AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 15  Enero  2020

Sánchez, con Torra y contra la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo
EDITORIAL Libertad Digital 15 Enero 2020

Es público y notorio que la Junta Electoral Central dictó el pasado día 3 la inhabilitación de Quim Torra como diputado del Parlamento regional de Cataluña, después de que el Tribunal Superior de Justicia del Principado (TSJC) condenase al supremacista a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia, tras negarse a retirar los lazos amarillos golpistas de los edificios de la Generalidad.

También es de sobra conocido que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) decidió el pasado jueves mantener de forma cautelarísima la inhabilitación de Torra, que indefectiblemente ha de ser diputado para poder mantenerse como presidente del Gobierno regional catalán.

Y a nadie se le debería haber olvidado que, por ese delito de desobediencia y otros gravísimos desafíos al orden constitucional perpetrados por el golpista Torra, Pedro Sánchez mostró, poco antes de las elecciones generales, su disposición a intervenir la Administración regional en rebeldía en aplicación del artículo 155 de la Constitución, aun cuando por aquel entonces su Gobierno estaba todavía en funciones.

Ni que decir que su afianzamiento en la Moncloa de la mano de la ultraizquierda podemita y de los golpistas de ERC ha hecho que Sánchez se olvide del 155 y de su compromiso electoral de sentar en el banquillo de los acusados al golpista prófugo Carles Puigdemont. Con todo, resulta mucho más grave el descaro y la rapidez con que ha faltado a su imperativa promesa de "guardar y hacer guardar la Constitución", formulada en su toma de posesión, con su negativa a hacer cumplir la inhabilitación de Torra y, en lugar de ello, apoyar que las formaciones separatistas, secundadas por el PSC, hayan sometido ilegalmente a votación en el Parlamento catalán esas resoluciones judiciales y, por supuesto, votado en contra de las mismas.

¿En qué democracia liberal se somete a votación en el Legislativo –en este caso, además, en un Parlamento subnacional– el cumplimiento de las resoluciones dictadas por un órgano judicial? En un Estado de Derecho digno de tal nombre, los Parlamentos pueden promulgar, modificar o derogar las leyes siempre que respeten la principal de ellas, la Constitución; pero en ningún caso someter a votación las resoluciones que dictan los tribunales. Que los socialistas catalanes hayan participado en ese clamoroso desacato ilustra la infame disposición del presidente del Gobierno a ser compañero de viaje de los golpistas en su persistente desafío a la Nación y al orden constitucional.

Para colmo, Sánchez el felón ha manifestado su voluntad de entrevistarse con el inhabilitado Torra con la excusa de que "sigue siendo presidente de la Generalidad", escandalosa afirmación que lo equipara con el propio Torra (¿recuerdan cuando lo motejaba de "Le Pen español"? en su desprecio por la JEC y el TS. Inaudito e intolerable.

¿De qué sirven las sentencias y las resoluciones judiciales si el jefe del Poder Ejecutivo rehuye su obligación de ejecutarlas y hacerlas cumplir? ¿De qué van a servir las condenas por desobediencia si el Poder Ejecutivo secunda y por tanto excita el desacato?

¿Qué acciones de la Fiscalía General del Estado caben esperar contra el presidente de la Generalidad y ya contra el presidente del Gobierno si es el mismo Sánchez, en alianza con los separatistas, el que ha puesto el Ministerio Público en manos de la turbia Dolores Delgado, exministra del propio Sánchez que, cómo olvidarlo, jamás puso en conocimiento de los tribunales delitos tan graves como los que dijo conocer en una ominosamente célebre conversación con el siniestro comisario Villarejo?

No cabe sino temer lo peor de un Gobierno aupado por criminales y empeñado en apuñalar a Montesquieu a plena luz del día.

Sánchez desboca el déficit en año y medio
OKDIARIO 15 Enero 2020

El Gobierno de Pedro Sánchez, especialista en gastar por encima de las posibilidades de España, ha desbocado el déficit y roto en muy poco tiempo los esfuerzos de austeridad que hizo el anterior Gobierno para situarlo en la senda marcada por Bruselas. En 2019, todo apunta a que el déficit se situará entre el 2 y el 2,5 % del PIB, el doble de lo que se comprometió Mariano Rajoy. Consciente de que las cuentas no cuadran, ahora pretende negociar una «flexibilización» -todo un eufemismo- del objetivo pactado con la Comisión Europea. Y lo quiere hacer antes de presentar en el Congreso los nuevos Presupuestos para 2020, no sea que Bruselas le afee la conducta.

Como informa OKDIARIO, Sánchez reconocerá que el objetivo de cerrar 2019 con un déficit del 1,3% se le ha ido de las manos. Ya fue la ministra de Economía, Nadie Calviño, la que aseguró que Bruselas permitiría que se fuera al 1,8%, pero ese tope también se ha superado de largo. Desde el Gobierno se habla ya de más de un 2% y fuentes conocedoras de la negociación que se pretende abrir en Europa reconocen que el permiso que se va a pedir se acerca más al 2,5% que al 2%. Es decir: un descontrol del déficit que recuerda y mucho las peores épocas del Gobierno de Zapatero.

Cabe recordar que el Gobierno de Rajoy se comprometió con Bruselas a bajar el déficit hasta el 1,3% del PIB para 2019 y, además, al 0,5% en 2020. Iba por la buena senda hasta que se cruzó con Sánchez en el camino y la situación se empezó a torcer. El Gobierno ya asume que en este ejercicio no podrá recortarlo hasta más de un 1,1%, y ante la UE pretenden negociar margen para acercarse al 1,5%, es decir, para triplicar el objetivo pactado por Rajoy.

Sánchez pretende cuadrar el círculo: aparentar lealtad con los compromisos adquiridos con Europa y, al tiempo, cumplir con lo que sus socios le exijan en materia de gasto público. Un imposible metafísico para mantenerse en La Moncloa a toda costa. La historia se repite: el socialismo toma las riendas del poder (esta vez junto a los comunistas) y las cuentas públicas se descuadran a velocidad de vértigo. Luego, ya se sabe: habrá de ser el centro derecha el que arregle el desaguisado. Les llamarán austericidas, la izquierda inflamará las calles y vuelta a empezar. La historia interminable.

La hora de los jueces. Y de la oposición
Emilio Campmany Libertad Digital 15 Enero 2020

Lo crucial en el nombramiento de Dolores Delgado no es su falta de idoneidad. Tampoco que una decisión que corresponde al Gobierno la haya tomado Pedro Sánchez por sí y ante sí. Ni siquiera lo peor es el atentado que a la independencia judicial supone. Lo más grave es lo que delata. A lo que va Dolores Delgado a la Fiscalía es a impedir que los jueces apliquen las leyes a lo que pacten PSOE y ERC.

Naturalmente, el nombramiento de un fiscal general dócil es condición necesaria, pero no suficiente, para perpetrar lo que el tripartito se propone. Y ahí es donde empieza el papel de los jueces. Es habitual que éstos se dejen impulsar por la Fiscalía en la persecución de las ilegalidades cometidas por los políticos, y es raro que un juez no actúe de conformidad con su fiscal en estos casos. Es un modo de actuar prudente si se desea preservar el rigor jurídico y conservar las expectativas de progreso profesional. ¿Qué ocurrirá en el futuro si la fiscal general logra imponer el criterio del Gobierno a sus subordinados? Pues que tendrán que ser los jueces los encargados de velar por el cumplimiento de la ley atendiendo a impulsos que, no pudiendo venir ya del fiscal, procedan de otras instancias, básicamente, la oposición. No será fácil ni saldrá gratis. Sin embargo, cabe ser moderadamente optimista si se tiene en cuenta que, en todo este asunto del golpe de Estado intentado en Cataluña, la respuesta de los jueces ha sido razonablemente independiente. Claro que contaban con la Fiscalía. Veremos en el futuro.

Ante este escenario, es muy importante el papel de la oposición como impulsora de la acción judicial. Las demandas, denuncias, querellas y acciones tienen que estar bien meditadas, razonadas y, sobre todo, sólidamente fundamentadas. Por eso, no tiene sentido que Pablo Casado, en pleno calentón, amenace con denunciar el nombramiento de Delgado, que, con ser un atentado a la independencia judicial, es casi inatacable desde el punto de vista legal. Lo que se haga tiene que estar bien atado, no hay que disparar acciones judiciales a diestro y siniestro porque las inevitables derrotas afectarán a la credibilidad de lo que luego se haga.

Una última responsabilidad de esa misma oposición es la de denunciar en Europa las agresiones que nuestro Gobierno ya está haciendo, y con toda seguridad hará, contra los valores de la Unión Europea, incluidos el Estado de Derecho, la separación de poderes y el imperio de la ley. ¿No están metiendo en cintura a Polonia y a Hungría por cosas parecidas? ¿O es que la UE sólo actúa contra Estados miembro gobernados por la derecha? Hay mucho trabajo que hacer, pero hay que hacerlo bien y dejarse de griterío baldío y aspavientos inútiles. La ventaja que ofrece Sánchez estriba en que no quiere cambiar la ley, sino violarla. Y contra eso tenemos normas que los jueces pueden aplicar a impulso de la oposición. Se aproximan tiempos duros, en los que es esencial tener la cabeza fría y despierta.

Humillado ante el separatismo
Editorial ABC 15 Enero 2020

Pedro Sánchez volvió a ocultar ayer a la opinión pública sus compromisos expresos con el separatismo catalán a cambio del apoyo a su investidura. Sánchez volvió a confundir a los ciudadanos con alusiones nebulosas a un proceso de «diálogo», ratificó que La Moncloa formará parte de la «mesa de negociación» exigida por ERC y reafirmó que si se alcanza algún acuerdo, habrá una consulta en la que solo podrán votar los catalanes. Pero no especificó si será un referéndum inserto en el marco de una reforma estatutaria legal y legítima, ni cuáles son las líneas rojas que el Gobierno se compromete a no superar en la mesa de negociación. Por el contrario, certificó su golpe al poder judicial al sostener que la vía penal contra el separatismo quedará erradicada. Definitivamente, es demasiado lo que Sánchez sigue escondiendo. Pero la orientación de su política ofrece síntomas evidentes de una preocupante permisividad con los sediciosos. De momento pretende asegurarse el control de la Fiscalía con Dolores Delgado, de cuya designación como fiscal general dijo que es «impecable» porque se trata de una jurista «independiente». Pero ninguna de las dos cosas es cierta. Sobre su «impecabilidad», no hace tanto que el ahora vicepresidente Pablo Iglesias condenaba los tratos de Delgado con el excomisario Villarejo, al que tildaba de «tipejo» y «basura». Pasados los meses, todos tan amigos. Sobre su «independencia», es notorio que Delgado sale de un Consejo de Ministros socialista, de un escaño socialista, de las listas electorales socialistas y de una activa campaña socialista. No. Delgado no es en absoluto independiente, y no era necesario que Sánchez mintiese a los españoles otra vez.

Pero, aparte de la Fiscalía, Sánchez ha empezado a incurrir en conductas sospechosamente graves. Concede una legitimidad absoluta a Joaquim Torra pese a que ha sido inhabilitado por la Junta Electoral Central. Sánchez está blanqueando a un delincuente confeso como Torra, que se jactó de haber sido condenado por desobediencia. Pero la perversión de la legalidad a la que nos ha acostumbrado la Mesa del Parlamento catalán está obstaculizando su destitución, con el aval del PSC y, por supuesto, de Sánchez, que ahora le ruega una reunión conjunta para abordar el «conflicto político». También Sánchez da patente de corso al prófugo Carles Puigdemont, y hasta el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo empieza a insinuar que no va a votar a favor de la concesión del suplicatorio instado por el Supremo. Respecto a Junqueras, conviene dejar de confiar en que la Fiscalía dirigida por Delgado impugne cualquier decisión que permita verlo en libertad. De un lado están las instituciones, el Derecho y la legalidad. De otro, Sánchez, cooperador necesario de un proyecto rupturista para España. El Gobierno no empieza bien.

Entre fiscales y fiscalidad anda el juego
Juan Ángel Soto, director de la Fundación Civismo okdiario 15 Enero 2020

El flamante nuevo Gobierno de “progreso” de Pedro Sánchez ha comenzado su andadura haciendo lo que para todos era evidente: socavar la libertad e igualdad ante la ley de los españoles y dinamitar las instituciones del Estado en su legitimidad y funcionamiento. Ahora bien, esta muerte ya estaba anunciada en todas las crónicas, al menos para quienes defendemos la unidad de España, la libertad y el Estado de derecho, inclusive, por supuesto, un nada desdeñable contingente de exvotantes socialistas. Y cito el prefijo «ex» por un voto de confianza a estas personas que, por engaño o costumbre (o por la costumbre del engaño), depositaron en las urnas la papeleta de un PSOE irreconocible.

En tan solo una semana, este Gobierno multicolor se ha movido eminentemente entre la fiscalidad y los fiscales. Todo ello tras la tragicómica toma de posesión de los integrantes del Consejo de Ministras. “Mi reino por una cartera”, pensaría más de un afamado republicano, ejercitando el arte de la paradoja, mientras prometía lealtad al rey. Ironías del destino.

En lo que a fiscalidad se refiere, nada nuevo bajo el sol. La ministra Montero, quien en verano abogaba por acabar con el “mantra de pensar que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”, ha vuelto a la carga afirmando que “pagar impuestos es una garantía para las sociedades desarrolladas”. Quizá, si tiende la vista hacia el otro lado del Atlántico, pueda observar cómo la economía más boyante de los siglos XX y XXI goza de una fiscalidad irrisoria en comparación con la patria. Sin embargo, obviando a la indocumentada en cuestión, se constata que la máxima de este Gobierno de izquierdas consiste en un tsunami tributario que arrolle a las clases altas. O eso alegan ellos, pues conviene recordar aquí que la izquierda redistributiva es también experta en perjudicar todo aquello que asegura defender. En este caso, al trabajador de a pie, a las clases medias, a ustedes y a mí. Este hachazo fiscal lo sufriremos todos, y ni que decir tiene, la economía española. Todo ello, no obstante, a la espera de ver la capacidad negociadora de este Ejecutivo, hasta ahora brillante, no cabe duda —hasta que se quede sin instituciones, libertades o país que ceder, conceder o regalar—, pues de ella dependerá la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. De lo contrario, los de Montoro de 2018 seguirán vigentes y, reales decretos mediante, el afán confiscatorio de la izquierda española se verá frenado.

En cuanto a los fiscales, por un lado, está la intención del Gobierno de nombrar a Dolores Delgado nueva fiscal general del Estado y, por otro, se hallan los fiscales, quienes han expresado su malestar y disconformidad ante semejante atropello. Y es que la propuesta de una exministra de Justicia para este cargo contraviene las notas de legalidad e imparcialidad que establece el artículo 124.2. de la Constitución, así como el artículo 59 del Estatuto Fiscal, el cual dispone que no podrán ser miembros del Ministerio Fiscal quienes pertenezcan a partidos políticos. Todo ello confirma la politización de una institución cuyos integrantes hacen bien en levantar la voz. Su celo en la defensa de la legalidad, sin auspiciar intereses partidistas, resulta encomiable.En definitiva, el Gobierno de coalición ha comenzado por un ataque previsible, pero no por ello menos dañino, a dos pilares fundamentales. De un lado, a una de las bases de la libertad individual, la económica, a través de una fiscalidad avasalladora; y, de otro, al Ministerio Fiscal, uno de los puntales del Estado de derecho.

A la vista de estos movimientos, conviene clamar por una España donde las instituciones públicas velen por el mantenimiento y funcionamiento del Estado de derecho y, sobre todo, por la protección de sus ciudadanos. Urge defender una España en la que, como señalaba Lord Acton, la libertad (que no los impuestos) sea el verdadero fruto de una civilización madura.

Pedro Sánchez incinera a Montesquieu
Liberal Enfurruñada okdiario 15 Enero 2020

A Montesquieu lo mataron los socialistas en 1985 y ahora ellos mismos lo han incinerado y han tirado al suelo sus cenizas para que sean arrastradas por el vuelo de las togas de los fiscales. La justicia independiente siempre es un inconveniente para cualquier tirano que se precie y el primer paso para el cambio de régimen que persigue el actual gobierno de coalición socialista-comunista, es someter a los pocos jueces y fiscales que no coinciden ya con sus deseos u obedecen, mansos y sumisos, sus instrucciones. Fue por eso que el gobierno socialista de Felipe González decidió en 1985 matar a Montesquieu, es decir, poner fin a la idea defendida por el filósofo francés de que los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, deben ser ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes.

Hasta entonces los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-encargado de los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo, del Constitucional, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia, y hasta de los Presidentes de las Audiencias Provinciales- eran elegidos: 4 por el Congreso, 4 por el Senado y los otros 12 directamente por los jueces. Pero en 1985 el PSOE, viendo que la justicia no se plegaba a sus deseos, decidió cambiar las cosas y a partir de entonces sus 20 miembros son nombrados por las Cortes. Fue entonces cuando Alfonso Guerra anunció que “¡Montesquieu ha muerto!”. Y una vez fallecido el filósofo francés ha sido enterrado varias veces con el consentimiento del Partido Popular, que ha logrado mayorías absolutas llevando en su programa electoral la promesa de devolver al CGPJ la independencia perdida y ha incumplido siempre esta promesa para regocijo de los socialistas.

Posteriormente fue Cándido Conde Pumpido, el fiscal general del Estado nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero a los tres días de llegar a la presidencia y que ocupó ese puesto durante sus ocho años al frente del Gobierno de España, quien en 2006 degradó el cargo que representaba afirmando aquello de que «el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino», en relación a que los fiscales se adaptarían a la situación política en relación con el “alto el fuego” declarado por ETA unos meses antes y el consiguiente «proceso de paz» con los terroristas del gobierno de Zapatero. Y tal y como lo prometió Conde Pumpido cumplió, siendo el sanguinario terrorista Iñaki de Juana Chaos, en libertad desde 2008, buena prueba de ello. Tras 25 asesinatos terroristas y más de 3.000 años de condena, de Juana Chaos pasó sólo 18 años en prisión.

Ahora Sánchez ha designado como fiscal general del Estado a la socialista Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y diputada del PSOE que hace sólo dos meses daba mítines pidiendo el voto para el Partido Socialista. El currículum de la nueva fiscal general demuestra que a Sánchez ni siquiera le preocupa que tenga la más mínima apariencia de independencia. Tras arrasar con la Abogacía del Estado, forzando a esta institución a cambiar su opinión respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras en beneficio personal de Pedro Sánchez y su investidura, el presidente destroza ahora la Fiscalía General del Estado para acabar con la judicialización del que ahora llama «conflicto político catalán», así como para blindar a su vicepresidente Pablo Iglesias de las indagaciones de la fiscalía boliviana que investiga si dinero procedente del narcotráfico sirvió para financiar a Podemos. Se puede asegurar sin ninguna duda que, bajo el mandato de Sánchez, los fiscales no eludirán el contacto con las cenizas de Montesquieu.

El populismo parece imponerse a la ortodoxia
José María Rotellar García okdiario 13 Enero 2020

Tras ver la composición del Gobierno de Pedro Sánchez, enseguida han surgido muchos comentarios que vienen a decir que su equipo económico es ortodoxo, que podemos estar tranquilos, porque la política económica será sensata. Sin embargo, aunque se hayan incorporado algunos perfiles más ortodoxos, la parte más populista del Gobierno, la procedente del comunismo de Podemos, puede ser la que se imponga. Eso parece desprenderse tanto del programa firmado por Sánchez e Iglesias como por las declaraciones de los ministros económicos más extremistas.

Así, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado bien claro en su toma de posesión en el ministerio, que tiene como objetivo derogar la reforma laboral. Esta ministra procedente de Podemos tiene una clara ideología comunista y es coherente con lo que la formación de extrema izquierda ha defendido desde que llegó a la escena política. Es más, no sólo es coherente con los postulados de la organización liderada por Iglesias, sino que ese objetivo queda reflejado en el acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y Podemos.

Esa declaración, realizada después de traspasarle Valerio la cartera, marca claramente que el Gobierno tiene un programa económico, que no es otro que el firmado entre Sánchez e Iglesias, donde los comunistas tuvieron el mayor peso en la orientación plasmada en el documento. Por tanto, por mucho que revistan de un bonito envoltorio económico el Gobierno; por mucho que recuerden la ortodoxia de Calviño y la profesionalidad de Escrivá; por mucho que recurran a todo eso, la realidad es que en estos momentos el único programa firmado recoge un incremento del gasto que no va a poder asumirse dentro del cumplimiento de los objetivos de estabilidad, una subida de impuestos confiscatoria, un intervencionismo creciente en toda la economía y la derogación de la reforma laboral.

Que en la misma mesa se sentasen Calviño y Montero dentro del gobierno anterior, monocolor del PSOE, ya era chocante, pero, ahora, que a esa disfunción se le una la que se dará entre Díaz y Escrivá, hace que el rumbo económico del gobierno, además de no ser positivo según lo firmado, sea incierto en cada momento. No puede argumentar Calviño hace semanas, pensando en los destinatarios de Bruselas, que la reforma laboral no se va a tocar, y Díaz decir que es el primer objetivo de su mandato. No se puede asegurar por escrito que se ligará al IPC la revalorización de las pensiones, y creer que van a dejar a Escrivá proponer una reforma de calado. En todo caso, lo que es más probable es que a Escrivá no le dejen llevar a cabo reforma alguna y que le pidan que calcule qué impuestos hay que subir y cuánto para aplazar el problema y proveer de financiación al sistema de pensiones sin acometer reforma estructural alguna.

Curioso, por cierto, el nombramiento de Escrivá, no ya sólo por el hecho de que lo que ha dicho en la AIReF es incompatible con el programa de Gobierno del Ejecutivo al que se ha incorporado, y porque no deje de resultar poco usual que el jefe de los principales auditores del Gobierno se vaya a él, que también, sino porque al sentarse en el banco azul deja libre su puesto como presidente de la AIReF, que es nombrado por el titular de la cartera de Hacienda. ¿Recaerá ese nombramiento en alguien muy político, al igual que ha sucedido en la Fiscalía General del Estado, al proponer para ese puesto a Dolores Delgado, la ex ministra de Justicia, del ala más radical del Gobierno que acaba de cesar? Tiempo habrá para verlo, pero no sería de extrañar que así sucediese. Todo indica, por tanto, que los extremistas vencerán sobre los ortodoxos y que la política económica que aplicará el Gobierno de coalición con el apoyo externo de los independentistas y del antiguo brazo político de ETA, no será otra que el de la política económica que se traza en el acuerdo firmado por los actuales presidente y vicepresidente segundo del Gobierno, acuerdo netamente radical de izquierdas también en materia económica.

Vicepresidente Iglesias
EDITORIAL ESdiario  15 Enero 2020

El fundador de Podemos ha alcanzado un puesto con el que no soñaba, pero eso no cambia lo sustantivo: se siente más cerca de Otegi que de la Constitución y de Venezuela que de Occidente.

Pablo Iglesias ya es vicepresidente de España, un puesto que hace apenas dos meses le parecía vetado. Estaba más cerca de abandonar el partido que fundó, Podemos, que de acceder a un puesto de poder, influencia y presupuesto: algún mérito personal tiene, sin duda, haber sido capaz de alcanzar esa posición desde la nada, por muchas prevenciones que despierte el personaje y rechazo sus políticas.

Que vaya a estar intervenido, cuando no frenado, por el ramillete de vicepresidentes que Sánchez ha designado, no le restará capacidad de maniobra, en un choque de "resistentes" con el presidente socialista que promete grandes tensiones, pero no inmediatas: el poder une mucho, y su conservación disipa enfrentamientos que, hasta lograrlo, eran cotidianos.

Nada de lo hecho y dicho hasta ahora por el líder de Podemos resulta precisamente tranquilizador, pues en los tres grandes ámbitos de la actuación públicas sus mensajes y propuestas han oscilado entre lo insostenible y lo intolerable: desde luego en el ámbito económico, pero también en el territorial y en el de convivencia social.

Porque España tiene ahora un vicepresidente que defiende el derecho a decidir de Cataluña, considera al empresariado un enemigo digno de derribarse y quiere encerrar tras un cordón sanitario a más de la mitad de los españoles, tildados sin recato de ultraderechistas y herederos de la dictadura franquista.

Tensiones a medio plazo
Sin necesidad de recurrir a sus tenebrosos referentes internacionales, ubicados en la URSS, en Venezuela, en Irán o en Cuba; el currículo ideológico de Iglesias es escalofriante. Y poco representativo de la mayoría de españoles, aunque las combinaciones aritméticas en el Parlamento le han conferido una ascendencia que con más votos no obtuvo en el pasado.

Que una persona que se siente más cómoda con Otegi que con Casado o Arrimadas vaya a cogobernar todos los intereses de España no puede dejar tranquilo a nadie. Ni siquiera a su socio Sánchez, el primero en alertar sobre ese peligro hasta que necesitó su respaldo para lograr la investidura. El duelo entre dos personajes capaces de sacrificar o utilizar cualquier medio para alcanzar sus fines no presagia nada bueno. Pero tampoco para ellos. Al tiempo.

Ni bloqueo ni órdago izquierdista
Editorial larazon 15 Enero 2020

La pretensión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los partidos de la oposición admitan el hecho consumado del nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía como una muestra de normalidad democrática y respeto a la independencia de la Justicia, no pasa de ser un brindis al sol que, probablemente, ni los más conspicuos partidarios del uso alternativo del Derecho, ese que siempre desemboca en la pérdida de las garantías democráticas, comparten.

Es, en efecto, una postura demasiado cínica acusar al Partido Popular, como hizo ayer motu proprio el jefe del Ejecutivo, de tratar de bloquear la renovación de las instituciones judiciales, cuando la contrapartida puede ser, nada menos, que la conformación de una de esas mayorías llamadas «progresistas», siempre proclives a atender los intereses de la izquierda desde la práctica de lo que se ha dado en llamar «ingeniería jurídica». Más aún si cabe, cuando el Tribunal Constitucional está llamado a resolver en los próximos años una serie de recursos planteados por los separatistas catalanes, que, no lo olvidemos, tienen la última palabra a la hora de mantener a este Gabinete de coalición o derribarlo. Igualmente, no predispone al ánimo negociador que los socios del Gobierno, que se rasgan las vestiduras en la apoteosis de la incoherencia, se hayan referido al «reaccionario brazo judicial de la derecha» ante una decisión jurisdiccional que podía incomodarles el acceso a La Moncloa.

Que la expresión, insultante para los miembros de la Junta Electoral Central, proviniera de quien ahora es ministro de Sánchez, tampoco abona, precisamente, la confianza de los populares. Por último, no debería extrañarse el presidente del Gobierno si la oposición y una buena parte de la opinión pública, en la que se incluye la carrera fiscal, se han tomado el nombramiento de Dolores Delgado como un órdago político arrogante. Aunque el PSOE no quiera reconocerlo, significa tanto como arrojar a la cara del adversario un sentimiento de superioridad moral que los hechos, tozudos, desmienten.

Así pues, Pedro Sánchez no puede quejarse si el Partido Popular se resiste al trágala. Al fin y al cabo, los socialistas siempre han bloqueado la renovación de las instituciones cuando la aritmética parlamentaria les era contraria. Pero dicho esto, lo cierto es que es preciso abordar tanto la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, como el relevo de cuatro de los jueces del Tribunal Constitucional o la presidencia del Defensor del Pueblo, aunque sólo sea porque así lo exige el actual ordenamiento jurisdiccional.

Y aunque parezca pecar de angelismo, la actual situación en el Congreso, donde es imprescindible el concurso del Partido Popular, también de Navarra Suma, para alcanzar con el PSOE la mayoría reforzada de tres quintos de la Cámara, abre una gran oportunidad para enfrentar la renovación de los órganos institucionales desde la perspectiva que informaba el ánimo del legislador. Por supuesto, no se trata de exigirle a Pablo Casado que ceda ante las propuestas de la izquierda y de unos candidatos que, como ya hemos señalado, suelen estar próximos a los postulados del uso alternativo del derecho, sino de que se aborden conjuntamente unas candidaturas en las que figuren juristas de reconocido prestigio y probada independencia, como los que existen en nuestro país. La tentación de mantener la interinidad de los organismos citados en aras de una supuesta vuelta al sistema de elección del 78, aunque políticamente comprensible, no es justificable. La norma es la que es, y cualquier cambio legislativo tiene sus vías establecidas. Pero, eso sí, si Pedro Sánchez plantea nuevos órdagos tipo Delgado, que luego no nos hable de bloqueos.

Flechas contra un tanque
Ignacio Camacho ABC 15 Enero 2020

Que no, que no le importa. Al revés: le complace, le alegra, le divierte irritar a sus adversarios con esas contradicciones flagrantes. Empieza a convertirlas en una especie de estilo, en un rasgo de carácter, y como se siente por encima del bien y del mal no existe ningún remordimiento por su parte. Por eso es un error que la derecha institucional y sociológica siga escandalizándose ante las cínicas incoherencias de Sánchez. Esas críticas, esos vídeos vergonzantes que circulan por Whatsapp entre grupos de amigos y familiares, le hacen el mismo efecto que un ataque con flechas a un tanque. Los adjetivos le resbalan al punto de haberse construido con ellos un blindaje. Resulta inútil insistir en lo que todo el mundo sabe; la falta de fiabilidad de su palabra ya no sorprende a nadie. El desparpajo con que se autorrefuta ha devenido en un atributo con el que forjar un personaje. A este paso quizá pronto logre que no sólo deje de importar lo que dice sino lo que hace. En este instante se encuentra a sí mismo en la cima y se siente en estado de gracia, inmune, invulnerable.

Y lo estará hasta que la sociedad aprenda a entenderlo. Hasta que el país comprenda que está ante un paradigma de gobernante inédito, un antisistema en el sentido estricto del término, capaz de romper cualquier modelo previo, de destrozar cualquier cualquier consenso y de ufanarse de sus propios comportamientos antitéticos. Un dirigente que funciona a base golpes de efecto, giros huecos y quiebros ventajistas a la medida de sus deseos. Un Humpty Dumpty posmoderno para quien el lenguaje, tanto el verbal como el de los hechos, está en continua redefinición de significantes y de conceptos. Un político que no se diferencia de los demás por la elasticidad de sus límites éticos, por desgracia tan común, sino por la ausencia de lógica en sus movimientos. Hasta tal punto que lo único previsible en él es la convicción de que el poder lo sitúa automáticamente en el lado correcto, y por lo tanto le proporciona bula para decidir lo que considere conveniente en cada momento.

Eso es lo que explica su comportamiento sobrado. La impavidez para abjurar de sus promesas con descaro, el desdén para ningunear al Rey, el desenfado para pactar con Iglesias tras haberlo despreciado o para humillarse ante los separatistas sin el menor embarazo, el alarde autoritario de enviar a su ministra de Justicia a la Fiscalía del Estado. A la oposición le va a costar encontrar la manera de hacerle daño: quizá no haya otra que la de ir confrontando la realidad con sus actos. Pero eso necesita cierto tiempo, que en esta política es un bien escaso. Entretanto conviene dejar de llamarse a escándalo y superar una perplejidad y una indignación que tiene amortizadas de antemano gracias a la abrumadora superioridad de su aparato mediático. Este juego de engaños lo ganará quien mejor resista el cansancio.

La simpleza de los cien días de gracia
Amando de Miguel Libertad Digital  15 Enero 2020

He visto pasar por delante como una docena de Gobiernos de España. Siempre surge un comentarista que pretende ser ingenioso con esta simpleza: "Hay que dar al Gobierno cien días de gracia o de tregua". Aduce que es una tradición inveterada. En la realidad, se trata de un cómodo expediente de los analistas para no pensar mucho. Vamos a cuentas.

En 1933 llega al Gobierno de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt en medio de una pavorosa crisis económica, la famosa Depresión por antonomasia. El genio de FDR se apropió del famoso discurso del prefecto de París en 1815. Aludía a los cien días que transcurrieron entre la huida de Luis XVIII y el desembarco de Napoleón. También se dijo que eran pocos más de cien días los que transcurrieron entre el desembarco de Napoleón y su definitiva derrota en Waterloo (aciago nombre desde entonces). La idea de FDR era que los críticos de su Gobierno deberían estar atentos, durante los siguientes cien días, a las reformas que iba a implementar la Administración demócrata de acuerdo con el programa del New Deal. En efecto, durante los primeros tres meses de su mandato FDR puso en práctica muchas iniciativas novedosas de carácter socialdemócrata, casi una por día. Recuerdo una muy gráfica: los albergues para los braceros de California, tal como aparecen en Las uvas de la ira, la película de John Ford según la novela de Steinbeck. Una generación más tarde, el colaborador de John F. Kennedy, su profesor Arthur Schlesinger, Jr., se apropió de la frase y la convirtió en "los mil días", que fue lo que duró otro creativo mandato presidencial. Sobresalió la lucha contra la pobreza y contra el racismo.

La muletilla de los "cien días de gracia o de tregua" para un nuevo Gobierno ha sido importada en España de modo asaz fraudulento. Nadie dijo que tuviera que ser un periodo de tregua en la incruenta lucha de los periodistas o analistas respecto a un nuevo Gobierno. Es más, en los Estados Unidos se ha conservado la tradición de las conferencias de prensa en las que los reporteros acuchillan a preguntas mordaces a los gobernantes. En España las conferencias de prensa son solo un simulacro de tales batallas dialécticas. Por ejemplo, no admiten las repreguntas de los periodistas. Si en los Estados Unidos se implantara esa modalidad, los periodistas se saldrían de la sala. En España las conferencias de prensa son más bien altavoces para los respectivos Gobiernos o sus representantes. La televisión se ha convertido en el gran aliado del poder.

Así pues, en una democracia sana no debe concederse ni un solo día de tregua o de gracia al nuevo Gobierno. Todas sus iniciativas deben ser fiscalizadas por la crítica, con independencia de la labor de oposición política en las Cortes. Lo extraño de la situación actual es que, si un partido de la derecha organiza una manifestación de protesta contra el nuevo Gobierno, los otros partidos de la oposición se quedan en casa. Mal empezamos. El nuevo Gobierno se encuentra feliz con una oposición fragmentada. Por cierto, en la protesta del día 12, convocada por Vox, este cometió un error estratégico: no convencer a los otros partidos de la derecha para que se incorporaran a la manifestación. Todavía peor fue un error logístico. Se confundió a los simpatizantes con el difuso mensaje de que la manifestación era en cada municipio o solo en los capitalinos. De mi pueblo madrileño puedo reseñar que se reunieron un par de docenas de fieles abanderados en la plaza del Ayuntamiento, pero la mayor parte se había trasladado al acto de la Cibeles. Así que el acto resultó deslucido, con la moral de los asistentes por los suelos. Un guardia civil que estaba de servicio en la plaza me confesó que, en efecto, se había convocado "una manifestación no autorizada". Era la "orden que le había llegado desde arriba". Penosa impresión.

Los Gobiernos actuales pueden dispensar un sinnúmero de mercedes (prebendas, sinecuras, cargos, contratos, distinciones, premios, etc.) con el oscuro propósito de acallar las posibles críticas que puedan recibir por parte de la oposición o de los medios escritos o digitales. Precisamente por eso la crítica debe ser implacable. No es por sadismo o por lucimiento, sino porque se trata de una función esencial para definir una democracia auténtica. Por ejemplo, los críticos deben ser insobornables respecto a la irremediable tendencia a aumentar el volumen de los gastos del Estado. No se puede aceptar el capricho de las cuatro vicepresidencias del Gobierno, con sus respectivos despachos, vehículos, gabinetes, escoltas y demás. Más grave es que la provisión de los altos cargos contemple una mediocridad tan patente. ¿En qué cabeza cabe que, a estas alturas, tenga que haber un ministerio de Educación, otro de Universidades y un tercero de Investigación Científica? A no ser que se cree una oficina de coordinación entre los tres departamentos. Todo se andará. No me extrañaría que en el complejo (nunca mejor dicho) de la Moncloa fueran a levantar un rascacielos.

En España experimentamos una situación política asaz peculiar. Dado que la mayor parte de los medios de comunicación se hallan escorados hacia la izquierda, menudean las críticas dirigidas hacia los partidos de la derecha. Como remate, se halaga a un Gobierno que presume de "progresista", aunque nadie puede asegurar lo que significa tal calificativo. En la práctica viene a ser hoy la alianza entre los socialistas de salón, las organizaciones sindicales amaestradas, los comunistas con aires latinoamericanos y los separatistas burgueses o radicales. Resulta difícil averiguar dónde está el progreso en tal heteróclita mezcolanza. A no ser que se trate del incremento en la situación económica doméstica de los altos cargos.

No es de extrañar que los conmilitones del progresismo imperante pidan a los posibles críticos del Gobierno cien días de tregua o de gracia. Es el tiempo aproximado que se tarda en aposentar los nuevos cargos de asesores o similares en sus nuevos despachos. Cuidado con desvelar la exaltación de tales mediocridades. En ese mismo periodo se terminarán de instalar las oficinas de prensa correspondientes a los altos cargos. Después de tales avituallamientos ya se podrá ejercer el sano oficio de la crítica.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com


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Un Gobierno en contra del Estado
Editorial El Mundo 15 Enero 2020

Hubo que esperar al primer Consejo de Ministros para escuchar algunas respuestas de Sánchez, quien en un gesto de cinismo característico agradeció a los periodistas su "paciencia" mientras eran ninguneados por Moncloa durante las semanas en que se negociaron las cesiones al separatismo a cambio de la investidura. Ocurre que la rendición de cuentas solo es operativa en un gobernante que reconoce la vigencia del principio de no contradicción, o que conserva los escrúpulos necesarios para avergonzarse de colocar en la Fiscalía a su ministra de Justicia, conocida por sus injerencias en la Abogacía del Estado. No es, como sabemos, el caso de Sánchez. "Impecable": así definió su elección de Dolores Delgado, a quien su hoy vicepresidente Iglesias reprobó por sus vínculos indecorosos con las cloacas del Estado. Pero el presidente no solo no mostró duda alguna respecto de la idoneidad del nombramiento sino que alardeó de él con el ademán desafiante que acompaña su agresiva manera de entender el liderazgo, sustentado por la más exigua, heterogénea y radical mayoría de la democracia. Y si alguien discrepa, es que pertenece a la derecha crispadora, retrógrada y abonada al bloqueo por el hecho de negarse higiénicamente a canjear jueces en otra renovación partidista del Poder Judicial.

Si no para extraer autocrítica alguna, la rueda de prensa sirvió al menos para clarificar la estrategia de Sánchez en lo sucesivo respecto del desafío separatista: sabotear toda respuesta judicial del Estado al golpismo catalán. El golpismo pasado, que arrastra numerosos trámites judiciales pendientes en los que la posición de la Fiscalía será crucial, como el que puede reactivarse en el futuro, pues confiar a ERC la llave de la legislatura es el mejor acicate para el envalentonamiento. El de ERC y el de Junts per Catalunya, entregados a una competición por ver quién explota mejor el chantaje al Gobierno. El PSC ni se molesta en disimular: ayer sostuvo parlamentariamente a Torra para impedir que se haga efectiva su inhabilitación. Su traición al votante constitucionalista de izquierdas en Cataluña está consumada: por puro cálculo de poder ha escogido militar en el bando separatista, que es el bando del desprecio a la ley y del desacato a las sentencias de los tribunales. Es decir, el bando antidemocrático. Y todo en el mismo día en que las autoridades penitenciarias de Lledoners se apresuran a conceder su primer permiso de salida a los Jordis; por supuesto, con Delgado al mando el recurso de la Fiscalía ni está ni se le espera.

La defensa del Estado es la primera misión del progresismo genuino, porque el Estado es la garantía de la igualdad de todos. Que Sánchez llame progresista a una coalición cuyas primeras decisiones se dirigen a proteger a los enemigos de la soberanía, tratando de situarlos por encima de la ley por la única razón de que son sus socios parlamentarios, es una broma macabra.

Resucitar a Montesquieu
OKDIARIO 15 Enero 2020

La decisión del PP de no pasar por el aro socialista a la hora de pactar la reforma de órganos judiciales clave no solo es coherente, sino que supone un acierto político evidente. Lo que pretende el Gobierno socialcomunista no es otra cosa que derribar los muros de contención del Estado de Derecho para servir a los intereses de los separatistas catalanes. Que Sánchez apele a un pacto con el PP justo a la vez que cometía la indignidad de convertir a Dolores Delgado en fiscal general del Estado (¿De quién depende la Fiscalía?) es revelador de hasta dónde llega su desvergüenza. La politización de los órganos judiciales por parte del PSOE no tiene precedentes y su objetivo tampoco: se trata de desjudicializar el procés y liberar al golpismo de cualquier responsabilidad penal. Por eso Dolores Delgado será fiscal general del Estado: para debilitar al Estado y pagar el precio al golpismo de su apoyo a la investidura.

Más que nunca, dada las intenciones del Ejecutivo socialcomunista, se impone la necesidad de resucitar a Montesquieu y afianzar la democracia con una efectiva separación de poderes. Y para ello es condición indispensable que órganos como el CGPJ, politizados hasta la náusea, recuperen su independencia. Tienen que ser los jueces los que elijan a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, porque esa fórmula, tumbada por el PSOE en 1985, es la única que puede evitar que el poder ejecutivo secuestre al poder judicial. Eso es lo que propone el PP: la despolitización completa de los órganos judiciales en lugar de la desjudicialización que pretende el socialismo para contentar a los sediciosos catalanes.

Cierto es que el PP pudo hacerlo en su día, pero con independencia de las críticas que pueda merecer su inacción pasada, lo cierto es que las circunstanciales actuales son distintas, porque nunca hasta hoy un presidente del Gobierno se atrevió a ir tan lejos en su acoso al Estado de Derecho.

Comunismo de guante blanco
Carlos García-Mateo okdiario 15 Enero 2020

Novedades de Moscú: Alberto Garzón, ministro de consumo. Si esto no refuta cualquier idea fuera de la ironía, que bajen los santones del comunismo y lo vean. El chico, pulcro y tierno, delicado en sus formas cual hijo deseado por toda antañona madre, gozará asiento en la ovalada mesa del Consejo, barniz sobre el que se tratan los grandes asuntos del país. Viendo quién se sentará allí, podemos afirmar que las reuniones tendrán un cariz fantasioso. La fantasía que cubre todo voluntarismo ideológico. Lo creamos o no, la muchedumbre de altos cargos, apretados cada semana en torno al misterio hispano, va a parecerse mucho a un delirante comité central. El de una república popular con Rey, con sus aplausos, sudores y codazos fratricidas. Hay una imaginaria España, un palacio de los sueños, y dentro un señor desmedidamente voluble que, en su desmesura -quizás en su narcisismo- ha querido un consejo de ministros superpoblado. Iberia, sus inmensos y cruentos problemas de los que indudablemente la derecha es culpable -cambio climático, toros, caza y violentos machos- necesita al ejército de salvadores. Fervorosos bolivarianos para quienes, por lógica de sus flácidos principios, Felipe González (y algún barón) debe ser un fascista de tomo y lomo.

Ahí tenemos a nuestro Garzón, en casa con camiseta de la República Democrática Alemana (dictadura que se derrumbó hacia 1989) y en su boda de chaqué, flamante jefe del consumo nacional. ¿Un chico comunista dirigiendo la más asquerosa circunstancia del capitalismo, el consumo y todos sus alambicados intereses y vicios culturales? En este asunto, Sánchez ha podido mostrar tanta ironía como aquel Montilla que, presidente de la Generalitat, nombró ‘conseller’ de interior a Joan Saura, marxista con Porsche. Anuncian las trompetas progresistas que las primeras medidas a tomar para el asunto del consumo van a centrarse en lo que nos llevamos a la boca, a la comida me refiero. Señoras, señores, niños y niñas: comemos demasiado, y cosas que no nos convienen (ahora cobra sentido la camiseta de la RDA). En cualquier caso, Alberto, zurda colección de demagogias, parece encantado por la cartera recibida. Es la eventualidad de la política, sincretismo obligado. Ni el califa rojo Anguita en épocas gloriosas (2.600.000 votos, 21 diputados frente a los 5 de Garzón en las últimas elecciones) traicionó con una poltrona los principios del materialismo histórico. Son otros vientos los actuales de la izquierda, preocupada mayormente por intereses particulares. Hay que alabar la gallardía garzoniana de parlamentar soflamas mientras se acomoda en los salones del Reino más viejo de Europa. La imaginación política no conoce confín. Ministro cocinitas, qué hubieran hecho de ti Honecker y su Stasi al verte viajar en primera clase (¡todavía hay clases!) e inclinarte ante un monarca. Tuvimos en la Transición el eurocomunismo (antisoviético) de Carrillo, presentado en sociedad por Fraga, tiempos de pacto y finezza. Ahora, de la mano del genio tenebroso Sánchez, llega al poder el comunismo de guante blanco. Estética inconsistente de camiseta y frac, repica mientras anda en procesión. Merodea por palacio, las horas nos dirán en qué medida logra agostar esta achacosa monarquía constitucional, cargada ya de enemigos.

Varapalo del CGPJ a Iglesias mientras Sánchez prepara los indultos

Pablo Sebastián republica 15 Enero 2020

El Consejo General del Poder Judicial ha propinado un sonoro varapalo al vicepresidente Pablo Iglesias al que le pidió ‘moderación y responsabilidad’ tras afirmar en declaraciones a Antena 3 TV que ‘la Justicia española ha sido humillada por la Justicia Europea’. Lo que además de falso es una infamia impropia de un destacado miembro del Gobierno de España.

Mal ha comenzado su andadura el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez con su intento de doblegar a la Justicia en pos de la inmunidad del golpismo catalán para que Sánchez pueda pagar a ERC el apoyo a su investidura.

Lo que incluirá los indultos de Sánchez a los presos condenados por el Tribunal Supremo, empezando por Oriol Junqueras. Una operación de momento soterrada que Sánchez deberá acelerar si Quim Torra queda definitivamente inhabilitado -que lo será- por el Tribunal Supremo y decide adelantar las elecciones catalanas como lo anunció ayer.

Unos comicios autonómicos a los que pretende presentarse Junqueras para convertirse en el presidente de la Generalitat con los votos de ERC, PSC y Podemos, lo que no podrá hacer mientras siga preso e inhabilitado.

De ahí la anunciada entrevista de Sánchez y Torra para pedir al inhabilitado presidente catalán (que deberá dejar el cargo) que no adelante elecciones, mientras el PSC de Miquel Iceta se suma a la ‘rebeldía’ del presidente del Parlament, Roger Torrent, para que Torra siga siendo diputado.

Y todo ello mientras Podemos se moviliza en el Parlamento Europeo para que sus eurodiputados y los del PSOE voten en contra del suplicatorio y la pérdida de la inmunidad de los eurodiputados Puigdemont y Comín que ha solicitado el Tribunal Supremo español.

Una maniobra está última que, de llevarse a cabo, supondría un ataque del Gobierno y del PSOE la Justicia española y la soberanía nacional. Dado que es el Presidente Sánchez quien, con Iglesias, pilota esta increíble operación a sabiendas que Torra está a las órdenes de Puigdemont y que es el prófugo Puigdemont (y no Torra) quien decidirá el posible adelanto electoral catalán.

Sánchez necesita tiempo para preparar los indultos a los golpistas porque sabe que si hay adelanto electoral y Junqueras no puede ser candidato a la Generalitat no habrá Presupuestos de 2020 y la legislatura estallará.

De ahí todas estas indecentes maniobras políticas contra la Justicia y el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado para que, desde ese cargo, Delgado apuntale con su natural descaro todas las maniobras de Sánchez contra la Justicia española y contra la democracia.

Un plan que arranca de mala manera con sus imprudentes (ya empiezan a oírse ‘las voces’ diferentes en el Gobierno de las que habló Sánchez) e infames declaraciones que forman parte de una estrategia de intimidación al Poder Judicial el que, vista la nota del CGPJ sobre las palabras de Iglesias, no se allanará.

Sánchez fabrica «tontos útiles» en el PP
Sánchez dice que no tiene "ningún problema" en reunirse con el delincuente inhabilitado Torra
Carlos Dávila okdiario 15 Enero 2020

Esa es su tarea confesa. Un socialista, especialmente indiscreto, la revela. Pablo Casado ya se puede ir atando los machos. Desde la Moncloa se ha dispuesto un objetivo: magnificar cualquier disidencia interna en el PP para frenar el asentamiento político del líder popular y, al tiempo, engordar las perspectivas electorales de VOX. Claro está que esta última maniobra les puede estallar en las manos a los fontaneros de Iván Redondo, quizá les pase como a Soraya Sáenz de Santamaría (¿se acuerdan ustedes de la ilustre prócer?) que alimentó a los chicos de Pablo Iglesias para desgastar al PSOE y los chicos ya están en el Gobierno. Pero al caso: el lunes, Alberto Núñez Feijóo acudió en Madrid al cónclave de su partido convocado por Pablo Casado, se manifestó a favor de una oposición «contundente, pero moderada» y, como en las viejas comedias de enredo: «fuese y no hubo nada». Veinticuatro horas después Feijóo se desayunaba con una declaración, atribuida a su persona, en la que advertía a la dirección del PP que, más o menos, hará lo que quiera en Galicia y, literalmente que si eso no le gustaba a la ambigua «Génova» se tomara una tila, que a él le importaba un rábano.

Pues bien: Feijóo niega absolutamente tal declaración y la enmarca en esa estrategia de abrir grietas en el PP, de intentar la confrontación entre los dirigentes regionales, singularmente él, y Pablo Casado. Sus gentes se preguntan: dónde se cuece esta maniobra y, aunque no descartan el siempre «popular» fuego amigo (en el PP la revuelta interna es una tradición inveterada), la sitúan en la estrategia de Pedro Sánchez de arrasar las posibilidades electorales del centroderecha. A este respecto, van a menudear las tentaciones para que Feijóo se desmarque del oficialismo conservador, pero él tiene claro que, una vez más, su autonomía política no se verá afectada por este tipo de maniobras. En principio, antes del próximo 31 de marzo se pronunciará sobre su candidatura de nuevo a la Presidencia de la Xunta de Galicia. Sus colaboradores, como es costumbre, afirman no saber nada de sus intenciones y es probable que así sea, entre otras cosas porque se duda de que él mismo haya tomado una decisión u otra. Él es un hombre abonado a las sorpresas. Fíjense: quince minutos de aquel rememorado discurso en el que anunció que declinaba la oportunidad de intentar su opción como presidente del PP, una significada dirigente del partido, creyó, tras hablar con él, que su postura era radicalmente diferente; que se presentaba. Así se las gasta Feijoo.

Va a ser sin duda alguna uno de los peones del Gobierno de Frente Popular para agitar la discordia en la oposición. Hay que constatar con qué eficacia y unanimidad la red mediática de Moncloa ha glorificado las posiciones apócrifas de Feijóo, o, con que profusión han hecho de la salida de Borja Sémper un acontecimiento político de raigambre universal. Lo cierto es que Sémper hace tiempo que navegaba fuera de las aguas jurisdiccionales del PP. En su última campaña en Guipúzcoa hizo desaparecer absolutamente las siglas del partido no ya de sus carteles de propaganda, sino, incluso, de sus actos electorales. Oficiosamente se presentaba siempre como un político moderno alejado de la caspa intrínseca al conservadurismo, tenía un cierto apego a acercarse al nacionalismo (en su provincia el PNV está dirigido por un individuo como Eguibar que se confunde con Bildu) y no ha dejado de prestarse a los juegos publicitarios de Jonan Fernández, el antiguo jefe de Elkarri, hoy alto ejecutivo del Gobierno vasco, encargado de juntar todas las víctimas de una sola causa. Ahora, Borja Sémper se va y no deja su territorio muy propicio para la suerte próximo del PP; es más, su exigua minoría actual puede reducirse incluso en los comicios de otoño.

Todo vale para agitar el supermercado del Partido Popular que, en todo caso, tiene pendientes muchas aclaraciones. Por ejemplo, éstas: ¿en qué consiste esa «Agenda Nacional para la Nueva Mayoría»? pergeñada por Casado en su discurso del lunes? o ¿la «Reagrupación Nacional de Constitucionalistas» es un embrión de lo que hasta ahora se ha llamado «España Suma»? No puede tardar demasiado el presidente del PP en llenar de contenido estos conceptos. En estos momentos, la «factoría del mal» que dirige en Moncloa el gurucillo Iván Redondo, continúa con su estrategia de aumentar las discrepancias en el seno del centroderecha desde todos sus vehículos rodantes. Feijóo y Sémper, son los más actuales ejemplos de una táctica modelada hasta en sus menores detalles para agrietar a la oposición mayoritaria. Pedro Sánchez se va a dedicar a ello en cuerpo y alma. Con evidente exageración dice un diputado socialista: «Cualquier tonto útil nos vale». Y en eso están: en fabricarlos.

¿O comunismo, separatismo o ambas cosas? ¡Peligro!
Pretender contentar a todos de los que depende, puede llegar a ser una labor titánica para Pedro Sánchez y muy peligrosa la unidad de España
Miguel Massanet diariosigloxxi 15 Enero 2020

Cuando existe prisa por acabar con un problema que se lleva arrastrando durante años y cuando, además, existen unos compromisos a los que se ha llegado por medio de negociaciones secretas, de los cuales nadie sabe nada más que aquellos que intervinieron en aquellas discusiones; se puede temer que las complicaciones debidas a la urgencia de dar una solución inmediata al conflicto sean de tal magnitud que, los enfrentamientos que puedan provocar, las desconfianzas que puedan crear, las dudas legales que se puedan producir y las querellas o recursos que se puedan promover, lleguen a formar una muralla de dificultades tan tupida y complicada que, para desentrañar los enredos de la madeja que se pudiera haber formado, sea preciso que caigan muchos de los causantes de todo ello sin que la solución esperada llegara a materializarse.

Parece que el nuevo gobierno, formado a la imagen y semejanza de los proyectos del señor Pedro Sánchez, quiere entrar como elefante en cacharrería en la vida nacional, como si el chute de euforia que les ha dado el conseguir aliarse para evitar que los partidos constitucionales (parece que el socialista, a la vista del comportamiento de las últimas semanas, haya renunciado a ser considerado como tal) pudieran formar una alternativa válida a la ofrecida por el bloque de las izquierdas y separatistas; les haya conmocionado de tal manera que hasta se hayan olvidado del protocolo de la toma de posesión ante el Rey, convirtiendo el acto en una más de estas horteradas propias de estas gentes de medio pelo que, cuando logran acceder a puestos importantes, son incapaces de dominar sus emociones incurriendo, sin darse cuenta de ello, en verdaderas patanerías, propias de quienes están faltos de clase para comportarse como es debido y en ello, curiosamente, hay paridad entre hombres y mujeres

Tenemos la desagradable impresión de que algo grave se está cociendo entre el separatismo catalán y los socialistas, contando para ello con la colaboración y el placet de Podemos. Hemos notado un cambio importante en el comportamiento de los fugados Puigdemont y Comín, que parece que consiste en estar convencidos de que el “suplicatorio” que ha enviado el TS español, vaya a fracasar, seguramente confiando en que los socialistas europeos, dirigidos por el señor Pedro Sánchez, vayan a provocar con su voto en contra, un vuelco respecto a lo que sería la resolución más ajustada a derecho, por la que se les revocara la inmunidad parlamentaria a ambos sujetos. Puede que sólo sea un pálpito, pero la actitud absurda, de suma rebeldía a dejar la presidencia de la Generalitat, del señor Quim Torra, con el apoyo incondicional de Torrent y todo el Parlament catalán, apuntalado implícitamente por la actitud absurda y carente de toda lógica adoptada por Sánchez, al persistir en mantener una entrevista con una persona que acaba de ser privada, por parte de la JEC, de la posibilidad de seguir ocupando el cargo público y, además, con efectos inmediatos; contra lo cual ha formulado recurso ante el TS el perjudicado sin que ello signifique que no debiera cumplir de inmediato la resolución que le conminaba a abandonar su puesto de presidente de la Generalitat, dan pie a pensar que en las conversaciones que mantuvieron ERC y la señora Lastra y el señor Abalós, por parte del Gobierno español, se convinieron muchas más cosas de las que han trascendido de aquella oscurantista reunión.

Por ejemplo, la sustitución de la Fiscal General del Estado, la señora Segarra, una fiscal que había demostrado su independencia respecto a las presiones del Gobierno en el caso de la inmunidad del señor Junqueras; para entregarle el puesto a la señora Dolores Delgado, una exministra que ha estado siempre ligada estrechamente a la política de su partido, una fiel seguidora de Sánchez y una señora cuyas ideas hacen pensar que si la han colocado en el puesto ha sido precisamente para neutralizar, dentro de lo posible, en colaboración con la Abogacía del Estado las competencias del Tribunal Supremo y de los magistrados que están al frente del mismo. Una tenaza con la que van a pretender limitar, cada vez más la autonomía de dicho tribunal para ir dando paso a la teoría que ahora hacen circular de que es preciso la “desjudicialización de la política”, un intento absurdo para favorecer acuerdos con los soberanistas catalanes intentando hacerle entrar por la solución consistente en convertir a España en un estado federal en el que pudiera encajar Cataluña a la que se le concedería la categoría de nación lo que seguramente le proporcionaría la posibilidad de imponer el catalán ( algo que, de hecho, ya viene existiendo); posiblemente el traspaso de los tribunales de Justicia, su propia hacienda y, si nos apuran, hasta un ejército propio.

El hecho de que el señor Puigdemont, de pronto se haya decidido a anunciar una posible visita en España para febrero y que lo mismo haya dicho su acompañante el señor Comín, marca un cambio fundamental que en una persona tan cobarde como es él, que puso pies en polvorosa tan pronto barrunto que su libertad corría peligro y que, sin ninguna consideración para quienes lo están financiando, se ha gastado el dinero de los contribuyentes catalanes en pagarse los mejores abogados para evitar que se le extraditase a España; ahora, sin una explicación plausible, pendiente de que de un momento a otro, la asamblea Europea decidiera conceder el suplicatorio para retirarle la inmunidad, parece que se atrevería a venir a España, sin estar seguro de que, si entrara en ella, no iba a ser detenido como hubiera ocurrido, sin duda alguna, de no mediar alguna circunstancia desconocida que le proporciona confianza al fugado, huido de la Justicia.

Y es que, señores, cuando el señor Pedro Sánchez, sale a dar la cara (desde noviembre no lo había hecho) para defender el nombramiento de la fiscal señora Dolores Delgado, insistiendo en que se trata de una decisión “impecable”, demuestra una vez más su gran facilidad para mentir, su cara dura al pretender justificar una decisión que ha sido criticada desde todos los ámbitos de la judicatura y que ha motivado que los fiscales hayan expuesto su disgusto ante un acto tan arbitrario que no había ocurrido nunca con anterioridad. También se cansó de decir y perjurar, cuando se promocionaba para ser elegido, que no dormiría tranquilo si tuviera a Pablo Iglesias en su gobierno (ahora, no sólo tiene a Pablo, sino a cuatro ministras más para impedirle conciliar el sueño) y lo mismo hizo respecto a pactar con los independentistas, afirmando que nunca lo haría. En realidad, el famoso Pinocho, el simpático personaje de Carlo Collodi, no era más que un aprendiz de mentiroso de ínfima categoría, si se le compara con la facilidad, la cara dura, la soltura y la solvencia con las que miente, engaña, cambia de opinión, descalifica o deja de cumplir sus promesas, este personaje que ha alcanzado la presidencia del gobierno español y que, con toda seguridad, si alguien no lo detiene, va a acabar con nuestra democracia y la unidad de nuestra nación.

Ya se empiezan a escuchar las lamentaciones de los empresarios catalanes, los mismos que apoyaban la insurrección y que decidieron quedarse en Cataluña cuando más de 5.000 empresas decidieron cambiar su sede social fuera de ella; aquellos que contribuyeron a financiar las “vacaciones en Bélgica” del señor Puigdemont. Ahora ya protestan porque, en Cataluña, los impuestos están sobrepasando los del resto de España y que, los que se anuncian que se van a imponer, como, por ejemplo, el nuevo impuesto por el “cambio climático”, parece que ya supera el aguante que están dispuestos a aguantar. La CEOE, como siempre está jugando al peloteo y sigue pensando que van a conseguir que este nuevo gobierno, con comunistas incluidos, van aceptar que las cosas sigan como han ido durante el tiempo en el que la derecha estuvo gobernando en España. Ahora les llega la hora de ver lo que supone tener de nuevo a los sindicatos mandando en sus empresas, a saborear que sus operarios hagan huelga por cualquier motivo político que surja o que sus trabajadores pretendar recibir salarios como los de otras empresas del mismos sector por el mero hecho de tener un convenio sectorial que obligue al empresario a pagar unas retribuciones que no está en condiciones de asumir.

Y ya están llegando los anuncios de los distintos ministerios, cada uno de ellos rivalizando en ofertas, promesas de mejoras, más viviendas, derogación de la reforma laboral a la que se compromete Yolanda Díaz, nueva ministra de Trabajo y podemita por más señas de la que, evidentemente, poco bueno van a esperar las empresas de su gestión. La Montero, ministra de Hacienda va a tener que bregar con el techo de gasto, algo que puede tener que discutir con sus colegas de Podemos y que, amenaza con retrasar la aprobación de los nuevos presupuestos si, como se dice, no se va a poder determinar hasta el mes de febrero. Hasta el ministro Escribá, el que parece que mejor ha caído entre los miembros de la oposición, no duda en afirmar que va a “acabar con las deudas de la Seguridad Social” ¡Qué tenga suerte en esta tarea!, aunque nos tenga que perdonar que no nos parezca que sea tan fácil, sobre todo si no se consiguen incluir dotaciones millonarias en los nuevos PGE para atender a tal costoso dispendio.

Sabemos que se nos están quedando cosas en el tintero pero es imposible atender a tantos frentes abiertos y a tantas cosas de dest4e nuevo gobierno que nos preocupan seriamente. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, ante tal cúmulo de cuestiones que están pendientes de un hilo, ante el peligro que entraña este fa lso eufemismo que pretenden trasmitir a sus votantes los nuevos miembros del Ejecuto de Sánchez y ante la evidencia de que no estamos en los mejores momentos para permitirnos brindis al Sol. Y una reflexión para mis “amigos de La vanguardia, en especial este inefable señor que escribe en ella, el señor Enric Juliana. Sigue empeñado en convertir lo que son delitos contemplados en nuestro Código Penal (siguiendo la estela de los independentistas) en meras cuestiones política y que, como tales no debieran ser dirimidas en los tribunales de Justicia.

Siguiendo su razonamiento y elevando el caso a lo absurdo, para este señor si un político matara a otro se debería solucionar en el Parlamento y no en el ámbito de los tribunales de Justicia. Por mucho que intente darle la vuelta al tema, los señores que están en prisión no lo están por sus ideas políticas sino por sus intentos, fallidos gracias a Dios, de subvertir el orden constitucional. ¡Un poco de seriedad y menos fanatismo, señor! O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos que la labor que les queda a los partidos de la oposición va a requerir un esfuerzo ímprobo donde deberán jugar la inteligencia, la paciencia, la generosidad y, por encima de todo ¡Mucha suerte! Es mi castillo la tienda donde habito/mi Rocinante es el viento del pinar/es mi Tizona la letra de mi estilo/mi Dulcinea es el alba sobre el mar.

Vox demanda al Parlamento Europeo por reconocer al prófugo Puigdemont como eurodiputado
OKDIARIO 15 Enero 2020

Vox ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) contra el Parlamento Europeo para que anule la decisión de reconocer a los golpistas prófugos de la Justicia española Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados.

Este martes, los tres eurodiputados de Vox han recurrido ante el TJUE la decisión que daba plena libertad al ex president y al ex conseller golpistas para ejercer como eurodiputados. Esta mañana, Vox ha presentado una demanda contra el Parlamento Europeo ante el Tribunal de Justicia de la UE. Pretendemos la anulación de la decisión del Parlamento Europeo de reconocer la plena condición de eurodiputados de Puigdemont y Comín y lanzar el mensaje de que no vamos a dejar pasar ni una en la defensa de nuestra soberanía», ha anunciado Santiago Abascal.

Para el presidente de Vox es «inaceptable» que los ciudadanos españoles tengan que «pagar el sueldo de dos prófugos de la Justicia española» y «cuyos compañeros de fechorías ya han sido condenados» por sedición y malversación por el Tribunal Supremo. Abascal también considera que la decisión de la Eurocámara es un «insulto» a todos los ciudadanos, tanto españoles como del resto de países de la UE, que «cumplen la ley escrupulosamente».

Hay que recordar que este lunes, tanto Carles Puigdemont como Toni Comín han tomado posesión de sus escaños participando en su primera sesión plenaria en la Eurocámara. La decisión del Parlamento Europeo de conceder la inmunidad a los dos prófugos golpistas vino motivada, precisamente, por una decisión del TJUE de validar la inmunidad de otro de los golpistas, en este caso el ex vicepresidente de la Generalit, Oriol Junqueras, que también concurrió a las últimas elecciones al Parlamento Europeo.

A partir de ese momento, la Eurocámara inició el proceso para que Puigdemont y Comín gozaran de los mismos derechos que el resto de electos, sin tener en cuenta que España ha pedido su extradición a Bélgica a través de una Euroorden.

Hablan los guardias civiles denunciados por obligar a hablar en español a cuatro valencianos: su versión
Los dos agentes defienden que fueron ellos los que les exigieron hablar en valenciano y que de no hacerlo, "harían caso omiso a sus órdenes".
Enrique Recio elespanol 15 Enero 2020

"A mí me hablas español, que estamos en España". Esta fue supuestamente la respuesta de uno de los dos agentes de la Guardia Civil a cuatro jóvenes que retuvieron durante 20 minutos en un control de alcoholemia y drogas. Estaban en Tavernes de la Valldigna (Valencia). Uno de los jóvenes saludó a los guardias civiles diciéndoles "bona vespreda" y el agente le exigió que hablase en castellano. Los hechos ocurrieron el pasado 29 diciembre y, dos semanas después, la Plataforma per la Llengua presentó una denuncia contra los dos agentes por abuso y discriminación lingüística.

Tras la polémica suscitada, los dos guardias civiles se han pronunciado al respecto y han negado que obligasen a los cuatro jóvenes a hablar en castellano, sino que fueron ellos quienes les exigieron hablar en valenciano o en catalán.

Su versión es totalmente contraria. A través de un comunicado de la asociación APROGC, los dos agentes afirman que fue el conductor y los acompañantes del vehículo quienes les obligaban a hablar en "valenciano o catalán", alegando que si no les hablaban en "el idioma de su país", "no les reconocerían como agentes de la autoridad y harían caso omiso a sus ordenes".

Tras esas afirmaciones, el suboficial y el guardia civil mantuvieron la calma e indicaron al conductor que no tenían impedimento en que él se expresase en la lengua que considerase más apropiada. En concreto, los dos agentes les explicaron que entendían la lengua valenciana, pero que no la hablaban, y que se comunicaban con ellos en el "idioma oficial del Estado Español".

"Fuerzas de ocupación"
A continuación, ambos les advirtieron que, en cualquier caso, si no seguían las indicaciones y no realizaba la prueba de alcohol a la que legalmente estaba obligado, estaban incurriendo en un delito contra la seguridad vial.

Entre tanto, en el trascurso de la prueba de alcoholemia y drogas el conductor no paraba de exigir a los agentes que les hablasen en valenciano y preguntaba a los usuarios de su coche si los agentes estaban "obligados legalmente a dirigirse a él en ese idioma".

El rifirrafe fue a más cuando la copiloto del vehículo, según ha podido saber EL ESPAÑOL, les dijo a los dos guardias que "eran fuerzas de ocupación" e incitó al resto de vehículos detenidos que hacían el control de alcoholemia en Tavernes a que hablasen a los agentes en valenciano y que exigiesen que se dirigiesen a ellos en esa lengua.

Los dos agentes de la Benémerita insisten en que no pidieron en ningún momento al conductor ni a los acompañantes hablar en castellano; y que es habitual que en la interacción de los guardias civiles con usuarios de la Comunidad Valenciana, los ciudadanos hablen en valenciano y "se relacionen con ellos con total normalidad".

La denuncia
La denuncia, en la que se reclaman sanciones para ambos guardias civiles, fue presentada ante la Subdelegación del Gobierno en Valencia y también ante la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat Valenciana, según informó la citada plataforma en un comunicado.

Durante el incidente, según la versión de los denunciantes, los cuatro jóvenes le recordaron a los agentes su derecho a hablar en valenciano, lengua cooficial en esta comunidad autónoma. A lo que uno de los guardia civiles le respondió: "Si continúa hablándome en valenciano, no nos vamos a entender y me lo llevaré al cuartel".

Mientras realizaba la prueba de alcoholemia (que dio negativo), a Raúl, el conductor del coche, le mantuvieron aislado de los otros tres jóvenes negándole incluso coger su chaqueta a pesar del frío.
 


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