AGLI Recortes de Prensa   Jueves 16  Enero  2020

La derecha, desunida ante la renovación del CGPJ
EDITORIAL Libertad Digital 16 Enero 2020

Hizo muy bien Vox al registrar el pasado mes de agosto en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar el inicuo sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) y acabar con lo que acertadamente considera una impresentable "injerencia de los partidos" y una forma de "corromper la independencia del Poder Judicial", por recurrir a las palabras de Javier Ortega Smith.

Muy distinta debe ser la valoración de la reacción, aparentemente pragmática, del partido liberal-conservador ante la realidad de que ese sistema que enfeuda el Gobierno de los jueces al poder político no se va a modificar, por mucho que los partidarios de resucitar a Montesquieu renunciasen a participar en él. Y es que, sorprendentemente, Vox ha decidido participar "activamente" en una negociación con el PSOE para la renovación del CGPJ, cuyos miembros llevan largo tiempo en situación de interinidad­ y cuya composición actual es fruto de un despreciable cambalache pergeñado hace más de un año por el PSOE y por el PP, que se repartieron a partes iguales la designación de los 20 vocales.

Ante esta situación, y dadas las evidentes pretensiones de Pedro Sánchez de hacer del Poder Judicial una mera correa de transmisión del Poder Ejecutivo, cabe plantearse si es preferible que el PSOE negocie la mayoría cualificada necesaria para la renovación del CGPJ con sus aliados comunistas y separatistas o, como mal menor, que lo haga con las formaciones constitucionalistas ubicadas a su derecha, a fin de que los vocales del CGPJ tengan un perfil lo menos escorado posible a la izquierda. Ante esta tesitura, y habida cuenta de la composición del Parlamento, no menos legitimo es plantearse si es preferible bloquear la renovación del CGPJ –tal y como ha pasado a hacer el PP– y, en lugar de participar en un nuevo cambalache con el tramposo Sánchez, dar continuidad al vigente, menos lesivo que lo que lo sustituyera si el presidente social-comunista logra dividir a la derecha en este asunto trascendental.

A diferencia de la mayoría simple que se requiere para nombrar al presidente del Gobierno, la renovación del CGPJ exige una mayoría de tres quintos, por lo que la unidad de criterio entre PP, Vox y Ciudadanos sería absolutamente decisiva tanto para negociar con el PSOE, tal y como unilateralmente proponen los de Abascal, como para mantener en funciones a los vocales que designaron en su día PP y PSOE, tal y como proponen los de Casado.

Lo que no es de recibo es que los dos principales partidos de la oposición no desarrollen conjuntamente una estrategia para abordar esta cuestión, en la que presumiblemente echará el resto un Ejecutivo tremendamente mediatizado por comunistas, proterroristas y golpistas.

Una cosa es que una formación como UPyD, con cinco diputados, renunciase en su día a su cuasi nulo poder de influencia sobre la composición del CGPJ y otra muy distinta que lo haga un partido con 50 diputados que lo que no quiere es que su posición de principios se traduzca en que todos menos él tengan poder de decisión. Dicho esto, Vox debería imponerse el deber de no hacer el imperdonable papelón de tonto útil del peor PSOE y afanarse por llegar a un acuerdo con el PP, antes que negociar nada por su cuenta con un sujeto tan carente de principios y escrúpulos como Pedro Sánchez.

Una mordaza al Parlamento
 larazon16 Enero 2020

Si bien es cierto que ni la Constitución, en su artículo 98, ni la Ley de Gobierno, en su artículo 5, establecen un día de la semana en concreto para la celebración de los Consejos de Ministros, también lo es que estas reuniones del Gabinete han venido celebrándose los viernes o los sábados desde, al menos, la II República, con todas las excepciones que se quieran oponer, –el primer Consejo de Ministros como tal tuvo lugar el sábado 22 de noviembre de 1823, en el reinado de Fernando VII– y esta costumbre, que pareciera consolidada, ha venido determinando el calendario de trabajo del Parlamento español, especialmente, desde la feliz recuperación de la democracia.

De ahí que el traslado al día martes de la reunión de los ministros haya causado cierta perplejidad, aunque sólo sea porque las razones aducidas por el nuevo Ejecutivo de coalición no se tienen en pie. Se afirma desde Moncloa que el cambio pretende que el Gobierno pueda marcar la agenda política de la semana, que es, exactamente, lo que se hacía, y con ventaja, hasta el momento, lo que admite una segunda derivada menos bonita, puesto que se trataría de que la propaganda gubernamental que se vierte en la rueda de Prensa posterior –que se ha hecho dominadora desde que Pedro Sánchez preside los Consejos– tuviera mayor alcance mediático y no se perdiera en tráfago del inmediato fin de semana, cuando la mayoría de los ciudadanos desconecta de sus ocupaciones habituales.

También podríamos apuntar una segunda causa, chusca si se quiere, en la tendencia social del «fin de semana largo», a la que, al parecer, nuestros esforzados ministros no serían ajenos. De hecho, desde sectores económicos de la izquierda progresista ya se habla de imponer la semana laboral de cinco días, como panacea, entre otras cosas, de la conciliación familiar y del reparto del trabajo. Y, sin embargo, ni el día libre extra en la práctica ni la mejor diseminación de la propaganda gubernamental justifican, como decimos, un cambio que afecta directamente al obligado control parlamentario de las actuaciones del Ejecutivo.

Es especialmente perturbador en el caso del Senado, cuyas sesiones de control suelen celebrarse los martes por la tarde, porque deja sin margen de tiempo a los senadores de la oposición para inquirir y responder con conocimiento de causa a las decisiones que haya adoptado el Gabinete esa misma mañana, pero, también, afecta al Congreso, que solía fijar las sesiones de control para las mañanas de los miércoles. Tal es así, que se había habilitado una prórroga del registro de preguntas hasta la tarde del viernes, para que los parlamentarios pudieran incluir los asuntos tratados en la reunión del Gabinete.

La cuestión tiene una solución sencilla, cambiar el calendario interno de las Cortes, pero, ahí, es donde, precisamente, han saltado las alarmas entre los principales partidos de la oposición. Porque tanto el PSOE como Unidas Podemos, que dominan la mesa de la Cámara, se han negado a llevar a cabo esas modificaciones, otorgando, como única gracia, que la sesión de control en el Congreso pueda pasar a la tarde de los miércoles en un futuro por determinar. Sin duda, estamos ante una nueva decisión del presidente Sánchez que tiene visos de autoritarismo y que, como en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, puede interpretarse legítimamente como un intento de menospreciar desde el Ejecutivo a los otros poderes del Estado. El control de las acciones del Gobierno por parte del Parlamento es, por supuesto, una de las funciones básicas en una democracia que se precie y cualquier traba que se imponga a los representantes de la soberanía nacional debe ser firmemente rechazada. No es sólo un cambio de fechas, sino, mucho nos tememos, de talante político.

Sin control del legislativo...
Editorial ABC 16 Enero 2020

La decisión de Pedro Sánchez de modificar la celebración de los Consejos de Ministros cada viernes, para convocarlos ahora los martes, no es inocua, ni inocente ni retórica. Muy al contrario, la medida es sibilina y tiene truco porque el PSOE alimenta el filibusterismo parlamentario para socavar la labor de la oposición, cambiando a capricho las reglas del juego y limitando su margen de actuación para fiscalizar al Ejecutivo. En la práctica, el cambio implicará modificaciones relevantes que perjudicarán al PP, Vox y Ciudadanos si la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, se pliega sumisamente al deseo de Sánchez y se niega a modificar los hábitos de la Cámara. De hecho, ya sus socios de Podemos y ERC han avanzado que aplicarán su rodillo contra la oposición por el mero hecho de que las quejas, que son completamente pertinentes y justificadas, provienen de la derecha. Todo muy democrático. Así, la oposición quedaría en absoluta desventaja si la Junta de Portavoces del Congreso, que se reúne los martes por la mañana para ordenar los contenidos de los plenos, se celebra antes de cada Consejo de Ministros. Es evidente que el PSOE fijará los temas para debatir sin dar a la oposición la oportunidad de conocer qué va a aprobarse en La Moncloa. De este modo, la oposición siempre irá a rebufo, perderá iniciativa parlamentaria y propondrá la discusión de asuntos desactualizados. Lo mismo ocurre con el plazo para alterar las preguntas al Gobierno en las sesiones de control. Hoy ese plazo concluye los lunes, una vez que la oposición tiene tiempo sobrado para modificar sus planteamientos tras la celebración de los Consejos los viernes. Pero ahora será distinto. Tendrá que interrogar a ciegas con preguntas cerradas los lunes, cuando es al día siguiente, martes, cuando Sánchez hará y deshará con los ministros, dejando maniatada a la oposición. Y en el Senado, el abuso es mayor si cabe, porque las sesiones de control de los martes por la tarde se solaparán con las reuniones del Consejo de Ministros. La jugada de Sánchez es más propia de regímenes arbitrarios que de una democracia plena.

Podemos ya avanzó ayer que la idea de Sánchez le parece «perfecta». Pero quizá deje de opinar lo mismo cuando se dé cuenta de que Pablo Iglesias es tan víctima de la trampa como la oposición. Si Sánchez mantiene los jueves la comisión de subsecretarios preparativa de cada Consejo, el PSOE tiene margen suficiente para «colar» trágalas a Podemos el mismo lunes o martes por la mañana, antes de la cita en La Moncloa, y sin margen alguno para que los ministros podemitas puedan siquiera reaccionar. La herramienta de Sánchez está diseñada para lograr un poder omnímodo que carezca de réplica a izquierda y derecha. Es un fraude político en toda regla.

... Y frente al poder judicial
Editorial ABC 16 Enero 2020

El Consejo General del Poder Judicial tan solo ha necesitado un día tras la celebración del primer Consejo de Ministros para replicar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y defender la independencia de los jueces. Iglesias afirmó anteanoche que la Justicia europea había «humillado» a la española en diversas resoluciones relacionadas con los líderes separatistas catalanes condenados por sedición. Pero eso es sencillamente una mentira flagrante. Es muy probable que Iglesias hablase desde el desconocimiento más absoluto y ni siquiera haya leído la última resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque, si no, resulta inexplicable su manipulación de esa sentencia. El problema es doble. Primero, porque Iglesias es ya el vicepresidente de un Gobierno que tiene la obligación institucional de respetar la separación de poderes en lugar de sojuzgarla; y segundo, porque se hace eco desde La Moncloa de las falsedades de la propaganda separatista, dándoles crédito y legitimidad.

Muy al contrario de lo que dice Iglesias, el Tribunal Europeo ha dado la razón a España, no ha invalidado el proceso penal y afirma que era competencia del Supremo aplicar el fallo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras conforme a la legislación española. Esa es la verdad objetiva, por más que a Iglesias le disguste. La cuestión de fondo es aún más grave, porque no se trata de elogiar la reivindicación que el CGPJ hace de la imparcialidad y profesionalidad de los jueces, sino de denunciar que el Gobierno social-comunista, empezando por Pedro Sánchez, pretende dinamitar el poder judicial para que no pueda controlar al ejecutivo y al legislativo. Siempre les quedará argumentar que la Justicia es ultraderechista. Pero esa es otra mentira flagrante.

Demoledora crítica a Iglesias del Podemos no domesticado
El Banco de Bolivia descubre otros 300.000 $ pagados por Evo Morales a la consultora de Podemos
Carlos Dávila okdiario 16 Enero 2020

Dos episodios van a retratar más pronto que tarde la unanimidad en el Gobierno del Frente Popular. Uno ya es conocido: el Parlamento Europeo tendrá que votar a favor o en contra el suplicatorio de Carles Puigdemont. Los representantes de Podemos ya han anunciado que no se pronunciarán a favor del sí. La sorpresa llega por parte de los socialistas que ya atisban que Pedro Sánchez detesta un nuevo proceso con el fugado de Waterloo. El segundo episodio reviste una significación internacional que para España es muy trascendente; resulta que hace unos días el Frente Polisario, los restos que quedan de él, ha anunciado que regresa a las armas, que ya no espera un minuto más al referéndum que se aprobó en la ONU y que, en consecuencia, retoma su actividad militar contra el Reino de Marruecos. Curiosamente, esta noticia ha pasado absolutamente desapercibida en nuestro país, salvo… para los podemitas que no gozan de los placeres del Gobierno. En estos círculos ya se está preparando una respuesta de total apoyo a los que ellos denominan «hermanos saharauis» y esperan que Pablo Iglesias, felizmente asentado en su vicepresidencia, no traicione estos vínculos fraternales, y se avenga a lo que dicte Sánchez al que nadie espera alentando el terrorismo polisario contra Hassan.

La verdad es que Podemos como partido, organización radical o como se quiera denominar, ha dejado de existir. En esta crónica, procedo a transcribir literalmente la opinión de uno de los fundadores de este conglomerado populista. Procede mi interlocutor del comunismo universitario de siempre, es un hombre que ha escrito «múltiples papeles» para Iglesias y que en ciertos momentos ha sido tan influyente como incluso el propio Juan Carlos Monedero. Este interlocutor refleja la actual situación interna del Podemos de esta forma: «Iglesias ya ha conseguido su máxima aspiración que no era otra que estar en el Gobierno. Ha sacrificado cualquier presupuesto ideológico a su situación personal y al beneficio de varias sus personas de confianza, incluida, claro está, Irene Montero. En la organización, los que nos hemos quedado, pensamos coloquialmente que ‘al león le han quitado los dientes’. Le han reducido a la nada. Pese a lo que digan títulos gubernamentales lo cierto es que no acumula las más importantes competencias sociales, no tendrá presupuesto y solo puede jugar con imágenes. La Agenda 2030 nadie sabe en qué consiste, quizá no sea otra cosa que una intención de quedar bien con ciertas ‘oenegés’, y no con todas, desde luego».

Prosigue: «Al pobre Alberto Garzón, Iglesias se lo va a comer por pernera. Del Partido Comunista y de Izquierda Unida no van a quedar ni las raspas. Este hombre tendrá que emprender una campaña contra el azúcar y los bollycaos para hacerse notar porque otra cosa no le cabe en Consumo. Los socialistas de Castilla-La Mancha aseguran que el Consumo en su Gobierno autónomo ocupa sólo una jefatura de Servicio que está ubicada además en Cuenca. Eso sí: el republicano Garzón y su compañero de viaje, Pablo Iglesias, ya no van a poder ir presumiendo por ahí de su republicanismo irrenunciable e irredento; han jurado nada menos que lealtad al Rey y a la Constitución que un día quisieron volar. Han aparcado su intención de acabar con la Monarquía, incluso muchos creemos que Iglesias defenderá más a Felipe VI que el mismo presidente del Gobierno. Del programa electoral de Podemos no quedan ni las sombras en su acuerdo ambiguo, inconcreto, de plastilina con el PSOE de Sánchez. ¿Alguien recuerda la apuesta de Iglesias por la creación de un gran banco nacional?, ¿o la formación de una macroempresa de energía destinada a terminar con el poder de las «Iberdrolas» de turno?

Y finaliza: “Eso sí: Iglesias ha demostrado que sólo se fía lo mínimo de su presidente: los parlamentarios de Podemos no han abandonado sus escaños como quería el jefe, no vaya a ser que un día a éste le dé por destituirles de sus cargos gubernamentales. Iglesias se ha abrazado a la estabilidad de empleo y sueldo que le ha regalado Sánchez. Nosotros desde dentro aún tenemos la impresión que ambos temen como a un nublado los progresos electorales de Vox, y que Santiago Abascal se les eche a la calle cada vez que toman una decisión más o menos sectaria. Ese es el factor aglutinante entre los dos. No hay otro o… quizá sí: la moqueta. Sin embargo, Iglesias corre un riesgo cierto: que Sánchez lo termine laminando. Es su propósito».

El sonajero
Sánchez ha redoblado el poder y la confianza al jefe de su aparato de propaganda para gobernar en perenne estado de campaña
Ignacio Camacho ABC 16 Enero 2020

El expresidente andaluz Rodríguez de la Borbolla solía decir que una cosa es ejercer el poder y otra el Gobierno, porque el primero tiende a satisfacer un interés personal y el segundo procura resolver los problemas del pueblo. Si el presidente Sánchez estuviese interesado en gobernar habría despedido a su jefe de gabinete -un especialista en técnicas electorales- por entender que ya ha cumplido con su trabajo, y lo hubiera sustituido por un alto funcionario con experiencia en los entresijos de la gestión del Estado: un perfil como el que González y Zapatero encontraron en José Enrique Serrano. Pero en vez de eso, lo que ha hecho ha sido reforzarlo por el procedimiento de incrementar las competencias de su cargo, convirtiéndolo en otro vicepresidente de facto. La decisión inviste a Iván Redondo como centurión de los guardias pretorianos que blindarán al líder en un círculo de poder reservado, una estructura paralela que controlará los verdaderos resortes del mando.

Lo significativo de la medida es que el primer ministro otorga la posición de máxima confianza al cerebro y jefe de su aparato de propaganda. Es decir, que la estrategia publicitaria ocupa entre las prioridades de La Moncloa un espacio de cenital importancia. Es en esa clave como hay que interpretar el cambio de la fecha tradicional del Consejo de Ministros, del viernes al martes, para condicionar la agenda política y mediática, que como bien explicó ayer Ramón Pérez-Maura pierde gran parte de su repercusión e influencia los fines de semana. Un truco similar lo sugería a principios de este siglo un personaje de «El ala oeste de la Casa Blanca», no en vano serie favorita del asesor plenipotenciario recién ascendido en el organigrama. Se trata de utilizar el Ejecutivo como caja de resonancia, de subordinar eso que ahora se llama, con un anglicismo, la gobernanza a una tensión comunicativa que mantenga toda la legislatura en estado perenne de campaña. De paso, el cambio colapsa el calendario de las sesiones de control y achica el campo a la oposición parlamentaria. No hay puntada sin hilo bajo la apariencia de una mera rutina burocrática.

Este Gobierno va a funcionar con una atención puntillosa, obsesiva, por la venta de su acción política. No sólo por dominar las tertulias, copar los titulares o dirigir la conversación en las redes sociales, sino por planificar su trabajo como una especie de spot constante. La comunicación no será el complemento, sino el eje, la base sobre la que planificar cada movimiento, cada iniciativa, cada proyecto. Así fue también durante el último año y medio, con la coartada de que se trataba de un mandato provisional, de un interregno limitado por la falta de mayoría en el Congreso. Pero ahora no es un recurso: es un modelo. El del concepto posmoderno de la política de diseño, a cuyo servicio las instituciones se transforman en un sonajero.

Moncloa contra el Parlamento
Editorial El Mundo 16 Enero 2020

Al llevar el Consejo de Ministros a los martes, Moncloa pretende no solo marcar la agenda de cada semana sino también dejar en desventaja cronológica a la oposición

Los precedentes nos obligan a analizar cada decisión de Sánchez no por las razones aducidas sino por las consecuencias inconfesadas. Por eso recelamos, y mucho, del cambio de día de las reuniones del Consejo de Ministros, que pasarían a los martes. Ese día suele reunirse el Consejo Europeo y ese día solían programarse las comparecencias en comisión de los ministros, que ahora deben multiplicarse dado el mastodóntico Ejecutivo diseñado por la dependencia de Sánchez de sus socios. Pero la principal consecuencia que traerá el cambio de día es la de torpedear la labor de la oposición; conociendo a Sánchez, nadie puede ser tan ingenuo como para creer que ese no es exactamente su propósito desde el principio. Desactivada -o en vías de ello- la respuesta judicial del Estado a través de la politización de la Fiscalía, Sánchez busca ahora obstruir la labor del Poder Legislativo. Es decir, el Ejecutivo encabezado por Sánchez persigue la concentración de todos los poderes del Estado en sí mismo, si los contrapesos institucionales de la democracia no se lo impiden.

Al llevar el Consejo de Ministros a los martes, Moncloa pretende no solo marcar la agenda de cada semana sino también dejar en desventaja cronológica a la oposición, que tendría que registrar sus preguntas para la sesión de control al Gobierno antes de conocer las últimas medidas adoptadas. Un truco tan chusco como eficaz para amordazar a la oposición, despojándola de toda conexión con la actualidad, y blindar la iniciativa política del Gobierno. Rafael Simancas se ha abierto a repensar el orden de la agenda parlamentaria que, en la reformulación anunciada, bloquea el debate democrático y mina el poder de la oposición, que representa a más de la mitad de los españoles en votos.

No han transcurrido 48 horas de la constitución del Gobierno y ya ha enviado varias señales alarmantes de una peligrosa deriva iliberal. Hasta el punto de que el propio Consejo General del Poder Judicial se ha visto obligado, en un comunicado explícito, a salir al paso de los ataques de Pablo Iglesias a la independencia de los jueces. Incapaz de impostar siquiera la institucionalidad que requeriría su nuevo cargo, Iglesias regresó a su vieja identidad de tertuliano radical para acusar a los jueces de poner la ideología por delante de la ley, cuando es precisamente Iglesias quien toda su vida ha abogado por subordinar la acción de la Justicia al compromiso ideológico, en pura coherencia chavista. Pero que Iglesias se comporte como Iglesias en un plató era concebible: lo inconcebible es que lo haga como parte del Gobierno de España. Esa responsabilidad compete a Sánchez, que parece satisfecho de que su vicepresidente ejerza de ariete contra el Poder Judicial mientras él obstaculiza la tarea fiscalizadora del Parlamento. Bajo el disfraz progresista, la coalición PSOE-Podemos desprende un tufo totalitario.

Sánchez y la teoría del centésimo mono
El "Gobierno progresista de coalición" es en realidad un Ejecutivo de compresión de los demás poderes, incluidos los del partido coaligado y los demás ejecutivos salvo los presidenciales
José Antonio Zarzalejos elconfidencial 16 Enero 2020

Es improductivo, en términos de explicación, utilizar categorías coloquiales para describir los comportamientos del presidente del Gobierno. O en otras palabras: sus cambios de criterio y opinión no son mentiras, y sus apreciaciones contradictorias con la realidad no implican expresiones de cinismo. Todo lo que hace, y cómo lo hace, remite a una concepción del poder que se caracteriza por su sesgo de contemporaneidad. Hemos entrado en la era de la posdemocracia liberal, en la que se están recuperando, incluso en los sistemas de garantías más consolidados, formas y maneras de hacer política que evocan los ademanes de la autocracia, es decir, del ejercicio en una mano de un conjunto exorbitante de facultades públicas. Tiempos en los que la veracidad es anecdótica, fugaz e intrascendente y las palabras carecen de densidad.

El populismo y las formas iliberales no son solo propias de algunos países toscamente autoritarios sino que, sin alterar ni una sola coma de sus vigentes leyes constitucionales, se producen en modelos políticos sofisticados como los Estados Unidos de Donald Trump o el Reino Unido de Boris Johnson. Por no hablar de lo que ocurre en Polonia o Hungría, y lo que bien puede ocurrir en Italia si regresa Salvini al poder. Hay autores —ahí está la última obra de Christian Salmon— que califican la presidencia de Emmanuel Macron como “jupiterina”, es decir, evocadora de una deidad.

Pedro Sánchez ha llevado a la práctica la teoría del centésimo mono, que consiste en el efecto imitación que llega a crear una masa crítica. La tal teoría arranca de una investigación en la década de los años cincuenta del pasado siglo. Un grupo de científicos comprobó en una isla japonesa que cuando se ofreció a macacos patatas dulces pero terrosas, las rechazaron, hasta que uno de ellos las lavó y se las comió. En poco tiempo, los demás aprendieron a lavar el tubérculo y a ingerirlo. Y así hasta 100. Y a partir del centenar, el consumo de patatas dulces se generalizó generando una “masa crítica” a la que se resistieron los animales mayores, mientras los más jóvenes se incorporaban rápidamente al nuevo uso alimenticio.

En las formas de hacer política, ocurre algo similar: se crean nuevos modelos favorecidos por también renovadas circunstancias históricas y emergen —en las urnas, con una legitimidad inatacable— personalidades de rasgos autocráticos que aprenden los unos de los otros y resultan antagonistas de sus predecesores: el presidente republicano de los Estados Unidos sucede a un demócrata paradigmático como Obama; el primer ministro conservador del Reino Unido barre en las elecciones a un socialdemócrata ideológicamente arteriosclerótico y a una colega 'tory' de manual; en Brasil, un ultraderechista toma el relevo a un izquierdista de referencia; en Hungría, un conservador al uso se convierte en un iliberal, y en Polonia ocurre tres cuartos de lo mismo; en Francia, la partida política se libra entre el macronismo (¿qué es el macronismo?) y la extrema derecha, sin que aparezcan signos de vida inteligente ni en el socialismo ni en el conservadurismo liberal de los republicanos.

En España, Sánchez representa —con los matices que se quiera— esa nueva forma de ejercicio del poder. Los síntomas de ello son inequívocos y enlazan con una relativización absoluta de los compromisos electorales y con una extraordinaria volatilidad de las estrategias. Todo a lo que Sánchez se comprometió, mediante afirmaciones y negaciones, entre el 28 de abril y el 10 de noviembre de 2019, es ahora un mero recuerdo que no conmueve a la 'masa crítica' que celebra un “Gobierno progresista de coalición” que en realidad es un Ejecutivo de compresión de todos los demás poderes, incluidos los del partido coaligado y los propios del poder ejecutivo que no sean los presidenciales.

Y así ocurre que la exministra de Justicia y futura fiscal del Estado presenta, según Sánchez, una trayectoria “impecable” (sus conversaciones con Villarejo formarían parte de un 'fake'); el presidente está “encantado” de entrevistarse con Quim Torra (ya no es el “Le Pen español”, y las razones por las que no le descolgó el teléfono durante semanas han dejado de concurrir); el jefe del Ejecutivo fragmenta las competencias de sus ministros (uno de ellos, el de Universidades, se manifestó en desacuerdo por la amputación de la ciencia y la innovación de su cartera) para reinar él en el puzle de taifas en que ha convertido el Consejo de Ministros, en el que soporta y disfruta dolor y gloria su otrora denostado vicepresidente segundo, Pablo Iglesias; por si fuera poco, el Gobierno se reunirá los martes sin que la presidenta del Congreso haya, hasta el momento, acompasado un nuevo calendario para la Cámara para salvar el relieve de las sesiones de control al Ejecutivo; ítem más: la Moncloa se convierte en un arsenal de poder dotando al jefe del Gabinete presidencial de poderes extraordinarios, tantos, que no admiten competencia con los de las vicepresidencias, pero librándose Iván Redondo del control parlamentario al que sí se someten los/as ministros/as.

Por lo demás, se usará y abusará del decreto-ley a la mínima resistencia que un proyecto de ley pueda registrar en el Congreso; no hay propiamente, ni habrá, hostilidad, pero sí indiferencia y distancia respecto de otras instituciones del Estado y máxima complicidad colaborativa con las fuerzas políticas más agresivas con el sistema constitucional, y todo se referenciará a 'valores' enfáticamente proclamados y selectivamente vigentes: el "diálogo", el “consenso”, “la interlocución intergeneracional”… Insertado todo ello en una estrategia de comunicación que es “la razón de ser de la política”, en palabras del ya citado Salmon y que Sánchez encomienda a su íntimo colaborador, que ni siquiera pertenece a su partido.

Ortega sostenía que “no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa”. Cierto. Y quizá lo que pase es que Pedro Sánchez, un buen observador de cómo se desarrolla la política y poseído por una desmesurada ambición personal, ha elaborado una urdimbre de poder aparentemente precaria pero en realidad resistente, aprendiendo las lecciones de estos tiempos plomizos para la democracia e imitando, como en la teoría del centésimo mono, las conductas de sus peores pares. El socialismo del PSOE, masa crítica del presidente, está en la higuera del arrobo progresista. La misma en la que lleva encaramada la derecha desde que Sánchez trabó contra Rajoy todas las hostilidades y el gallego solo acertó a refugiarse en un restaurante a 600 metros del Congreso mientras un “adolescente caprichoso” imaginó que era capaz de hacer historia y protagonizó un tremendo fiasco. Este entramado tiene, sin embargo, un cabo suelto. Habrá, también, que comentarlo.

El autoritarismo de Sánchez
Agapito Maestre Libertad Digital 16 Enero 2020

El sistema democrático está en cuestión. El Gobierno de España tiene poca legitimidad de origen y menos de ejercicio, sencillamente, porque el proceso golpista catalán continúa abierto. Ahora está instalado en la presidencia del Gobierno. Torra, perseguido y juzgado por la Justicia, es tratado con todos los honores por el presidente del Gobierno de España. Pedro Sánchez está dirigiendo el procés golpista con determinación, aunque quizá solo sea el gran Ejecutor de algo que no decide él. Poco importa discutir ahora si Sánchez es un genuino autócrata o un mandado por otros más poderosos, sino reconocer lo evidente: estamos ya en una fase avanzada de un cambio de régimen político, que va de la separación más o menos decente de poderes a su confusión, gracias al trabajo riguroso de desmontaje de la democracia llevado a cabo por Sánchez. La asunción del proceso golpista catalán es un ejemplo relevante, aunque es sólo un caso de mil, de cómo se sustituye el poder democrático por un poder autoritario.

El ejercicio del poder para Sánchez no consiste en otra cosa que hacer desaparecer la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia contenida en las instituciones democráticas, construidas en los últimos cuarenta años. Sustitución del saber por la ideología. Sustitución del conocimiento por el engaño. Sustitución de la inteligencia por la palabrería. Sí, la destrucción del saber, primera institución del régimen democrático, se ha llevado a cabo con los mejores instrumentos de los esquemas totalitarios de todos los tiempos. Comunismo y nazismo son los grandes escuelas de la propaganda de Sánchez para instalarse en el poder. Los aparatos ideológicos del Estado y los medios de comunicación están funcionando a pleno rendimiento. La puesta en escena del primer Consejo de Gobierno es todo un paradigma de lo que vendrá. Ya no se informa. Sólo hay propaganda bastarda de todos y cada uno de los ministerios de Estado, que han sido reducido a vulgares soviets e instrumentos de captación de votos para próximas eleciones.

Sí, la destrucción de la institución del saber ha estado y, sobre todo, estará muy bien acompañada por este Gabinete, en realidad, un conglomerado de soviets con una única misión: tejer una red clientelar de votantes que lo mantenga en el poder. No busca otra legitimación que tener un voto más que la Oposición. Los resultados están a la vista. Entre los logros más importantes de Sánchez se cuentan los siguientes: ha hecho desaparecer el PSOE, o mejor, lo ha puesto a su servicio personal; ganó una extraña moción de censura, pues que apenas estaba justificada, por una suma no menos rara de votos separatistas y comunistas; ha logrado ser investido presidente del Gobierno por un extravagante y único voto de diferencia; ha conformado un Gobierno de muchísimos ministerios para diluir los poderes de los ministros en favor del suyo; y, finalmente, ha nombrado fiscal general del Estado a su exministra de Justicia… Todas las acciones políticas de Sánchez bordean los límites de un sistema democrático. Y a veces caen directamente en los usos y costumbres de los regímenes autoritarios.

Quizá la acción más grave de todas en el orden jurídico haya sido limitar, hasta hacerlo desaparecer, las acciones del Gobierno contra los golpistas catalanes. Por ese camino ha logrado que dos de los golpistas se asienten en el Parlamento Europeo. Me temo que pronto sacará de prisión al jefe de ERC a través de una reforma exprés del Código Penal. Sostiene a Torra en la presidencia de la Generalidad. Y así suma y sigue…. ¿Conseguirán algunas instituciones del Estado de Derecho detener este proceso golpista? ¡Quién sabe! Pero no creo que el Poder Judicial ni el Poder Legislativo tengan capacidad para oponerse a un Ejecutivo que determina todo con una virulencia jamás conocida en los últimos cuarenta años. Hasta ahora, mejor que peor, los altos funcionarios públicos de la Administración habían logrado detener con la ley en la mano acciones a todas luces dictatoriales, pero esto no durará mucho, en mi opinión, si los partidos de la Oposición siguen haciendo como si todo fuera normal.

Aquí, en la España de Sánchez, no existe la normalidad, sencillamente, porque no existe autolimitación moral y democrática a la hora de ejercer el poder por parte del presidente del Gobierno. El envilecimiento en el ejercicio del poder es de tal de magnitud que ya muy pocos periodistas se extrañan de lo que está pasando. Todo es narrado con normalidad ovejuna. Las ciento de decisiones extraordinarias, anormales y morbosas que está tomado Sánchez se hacen pasar como normales e incluso democráticas. He ahí el indicio más seguro de que vivimos a las puertas de un régimen autoritario.

De la apropiación de la Fiscalía y las tragaderas de Iglesias
Agustín Valladolid. vozpopuli 16 Enero 2020

Si alguien tenía dudas, han quedado sobradamente despejadas. Con un “átense los machos” terminaba yo mi artículo de la pasada semana. No pensé que tuviéramos que hacerlo tan pronto. Estábamos aún pasando por el escáner al nuevo Gobierno cuando cayó la bomba. Todo planificado para no conceder respiro a nadie. Lo de Dolores Delgado no es una ocurrencia de última hora. Con su nombramiento como fiscal general Pedro Sánchez persigue al menos cuatro objetivos: pertrecharse argumentalmente ante la negociación con el independentismo, cumpliendo con la palabra dada (aquello de desjudicializar); mantener a la oposición donde le conviene, es decir, en el terreno de la crítica feroz, para muchos incorregiblemente facha; encarecer un teórico pacto con el PP y Ciudadanos para la renovación del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional; y poner fin a las veleidades autonomistas (¡qué se habrán creído estos!) de los fiscales.

La propuesta de colocar al frente de la Fiscalía General a quien ha sido reprobada por el Parlamento tres veces en un mismo año, a quien habrá de abstenerse cuando lleguen a su mesa los graves asuntos que conoció como ministra y que siguen pendientes, a quien puede explotarle en cualquier momento otra de esas bombas racimo que deja caer de tanto en tanto Villarejo; poner al mando de una institución esencial para el equilibrio institucional y la credibilidad de nuestra democracia a alguien, en definitiva, tan débil profesional y políticamente, sólo puede obedecer a la pretensión de someter sin mayores esfuerzos, llegado el caso, a la elegida; a la certeza de que, cuando toque, la ungida situará el agradecimiento a su mentor por delante de las obligaciones del artículo séptimo del Estatuto Fiscal: “Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados”.

De no haber mediado la apuesta por Delgado, la elección del ministro del ramo, Juan Carlos Campo, no habría tenido otra lectura que la del nombramiento lógico, en estas delicadas circunstancias, de un hombre de confianza, de partido y razonablemente competente, para asumir una responsabilidad a la que los acontecimientos venideros van a dotar de una mayor trascendencia. Pero la 'operación Delgado', al acentuar la sospecha de que la política judicial diseñada por Sánchez no obedece tanto al interés general sino a las exigencias de Junqueras, coloca al nuevo titular de Justicia -muy receptivo a la posición apaciguadora que, frente al independentismo catalán, vienen defendiendo los dirigentes del PSC, empezando por Miquel Iceta y Meritxell Batet- en el vértice de una estrategia que huele demasiado a intervencionismo, a intento de control de los instrumentos de respuesta judicial de los que dispone un Estado de Derecho.

El anuncio de la designación de Delgado como sustituta de María José Segarra causó incredulidad, sorpresa y hasta estupor en algunos de los nuevos -y veteranos- miembros del recién estrenado Gabinete. Hasta ese momento todo marchaba sobre ruedas. Para Sánchez. El mensaje de moderación en la política económica, Calviño y Escrivá mediante, había tranquilizado a los mercados y conformado a Bruselas. Además, su socio preferente se había tragado sin hacer el menor aspaviento una estructura que dividía al Gobierno en dos. Pero no en dos gobiernos paralelos, sino en uno de primera y otro de segunda. La película se podría muy bien titular: “Un Gobierno y cinco direcciones generales”, porque, en clave de poder real, poco más es lo que ha sacado en claro Pablo Iglesias.

En esto, justo es reconocerlo, el presidente ha mantenido su palabra. En campaña anunció que de ningún modo consentiría un Gobierno dentro del Gobierno y ha cumplido. El papel reservado a Iglesias y los suyos es accesorio. Tendrán presencia en los medios; en eso son expertos. Pero el presupuesto que van a manejar es casi una broma. Y sin presupuesto no hay política. Con la distribución de competencias, Sánchez le ha venido a decir a Iglesias: “Haz lo que quieras, pero que sea barato”. Los departamentos que controla Podemos son una cáscara hueca. Son poco más que un centro de coste, la guinda de un pastel que otros se disponen a cocinar. Lo que han diseñado Sánchez y Redondo es un Gobierno de dos velocidades, un convoy con un furgón de cola de ruedas cuadradas del que más pronto que tarde alguien se bajará cuando constate que lo desengancharon al poco de arrancar y ahí sigue, en vía muerta. Ya se hacen apuestas acerca de la fecha en la que ese prístino ejemplo de coherencia llamado Manuel Castells, tras semanas de buscar y no encontrar ni el volante ni el acelerador, dará la espantada.

Lo de Dolores Delgado, además de una maniobra de indudable trasfondo político, es un premeditado acto de injustificado exhibicionismo y poderío de un gobierno débil, una declaración solemne de falsa supremacía, una forma indirecta de decirle a Pablo Iglesias, el mismo Iglesias que pidió la dimisión de la próxima fiscal general y hoy exhibe unas imprevistas tragaderas, quién manda de verdad en el Gobierno.

Post scriptum: Alguien desde Zarzuela -o desde sus entornos- debería pedirle educadamente a Santiago Abascal que dejara de manosear el nombre del Rey. Cuando se acusa a otros de “hacer lo que les da la gana con las instituciones”, lo mínimo es ser coherente con tal reclamación y dejar de instrumentalizar la Corona en favor de intereses estrictamente partidistas. Lo que hace Vox no es defender al Rey, sino favorecer la estrategia de los que no tragan a la Monarquía.

A Sánchez le sobran las Cortes
Jorge Vilches. vozpopuli 16 Enero 2020

El presidente se ha instalado cómodamente en la mentira y la manipulación, el manejo de los tiempos y silencios, el ajuste de cuentas y el desprecio

La maniobra es burda. El cambio de la reunión del Consejo de Ministros del viernes al martes no solo tiene el objetivo de ganar visibilidad informativa o propagandística, sino de eliminar en la práctica a la oposición parlamentaria. La sesión de control del Gobierno sirve para fiscalizar al Ejecutivo, claro está, pero también para que los opositores tengan una vía para fabricar su papel de alternativa ante la opinión pública.

El mandato de la ciudadanía, tal y como alega Pedro Sánchez, no alcanza solo a la formación de Gobierno como él dice. Ese mandato también se refiere al ejercicio del control del Ejecutivo, tarea que recae en la oposición, en aquellos que perdieron las elecciones. Es el mecanismo simple pero básico que permite que una democracia liberal mantenga su categoría.

La decisión de Sánchez está en sintonía con el giro autoritario que adoptó en 2018. De hecho, su último discurso de investidura fue una diatriba contra la oposición, a la que tildó de antidemocrática por ser contraria a su proyecto “progresista”. Las palabras duras fueron acompañadas por sus corifeos parlamentarios, que desfilaron por el estrado para insultar al PP, Ciudadanos y Vox.

No hubo una verdadera presentación de un programa de gobierno. Lo importante era que hubiera “trincheras”, un ellos y un nosotros, porque como decía el caradura de Sartre, “el infierno son los otros”. Lo mismo ocurrió en la primera rueda de prensa tras la toma de posesión: el gran problema de España no es el golpismo, ni el cuestionamiento del orden constitucional, o el fantasma de la desaceleración, sino la oposición, unos partidos que bloquean su proyecto político y judicial.

Sánchez se ha instalado cómodamente en la mentira y la manipulación, el manejo de los tiempos y silencios, el ajuste de cuentas y el desprecio. Imprimió un caudillismo vengativo en su regreso al PSOE.Manuel Castells, su ahora flamante ministro de Universidades, escribió en La Vanguardia en octubre de 2016 que el “frente anticatalán” había echado al líder. Aquello fue un “golpe de Estado interno –decía- que marca un hito en el proceso de degeneración política del PSOE”, conducido por las “brigadas acorazadas sureñas con amplio apoyo mediático e internacional”. Los barones socialistas que se opusieron a Sánchez eran “caciques meridionales que aún mantienen su poder mediante un clientelismo corrupto”.

El caudillismo que imprimió a su partido tras ganar las primarias le funcionó. Convirtió al PSOE en una máquina a su servicio personal, en una organización cuyo objetivo era satisfacer su ambición. Purgó al partido, despreció su Historia y referentes personales, y ganó. La inspiración cobró materia: un líder, un proyecto, un país.

Ese plan de Sánchez para tomar el poder y no abandonarlo nunca pasa por restar importancia al resto de instituciones democráticas y laminar a la oposición. Por supuesto, comenzó con el Rey, al que, como ya señalamos aquí, menoscaba en sus funciones dignificantes al saltarse el protocolo. Es más; sus socios han acusado a Felipe VI de alinearse con la “derecha fascista”. Siguió con el Senado, a quien quiso anular para saltarse la Ley de Presupuestos. Continuó con el Congreso, gobernando a golpe de decreto-ley.

Quedaba el poder judicial. Sus intenciones quedaron claras en aquellas declaraciones al periodista de RNE: “¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso”. Luego vino la aceptación del lenguaje y propósito independentista: no solo había un “conflicto político” en Cataluña, sino que había que desjudicializar la política, y politizar la justicia.

No es una sorpresa. Echó a Edmundo Bal de la abogacía del Estado porque se negaba a sus componendas con los independentistas, y luego forzó a esta institución a que cambiara en su informe el delito de rebelión por el de sedición, más benigno, y a otro informe sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Ahora coloca como Fiscal General del Estado a Dolores Delgado, que fue reprobada tres veces por el Congreso y el Senado. El motivo avergüenza: allanar las exigencias de los independentistas para cumplir el proyecto personal de Sánchez.

El Poder Judicial se revuelve
Ahora es el turno del CGPJ. El PSOE primero insulta al PP, a quien necesita para tener una mayoría cualificada en el Congreso, le acusa de “bloquear”, y luego quiere imponer sus tiempos y formas. Álvarez de Toledo ha denunciado que el objetivo es controlar el poder judicial, algo que no coincide con Vox, quien, al parecer, está dispuesto a pactar con el PSOE los nombres del CGPJ. PP, Cs y el propio Vox llevaban en su programa la elección de los miembros del Consejo General por los propios jueces, no por los partidos.

La izquierda radical que forma el Gobierno, esa mezcla de socialistas, comunistas y populistas, quiere un poder judicial a su servicio. Pablo Iglesias lo ha dejado claro al decir que los jueces europeos humillan a los españoles, y que hay que cambiarlos para que no vuelva a pasar. El espíritu de tal declaración es una concepción de un poder judicial como juguete del Gobierno, sin independencia, ni imparcialidad ni tampoco profesionalidad. Por eso ha protestado el CGPJ, tanto progresistas como conservadores, y el presidente del Tribunal Supremo. Es un ataque autoritario al Estado de Derecho.

En medio de todo este proceso está la eliminación de la función principal de la oposición en las Cortes: el control del Gobierno. Esta situación no se salva solamente con la unidad de acción de la oposición constitucionalista, sino con una labor de resistencia de las instituciones, incluidas las autonómicas y municipales, y un proyecto alternativo positivo que saque a la gente de la desafección.

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Sánchez: de traer a Puigdemont a reunirse con su vicario
Pablo Planas Libertad Digital 16 Enero 2020

Carles Puigdemont ha triunfado, según la crítica independentista. Su irrupción en el Parlamento Europeo es una bofetada al Estado, coinciden los titulares de los medios en Cataluña. Contra viento y marea, el expresidente de la Generalidad se ha plantado en Estrasburgo, disfruta por el momento de inmunidad y dispone de nuevo de un potente altavoz en una cámara parlamentaria, resumen esos medios que solazan a sus lectores con las peripecias y aventuras del prófugo como si fuera el Llanero Solitario. Hay quien incluso le compara con el Papa, Trump, el Dalai Lama y Xi Jingping, cual es el caso de Ramon Tremosa, exdiputado convergente en la Eurocámara, profesor de Economía y uno de los más eficaces difusores de bulos en Cataluña, como aquel de la policía chilena arrasando a pacíficos manifestantes el 1 de octubre de 2017. El culto a Puigdemont está muy extendido en su región de origen.

Que Puigdemont se siente en el gallinero del Parlamento Europeo se debe a varias personas y factores. En primer lugar, tal hecho sería imposible sin la producción ejecutiva de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, que dejaron volar al pajarito a pesar de la acumulación de indicios sobre el carácter propenso al delito de personaje. Y es que el hombre campaba a sus anchas después de haber montado un referéndum ilegal, amagado con declarar la independencia una semana después y proclamado la república al término de un mes, no sin antes haberse fotografiado con cinco requerimientos incumplidos del Tribunal Constitucional a modo de piezas de caza mayor.

Tampoco habría sido posible esta película sin la imprescindible colaboración de las autoridades belgas y alemanas y los jueces bruselenses y de Schleswig-Holstein, que dieron carta blanca al prófugo al juzgar que lo que en su país sería un delito de alta traición severamente castigado no merecía ser tenido en cuenta si se cometía en España.

Mención especial merece también la legislación nacional, que permite que tipos que están en búsqueda y captura puedan concurrir a cuantas elecciones quieran. De tal modo que Puigdemont ha pasado de diputado en el Parlament a diputado en el Parlamento Europeo sin haber dejado de cobrar un solo mes y disfrutando al tiempo de un gabinete en calidad de expresidente de la Generalidad, aunque sus acólitos, los medios públicos catalanes, los diputados de su grupo, los de ERC, los miembros del Govern y el presidente de la Generalidad, Quim Torra, le traten de presidente. Y todo ello con una euroorden sobre su cabeza.

Tantas vicisitudes y correrías, tantos halagos y lisonjas, tantas cortesías políticas y judiciales han terminado, de momento, con Puigdemont y Comín, que en la Cataluña separatista son algo así como Batman y Robin, sentados en el Parlamento de Estrasburgo negándose a debatir con los eurodiputados del PP y Ciudadanos, en un extraordinario alarde de parlamentarismo inverso, nueva prueba del sentido de la democracia de los separatistas.

Por si todo esto no fuera de suyo escandaloso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prometió en campaña traer de vuelta a España a Puigdemont, se dispone ahora a agasajar y negociar con el representante del fugado, Quim Torra, un pato cojo inhabilitado que apura sus últimas horas como vicario del prófugo tratando de provocar en Cataluña la revuelta definitiva. Así es que reunirse con Torra con el peregrino argumento de que es el presidente de la Generalidad equivale a reunirse con Puigdemont, que a su vez es lo mismo que dar por bueno el golpe de Estado perpetrado por los separatistas en octubre de 2017.

Asalto a la Justicia: donde pisa Atila Sánchez ya no vuelve a crecer la hierba
Antonio Martín Beaumont esdiario 16 Enero 2020

El desolador nombramiento como Fiscal General de una ministra de Justicia relacionada con Garzón y Villarejo tensiona las costuras democráticos y demuestra que Sánchez no tiene límites.

Los posados de los ministros, uno a uno, recorriendo a pie unos metros ante La Moncloa, más propios de un pase de modelos que de un Gobierno... La foto de familia en las heladas escalinatas del palacio... Las ñoñas cartas remitidas por Pedro Sánchez a los 22 miembros del Consejo de Ministros con la propuesta de trasladar su cita semanal a los martes, en lugar de los viernes, como era habitual...

Todo eso constituyó la comidilla del día, aunque en ningún caso puede distraer del asunto principal: el intento de dominar las instituciones, reavivado con descaro desde el primer día del renovado mandato del presidente.

¿Desjudicialización?
De hecho, su agenda, marcada por los tratos con sus costaleros independentistas, necesita, para ir pasando las hojas del calendario, lo que se ha venido a llamar abiertamente la “desjudicialización” del procés. Es decir, tener un poder judicial sometido.

El salto, sin perder tiempo, de Dolores Delgado desde el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado muestra las intenciones de Sánchez. Desde el Ejecutivo se daba por descontada la tormenta por el nombramiento de la reprobada amiga de Baltasar Garzón y del comisario Villarejo.

Y no han hecho muchos esfuerzos por desactivarla. Consideran las críticas “irracionales” y remiten a la “solvencia” curricular de la ex ministra. “El presidente cuida de los suyos” es la excusa favorita de los fontaneros monclovitas. Escucho, estupefacto, lo que me sueltan desde el entorno del líder socialista: “La Justicia ya está politizada”. Todo arreglado, entonces. No hay mayor descaro.

Tan exuberante afirmación anticipa, sin duda, un desolador panorama. Se intenta dar otra vuelta de tuerca a las ya forzadas costuras institucionales. Así las cosas, vaticino que con Sánchez la seguridad jurídica va a quedar muy tocada. Veremos si no hundida.

Cajón de sastre: el "guantazo" de Sánchez a Iglesias estrena una pareja terrible

Por extensión, claro, esto afectará a la calidad misma de la democracia. ¿Cómo entenderla sin que se sostenga en la independencia de los poderes? Poco parece interesar al presidente el pantano de tierras movedizas en el que nos mete.

Sánchez es lo único importante para Sánchez. Así que, consciente de que tiene por delante distintos muros de contención, no ha dudado un instante en iniciar su asalto por la vía de los hechos consumados. El objetivo es lograr una justicia “acomodada” a las circunstancias políticas del momento.


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