AGLI Recortes de Prensa   Martes 14  Enero  2020

El Estado soy yo
Guadalupe Sánchez. vozpopuli  14 Enero 2020

La propuesta de Dolores Delgado como fiscal general cuando aún no ha entregado la cartera del Ministerio de Justicia es la enésima muestra de cómo el nuevo gobierno de Sánchez concibe el Estado: como un instrumento para reforzar y fortalecer su poder.

La tan manida despolitización de la Justicia no era más que una excusa para prostituir las leyes y las instituciones e intervenir y controlar el poder judicial.

La Fiscalía no es una oficina del Gobierno, aunque así lo crea su persona. La Fiscalía es Constitución, es poder judicial y es una de las manifestaciones institucionales del principio de legalidad.

Mientras que los ciudadanos podemos acudir a la Justicia en defensa de nuestros concretos intereses particulares, el Ministerio Fiscal es la llave que activa la maquinaria judicial en defensa de la ley, los derechos de los ciudadanos y el interés público, es decir, en defensa de todos. Que exista dependencia jerárquica y que al fiscal general se le designe a propuesta del Gobierno, no quita que la acción del Ministerio Fiscal esté sometida a los principios de legalidad e imparcialidad, esto es, que ejercite sus funciones con plena objetividad e independencia y con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico. Con este nombramiento, el Gobierno pone en cuestión ambas virtudes democráticas desde el primer minuto.

Poner a la Abogacía del Estado al servicio de la investidura de Sánchez no fue bastante. Un paso más en la campaña de acoso y derribo institucional cuyo objetivo final es el poder judicial. Claro está, camuflada tras los lustrosos ropajes del bien común: recuperar la convivencia en Cataluña, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial… Una enorme patraña, una muestra de homeopatía política que persigue que creamos que están actuando para frenar la enfermedad cuando la realidad es que están propiciando su propagación.

Que el poder judicial predique la independencia no es cuestión baladí: es la garantía para el ciudadano de que cualquier decisión que se adopte será ajustada al derecho y a los hechos concretos. Sin independencia judicial muere el Estado democrático y de Derecho e impera la arbitrariedad del poder. Los derechos y libertades individuales son sacrificados en pos de unos fines que el Gobierno considera más elevados y que, curiosamente, redundan en su perpetuación en el poder incluso cuando parezca que hay alternancia de gobierno. Ya lo dijo Íñigo Errejón: “Hay que dejar sembradas instituciones populares para refugiarse cuando gobierne el adversario”.

Es triste que en el seno de sociedades modernas, libres y democráticas estemos asistiendo al nacimiento de una nueva clase de despotismo paternalista que, eso sí, dista mucho de ser ilustrado, cuyo empeño es colonizar las instituciones para ponerlas al servicio de la ideología del partido. Un autoritarismo tutelar de nuevo cuño, que concibe a la ciudadanía como un rebaño inepto a la que imponer la visión gubernamental de la realidad, pero por su propio bien. Más triste aún es comprobar que quienes deberían ser contestarios con el poder político han asumido su portavocía y sustituido el espíritu crítico por aplausos enlatados. Qué difícil es ser independiente cuando tu salario y expectativas profesionales dependen de que no lo seas.

Asalto a la democracia y por la cara
Félix Madero. vozpopuli  14 Enero 2020

Sánchez: Es que, la Fiscalía ¿de quién depende?
Periodista: Del Gobierno.
Sánchez: Pues ya está.
(Radio Nacional de España. 6 de Noviembre, 2019)

No le vale a Pedro Sánchez citar nuevamente a la prensa para que los periodistas vayan a escuchar una sucesión de eslóganes y frases huecas. No le vale con humillar a mi profesión haciendo que mis compañeros tomen apuntes como si aún estuvieran en la Universidad. Fue el domingo pasado cuando vimos -y sentimos-, una vez más lo que presidente cree que es un periodista y cuál su función. El día que la oficina del secretario de Estado llame a la Prensa y esta diga que no, que no va a escuchar un sermón a La Moncloa si no hay preguntas, recuperaremos el único patrimonio que tenemos, o deberíamos tener, hasta el final e nuestra etapa laboral: el respeto. La decisión la han de tomar los que mandan en los medios, y no creo que haya muchos en este momento con la suficiente capacidad para tomar una decisión así, que ya sabemos que una cosa es la independencia económica y otra la editorial, y que sin la primera no hay segunda.

Es cierto que a los del Gobierno este asunto les importa poco porque la situación se repite una y otra vez. Si no hay preguntas nos engañaremos una vez más si a esta actividad la llamamos Periodismo. Ninguno estudiamos cinco años en la Facultad para tomar apuntes de una intervención a mayor gloria del gobierno y contada por el primer interesado, Pedro Sánchez. Muchas voces y una sola palabra. Ya. ¿Tiene Sánchez una palabra, una sola? En dos meses ha hecho gala de tener siempre una y la contraria. Yo, mí, me conmigo.

Creía que la ración de insolencia política y estupor era suficiente con esto cuando las radios echaban humo en la mañana de ayer al anunciar que la que hasta hoy ministra de Justicia -una ministra de trinchera, así se definió Dolores Delgado en junio de 2018-, se va a convertir hoy, en la reunión del primer consejo de ministros, en Fiscal General del Estado. Es más, ayer lunes y hasta que tomaron posesión los ministros, la señora Delgado, la que almorzaba con Villarejo y Garzón y reían chistes de mariquitas, era ministra de Justicia en funciones y Fiscal General en ciernes. ¿Alguien da más? Les aseguro que escuchaba la noticia y creía que quien la ofrecía se estaba equivocado, que no era posible, que una fuente informativa convertida en charco había intoxicado malamente al compañero de la radio. Pero era verdad.

Montesquieu está muerto, bien enterrado, pero la indignidad moral que significa este nombramiento acaba con la separación de poderes definitivamente y marca la hora y el día de la llegada de un nuevo régimen. Estupor es la palabra que define bien la manera declarada con la que Sánchez se dispone a utilizar a la Fiscalía para convertirla en una herramienta al servicio de los pactos y compromisos con los separatistas catalanes. Estupor y falta de decoro, eso y no otra cosa, es que una ministra de Justicia, que tiene toda la información que permite un puesto tan delicado, vaya directamente a la Fiscalía General y con las llaves en su bolsillo para abrir todos los cajones de la institución. ¿Se acuerdan de la salida de Garzón del Gobierno y lo que hizo nada más llegar a la Audiencia?
Dependencia orgánica

Y sí, es verdad, la Fiscalía General tiene una dependencia orgánica con el Gobierno, pero no funcional, y por eso hasta ahora ha estado del lado del interés general. A partir de la llegada de la señora Delgado está por ver. Ahora sabemos bien qué es eso de desjudicializar la política: vaciar de contenido a la Abogacía del Estado e intentar atar las manos de la Fiscalía General, y especialmente de los fiscales del Supremo.

Y sin embargo, hay que agradecer a Sánchez que que lo haga así, a la luz del día, sin complejos, sin que le tiemble la mano. Con la misma diligencia y falta de rubor el presidente se dispone a reunirse con Torra, un político inhabilitado por la Junta Electoral Central, decisión confirmada por el Supremo, por desobedecer a los tribunales. Si quieren saber qué piensa Sánchez de la Junta Electoral y del Supremo vaya tomando nota. Nadie lo va a parar.
Nepotismo rampante

Quizá sea una ingenuidad reparar en esto sabiendo que venimos de un Gobierno que nació al albur de unos acuerdos que surgieron en reuniones con un partido separatista y con su jefe en la cárcel. Poco a poco vamos tragando ruedas de molino, tesis que esbozaba ayer aquí y con acierto Álvaro Nieto al denunciar la barbaridad de que un matrimonio este sentado en el mismo Consejo de ministros, y uno a las ordenes del otro. Ella de él. Pero claro, puede que uno se un machista y no sé cuantas cosas más por escribir que esto no puede ni debe permitirse.

Y así seguiremos, creyendo -los que se lo crean-, que lo que pasa tiene un punto de normalidad. No lo tiene. Simple y llanamente está cambiando un régimen, y a lo que se ve queda poco espacio para la decencia política y el interés general. Pero esto, ¿a quién le importa?

La fiscal de Sánchez
José Manuel Maza okdiario 14 Enero 2020

Hace unos días, con motivo del uso espurio de la Abogacía del Estado por parte del entonces Presidente en funciones, titulé una reflexión publicada en este mismo diario “El Abogado de Sánchez”. Pues bien, ahora no puedo dejar de hacer lo propio con el nombramiento de la ex ministra de Justicia como nueva Fiscal General del Estado, el cual produce un gran estupor, desasosiego y preocupación a los que defendemos la importancia de la ética y la estética en una de las instituciones fundamentales de cualquier Estado de Derecho.

El artículo 124.2 de nuestra Constitución establece que el Ministerio Fiscal debe ejercer sus funciones con sujeción estricta a los principios de legalidad e imparcialidad. Pues bien, es evidente que la imparcialidad de la institución en relación con el Gobierno se ve gravemente afectada con este nombramiento. No parece atrevido afirmar que la candidata carece de los mínimos estándares de imparcialidad respecto del Gobierno recién formado y que, por tanto, no está cualificada para ejercer tan alta responsabilidad. La preocupación entre los fiscales debe ser máxima, pues la decisión del Presidente pone de manifiesto su total desprecio por el buen gobierno de la institución conforme al mandato constitucional. Asimismo, se politiza (en el peor sentido del término) hasta límites desconocidos una institución formada por hombres y mujeres que, según me consta, actúan muy mayoritariamente con profesionalidad y rigor en la defensa de la legalidad. Por tanto, en primer lugar, debemos apelar a la responsabilidad de todos los fiscales de bien para que no permanezcan impasibles ante el ataque sufrido y defiendan su prestigio, fruto de su trabajo y ejemplo.

Además, es importante no olvidar que, según el artículo 124.4 de la Constitución, corresponde al Consejo General del Poder Judicial informar sobre la idoneidad de la candidata propuesta. Este informe es preceptivo, aunque no vinculante, y servirá para conocer la opinión técnica, con arreglo a la Constitución y al Estatuto Fiscal fundamentalmente, sobre la conveniencia (o no) del nombramiento. Éste será un momento fundamental para que los actuales miembros del órgano constitucional, que deberán ser renovados próximamente, actúen conforme al rigor jurídico que les es exigible. Por último, el Congreso de los Diputados deberá acoger, en su Comisión de Justicia (que está por formarse), la comparecencia de la candidata propuesta, siendo una ocasión perfecta para que las diferentes fuerzas políticas se retraten en relación con la defensa de una Fiscalía realmente imparcial, ajena a influencias exógenas al Derecho y guiada en exclusiva por el principio de legalidad.

El uso partidista de las instituciones, incluso de otros poderes del Estado, es siempre una tentación del Ejecutivo. Sin embargo, en una democracia seria y consolidada como la nuestra, es exigible que impere el normal funcionamiento de todos los poderes públicos. Si no fuera así, el sistema se quiebra y las consecuencias serán imprevisibles. Por tanto, debemos abogar por la defensa sin paliativos del régimen constitucional que mayores niveles de libertad, derechos y garantías nos ha proporcionado y rebelarnos cívicamente contra los ataques que se puedan producir.

Fiscal y parte
OKDIARIO 14 Enero 2020

Una derivada, y no precisamente menor, del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es la que tiene que ver con la situación en la que se encuentran los antiguos fundadores de Podemos, citados a declarar por la Fiscalía boliviana que investiga si dinero procedente del narcotráfico sirvió para financiar a organizaciones de extrema izquierda. Con Delgado al frente del Ministerio Público, Sánchez blindará a sus socios de Gobierno ante futuras y eventuales acusaciones formales procedentes de Bolivia.

El Estatuto del Ministerio Público reserva a su titular la obligación de «promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales». Esto es, Delgado podrá disponer de margen suficiente para bloquear las solicitudes procedentes de la Fiscalía de la nación iberoamericana sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos. Bolivia notificó a Margarita Robles, como ministra de Exteriores en funciones, que citaría a declarar a tres de los hombres clave en la implantación de la formación de ultraizquierda: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, además de a Baltasar Garzón, cuya amistad íntima con la nueva fiscal general del Estado es de sobra conocida y, para colmo, es el abogado de Evo Morales. El hecho de que Delgado sea fiscal general y parte interesada en un proceso abierto de investigación judicial es un escándalo de proporciones mayúsculas.

Parece evidente que con Delgado Sánchez cumple el propósito de dificultar cualquier intento de la Fiscalía boliviana de estrechar el cerco judicial sobre su actual vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Lo que viene a corroborar las sospechas de que el Gobierno trató de sacar de la Embajada de México en la Paz a Juan Ramón Quintana, prófugo de la Justicia boliviana que contaría con pruebas fehacientes de la financiación de Podemos.

En suma, el plan de blindaje de Podemos por parte de Pedro Sánchez cuenta desde ahora con una pieza clave: la fiscal general del Estado, que no va a colaborar en absoluto con su homólogo boliviano, sino que hará todo lo posible por dificultar las investigaciones. Resulta un sarcasmo y representa toda una tragedia nacional que quienes van a recibir protección del Estado, a través del Ministerio Público, sean precisamente los golpistas catalanes y la izquierda radical.

El asalto de Sánchez a la Fiscalía provoca un motín: "Nadie se atrevió a tanto"
Miguel Blasco ESdiario 14 Enero 2020

Estupor, indignación y manos a la cabeza. Los fiscales no dan crédito con el nombramiento de la exministra como fiscal general y advierten de lo que se avecina con ella.

"Nunca nadie se atrevió a tanto. Una bomba de relojería que va a incendiar la Fiscalía". Quien así se lamenta en declaraciones a ESdiario es un fiscal de la Audiencia Nacional, con años de servicio en ese tribunal y que conoce bien a Dolores Delgado, la próxima fiscal general del Estado.

Indignación, estupor, sorpresa son algunas de las palabras que recorren este lunes la carrera fiscal, acostumbrados a ver de todo en los nombramientos de su máximo jefe, pero desacostumbrados a que, en horas, el inquilino del Palacio de Parcent de la madrileña carrera de San Bernardo -sede del Ministerio de Justicia- se mude al Paseo de la Castellana, donde tiene su despacho el máximo responsable del Ministerio Público.

Algunas fuentes fiscales consultadas por este periódico van más allá y denuncian el "asalto" a la cúpula judicial con una clara operación tándem. Un mismo paquete en el que va junto a Delgado, Juan Carlos Campo, una persona que ha hecho su carrera de jurista al servicio del PSOE -como vocal en el CGPJ, secretario de Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, portavoz en el Congreso con Sánchez- y ahora, por fin, ministro. Más tiempo dedicado a la política que a la Justicia.

El tándem Campo ministro y Delgado fiscal general ha levantado ampollas en el Poder Judicial.

Entre los fiscales, que se temían una sorpresa tras el prematuro cese de María José Segarra, no dan crédito con la elección de Delgado.

Y, ni siquiera, por el hecho de que haya sido reprobada por el Congreso y el Senado, con el voto a favor de Podemos; ni por sus oscuras relaciones con la cloaca judicial que deriva de la supercloaca del excomisario Villarejo; ni por haber provocado en poco más de un año la rebelión de los jueces -a los que ha traicionado olvidándo sus reivindicaciones laborales cuando era fiscal-, de los abogados del turno de oficioy de los funcionarios de la Justicia.

El problema es que, para la carrera, simplemente Delgado no tiene la preparación ni el escalafón suficiente para acceder a la Fiscalía General.

Se recuerda que todos los fiscales generales han sido: o bien magistrados del Tribunal Supremo con una larga carrera a sus espaldas, como Cándido Conde-Pumpido, José Manuel Maza o Julián Sánchez Melgar. O bien fiscales superiores autonómicos, como María José Segarra, fiscal jefe de Andalucía, o Jesús Cardenal, al que José María Aznar nombró siendo fiscal jefe del País Vasco. O fiscales de Sala del Supremo, como Eduardo Torres Dulce o Consuelo Madrigal.

Va a ser así la primera vez que una fiscal de la Audiencia Nacional llega a lo más alto de la carrera sin pasar ni por una jefatura autonómica ni por una Sala del Supremo.

Además, muchos de los fiscales que han trabajado con ella destacan dos virtudes de Delgado más que incompatibles con su nuevo cargo institucional y rigurosamente neutral: su profundo sectarismo contra el PP y su carácter imprevisible.

De lo primero da muestra su papel durante la investigación del exjuex Baltasar Garzón (su gran padrino) del caso Gürtel. Y su presencia en la polémica cacería/conspiración -horas después de las primeras detenciones de alcaldes populares- que unió a Garzón, al entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y al jefe de la Policía Judicial del entonces ministro Rubalcaba, José Antonio González.

Primer escándalo: la ministra de Justicia conspiró contra el PP en el inicio de Gürtel

Las fuentes consultadas en la Audiencia Nacional coinciden en que cuanto menos, el nombramiento es estéticamente cuestionable, porque la Fiscalía si bien no es independiente, si debe ser imparcial. Y habiendo estado sentada en el Consejo de Ministros, la suya se puede poner en duda.

Además destacan que el fiscal general del Estado formalmente lo es a petición del Ministro de Justicia, quien ni siquiera había tomado posesión cuando se difundió la propuesta.

En Anticorrupción las fuentes consultadas son todavía más críticas. Comentan también la falta de estética, la politización de este organismo tan importante por la jerarquía que rige en el Ministerio Público y añaden una variable que les atañe: Delgado se vio salpicada por su relación con Villarejo, protagonista de una de las causas más complejas que investiga la fiscalía que dirige Alejandro Luzón. Y que, casualmente, este mismo lunes ha decretado nuevas diligencias.

Reaparecen los chanchullos de Villarejo para borrar la sonrisa a Dolores Delgado

El temor a injerencias en este asunto, se suma a la "incredulidad" por el hecho de que Sánchez haya elegido el perfil de Delgado y se declaran a la expectativa, como en la Audiencia Nacional, porque, dicen, con ella "nunca se sabe" lo que va a pasar.

"Volveremos a las guerras cainitas y a las trincheras", advierte el fiscal de la Audiencia Nacional arriba citado, recordando la época de los llamados "indomables".

Y es que la carrera judicial y la fiscal está en shock con un nombramiento que cruza todas las líneas rojas. Mirando a Sánchez, muchos en la Fiscalía reconocen que, pese a ser un cargo históricamente en el disparadero, "nunca nadie antes se había atrevido a tanto".

Sánchez asalta la Fiscalía
Editorial ABC 14 Enero 2020

El nombramiento de Dolores Delgado como próxima fiscal general del Estado es una declaración de intenciones por parte de Sánchez. Delgado quedó descalificada tras la aparición de las grabaciones del comisario Villarejo en las que la exministra de Justicia realizaba comentarios impropios de quien entonces era fiscal en la Audiencia Nacional. Si quedan más grabaciones, Delgado se expone a un conflicto de intereses insuperable. Además, de su mandato no ha quedado nada relevante en la reforma de la justicia, ni en la renovación de las instituciones judiciales, como el CGPJ. Para los fiscales, el nombramiento de Delgado es una falta de respeto, pero un aviso también, porque les han endosado como máxima autoridad a una persona descartada para seguir en el Ministerio de Justicia por su falta de nivel político. Sin embargo, en estas carencias puede hallarse la explicación de un nombramiento destinado a servir de «toga manchada con barro» en el proyecto de desjudicialización del conflicto separatista. Sin prestigio que proteger y sin expectativas de retomar una carrera fiscal respetable, Delgado representa el modelo de temeridad que Sánchez necesita para apoyar indultos a los condenados por la Sala Segunda del TS; o respaldar sus recursos ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; o no impugnar los permisos penitenciarios que las autoridades catalanas concedan, por ejemplo, a Oriol Junqueras; o poner pegas a las euroórdenes contra Puigdemont y el resto de prófugos, todavía pendientes, además, de ser acusados por el Ministerio Fiscal.

También para el PP este nombramiento es una provocación, porque quedan pendientes casos de corrupción con excargos implicados y la nueva fiscal no garantiza la imparcialidad que le exige la Constitución. Como fiscal general, Delgado tiene la autoridad máxima para imponer cambios de criterio a sus subordinados. Es cierto que existen contrapesos internos en la Fiscalía, como la Juntas de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal, pero solo pueden censurar o criticar las decisiones del fiscal general. Recuérdese la «limpieza ideológica» que perpetró impunemente Conde-Pumpido contra fiscales como Fungairiño o Torres-Dulce. El escándalo entre jueces y fiscales, salvo los integrados en las asociaciones de izquierda, está justificado, porque hay nombramientos que, por sus rasgos obscenos, sólo pueden responder a muy concretos designios. Sería conveniente conocer la opinión del nuevo ministro de Justicia, porque su responsabilidad no será ajena a las consecuencias de las decisiones que tome la nueva fiscal, que tristemente recuerda etapas de la peor sumisión de esta institución a los intereses del PSOE. Sánchez sabe que el Estado de Derecho es un problema para sus compromisos con los separatistas y necesita un ariete para debilitarlo.

Ataque sin precedentes al Poder Judicial
 larazon 14 Enero 2020

Si bien el sentido utilitarista que impregna la ética de la izquierda nos debería curar de espantos, la intención de nombrar a Dolores Delgado como responsable de la Fiscalía General del Estado supone elevar un peldaño más la incoherencia entre lo que se proclama y se exige agriamente a los demás, por parte de esa misma izquierda, y lo que luego se practica sin el menor decoro, ya sea con el nepotismo abrumador, ya sea con unos nombramientos que, cuando menos, manchan del peor partidismo a las instituciones del Estado.

Sin duda, el legislador fue incapaz de prever que pudiera producirse tal atropello del Ministerio Público en una democracia digna de ese nombre, pues de lo contrario hubiera establecido con más claridad las cautelas del artículo 59 del Estatuto de la Fiscalía, que prohíbe a sus miembros pertenecer a partidos políticos y sindicatos o trabajar al servicio de éstos, para resguardar los principios de imparcialidad e independencia que rige la función jurisdiccional de los fiscales. No sólo hay que remontarse a los primeros gobiernos socialistas, antes de las reformas legislativas, para encontrar un caso tan palmario de apariencia de parcialidad, sino que ni siquiera el precedente de Javier Moscoso, nombrado fiscal general dos años después de haber sido ministro de Presidencia, nos sirve, aunque solo sea porque aún no se había llevado a cabo la reforma del Estatuto Fiscal de 2007, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que, como reza su declaración de motivos, pretendía dotar de mayor autonomía a la Fiscalía en el desempeño de sus funciones para contribuir a reforzar, de cara a la sociedad, el principio de imparcialidad que preside su actuación.

Palabras vanas, al parecer, para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya nos dio un atisbo de lo que pretendía cuando se declaró convencido de que el Ministerio Público estaba a las órdenes del Gobierno. En efecto, lejos de hallar sinceridad en sus posteriores rectificaciones, lo que se constata es que Sánchez se reitera en lo que a todas luces es un error de fondo y de forma, incluso de estética política, y, lo que es más grave, transita por caminos de delicado deslinde. Porque la Fiscalía, tal y como está concebida, es un órgano de relevancia constitucional, con personalidad jurídica propia e integrado con autonomía jurisdiccional en el Poder Judicial. Es decir, que la manipulación gubernamental del Ministerio Público redundaría en el ataque a uno de los poderes esenciales del Estado, hecho de una gravedad que no es posible ocultar. La inmediata reacción de las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, que, simplemente, se declaran estupefactos, abona lo que decimos, tanto como la preocupada respuesta de los partidos de la oposición, que buscan cauces legales para impedir el desafuero.

Podríamos referirnos a la figura de la persona elegida por el presidente del Gobierno, la ex ministra de Justicia, diputada socialista y fiscal en excedencia, Dolores Delgado, para reforzar nuestros argumentos, pero no es necesario. No es cuestión de quién ocupa el puesto, sino bajo qué premisas lo hace. Sin duda, Delgado va a tener que intervenir forzosamente en un procedimiento judicial que la implica, al menos, indirectamente, como es el llamado «caso Villarejo», pero, ya decimos, se trata de una cuestión menor. Porque lo verdaderamente trascendente es la sospecha de que ha sido elegida para que pueda actuar como brazo ejecutivo de la política de «desjudicialización» del proceso separatista catalán, que es tanto como decir la búsqueda de una salida impune para quienes cometieron un grave atentado contra la unidad de España consagrada en la Constitución. Y ya hemos visto que con la Abogacía del Estado, Pedro Sánchez no tuvo el menor escrúpulo.

La ministra fiscal y el culo picante
Javier Caraballo elconfidencial 14 Enero 2020

La designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado reúne tres ofensas simultáneas, una carambola difícil de conseguir en un nombramiento: cabrear a muchos al mismo tiempo antes de estrenar el cargo. Ofende al Ministerio Fiscal, ofende al poder judicial y ofende a todos los ciudadanos que confían en la independencia, la profesionalidad y el rigor de la Justicia.

Todo eso lo ha conseguido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una decisión que solo puede ser fruto de la inconsciencia o de la chulería, porque a nadie se le ocurre realizar un nombramiento así en el momento crítico de solvencia y credibilidad institucional en que se encuentra la democracia española y, mucho menos, hacerlo público el mismo día, la misma mañana, que toma posesión el resto de los ministros del Gobierno, un escuadrón de 23 almas paritarias. Esa confusión, tan dañina, solo puede ser consciente o insensata. En cualquiera de los dos casos, a Dolores Delgado no la han nombrado fiscal general, aunque ese sea el cargo formal, sino ministra fiscal, así que ya veremos cómo acaba eso.

De los tres frentes de ofensa que se abren con ese nombramiento, el más preocupante, sin duda, es el que atañe a la ciudadanía y a la necesidad imperiosa que se tiene en estos momentos de fortalecer institucionalmente la democracia española. Veamos. Como se recoge en cada Eurobarómetro que se realiza, España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor desconfianza de sus ciudadanos hacia el sistema judicial: más de la mitad de la población piensa que la Justicia española es “bastante mala o muy mala”. Como los enemigos de la democracia española lo saben bien, entre los objetivos de la algarada del independentismo catalán está el de aventar las sombras de desconfianza y descrédito sobre algunas de las instituciones básicas del Estado.

Hay quien se empeña constantemente —incluyendo a varios catedráticos de Derecho Constitucional españoles que no es preciso mencionar— en desacreditar al sistema judicial español haciéndolo pasar por “golpista” o “ultraderechista”, con lo que la única actuación responsable de un presidente del Gobierno en España tendría que ser la de reforzar el prestigio institucional del poder judicial. El nombramiento de Dolores Delgado a los únicos que les da pábulo es a todos esos que pretenden socavar la solidez del Estado español.

Atacan la Justicia como atacan la Corona, no porque sean republicanos, que es una opción muy respetable, sino porque les interesa minar los pilares en los que se sustenta la Constitución. Lo que ha hecho Pedro Sánchez con la designación de la fiscal general es espolear a quienes dicen que en España existe una Justicia política, teledirigida por intereses partidarios. Para los expertos en la manipulación y la distorsión grosera de la realidad en Cataluña, el nombramiento de Dolores Delgado es la mejor noticia.

Los fiscales, muchos fiscales españoles, trasladaron este lunes a los medios de comunicación el “estupor” que les había provocado la noticia, pero en los mensajes privados que se cruzaron, la indignación era mucho mayor. “La noticia ha caído como una bomba; esto no es una ofensa, es un escupitajo”, decían algunos. Es comprensible: el mismo Pedro Sánchez que hace un par de meses, en noviembre pasado, pidió disculpas a los fiscales cuando se metió en aquel jardín de la detención de Puigdemont (“Pido disculpas con humildad a la Fiscalía; el Ministerio Público tiene toda mi confianza y total independencia. Tengo que respetar su autonomía”), compromete ahora la credibilidad de todos ellos haciéndolos pasar por la humillación pública de colocar a la cabeza de la institución a su ministra de Justicia.

Ya en tiempos de Felipe González, se designó fiscal general del Estado a un ministro del Gobierno, Javier Moscoso, pero venía del Ministerio de la Presidencia; lo que nadie había hecho hasta ahora es nombrar directamente a su ministro de Justicia fiscal general. Aquello acabó como sabemos, con los tiempos oscuros y denigrantes que se resumían con la imagen de un fiscal en el maletero de un coche. En su carta de despedida a sus compañeros, la fiscal general saliente, María José Segarra, afirma que, entre los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal, está el de “profundizar en la independencia de los fiscales como consecuencia de los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia Europeo y, necesariamente, el de la irremediable reforma de la ley procesal”. La provocación de Pedro Sánchez debería ser un estímulo para que todo el poder judicial, no solo los fiscales, haga oír su voz como poder independiente del Estado.

Por lo demás, en lo estrictamente personal y profesional, resulta que si Dolores Delgado hubiera sido una excelente ministra de Justicia, lo normal es que hubiera seguido en su cargo. Pero su gestión como ministra estaba amortizada desde que se conocieron las grabaciones del ‘supercomisario de las cloacas’, José Manuel Villarejo. Eran conversaciones intrascendentes, en su mayoría, que solo adquirieron valor político por la torpeza de la propia ministra. En vez de admitir que conocía a Villarejo, que mantenían una relación personal más allá de los asuntos profesionales, pero que esa amistad no interfería en su trabajo como fiscal de la Audiencia Nacional —cargo que ocupaba entonces, cuando grabaron sus conversaciones en restaurantes—, lo negó todo; ella sola se enredó en una madeja de mentirijillas.

Las conversaciones que le grabó Villarejo, en sí mismas, no tenían interés político, pero la defensa tramposa que quiso hacer Dolores Delgado acabó convirtiendo aquel asunto en un escándalo de cierta relevancia que la desacreditó. Tanto es así que de lo grabado ya apenas se puede recordar algo concreto, más allá que lo que decía Dolores Delgado de la homosexualidad de Grande-Marlaska o alguna anécdota que le contó su amigo el juez Baltasar Garzón, en uno de los viajes que hicieron en México. Es el episodio de la ‘guindilla asesina’: “Estábamos en Palenque [le decía Garzón a Dolores Delgado] y yo, con un hambre de la hostia. Total, que veo allí varias fuentes de aceitunas, y tal, y digo: “¡Hostia, alcaparras!”. Y voy con una cuchara grande y hago así, pum… Mastico y, en vez de expulsarlas, no sé qué coño pasó que me las metí para dentro. Me llevaron al médico y todo, en la cama, una colitis… Me subió fiebre, 39 grados. Una cosa…”. Debería saber Pedro Sánchez que lo de este nombramiento ha venido a ser eso para los fiscales, abrirles la boca y meterles una cucharada de chile como si fueran alcaparras.

Lola se ríe
De ministra de Justicia a fiscal general para echar un cable a los separatistas
Luis Ventoso ABC 14 Enero 2020

Lola, como la llaman quienes bien la quieren, se rió mucho en aquella comilona del 23 de octubre de 2009 en el restaurante gallego Rianxo, en Madrid. Su entrañable amigo «Balta», entonces el togado más mediático, la llevó a una cuchipanda que celebraba una condecoración al vidrioso comisario Villarejo. Lola era por entonces fiscal de la Audiencia Nacional, donde llevaba dieciséis años. La comida fue una risa. Se prolongó más de tres horas y acabó con chupitos, copazos y cotilleos, entre macarras y soeces, que arrancaban carcajadas en jovial francachela. Lola llamó allí «maricón» a quien andando el tiempo se sentaría con ella en el Consejo de Ministros. Ay, qué gracia. Lola, que luego formaría parte del Gobierno más feminista del orbe, explicó a los presentes que en caso de ser juzgada ella, desde luego, preferiría un tribunal de hombres a uno de mujeres: «De tías no quiero». Como el ambiente era de confianza, Villarejo explicó a los comensales que había montado un prostíbulo para extraer información a personas VIP, «porque a la gente dura de los consejos de administración les pones una chorbita, se la tiran y...». Lola se tronchaba de risa. No se le ocurrió reparar en el detalle de que ella era fiscal y le estaban contando un delito.

Cuando el preso Villarejo comenzó a filtrar lo anterior, Lola, ya ministra de Justicia, emitió un comunicado oficial negando «cualquier tipo de relación». No lo había visto en su vida. Pero Villarejo divulgó los audios que los mostraba en cordial charleta. Lola, fiel a la escuela sanchista, había mentido. Acabó reconociendo tres reuniones. Qué gracia.

Lola ostenta un récord: nadie ha logrado tantas reprobaciones en tan poco tiempo. En octubre de 2018 fue reprobada por el Congreso por mentir sobre su relación con Villarejo. Después la reprobó el Senado, por dejar tirado al juez Llarena de manera vergonzosa cuando Puigdemont lo denunció en Bélgica. La batalla de Llarena contra los sediciosos dificultaba los apaños de Sánchez con ellos, así que Lola traicionó al juez, desoyendo los ruegos del Consejo del Poder Judicial. En noviembre de 2018, tercera reprobación, por purgar a Edmundo Bal, jefe del área Penal de la Abogacía del Estado. Su baldón imperdonable había sido alinearse con la Fiscalía del Supremo y recomendar el castigo más firme para los golpistas. Lola respondió en el Congreso a todo este oprobio con furia y risas despectivas.

En una maniobra que en una democracia sana no tendría un pase, ayer Lola fue designada fiscal general del Estado. Pasa sin transición del Ministerio a la Fiscalía, con la misión de echar agua a las acusaciones contra los separatistas y ayudar así a mantener a Sánchez en el alambre. Lola se reía con ganas mientras entregaba la cartera de Justicia a su sucesor.

Carmen Calvo aseguró impertérrita a los periodistas que con esta jugada el Gobierno «en ningún momento ha pretendido controlar la Fiscalía». Más carcajadas. Pero amargas. Las que provoca el acelerado deterioro de las instituciones y la compulsiva afición del sanchismo a tomar al respetable por una recua de ígnaros.

Un nombramiento escandaloso pero coherente
Cayetano González Libertad Digital 14 Enero 2020

Por si alguien tenía todavía alguna duda, está claro que Pedro Sánchez va a por todas. Su decisión –absolutamente escandalosa desde el punto de vista ético y democrático, pero enormemente coherente con su proyecto político e ideológico– de nombrar a la hasta hace unas horas ministra de Justicia, Dolores Delgado, nueva fiscal general del Estado es una muestra muy significativa.

Suele decir Jaime Mayor Oreja –al que habrá que reconocer su acertado diagnóstico, que tanto molesta a la izquierda política y mediática, de lo que estamos viviendo ya en España– que los frentes, como el que ha puesto en marcha Sánchez, no tienen límites morales, legales, éticos y democráticos. Esta es la manera más certera de explicar el nombramiento de Delgado.

En la historia de nuestra democracia, no hay ningún caso de un ministro de Justicia que haya pasado directamente a la Fiscalía General del Estado. Lo que más se aproxima es lo que hizo en 1986 Felipe González, cuando eligió para dirigir el Ministerio Público a quien en ese entonces era ministro de Presidencia, Javier Moscoso. Siendo ese precedente también muy llamativo, no es comparable a lo de ahora, porque un ministro de Presidencia no tiene una relación tan directa con el fiscal general como un ministro de Justicia.

Por ley, los exministros tienen dos años de incompatibilidad para poder trabajar en el sector privado en áreas o empresas que tuvieran una relación directa, de intereses, con los ministerios de los que hubieran sido titulares. Si esa medida tiene toda su lógica en el sector privado, ¿acaso no la tiene para la Administración Pública en un caso tan escandaloso como éste, donde una persona deja de ser ministra para acto seguido ponerse al frente de la Fiscalía General del Estado?

Tampoco es baladí el desprestigio acumulado por la señora Delgado, tras conocerse el indecente contenido de unas conversaciones que mantuvo antes de ser ministra con el exjuez Baltasar Garzón y el comisario Villarejo. Sólo por eso, tenía que haber dimitido, avergonzada.

Pedro Sánchez es coherente con este nombramiento. Si ha pactado con los independentistas de ERC "desjudicializar" el proceso de secesión puesto en marcha en Cataluña, necesita un ariete en la Fiscalía General del Estado para que realice el trabajo sucio. Y el asunto no se quedará ahí. Sánchez y –ya no digamos– Podemos intentarán controlar al máximo el Poder Judicial: desde el nombramiento de vocales en el Consejo General del Poder Judicial hasta la renovación pendiente del Tribunal Constitucional –presidente incluido–, pasando por nombramientos o designaciones de magistrados en diversos estamentos judiciales.

La falta de escrúpulos y de pudor que muestra el presidente del Gobierno con este nombramiento no es más que un síntoma de lo que está por venir. Dentro de unos días, Sánchez se va a reunir con Torra, presidente de una comunidad autónoma que está inhabilitado por un delito de desobediencia y que se niega a abandonar su cargo. La foto de Sánchez con Torra será una bofetada más al Estado de Derecho, a la dignidad y al prestigio de las instituciones. Pero eso a Sánchez le importa un comino, parafraseando a la señora diputada de ERC.

Parafraseando a la madre de los Pagazaurtundua, veremos y oiremos cosas que nos helarán la sangre. Ya estamos en ello, pero esto no ha hecho más que empezar. A ver si se enteran los líderes de los partidos del centro-derecha y se ponen a trabajar en serio en lo que ya es una urgencia nacional: la conformación de una alternativa que esté preparada para hacer frente al Frente que está desde este lunes en el Gobierno de España.

Vox se querella contra Pedro Sánchez y Dolores Delgado por tráfico de influencias
Agencias Libertad Digital 14 Enero 2020

Presenta una querella criminal ante el Supremo contra Sánchez y la futura Fiscal General del Estado por sus "instrucciones políticas" a la Abogacía.

Vox ha presentado una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la exministra de Justicia Dolores Delgado y los tres abogados del Estado que firmaron el informe sobre el líder de ERC Oriol Junqueras y que habría resultado decisivo para las negociaciones de formación de gobierno. El partido acusa a Sánchez y Delgado de tráfico de influencias, y de los delitos de "prevaricación, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional" a los tres abogados que escribieron sus alegaciones "al dictado" de la exministra de Justicia, Rosa María Seoane, Luis Gonzaga de Toledo y Consuelo Castro Rey.

La formación denuncia la relación entre este documento sobre la inmunidad de Junqueras con la abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo. "Tanto Sánchez como Delgado actuaron de manera deliberada contra las funciones encomendadas a la Abogacía del Estado, torciéndolas a su propio interés como superiores jerárquicos de los mismos", denuncia.

Según lamenta Vox, los abogados del Estado trabajaron cumpliendo "las expectativas y mandatos políticos trasladados" por el Gobierno, a través de Delgado, "en la expectativa de una recompensa futura o por temor a un hipotético cese".

En su denuncia, Vox también apunta que ERC tuvo conocimiento del escrito de la Abogacía antes de que se hiciera público, por lo que su grupo parlamentario en el Congreso ya ha solicitado los borradores y comunicaciones realizados para la confección del escrito definitivo.

La formación subraya que entre el 20 de diciembre y el 3 de enero la Abogacía recibió "instrucciones políticas" y que las "directrices" dadas finalmente se cumplieron.

El partido, además, también denuncia que la Abogacía del Estado sigue intentando que se cancelen las órdenes de detención de otros encausados por el golpe separatista que se encuentran, en este momento, fugados de la Justicia y fuera del territorio español.

Abascal critica a Sánchez por el nombramiento de Delgado
Este mismo lunes, el líder de Vox, Santiago Abascal, se refirió al futuro cargo de la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, que vio como "una prueba más del golpe institucional de Pedro Sánchez para que el PSOE se apodere del Estado". "No tienen pudor. Y pretenden no tener frenos ni contrapoderes institucionales", denunció Abascal en Twitter.


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Sin cesiones a los golpistas no habrá Presupuestos
OKDIARIO 14 Enero 2020

Pese a que desde el PSOE insisten en que el pacto con Esquerra no asegura su apoyo a los Presupuestos de 2020, una condición que para el PSOE era imprescindible, lo cierto es que en el Gobierno son moderadamente optimistas y creen que, a medida que avance el proceso de diálogo, los separatistas catalanes apoyarán las cuentas generales del Estado. Superada la investidura, la próxima china en el zapato de Pedro Sánchez serán los Presupuestos, que desde 2017 se vienen prorrogando. Es por eso que durante las negociaciones, socialistas y separatistas fueron más allá de la investidura. El PSOE es consciente de que tiene que seguir ganándose la confianza de ERC (el gesto de nombrar a Dolores Delgado fiscal general del Estado es un nuevo guiño a los independentistas), porque una eventual negativa a apoyar las cuentas, como ha advertido Miquel Iceta, significaría que «si no salen adelante, habremos hecho un esfuerzo para nada».

El problema para Sánchez es que el sector más duro de ERC, el que lidera la prófuga Marta Rovira, ya ha dejado claro que el respaldo a Sánchez debe ser a cambio de cesiones concretas. Y no efímeras. Y esos puntos concretos apuntan a dos materias: lo que ellos llaman “desjudicializar” el “conflicto” en Cataluña, y permitir el referéndum separatista. “Desjudicializar” el “conflicto” significa que los condenados y los que lo pueden estar en el momento en el que queden bajo el radio de acción de la Justicia española, queden libres de condenas o, cuando menos, fuera de las prisiones.

Ese el temor de Sánchez, que el paisaje político catalán se enrede por la pugna entre independentistas y, llegado el momento -su intención es llevar los Presupuestos a Consejo de Ministros el próximo marzo-, los sectores más duros del separatismo se hagan fuertes y frustren sus expectativas. Es lo que tiene haber llegado al Gobierno de España con el apoyo de los que a España les importa «un comino». Golpistas, proetarras y demás fuerzas contrarias al marco constitucional que han olido la debilidad del jefe del Ejecutivo y van a cobrarse muy caro su apoyo. Eso pasa por traficar con la dignidad de España y de los españoles.

La Fiscalía, en manos de la turbia Dolores Delgado
EDITORIAL Libertad Digital 14 Enero 2020

Pedro Sánchez se asegura así el respaldo del Ministerio Público a todas sus cesiones ante los separatistas.

Advertíamos ayer sobre las maniobras de Pedro Sánchez para mangonear a placer en el Poder Judicial, ya evidentes con su nombramiento del magistrado socialista José Manuel Campo como ministro de Justicia. La prueba de fuego, decíamos, iba a ser la elección del nuevo fiscal general del Estado.

Pues bien, una vez más, el Gran Felón ha desbordado las peores expectativas.

La elegida para dirigir a los 2.500 fiscales con que cuenta el país ha sido Dolores Delgado, que no ha dejado fechoría sin perpetrar durante su ominoso paso por el Ministerio de Justicia. La turbia Delgado fue la responsable de rebajar la acusación de la Abogacía del Estado en el juicio contra los golpistas catalanes; con lo que finalmente se excluyó la petición de condena por rebelión para evitarles lo que se merecían, dada la gravedad del delito que habían cometido: largas penas de cárcel. El encargado de formular dicha acusación, Edmundo Bal, actualmente diputado de Ciudadanos, fue destituido de manera fulminante por no someterse a la infame orden de la tóxica ministra.

Delgado es también de sobra conocida por sus reuniones non sanctas con el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión por su vinculación con las cloacas del Estado; reuniones sórdidas durante las cuales la secuaz de Sánchez llamaba "maricón" a Fernando Grande-Marlaska y afirmaba que ella, campeona feminista, prefería "tribunales de tíos".

Delgado, íntima del condenado exjuez Baltasar Garzón, ostenta el dudoso récord de haber sido objeto de reprobación por el Parlamento en tres ocasiones, a pesar de que solo se ha desempeñado como ministra durante un año y medio. La última de ellas tuvo su origen en su repugnante negativa a ofrecer amparo al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena cuando más arreciaban los ataques del separatismo contra su persona y su entorno por haber reclamado la extradición del golpista prófugo Carles Puigdemont.

La turbia Delgado será, sí, quien lleve las riendas del Ministerio Público en las importantes decisiones que todavía han de adoptarse en relación con el procés liberticida, empezando por las que tienen que ver con la suelta de los golpistas presos. Sánchez se asegura así el respaldo de la Fiscalía a todas sus cesiones ante los separatistas.

El nombramiento de Delgado ha sumido en el "estupor" y la "preocupación" al estamento judicial, y es que nunca, ningún Gobierno –ni siquiera el de aquel PSOE de González y Guerra que se jactaba de haber entrerrado a Montesquieu– atentó de manera tan obscena contra el principio de separación de poderes, esencial para la pervivencia de una democracia liberal digna de tal nombre.

Este Gobierno es un gran problema, de hecho una amenaza de primer orden para el orden constitucional que sus integrantes se han comprometido, con gran indecencia, a respetar y proteger.

La invasión de la Justicia desde el Gobierno amenazaría a la democracia
EDITORIAL ESdiario 14 Enero 2020

La separación de poderes es esencial en una democracia sana, y queda en entredicho con una puerta giratoria destinada a subordinar la Fiscalía al Gobierno.

Con una falta de pudor sin precedentes, Pedro Sánchez ha propuesto que su última ministra de Justicia, Dolores Delgado, sea designada nueva Fiscal General del Estado, un puesto clave siempre pero especialmente en el contexto de zozobra territorial y pulso judicial que libra el independentismo contra el Estado de Derecho.

En cualquier circunstancia, provocar un salto de un puesto político a otro técnicamente independiente, sería controvertido. Pero en éste, resulta escandaloso: hay que recordar que la Fiscalía General fue clave en el inicio de la respuesta judicial al desafío separatista contra la democracia y el ordenamiento jurídico.

Y que de ella dependen los fiscales que, en contra de las presiones políticas, mantuvieron la acusación de rebelión en el juicio del procés, se negaron a atender las instrucciones que sí siguió la Abogacía del Estado para auxiliar a los procesados y aún hoy mantienen en el Supremo el apego por la ley más allá de intereses y lecturas políticas.

No se nombra a Dolores Delgado, una fiscal con experiencia sin duda, para que garantice la independencia de la Fiscalía, pues. Si no para que traduzca en decisiones jurídicas la estrategia del Gobierno y los peajes que éste ha suscrito con el soberanismo para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

A Delgado no se la designa para que garantice la independencia de la Fiscalía, sino para que se subordine al Gobierno

La injerencia es inquietante, pues profana de manera aparatosa el andamiaje constitucional y pone en cuestión la separación de poderes, un pilar esencial de una democracia sana. ¿Cómo no recordar que fue el actual presidente quien presumió, hace escasas semanas, de la subordinación de la Fiscalía a las instrucciones del Ejecutivo?

Muy inquietante
Las inminentes renovaciones de los tribunales Constitucional y Supremo, así como del Consejo General del Poder Judicial o de la Sala de lo Penal, contextualizan la puerta giratoria de Delgado en su dimensión real: como una parte de una invasión general de la Justicia, desde La Moncloa, para transformarla en una herramienta política más al servicio de la coalición del PSOE y Podemos.

La falta de disimulo es tan grosera como legítimo preguntarse hasta dónde está dispuesto a llegar este Gobierno en el uso instrumental y partidista del Estado. Viendo los precedentes en RTVE, convertida en un insólito aparato de propaganda, cabe temerse lo peor. Pero si la Justicia se convierte en un arma más del PSOE, la gravedad tendrá una dimensión especial y degradante, como nunca, para una democracia sustentada en la independencia de sus distintos poderes.

Cabeza de playa
Sánchez ha ordenado tomar las instituciones judiciales por asalto y envía a Delgado como avanzadilla del desembarco
Ignacio Camacho ABC 14 Enero 2020

Es un frente contra la justicia. Más exactamente, contra la independencia judicial y la separación de poderes. Después de que Pablo Iglesias señalase como «enemigos» (sic) de la flamante Coalición Progresista a los «togados» (sic etiam), Pedro Sánchez ha ordenado tomar la posición rebelde por asalto. El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general es la cabeza de playa de ese desembarco, que fue ensayado con el sometimiento previo de la Abogacía del Estado. En noviembre, el presidente ya había dejado claro y sin cortarse un pelo que la denominación de Ministerio (Público) significa para él la convicción de que la Fiscalía forma parte del Gobierno. Y ha procedido en consecuencia, como si se tratase de la cartera número veintitrés o de la quinta vicepresidencia de ese Gabinete que parece la plantilla completa de un equipo de fútbol de Primera. Sans façon, que es la manera francesa de decir sin complejos ni vergüenza. La estabilidad del acuerdo con Esquerra exige asegurarse de que esos tipos con puñetas dejen de hacerle la ídem a Junqueras.

Esta designación es estéticamente indecorosa, judicialmente perturbadora y políticamente desaprensiva, porque supone una interpretación sectaria del principio de jerarquía y porque su mecanismo de puerta giratoria le falta el respeto a las más elemental concepción de la autonomía jurídica. Pero estamos sólo ante la primera ofensiva para colonizar la administración de justicia. Los siguientes objetivos son el Consejo del Poder Judicial, que nombra a los magistrados de las Audiencias y del Supremo, y el Tribunal Constitucional, último dique protector del Estado de Derecho. Si la oposición -y en concreto el PP, que es el que posee la capacidad de bloqueo- cede en este terreno, el Ejecutivo ejercerá sin ninguna clase de contrapeso un poder condicionado por la influencia de los nacionalistas en el Parlamento. Ésta es la batalla decisiva, crucial, de este mandato; no el déficit, ni la presión fiscal, ni las pensiones, ni la lucha contra el cambio climático. La independencia de los tribunales -o su control, en sentido contrario-, el papel de la ley como garantía de la libertad y la igualdad de los ciudadanos, es lo que separa un sistema democrático de la deriva autoritaria de los regímenes bolivarianos.

Pero de eso va exactamente esta medida: de exhibición de autoridad, de desdén por las críticas, de jactanciosa demostración de altanería, de provocación corporativa, de descarada ostentación de servilismo y disciplina. De suficiencia cesarista. Un paso más en la arrogante normalización de la anomalía que el sanchismo y sus aliados han convertido en rutina. Un aquí mando yo que expresa con nitidez el sentimiento de superioridad moral y de inmunidad política de la izquierda. Y un mensaje de advertencia para quienes, con toga o sin ella, sientan la tentación de moverse en la dirección incorrecta.

La independencia de la Fiscalía: una garantía constitucional
Edmundo Bal larazon 14 Enero 2020

La noticia de que Pedro Sánchez se propone nombrar a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal General del Estado causa no solo estupor sino sonrojo, porque sin ningún pudor se nombra a una diputada electa por el PSOE al frente de una institución esencial del Estado como es la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal es un órgano con relevancia constitucional integrado con autonomía funcional dentro del Poder Judicial, y atentar contra su independencia es atentar contra la del Poder Judicial. Según la Constitución y su estatuto, la institución debe guiarse en su actuación por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia técnica y absoluta despolitización. Tiene por misión, según el artículo 124 de nuestra Constitución, promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley. De ello se deduce la imposibilidad de que la Fiscalía pueda ser instrumentalizada al servicio de fines políticos, partidistas o sectarios: la Fiscalía General del Estado es la de todos los ciudadanos, no la del PSOE, no la de Sánchez, no la de ERC.

Así lo ha demostrado la Fiscalía en el juicio del «procés», donde ha sostenido su criterio técnico contra viento y marea y pese a los intentos de presión precisamente de la persona a la que ahora quieren nombrar Fiscal General del Estado. Y así debe ser en todos los casos, porque la Fiscalía es garante de los derechos fundamentales, de víctimas y de presuntos delincuentes.

El nombramiento de la exministra de Justicia sitúa a un político del PSOE al frente de la institución, en un inaceptable intento de politización. Pero los fiscales tienen instrumentos de protección de su independencia técnica frente a instrucciones o directrices que pudieran recibir de sus superiores: si creen que la orden es ilegal pueden someter su discrepancia ante el Consejo Fiscal –elegido por todos los fiscales– o ante la Junta de Fiscales. Finalmente, decide el jefe, pero arriesgándose a una querella por prevaricación, caso de ir contra lo decidido en el Consejo Fiscal o Junta de Fiscales.
Instrumentos de protección

Los fiscales-jefes, además, no pueden ser cesados arbitrariamente, y su mandato es por cinco años. Si se pretende en un asunto concreto sustituir a un fiscal por otro, existen instrumentos de protección. Resistirán, porque tienen instrumentos para ello. Pero ningún Estado de derecho debería exponer a sus fiscales al arbitrio de un jefe político puesto además a dedo por el Gobierno de turno. Por eso es el momento de afrontar una tarea pendiente desde hace años pero que se vuelve hoy más urgente que nunca, habida cuenta de las mencionadas presiones bajo el mandato de Delgado como titular de Justicia a instituciones como la Abogacía del Estado.

Hoy Ciudadanos ha registrado una proposición de ley para potenciar aún más estos órganos de la Fiscalía que protegen la independencia técnica de esos grandes profesionales, garantes del Estado de derecho. Con esta ley aprobada la señora Delgado no podría haber sido nombrada Fiscal General: establece que no puede serlo quien en los últimos diez años haya desempañado un cargo político. La reforma de Cs fue rechazada en febrero de 2018 por PP y PSOE. La «desjudicialización del conflicto» se va a convertir en la politización de la Justicia.

Despótico golpe a la independencia del Poder Judicial
Editorial El Mundo 14 Enero 2020

El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará hoy es el síntoma más obscenamente evidente de la deriva populista de Pedro Sánchez. Parece haber hecho suya la máxima independentista de que las leyes y la separación de poderes no son el fundamento de un Estado de derecho. El presidente ya se jactó en una entrevista en RNE de que era él quien controlaba la Fiscalía. Ahora no ha tenido el más mínimo reparo ni ético ni estético en colocar allí a la que ha sido hasta ahora su ministra de Justicia, un caso del que no existen antecedentes en nuestra historia. Delgado, muy vinculada al ex juez Baltasar Garzón -expulsado de la carrera judicial-, tuvo que reconocer su amistad con el siniestro y corrupto ex comisario Villarejo y deja un legado que puede resumirse en la obediencia ciega y sin matices a las necesidades políticas y parlamentarias de Sánchez, a despecho de todo respeto a la Justicia.

No hay que olvidar que bajo su mandato se obligó a la Abogacía del Estado a cambiar su calificación jurídica en el juicio del 1-O, rebajando -para contentar a los golpistas- la acusación de rebelión al menos grave delito de sedición, lo que provocó la dimisión de Edmundo Bal, hoy diputado de Ciudadanos. También fue su Ministerio el que instruyó el expediente de exhumación de Franco, un asunto calificado como de máxima urgencia a pesar de responder únicamente a razones electoralistas. Y fue ella quien se negó a amparar al juez Llarena, instructor de la causa del procés, ante una denuncia desde Bélgica de Puigdemont. Finalmente, desde su ministerio se forzó una vez más a los abogados del Estado para que interpretaran la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de la manera más favorable a los intereses de Junqueras, el líder de ERC condenado por sedición.

La intervención política de Delgado en el Poder Judicial ha contado, sin embargo, con la resistencia de la Fiscalía, cuya demostrada independencia en el juicio del 1-O ha sido el mejor ejemplo de fortaleza democrática del Estado. Acabar con esa libertad de criterio de los fiscales y de María José Segarra, antecesora en el cargo de Delgado, se convirtió en una exigencia de los independentistas que Sánchez ha decidido atender, eligiendo a quien con más servilismo está dispuesta a hacerlo. Ella tendrá ahora la última palabra en la postura de la Fiscalía sobre los permisos penitenciarios a los presos por el golpe de 2017, en su posible indulto y en las nuevas causas por desobediencia aún pendientes. La despótica decisión de Sánchez es uno de los más descarados ataques a la independencia del Poder Judicial que se han infligido en la etapa democrática. Sus consecuencias las pagarán todos los españoles.

¿Y la Fiscalía de quién depende?
Cristina Losada Libertad Digital 14 Enero 2020

Aquel gazapo de Pedro Sánchez, cuando hacía ver que tenía gran interés en que se detuviera a Puigdemont, no era, oh sorpresa, un gazapo. Fue en una entrevista en Radio Nacional. Se impacientó y le lanzó el dardo al entrevistador. Dos veces: "¿Y la Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?". Respondió el otro con voz apagada, insegura: "Del Gobierno". Y se declaró satisfecho el presidente: "Pues ya está". En efecto, ya está. La realidad imita al gazapo. Su titular de Justicia va a salir por la puerta del Ministerio y, sin cambiar siquiera de peinado, va a entrar en la Fiscalía General. Este es el plan. No son puertas giratorias; es una pasarela. Un desfile para exhibir la dependencia de la Fiscalía respecto del Gobierno. Para exhibir quién manda, y que tomen nota quienes tienen que tomarla.

La lógica de la decisión es diáfana. No es la lógica de la despolitización de la Justicia. Ese desiderátum figura en los programas del PSOE desde que quiso sumarse, de algún modo, a la agenda regeneracionista, y allí viene cumpliendo su finalidad decorativa sin mayores riesgos. Sin riesgos de que se aplique. De hecho, la ocasión en que se les ha visto más cerca de actuar en ese punto, de tomarse en serio al menos la despolitización de la Fiscalía, fue cuando el Gobierno del PP, hace tres años, nombró para el puesto a José Manuel Maza. La nota que alumbró entonces el partido de Sánchez se ha rescatado en la red social Twitter. Decía esto:

La tacha que le veían los socialistas a Maza, que fallecería un año después, era su "trayectoria". Aunque esa trayectoria no incluía haber estado en un Gobierno del PP –como ministro de Justicia, por ejemplo–, les parecía inadecuada: "Su trayectoria como magistrado no garantiza en absoluto el perfil independiente que requiere la figura de fiscal general". Y como las trayectorias pueden hacer cosas inconcebibles, alertaban:

La trayectoria conservadora de Maza puede dejar en una posición de subordinación al Ministerio Fiscal frente al Gobierno y no parece la persona indicada para trabajar en favor del consenso requerido en una legislatura sin mayorías absolutas.

Esta de ahora es también una legislatura sin mayorías absolutas, pero es obvio que los socialistas han cambiado de opinión sobre el perfil que necesita la Fiscalía General. ¿Perfil independiente? Nos lo ahorramos. Si todos sabemos de quién depende –el primero que lo sabía era Sánchez–, para qué vamos a fingir. Para qué fingir, maldita hipocresía, cuando se puede dejar bien establecida desde el principio la subordinación. Hay que alabarle que haya encontrado el modo más eficaz de indicar, marcar o subrayar esa posición subordinada: colocar en la Fiscalía a la que era su ministra de Justicia hasta ayer. En cuanto a trabajar a favor del consenso, olvidemos ese aspecto deplorable. Olvidemos, en realidad, la deplorable nota del PSOE del 11 de noviembre de 2016. Porque será, a todos los efectos, como si nunca hubiera existido. Polvo eres. La hemeroteca, como los programas, está para incumplirla.

Sólo transpira una lógica esta pública atadura de la Fiscalía al yugo del Gobierno, prescindiendo ya de intentos de crear, magia mediante, la ilusión de independencia. Es la lógica del pacto con la Esquerra. La recogía el texto firmado con la fórmula desleída de "superar la judicialización". O, como dice otro barbarismo en uso, desjudicializar la política. Y Sánchez ha llegado a una conclusión. Ha determinado que para desjudicializar la política tiene que politizar más la Justicia. Sólo así, con un control más intenso del Gobierno, podrá aflojarse el brazo judicial que rodea a los separatistas condenados. La toma de la Fiscalía nunca se había hecho en horas tan diurnas, sin el abrigo de la oscuridad. Será porque es necesario dar pruebas inmediatas de que se cumple. Habrá quien se remonte a lo de Moscoso, en 1986, otro ministro que pasó a la Fiscalía de un día para el otro, pero por el texto, el pretexto y el contexto es incomparable.

La puerta giratoria: del Gobierno a la Fiscalía
Pablo Sebastián republica14 Enero 2020

Mucho se ha quejado Pablo Iglesias de las ‘puertas giratorias’ a través de las que los Ministros salientes de los gobiernos del PSOE y del PP se han ido colocando en diferentes Consejos de Administración de empresas del IBEX 35.

Pero ahora estamos ante una novedad, porque la hasta hace poco ministra de Justicia, Dolores Delgado -fiscal de carrera, amiga del comisario Villarejo y compañera de Baltasar Garzón-, ha pasado del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado en un abrir y cerrar de ojos.

Es decir, del poder Ejecutivo al Judicial sin ni siquiera tomarse un tiempo de descanso o de reflexión. Y todo ello en una legislatura en la que será crucial el pulso que Pedro Sánchez pretende echar a la Justicia y al Poder Judicial para pagar su deuda de investidura con ERC, salvar los Presupuestos y a la vez cumplir su promesa de ponerle fin a la judicialización del llamado -por Sánchez- ‘conflicto político’ catalán.

Lo que Sánchez pondrá en marcha a gran velocidad porque piensa habilitar al inhabilitado Quim Torra con un encuentro de cortesía e intriga política con el todavía presidente de la Generalitat.

Pero mientras tanto Pedro Sánchez se ha quitado del Gobierno a la amiga de Villarejo -el comisario al que tanto odia Pablo Iglesias- para convertirla en un obús contra el Tribunal Supremo en favor y defensa del golpismo catalán, siguiendo los pasos que ya dio Dolores Delgado al utilizar a la Abogacía del Estado en favor de los condenados golpistas.

De ahí el descaro y la confianza de Sánchez en que Delgado -la que escoltó la momia de Franco en su traslado- intentará poner firme a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Sobre todo cuando llegue el día de los indultos a todos los condenados golpistas por el Tribunal Supremo, para que Oriol Junqueras pueda ser candidato a la Generalitat en las próximas elecciones catalanas que tampoco tardarán en llegar.

Estamos ante un enredo e intriga propio de las novelas de Ágata Christie en las que el detective belga Hércules Poirot deberá afinar su instinto para que las piezas del rompecabezas encajen con precisión y aquí el tiempo juega un papel esencial. Porque Sánchez necesita tiempo para conceder los indultos porque si lo hace de manera inmediata este país -y puede que una parte del PSOE- estallará del indignación y el Presidente no podrá motivar los indultos con facilidad ante el alto Tribunal.

Y para ganar tiempo Sánchez necesita que Torra siga de presidente para que no disuelva el Parlamento catalán y las elecciones catalanas lleguen demasiado pronto, porque si eso ocurre así Junqueras debería quedar indultado y habilitado de manera inmediata para concurrir a los comicios.

Por ello a Sánchez corteja a Torra para ganar tiempo, y le dirá que hay que abrir la Mesa de diálogo entre Gobiernos, mientras que Pablo Iglesias se encargará de seguir los pasos de Puigdemont que es la pieza del puzle que falta por encajar y controlar. Porque Puigdemont es quien manda en Quim Torra y puede provocar el adelanto inmediato de la cita catalana electoral.

Derribando con ello el frágil castillo de naipes de la investidura y Gobierno de coalición, que ayer tomó posesión de sus cargos y que hoy celebrará su primer Consejo de Ministros camino de lo que Sánchez considera que será la normalidad y la estabilidad.

La extrema izquierda en el gobierno de España
El autor critica el carácter extremista de parte del nuevo Gobierno y defiende que, por definición, el Ejecutivo debe pensar en "toda la sociedad".
Pedro José Chacón Delgado elespanol 14 Enero 2020

Con la sola presencia de Pablo Iglesias y Alberto Garzón, y sin entrar en mayores consideraciones en cuanto a otros ministros de Unidas Podemos en el nuevo gabinete de Pedro Sánchez, podemos decir que la extrema izquierda ha entrado en el gobierno de España por primera vez desde el inicio de la Transición. Lo cual significa que estamos ante personas, por formación y carácter, perfectamente sectarias e incapaces de aceptar la transversalidad y la moderación, y eso, que resulta inevitable en un parlamento que quiera reflejar fielmente la sociedad que representa, se convierte en una seria rémora cuando lo aplicamos al poder ejecutivo, que por definición tiene que pensar en toda la sociedad, no solo en una parte de la misma.

La presencia de la extrema izquierda en el gobierno de España se complementa con los nacionalismos más radicalizados de Euskadi y Cataluña –nos referimos a EH Bildu y ERC– que han posibilitado este gobierno de Pedro Sánchez con su abstención en el Congreso y cuyos representantes nos propinaron unas intervenciones insólitas y delirantes, a las que Sánchez no les hizo ni el más mínimo reproche por todas las barbaridades que dijeron. La siguiente demostración de esa entente cordial se ha sustanciado en una manifestación en favor de los presos de ETA que ha tenido lugar en Bilbao y donde han estado presentes y bien visibles todos estos partidos.

Una de esas intervenciones del debate de investidura fue la de Oskar Matute, de EH Bildu, que mostró claramente la conexión profunda entre las extremas izquierdas y los nacionalismos en España, al apelar a todos los territorios a autodeterminarse uno a uno como la vía más segura para llegar a la revolución social que pretenden. Y ejemplificó esa lucha con dos recuerdos, el de Dolores Ibárruri y el de Josu Muguruza, el dirigente de Herri Batasuna asesinado en Madrid un 20 de noviembre de 1989, por cierto, el mismo año en que murió la Pasionaria y también el de la caída del Muro de Berlín, principio del fin del comunismo real.

Dolores Ibárruri nos retrotrae al inicio de la alianza entre PSOE y PNV que hoy gobierna en Euskadi y que da profundidad histórica al nexo entre izquierdas y nacionalismos en España. Porque ella estuvo presente en la alucinante sesión de 1 de octubre de 1936, cuando se aprobó por unanimidad el primer Estatuto Vasco en unas Cortes con poco más de 100 diputados, porque todos los demás habían huido despavoridos en un Madrid sometido al terror de las checas y donde el único representante internacional en la tribuna de invitados era el embajador de la URSS, Marcel Rosemberg, luego depurado por Stalin, al que la Pasionaria se dirigió emocionada desde su escaño gritando ¡Viva Rusia!

Lo que no hubo en Euskadi en la Segunda República fue nada parecido a ETA, pero la extrema izquierda equipara a los muertos en las cunetas de hace ochenta años con las víctimas de ETA de anteayer. Tampoco es cierto que quien fuera condenado por el asesinato de Muguruza solo estuviera dos años en la cárcel, como dijo Matute. Estuvo siete años hasta que murió en accidente de coche durante un permiso carcelario.

Quien sí estuvo dos años por cada asesinato fue el etarra actualmente excarcelado José Antonio López Ruiz, Kubati, el famoso asesino de Yoyes, que estuvo en prisión 26 años por cometer 13 asesinatos. Jesús María Zabarte, el llamado carnicero de Mondragón, salió tras 29 años de prisión por 17 asesinatos.

Pero, con todo, la trascendencia del discurso de Oskar Matute residió en que mientras Dolores Ibárruri, como presidenta del PCE de Santiago Carrillo, optó por aceptar la Transición en España y el régimen político de nuestra Constitución monárquica, ahora tenemos una extrema izquierda que está dispuesta a dinamitar todo aquello. Lo cual demuestra que vamos hacia atrás en sectarismo y extremismo y eso es muy preocupante.

Este nuevo gobierno de Pedro Sánchez y sus apoyos van a dejar al descubierto una asociación nefasta que en España busca, a través de la extrema izquierda y la exacerbación de los nacionalismos, acabar con el régimen político del 78. Y lo quieren hacer, por lo que toca al problema catalán, enarbolando la bandera del “diálogo democrático” que, como ya sabemos desde los tiempos de Mariano Rajoy, sólo oculta una voluntad manifiesta en el independentismo catalán por imponer su propio proyecto a toda costa.

Fíjense, si no, en la última entrevista en El Mundo al conocido actor Sergi López, próximo a la CUP –partido pequeño pero clave para la secesión catalana–, y en la respuesta que este da –tildada de “maravillosa” por el conocido medio independentista elnacional.cat– cuando le preguntan por qué quiere la independencia: “Porque sí”. Y luego añade: “¿Por qué tenemos que justificarnos? A mí no me gustan especialmente las banderas, pero quiero ser independiente para quemar la bandera catalana, para cagarme en La Moreneta y los símbolos patrios. Y para eso tengo que tener una patria que sienta como mía”.

En efecto, la extrema izquierda reivindica la autodeterminación uno a uno de todos los pueblos de España porque así es mucho más fácil convertirlos en pasto de su concepción antisistema, algo que no podrían hacer con España entera de una tacada.

El nacionalismo catalán ya está todo en manos de la extrema izquierda y el independentismo radical. Y en Euskadi, si Unidas Podemos sigue acumulando fuerzas con sus homólogos periféricos y comprueban que el pacto PSOE-PNV se resiste a sus propósitos, irán a por él sin la más mínima duda. Como van a ir, ahora ya desde dentro del gobierno, a por lo que quede de este PSOE, después de haber acabado con el que hizo la Transición.

*** Pedro José Chacón Delgado es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU.

Indignidad
Rosa Díez okdiario 14 Enero 2020

Indignidad:
Cualidad de indigno.
Acción indigna o reprobable.
Indigno:
Que no tiene mérito ni disposición para algo.
Que es inferior a la calidad y mérito de alguien o no corresponde a sus circunstancias.

El entorno terrorista de ETA ha organizado el pasado sábado una marcha a favor de los criminales de la banda que asesinaron cobardemente a 858 de nuestros conciudadanos. Un año más salieron a la calle miles de vascos sin piedad que jalearon a los criminales y humillaron a sus víctimas. Una vez más, las autoridades permitieron el desahogo de los testaferros de ETA. Hasta ahí, todo igual que en ocasiones anteriores.

La novedad de este año es que la manifestación a favor de ETA ha sido apoyada por uno de los partidos que forman en coalición el Gobierno de España (Podemos) y por otro partido (ERC) que ha hecho presidente a Sánchez con su abstención; además han asistido al aquelarre pro terrorista el partido del ya oficialmente diputado okupa Torra y las CUP.

La manifestación de este año pasará a la historia como el primer ejemplo efectivo de indignidad del Gobierno de Sánchez. No es que una esperara demasiado de este gobierno en esta materia, pues bastaría recordar la actitud de Sánchez durante y después del discurso de la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados para temerse lo peor. Pero Sánchez y sus socios han conseguido sorprenderme por su falta de desparpajo, por sus prisas en poner rápidamente de manifiesto quienes son “de los suyos”. Este descaro por juntarse con la escoria anticipa una legislatura en la que el Gobierno va a hacer gala de colegueo con los enemigos de la democracia y de desprecio a quienes siempre la han defendido.

El hecho de que Podemos haya apoyado la marcha a favor de ETA es un acto de extrema gravedad. Podemos forma parte del Gobierno de España y su presencia en esta marcha a favor de ETA tiene una traducción inmediata e ineludible: el gobierno de España da la razón a los testaferros de ETA, a sus amigos y defensores; el Gobierno de España (no olvidemos que Sánchez no ha desautorizado a Podemos por sumarse al aquelarre pro terrorista) asume el discurso de los testaferros de la banda que sostienen que se están vulnerando los derechos humanos de los asesinos que están en prisión y que proclaman que en España no hay democracia. Es el Gobierno de España quien desfila con Otegi, el jefe de la banda con quien el PSOE negoció la investidura, mientras este exige la vuelta los “exiliados” y “deportados” ( o sea, de los criminales huidos de la justicia) mientras advierte que hay que poner en libertad a los asesinos encarcelados porque eso también es “agenda vasca”, no solo lo que Sánchez ha pactado con el PNV.

Si, es un acto de extrema gravedad en términos democráticos que en España tengamos un Gobierno de coalición entre un tipo que no tiene límites en su ambición de poder y que está decidido a desmantelar las instituciones ( hasta el extremo de haber proclamado en el debate de investidura que la ley por si sola no basta, o de haber decidido nombrar Fiscal General del Estado a quien acaba de dejar de ser Ministra de Justicia y es aún diputada del PSOE) y otro individuo cuyo partido defiende como modelo de Consumo Cuba y como modelo de país Irán o la Venezuela de Maduro.

Si, es un acto de indignidad (reprobable, sin mérito ni disposición para algo) formar gobierno con quien sale a la calle a legitimar a los asesinos de 858 inocentes que fueron acribillados a balazos o destrozados con coches bomba porque estorbaban al modelo de país que defiende el otro socio de Sánchez, Otegi; si, es una indignidad (inferior a la calidad y mérito) haber elegido como socios de gobierno a quienes abrazan en el Congreso a la pistolera de Bildu y salen a la calle para defender la historia de ETA.

Vienen tiempos malos para la gente templada que solo aspira a lo fundamental en cualquier sociedad democrática: tener un gobierno que respete sus derechos aunque no forme parte de la secta que lo ha aupado al poder.

Vienen tiempos duros para quienes creyeron que lo conquistado en el año 1978 (libertad e igualdad, derechos de ciudadanía), no sería puesto en riesgo por ninguna fuerza política democrática.

Vienen tiempos oscuros para quienes no renunciamos a defender la tercera España, que es la de la inmensa mayoría de españoles, que es transversal porque es ciudadana, que es transversal porque es democrática, que no excluye a ningún demócrata, que no quiere levantar fronteras entre españoles, que se niega a cavar zanjas que nos separen a quienes somos iguales porque somos ciudadanos, que no defiende otra patria que aquella que nos hace libres e iguales, la España constitucional, la España del 78.

Precisamente porque el gobierno de extrema izquierda que se ha formado en España ha empezado, aún en el tiempo de descuento, a señalar quienes son “de los suyos” y se ha ido a la calle con los enemigos mortales de la democracia, debemos demostrar que la mayoría de españoles sabemos practicarla virtud de la paciencia. Paciencia y persistencia; paciencia y resistencia; paciencia y unidad; paciencia y memoria. Mucha paciencia, mucha tenacidad, mucha memoria, mucha unión, mucha y buena democracia. Ese es mi compromiso para el año que acaba de iniciarse. ¿Quién se apunta?

La pesadilla comunista amenaza la democracia. Caminamos hacia el totalitarismo
“El socialismo, que presume de juventud, es un viejo parricida. Él es quien ha matado siempre a su madre, la República, y a la Libertad, su hermana.” Honoré de Balzac
Miguel Massanet diariosigloxxi 14 Enero 2020

Bien, señores, ya estamos inmersos en esta nueva etapa política en la que, sin duda alguna, nos esperan grandes momentos en política especialmente preocupantes; inmarcesibles situaciones de desamparo; escabrosas decisiones gubernamentales; ataques directos a nuestros patrimonios; limitaciones flagrantes de nuestros derechos individuales y de propiedad y, por si fuera poco, ya se nos ha venido anunciando la llegada de una censura en forma de normativa, que va a limitar el constitucional derecho de expresión, amparando su aplicación en algo tan insustancial y nebuloso como es el pretender evitar lo que, para los nuevos gobernantes, sería una expresión de odio, algo tan corriente como es opinar contra las decisiones del poder político y administrativo.

Sería un intento de impedir, a la prensa y a todos los españoles, expresar libremente sus ideas, especialmente si estas estuvieran dirigidas en contra de las personas, partidos, tendencias políticas o decisiones gubernamentales con las que no se estuviera de acuerdo, achacando la calificación de odio u odioso a aquellas opiniones que simplemente entrañaran la sana e imprescindible facultad democrática de poder discrepar de la opinión ajena, utilizar la crítica constructiva y denunciar los posibles abusos inherentes a todo poder y, especialmente, de todos aquellos actos u omisiones de los que, las instituciones estatales pudieran valerse para aplicar a los ciudadanos determinadas cargas, deberes, obligaciones, imposiciones fiscales o restrictivas de sus derechos constitucionales con las que, los ciudadanos, no estuvieran de acuerdo, por interpretar que les pudieran resultar excesivamente onerosas, perjudiciales o que atentaran directamente contra sus creencias religiosas.

¿Delitos de odio, expresiones de odio? Quizá nuestros actuales gobernantes no hayan sabido interpretar las que los separatistas catalanes, sus milicias subversivas, los CDR, o sus representantes públicos no han tenido inconveniente en pronunciar contra España, los españoles, sus instituciones o el mismo Jefe del Estado, el Rey o las quemas de símbolos como banderas, cuadros, fotografías de SS.MM, políticos de derechas o personas non gratas que los más extremistas quisieran poder eliminar por constituir un obstáculo a sus objetivos independentistas. En ningún caso han tomado medidas o han ordenado tomarlas a los fiscales, para acabar con semejantes muestras de lo que es verdadero odio. Algunos optimistas (siempre los hay, incluso entre las derechas) siguen pensando que, al menos, se ha conseguido que haya un gobierno. Pero, ¿a qué precio, con qué perspectivas; en manos de quién ha quedado; cuántas concesiones al separatismo catalán y vasco, se han tenido que pagar; qué perspectivas existen de que sea capaz de funcionar bien, existiendo tanta diversidad de componentes e ideas políticas; cuánto tiempo va a durar; etc.?

Se nos ha querido vender como si fuera un gobierno capaz de durar, sin descomponerse, los cuatro años de legislatura pero, contradiciéndose a sí mismos, han tenido que pactar un documento interno para solucionar entre ellos sus disensiones, con el objetivo de evitar que trascendieran al resto de la ciudadanía, en un ejercicio intolerable de oscurantismo y falta de transparencia democrática, rayano en el delito. Sin duda, esta legislatura se ha iniciado en falso ya que el nuevo Gobierno, al que podíamos calificar como policromado políticamente, ha empezado con una grave y, podríamos decir, dependencia respecto al soberanismo catalán y vasco.

Lejos de haber encontrado una solución definitiva para esta lacra que está afectando, durante demasiados años, a nuestra patria; lo único que ha hecho ha sido comprometerse, ofrecer soluciones que no están en manos de ningún gobierno constitucional; humillarse aceptando que se les haya injuriado públicamente en las Cortes y, para mayor INRI, por si no bastara y no fuera suficiente sometimiento a los que, el señor Sánchez, precisa tener satisfechos si quiere ser capaz de mantenerse en el gobierno, se comprometió a reunirse, a tener una conversación de tú a tú con este personaje, Torra, que se ha rebelado abiertamente, prevaricando, contra la nación a la que pertenece, renegando públicamente de aquellas instituciones, entre ellas la Constitución que, como funcionario público, estaba obligado a acatar y respetar. Si esta reunión absolutamente improcedente y fuera de lugar, ya tenía el sello de ser una traición al Estado español, ya no digamos si tuviere lugar después de que, la Junta Electoral Central, hubiera dictaminado que, al ser condenado a inhabilitación por un año y tres meses para ocupar cargo público, Torra debía dejar el acta como parlamentario catalán y, en consecuencia, su puesto de presidente de la Generalitat de Cataluña.

Como era de esperar, ni él ni el actual presidente del Parlament, señor Torrent, de la misma catadura política que Torra, han aceptado la competencia de la JEC para inhabilitarlo y siguen empecinados en que, hasta que el TS decida sobre el recurso planteado, van a mantener al rebelde Torra en su cargo de presidente. ¿Qué decidirá el TS sobre esta nueva incursión del separatismo al territorio de la insurrección y el desacato por las resoluciones de los tribunales? Pero, las primeras amenazas que ya se vislumbran respecto a la salud de nuestra democracia, no han tardado en llegar.

Si alguien se hubiera extrañado de que se pudiera consentir el que los nacionalistas usaran las triquiñuelas legales para entorpecer la acción de la Justicia, como ahora intentan hacer, retrasando la inhabilitación de Torra. Debiera tener en cuenta la acción desestabilizadora que, a la chita callando, está llevando el nuevo ejecutivo, presidido por Pedro Sánchez, intentando por todos los medios a su alcance evitar que, en Cataluña, sucedan cosas que puedan acabar de irritar a sus apoyos separatistas en el Congreso de los Diputados.

Es evidente que, si el señor Torra se insolenta, se niega a aceptar su inhabilitación y las órdenes de la JEC, con plenas facultades para tomar la resolución que tomó respecto a la situación de Torra, cuando ordenó su cese inmediato como diputado, sin cuya cualidad, no era posible ostentando la presidencia de la Generalitat; algún fiscal debió de proceder e iniciar un expediente disciplinario por la desobediencia del señor Quim Torra, al desobedecer la resolución de aquel tribunal.

¿Por qué no lo han hecho? Y ¿por qué no lo hicieron, a su tiempo, contra los numerosos desacatos de los independentistas respecto a las sentencias del TS o de la APB? Evidentemente, porque se les ordenaba que no actuasen, precisamente porque a los negociadores entre el Gobierno de la nación y los separatistas, no les convenía que se exacerbaran, todavía más, las discrepancias que mantenían ambas partes, para conseguir un acuerdo que les hubiera permitido retrasar el problema para un futuro indefinido. Y un comentario sobre otro nombramiento que ha decidido el señor Pedro Sánchez para intentar copar la Justicia e impedir que, el Poder Judicial, en teoría independiente del Ejecutivo y el Legislativo, deba acabar plegándose a la voluntad omnímoda del Gobierno, como corresponde hacer a cualquier gobierno, de carácter filocomunista, que se precie y cuyo objetivo final sea el de acabar con la democracia en cualquier país sobre el que ejerzan su poder; ha sido destituir a la actual fiscal general del Estado, señora María José Segarra, una señora que, al parecer, no ha querido plegarse a las pretensiones del Gobierno, que intentaba que el informe que remitiese al TS la fiscalía fuera del mismo tenor que el de la Abogacía del Estado, respecto a la inmunidad parlamentaria del señor Junqueras que, como es sabido, finalmente ha sido rechazada por el Parlamento Europeo, para general descontento de aquellos separatistas que confiaban en ello para forzar “negociaciones”, las mismas que el señor Sánchez parece concederles gratuitamente, pese a todo.

Está demostrado que al señor Sánchez las formas, los protocolos, las costumbres, las maneras éticas o cualesquiera otras normas de comportamiento o frenos morales, que estén encaminados a que los ciudadanos tengan confianza en sus instituciones, le importan un bledo. Ha decidido, y no parece que le vaya mal, que el seguir el impulso de su voluntad, sean cuales fueren los obstáculos legales que existieran, le han venido favoreciendo, de modo que no han podido impedirle que, con sus maquinaciones, engaños, chantajes, presiones y demás triquiñuelas y argucias, las menores de las cuales no han sido sus engaños a los votantes y sus, súbitos, cambios de opinión capaces de desconcertar al ciudadano más responsable al que ha sabido engañar; le han servido para conseguir que le votaran.

Hay decisiones que chirrían a los oídos, ya suficientemente escarmentados de los ciudadanos y, seguramente, una de ellas es la de que se haya nombrado a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal General de Estado en sustitución de la destituida fiscal Segarra. Es obvio que, una señora que ha estado desempeñando un cargo en el gobierno cesante, adscrita a un partido político, conocida por sus ideas de izquierdas, no es la persona más adecuada, dadas las circunstancias actuales, para ocupar semejante puesto de responsabilidad. Es conveniente conocer lo que sus compañeros fiscales, escandalizados ante semejante cacicada, han dicho al respecto: El Mundo “El sentir generalizado es que Pedro Sánchez la nombra de fiscal general para "desjudicializar" el procés y dar órdenes directas de forma inminente a los fiscales de Cataluña que tendrán que informar sobre los permisos penitenciarios de los condenados por el 1-O. También tendrá la última palabra sobre la Fiscalía en los posibles indultos a los presos pero en ese caso tendrá enfrente a los cuatro fiscales de Sala del 1-O, entre ellos al que fuera su jefe durante más de veinte años, Javier Zaragoza”.

Por desgracia, no parece que estemos ante un gobierno capaz de reconducir a España hacia una situación que nos acerque a Europa y, a la vez, consolide nuestra democracia. Tenemos la desagradable impresión de que nos encontramos ante un gobierno, demasiado numeroso, demasiado fragmentado en lo que se refiere a opiniones políticas, con un peligroso grupo de Podemos al frente de ministerios relacionados con el trabajo, seguramente con grandes posibilidades de acabar enfrentándose con los ministerios económicos y con una apertura hacia teorías feministas que conducirán a intentos de establecer desigualdades en favor de las mujeres, difíciles de encajar en nuestra Constitución. En definitiva, un gobierno cogido con alfileres que, en cualquier momento y por la más mínima causa, interna o externa, puede derrumbarse como si se tratara de un castillo de naipes y, naturalmente, las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas para España y los españoles. Nada importa, ¡España es primero! /y su gloria es inmortal/ lucharé con quien la ofenda/ y sabré ser su hijo más leal.

¿Facha y progresista?
Cristiano Brown okdiario 14 Enero 2020

Cualquier crítica al gobierno de Sánchez e Iglesias te convierte automáticamente en facha falangista. Da igual que hayas estado encabezando pancartas en la manifestación del Orgullo LGTBI, que defiendas a las víctimas de violencia de género, que critiques duramente el discurso contra la inmigración enarbolado por la ultraderecha, que repruebes públicamente el acoso a los diputados de Teruel Existe… En definitiva, si no aplaudes la coalición pseudoprogresista eres parte de la peor calaña de la derecha de nuestro país.

No obstante, no voy a cesar en mi empeño de movilizar a los socialistas, que pese a estar de acuerdo con las medidas progresista anunciadas por Sánchez, no entienden:

– Que no se niegue de forma clara y rotundamente que no se está negociando sobre un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Por ejemplo, Pablo Iglesias tuvo la oportunidad de negarlo cuando le preguntaron directamente en El Intermedio y se fue por los cerros de Úbeda.

– Que se hable de mesas de diálogo para buscar un acuerdo que sea del gusto de los que se han saltado las leyes y les hacen, día a día, la vida imposible a millones de catalanes no independentistas.

– Que se negocie un nuevo estatuto para el País Vasco que busque legitimar los fines políticos que tenía la banda terrorista ETA.

– Que los que organizan homenajes a terroristas insulten y menosprecien a las instituciones del Estado mientras Sánchez agacha la cabeza, al igual que Batet, Presidenta del Congreso.

– Que prefieran sacar la chequera para ir complaciendo las pretensiones territoriales de los representantes de turno (Compromís, BNG, Nueva Canaria, etc.) en vez de pensar en el interés general.

Los cuatro primeros puntos me parecen sumamente graves e incluso dramáticos para la historia de nuestro país. Significa, simple y llanamente, que los que durante años han atacado los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos a través de una banda terrorista o del señalamiento público de los que no piensan como ellos, se sienten hoy victoriosos y felices porque Pedro Sánchez les debe un favor de los grandes. El último punto, es solo un capítulo más en los continuos ataques a la igualdad entre territorios perpetrados tanto por PP como por el PSOE durante años. Es verdad que esta vez viene más completo que versiones anteriores, pues hasta Teruel ha entrado en el reparto, posiblemente con mucha más legitimidad que los independentistas vascos y catalanes que llevan años chantajeando al Estado.

Es deprimente, que la única esperanza de los españoles sea confiar en que la palabra de Sánchez valga tan poco, que deje tirado a sus socios independentistas tan pronto como le convenga. Por supuesto, me refiero a su conveniencia personal y no a los intereses de España como país o al de los ciudadanos en su conjunto porque eso ya ha quedado claro que importa más bien poco.

A todo esto, que toda acción tiene su reacción y este despropósito del que es ya presidente del Gobierno, supone encender la mecha para que la derecha en España se refuerce y gane adeptos apelando al sentimiento de nación. Esto es sumamente dañino para el futuro pues nos lleva a un tipo de política revanchista donde cada cual espera su momento para poder oprimir a los que no piensan como ellos. Nos aleja de las políticas mesuradas y de consenso, que son claves para la prosperidad de toda la sociedad en su conjunto. Flaco favor están haciendo a España tanto los extremistas de izquierda, como los que se aprovechan de la situación para avivar el fuego de la extrema derecha.

BUSCA SOMETER AL PODER JUDICIAL
Pedro Sánchez no disimula: Dolores Delgado pasa de Ministra de Justicia a fiscal general del Estado en dos días
Redacción gaceta.es 14 Enero 2020

El TOP de las confesiones y mentiras de la ministra Dolores Delgado

El Gobierno propondrá a la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado en sustitución de María José Segarra, que ocupaba el cargo desde junio de 2018, han confirmado fuentes del Gobierno.

Esta propuesta, adelantada este lunes por la cadena Ser, se ha conocido al día siguiente de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicara la composición de su nuevo Ejecutivo en el que Dolores Delgado es sustituida por el magistrado Juan Carlos Campo al frente del Ministerio de Justicia.

Dolores Delgado, nacida en Madrid en 1962, ocupó el número 5 de la lista del PSOE por Madrid para las elecciones al Congreso de los Diputados del pasado 10 de noviembre

De esta forma Dolores Delgado volvería a la Fiscalía, esta ocasión en su cúspide, de donde procedía antes de asumir la cartera de Justicia ya que era fiscal de la Audiencia Nacional, donde ejerció durante veinticinco años, gran parte de ellos al frente del área de coordinación de la lucha contra el yihadismo.

Adalid de la lucha contra los crímenes contra la humanidad acusó entre otros al exmilitar argentino Adolfo Scilingo, condenado a 640 años de cárcel, pena posteriormente elevada a 1.084 años por el Tribunal Supremo en julio de 2007.

El 7 de junio de 2018 prometía el cargo como ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez surgido a resultas del triunfo de la moción de censura contra el entonces presidente del Ejecutivo del PP, Mariano Rajoy.

A finales de agosto de 2018 se vio cuestionada por la gestión de su departamento en relación a la defensa del magistrado del Tribunal Supremo, instructor de la causa por el proceso de independencia de Cataluña, Pablo Llarena, tras una demanda interpuesta en Bélgica contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El Ministerio de Justicia señaló en un primer momento que sólo se personaría si el juez belga cuestionaba la instrucción del «procés», pero «en ningún caso» por manifestaciones de carácter privado de Llarena, extremo que despertó las críticas de la oposición y de las acusaciones de fiscales y jueces.

El Ejecutivo rectificó entonces y encomendó al bufete belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick la representación de España y del magistrado en la demanda.

Poco después, se vio envuelta en un escándalo al negar una cita con el excomisario José Villarejo, en prisión por estar investigado por diversos delitos en la Audiencia Nacional, tras una información en este sentido publicada por «El Confidencial».

En uno de los audios desvelados por el digital Moncloa.com., Delgado llamaba presuntamente «maricón» al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tras ello fue reprobada por el Senado y el Congreso pidió para ella su dimisión, que no se produjo.

En noviembre del 2018 también fue reprobada por el Congreso después de que la Abogacía del Estado sólo acusara de sedición a los procesados en el juicio del «procés», tras la destitución del abogado del Estado responsable de la acusación en la causa, Edmundo Bal -ahora en las filas de Ciudadanos-, que defendía, como la Fiscalía, el cargo de rebelión.

Su presencia como notaria mayor del Reino en los actos de exhumación de Francisco Franco el pasado 24 de octubre de 2019 ha sido uno de los últimos actos que le han ocupado durante esta legislatura


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