AGLI Recortes de Prensa   Viernes 17  Enero  2020

Hay un plan
La oposición, la Justicia y el Rey estorban al presidente
Luis Ventoso ABC 17 Enero 2020

Al poco de tomar el poder en 2018 sin haber ganado los comicios, Sánchez comentó en una entrevista algo que pasó desapercibido. Dejó caer que tenía un proyecto «hasta 2030» para darle la vuelta a España. En aquel momento, que un gobernante en posición tan precaria mostrase tal ambición resultaba casi risible. Hoy ya no. Comienza a perfilarse que existe un plan. Resumirlo es sencillo. Se trata de aflojar hasta el extremo las costuras del país para forjar una alianza de socialistas y separatistas, que permita a la izquierda perpetuarse en el poder, aprovechando ese mando para inocular un nuevo credo social progresista, donde todo lo situado a la derecha del PSOE quede estigmatizado como regresivo e inadmisible.

Lo primero que requiere un plan así es dominar los medios, fase ya culminada casi al completo. Todavía pervive el pluralismo en la prensa, que además conserva gran influencia con su éxito digital. Pero merced a la miopía del tándem Santamaría-Rajoy, la izquierda ostenta el cuasi monopolio del medio decisivo para formatear la opinión pública: la televisión. Significativamente, la primera medida de Sánchez fue asaltar la cadena pública (y el instituto nacional de encuestas).

La revolución 2030 topa todavía con tres obstáculos correosos: la oposición, en realidad empatada en votos con el bloque de izquierda; los jueces, que como no podía ser de otro modo garantizan que se observe la legalidad; y el Jefe del Estado, que se atiene a su ineludible deber de defender el orden constitucional, empezando por la unidad de España y la soberanía del pueblo español, pilares sobre los que se asienta todo lo demás. La primera tarea de la autodenominada «coalición progresista» es erosionar esos diques, hasta un punto en el que la opinión pública empiece a considerar plausible la posibilidad de derribarlos.

Sin explicitar el plan, la piqueta ya está trabajando. La oposición constitucionalista es vilipendiada y tachada de antisistema, mientras se lisonjea a los separatistas. La número 2 del PSOE, la muy básica Adriana Lastra, llegó a acusar en sede parlamentaria «a las derechas» de tramar «un golpe de Estado». El presidente carga contra PP y Cs, a los que caricaturiza como antidemócratas. Vox directamente es tachado de fascista.

El segundo frente son los jueces. La enfática promesa del PSOE y Podemos de «desjudicializar» la política alberga en su entraña una pulsión totalitaria, pues lo que se está diciendo es que según los casos -¿al arbitrio de la «coalición progresista»?-, el Código Penal quedaría en suspenso (ya está pasando con la inhabilitación de Torra). Cuando el vicepresidente Iglesias, el ministro Garzón y Echenique pregonan que «este país tiene un problema con la derecha judicial», lo que están propugnando es que todos los jueces habrán de ser progresistas, o no serlo. Justicia de partido. Más totalitarismo.

El último obstáculo es Felipe VI. Misión ardua por su prestigio popular. Pero comienza el cerco. Ministros del nuevo Gobierno lo señalan como «un Rey de derechas» -¡porque defiende la Constitución y la unidad de España!- y Sánchez lo trata con cultivado desdén. El éxito del plan dependerá... de la lucidez de los españoles.

Cobarde CGPJ
EDITORIAL Libertad Digital 17 Enero 2020

Que Dolores Delgado reúne las condiciones técnicas básicas para ser nombrada fiscal general del Estado es algo que no se puede discutir: tiene años suficientes de carrera y mucha gente asegurará que atesora "reconocido prestigio" profesional, requisito que no deja de ser bastante subjetivo.

Por lo tanto, para afirmar tal obviedad no era necesario que se reuniese una veintena de magistrados y juristas: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió emitir un dictamen evaluando la idoneidad para el cargo de una fiscal que ha pasado los últimos 18 meses como ministra de Justicia –con una gestión extremadamente polémica– y que, para colmo, aún es diputada.

El CGPJ debería haber dicho lo que ha de decirse respecto a si debe ser la jefa del Ministerio Público una persona que, siendo fiscal nada menos que en la Audiencia Nacional, tuvo conocimiento de delitos gravísimos y no sólo no los denunció, sino que proporcionó a una red de extorsión datos sensibles de miembros destacados del Poder Judicial.

Carlos Lesmes –cuyas intenciones ya habían quedado claras en la previa a la reunión del martes, cuando pidió que sólo se hiciese un examen técnico del asunto– ha presidido un nuevo acto de cobardía de un estamento judicial que vive preocupado por no incomodar al Gobierno de turno, lo que le va a llevar a ser laminado por un Ejecutivo que ya no se conformará con influir en decisiones concretas, sino que pretende hacer de la Justicia un elemento más de su proceso revolucionario.

Dolores Delgado es el peor asalto perpetrado contra la Fiscalía, y la obligación del CGPJ era no avalar la fechoría del Gobierno social-comunista; pero, una vez más, se ha impuesto la cobardía: no han sido capaces de tener un mínimo de dignidad en un dictamen que ni siquiera era vinculante.

Los políticos llevan décadas mangoneando en la Justicia, y los partidos deben ser criticados sin piedad por ese empeño, abiertamente contrario a la separación de poderes, tal y como puede entender hasta el más torpe estudiante de primero de Derecho. Pero durante todo este tiempo los miembros del Poder Judicial no se han distinguido por una lucha feroz contra semejante injerencia, sino más bien por una sumisión en la que, desgraciadamente, numerosos jueces y fiscales cifran su promoción profesional.

Este jueves hemos vivido un nuevo capítulo de esta historia de indignidad, y ya no basta con señalar sólo a los partidos: los doce miembros del CGPJ que han aprobado a Delgado, Carlos Lesmes y los dos vocales que ni tan siquiera se han presentado en la reunión son también responsables y merecedores de oprobio.

Una Fiscal General que no merece serlo
Editorial El Mundo 17 Enero 2020

El acoso del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez a los otros dos poderes de Estado, cuyas funciones pretende condicionar y limitar -socavando así la división de poderes, piedra angular del Estado de derecho-, provocó ayer una fuerte división en el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de los jueces debía pronunciarse, en un informe preceptivo pero no vinculante, sobre la idoneidad de la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que sin solución de continuidad ha pasado de la cartera de Justicia y el escaño socialista al Ministerio Fiscal, algo absolutamente inédito, por desvergonzado, en nuestra democracia.

No obstante, el documento que se votó ayer, redactado por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, no incluía, de manera inopinada, una valoración sobre la idoneidad de Delgado. Sólo la endémica politización del CGPJ, tantas veces denunciada desde estas páginas, puede explicar que los vocales hayan votado por bloques ideológicos y que, por primera vez, en el escrito remitido por el presidente al Pleno, este se haya limitado, en una clara concesión al Gobierno, a señalar que Delgado (entre cuyos méritos está el de haber sido la primera ministra tres veces reprobada por el Congreso) cumple con los requisitos exigidos por la ley, excluyendo cualquier valoración acerca de la oportunidad del nombramiento y su idoneidad.

No es de extrañar, por tanto, que aunque la propuesta haya sido aprobada por 12 votos a favor frente a siete en contra, en el Pleno se haya anunciado un voto particular conjunto de esos siete vocales -que no han querido acatar sumisamente la obscena propuesta del Gobierno- y dos más que votaron de manera concurrente -es decir, que están de acuerdo con dar el aval a la ministra, pero coinciden con los discrepantes en una aparente falta de imparcialidad-. Porque en el voto particular se resaltará que el nombramiento de Delgado adolece de una "apariencia de vinculación con el Ejecutivo que no contribuye a la percepción de independencia de la Fiscalía". Una grave acusación que pone de manifiesto que la propuesta de Sánchez es fruto de la deriva despótica de un Gobierno que, para contentar a su socios independentistas, que quieren sustraerse al orden constitucional, está dispuesto a socavar la credibilidad del Poder Judicial y a debilitar la integridad de la democracia, concentrando en uno solo los tres poderes del Estado.

Sorprende, por ello, que el PP, crítico con el desprecio de Sánchez a la Justicia, haya votado en contra de una resolución presentada en la Eurocámara para garantizar la independencia del sistema judicial en Polonia y Hungría. Una decisión difícilmente explicable que le hace perder credibilidad.

No, Delgado no es idónea
Editorial ABC 17 Enero 2020

Con una profunda fractura interna, el CGPJ avaló ayer que Dolores Delgado cumple los requisitos formales para ser designada fiscal general del Estado, pero el órgano de gobierno de los jueces eludió respaldar expresamente su idoneidad para el cargo, cosa que sí había hecho en los últimos cinco nombramientos para ese puesto. Ayer, y para evitar una imagen demoledora para el Consejo, su presidente, Carlos Lesmes, optó por no introducir en el debate la idoneidad de la exministra de Justicia, alterando así la tradicional textualidad del acuerdo alcanzado antes respecto a otros fiscales generales. Pero dio igual, porque siete vocales conservadores se opusieron frontalmente a respaldar siquiera que Delgado cumpla el requisito de «jurista de reconocido prestigio», lo cual supone una seria desautorización. La exministra no es idónea por dos motivos. Uno, puramente estético, en la medida en que difícilmente podrá parecer imparcial una fiscal general que no lo es, que tiene instrucciones de no serlo y que ha sido ministra hasta hace pocos días. El otro es un motivo estrictamente jurídico, porque van a ser muchos los supuestos en los que, en puridad procesal, deberá abstenerse o incluso ser recusada. Delgado está a todos los efectos contaminada políticamente, y no hace falta que el CGPJ haga equilibrios para reafirmar si reúne o no los requisitos mínimos. Sus propios antecedentes son los que la convierten en persona no idónea, salvo para Sánchez, Iglesias -que siempre la cuestionó duramente y ahora calla- y ERC, partido que ha exigido un cambio de rumbo en la Fiscalía para favorecer la estrategia independentista y a los condenados por sedición. Así, la democracia pierde calidad con un nombramiento que persigue sojuzgar a la carrera fiscal con criterios puramente partidistas que, si bien han sido habituales con todos los Gobiernos, en este caso resultan particularmente escandalosos.

Objetivamente, el criterio del CGPJ, al no ser vinculante para el Gobierno, resultará irrelevante para Sánchez. Lo relevante es el fondo del asunto, y eso sí debería preocupar a La Moncloa, porque la designación de Delgado es un misil en la línea de flotación de los consensos que siempre alcanzaron PSOE y PP como partidos mayoritarios en la renovación de los órganos constitucionales. La propuesta de Delgado es una declaración de guerra al poder judicial, que además está siendo alimentada por Iglesias con comentarios humillantes y falsos sobre la fortaleza de nuestros tribunales. Sánchez no aspira a un modelo de democracia representativa con separación de poderes, sino a un modelo totalitario en el que el poder ejecutivo desarme la independencia de jueces y fiscales. Forma parte de una operación de desmontaje institucional del tercer poder del Estado, más allá del nombramiento de Delgado.

Será legal, pero no es de recibo
Editorial larazon 17 Enero 2020

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, propuso una fórmula de compromiso para que el pleno de la institución de gobierno de los jueces diera el plácet al nombramiento de la ex ministra de Justicia y, hasta ayer mismo, diputada socialista en el Congreso, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, con la menor fractura interna posible.

No queremos entrar en los motivos del magistrado ni alentar juicios de intenciones, pero sí dejar constancia de que su decisión habrá evitado un enfrentamiento mayor con el Ejecutivo, pero ha hecho un flaco favor a la imagen de la Justicia ante una opinión pública que constata una vez más, en vivo y en directo, como las supuestas inclinaciones ideológicas de los jueces determinan, en un trasunto de la aritmética parlamentaria, algunas resoluciones jurisdiccionales de innegable trascendencia social.

En este sentido, y por más que les pese, opera la palmaria incoherencia de los vocales del CGPJ designados por los partidos de la izquierda y nacionalistas, que se llenan la boca de prevenciones y rigurosidades cuando se trata de examinar a un candidato intuido como ideológicamente contrario, pero admiten cualquier barbaridad cuando existen relaciones de afinidad. Porque barbaridad es que una ex ministra socialista, presentada en listas electorales bajo las siglas del PSOE, transite sin solución de continuidad de la política partidista a un cargo que, por definición, se atiene a los principios de independencia y autonomía.

Tal es así, que nuestro ordenamiento jurídico establece claramente que los magistrados y fiscales que hayan desempeñado una actividad política tendrán que abstenerse en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público. Pues bien, estas cautelas legales, que tratan de salvar la apariencia de imparcialidad de quienes están encargados de administrar Justicia y que tienen su correspondencia en el propio estatuto del Ministerio Público, no sólo son insalvables en el caso de Dolores Delgado, sino que deberían haber llevado al seno del pleno del CGPJ un debate en profundidad sobre la idoneidad de la candidata, debate que se hurta en beneficio de un, a nuestro juicio, mal entendido respeto institucional.

Ciertamente, la aquiescencia del Consejo, aunque preceptiva, no es vinculante, pero ello no redime a los vocales de su responsabilidad, más aún, cuando el actual Gobierno parece estar determinado a interferir en determinados procedimientos judiciales por meras razones de oportunidad partidaria. Que vaya a ser fiscal general del Estado y con el aval de los jueces españoles una profesional de la Justicia que se negó a defender a un magistrado mendazmente atacado por el separatismo catalán, nos lleva mucho más allá de la tolerable servidumbre hacia la política. Que la vocal propuesta por Izquierda Unida, Concepción Sáez, azote de candidatos «conservadores», no tenga empacho en formular un voto concurrente a favor de la idoneidad de la ex ministra es la mejor confirmación de lo que denunciamos. Porque el nombramiento de Delgado será legal, no lo dudamos, pero no es de recibo y, como tal, sólo contribuirá a fomentar la desconfianza social en la imparcialidad de la Justicia y la división en el seno de una magistratura que está recibiendo insólitos ataques a su profesionalidad y buen hacer, incluso, por parte de quienes, desde los altos cargos públicos que ostentan, más obligados están a su defensa. Pero si lo que pretende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con está decisión, auténtico golpe de autoritarismo, es crispar y enfrentar a la sociedad, no cabe duda de que está en el camino correcto.

El Poder Judicial resiste con decencia las presiones insólitas del Gobierno
EDITORIAL ESdiario_com 17 Enero 2020

El Poder Judicial, al igual que la oposición, deben resistir la injerencia insoportable de Sánchez para someter a la Justicia y tener más fácil pagar sus facturas con ERC.

Nadie en el Consejo General de Poder Judicial, salvo un vocal, ha certificado la idoneidad de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, que avaló sin embargo su designación apelando a motivos estrictamente administrativos: cumplía los requisitos legales para acceder al mismo, por lo demás bien sencillos para cualquier fiscal con 15 años de experiencia demostrable.

Que su candidatura haya prosperado "por imperativo legal", sin respaldo expreso a su idoneidad y con siete votos en contra atestigua lo improcedente de su promoción, que básicamente coloniza una institución clave con una diputada del PSOE que además ha sido ministra de Justicia.

Con ese perfil tan incompatible con la autonomía e imagen que cabe esperar de la Fiscalía General, la insistencia de Sánchez deja clara sus intenciones: convertirla en una herramienta más de su acción política y utilizarla, sin la menor duda, para poder pagar la factura judicial que le ha pasado el independentismo para hacerle presidente.

Abonar un peaje insoportable desde la política es lamentable; pero hacerlo invadiendo uno de los pilares del Estado de Derecho y poniendo en jaque la separación de poderes, es escandaloso. Y refleja la combinación de cesarismo y desesperación que va a caracterizar la acción de un Gobierno que actúa como si dispusiera de un poder absoluto pero en realidad depende de una minoría insatisfecha e insolidaria con las necesidades de España.

En ese contexto, la oposición de buena parte del CGPJ y la tibieza en el apoyo del resto del Consejo son una buena noticia que sugiere una posición de resistencia ante la injerencia ya en marcha del poder Ejecutivo en el Judicial. No solo por dignidad, sino por respeto elemental a la propia democracia, jueces y fiscales han de actuar como dique de contención al Gobierno en aquello que entra dentro de sus competencias.

Los límites
Dolores Delgado ha sido aupada para hacer con el conjunto de la Justicia lo que ya hizo, desde el Ministerio, con la Abogacía del Estado: someterla a los intereses de Sánchez y volcarla en favor de los políticos catalanes que, tras delinquir contra el Estado, han elegido al presidente de España. Una paradoja sangrante que no se arregla subordinando toda la arquitectura institucional a Sánchez, sino haciéndole a éste conocer los límites que incluso él tiene.

Algo que la oposición, por cierto, también tiene responsabilidad de ejercer: por muchas presiones que reciba para renovar los órganos de Gobierno de la Justicia en el sentido exigido por el tándem POSE-Podemos, ha de saber resistirlas y demostrar que sabe cuál es su función de contrapeso.

Sánchez, el Turco
Emilio Campmany Libertad Digital 17 Enero 2020

En el siglo XVIII circuló por Europa una extraña máquina que, bajo la forma de un autómata, llamado El Turco, jugaba al ajedrez condenadamente bien. Fue el antecesor de Deep Blue, aquel ordenador que desafió a Kasparov. Sin embargo, se sospecha que, encerrado en la caja que sostenía al maniquí vestido de sultán otomano, había un enano que era el que realmente jugaba las partidas. ¿Es posible que nos esté pasando algo parecido con Sánchez? ¿No cabe que el superviviente de mil batallas políticas no sea más que un autómata a las órdenes del enano Iván Redondo?

En España, el régimen se ha ido haciendo cada vez más presidencialista de facto aunque no lo sea de iure y la Moncloa ha ido acumulando cada vez más poder. Con Sánchez, sin embargo, quien lo detentará no será él, sino su jefe de gabinete. Da toda la impresión de que nuestro presidente es en realidad una suerte de Doña Rogelia gobernada por Redondo. Y es probable que lo haya sido siempre. Los pobres resultados de Sánchez en los debates electorales, en las entrevistas televisivas; las réplicas en el Congreso escritas de antemano; la resistencia casi maníaca a someterse a una rueda de prensa; la exasperación que le atenaza cuando algo se tuerce; la enormidad de su ignorancia; el desparpajo con el que dice un día una cosa y al siguiente, la contraria: todo hace sospechar que en realidad no es más que un cabeza hueca que necesita que alguien le diga constantemente lo que tiene que hacer y decir. Si todo lo anterior no bastara para convencerse, véase a quién tiene de mano derecha en el Gobierno para que no le haga sombra. Y aun así, a veces, Carmen Calvo, en su atolondramiento, se la hace.

De modo que en realidad es Iván Redondo quien nos gobierna. Y lo hace desde la total carencia de ideología y con plena disposición a hacer cuanto sea necesario para conservar el poder. Sánchez no es más que el actor de reparto, el galán de serie B que representa el guion que Redondo escribe. No de otra manera se entiende que le haya entregado todo ese poder por el que se supone que tanto luchó. Debe de ser que todo lo que quiere, el Falcon, el colchón nuevo, los guardias civiles cuadrándose, el coche oficial, la corte de pelotas ya lo tiene, y para qué quiere Sánchez una oficina económica si no tiene ni idea de qué hacer con ella. Que se ocupe Redondo. Al final, para matar el rato, tendrá que entretenerse como ese otro presidente que salía en El informe Pelícano, enseñando al perro a obedecerle.

Que nos gobierne un valido desde la sombra, no obstante, tiene sus ventajas. Es verdad que, desde que lo hace en su exclusivo beneficio y no en el del país, se puede esperar lo peor. Pero, en la medida en que lo que desea es conservar el poder, no hará más daño que el indispensable para no perderlo. Sería mucho peor que nos gobernara un tonto. Eso sí que es un peligro.

¿Quién teme a la judicialización?
José T. Raga Libertad Digital 17 Enero 2020

La función que desempeña el Poder Judicial es la última esperanza para los ciudadanos de a pie.

Yo, desde luego no. Es más, considero que la función que desempeña el Poder Judicial es la última esperanza para los ciudadanos de a pie, para los humildes, para los pobres, frente a los abusos, tropelías, atropellos, injusticias, malos tratos, violencias de los que más pueden –bien poderes políticos, que convierten sus pretensiones en objetivo de la polis, o poderes fácticos o económicos, cuyos intereses pretenden situarlos por encima de cualquier ley–.

Así pues, señor presidente, señor Torra, señor Puigdemont, señor Iglesias, señora Delgado… no atribuyan ustedes al pueblo español el deseo de desjudicializar la vida política, social o económica. Es lo único que nos queda, siempre que la Justicia se administre por jueces independientes y por fiscales que asuman como propia la tutela jurídica de la comunidad.

Por mucho que ustedes tergiversen los términos –otra forma de tropelía–, y a la infracción deliberada y violenta de la Constitución vigente la denominen "conflicto político", la calificación del hecho delictivo seguirá siendo sedición o rebelión, sometida, en todo caso, a la decisión del más alto tribunal de la Nación.

Ya sé que también han vendido ustedes –para eso tienen a casi todos los mass media a su disposición– que la solución vendrá por el diálogo. Es una ofensa más a la escuela socrática; ni en Platón ni en Jenofonte encontramos un diálogo del que no se deduzcan enseñanzas para el bien de la comunidad. Nunca un diálogo tan absurdo como el que ustedes publicitan, encubriendo intereses aún más espurios.

Reconózcanlo, sólo ustedes, los que están en el poder aspirando a ejercerlo sin límites, son los que pueden temer a la judicialización. El diálogo sólo cabe sobre objetivos posibles y lícitos. A partir de ahí, las discrepancias sólo podrán resolverse por los jueces o por los árbitros, en su caso. En cuanto a lo contrario a ley, sólo cabe una sentencia firme.

Ustedes, que presumen, no sé por qué, de ser un Gobierno de izquierda y extrema izquierda –más brevemente, comunista–, pregunten a sus mayores cómo resolvieron en la Unión Soviética el intento de independencia de Chechenia –la última deportación masiva a Asia Central, en 1999–, o que les hablen los tibetanos de cómo viven con la presencia invasora de la República Popular China…

Ser radical de izquierda al tiempo que independentista es una contradicción en sus propios términos que sólo se ha visto conciliada en el Gobierno del Sr. Sánchez. Con estas contradicciones, ¿pretenderán ustedes que tomemos en serio sus objetivos y sus medios para conseguirlos?

Acertó usted, Sr. Sánchez, en hacer firmar al Gobierno ese documento, el Acuerdo Mordaza, según el cual ninguno de sus miembros podrá opinar públicamente sobre las decisiones del Gabinete. ¡Y firmaron! ¡Qué poca estima por el prestigio propio!

El problema puede ser que muchos españoles también opinan. ¿Llegará a recuperarse la vieja censura y el Tribunal de Orden Público?

Espero que la judicialización lo impida…

Las promesas de Sánchez suponen 43.300 millones de gasto, unos 2.300 euros por hogar
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital 17 Enero 2020

El grueso de los desembolsos se producirá en políticas "verdes".

La investidura de Pedro Sánchez como presidente pone en marcha una legislatura marcada por la incertidumbre económica que generan las propuestas negociadas por socialistas, comunistas y separatistas. Los nervios están más que justificados, puesto que las propuestas de gasto anunciadas durante la sesión de investidura tendrán un coste que rondaría los 1.800 euros por hogar.

Según los cálculos que ha realizado el Partido Popular y a los que ha tenido acceso Libre Mercado, el grueso del aumento del gasto está vinculado al llamado plan de transición ecológica. Tal iniciativa de políticas "verdes" está llamada a movilizar 12.000 millones de euros anuales durante los próximos cuatro años, hasta acumular un desembolso total de 48.000 millones.

La actualización de las pensiones con el IPC es otro de los aspectos comunicados por el pacto de gobierno entre socialistas y comunistas. El sistema cerró el curso 2018 con un déficit de 18.000 millones y podría moverse en niveles similares a cierre de 2019, pero Sánchez e Iglesias han acordado una inyección que los populares valoran en 1.900 millones.

También se han planteado nuevas medidas orientadas a elevar los costes salariales del sector público. Las cifras de liquidación presupuestaria que facilita el ministerio de Hacienda muestran que este es uno de los capítulos de gasto que más ha subido durante el último año, pero PSOE y Podemos quieren añadir otras 2.500 millones a este capítulo. A este dato hay que sumarle la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una medida que también defienden PP, Cs y Vox, pero que tiene un coste: 1.500 millones. En clave de I+D y Educación, las promesas del pacto no se quedan cortas. Según las cuentas del PP, en Innovación y Desarrollo se habla de añadir 3.000 millones al presupuesto nacional, mientras que en el campo de la Educación se plantea un repunte de 5.000 millones. En total, otros 8.000 millones de euros.

Hay otras propuestas en el acuerdo de gobierno que los populares también incluyen en su cálculo: aumento de las inversión pública por 5.000 millones, repunte de las subvenciones por un monto de 3.500 millones o un conjunto de modificaciones en el IVA y de ayudas a diversos grupos que suponen 1.900 millones.

En total, Génova baraja ahora mismo un escenario en el que los gastos totales aumentarían por un monto de 33.800 millones o, lo que es lo mismo, casi 1.800 euros por hogar. Una cifra especialmente alarmante si tenemos en cuenta que el déficit apenas se ha reducido en 2019 y que Bruselas ya ha anunciado que en 2020 deberá haber ajustes adicionales para reducir la brecha entre ingresos y gastos.

Esta cifra podría crecer más aún por diversos motivos. Por ejemplo, en materia educativa se han mandado señales equívocas, puesto que Sánchez ha hablado también de "llevar el gasto al 5% del PIB", lo que supondría 10.000 millones, en vez de los 5.000 estimados por el principal partido de la oposición. Otro ejemplo es el de las subvenciones, donde el PP ha detectado compromisos vagos que, sumados a los más explícitos, elevarían el monto total a 8.000 millones, es decir, 4.500 millones más. Por lo tanto, el escenario más pesimista que esboza el PP elevaría el gasto anual extra hasta los 43.300 euros o, lo que es lo mismo, 2.300 euros por hogar.

Osadía y Poder
Juan Pablo Colmenarejo. vozpopuli  17 Enero 2020

La osadía es atrevimiento, también audacia y resolución. Después de ser investido Presidente del Gobierno, por dos votos de diferencia y otros 18 pendientes de cobro, Pedro Sánchez tiene el mando en la mano y lo va a ejercer para controlar los tres poderes del Estado, a sabiendas de que el público, perplejo y atado a las redes sociales, se traga la medias verdades como si fueran palomitas de maíz. Osadía y poder, receta única. El orden de los factores, primero siempre hay que atreverse, es el que ha seguido Sánchez para instalarse durante al menos cuatro años más en la Moncloa.

Desde que prometió su cargo ante el Rey, empezó a trabajarse la siguiente legislatura. Prometido y hecho. A los diez segundos de la puesta en marcha del Gobierno, menos bonito que el anterior, pero duro y aguerrido, controlado por su jefe de gabinete, el verdadero hombre fuerte del poder de Sánchez. Podemos ha sido rodeado por Redondo mucho mejor que cuando los de Iglesias azuzaron a la masa contra la investidura de Rajoy en los alrededores del Congreso. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se desgañitó diciendo que era un Gobierno ilegítimo. Ahora le molesta que se lo digan a él. Ni entonces, ni ahora se sostiene una acusación tan frívola contra una votación de investidura.

No ha pasado tanto tiempo, era a comienzos de la década que ahora termina, Redondo ya fortificaba el poder conseguido en Extremadura construyendo un relato en torno a Monago

Iván Redondo siempre ha organizado la toma del control de la misma manera. Primero, vende su mercancía al cliente, al que por supuesto le da la razón y después, agarra el mando para que nadie le estropee el negocio. Cuando Redondo era la mano derecha de José Antonio Monago en Extremadura, los consejeros del gobierno regional no daban un paso sin consultarle. No se movía un papel en la Junta sin que él lo supiera. Era como Mas con Pujol, “conseller en cap”. Entre dientes nadie hablaba bien del hombre que controlaba el poder y, por lo tanto, al Presidente de la Junta. Monago y Redondo echaron del poder al todo poderoso PSOE extremeño gracias a un acuerdo con Izquierda Unida.

Redondo es capaz de todo. Nunca antes nadie había construido el relato de la dialéctica Extremadura-Madrid como él, a imagen y semejanza del nacionalismo identitario vasco y catalán que tanto ha despreciado a regiones como Extremadura. No ha pasado tanto tiempo, era a comienzos de la década que ahora termina, Redondo ya fortificaba el poder conseguido construyendo un relato. El discurso del agravio del PP extremeño frente al PP de Madrid fue un incordio más para el Gobierno de Rajoy, que bastante tenía con evitar la quiebra del Estado. A Monago le llamaban el “barón rojo” del PP. Otro invento de Redondo.

Sánchez ha entregado el poder a Redondo que, con vocación de empresa monopolística, le va a defender el perímetro, hasta que el cliente eche las raíces suficientes y los rivales estén fuera del mercado. Después, dicen los especialistas en su trayectoria, querrá dejarlo. Me da que no. Esta vez no es solo quejarse por las traviesas de madera de los trenes extremeños, sino de mucho más. Sánchez tiene un equipo corto y cerrado. Redondo lo ha estrechado todavía más.

Tras su defenestración en octubre de 2016, Sánchez casi no se fía. El PSOE ha sido desarticulado internamente para que nadie se mueva. Con el Gobierno de España ha hecho lo mismo porque nada se va a hacer sin que su valido Redondo se lo de por hecho. Sánchez no es un inútil político como Carlos IV y Redondo acapara las palancas del poder con más astucia que el presumido de Godoy. La estructura del Gobierno de coalición impide que los de Podemos se amotinen. La moqueta, el coche y la escolta son los nuevos componentes del “bálsamo de Fierabrás”. El asalto al poder judicial para contentar a los socios independentistas va a ser muy rápido. Lo van a perpetrar al comienzo de la legislatura para que cuando lleguen las elecciones duela menos y sobre todo el Tribunal Constitucional haya sido remodelado para dar vía libre a la soberanía catalana, y la vasca, entre las lineas de los nuevos estatutos de autonomía. Conde Pumpido ya está a la espera.

Mientras se negocia con un condenado por sedición, se le hace la pelota a un inhabilitado por desobediencia y se mira para otro lado con un prófugo, van a gastar más de lo que se debe, que Bruselas afloje la brida no parece difícil, para que la máquina del progreso funcione y ofrezca réditos. Inversión a cuatro años, es como le llaman al déficit público. Todavía queda algún ingenuo que cree que Sánchez y sus socios de la censura y luego de la investidura han venido para marcharse pronto.

Traicionar no es dialogar
Miquel Giménez. vozpopuli  17 Enero 2020

El mantra con el que los hipócritas redentoristas de la progresía nos machacan a diario a propósito de Cataluña es el diálogo. No se puede ser más embustero.

Según la RAE, se denomina diálogo a la plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos; incluso precisa que puede ser una discusión o trato en busca de avenencia. Pues si eso es cierto, y lo es, a fe de Dios, lo que proponen Sánchez y sus socios con Torra no es ni puede ser diálogo alguno, porque ahí no se producirá alternancia de ideas ni se busca avenencia alguna. Lo que los paniaguados rojos pálidos buscan es hacerse perdonar, entregar el estado con armas y bagajes, ceder en todo lo que les exijan los separatistas y dorar la píldora ante la opinión pública, tan embrutecida como estulta, para que tamaña bajada de pantalones pase por una gesta de corte similar a la de Guzmán el Bueno, arrojando su puñal al moro levantisco para que asesinara a su primogénito al no querer rendir la plaza en la que gobernaba el noble castellano.

Ni Sánchez ni Iceta tienen la altura moral de Don Alfonso Pérez de Guzmán, por cierto, fundador de la nobilísima casa de Medina Sidonia. De esta gente solo puede esperarse la felonía de quien no tiene el menor escrúpulo en entregar lo que las urnas les han encargado custodiar. Y ese bien preciado que está siendo objeto de cambalache de ropavejero se llama España. No lo digo con la vacua grandilocuencia del patriotero inflamado, que no siento el menor afecto por ellos, ni desde la nostalgia por tiempos pasados imposibles de conjugar como pretéritos perfectos.

Lo digo a fuer de persona que cree en la libertad y, por tanto, en la igualdad, puesto que no hay una sin la otra. Sánchez está regalando a nacionalistas vascos y catalanes todo lo regalable, fracturando de manera gravísima la imprescindible situación de iguales entre todas las personas que vivimos en este país. Sánchez crea varios escalones insalvables, consagrando ciudadanos de primera, de segunda y aun de tercera o cuarta. Sánchez está condenando a los que no compartimos esas religiones fascistas y temibles que reclaman el derecho de ser mejor por haber nacido aquí o allá y a tener por eso privilegios únicos a vivir encadenados, menospreciados, insultados y amenazados por los sátrapas que lo sustentan en su silla inestable de líder de la nada.

Cosas frágiles
Sánchez se permite jugar con cosas frágiles por lo que de costosas son y por lo que costó conseguirlas, y hace malabares con ellas sin preocuparle un ardite que puedan hacerse pedazos al estrellarse contra la realidad de una época en la cual el divide y vencerás es la mejor arma de la que disponen los enemigos de la democracia, el pensamiento libre y el humanismo más noble y digno. Sánchez insiste en que eso es el diálogo y que no hay otro camino para no decir que lo que está perpetrando es una traición de lesa patria de primerísimo orden. No, presidente, dialogar no es traicionar, de la misma forma que negociar no es presentarse con los brazos en alto rindiéndote antes de luchar a cambio de permitir que haga lo que se le antoje al contrario con tu familia y hacienda. Usted ni sabe dialogar ni puede hacerlo, prisionero como es de los lazos del separatismo. Usted hablará con Torra o con quien sea, pero jamás podrá dialogar porque, sencillamente, esta gente no tiene el menor interés en otra cosa que no sea que les den la razón y poder seguir haciendo lo mismo que hizo Pujol durante cuatro décadas, pero ahora con una mejor y renovada patente de corso.

Usted cederá, entregará, traicionará, pero no diga que dialoga porque es la mentira más enorme y vil de todas las que usted suelta a diario, que no son pocas. Y repito lo de traición a fuer de doble. Por un lado, la que perpetra contra su patria porque, mal que le pese, usted nació, vive y morirá español. La segunda es la traición hacia sus votantes, que le apoyaron pensando que cumpliría sus promesas de no pactar con separatistas, de aplicar el 155 si era preciso y de mantener firmeza democrática contra los golpistas estelados sin saber ellos, cándidos de toda candidez, que sus promesas no tienen más valor que un euro de corcho.

Se lo repito, traicionar no es dialogar. Acuérdese cuando la historia le pase factura a usted, al socialismo y a todos nosotros. Los unos por acción, los otros por omisión y los más, por desesperanza.

Blanco o negro no importa, el problema es ser idiota

OKDIARIO 17 Enero 2020

La política española, de la mano del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, está alcanzando niveles surrealistas. La primera directora general de Diversidad Racial del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, Alba González, renunció a su puesto por no ser negra. A este paso, la Dirección General para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, encargada de la política exterior sobre el África subsahariana, habrá de ser dirigida por alguien de color. Si a la renuncia de Alba González por ser blanca (¿no sabía Irene Montero cuando la nombró de qué color tenía la piel su directora general?) se une la decisión de su sucesora, Rita Bosaho, negra de Guinea Ecuatorial, de impedir que las personas se disfracen de negros (no concreta si podrán hacerlo quienes tengan la faz de ese color), el resultado es que hemos entrado en una fase de delirio político sin precedentes.

El populismo de ultraizquierda es así: un absurdo juego de las apariencias en el que una mujer o un hombre blanco no pueden ser directoras o directores de la Dirección General de Diversidad Racial, porque el requisito esencial es que ella o él tengan que ser negros, aunque sean africanos blancos, de Zimbabue o Suráfrica, por ejemplo. ¿En qué cabeza cabe establecer criterios de selección de altos cargos por el color de su piel? ¿Qué concepción de la política y del servicio público tiene la ministra de Igualdad, Irene Montero, para seleccionar a su gente de confianza según sean blancos o negros?

Lo de Rita Bosaho, negra de Guinea Ecuatorial, partidaria de prohibir que las personas se disfracen de negros, es una ocurrencia tan disparatada como lo sería impedir que se vistieran de blancos. Si este es el rumbo de la política española habrá que convenir que los criterios de profesionalidad y eficacia por los que debería regirse la función pública serán aplastados en breve por la idiocia ideológica de una izquierda radical que presagia un futuro más negro que la piel de Rita Bosaho.


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El progresismo de la berza
Amando de Miguel Libertad Digital 17 Enero 2020

Los plumíferos progresistas, que son legión, sacan mucho partido a este cómodo estribillo: "La derecha no tolera que gobierne la izquierda". Naturalmente, tal genial enunciado se completa con este corolario: "La izquierda sí tolera que gobierne la derecha". Ambas declaraciones son falsas, pero, repetidas, adquieren notables grados de verosimilitud. Además, el hecho de mantenerlas da buenos réditos en forma de probabilidades de acceso al poder, a modo de cargos y de otras posiciones bien remuneradas. Las cuales suelen ser reproductivas: cada una de ellas constituye un mérito para otras que han de venir.

Hay que completar el argumento. En efecto, en la España actual las derechas se sienten profundamente incómodas cuando el progresismo se instala en el poder. La incomodidad se precipita por tres series de hechos:

1. Un Gobierno progresista como el actual se compone de sujetos profesionalmente incompetentes; salvo excepciones, claro. La prueba fehaciente es que el presidente del Gobierno, el eminente doctor Sánchez, no ha sido capaz de defender su tesis doctoral como una investigación propia. De ella no ha salido ninguna publicación mínimamente interesante, como suele suceder en la generalidad de los casos. Nadie recuerda que el doctor Sánchez haya enunciado una sola idea influyente en materia económica. No extrañará que, del doctor Sánchez para abajo, sus adláteres se muestren como mediocres farautes. Tengo que recurrir a un argentinismo para calibrar estos especímenes: son unos chantapufis, esto es, una mezcla de protervos, indocumentados y cursis.

2. Lo anterior no sería tan grave si consideramos que el círculo culto en la España actual tampoco es que se acerque precisamente a la categoría de la escuela de Atenas, según el famoso cuadro de Rafael. Sin embargo, a los gobernantes y sus acólitos habrá que exigirles un cierto grado de excelencia.

3. Lo verdaderamente preocupante es que la horda progresista en el poder va a significar, con toda probabilidad, la liquidación de España. Eso es lo que debería destapar el máximo nivel de intolerancia por parte de la población sana. En ese caso la intolerancia puede llegar a ser una excelsa virtud cívica. Como explicó en el podio del Congreso de los Diputados la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, un grupo en el que se apoya el Gobierno: "La gobernabilidad de España me importa un comino". Hay que entender que lo del "comino" es un conocido ñoñismo para sustituir una palabra más rotunda. Es decir, a los diputados de Esquerra realmente España les importa un carajo (la palabra está en el diccionario), sin perjuicio de seguir cobrando del Estado. Lo grave es que han sido una de las claves para entronizar al nuevo Gobierno y, por tanto, contribuir a la dichosa gobernabilidad.

Después de considerar esa triada de hechos, se puede empezar a comprender la intolerancia hacia el nuevo Gobierno que manifiestan muchos españoles de la derecha, que son aproximadamente la mitad de la población.

Nadie discute la legalidad del nuevo Gobierno. Otra cosa es la legitimidad, que es una cuestión de grado, pues se apoya en el sentimiento de la opinión pública, bien es verdad que variable. La prueba es que el nuevo Gobierno, después de un año de intentarlo, al final solo salió por dos votos de diferencia en el Congreso de los Diputados, y eso que fue apoyado por una docena de partidos. Lo contrario de legítimo es espurio (aunque algunos dicen "espúreo"), esto es, inauténtico para una gran parte de la población. Precisamente, gobernar consiste en ir ganando trozos de legitimidad.

Cabe discutir la premisa de que el actual Gobierno va a traer consigo la destrucción de España. Sería un enunciado disforme si solo fuera una acción del PSOE. Pero su programa se tiñe más de las querencias de Unidas Podemos, festoneadas, además, con las utopías secesionistas de los vascos y catalanes levantiscos. Si todo eso no equivale a la liquidación de España, que venga Dios y lo vea.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

La politización inunda de hedor el CGPJ
OKDIARIO 17 Enero 2020

Por 12 votos a favor y 7 en contra, el Consejo General del Poder Judicial ha avalado el nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, lo que evidencia una fractura sin precedentes en el órgano de los jueces, politizado hasta la náusea. Que hasta siete vocales del CGPJ hayan mostrado su oposición a la designación de la ex ministra de Justicia pone de manifiesto hasta qué punto el sectarismo del presidente del Gobierno ha triturado, como hizo con anterioridad con la Abogacía del Estado y la Junta Electoral Central, instituciones clave en el Estado de Derecho.

A nadie se le oculta que la estrategia del jefe del Ejecutivo de desjudicializar el procés lo que esconde es su intención de derribar los diques de contención del marco constitucional para poder pagar a lo sediciosos catalanes el precio de su apoyo a la investidura. Partido en dos mitades el órgano de los jueces, triturada la imagen de la Abogacía del Estado, desacreditada por los ataques del socialismo la Junta Electoral, acosado el Tribunal Supremo por los reproches del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, los órganos judiciales clave en la separación de poderes están siendo demolidos por el Gobierno socialcomunista.

Estamos ante un choque de trenes de una gravedad sin precedentes, porque nunca en la historia democrática un Gobierno se afanó tanto en amordazar a la Justicia, hasta el punto de que el órgano de los jueces ha registrado una división reveladora de una fractura que es consecuencia de la estrategia de acoso promovida por Sánchez para diluir las instituciones del Estado y contentar a los golpistas que le han mantenido en La Moncloa.

La democracia española se está resintiendo del acoso político del que está siendo víctima la Justicia, pilar fundamental del Estado de Derecho y objetivo a batir por el siniestro plan de ruptura institucional alentado por Pedro Sánchez en connivencia con la izquierda radical y el independentismo.

En estas circunstancias, cuando la democracia se ve seriamente amenazada por la alianza tejida entre el socialismo, el populismo y el independentismo, se hace más necesario que nunca defender el Estado de Derecho y reivindicar la independencia de los órganos judiciales que son garantía de la unidad nacional.

Cómo evitar que el secesionismo nos liquide
Sergio Fidalgo okdiario 17 Enero 2020

Las cosas en Cataluña están cambiando. Aparentemente para bien, pero un plan más siniestro se está urdiendo, y lo hemos de tener claro. Poco a poco, la tensión de los lazos amarillos y la ocupación del espacio y los edificios públicos va remitiendo, al menos en las áreas más pobladas, la Cataluña ‘tabarnesa’ que resiste heroicamente al supremacismo nacionalista y se niega a aceptar sus postulados y sus mantras.

Los secesionistas se pelean entre ellos de manera descarnada por la hegemonía, y parece que eso va en beneficio de la Cataluña no nacionalista. Pero no, porque la alta tensión irá disminuyendo, pero para volver a la gota malaya que hemos sufrido en los últimos cuarenta años. No será como en la etapa de Jordi Pujol, un chirimiri que te cala sin que te des cuenta, la gota será más gruesa, no llegará al chorreo de insultos, ofensas y ataques a las libertades que hemos sufrido en los últimos cinco años, pero al final, si no lo paramos, el resultado será el mismo, aunque a más largo plazo.

Su objetivo es que media Cataluña, la que se siente española, quede anulada y millones de ciudadanos libres de nacionalismo seamos poco menos que siervos de la casta secesionista que aspira a seguir saqueando los presupuestos públicos de la Generalitat, y del resto de España si nadie lo impide. Van a aprender de los errores que han cometido en los últimos años y al final conseguirán su objetivo.

Seguirán regando con dinero público a los catedráticos que hagan los estudios que defiendan las tesis ‘adecuadas’ y al resto los ahogarán económicamente. Seguirán fortaleciendo el tejido social que controlan e ignorando al rebelde. Seguirán gastando millones para vender que el castellano es una lengua ajena a Cataluña, y que solo se ha de utilizar el catalán, la auténtica “lengua franca” y “lengua propia” de lo que ellos llaman “su país”. O, mejor dicho, “països”, porque Valencia y Baleares, y parte de Aragón, ya van por el mismo camino. Masacrarán a expedientes a los funcionarios discrepantes, como le pasó al jefe de servicio de la prisión de Lledoners que se negó a dar un trato de favor a los líderes secesionistas.

Se está preparando el terreno para un nuevo tripartito ‘de facto’. Seguramente el PSC no entrará en el Govern, dado que han pasado demasiadas cosas en Cataluña para que una decisión así se tomara sin un grave coste en el futuro para los socialistas, pero un apoyo externo a un pacto ERC-‘comunes’ es más que probable. Y los de Junqueras no paran de hacer gestos para facilitar las cosas a los de Iceta.

Lo ideal para que el PSC no gobierne con el secesionismo, y repita los errores que se cometió durante los tripartitos de Maragall y Montilla, sería que Ciudadanos volviera a sus orígenes, cuando era una formación de centro-izquierda que competía con los socialistas captando el voto de izquierdas no nacionalista. Vamos, lo que representaba Jordi Cañas, y que le valió para crecer electoralmente en ‘Tabarnia’ a costa de los socialistas. Con la reinvención del partido que se ha de producir tras la dimisión de Albert Rivera, tienen la oportunidad de seguir este camino.

Es imprescindible fortalecer el tejido social no nacionalista. La tendencia de las entidades constitucionalistas a la división, la disputa interna y a la competencia de unas contra otras ha evitado crear un frente común eficaz, una red influyente y con fuerza. Cada uno hace la guerra por su cuenta, y no hay un plan consensuado para recuperar la presencia de España en Cataluña. Pero no basta con que se pongan de acuerdo para elaborar un “plan”, ya que este necesita recursos, y que se mojen las administraciones. Los ayuntamientos, comunidades autónomas y otro tipo de organismos que estén regidas por políticos que crean que vivimos una emergencia nacional han de hacer algo más que declaraciones contra Quim Torra o Gabriel Rufián y buscar las vías legales para poder apoyar. Si los separatistas catalanes se han hinchado de gastar dinero público en Valencia, Baleares y hasta en Francia (lo que ellos llaman ‘Cataluña Norte’), también lo pueden hacer los partidos que quieren defender la unidad del país. Si quieren asesoramiento, que me llamen y les explico, pero que de una vez por todas hagan algo.

Tercero, que el resto de españoles se impliquen de verdad en la lucha contra el separatismo. Está muy bien poner una rojigualda en el balcón como protesta contra el golpe de Estado secesionista, pero no basta. Hagan donaciones a las entidades y colectivos constitucionalistas en los que confíen. Apoyen a medios de comunicación como OKDIARIO que ha demostrado su compromiso en la defensa de la unidad nacional. Sean activistas en redes sociales difundiendo las opiniones y las acciones de aquellos que están dando la cara en Cataluña para defender a nuestro país.

Si nos ponemos a ello, ganaremos seguro y evitaremos que el separatismo liquide a nuestro país. Pero si les dejamos campo libre, la victoria será suya. De nosotros depende.

Los ‘indepes’ visitan la ciudad
María Claver okdiario 17 Enero 2020

La preocupación por la internacionalización del procés ha sido una constante para las instituciones del Estado, esto es el diseño y puesta en marcha de una estructura exterior destinada, no a la promoción cultural o comercial de Cataluña, sino a la promoción de un proceso de ruptura nacional. Esta semana he tenido ocasión de viajar a Estrasburgo para asistir in situ a la presentación oficial de Carles Puigdemont y Toni Comín ante el Parlamento europeo. Debo reconocer que mis preocupaciones pueden ser exageradas. En realidad creo que la presencia de los fugados en la Eurocámara resulta beneficiosa para los intereses de España a juzgar por el nivel de hastío y desinterés que, en tiempo récord, ha suscitado entre los europarlamentarios la matraca independentista. No es descartable que de alargarse mucho la resolución del suplicatorio, como le ocurre al personaje de Christo en la película La playa, sean desalojados (con su escaño incorporado) por los propios funcionarios europeos y abandonados a su suerte en los pasillos de la institución hartos de su microscópica cosmovisión, verborrea y quejidos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció, en una sentencia polémica que ha supuesto en giro jurisprudencial de 180 grados, el derecho de Oriol Junqueras a tomar posesión de su escaño. Un reconocimiento neutralizado por el Tribunal Supremo español tras informar a la justicia europea de que Junqueras no goza de inmunidad alguna al estar sentenciado en firme y condenado a 13 años de prisión. No obstante, la decisión garantista de los magistrados de la Unión ha posibilitado la entrada al Parlamento por la puerta de atrás de los fugados Puigdemont y Comín. Durante un tiempo, que fuentes bien informadas estiman entre cinco y seis meses hasta que se resuelva el suplicatorio planteado por el Alto Tribunal español, disfrutarán de un estatus parlamentario que es un dislate democrático.

El desembarco de la delegación independentista no defraudó. El abultado sequito compuesto por familiares, simpatizantes, miembros del gobierno catalán y prensa muy amiga, pretendía lograr despertar la atención de los adormilados burócratas europeos. Victimas de su provincianismo ignoran que la bradicardia institucional es una de las claves que explica la propia supervivencia del proyecto. Europa es genéticamente no impresionable, la quietud preside su código deontológico. La única perturbación en la “Fuerza” ha sido el Bréxit y, por eso, que Nigel Farage haya defendido a los fugados calificando a los independentistas de “euroescépticos” es un resbalón de proporciones importantes. Hemos pasado de la internacionalización del procés a la internacionalización etílica del procés.

Apocalípticos y progresistas
Antonio Robles Libertad Digital 17 Enero 2020

Desde la investidura de Sánchez, 'El grito' de Munch preside cada decisión del nuevo Gobierno.

Desde la investidura de Sánchez, El grito de Munch preside cada decisión del nuevo Gobierno. Aturdidos por esa falta de escrúpulos, puede que no reparemos en la carga de profundidad contra el modelo democrático que tanto ha costado consolidar. Jorge Bustos ha rastreado el blog de su gurú, Iván Redondo, y desvela la pestilencia del personaje: aboga por los "bloques", por la "polarización", por las emociones. "Tener razón no da votos", sostiene. ¿Para qué se llenan la boca de educación pública para todos, si después la desprecian?

Las secuelas de esa voladura de la pedagogía democrática dejan a la intemperie la compleja diversidad ideológica, reduciéndola a un maniqueísmo insultante de apocalípticos y progresistas. No es sólo que tal maniqueísmo sea radicalmente falso, es que es el fruto consciente de una estrategia diseñada en los despachos para satanizar cualquier signo de oposición. Lo más parecido al totalitarismo. Totalitarismo intelectual y mediático, pero, al fin y al cabo, voluntad de reducir el arco parlamentario opositor a símbolo intransigente, reaccionario, enemigo del progreso. Apocalípticos. Lo más parecido al miedo supersticioso del integrismo religioso. Si levantara la cabeza Umberto Eco…

Esa falta de escrúpulos, esa negación de la razón ilustrada, ese crimen contra la tolerancia como base filosófica de la democracia lo contaminará todo, y será, a medio-largo plazo, letal para la convivencia. Y lo más obsceno es que se hace en nombre del progresismo. Tomar la competencia ideológica como lastre define a Lastra. El respeto al diferente es un a priori trascendental de toda posibilidad democrática. Perder ese axioma es convertir el espacio del poder en un Estado mafioso.

En todo este embrollo, la calificación de progresista que se atribuyen los nuevos inquisidores choca con sus comportamientos. Sin hacer una hermenéutica histórica, atribuimos hoy al término progresista la defensa de la igualdad social, el crecimiento moral, la garantía de la sanidad y la educación públicas, una mayor sensibilidad contra toda barrera clasista debida a la raza, la nacionalidad, el género o cualquier otra condición. Incluida una mayor tolerancia por la diversidad cultural, y el respeto al medio ambiente.

La confianza en la ciencia y la producción económica exponencial como interpretación ilustrada de la Historia está en crisis en el nuevo progresismo. La sostenibilidad y un cierto dogmatismo ecológico basado en la ciencia, pero a menudo impuesto religiosamente en su nombre, deja dudas entre el progresismo liberal y el dogmatismo de izquierdas. Por eso, un simple cuestionamiento de su hegemonía moral nos sume en múltiples contradicciones. Pongamos algún ejemplo basado en tales parámetros:

– ¿Qué es más progresista, engañar al electorado o comprometerse con la palabra dada a la ciudadanía?

– ¿Qué es más progresista, defender ficciones y derechos históricos para imponer identidades contrarias a la diversidad real de las sociedades o respetar universales de convivencia, como la ciudadanía cívica?

– ¿Qué es más progresista, reducir la realidad a un eslogan (apocalípticos y progresistas) o facilitar a la ciudadanía la complejidad de la realidad con argumentos racionales y pruebas empíricas?

– Congreso de los Diputados. Investidura. Oskar Matute, de Bildu: "Ni nos vencieron ni nos domesticaron". Como si no fuera con Sánchez. ¿Quién es más progresista, quien denuncia a los herederos de ETA o quien erige la investidura sobre sus votos? ¿Quién es el fascista, quien impone a tiros su visión del mundo o quien denuncia los 857 asesinados por ETA, y a sus herederos por negarse a denunciar tales crímenes?

¿Quién es el progresista, quien pacta Gobierno con la derecha más reaccionaria del País Vasco (PNV) y los presos de ERC que quieren desguazar la igualdad de todos los españoles o quienes se oponen?

"Hay que desjudicializar la política", dicen los nacionalistas y asume Pedro Sánchez. ¿Quién es el progresista, quien pretende poner al servicio del egoísmo territorial y la impunidad judicial el destino de España, o quienes defiende la separación de poderes y el cumplimiento de la Ley?

¿Quién es más progresista, la ministra de igualdad, Irene Montero, en cuyo equipo no hay un solo hombre, o quienes consideran la igualdad un principio democrático y no un dogma ideológico de género?

PS. ¿En qué basura de sociedad vivimos? Sapere aude.

Fractura en el CGPJ al confirmar a Delgado en la Fiscalía General
Pablo Sebastián republica 17 Enero 2020

Continúan los destrozos en el ámbito judicial español. El último episodio ha ocurrido en el Consejo General del Poder Judicial, donde ayer se confirmó a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado con 12 votos a favor y 7 en contra. Lo que confirma la fractura en el CGPJ y deja muy tocada a la Fiscal General por su clara connivencia con el Gobierno de Pedro Sánchez donde hasta hace poco fue Ministra de Justicia.

La propuesta y el nombramiento de la Fiscal Delgado tiene como objetivos desactivar la actuación de la Justicia en Cataluña para favorecer así a los partidos separatistas. Y sobre todo facilitar los indultos que Pedro Sánchez pretende conceder a los golpistas condenados en el Tribunal Supremo para que Oriol Junqueras pueda ser candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas de los próximos meses.

Indultos que sin duda forman parte del capítulo secreto del pacto del PSOE con ERC que facilitó la abstención de ERC durante la investidura de Pedro Sánchez.

Unos indultos que podrían producirse en las próximas semanas si Torra, una vez confirmada su inhabilitación por el Tribunal Supremo, decide adelantar los comicios catalanes al próximo mes de marzo.

Precisamente para que ese adelanto no se produzca -y que podría forzar Carles Puigdemont desde Bruselas si pierde la inmunidad en el Parlamento Europeo- el presidente Sánchez tiene previsto reunirse con el inhabilitado Torra en los próximos días. Porque Sánchez necesita tiempo para preparar los indultos y la opinión pública española y pedirá a Torra que no adelante las elecciones catalanas.

Asimismo, se espera que la Fiscal Delgado dé instrucciones a los fiscales catalanes para desactivar los procesos en marcha en los tribunales sobre las secuelas del golpe catalán de 2017. Y otros actos de desobediencia tanto al Tribunal Constitucional como a la jurisdicción ordinaria, como los relativos a la negativa del Presidente del Parlament Torrent y de la mayoría de la Mesa de la Cámara sobre la inhabilitación de Torra y, en consecuencia, la pérdida de la Presidencia de la Generalitat.

La confirmación de Delgado como Fiscal General del Estado confirma la deriva del deterioro democrático e institucional español en este temerario y audaz cambio de Régimen que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están a punto de poner en marcha tras el pacto de Gobierno que nació de las pasadas elecciones del 10 de noviembre.

Un vuelco en la situación general del país que incluye, como un objetivo prioritario, el control de la Justicia por parte del Gobierno de Sánchez. Lo que no les va a resultar fácil porque vistas las primeras maniobras de Sánchez PP y Cs no van a permitir, y con razón, la renovación del CGPJ ni del Tribunal Constitucional. Lo que garantiza una dura batalla política y judicial.

Un gobierno con todo por demostrar, salvo su intemperante autosuficiencia
El canibalismo del nuevo ejecutivo se come a Montesquieu y a sus tres poderes
Miguel Massanet diariosigloxxi 17 Enero 2020

Ya tenemos al nuevo Gobierno de España. Una mezcla explosiva de distintas tendencias, a cual más peligrosa, con la evidente pretensión de acaparar todas las instituciones del país, para que ninguna de ellas pudiera llegar a constituir un obstáculo para su proyecto de imponer a los españoles una sola idea, una sola concepción política y un solo sistema de gobierno que, naturalmente, no tendría semejanza alguna con la democracia de la que hemos venido disfrutando hasta ahora. Sin duda va a ser una labor ardua, comprometida, no carente de dificultades y que, evidentemente, va tener como objetivo eliminar a las derechas; hacerse con los mandos del Ejército; invadir las competencias de la Justicia; apartar y ningunear a la Guardia Civil; someter a la Policía Nacional y a sus mandos; reducir a la Iglesia católica, obligándola a pagar impuestos e interviniendo en aquellos aspectos como la educación, el sostenimiento de los bienes inmuebles, propiedades del clero para provocar su asfixia económica vía IBI y por el método de la desamortización eclesiástica, un sistema utilizado en numerosas ocasiones de nuestra Historia, como fue la de Godoy y las distintas desamortizaciones liberales del siglo XIX,( recordemos la de Mendizábal en 1836) por la vía de las inmatriculaciones ( algo que supone la liquidación de los impuestos que pudieran haberse devengado anteriormente). Una vez alcanzada, con éxito, esta primera parte o quizá al mismo tiempo, pasar a la segunda fase que tendrá por objetivo satisfacer las ambiciones separatistas de Cataluña y del País Vasco y, en este último caso, con la anexión de Navarra, una ambición largamente mantenida por los etarras vascos.

No se sabe hasta qué punto han llegado los acuerdos secretos de los negociadores del Gobierno con los de ERC, pero presumimos que las concesiones que se les han hecho, a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, a la vista de los movimientos que se advierten en favor de que los socialistas pudieran votar en contra a la concesión del suplicatoria que el TS ha presentado ante el Parlamento Europeo, para que retire la impunidad a Puigdemont y Comin, los dos nuevos miembros de la cámara; estamos seguros de que sobrepasaría, con creces, lo que permite nuestra actual Constitución, una de las leyes que, por supuesto, intentarían cambiar o sustituir, para adaptarla a las doctrinas socio-comunistas del nuevo Gobierno, que la vigente Constitución de 1978 no contempla, ni aceptaría en forma alguna.

Lo que si resulta llamativo es el papel importante que se le ha concedido al que, en realidad, viene moviendo los hilos del backstage de la cúpula directiva del PSOE, el señor Iván Redondo, este supuesto “cerebro” que, por lo visto, ya ha superado los efectos de la pérdida de los 700.000 votos que perdieron los socialistas en los últimos comicios y que, con sus intrigas, sus manipulaciones y sus acuerdos desconocidos con los señores de Junqueras, parece haber conseguido situarse al frente de la nueva Lubianka del PSOE, como asesor directo del señor Sánchez y experto en esta concienzuda tarea de conducir a España al mismo lugar, o peor, en que la dejó su maestro, el señor Rodríguez Zapatero, con la ayuda inestimable del presidente del CIS señor Tezano y, cómo no, con la TV1 de la señora Rosa Mateo, otra que tal.

Hete aquí, señores, cómo ya se están cumpliendo las previsiones, nada difíciles de hacer, con una de las primeras imposiciones de quienes gobiernan que ya han conseguido que el CGPJ con el señor Lesmes a la cabeza, haya claudicado aceptando como fiscal General del Estado a Dolores Delgado, una de las personas más fanáticas, sectarias, feminista radical e inadecuada que se pudiera escoger para un cargo en el que la principal cualidad para desempeñarlo debería ser la imparcialidad y la honestidad. Lo peor es la evidencia de que el apego por los cargos y el miedo a enfrentarse al todopoderoso gobierno de las izquierdas, ha podido con cualquier otra consideración de las que, con anterioridad a esta reunión del consejo de jueces y fiscales, habían mantenido con evidente descontento la mayoría de ellos. Desaparecida la abogacía del Estado convertida en la “voz de su amo” y con la fiscalía dirigida por una exministra beligerante del partido socialista, sólo queda, aislado, cercado, acorralado por todos los frentes, el TS y, no sabemos durante cuánto tiempo el TC. Hay cambios pendientes que pueden favorecer aún más al Gobierno y tenemos pendientes los suplicatorios que deberían acabar con la inmunidad de los señores Puigdemont y Comín. Sabemos que los suplicatorios han sido aceptados por el Parlamento Europeo y que han pasado a estudio de la Comisión de Asuntos Jurídicos para su estudio y preceptivo dictamen. Uno de estos periodistas colaboradores de la tertulia de Carlos Herrera en la COPE, el señor Sostres, una persona que se había mostrado como de derechas y, no obstante, parece que ya no lo es tanto, como si de pronto se sintiera inclinado hacia lo que sus paisanos están maquinando y parece dar la impresión de disculpar o tolerar mejor lo que están haciendo los de su tierra, Cataluña; hoy aseguraba tener información fidedigna de que, los socialistas españoles y no se sabe si sus colegas europeos, iban a votar en contra de que se les retirase la inmunidad a los dos prófugos de la Justicia española, asilados en Bélgica.

Todo puede suceder y no somos nosotros quienes podamos afirmar lo contrario. Sin embargo, el hecho de que no sean los miembros de la cámara los que deban calificar la procedencia o improcedencia de conceder o no el suplicatorio del tribunal español, sino una comisión, ad hoc, de asuntos jurídicos de la propia Cámara, nos tranquiliza porque sabemos que nuestro Tribunal Supremo tiene la preparación, la solvencia y la capacidad de argumentar, con todos los pronunciamientos jurídicos adecuados, los suplicatorios que han enviado a Europa. Quizá, aún con la consigna de votar en contra y teniendo en cuenta que la votación se deberá hacer a brazo alzado, el querer organizar un pucherazo puede resultar algo muy difícil de hacer si, el informe jurídico de los expertos aconsejase lo contrario, es decir, el retirarles la inmunidad de que disponían los fugados para evitar su traslados a España.

Una muestra de lo que nos espera ha sido la metida de pata, hasta el corvejón, del nuevo vicepresidente del gobierno, el desconocido Pablo Iglesias, convertido en un manso borreguito al servicio y peloteo de su inmediato superior, el señor Pedro Sánchez. Acostumbrado a pronunciar arengas explosivas, convencido de que cuando más burda, desproporcionada, hiriente y humillante sea una crítica contra el enemigo político (para él todo aquel que se le enfrente se convierte en enemigo, no en adversario), olvidándose de que ya forma parte de un Gobierno que, al menos en apariencia, debe ser democrático; no dudó en explayarse poniendo de vuelta y media a la Justicia española, por lo visto porque los jueces y magistrados no le consultan previamente cuales deben sus veredictos. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, los jueces tuvieron que poner en su sitio al Gobierno, recordándole que no está bien que una institución ponga de vuelta y media a otra. Un síntoma y un aviso de lo que nos queda por delante, agravado por el hecho insólito de que el Gobierno en pleno se haya levantado en apoyo del incontrolado Iglesias, dejando a los jueces desamparados ante la desfachatez de los comunistas que, como es sabido, no se preocupan ni poco ni mucho de respetar las instituciones cuando creen que constituyen un obstáculo para sus fines revolucionarios. Y una pregunta retórica: ¿Qué hace, en medio de semejante banda de impresentables, un señor como el astronauta Pedro Duque? Empezamos a pensar que nos equivocamos cuando juzgamos que era una persona a la que habían engañado para que aceptara el puesto de ministro pero, en esta segunda ocasión, es evidente que no ha existido engaño alguno y que, como el resto, ha aceptado ascender al poder mediante una serie de trucos y de cesiones a los separatistas que deslegitiman a todos aquellos que, por activa o pasiva, han colaborado en semejante chapuza. Lo sentimos por él pero todo el respeto y consideración que se había ganado por sus hazañas estelares lo acaba de dilapidar cuando su regreso a España no ha sido más que para contribuir a dividir a los españoles y condenar a España a un gobierno que, evidentemente, no es el que mejor le conviene para salir adelante.

O, así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, los españoles han sido capaces de elegir la peor opción que se podía dar para sacar a España del mismo agujero del que ya se estaba librando con apoyo del PP, cuando el señor Sánchez acabó con el gobierno de Rajoy gracias a una moción de censura que no tenía otro objeto que derribar a Mariano, para que Sánchez alcanzase el poder. Ahora ya se empiezan a producir los primeros efectos de incorporar a un gobierno democrático una serie de elementos partidarios de ir en contra de la Constitución, de la anarquía, de la supresión de la religión católica y de apoyar al separatismo de vascos y catalanes. El resultado: no tardaremos mucho en poder ver hacia dónde nos llevan estos nuevos navegantes que, al parecer, carecen de brújula y de timón; fiándose en su capacidad de mentir para convencer al pueblo español de que todo lo que harán es por su bien. Tarea ardua para aquellos que deberán dar cuenta del por qué no han podido cumplir sus promesas y deban dar explicaciones a quienes hayan decepcionado. “Y las banderas, cantan victoria, al paso de la paz”

Pedro Sánchez, cuatro años después (II)
Juan Francisco Martín Seco republica 17 Enero 2020

En el artículo de la semana pasada mantenía (con algunos ejemplos como el de la judicialización de la política) que una de las peores consecuencias de los pactos que Sánchez ha firmado con los secesionistas de todos los pelajes radica en haber accedido a utilizar su propio lenguaje, lenguaje que tiene muy poco de inocente. Detrás de él hay todo un discurso y una concepción política claramente contraria a la Constitución, y me atrevo a decir que también al Estado de derecho. El nacionalismo ha desplegado una gran habilidad para utilizar palabras con un doble sentido que, si aparentemente parecen inocuas, no lo son. Cuando el Gobierno de la nación usa el lenguaje de los golpistas -incluso de los defensores de los terroristas-, los está blanqueando, legitimando, incluso internacionalmente. Termina siendo presa, además, de la ambigüedad de su discurso y sus planteamientos.

Sánchez habla ya sin ningún pudor de conflicto político. Expresión que los independentistas catalanes han copiado de ETA, y que tiene unas connotaciones difícilmente aceptables. El mismo Sánchez hace solo algunos meses negaba que se diese un conflicto político y, en su lugar, hablaba de un conflicto de convivencia entre catalanes; pero ya sabemos que Sánchez puede cambiar de discurso en veinticuatro horas. Lo que sí se puede sostener es que en Cataluña hay un problema (no conflicto) político. Pero, como acertadamente sostuvo Ortega en las Cortes españolas con motivo del debate del estatuto de autonomía de Cataluña, no todos los problemas tienen que tener solución, y eso parece que es lo que ocurre con el catalán, que solo se puede conllevar. Bien es verdad que, como el mismo Ortega defendía, la “conllevanza” no solo implica “que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles”. Y yo me atrevería a decir que unos catalanes tienen que conllevarse con los otros. Sería bueno que todos los que piensan que el problema nacionalista (problema eterno, lo llamaba Unamuno) puede solucionarse a base de concesiones, leyesen el memorable discurso de Ortega en aquella ocasión. Aun cuando fue pronunciado hace noventa años, sigue siendo perfectamente aplicable en la actualidad.

Para los sediciosos, la expresión conflicto político tiene varias derivaciones que Sánchez está asimilando una tras otra. La primera es que con ella se pretende indicar que no es un conflicto judicial, de lo que ya hablamos la semana pasada. La segunda es que lo plantean como un conflicto entre España y Cataluña. Pero ellos no son Cataluña; y, además, Cataluña, les guste o no, también forma parte de España. El único conflicto posible es de orden público. Una parte de Cataluña se subleva contra todo el Estado y, por lo tanto, también contra Cataluña, y pretende imponer por la fuerza y no mediante la ley sus pretensiones. La tercera derivada es que aprovechan para plantear todo en términos de bilateralidad.

Los catalanes -incluso muchos de los no nacionalistas- han reclamado siempre la bilateralidad, como una forma de especificidad, de salirse del común de confesores, del resto de las Autonomías. Invocan con frecuencia lo que llaman sus hechos diferenciales y algunos, como los del PSC, que si en teoría no son nacionalistas siempre han estado próximos, reclaman el federalismo asimétrico. Sánchez en el debate de investidura enumeró todos los estatutos de autonomía que recogían la bilateralidad. Constituye uno de los efectos negativos del nacionalismo, que todas las regiones quieren alcanzar sus mismos privilegios y así terminan copiando sus mismos defectos y desviaciones.

En cualquier caso, por mucho que los estatutos de autonomía recojan la bilateralidad, en ninguna Comunidad como en Cataluña se establece una mesa de diálogo, de tú a tú, de igual a igual, entre los dos gobiernos a los máximos niveles. Esta mesa se sitúa fuera de toda la estructura y organización del Estado y de la Comunidad Autónoma, suspendida en el aire, con la finalidad de que, como afirman los sediciosos, sus acuerdos no se puedan recurrir ante los tribunales (desjudicializar la política), por encontrarse en el limbo jurídico y administrativo. En ninguna Comunidad como en Cataluña se alterna el lugar de la reunión entre gobiernos (Madrid-Barcelona) para dejar constancia de forma muy expresiva de que la negociación se hace de igual a igual. Y con ninguna Comunidad Autónoma como con Cataluña se constituye una mesa de negociación en la que se pueden tratar todos los temas, aun los ilegales y los que vayan contra la Constitución.

En el acuerdo firmado por Pedro Sánchez se asume el lenguaje de los secesionistas al eludir la palabra Constitución, sustituyéndola por esa expresión tan ambigua de “los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Los sanchistas se defienden asegurando que en esa fórmula está contenido el reconocimiento a la Constitución, pero habrá que preguntar, entonces, la razón por la que no se la cita expresamente. La respuesta resulta sencilla y lo han manifestado los mismos secesionistas. Ellos interpretan la afirmación remitiéndose a un supuesto derecho internacional inexistente y por relación a unos etéreos derechos humanos con exégesis propia y singular, que se colocan frente a la Constitución y a la legislación española.

El acuerdo contempla también someter a referéndum en Cataluña (aun cuando lo llame consulta) el resultado de la mesa. El actual secretario de Organización del PSOE se refirió a esta anormalidad alegando que la población tiene que opinar para superar el conflicto enquistado y recomponer la Comunidad de Cataluña. No parece que haya nada parecido en nuestra Constitución y en nuestras normas jurídicas que estipule que la población de Cataluña, al margen de los ciudadanos del resto de España, tenga que opinar acerca de las conclusiones aprobadas en una mesa inexistente jurídica y administrativamente hablando.

Es cierto que los estatutos de autonomía se someten a votación de los ciudadanos de la respectiva Comunidad, pero la mesa bilateral que se propone no tiene nada que ver con las reformas estatutarias. Primero, porque no sigue el camino procedimental de ellas. Se deja al margen tanto al parlamento catalán, como a las cortes españolas. Segundo, porque los golpistas han afirmado una y otra vez que ya no están en clave autonómica y estatutaria. Tercero, después del chasco del anterior estatuto, no creo que quede mucho margen para modificaciones estatutarias, a no ser que se pretenda repetir la actuación de Zapatero y cambiar la Constitución por la puerta de atrás disfrazada de reforma del estatuto de autonomía.

El 8 de abril de 2014, el soberanismo trajo a las Cortes la petición, más bien exigencia, de que el Congreso delegase en el Parlament la competencia para convocar en Cataluña un referéndum no vinculante acerca de su autodeterminación. La propuesta fue rechazada con los votos del PP, del PSOE, de UPD, y de alguno del grupo mixto. En total, 299 frente a los 47 a favor, de los nacionalistas y de IU. El resultado contrasta con lo que hemos presenciado estos días de atrás en el Parlamento. La diferencia es que entonces Pérez Rubalcaba lideraba el grupo socialista, y hoy la Secretaría General del PSOE está ocupada por Pedro Sánchez. El requerimiento de los proponentes fue claro y muy expresivo de cómo iban a concebir el diálogo a partir de entonces: “Es un proceso sin retorno”. Es decir, la alternativa es sí o sí. Si no nos lo dan, nos lo tomaremos. Lo que no estaba previsto es que en esa tarea fuesen a tener la ayuda del presidente del Gobierno de España, y por supuesto del vicepresidente segundo.

Lo más impúdico de la posición adoptada por Sánchez es que todas sus concesiones no han tenido ni una sola contrapartida de parte de los golpistas. No han renunciado a la unilateralidad, o lo que es lo mismo, amenazan con repetir el golpe de Estado. No han cedido ni un ápice. Más bien, todo lo contrario. Se han crecido y piensan que todas las bazas están en su mano. Tanto Bildu como Esquerra en el debate de investidura han actuado con total chulería sin ocultar lo más mínimo sus planteamientos.

No se lo han puesto fácil a Sánchez. Daba vergüenza ajena. Él, tan prepotente habitualmente, se ha empequeñecido ante las intervenciones y exabruptos de los golpistas y batasunos. Ha tenido que escuchar de Montse Bassa que le importaba un comino la gobernabilidad de España. Tanto EH Bildu como Esquerra Republicana le han dejado claro quién manda. Mertxe Aizpurua se lo advirtió de forma bastante elocuente: “Sin nuestros votos y sin atender la demanda de nuestras naciones no habrá gobierno progresista”. Nadie le contestó que era su presencia la que impedía precisamente cualquier gobierno de corte progresista. A su vez, Rufián también le previno que sin mesa de diálogo no habrá legislatura.

Uno de los efectos más perniciosos del sometimiento de Sánchez a los golpistas es la repercusión muy negativa que va a tener en el exterior. Es difícil que los jueces y los políticos europeos se crean que en España se ha producido un golpe de Estado cuando el presidente del Gobierno funda en los golpistas su nuevo gobierno y plantea la necesidad de desjudicializar la política, como primera medid cambia de fiscal general para conseguirlo. No deja de resultar irónico que Borrell tras la moción de censura criticase al gobierno de Rajoy por no haber sabido contrarrestar el relato de los golpistas en el extranjero y prometía solemnemente que el nuevo gobierno sabría corregir esta omisión. Está claro que lo ha conseguido, ya no es una omisión, sino una postura activa. Pedro Sánchez se está convirtiendo en el portavoz del pensamiento independentista.

En el debate de investidura Sánchez centró toda su argumentación en dos ideas. La primera, agrupar a todos los que no le apoyan, en lo que llama mayoría de bloqueo. Es realmente irónico escuchar al señor del “no es no”, eslogan con el que ganó las primarias, atribuir a los demás lo que él llevaba haciendo desde el 2015, porque en realidad el bloqueo ha existido desde esa fecha y ha sido él quien de una u otra forma ha estado bloqueando el funcionamiento normal del sistema político hasta que se ha hecho con el gobierno.

La segunda ha consistido en repetir una y otra vez que este es el gobierno que han elegido los españoles, lo que es totalmente falso. En el sistema político español, los ciudadanos no eligen al gobierno ni a su presidente, sino a los diputados y son estos los que eligen al presidente del gobierno. A Pedro Sánchez, por lo tanto, quienes le han elegido son los golpistas de Esquerra, los postetarras de Bildu, los nacionalistas del PNV; algunos regionalistas que se han lanzado a imitar a los nacionalistas y que están dispuestos a vender su voto al mejor postor; Podemos, que hace tiempo que perdió el norte; y los propios diputados socialistas que habían hecho la campaña electoral con un discurso radicalmente diferente al que ahora se ven obligados a asumir.

Teniendo en cuenta esto último no es extraño que Inés Arrimadas se haya acordado de Sodoma y Gomorra y haya pedido no treinta justos como Abraham, sino uno solo que impidiese que el gobierno de España quedase rehén de los golpistas y de los defensores de ETA. La demanda de Arrimadas tenía su fundamento en el hecho de que en 2016 los órganos del partido socialista echaron a Sánchez de la Secretaría General ante la sospecha de que intentaba hacer lo que ahora por fin ha consumado. El requerimiento de Arrimadas, sin embargo, tenía desde el principio poco futuro considerando la purga a la que Sánchez ha sometido al grupo parlamentario socialista, precisamente en previsión de que cuando diese el salto al gobierno Frankenstein no hubiese nadie dispuesto a oponerse. Lo que sí parece cierto es que -quieran o no- quedarán marcados por haber colaborado en esa ignominia que tuvo ya su antecedente en la moción de censura.

Hay quienes en arranque de optimismo anuncian que este gobierno durará muy poco porque, según dicen, en seguida surgirán los enfrentamientos y discrepancias. Creo que quienes así piensan se equivocan; quizás no conocen a Pedro Sánchez. Carmen Calvo lo ha dicho con total rotundidad: esta legislatura durará cuatro años, y es que una vez que ha sido investido, Sánchez tiene la sartén por el mango y el mango también, tal como se decía en aquella famosa adaptación del “Tartufo” de Llovet-Marsillach, que se puso en escena en la época franquista y en la que se criticaba a los ejecutivos del OPUS. Una vez en la presidencia del gobierno no hay nada ni nadie que le pueda obligar a marcharse. La moción de censura es constructiva y pase lo que pase es quimérico pensar que pueda prosperar una alternativa a Sánchez. Y este no va a estar dispuesto en ninguna circunstancia a la dimisión ni a disolver las Cortes. Con acuerdos y sin acuerdos, con presupuestos o sin presupuestos, nada le va a hacer que abandone la Moncloa. Durante cuatro años ha sido capaz de pasar por todo con tal de llegar a la presidencia del gobierno, tanto o más fácil le será ahora mantenerse.

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Vox da un repaso a PSOE y Podemos por Delgado : «Este es un intento bolivariano de someter a la Fiscalía»
OKDIARIO 17 Enero 2020

El diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha retratado al Partido Socialista y a Podemos a propósito de la decisión de Pedro Sánchez de proponer a la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, y al plácet dado este jueves por el Consejo General del Poder de Judicial (CGPJ) al nombramiento de Delgado al frente del Ministerio Fiscal. «Este es un intento bolivariano, socialcomunista» del Gobierno de intentar «someter al Ministerio Público para lo que tiene que hacer, entre otras cosas, en Cataluña».

Gil Lázaro ha participado en la tertulia política del Canal 24 horas de TVE. Junto al diputado de Vox se sentaron representantes de Navarra Suma, PP, PSOE, Podemos, ERC y Bildu. El tema principal sobre el que versó la primera parte del debate fue la decisión del CGPJ de dar el plácet a Dolores Delgado como próxima fiscal general del Estado, que deberá ser refrendado por el Parlamento en los próximos días.

En su intervención, el representante de Vox tuvo para todo el mundo. Empezando por Podemos, socio de Gobierno de Pedro Sánchez. «Es inaudito que Podemos haga juegos florales con la señora Delgado», ha comenzado describiendo Gil Lázaro, que ha continuado diciendo que «hace tres telediarios, Podemos y el señor Iglesias tildaba a la señora Delgado de todo. Hasta el punto de que la señora Delgado, en un año, fue reprobada tres veces por el Parlamento con la participación activa y entusiasta al frente de esas reprobaciones de Podemos y, desde luego, del señor Iglesias», recordaba Gil Lázaro.

Pero también ha tenido munición para afear al propio PSOE la decisión de Sánchez. «Al señor portavoz del grupo socialista debo decirle que no, el CGPJ no ha avalado hoy la idoneidad de la señora Delgado. Lo que ha hecho es estrictamente constatar que cumple los tres requisitos objetivos legales para poder concurrir como candidata», ha puntualizado. «Ahora tendrá que ser el Poder Legislativo el que específicamente, una vez recibido el plácet del CGPJ, se pronuncie sobre eso», ha reseñado.

Delgado, de «chuchipandi con las cloacas»
Sobre la idoneidad de Delgado para el cargo de fiscal general del Estado, el diputado de Vox ha recordado uno de los capítulos más oscuros de la ex ministra de Justicia. «A mí, lo que más me llama la atención es el señor presidente del Gobierno decir que la trayectoria de Delgado es ‘impecable'», ha parafraseado al presidente socialista.

Después se ha preguntado sobre la descripción de Sánchez sobre Delgado: «¿Impecable quien en un año ha sido reprobada tres veces? ¿impecable quien ha estado de cuchipandi con las cloacas del Estado? ¿Impecable quien ha conocido o conoció en esas cuchipandas la comisión de un delito, confesado por el autor, y no se fue inmediatamente a denunciarlo sino que continuó jaleándole las bromas?», ha recordado el episodio de la cinta del ex comisario José Villarejo en la que aseguraba haber visto «tíos del Supremo y de la Fiscalía con menores» o en la que llamaba «maricón» al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Para finalizar, Gil Lázaro ha descrito lo que para él es «un intento bolivariano, socialcomunista de intentar someter al Ministerio Público para lo que tiene que hacer, entre otras cosas, en Cataluña».

El Barça desiste y ya no obliga a aprender catalán a sus jugadores
El requisito, impuesto en la etapa de Joan Laporta, perseguía la integración de sus deportistas en la cultura y costumbres catalanas. No tuvo éxito
Sergi Font / Fernando Rojo. Barcelona / Madrid ABC 17 Enero 2020

Josep Maria Bartomeu y su junta directiva han arrojado definitivamente la toalla en el intento de que todos los futbolistas de la entidad hablen catalán, un viejo sueño de Joan Laporta, que incluyó una cláusula en el contrato de todos los deportistas que iban llegando a la entidad con la intención de potenciar el idioma y las costumbres de Cataluña. El expresidente estandarizó un requisito en los contratos que el equipo azulgrana firmaba en el siglo XXI como medida revolucionaria, pero la junta actual comprobó las dificultades existentes para que se cumpliera, la escasa predisposición de los nuevos fichajes y, según ha podido confirmar ABC, abogó por abolirla.

Uno de los últimos futbolistas en aceptar la obligación de aprender catalán fue Neymar, que por cierto hizo caso omiso. Cuando se desveló el contrato firmado por el paulista llamó la atención una estipulación muy concreta. «El jugador debe realizar máximos esfuerzos para integrarse en la sociedad catalana, respetando y asumiendo los valores culturales de la misma, comprometiéndose especialmente en el aprendizaje de la lengua catalana, vehículo fundamental para la mencionada integración», figuraba en uno de los párrafos del acuerdo.

El Barcelona puso profesores particulares a todos los deportistas que iban fichando por el Barcelona. Y aunque algunos como Sylvinho pusieron el empeño en aprenderlo, la mayoría lo obvió completamente. Dos iconos del barcelonismo como Iniesta y Leo Messi jamás han hablado catalán en público. De hecho, inicialmente se pensó en la opción de multar a los jugadores que no pusiesen interés en aprender la lengua, pero la idea se desestimó ante la posibilidad de que se generara un cisma interno en el vestuario y que espantara a posibles jugadores interesados en fichar por el Barcelona.

La medida no abarcaba solamente al primer equipo, sino a todas las categorías y a todas las secciones de la entidad. Andrea Falcón, internacional española recientemente fichada del Atlético de Madrid, vivió la experiencia en su primera etapa, cuando arribó al club azulgrana en 2012 con apenas 15 años. «Vivía en la Masía, era la única chica y compartía con el resto de los chicos las clases de catalán que nos impartían en el club», explica durante una charla con ABC.

Condición poco efectiva
Desde la cúpula directiva han constatado la nula efectividad del espíritu de la cláusula y han decidido abolirla y excluirla de los contratos. De hecho, ningunos de los acuerdos firmados desde el pasado 2018 recoge la obligación que imponía Laporta. Fuentes cercanas a la entidad azulgrana reconocen el fracaso en su intento de que jugadores cercanos a la cultura catalana como Luis Suárez (su esposa reside en la Ciudad Condal desde que se trasladó a los 13 años y entiende perfectamente el idioma) o Ivan Rakitic, cuya facilidad para hablar diferentes lenguas se equipara a su genialidad con el balón, aceptaran hablar catalán en público.

Intenciones que ni siquiera le han insinuada a Leo Messi, cuya relación con la lengua catalana arrastra una mala experiencia. La estricta política lingüística de la Generalitat (todas las asignaturas se imparten en catalán excepto la de Inglés y la de Lengua y Literatura Castellana) provocó que la familia del Argentino tuviera que regresar a Rosario y separarse de él. Fue en el año 2000 y así lo denunció el propio astro del balón en tres entrevistas concedidas entonces a medios argentinos: «Cuando mi hermanita iba a la escuela hablaban en catalán, lloraba y no le gustaba. Entonces, mi vieja decidió volver a Rosario con ella y mis hermanos, Matías y Rodrigo, para que siguiera la escuela allá. Ella no se adaptaba ni a la escuela ni al catalán. Vivir con la familia así es muy difícil»», lamentó el futbolista.

Aunque Messi asegura que el catalán lo habla con sus hijos, lo cierto es que sus decisiones chocan frontalmente con el requisito que le impuso Laporta. De hecho, en su última renovación, en 2018, el argentino impuso una cláusula que le permitiría abandonar el club si Catalunya conseguía la independencia. Su padre Jorge matizó posteriormente que eso solo se produciría si la secesión le impedía al Barcelona participar en «una Liga competitiva».

La Justicia anula el decreto de la Generalitat para reabrir seis 'embajadas'
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado un recurso interpuesto por la Abogacía General del Estado contra el Govern de Quim Torra
Liliana Ochoa vozpopuli.es 17 Enero 2020

Nuevo varapalo jurídico a las 'embajadas' de Quim Torra. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado el decreto de la Generalitat de Cataluña por el que se restablecían las delegaciones del Govern en Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia. En la sentencia, recogida por Vozpópuli, los magistrados han dado la razón al Ejecutivo de Pedro Sánchez y han estimado el recurso interpuesto por la Abogacía General del Estado.

En concreto, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo han acordado anular el decreto del 26 de junio de 2018 en el que el Govern ordenaba la reapertura de las seis 'embajadas' tras su cierre con el 155. En el marco del fallo, han condenado a la Generalitat al pago de las costas hasta el límite de 2.000 euros.

Según consta en la sentencia, "la palmaria vulneración en el procedimiento de elaboración y aprobación del decreto aquí impugnado (...) determina la nulidad de pleno derecho (...) por el modo en que fue elaborado y aprobado". De ahí que los jueces hayan considerado que estimar el recurso de la Abogacía del Estado "sin necesidad de examinar los restantes motivos" que alegó el Ejecutivo para pedir el cierre de las 'embajadas' catalanas.

El Gobierno de Sánchez ya había intentado paralizar provisionalmente la actividad de tres de las delegaciones incluidas en el fallo del TSJ catalán: Alemania, Suiza y Reino Unido. La Justicia, sin embargo, rechazó aquella petición al concluir que era "extemporánea", porque no fue planteada en la fase procesal correspondiente.
Reapertura en Argentina, México y Túnez

La resolución del tribunal tiene lugar en la misma semana que el equipo de Torra aprobó nuevos decretos para regular y actualizar las funciones de otras tres 'embajadas' de la Generalitat -las de Argentina, México y Túnez. El anuncio lo dio a conocer la portavoz del Ejecutivo autonómico, Meritxell Budó, quien indicó la intención del Govern de abrir las delegaciones "de manera inmediata".

Tras las declaraciones de Budó, se dio a conocer que Moncloa había dado el visto bueno a la apertura de las delegaciones catalanas en Argentina, México y Túnez. El Ejecutivo alegó que la Generalitat los nuevos decretos incluían una serie de enmiendas propuestas por el propio Ministerio. Sin embargo, fuentes del Departamento de Exterior aseguraron a Europa Press que el Gobierno podía pedir judicialmente el cierre de delegaciones si llega a considerar que su actividad vulnera la legalidad o que es contraria a los intereses de España.

En el marco de los recursos presentados por la Abogacía del Estado, el extitular de Asuntos Exteriores Josep Borrell remitió un informe desfavorable en el que alertó de que la creación de estas nuevas 'embajadas' era "lesiva a los intereses del Estado". El exministro consideraba que el objetivo de Torra era "emplear todos los medios a su alcance para la llamada internacionalización del procés".

España INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Denuncian que un colegio vizcaíno rotula las clases en euskera y árabe, pero prescinde del español
Desde el colegio público argumentan que de esa forma facilitan la inmersión lingüística de dos niñas que no saben ni castellano ni euskera.
Julen Sobejano elespanol 17 Enero 2020

Euskera, árabe ¿y no castellano? Ahí está la polémica en el Colegio Público El Casal, en la localidad vizcaína de Gallarta. Uno de los padres se ha sentido molesto porque en el colegio de su hija este año han aparecido unos carteles en euskera y en árabe, y no en la lengua común y oficial de toda España, lo que considera una discriminación: "Ya anteponen el árabe al castellano", subraya.

Desde este centro son conscientes del revuelo causado, pero aseguran que los carteles están ahí porque la profesora encargada de hacer la inmersión lingüística así lo ha decidido, al contar este curso con dos niñas de origen magrebí.

Desde la dirección del centro matizan, no en vano, que los carteles en euskera tampoco habían estado ahí hasta ahora, y que sólo han sido cuatro los colocados. La razón: que las dos menores no tienen como idioma materno ni el castellano ni el euskera.
Todo en euskera

Con esta iniciativa el centro quiere que las menores se sienten a gusto y se vayan adaptando tanto al idioma como a sus compañeros. Desde la dirección además recuerdan que la oferta lingüística de este colegio público es el Modelo D, lo que implica que todas las materias son impartidas en euskera, a excepción de Lengua Castellana e Inglés.

Por ello, quitan hierro al asunto y dicen que son conscientes del malestar puntual de un padre que no ha ido a más. "El día del Olentzero (personaje de la tradición navideña vasca) hubo un padre que se molestó, pero no ha pasado por la dirección ha poner una queja", señalan desde la dirección.

Recuerdan que no es la primera vez que se lleva a cabo esta práctica, ya que en cursos anteriores se ha procedido a la misma forma de actuar. "Yo en clase tuve dos niños de origen portugués y les preguntaba a ver cómo una palabra determinada se decía en idioma, así todos aprendían", comenta una de las profesoras que ahora es parte de la dirección.
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