con su puerta a los chascarrillos podemitas y su puerta al reglamento de artículos retorcidos, será primero casa de Tócame Roque, donde cada camarilla se monte la juerga por su cuenta (aunque las juergas de unos y otros las abonará el mismo pagano) y acabará siendo Casa de la Troya, con todos a la greña y España en la casa de socorro (o en la mancebía, hecha una piltrafa que administra su rufián). Pero, cómo decíamos más arriba, sarna democrática con gusto no pica.

La necesidad urgente de coordinación de la Resistencia Democrática Española
Pedro de Tena Libertad Digital 13 Enero 2020

No sé bien lo que está sucediendo en España ni en la Unión Europea. Parece como si álguienes estuvieran tratando de reventar la libertad, el bienestar, la igualdad de oportunidades y la estabilidad más altas jamás conocidas por parte alguna del mundo en toda la historia universal. Europa y la civilización occidental –ciencia, empresa-riqueza, virtudes morales y cívicas derivadas del cristianismo y la democracia liberal– están en peligro cierto. La mentira, el Estado insaciable, el relativismo general, la intolerancia agresiva, la sumisión de las nuevas masas a élites mediocres y el totalitarismo que las manipula sin respeto alguno por los sujetos libres y por los hechos ya están entre nosotros.

En lo que se refiere a España, aunque desde la aprobación de la Constitución hubo deslealtades flagrantes del separatismo catalán y vasco y una falta de respeto indecente por las formas y la ética democráticas de los partidos nacionales mayoritarios, todo se aceleró desde 2004, cuando la manipulación perversa de un atentado terrorista aún sin aclarar, con dos centenares de muertos españoles, supuso un cambio radical del voto de los ciudadanos y el principio del fin del espíritu reconciliador de la Transición.

La consecuencia de este proceso, que las derechas conservadoras, las liberales, los socialdemócratas de convicción e incluso los libertarios escarmentados no supieron prever, ha sido lo que tenemos: cuatro Españas, la de izquierdas cada vez más radical y paleolítica; la de centro-derecha, de Vox a Ciudadanos, obtusa, acamellada y miope desde el precipicio de Rajoy; la nacionalista y separatista, blanqueadora de sepulcros, privilegios, ladrones y asesinos, y la España civil y democrática, la de a pie, la mayoría natural; la que, con su postergación, su silencio, su pasividad y su falta de coordinación, está facilitando que la tragedia se fragüe.

Ejemplo revelador. ¿Dónde está Libres e Iguales? ¿Dónde Foro España? ¿Dónde Valores y Sociedad? ¿Dónde Civismo? ¿Dónde FAES? ¿Dónde los medios de comunicación aún no controlados por el contubernio siniestro-separatista? ¿Dónde tantas y tantas asociaciones democráticas, empresariales, profesionales, sociales, sindicales, youtubers, facebookeros, canales varios, instagrameros, páginas web y demás, que pelean cada una en un rincón oscuro, pero sin dotarse de la potencia que tendrían en conjunto?

¿Qué hacen los partidos liberales y conservadores jugando a ser los primeros del pelotón sin tener en cuenta a las víctimas, que vamos a ser todos? ¿Qué hacen los socialdemócratas de convicción, absolutamente necesarios para el equilibrio nacional y para el descrédito del comunismo y el separatismo, incapaces de articular una alternativa política solvente? ¿Qué coño es esto de convocar manifestaciones, un día sí, el otro también, sin ser capaces de consensuar una magna concentración nacional en favor de una Constitución en peligro con unos puntos, muy pocos y concretos, que unan a la inmensa mayoría de los españoles? Recordemos aquella inolvidable Barcelona española de noviembre de 2017.

Es la sociedad civil la que ahora tiene la palabra y debe tenerla. Los partidos que quieren una España constitucional que evite los abusos legales y políticos que han conducido a que una minoría separatista y radical domine a la mayoría de los ciudadanos, moderada y tolerante, tienen que comprender que estamos en un momento decisivo. Tienen su papel, naturalmente, pero el determinante lo va a tener la coordinación de la sociedad civil, a la que han decepcionado, marginado, suplantado y puteado.

Si no queremos que la nación española sea la primera pieza en caer del dominó europeo que alguien está empeñando en dañar de manera irreversible, hay que mandar a la historia al sectarismo excluyente, al fulanismo y al particularismo de casta y club y traer al presente la coordinación, la limpieza moral, la batalla intelectual contra la mentira y la patraña, la altura de miras y la grandeza de una nación cuyas manos blancas, manos callosas, manos libres, manos creadoras de riqueza, manos limpias y manos dignas están todas en peligro.

Nación, democracia y autodeterminación
José García Domínguez Libertad Digital 13 Enero 2020

Si esos chicos de Podemos cuyo sueño más húmedo habría sido poder correr alguna vez delante de los grises hubiesen leído un poco a aquel sabio comunista e inglés, Eric Hobsbawm, en lugar de tantas novelitas policiacas del también difunto Vázquez Montalbán, seguro que se dejarían impresionar mucho menos por los nanonacionalistas de surtido pelaje, empezando por los escoceses y siguiendo por los catalanes. Pero no nos cayó esa breva. Nanonacionalistas, los escoceses, que ya vuelven a andar en estado de celo estos días. Y eso que aún no ha pasado ni un cuarto de hora desde que perdieran el referéndum. Un dato empírico, el de la ubicua incontinencia sufragista de los separatistas, a tener en cuenta por todos los ingenuos, tanto los de allí como los de aquí, que se creyeron a aquel engolado tonto con balcones a la calle, Cameron, cuando aseguró muy convencido que tendrían que pasar un mínimo de treinta años hasta la convocatoria de una segunda consulta sobre la independencia. Y es que para ese tipo de gente, e igual los suyos que los nuestros, el único referéndum que valdría sería el que ganasen. El único. A partir de ese instante, no se volvería a votar nunca más sobre las cosas de comer. Por los siglos de los siglos, jamás. Pensar que los separatistas todos, los de aquí y los de allí, van a respetar alguna vez las normas es de una ingenuidad cósmica solo concebible en esa generación, la de la progresía narcisista y lloricona de ahora que creció viendo Barrio Sésamo.

La enfermedad infantil de nuestros poscomunistas tan nostálgicos de aquellos grises que nunca conocieron es lo que Ruiz Soroa llama "esencialismo democrático". He ahí lo que ha llevado a tantos mesetarios que se creen no solo de izquierdas, sino de la izquierda moralmente impoluta e inasequible a los cantos de sirena del capital, a compartir el fondo y la forma del proyecto secesionista alumbrado en origen por la carcundia indigenista catalana de raíz rural. Enfermedad infantil, sí, porque nada hay más infantil en política que fiar la legitimidad última de cualquier propuesta programática, por ejemplo la autodeterminación de una parte del territorio, al aval pretendidamente indiscutible del voto popular. Cuando el único vicepresidente varón del inminente Gobierno de España defiende el derecho a la autodeterminación de Cataluña lo hace no porque la considere una colonia ocupada, sino por ese pueril esencialismo tan propio de los de su quinta. Y es que para los chicos con mala conciencia nacional de Podemos, su país, España mal que les pese, tiene la fuerza, pero los catalanes (los catalanes auténticos, no la charnegada alienada y refractaria a la integración) poseen la razón.

Así, excluido de la ecuación el argumento del monopolio de la fuerza que define a todo Estado, sería el pueblo y solo el pueblo el único autorizado a decidir sobre el final encaje o desencaje de Cataluña en España, barruntan ellos. Pues nuestros adánicos y juveniles fundamentalistas creen, contra toda lógica, que el método democrático puede ofrecer por sí mismo una respuesta indiscutible a la pregunta de quién decide y quién no. Porque ya sabemos que la voluntad del pueblo es sagrada. Vale, sí, es sagrada. Pero ¿quién forma parte del pueblo y quién no? Un separatista catalán nos dirá, naturalmente, que el único pueblo que puede decidir es el pueblo catalán. Pero eso lo dice en su condición exclusiva de separatista catalán, no de demócrata. Porque un ciudadano del resto de España puede argumentar, y con la misma razón, exactamente la misma, que el pueblo llamado a decidir es el formado por la totalidad de los moradores de la nación. Y, llegados a ese callejón sin salida, el método democrático, tan sacralizado por nuestros tardoadolescentes, no es capaz de sacarnos de dudas. Simplemente, no sirve para resolver esa disputa estableciendo algún criterio de decisión objetivo. Lo grave del vicepresidente no es que more con su señora en un casoplón algo hortera de las afueras, eso que tanto le critican los de la derecha. Lo en verdad grave es que vive alojado en una aporía.

La Justicia, en manos de un sectario
EDITORIAL Libertad Digital 13 Enero 2020

Pedro Sánchez ha elegido como ministro de Justicia al magistrado socialista Juan Carlos Campo. Campo es la pareja sentimental de la presidenta del Congreso, la socialista nacionalista Meritxell Batet, en línea con lo que se estila en una izquierda nepotista hasta el sonrojo, como ilustra a la perfección el caso del vicepresidente Iglesias y su compañera Irene Montero, que sustituyó en Podemos a la ex de Iglesias Tania Sánchez y ahora ha sido aupada al Gobierno para ocuparse de –resulta hasta sangrante– la cartera de Igualdad.

Lo que caracteriza al socialista Campo es su despiadado fanatismo, puesto de manifiesto con especial y repugnante crudeza cuando utilizó en 2018 el atroz asesinato del niño Gabriel Cruz para justificar la oposición del PSOE a la prisión permanente revisable desde la tribuna del Congreso, donde no ahorró insultos y descalificaciones a los partidos de la oposición.

En efecto: este personaje, procedente del mundo zapateresco, va a ser el encargado de gestionar la Justicia en unos momentos en que su jefe, aliado de golpistas condenados, pretende poner fin a "la deriva judicial, que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española", infames palabras con las que Sánchez aludió en la sesión de investidura a sus planes para solucionar el mal llamado "conflicto catalán".

A Sánchez le incomodan los jueces dignos de tal nombre, y tanto él como sus ministros lamentan públicamente los reveses que los tribunales han propinado al mundo separatista, como la ratificación de la inhabilitación del supremacista Quim Torra por desobediencia y la retirada de la condición de eurodiputado al sedicioso Oriol Junqueras, asuntos que han hecho zozobrar la alianza de Sánchez con los golpistas y todavía amenazan seriamente la estabilidad de este Gobierno de la Vergüenza.

A ver ahora qué pasa con la elección del nuevo fiscal general del Estado, primera prueba de fuego del sectario Campo...

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Arranca la contrarreforma sanchista
Editorial larazon 13 Enero 2020

Pedro Sánchez parece dispuesto a dar la vuelta a España como a un calcetín. Sus primeros pasos tras la investidura abundan en sus intenciones de siquiera respetar mínimamente la institucionalidad como cualidad de la democracia. Ayer, quebró la tradición de acudir a Zarzuela para comunicar en persona al Rey los nombres de sus ministros. Los gestos delatan. El jefe del Ejecutivo los anunció en una comparecencia pública en la que habló de «la legislatura del diálogo» en una «España de moderación y no de crispación». En otro de esos requiebros en los que es un maestro, Pedro Sánchez presentó a su equipo de coalición con los comunistas, con el apoyo de los independentistas catalanes, soberanistas vascos y proetarras, como una apuesta moderada.

No lo parece, porque no lo es. Ni tampoco la agenda del proyecto para la nación que es por encima de cualquier otra consideración un programa frentista e «ideologizante» al servicio de un proceso disolvente de sustitución del orden social. Un proyecto cesarista que no responde a una demanda cívica porque, entre otras cosas, no fue con el que se presentó a las elecciones ni lo que los españoles votaron. Ni en lo económico ni en lo político ni en lo cultural ni en lo moral ni en lo relativo a los derechos y principios básicos en torno a la libertad y la igualdad. Se nos presenta una política económica de tics intervencionistas contra el mercado y expansiva, de gasto público desorbitado (aumento en 23.000 millones) para atender la subida de los sueldos públicos, las pensiones vinculadas al IPC, el Salario Mínimo y resto de partidas con que cebar el clientelismo subsidiador. Frente a ello, la necesidad de enviar a Bruselas un Presupuesto con un recorte de 10.000 millones para paliar el riesgo de déficit excesivo, así como la vorágine descontrolada del endeudamiento. Se pretende cuadrar el círculo con el anunciado impuestazo a los ricos y las grandes empresas, pero esos cuentos de la lechera sólo encajan en la propaganda oficial. Es literalmente imposible que los ingresos previstos por esos conceptos compensen la fiesta que se prepara en los ministerios. Es, por tanto, seguro que la verbena financiera correrá a cargo de la clase media y trabajadora y los autónomos.

La podemización de España se cimentará también, según los planes revelados, en una sobredosis de ideología de género que lo impregnará todo gracias al tsunami de euros con que se regarán esas políticas mientras las mujeres seguirán siendo asesinadas, en el peor de los casos, o mal atendidas, en el mejor, sin que nadie ose a fiscalizar una legislación que ha rendido resultados insuficientes Hay que temer una cruzada contra la enseñanza concertada, que es por encima de todo, un ataque a la libertad educativa, como lo son a la libertad religiosa los discursos anticlericales y las amenazas sobre expoliar patrimonio de la Iglesia o la persecución a los religiosos que asisten a los enfermos en los hospitales públicos. Y en ese punto no podemos obviar las anacrónicas obsesiones lacistas de muchos de los miembros del gabinete. Tampoco tardará la ley de eutanasia mientras se desatiende la regulación de los cuidados paliativos. Importa más urgir la muerte que asistir la agonía. El catálogo de los «nuevos derechos» que integran esta involución es amplio, entre ellos que una niña de 16 años pueda abortar sin premiso de los padres, amén de varias vueltas de tuerca al guerracivilismo, la división de los españoles entre buenos y malos y los espasmos mordaza contra la libertad de prensa. Está en marcha un cambio de paradigma democrático que erige al Gobierno como el gran hermano que concede derechos que ya son de los españoles. En ese tránsito se finiquitarán las grandes reformas que permitieron sobreponernos a la crisis: laboral, pensiones, financiera... Es una contrarreforma en toda regla bajo los cánones de un frente popular interesado en destruir. El Estado de Derecho tiene contrapesos poderosos ante los desmanes que deberán activarse por una oposición leal a la gente y una sociedad civil comprometida con la democracia.

Medio Gobierno de España festeja a ETA
Carlos Dávila okdiario 13 Enero 2020

Los cómplices del terror ya están en el Gobierno de España. El sábado, miembros de Podemos, que forma parte del macrogobierno de Pedro Sánchez, fueron del brazo y por la calle de los que hasta ayer mismo mataban a troche y moche. Los representantes de Iglesias, de Montero y de su piloto ideológico Monedero corrieron las calles vascas para exigir que asesinos como García Gaztelu, el pistolero que mató a Miguel Ángel Blanco, vuelva como un héroe a su casa. Son aproximadamente doscientos los presos de la banda que aún permanecen en prisión; treinta y cinco en Francia. En una cárcel se halla todavía Josu Ternera al que la Justicia vecina quiere extraditar cuanto antes a España, a pesar de que aquí, entre nosotros, no se ha movido un dedo para que este malvado individuo atraviese de una vez la frontera. A Ternera, Sánchez no le quiere en nuestro país, entre otras cosas porque él, jefe del brutal atentado de Zaragoza, guarda todos los secretos posibles de las múltiples negociaciones que los socialistas mantuvieron con los facciosos a los que dirigía precisamente Ternera.

El Gobierno que se nos viene encima se ha desplegado con sus delegados podemitas por las Vascongadas para pedirse a sí mismo que los etarras abandonen las celdas. No cabe mayor vileza. El sábado, a la misma hora que compañeros de los podemitas que forman parte del Gobierno de esta Nación atribulada gritaban a favor de los asesinos, la viuda de un político vasco acribillado por ETA enviaba a este cronista el siguiente mensaje: “Las víctimas ya somos un estorbo; nos tratan como si fuéramos los terroristas”. Lo escribía una mujer que, a sus veintiocho años, y con dos hijos de cinco y dos años, se espantó ante el cadáver de su marido postrado en las escaleras de su casa.

El sábado, todos los cómplices de Sánchez deambulaban por las calles de Bilbao, los de Bildu, los invitados especiales de Esquerra Republicana de Cataluña, los sediciosos del PdeCat, celebraban la pancarta “Orain preosoak” (“Ahora presos”) escrita por una organización, Sare, de la que la Justicia española no quiere saber absolutamente nada. Dirige este cotarro repulsivo Joseba Azcárraga, un dirigente del partido de Garaicoechea integrado en Bildu, sobrino de un teniente general del Ejército del Aire al que ETA, o sea los criminales a los que ahora festeja, eliminó sin piedad por el solo hecho de su pertenencia a unas Fuerzas Armadas calificadas como “enemigas”. Azcárraga, como un par de víctimas ahora alineadas con los filoetarras, son paradigma de una sociedad, la vasca, que, con su miedo eterno porque “no vaya a ser que…» abraza a los criminales y vuelve a matar a los mártires.

A la manifestación del Bocho no asistió, que se sepa, el PNV, cuidadoso en su ánimo de no ser confundido con esa gentuza a la que siempre ha cobijado directa o indirectamente. El PNV ha entrado en fase de renovación y en este tipo de etapas los sucesores de Arana se pliegan sobre sí mismos, se miran el ombligo reglamentario, y se olvidan del jaleo externo, una vez, eso sí, que han asentado en el poder de España a un conmilitón de los que el sábado apoyaron la libertad de los asesinos. Difícilmente sabremos si el apoyo de los seis parlamentarios peneuvistas en Madrid encierra, aparte de sustanciosos dineros, cesiones del poder central como, precisamente, el acercamiento, primero, de los presos, y después, gota a gota como le gusta a Sánchez realizar la política, excarcelaciones discretas que helarán el alma de las siete mil personas víctimas de la banda.

Una de ellas, la viuda heroica que no se ha marchado del País Vasco a pesar de que durante decenios ha sido mirada como una apestada, añadía al mensaje referido, esta tremenda coletilla: “El día de la Pascua Militar algunos de nosotros esperábamos que el Rey se acordara de nosotros como lo hizo de los soldados muertos fuera de España; no recibimos ni siquiera esa piedad”. Tremendo testimonio que refleja el dolor de estas personas a las que la sociedad pretende olvidar porque ahora ya no se mata, y a las que, a mayor abundamiento, se las considera un fastidio porque ahora lo que se lleva desde el Gobierno de la Nación es aplaudir (eso es lo que se hizo el sábado en Bilbao) a los asesinos. ¡Qué asco!

Poder a cambio de infamia
Sánchez remata sus mentiras avalando con su silencio la presencia de sus socios en la manifestación por los terroristas presos
Isabel San Sebastián ABC 13 Enero 2020

¿Dónde pondrá Pedro Sánchez la línea roja, en el supuesto de que tenga alguna? ¿Hasta dónde será capaz de llegar con tal de conservar la poltrona? Su trayectoria invita a ponerse en lo peor, teniendo presente que esa expresión alcanzará significados crecientemente oscuros a medida que la conservación del cargo le pida más más infamia.

El diccionario de la lengua española define el término «infamia» como «descrédito, deshonra» y también «maldad o vileza en cualquier línea». El presidente del Gobierno encarna ambas acepciones a la perfección. Basó su campaña electoral en una gigantesca falsedad consistente en desvincularse de quienes son hoy sus sostenes en el poder, a sabiendas de que acabaría echándose en sus brazos a poco que le conviniese. Aseguró que la presencia de Podemos en el Ejecutivo le impediría dormir tranquilo, en un guiño descarado a los votantes desencantados con Ciudadanos, y prometió endurecer la represión contra los desmanes del independentismo, tipificando como delito la convocatoria de consultas ilegales, con el afán de atraer a los restos dispersos de la izquierda antaño patriótica. Obtenida una mayoría mucho más exigua de la que buscaba, apalancó su mandato nombrando vicepresidente a Pablo Iglesias y comprometiendo con ERC una mesa de negociación bilateral destinada a ser refrendada exclusivamente por los catalanes. En otras palabras, mintió como un bellaco, aprovechando que la mentira no solo es impune en términos legales, sino enormemente rentable en política. Demostró carecer de principios. Se deshonró faltando a su palabra. Traicionó lo más sagrado que tiene una persona, que es su credibilidad, y ahora remata esa vileza avalando con su silencio el respaldo expreso que brindan sus socios de gobierno y sus costaleros separatistas a los terroristas de ETA encarcelados por gravísimos delitos. O sea, a los servidores de la serpiente asesina. A los máximos exponentes del mal perpetrado bajo coartada ideológica.

Lo acaecido el sábado en Bilbao debería ser suficiente para apartar a Sánchez de la vida pública, como hacían los antiguos romanos al declarar infames a quienes se habían degradado con sus actos hasta el punto de perder todo crédito. Él no acudió a la manifestación convocada en apoyo de los criminales etarras presos, pero tampoco ha condenado que lo hicieran todos y cada uno de los partidos que lo han llevado en andas hasta la Moncloa: Podemos, ERC, PNV y Bildu. Y él es el presidente del Gobierno. El dirigente que tiene la obligación de representarnos a todos, aunque no le hayamos votado. Su aquiescencia a semejante escarnio resulta escandalosa. Millares de víctimas del terrorismo, millones de españoles de a pie nos sentimos profundamente avergonzados contemplando las imágenes de esa marcha ignominiosa, cuyos participantes coincidían únicamente en dos cosas: exigir privilegios para quienes segaron vidas inocentes en nombre del pueblo vasco y respaldar la presidencia de Sánchez.

Si el PSOE no tuerce el gesto ante semejante indecencia, si el grito indignado de José María Múgica resuena en la más absoluta soledad, en un desierto de cobardía donde el discrepante mira hacia otro lado, ¿qué cabe esperar a partir de ahora? ¿Quién pondrá el cascabel a los gatos Torra y Torrent, declarados en obscena rebeldía la Junta Electoral Central y al TS? ¿Quién garantizará que se cumpla la ley? ¿Qué esperanza quedará de que ésta sea igual para todos? No estamos ante una cuestión de huevo ministerial, con titulares de cartera más o menos «progresistas», sino ante un asunto de fondo que atañe al fuero democrático. Eso es lo que está en juego en esta legislatura.

Un Gobierno que rompe consensos
Editorial El Mundo 13 Enero 2020

Pedro Sánchez ata al Partido Socialista a la izquierda radical y al independentismo

Pedro Sánchez compareció ayer durante una breve declaración institucional, en la que de nuevo volvió a vetar las preguntas de los periodistas, para detallar la relación de miembros que compondrán el próximo Gobierno. Lo hizo incumpliendo la formalidad de trasladar al Rey en persona la lista de ministros y después de una semana en la que La Moncloa ha ido filtrando los nombramientos a modo de goteo. Guardar las formas y la liturgia propia de la composición del Gobierno forma parte esencial de nuestra democracia. Sánchez no parece respetar estos cauces, y ello no puede desligarse del hecho de haber conformado un gobierno de la mano de quienes aspiran a desbordar los límites del marco constitucional. Resulta improcedente que el presidente del Gobierno comunique la designación de ministros como si fuera una tómbola o evite verse con el Jefe del Estado en un trámite de esta envergadura.

Sánchez aprovechó su declaración, justo antes de que los nuevos ministros tomen hoy posesión, para delimitar el terreno frente a Podemos. Habrá un Gobierno "con varias voces pero una misma palabra". La retórica de Moncloa no puede esconder el riesgo que plantea el primer Ejecutivo de coalición de la democracia, máxime teniendo en cuenta la dependencia de los mismos que perpetraron la asonada independentista en otoño de 2017. Sánchez se ha convertido en un especialista en romper consensos. A la moción de censura que consumó hace año y medio se suma ahora una coalición en la que el PSOE, por primera vez desde la Transición, se abre a compartir el poder con un partido situado a su izquierda. Y lo hace, además, de una macedonia de formaciones minoritarias entre las que se incluye a ERC y los herederos de ETA. Aunque Sánchez ha elegido a varios ministros con un perfil más tecnócrata que político, a nadie se le escapa que la legislatura está orientada a la consecución de lo que el propio Sánchez denomina "diálogo" y que hasta ahora no se ha traducido más que en cesiones a los independentistas.

Antes incluso de la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros, prevista para mañana, el Gobierno del PSOE y Podemos ya ha dado muestras de flaqueza y de división. En este contexto hay que insertar la filtración que hizo Pablo Iglesias de la estructura de los ministerios que controlará la formación morada y la respuesta de Sánchez añadiendo una cuarta vicepresidencia o eligiendo ministros sin carné bien valorados por el PP. En todo caso, la maquinaria propagandística gubernamental no puede tapar la realidad. Sánchez ha antepuesto seguir en el poder a cambio de incorporar al populismo al Ejecutivo y de poner en almoneda la nación rompiendo la unidad constitucionalista y restaurando la interlocución bilateral con la Generalitat. Lo que hoy oficialmente echa a andar es el Gobierno más débil y radical de la democracia.

La legislatura de las virtudes
Carlos Mármol cronicaglobal 13 Enero 2020

La prudencia, que es una de las virtudes cardinales, aconseja no prometer a nadie aquello que uno no está en condiciones ciertas de otorgar. En la política española, sin embargo, es una cualidad moral que rara vez se practica: casi todos los debates de nuestra vida pública son una sucesión (infinita) de trampantojos. Sin ir más lejos, tenemos un ejemplo categórico en la (¿exitosa?) investidura de Pedro I, el Insomne. El sustento de su acuerdo con Podemos y los nacionalistas consiste precisamente en esto: en garantizar algo que no depende (por fortuna) de la voluntad del nuevo jefe del Ejecutivo. El margen de movimientos del nuevo Gobierno es relativo porque, antes o después, igual que le sucedió en su día al Govern, se encontrará con la pared de la ley, que en cualquier democracia es el único patrón que existe.

Hay quien piensa que esta coyuntura debería hacernos relativizar los compromisos de los socialistas con los nacionalistas, al contrario de lo que hace la oposición en el Congreso con su habitual tremendismo. No les falta parte de razón, pero no sería la primera vez –ni tampoco la última– que un Gobierno decide obviar las evidencias y buscar atajos para burlar la legislación vigente. Para juzgar la nueva etapa política que acaba de comenzar sólo tenemos como asideros los hechos y los documentos rubricados por los partidos. Nada más. Y ambos nos confirman la voluntad compartida de caminar hacia algo tan demencial como sustituir la objetividad de la ley por la subjetividad (sentimental) de la identidad tribal.

Valorar semejante cabriola conceptual exige saber interpretar –más allá de las palabras y los eufemismos– cuál es el verdadero animus de los distintos interlocutores. Y en este terreno la coincidencia es plena: los socialistas y Podemos, cuya función en esta nueva etapa es hacer de bisagra con los independentistas, han aceptado un rosario de ensoñaciones: que la crisis de Cataluña es “un conflicto político”, que lo que acuerden los partidos políticos en una mesa está por encima de la Constitución y que la estructura del Estado debe ser adaptada –sin el concurso de todos los ciudadanos– a las exigencias particulares de aquellos que consideran extranjeros (e inferiores) al resto de sus compatriotas.

Siendo todo esto un delirio (interesado), aún lo es más la puesta en escena de la tragicomedia. Sánchez, que ya le coge el teléfono a Quim Torra (sin que éste haya condenado la violencia de los CDR), ha admitido que, como paso previo a la formalización de la famosa mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, celebrará una reunión con Torra. Lo que no aclara nadie es en calidad de qué va a acudir el regente de JuntsxCat a este encuentro. El presidente del Govern, tras negarse a obedecer una orden de la Justicia (catalana), ha sido inhabilitado de forma categórica. Ni es ya diputado electo del Parlament ni, en consecuencia, como establece la ley, puede seguir representando a la Administración catalana. Si Sánchez, dado este escenario, acepta reunirse con él estaría obviando las resoluciones judiciales y sitúandose voluntariamente en el mismo espacio de rebeldía institucional de los nacionalistas.

No existen precedentes de que un presidente del Gobierno ignore –con luz y taquígrafos– los mandatos judiciales. Sánchez sería el primero en hacerlo, reproduciendo a escala estatal lo mismo que hicieron –y todavía hacen– los independentistas en Cataluña. Lo lógico sería pedir un interlocutor legalmente válido –un nuevo presidente de la Generalitat– o no celebrar reunión alguna, con lo cual no podría constituirse la mesa de partidos y –Rufián dixit– se agotaría la legislatura que acaba de nacer. Es evidente que Sánchez y Torra se reunirán. Cuando dé este paso el presidente del Gobierno habrá consumado su tránsito desde el territorio constitucional al de la imprudencia. Esto es: se situará en la inmoralidad.

Las virtudes cardinales, según la teología cristiana, que adaptó las doctrinas del platonismo, son necesarias para mantener el orden social y que las relaciones humanas fluyan. Nadie le exige a Sánchez que practique la virtudes teologales (fe, esperanza y caridad). Ni que crea en ningún Dios. Se le demanda que sea un gobernante honesto. Está obligado, por la magistratura que ocupa, a ser prudente, respetar la justicia, practicar la templanza (en vez del oportunismo) y tener fortaleza (ante quienes exigen un trato insolidario con el resto de ciudadanos). El éxito de esta legislatura no depende de solucionar (de cualquier forma) la crisis en Cataluña. Consiste en hacerlo sin perder la virtud.


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