AGLI Recortes de Prensa   Sábado 18  Enero  2020

Desjudicializar (pero no todo)
Editorial larazon 18 Enero 2020

Ha corrido demasiada agua bajo los puentes de la antigua Stalingrado para que un gobierno de la izquierda radical pretenda dar lecciones de nada sobre la libertad de educación y las limitaciones de la patria potestad en la formación y crianza de los hijos. De ahí que la exhibición propagandística que llevaron a cabo las ministras de Educación, Isabel Celaá; de Igualdad, Irene Montero, y la portavoz gubernamental, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros, deba pasarse por el filtro de la ecuanimidad.

Porque las mismas representantes de un Ejecutivo que se dispone a eliminar la religión católica de las aulas, incluso, a costa de romper los acuerdos con el Vaticano; las mismas políticas que pretenden hacer de su particular visión ideológica una regla general de conducta, se encrespan ante la sola idea de que los padres de familia, amparados bajo el artículo 27 de la Constitución, puedan rechazar que personas ajenas al sistema educativo público, sin titulación acreditada e imbuidas de verdades absolutas expliquen a sus hijos cuestiones que atañen a la moral, a las propias creencias o a la sexualidad.

El llamado «pin parental», implantado en la región de Murcia desde el pasado mes de septiembre, no es otra cosa que la puesta en conocimiento de los progenitores del contenido de las actividades complementarias, –aquellas que no tienen por qué estar integradas en el contenido curricular, pero que se ofrecen durante el horario escolar–, así como de la formación específica que poseen quienes vayan a impartirlas. Por supuesto, cualquier cuestión que vaya más allá estaría fuera de lo que establecen las leyes educativas. Detrás de todo este asunto está la machacona imposición de una determinada ideología de género que, en demasiadas ocasiones, tasa mal la percepción social y pretende convertir, como dijo ayer la ministra de Igualdad, en homófobos y machistas a quienes, simplemente, opinan de manera diferente, precisamente, en una materia que afecta a la esfera íntima de las personas y sobre la que es difícil aspirar a otro consenso que no sea el de la libertad de elección.

Pero, en cualquier caso, estamos hablando de una cuestión que entra de lleno en el campo de las libertades individuales y, por lo tanto, de la política. Se entendería, pues, de un Gobierno que pretende «desjudicializar» la vida pública se aprestara a negociar con los partidos de la oposición la manera de armonizar el ejercicio de dos derechos que, al menos, desde la izquierda se entienden que están en colisión. Pero hablamos de un Gobierno del PSOE, partido que nunca ha tenido el menor empacho en buscar en los Tribunales lo que negaban las urnas, y de unos aliados comunistas que tienen sus propias ideas sobre quién es el titular del derecho a la educación y que allí donde han gobernado o aún gobiernan, siempre totalitariamente, nunca han dudado en aplicarlas. Contrasta, por cierto, la advertencia de llevar a la Justicia la norma escolar de la Comunidad de Murcia, con la pasividad con que esos mismos partidos reciben los incumplimientos de las sentencias que se refieren a la persecución del castellano en Cataluña, donde la Consejería de Educación llegó a formar una «gestapo» lingüística para fiscalizar en qué lengua española hablaban los niños en el patio del colegio.

Por lo menos, la sobreactuación ministerial de ayer puede dar una pista a los ciudadanos sobre las polémicas de carácter moral, sexual y, por supuesto, religioso con las que el nuevo Gobierno pretenden mantener su estrategia de la tensión frente a la oposición de centro derecha, a la que se trata de deslegitimar ideológicamente. Porque, incluso, hasta a Pablo Iglesias le va resultar muy dificultoso innovar enfrentamientos en materia de política económica y social, donde nos las sabemos todas.

Primero de sanchismo
El cesarismo sanchista apunta un modelo «iliberal» de izquierdas que tiende a arrogarse todos los poderes del sistema
Ignacio Camacho ABC 18 Enero 2020

A este Gobierno hay que irlo aprendiendo, y para eso lo primordial es cogerle el punto, deconstruir su lado grotesco, distinguir entre su tendencia gestual y su plan estratégico. Al menos los ciudadanos, que la oposición va a ritmo más lento y aún no afina entre la crítica eficaz y el improperio. Estamos en primero de sanchismo porque el último año y medio no ha sido más que el preparatorio del examen de ingreso en una licenciatura que se cursa sin libros de texto. Y lo que se va viendo es que el humor se perfila como la herramienta más adecuada para asimilar la sesgada verborrea doctrinaria que nos espera entre grandes dosis de propaganda. El antídoto a este derroche de facundia ideológica se llama cachondeo, sorna, chanza. Entre otras razones porque es imposible no tomar a guasa enredos como el cese de esa directora de Diversidad Racial (sic) por ser blanca o el empeño de reescribir la Constitución desdoblando el género de sus sintagmas. Luego vendrán el especismo, el posgenerismo y demás muestras contemporáneas de lo que los filósofos Braunstein o Murray bautizan como «la locura de las masas». Contra esos conatos de ingeniería social adanista y dogmática, que sus apóstoles -y apostolesas- predican con seriedad iluminada, no hay mejor arma que la de poner de manifiesto su estrambótica comicidad involuntaria.

A nada de eso hay que hacerle mayor caso que el de convertirlo en chiste para pasar el rato. Son las asignaturas «marías» de este grado en el que los españoles nos acabamos de matricular sin saber bien qué estudiamos. El meollo de la carrera, en cambio, sólo está empezando: consiste en la silenciosa refundación de las bases del Estado y en la aparición de una especie de iliberalismo autocrático que, a diferencia de los países del grupo de Visegrado, se disfraza bajo los mantras protectores del progresismo, la plurinacionalidad o el diálogo. Ahí está el núcleo serio: en un cesarismo ejecutivo que utiliza la legitimidad parlamentaria para concentrar poderes en un régimen nuevo cuya apariencia democrática puede devenir en un mero contenedor hueco. Un modelo que empieza por la relativización de la idea de nación, por un vacuo populismo sin pueblo, por la consagración de «la política» como ámbito al margen del derecho, y acaba en la reclusión del adversario en un cerco de aislamiento, en la autoasignación de la potestad de declarar lo que es y no es correcto y en el sometimiento de todas las instituciones y agentes de la vida pública a la voluntad arbitraria del Gobierno. En el poder como alfa y omega, como único proyecto.

La primera fase es jocosa y puede resultar hasta divertida; la segunda es inquietante. Y su éxito dependerá de que los actores sociales sepan descifrar a tiempo las señales claves. En caso contrario, el sistema de libertades se transformará en un mecanismo tan adulterado como la tesis de Sánchez.

La decepción de Temis
Agustín García okdiario 18 Enero 2020

La diosa Temis nos recuerda, con sus tres símbolos, los principios de la Justicia. Su espada en alto nos habla de la obligatoriedad de la Ley y del castigo para quien la incumpla, pues la dejará caer sobre quién pretenda desequilibrar el segundo de sus símbolos, la balanza, que representa la equidad. Finalmente, con su venda, simboliza la imparcialidad, mostrándonos que ella no es ciega (si no, no necesitaría taparse los ojos), pero sí ha de serlo en la aplicación de la Ley.

Bajando de los cielos, donde habita Temis, a Galapagar, Lledoners o la Moncloa, la cosa cambia. Ya sabíamos que los indepes y la izquierda no creen en la nación; en la española, claro. Y parece que tampoco les gusta mucho eso de la separación de poderes.

Este principio de contrapeso institucional choca con su proyecto de descomposición nacional y de transformación social (ellos si lo tienen). Eso del check and balance debe de ser cosa de viejas democracias capitalistas. En los países amigos de Podemos no existe, salvo cuando Zapatero y los observadores de la ONU les visitan.

Y aún les gusta menos la separación de poderes cuando el poder judicial ha de velar por una Constitución y por unas leyes que no favorecen sus deseos. Es entonces cuando hay que llamar a Monedero para que nos enseñe como lo hacen en Venezuela o Irán, no vaya a ser que la diosa Temis les despierte cuando sueñan con la republica catalana o en el colchón de la Moncloa; aquellos sueños que parecían imposibles, pero ya no lo son. Pronto Dolores también velará por ellos.

Hace tiempo que, devaluada la independencia del legislativo y con un ejecutivo pendiente de favores de reclusos y allegados, los jueces y magistrados parecían quedarse solos, con la espada de la Ley en alto, en la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho. El órgano que los representa, el CGPJ, los respaldaba, como en aquel magnífico discurso de Lesmes dio en la apertura del año judicial de 2018

Si en aquel momento Temis podía sentirse orgullosa de la Justicia española, quizá hoy esté decepcionada, no con los jueces y magistrados que cumplen su misión, sino con algunos vocales que les representan en un Consejo que ha preferido ponerse de perfil y mirar hacia otro lado. Un Consejo en el que varios vocales han eludido una incómoda responsabilidad, la de informar sobre la idoneidad de quien a todas luces no lo era. Flaco favor se hace el Consejo, con su tibieza, a sí mismo; y pobre ejemplo de fortaleza ante las presiones da a los jueces y magistrados.

Esos vocales se han quitado la venda y se han limitado a decir que la propuesta es legal, “que reúne los requisitos legales exigidos”. Pero para eso no se necesitaba su sabia intervención. Cualquier alumno de primero de Derecho sabría informar de ello. También el informe del Consejo es legal, no lo dudo; pero mientras en todos los informes de nombramiento anteriores se valoraban la idoneidad (ver notas de prensa del propio Consejo), en éste han eludido pronunciarse sobre ello. ¿Por qué será? Quien calla otorga.

Pin
Juan Carlos Girauta ABC 18 Enero 2020

Al permiso de los padres se le ha llamado siempre permiso de los padres. Hasta la llegada del PIN parental. El cursi adjetivo y el catastrófico acrónimo (en adelante pin, menos humos), llevan sustancia. El pin es la cabeza de una gamba, y su exceso resulta tóxico. Pero aquí lo que importa es si hablamos o no de contenidos curriculares, otro término irritante. Hay un triunfo de la estupidez en la aceptación general de la voz pin. Favorables y detractores han caído en un símil ominoso con toda normalidad. Y eso pide lupa.

El pin bloquea contenidos en las plataformas digitales. La palabra no es inocente. Gobiernos, partidos, docentes, periodistas y taxistas creen estar discutiendo la licitud de alguna forma de control sobre lo que les cuentan a los infantes en el cole. La cualidad de curricular o extra curricular de lo contado, y del contexto en que se cuenta, deberían zanjar el debate: en el primer caso no cabe hablar de permisos paternos; en el segundo, sí.

El gobierno multitudinario le llama a eso objeción de conciencia para presentarlo como un intento excepcional de eludir una obligación. Esta trampa no ha alcanzado el éxito de la otra, la gorda, la del pin, que compara la educación con la emisión de contenidos empaquetados a una audiencia que, libremente, puede vedar programas a los niños. Y programas, para acabar de arreglarlo, es como se ha llamado siempre al currículo. La RAE ha ido tragando con todo, la pobre.

Tenemos así un Estado que sería como Netflix. Y eso le viene muy bien a los que querrían meter la mano de los padres en cualesquiera contenidos. Pero la analogía se acepta sin pestañear en el otro lado del debate, que es el de los contrarios a un límite o control paterno sobre alguna actividad extra curricular. Y la aceptan porque coincide exactamente con su concepción de dos asuntos muy serios: la educación como derecho, obligación y misión; la cuestión crucial de quién manda aquí.

La ministra del ramo lo tiene claro cuando afirma que los niños no son de los padres. Lo que en boca de los amigos de la ingeniería social significa que los niños son del Estado. Significa que al mando de nuestra nave va una muchedumbre de vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado, directores generales y similares que pretenden aprovechar a fondo su mandato para inculcar una doctrina, introducir una cierta ideología -la ideología de género, en este caso- como parte de la educación obligatoria.

Que no le engañen. Si no se tratara de eso, todo lo que hay que contarles a los niños contra la violencia machista, toda la tarea educativa dirigida a prevenir la discriminación de homosexuales o transexuales cabría en una asignatura obligatoria troncal (otra que tal). Si los contenidos hay que mantenerlos apartados del rigor, de la previsibilidad y del control académico propios de una asignatura como la geografía o las ciencias naturales, es porque ese Viva la Gente que gobierna no quiere rigor, previsibilidad ni control alguno. Quiere practicar una forma de adoctrinamiento ideológico tan reprobable como la que se lleva a cabo sobre los educandos en la España periférica, como mínimo, y que se resume en olvidar u odiar a España.

También con dicha manipulación está encantado el mega gobierno, por cierto. Lo que resulta más difícil de entender es que grupos y personas relevantes que han denunciado hasta la saciedad -y sin ningún éxito- la siembra de la ideología nacionalista en la escuela no adviertan nada raro en el caso de la ideología de género.

Enseñar a los niños, por ejemplo, que la homosexualidad no es ninguna enfermedad y que deben estar alerta cuando alguien hable de terapias contra ella no es adoctrinar. Es civilizar. Forma parte de la necesaria educación en valores. Transmitirles las ideas de la señora Gimeno, directora del Instituto de la Mujer, es algo completamente distinto. Es, exactamente, ideología de género. Es inculcar en los menores la idea, del todo ajena a la ciencia, de que no se nace hombre ni mujer porque dichas condiciones son constructos culturales.

No voy a reproducir la larga lista de alarmantes sandeces que defiende la señora Gimeno, por mucho que con ello les prive de unas risas. Algunas son irreproducibles fuera de un sex shop. Prefiero emplear este espacio para dejar constancia de que los estudios de género, ampliamente extendidos en Occidente, y que alcanzan hoy los más diversos ámbitos académicos, tienen los pies de barro, pues se fundamentan en la citada construcción cultural (en exclusiva) de la condición de hombre o mujer.

No vierto una opinión. Es ciencia. Ciencia incómoda para tantos departamentos, institutos u observatorios como han convertido en profesión una montaña de equívocos. Nadie ha desmontado con mayor eficacia que Steven Pinker en La tabla rasa (2002) esa mentira fundacional del constructo cultural. El niño no es una hoja en blanco en la que la cultura y el ambiente escriben todo lo que llegará a ser. Digo todo. El subtítulo de la obra es elocuente: La negación moderna de la naturaleza humana. Y para que quede claro que no hay ahí crítica al feminismo, cito: «No existe incompatibilidad entre los principios del feminismo y la posibilidad de que hombres y mujeres no sean psicológicamente idénticos». Pero «muchas feministas atacan con vehemencia los estudios sobre la sexualidad y las diferencias de sexo». Dieciocho años después, y oída la señora Gimeno, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que esas feministas no son (o no son solo) feministas: son propagandistas de la acientífica ideología de género. Porque «los sexos son tan antiguos y complejos como la vida, y son un tema esencial de la biología evolutiva, la genética y la ecología conductual. No contemplarlos en el caso de nuestra especie significaría hacer una auténtica chapuza en nuestra interpretación del lugar que ocupamos en el cosmos».

Y puesto que «las defensoras del feminismo de género encadenan el feminismo a unas vías en las que inevitablemente va a ser arrollado por el tren», no parece descabellado que los padres posean alguna forma de control sobre la asistencia de sus hijos a actividades extra curriculares donde se abunde en ese error.

«Pin» parental
Juan Manuel de Prada ABC 18 Enero 2020

Poco a poco, las escuelas se van convirtiendo en corruptorios oficiales donde los niños (amén de ser adoctrinados concienzudamente, para asegurar su conversión en jenízaros de la ideología sistémica) son desgraciados antropológicamente, mediante la infiltración de paradigmas que desestructuran su incipiente vida afectiva y su sexualidad. A esto antaño lo llamaban corrupción de menores, pero hogaño lo llaman más finamente formación en igualdad, tolerancia y respeto a la diversidad; palabras muy eufónicas tras las que se oculta un proceso de ingeniería social que deja chiquitos los procesos totalitarios de otras épocas (pues, como señala Huxley, aquéllos se imponían mediante cachiporras y cárceles, mientras que éstos se logran condicionando las conciencias). Y, bajo las coartadas seráficas de la igualdad, la tolerancia y el respeto a la diversidad, se han impartido y se imparten talleres de masturbación y clases en las que se invita a niños apenas púberes a iniciarse -como pide en sus redes sociales un depredador que se dedica a impartirlas- en un sexo «plural, abierto, sin límites» que les permita descubrir que «el sexo entre personas del mismo género se disfruta más porque conocen mejor sus cuerpos»; a la vez que se facilita «salir del armario» a los alumnos, de los cuales -según afirma el mismo tipo- la mitad «son homo, bi o transexuales» que no se reconocen como tales por culpa de «la represión heteropatriarcal». Y esta vandalización espiritual ocurre ante la pasividad de una sociedad hecha añicos, donde el naufragio de la institución familiar está generando un vacío de autoridad que los depredadores se apresuran a llenar. Cualquier política digna de tal nombre debe preocuparse de detener este rampante destrozo antropológico. Pero el llamado «pin» parental es un instrumento por completo ineficaz, egoísta y desesperado; pues, aparte de ser una estrategia llamada al fracaso, perpetúa el mal que dice combatir.

El llamado «pin» parental no es otra cosa, en realidad, sino una forma encubierta de objeción de conciencia. Tal instrumento se planteó en el pasado como un último recurso frente a las leyes inicuas; y como un modo de salvar la conciencia personal (ahondando su aislamiento, en un mundo donde la mayoría de las conciencias eran condicionadas en la dirección contraria) que, sin embargo, se abstenía de emitir juicios éticos objetivos sobre la verdad. Pero la objeción de conciencia (como este sucedáneo del «pin» parental) sólo era eficaz en coyunturas ya superadas, cuando las leyes inicuas todavía titubeaban, avergonzadas, y querían guardar hipócritamente cierta apariencia de justicia. Pero esa etapa ya está superada: la ideología sistémica ya no se avergüenza de su iniquidad; y cuando corrompe a los niños piensa sinceramente que los está educando en igualdad, tolerancia y respeto a la diversidad. Así que no tendrá rebozo en declarar ilegal ese «pin» parental, para poder proteger más fácilmente las conductas inicuas que previamente ha encumbrado como virtuosas.

Pero, además, el «pin» parental es un instrumento que postula la «privatización de la verdad» y que se preocupa tan sólo de salvar de la devastación antropológica a «nuestros» hijos, a los que protegemos de sus corruptores, dejando que los hijos del prójimo (cretinizado, lacayo de la ideología sistémica o perverso redomado) sigan siendo vandalizados espiritualmente. Y esto, amén de una falta de caridad, constituye una egoísta defensa del bien particular. O sea, no es política verdadera, que se funda en la defensa del bien común y de juicios éticos objetivos; sino nauseabunda política liberal, que se funda en el puro relativismo y en el interés personal.

El Supremo venezolano investiga pagos de 1.000 millones de dólares del chavismo a partidos como Podemos
Carlos Cuesta okdiario 18 Enero 2020

El Tribunal Supremo venezolano avanza en su investigación a Podemos por la financiación recibida de narcodictaduras. Ya ha analizado 17.000 documentos probatorios de los pagos a la formación morada y otros partidos de extrema izquierda extranjeros, y, según sus propias explicaciones, ha encontrado el rastro de abonos por valor de mil millones de dólares del chavismo destinados a crear partidos de extrema izquierda como Podemos.

La información ha sido confirmada por el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabú. Y él personalmente afirma que “nosotros revisamos casi 17.000 elementos probatorios” en el análisis de los pagos procedentes de Venezuela. Se trata de contratos abonados a empresas afines al chavismo y no ejecutados, informes encargados a organizaciones de tipo político carentes de sentido, pagos por labores de consultoría, etc. Y en ellos se pueden llegar a sumar “mil millones de dólares” cuyos conceptos no se han cumplido o son totalmente superfluos.

“Hay banqueros y organizaciones peligrosas que hay que revisar, no sólo venezolanas, porque estoy hablando no sólo de dinero venezolano, sino que se está utilizando dinero sospechoso que va a otros sitios. En el caso de Odebrecht, nosotros encontramos que hay dinero en Andorra, dinero que llegó a España, a bancos españoles, dinero que fue a Estados Unidos —millones de dólares llegaron a EEEU—, dinero que fue a paraísos fiscales en el Caribe, dinero que fue a República Dominicana. Es decir, nos encontramos con un entramado criminal donde no sólo está involucrado Nicolás Maduro. Él no es el único, es un entramado grande”, señala Martín Tortabú.

Todo ese material será sumado en breve a una línea de investigación conjunta formada entre el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, la Fiscalía General de Bolivia y las autoridades brasileñas. Una línea que puede llegar a contar con un país más: España.

Y es que Vox se ha sumado a esta iniciativa y no está dispuesto a que el caso por la financiación ilegal de Podemos quede tapado, ni en España, ni por la nueva fiscal general y los deseos de Pedro Sánchez. El partido de Santiago Abascal ya ha presentado denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la formación de Pablo Iglesias por financiación ilegal procedente de narcodictaduras, tal y como adelantó OKDIARIO.

La acción de Vox pretende que, si la fiscal general Dolores Delgado opta por no secundar el caso y negar la acusación, será el propio partido de Abascal el que emule lo ocurrido con el 1-O y los golpistas separatistas y se persone como acusación popular para exigir llegar hasta el final en los cobros de la cúpula de Podemos procedentes de dictaduras extranjeras.

Y esa investigación a los fundadores de Podemos y su estructura de apoyo se suma a la mencionada del Tribunal Supremo Venezolano en el exilio y las autoridades brasileñas, que han cerrado un pacto de colaboración para relanzar esta investigación y llegar hasta el final en las cuentas de la cúpula de Podemos.

Bolivia parte de un posible delito de malversación de fondos públicos realizado por el Gobierno de Evo Morales y quiere saber el destino exacto de ese dinero bajo el convencimiento de que ha sido dirigido a fomentar sus apoyos políticos en su país y en el extranjero: en concreto, y en este caso, en España, por medio de pagos a quienes posteriormente fundaron Podemos.

Defender el Estado de Derecho
Jorge Mestre okdiario 18 Enero 2020

“Propongo una acción exterior que se sitúe al servicio del desarrollo humano y que potencie las fortalezas de mi país. Mis prioridades son el impulso del multilateralismo y de la Agenda2030, la defensa de la democracia y de los DDHH y trabajar en favor de la paz, las personas, la prosperidad y el planeta”. Quien ha pronunciado esas palabras, completamente desapercibidas para la mayoría, es la nueva ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya durante su primera comparecencia. En un momento de crisis de imagen en el exterior alentada por el independentismo catalán con el prófugo Puigdemont sentado como eurodiputado para insultar a diario la calidad democrática en España, el funcionamiento de nuestras instituciones y los engranajes de nuestro Estado de Derecho, lo que menos necesita nuestro país es una representante de la diplomacia que sea pastueña en la defensa de los intereses nacionales.

Este viernes hemos conocido que Exteriores ha dado el visto bueno a la apertura de tres representaciones, llamadas también ‘embajadas’, de Cataluña en el exterior. Todo lo contrario, a lo que se ha estado haciendo en los últimos cinco años. A la ministra de Exteriores no le debe temblar el pulso a la hora de cerrar, como ha hecho la Justicia, unas sedes del independentismo en el exterior que sólo buscan la diferenciación con España y agitar su maquinaria propagandística. De lo contrario, puede ser tachada de cómplice del inhabilitado Torra. Dice la ministra que ya no hay riesgos “para el entorpecimiento a la labor exterior de España”. Con Josep Borrell al frente del Ministerio de Exteriores, es decir, hace mes y medio, se explicó que las oficinas de representación catalanas en el extranjero resultaban lesivas para los intereses españoles. “Son un instrumento fundamental para promover las tesis del secesionismo y denigrar la imagen internacional de España”, sostenía entonces el Ministerio.

La nueva ministra de Exteriores no puede hacer frente a sus obligaciones desde la pasividad y la tolerancia con los que quieren resquebrajar la unidad nacional desde dentro y desde fuera. Porque al final se deduce que hay un intento de blanqueamiento del secesionismo por conveniencia política y porque desgraciadamente se ha instalado en el argumentario del PSOE. Los socialistas han hecho ahora suyas tesis y comportamientos que antes correspondían a la extrema izquierda de Podemos y eso no traerá más que polarización en la sociedad.

Aupar a una exministra y diputada socialista en el puesto de Fiscal General del Estado, una medida que empaña la imagen de justicia, compromete la imagen de la fiscalía, y destruye la presunción de independencia de la justicia; presionar a los jueces hasta el punto de que te acaban contestando por medio de un inaudito comunicado; anunciar la creación de un Ministerio de la Verdad; alterar el funcionamiento de la actividad parlamentaria con el traslado de los consejos de ministros a los martes y así sucesivamente son ejemplos del debilitamiento institucional al que gobierno social-comunista está sometiendo a España.

En las últimas semanas en la Unión Europea se ha hablado de la deriva autoritaria de Polonia y Hungría. Así, el pasado sábado, cientos de abogados y jueces europeos se manifestaron en Varsovia para defender una independencia judicial que consideran amenazada por el Gobierno en la llamada “marcha de las mil togas”. Mucho me temo que esa clase de protestas en España o no llegarán o serán mucho más benévolas con el gobierno socialcomunista porque quienes denuncian lo que ocurre en Polonia y Hungría están en buena parte financiadas por los ‘globalistas’ o mal denominados ‘filántropos’ que ahora organizan el Foro de Davos y para el que el presidente Pedro Sánchez ha puesto camino como primer destino de su agenda internacional.

Éxito garantizado
José Bastida Libertad Digital 18 Enero 2020

La medida y el diagnóstico de este recién gobierno tripartito (la tercera pata corresponde al inmarcesible Rufián) vienen dados por el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Esta última baza en la toma de poder por parte de un personaje plagiador convertido en presidente del Gobierno del Reino de España no podía ser más hiriente y vergonzosa contra el Estado de Derecho. Solo un político sin escrúpulos e iletrado como Sánchez podría convertir a la anterior ministra de Justicia en fiscal general.

Con este nombramiento se cierra el círculo de poder total que impondrá este Gobierno a los ciudadanos españoles. Porque se ha nombrado como garante de la justicia del Estado a la exministra que ha sido piedra de escándalo por sus relaciones con las cloacas del poder en el caso Villarejo, cuya prueba fue la publicación de unas conversaciones en las que Delgado calificaba un negocio de prostitución y espionaje como un éxito garantizado. Un nivel moral de esta catadura debería servir para abandonar definitivamente el servicio público pero, como siempre pasa en el entorno socialista, le ha valido a Delgado para reafirmarse en el círculo de poder sanchista, donde se mezclan la masonería, los cachorros fanáticos del aparato del PSOE, la vieja guardia socialista de bareto en gasolinera de carretera nacional, el garzonismo del exjuez Garzón, el comunismo de terraza del otro Garzón y todo el tinglado chavista como cabeza de puente para la invasión de Europa del socialismo del chándal… Todo ello pastoreado por el supremacismo catalán.

Además de afrontar una querella criminal por supuesto tráfico de influencias y prevaricación, planteada por Vox, en su etapa ministerial; lo preocupante ahora será el nuevo cometido de esta jurista cuyo poder será omnímodo en la Fiscalía y estará influido tanto por la Moncloa como por Iglesias (el vicepresidente cuarto) así como mediatizado por las terminales políticas del separatismo catalán.

Y será muy preocupante sobre todo en lo referente a las libertades civiles de expresión y comunicación porque toda disidencia se intentará neutralizar, como pasa en las repúblicas castristas, bolivarianas, kichnerianas, la Rusia de Putin o la China postTiananmen.

El heraldo de este nuevo régimen de éxito garantizado es Iglesias, quien ya sugirió a la fiscalía de que actuase contra el periodista Hermann Terstch por un tuit.

Será un régimen que convertirá el Estado en un aparato de poder autónomo y retroalimentado por la mayoría de los medios de comunicación. El eximio filósofo conservador recientemente fallecido Roger Scruton, un desconocido para la clase política española que a lo único que llega es a "El Principito" por la derecha y a Simone de Beauvoir por la izquierda, decía que cuando el Estado se hace autónomo de la sociedad a la que representa sólo se preocupa de sí mismo y de sus intereses. De ahí que ya se hable de acabar con la "judicialización de la política" para que el poder no tenga límites, de "progresismo" (término acuñado por el genocida Stalin) para blanquear políticas liberticidas o de lo "social" eufemismo que sirve para conseguir la servidumbre voluntaria de la sociedad. Todo esto está argumentado con lenguaje "inclusivo", la gran aportación de la izquierda española a la cultura universal.

Este nuevo régimen no puede ser más que un éxito garantizado, como el tinglado del comisario

Eastwood y Polanski contra Sánchez e Iglesias
Santiago Navajas Libertad Digital 18 Enero 2020

A Pablo Iglesias le gustan las películas y las series. El problema es que prefiere los enredos estratégicos que juguetean con el nihilismo y hacen gloria del cinismo, al estilo de Juego de Tronos y House of Cards, en lugar de aquellas que, como Tempestad sobre Washington y El mejor hombre, muestran que, como decía Ragnar Lodbrok, "el poder atrae a los peores y corrompe a los mejores".

La llegada del gobierno socialista ha sido una mala noticia para el Estado Liberal de Derecho. Solo ha tardado un día el Consejo General del Poder Judicial en poner en su sitio al Poder Ejecutivo ante el ataque de Pablo Iglesias a los jueces españoles. Pero recordemos que la mayor parte de los jueces y fiscales pusieron en evidencia nada menos que a un ministro de Justicia del gobierno conservador, Rafael Catalá, ante las sibilinas infamias que deslizó contra un juez en el caso de la Manada.

Afortunadamente, todavía queda gente dispuesta a recoger el testigo de Montesquieu. Dos películas imprescindibles en nuestra cartelera –por su grandeza cinematográfica, su majestuosidad política y su coraje moral– son El oficial y el espía, de Roman Polanski, y Richard Jewell, de Clint Eastwood. Ambas tratan casos similares: cuando el Poder Ejecutivo decide cargarse a un ciudadano cualquiera para que sea el cabeza de turco de un bien pretendidamente superior, la seguridad nacional.

El affaire Dreyfuss y el caso Jewell son la cara y la cruz de una misma moneda: la indefensión del ciudadano común cuando la maquinaria del Estado se comporta como un Leviatán dispuesto a sacrificar a un individuo cualesquiera. También sobre el peligro de que la democracia se convierta en tiranía de la mayoría, con el griterío popular cargado de prejuicios acompasado por unos medios convertidos en propaganda populista, elevando el linchamiento a método de tribunales populares y la presunción de inocencia en un vicio del sistema burgués que hay que erradicar. Ignacio Escolar, director de un periódico progubernamental, se puso al servicio de la coalición del Frente Popular Posmoderno amenazando con iniciar una "Lawfare", una guerra jurídica, contra la independencia judicial.

Es sintomático que una película que se agota en el virtuosismo técnico y el sentimentalismo ramplón como 1917 de Sam Mendes haya sido premiada con el Globo de Oro a Mejor Película mientras que Richard Jewell haya sido ninguneada en las nominadas a los Oscar (salvo la extraordinaria actuación de Kathy Bates, aunque la no menos impresionante de Olivia Wilde haya sido dejada de lado por una campaña en contra del feminismo tóxico contra Eastwood). Y es que la película de Eastwood está llena de aristas y espinas contra todos los poderes establecidos, haciendo, al mismo tiempo, una defensa sin ambages de lo que nos queda: la resistencia de algunos valientes que todavía se atreven a defender la separación de poderes y la presunción de inocencia. Unos valientes representados en Émile Zola en la película de Polanski y en el abogado libertario que interpreta Sam Rockwell en la de Eastwood.

Que ambas estén basadas en hechos reales, con los salvoconductos que se permite ser al fin y al cabo cine de ficción, son además una invitación que nos hacen Polanski y Eastwood a profundizar en los hechos reales que propiciaron que en dos países como Francia y los Estados Unidos pudiesen darse casos más inspirados en El proceso de Kafka que en El espíritu de las leyes del marqués de Secondat. Y también nos debería advertir que casos semejantes se están dando hoy día en España, donde se está produciendo un acoso y derribo tanto político como mediático contra la independencia de los jueces y conceptos como la presunción de inocencia.

Tanto El oficial y el espía como en Richard Jewell podrían abrirse con una frase de la obra de Kafka:

¿Cómo se puede evitar, dado lo absurdo de todo el procedimiento, la corrupción general del cuerpo de funcionarios?

Pero no olvidemos que dicho absurdo no es circunstancial y casual sino que es buscado por las ideologías que pretenden subvertir el Estado Liberal de Derecho para imponer un Estado Policial de lo Políticamente Correcto.

cineypolitica.blogspot.com.es

¿Vencedores o vencidos?
Jesús Laínz Libertad Digital 18 Enero 2020

Se ha repetido un millón de veces: la historia la escriben los vencedores, pues sobre los vencidos cae el castigo añadido del silencio. Así ha sido siempre. Pero no pocas veces se ha hablado de una extraña excepción: la Guerra Civil Española, sobre la que se han escrito miles de libros y cuya narración dominante, tanto en España como en el extranjero, es, sin duda alguna, la simpatizante con el bando derrotado. ¿Será, pues, el único caso en el que la historia de una guerra no ha sido legada a la posteridad por la pluma de los vencedores?

Los hechos parecen confirmarlo. Por ejemplo, el dominio aplastante de la propaganda izquierdista en el cine. Desde hace medio siglo no hay película sobre la Guerra Civil que no responda al esquema maniqueo de unos nacionales crueles, feos, estúpidos y antipáticos defendiendo la opresión frente a unos republicanos bondadosos, guapos, inteligentes y generosos luchando por la libertad. Las películas antifranquistas filmadas durante el régimen democrático se cuentan por docenas, mientras que del enfoque contrario no hay ninguna. Y las películas de propaganda producidas durante el régimen franquista no pasaron de un puñado, casi todas de la inmediata postguerra y que pronto dejaron paso a un cine poco o nada interesado en la propaganda ideológica.

En cuanto a la historiografía, la hegemonía prorrepublicana es igualmente abrumadora. Las voces que se alzan contra la versión dominante son condenadas al silencio, y los pocos casos que consiguen cierta relevancia, como Pío Moa, acaban sepultados bajo el insulto. Naturalmente, los libros escolares siguen la misma pauta. El último paso es la pretensión del gobierno socialista de modificar la Ley de Memoria Histórica para que dudar de la visión establecida como oficial esté penado con multas, cárcel, secuestro de libros e inhabilitaciones. Vocación totalitaria sólo superada por la de sus socios separatistas, maestros insuperables en esos menesteres.

Todo esto parece claro, pero el punto que merece alguna reflexión es el del propio concepto de vencedores y vencidos. Y en esto tiene mucho que ver la batalla por la imagen, ganada en 1936 por el bando alzado. Porque, a pesar de la hostilidad con la que fue recibido por unas democracias que no deseaban la instalación en España de un régimen similar a los de Italia y Alemania, las atrocidades republicanas, tanto anteriores como posteriores al 18 de julio, acabaron convenciéndoles de que la República española no era un régimen democrático, sino una revolución bolchevique. Por eso no recibió ayuda ni de Francia, ni de Inglaterra ni de los Estados Unidos. El "Blood, blood, blood!" con el que Churchill rechazó saludar al embajador republicano en Londres lo resume perfectamente. Sólo la URSS la apoyó, por motivos ideológicos obvios.

Por el contrario, los alzados fueron tolerados a regañadientes por quienes no tardarían en convencerse de que era mejor una victoria de Franco, incluso con la ayuda de Hitler y Mussolini, que un régimen títere de Stalin. En cuanto a estos tres dirigentes, conviene detenerse un momento en la cronología, ya que olvidarse de ella conduce a no comprender nada. Porque el núcleo de la condena a Franco no es otro que la ayuda recibida de los dictadores italiano y alemán. Esta vinculación con los regímenes fascistas es la que, mediante la invencible reductio ad Hitlerum, corta en seco cualquier intento de razonar sobre las causas, protagonistas y consecuencias de la Guerra Civil.

Pero cuando Franco consiguió la ayuda de Hitler y Mussolini, ambos estaban muy lejos de recibir la condena universal con la que fueron castigados in aeternum tras su aniquilación en 1945. Roosevelt se inspiró en Mussolini para muchas medidas de su New Deal, Churchill declaró que "si yo fuese italiano, vestiría la camisa negra de los fascistas de Mussolini" y Stravinsky proclamó que "no creo que nadie venere a Mussolini más que yo". También recibió loas de Emil Ludwig, Toscanini, Valle-Inclán, Pío XI y Gandhi. En cuanto a Hitler, si bien no despertó tantas simpatías por el temor que inspiraba el rearme alemán, también fue respetado por numerosas personalidades de todo el mundo, desde el rey británico Eduardo VIII hasta el escritor noruego Knut Hamsun o el héroe nacional estadounidense Charles Lindbergh. Y su posterior archienemigo Churchill, a pesar de la desconfianza que siempre le provocó, escribió en 1935 que la recuperación de Alemania "es una de las hazañas más destacadas de toda la historia del mundo"; y en 1937, que "si mi patria fuese derrotada, desearía encontrar un campeón tan indomable como Hitler para restaurar nuestro coraje y recuperar nuestro lugar entre las naciones".

Por lo que se refiere a sus crímenes, cuya sombra se pretende extender sobre Franco, no hay que olvidar que el momento en el que suele fecharse la decisión sobre la llamada solución final fue la Conferencia de Wansee, celebrada en 1942, seis años después del comienzo de la guerra española. Por el contrario, en 1936 la URSS de Stalin ya tenía a sus espaldas muchos millones de muertos por la revolución, las purgas, la deskulakización y el Holodomor. La cronología es indiscutible: el bando que se alió en 1936 con un régimen asesino de masas fue el republicano, no el nacional.

Pero todo esto cambió en 1945, pues tras la derrota del Eje todos sus aliados fueron condenados y todos sus opositores, absueltos, incluida una URSS que, por haber vencido, no tuvo su Núremberg. E incluso logró el absurdo de ser considerada campeona de la democracia, al igual que la República española. La mayor prueba de ello fue lo tratado en Potsdam por Truman, Churchill y Stalin. Pues cuando este último propuso invadir una España a la que consideró el único régimen fascista superviviente, los angloamericanos, aun admitiendo su desagrado por Franco, arguyeron que era mejor dejar a España en paz, que no representaba ningún peligro para el mundo y que, al fin y al cabo, no se había mostrado hostil contra ellos cuando, en 1940-41, podría haberles puesto en graves aprietos si hubiera entrado en la guerra al lado de Hitler. Stalin, aparte de recordar la División Azul, insistió en que el régimen de Franco se había instalado gracias a la colaboración de Hitler y Mussolini, pecado original que no compartían otras dictaduras como la portuguesa y por el que debía ser barrido de la faz de la Tierra.

Los derrotados del 39 fueron los vencedores del 45, momento en el que, treinta años antes de la muerte de Franco, arrancó la buena imagen del bando republicano y la mala del bando nacional. A lo que se añadiría la traición de una Iglesia que le debía la vida.

Por eso socialistas y comunistas llevan ochenta años proclamándose vencedores morales de la guerra. Y por eso se equivoca la ministra Dolores Delgado al proclamar entusiasmada que la profanación de la tumba de Franco es la primera victoria de los vencidos. Ni fueron vencidos ni ésta es su primera victoria: gracias a su camarada Stalin, llevan venciendo desde 1945.

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La reescritura del 'procés' y su impunidad
Editorial El Mundo 18 Enero 2020

En un tiempo donde resulta tan fácil la distorsión deliberada de la realidad, posverdad lo llaman, las batallas por el relato se han convertido en protagonistas indiscutibles de la política
Jordi Cuixart, a su salida ayer de la cárcel de Lledoners. PAU VENTEO EP

En un tiempo donde resulta tan fácil la distorsión deliberada de la realidad, posverdad lo llaman, las batallas por el relato se han convertido en protagonistas indiscutibles de la política. Y, así, por poner un dramático ejemplo, asistimos a diario a intentos deleznables de blanqueamiento de quienes hasta anteayer mismo jaleaban los asesinatos de ETA porque a algunos les conviene que no haya ni vencedores y vencidos ni memoria real de las víctimas. Otro tanto está ocurriendo ya con el procés. Este país lleva años afrontando el mayor desafío desde la recuperación de la democracia, con un golpe contra el ordenamiento constitucional que no acabó con el 1-O y con la declaración unilateral de independencia del Parlament la víspera de la fuga de Puigdemont, sino que sigue vivo y en marcha. Y la gravedad de los hechos ya ocurridos quedó inequívocamente probada en un juicio por el que los cabecillas del procés fueron condenados. Es una perogrullada. Y, sin embargo, la debilidad y el claudicante entreguismo de quienes hoy gobiernan España permite a los secesionistas intentar construir un relato a su antojo que acabará glorificando a los golpistas con la activa colaboración de quienes tienen como obligación primera defender el Estado de derecho.

En el intento imposible de satisfacer la voracidad de sus socios independentistas, Sánchez protagoniza una autoenmienda a la totalidad sobre Cataluña que no es ya que persiga "desjudicializar el conflicto político", sino que se traduce en impunidad para los sediciosos y en facilitarles que puedan cumplir sus objetivos. Tan crecidos están los independentistas y tal es el escarnio que hoy se permiten al conjunto de los españoles que el Govern anunció ayer la salida de la cárcel de los políticos presos, empezando por Junqueras, para participar en una mascarada como la comisión de investigación en el Parlament sobre la aplicación del 155. No nos cabe duda de que estos condenados por sedición y malversación de caudales públicos tienen mucho que decir sobre la vigencia de la Constitución en Cataluña. Tampoco de que de esa bufonada de comisión saldrán nuevas exigencias de claudicación a Sánchez para vergüenza de todos.

Así se va reescribiendo el relato de lo ocurrido estos años. ERC y Torra cuentan con el presidente del Gobierno como escribano. A modo de Penélope, la mujer de Ulises, lo que la Justicia teje por un lado en defensa de nuestro ordenamiento constitucional, ya se encarga él por otro lado de destejerlo. Fue el de ayer un día aciago en este sentido. La Junta Electoral Central, primero, en cumplimiento estricto de sus funciones, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, después, han inhabilitado a Torra, condenado por delito de desobediencia. Pero la Fiscalía, que Sánchez sin disimulo alguno maneja como si fuera un departamento más de su Gobierno, no tardó en salir en auxilio del president y le respalda, instando a la paralización de la inhabilitación hasta que se pronuncie el Supremo. Se trata de ir ganando meses para que el títere de Puigdemont no apriete el botón del adelanto electoral y Moncloa pueda al menos arrancarle a ERC unos Presupuestos. Y, en paralelo, mientras la Justicia tumba seis de las llamadas embajadas de la Generalitat, el Gobierno, desdiciéndose de la política desarrollada por Borrell, se apresura a darle el plácet para que abra otras tres. Qué fácil es violar la ley cuando su garante último está de parte del que delinque. Cuestión de relato.

Sánchez cómplice de Torra contra el Supremo
La Justicia tumba la apertura de embajadas catalanas un día después de que Sánchez autorice 3 nuevas
Carlos Dávila okdiario 18 Enero 2020

La semana que viene el presidente Sánchez se alineará con los sediciosos golpistas de octubre del 17 en abierta rebeldía contra el Tribunal Supremo. Veamos: en siete días, a los más tardar en diez, la Sala III del Tribunal, la de lo Contencioso Administrativo, sentenciará, en consonancia con lo ya dictado por la Junta Electoral Central, que Quim Torra está inhabilitado para ejercer como diputado en el Parlamento de Cataluña. La Fiscalía ya ha adelantado que se coloca al lado de transgresor, pero fuentes del Supremo insisten en que inhabilitarán a Torra. En esas mismas fechas, el jueves probablemente, esta cámara celebrará un Pleno al que, con certeza, asistirá el citado Torra; es más, se sentará en su escaño como presidente de la Generalidad. Así lo ha pactado con el presidente del Parlament, Roger Torrent, que, para autoabastecer su decisión, se ha fundado en el informe del secretario general de la institución, no de los letrados en general, algo que no le ha resultado especialmente difícil porque este secretario no esconde en absoluto su identidad política con ERC.

Es decir: el Parlament desobedecerá al Supremo y Sánchez se llamará andanas porque, en abierta contraposición con lo que va a dictar sin lugar a dudas este Tribunal, él se reunirá con Torra porque, según sus propias palabras: “¿A quién le pueda extrañar que me siente con un presidente autonómico?” En puridad, los magistrados de lo Contencioso sólo inhabilitarán definitivamente a Torra como diputado, no lo pueden hacer como presidente pero, como el actual Estatuto de Cataluña inscribe que este último cargo únicamente lo puede ejercer un parlamentario en activo, no hay más cera que la que arde: Torra, no diputado, no presidente. La cosa tiene una lógica aplastante…salvo para el propio interesado, para Torrent y, en el colmo de la desfachatez institucional, para el mismo presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez que se dispone a proporcionar carta de legitimidad a quien el Supremo ha apartado incluso de la inmunidad parlamentaria.

El escaño de Torra tiene incluso ya un sucesor; se trata de Ferrán Mascarrell, que fue consejero de Justicia con Puigdemont a pesar de que por entonces era militante del PSC. Tanto Ciudadanos, partido mayoritario en la cámara autonómica, como el PP, ya han avisado de que Torra no puede sentarse en su escaño. “Tomaremos medidas”, ha dicho Carrizosa, mano derecha que fue de Arrimadas cuando ésta todavía permanecía en Cataluña. La pregunta es cómo sorteará esta vez Torrent la sentencia del Supremo. En el PP y en el Ciudadanos piensan que arbitrará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el que pretenderá detener la inhabilitación del ilegítimo presidente. En todo caso, este recurso no puede parar el dictamen del Supremo, pero ese es un inconveniente que le trae al fresco a Torrent, un individuo que debe saber que si tolera la presencia de su correligionario en el escaño que tuvo, será procesado por desobediencia, lo mismo que Torra.

A Sánchez todo este proceso no le importa. Su trayecto se compone de dos etapas: la primera, la mencionada entrevista con Torra como presidente; la segunda, la constitución de una mesa “de gobierno a gobierno” y en la que se empezarán a trazar todas las cesiones que ha comprometido con Oriol Junqueras. Para ser ciertos hay que atestiguar que una de estas cesiones ya se intentó porque, en efecto, el Gobierno de la Nación no tuvo la menor intención de oponerse, tal y como en su momento hizo Josep Borrell, a la continua apertura de nuevas “embajadas” catalanas, tres de ellas aprobadas por el Govern mientras Sánchez y su nueva ministra de Exteriores las daban por buenas. Menos mal que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluaña se las ha cargado. Pero larga mano pecadora de Sánchez se extiende a todos las instituciones de la vida pública, la Justicia, sobre todo que este jueves dio una nueva muestra de sometimiento a las órdenes del Ejecutivo. La Audiencia de Barcelona no es el Tribunal Superior por eso ha deparado una satisfacción más a los independentistas: ha archivado la investigación contra Francesc Esteve, jefe del Gabinete Jurídico de la Generalidad y responsable en su momento de que las urnas chinas del referéndum ilegal llegarán a toda Cataluña. Naturalmente, la Fiscalía no interpondrá recurso alguno. Otra prueba de la complicidad de Sánchez con los golpistas.

Fiscalía General del Gobierno
Fernando Díaz Villanueva. vozpopuli  18 Enero 2020

El escándalo que se ha armado esta semana en los ambientes judiciales ha sido de campeonato. Los jueces y fiscales suelen ser gente comedida que, como es lógico y recomendable, tratan de pasar desapercibidos y dar la nota lo menos posible. Pero la cacicada de Sánchez no les dejaba otra salida más que hablar aunque fuese a media voz y algo escondidos por si las moscas. A la mayor parte de ellos el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado les ha parecido un disparate, algo de un partidismo tan desaforado que lleva a ponerse en lo peor. Lo peor es que la intención de Sánchez sea doblegar al sistemajudicial para hacer de su capa un sayo transformándolo en una cámara de eco del Ejecutivo.

Para escandalizarse por esto no hace falta ser juez o fiscal, basta con saber para que sirve la Fiscalía General del Estado y lo importante que es la figura del fiscal general en sí, especialmente en temas delicados y de interés nacional. El fiscal general del Estado en España lo nombra el Gobierno, en rigor lo nombra el Rey pero a proposición del Gobierno. El monarca carece de poder y hace lo que le indican desde La Moncloa, en esto y en todo lo demás. Esa ya es la primera anomalía. Es cierto que no es una excepción. En EEUU lo nombra el presidente y lo ratifica el Senado. En México el fiscal general de la República lo nombra el Senado sobre una terna que propone el presidente. En Argentina sucede algo similar. Allí lo llaman procurador general y lo propone el presidente al Senado, luego este le da el plácet con una mayoría de dos tercios.

En España no tenemos ese mecanismo de seguridad parlamentario. El Gobierno decide a quien pone y el Rey se limita a echar la firma. En el pasado se pidió la reforma del procedimiento, pero ni el PP ni el PSOE estaban por la labor ya que ellos eran los beneficiarios directos. Uno de los que abogó por la reforma fue Pablo Iglesias hace tres años, pero ahora, sin embargo, se ha quedado mudo. Las cosas desde el poder se ven de manera muy diferente y si el sistema te permite colocar como fiscal general a quien te plazca sin cortapisa alguna es normal que aprovechen la ventaja.

Pero precisamente porque emana directamente del poder ejecutivo hay que velar por su independencia e imparcialidad. Sobre el papel, el fiscal general no puede recibir órdenes del Gobierno, pero la realidad es que todos los Gobiernos desde Adolfo Suárez han tratado de nombrar fiscales que ellos entendían como afines, pero al menos trataban de cuidar las formas. Ninguno, a excepción de Javier Moscoso, que fue fiscal general entre 1986 y 1990, había sido antes ministro, pero en aquel entonces Felipe González dejó pasar un tiempo prudencial de varios meses entre el cese en el ministerio y el nombramiento como fiscal general.

Esta vez ni eso. Dolores Delgado se acostó ministra y se levantó fiscal general del Estado. No era, además, una ministra cualquiera, era la de Justicia, lo cual añade un puñado de sal sobre la herida abierta. Durante su mandato encadenó los escándalos por su nunca aclarada relación con el comisario Villarejo y las llamadas cloacas del Estado. Por aquello y por no defender adecuadamente al juez Llarena en Bélgica, fue reprobada en tres ocasiones por el Congreso y el Senado. Con semejante historial en sólo año y medio, cuando se informó de que no continuaría al frente de Justicia muchos pensaron que estaba amortizada y que lo más que podría hacer sería volver a su carrera de fiscal. En cierto modo lo ha hecho, pero a la cabeza de la Fiscalía en un cargo eminentemente político y de importancia capital.

Porque el nombramiento de alguien tan polémico y tan marcado es cien por cien político. Eso sí, nos viene a dar dos pistas. La primera es que Sánchez va a por todas, lo quiere todo y lo quiere ya. Sabe que necesita tener al Poder Judicial de su lado para sacar adelante su programa y cumplir las promesas que hizo a sus socios y está dispuesto a hacerlo delante de todos. La primera en la frente para que el siguiente se aparte. La Fiscalía General es el primer paso, luego vendrá el Tribunal Supremo, el Constitucional y, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial. Mediante interpretaciones creativas de la ley se puede llegar muy lejos, pueden consumarse auténticos desafueros sin consecuencias penales. También se pueden frenar las iniciativas legales que tome la oposición contra ellos.

La segunda pista es que el tema catalán es prioritario y Sánchez quiere dejarlo resuelto cuanto antes, a lo largo del próximo año si es posible ya que sin ERC no habrá presupuestos y su permanencia en el poder depende de ellos. Lleva desde hace meses con la murga de que hay que desjudicializar este asunto, que hay que llevarlo al terreno de la política, es decir, al del compadreo y los hechos consumados. Con alguien como Delgado se podrá desjudicializar esto en poco tiempo porque la Fiscalía es un órgano jerárquico, es decir, que el fiscal general puede dar instrucciones a los fiscales del Supremo en todo lo que tenga que ver con las causas pendientes sobre el procés.

Está aún por verse el juicio a José Luis Trapero, el antiguo mayor de los Mossos acusado de rebelión por su actitud durante el 1 de octubre. El fiscal podría rebajar la acusación a sedición o directamente retirarla. Lo de suavizar acusaciones ya lo hizo Delgado como ministra. Fue ella quien forzó a la Abogacía del Estado al cambiar la acusación contra la plana mayor del procés. Pasó de rebelión a sedición, lo que trajo penas más blandas. Recordemos que el tribunal presidido por Manuel Marchena se decantó por la sedición cuando emitió el fallo el pasado 14 de octubre.

Dolores Delgado como fiscal general tendría también la última palabra sobre los indultos a los condenados en aquel juicio. Para que el indulto se otorgue es preceptivo un informe del tribunal y ahí los fiscales tienen mucho que decir. De nuevo podrá pasar el rodillo y llevar así el cántaro lleno de agua a su jefe. Nada que ver con su predecesora, María José Segarra, que lucía un expediente inmaculado al llegar a la Fiscalía y que mantuvo una encomiable independencia a pesar de que le había puesto ahí el Gobierno. Delgado no puede decir lo mismo, llega con la toga manchada de barro dispuesta a enfangar todo el sistema judicial.

La Justicia en ‘el telar de Penépole’ catalán
Pablo Sebastián republica 18 Enero 2020

Como en ‘el telar de Penélope’, lo que los Gobiernos de Sánchez y Torra -que ahora van de la mano- hacen y deshacen en Cataluña respecto a las decisiones de la Justicia, los tribunales catalanes lo enmiendan y quedan a la espera de la palabra final del Tribunal Supremo. El que se ha convertido en guardián último del Estado de Derecho y de la legalidad, motivo por el que Sánchez lo quiere ‘renovar’ y controlar.

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha arrancado a toda velocidad en sus dos prioritarios frentes de actuación: Cataluña y la ‘agenda social’. Y lo ha hecho con un desafío previo al Poder Judicial que pretende controlar y renovar a su favor, mediante la obscena propuesta de Dolores Delgado para el cargo de Fiscal General del Estado.

Un paso previo para desactivar -‘despolitizar’ lo llama Sánchez- la acción de la Justicia en Cataluña frente al golpismo y separatismo catalán, con la muy estrecha y cómplice colaboración del PSC, que ya se ha opuesto que se le aplique la inhabilitación al president y diputado autonómico Torra. A lo que también se ha sumado la Fiscalía a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre todo ello. Lo que el alto Tribunal hará pronto de implacable manera.

Aunque mientras tanto el Gobierno de Sánchez ha autorizado la apertura de las tres nuevas embajadas catalanas que había vetado Borrell, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cerraba otras siete embajadas del Gobierno de Torra (otra vez el telar).

Y para que no falte de nada y aprovechando la ‘barra libre’ (invita Sánchez) del Gobierno de coalición español en Cataluña, el Ejecutivo catalán acaba de declarar unas jornadas de ‘puertas abiertas’ en la cárcel de Llenoders donde viven los golpistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo para que ‘los Jordis’ -Sánchez y Cruixart- se tomen dos días de vacaciones, y Junqueras y el resto de ex consejeros presos y condenados se den unos paseos por el Parlament.

En realidad y a la espera de los indultos, para todos ellos, que están a punto de llegar y que ya preparan en La Moncloa, solo falta que los golpistas se den a la fuga tras la senda de Puigdemont y se instalen en el palacete belga de Waterloo.

Al tiempo y siguiendo su agenda social el Gobierno aprobó la subida de las pensiones y se ha lanzado en tromba contra el ‘pin parental’ de Murcia al grito de ‘los niños no pertenecen a sus padres’ (sic). Lo que le encanta a la ministra Irene Montero de Igualdad, que se ha estrenado con descortesía a la Reina Letizia, en línea con lo que hizo Sánchez con el Rey en las últimas semanas y mientras Bildu lo insultaba ante sus narices y labios sellados.

Ese es el Sánchez impasible y marmóreo que hace lo que quiere aunque no sabe a donde va, ni a donde pretende llevar España y al PSOE en esta su acelerada cabalgada que no hizo nada más que comenzar camino de un precipicio al que lo llevan de manera imparables sus socios de Podemos y del separatismo catalán.

Un gobierno con todo por demostrar, salvo su intemperante autosuficiencia
El canibalismo del nuevo ejecutivo se come a Montesquieu y a sus tres poderes
Miguel Massanet diariosigloxxi 18 Enero 2020

Ya tenemos al nuevo Gobierno de España. Una mezcla explosiva de distintas tendencias, a cual más peligrosa, con la evidente pretensión de acaparar todas las instituciones del país, para que ninguna de ellas pudiera llegar a constituir un obstáculo para su proyecto de imponer a los españoles una sola idea, una sola concepción política y un solo sistema de gobierno que, naturalmente, no tendría semejanza alguna con la democracia de la que hemos venido disfrutando hasta ahora. Sin duda va a ser una labor ardua, comprometida, no carente de dificultades y que, evidentemente, va tener como objetivo eliminar a las derechas; hacerse con los mandos del Ejército; invadir las competencias de la Justicia; apartar y ningunear a la Guardia Civil; someter a la Policía Nacional y a sus mandos; reducir a la Iglesia católica, obligándola a pagar impuestos e interviniendo en aquellos aspectos como la educación, el sostenimiento de los bienes inmuebles, propiedades del clero para provocar su asfixia económica vía IBI y por el método de la desamortización eclesiástica, un sistema utilizado en numerosas ocasiones de nuestra Historia, como fue la de Godoy y las distintas desamortizaciones liberales del siglo XIX,( recordemos la de Mendizábal en 1836) por la vía de las inmatriculaciones ( algo que supone la liquidación de los impuestos que pudieran haberse devengado anteriormente). Una vez alcanzada, con éxito, esta primera parte o quizá al mismo tiempo, pasar a la segunda fase que tendrá por objetivo satisfacer las ambiciones separatistas de Cataluña y del País Vasco y, en este último caso, con la anexión de Navarra, una ambición largamente mantenida por los etarras vascos.

No se sabe hasta qué punto han llegado los acuerdos secretos de los negociadores del Gobierno con los de ERC, pero presumimos que las concesiones que se les han hecho, a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, a la vista de los movimientos que se advierten en favor de que los socialistas pudieran votar en contra a la concesión del suplicatoria que el TS ha presentado ante el Parlamento Europeo, para que retire la impunidad a Puigdemont y Comin, los dos nuevos miembros de la cámara; estamos seguros de que sobrepasaría, con creces, lo que permite nuestra actual Constitución, una de las leyes que, por supuesto, intentarían cambiar o sustituir, para adaptarla a las doctrinas socio-comunistas del nuevo Gobierno, que la vigente Constitución de 1978 no contempla, ni aceptaría en forma alguna.

Lo que si resulta llamativo es el papel importante que se le ha concedido al que, en realidad, viene moviendo los hilos del backstage de la cúpula directiva del PSOE, el señor Iván Redondo, este supuesto “cerebro” que, por lo visto, ya ha superado los efectos de la pérdida de los 700.000 votos que perdieron los socialistas en los últimos comicios y que, con sus intrigas, sus manipulaciones y sus acuerdos desconocidos con los señores de Junqueras, parece haber conseguido situarse al frente de la nueva Lubianka del PSOE, como asesor directo del señor Sánchez y experto en esta concienzuda tarea de conducir a España al mismo lugar, o peor, en que la dejó su maestro, el señor Rodríguez Zapatero, con la ayuda inestimable del presidente del CIS señor Tezano y, cómo no, con la TV1 de la señora Rosa Mateo, otra que tal.

Hete aquí, señores, cómo ya se están cumpliendo las previsiones, nada difíciles de hacer, con una de las primeras imposiciones de quienes gobiernan que ya han conseguido que el CGPJ con el señor Lesmes a la cabeza, haya claudicado aceptando como fiscal General del Estado a Dolores Delgado, una de las personas más fanáticas, sectarias, feminista radical e inadecuada que se pudiera escoger para un cargo en el que la principal cualidad para desempeñarlo debería ser la imparcialidad y la honestidad. Lo peor es la evidencia de que el apego por los cargos y el miedo a enfrentarse al todopoderoso gobierno de las izquierdas, ha podido con cualquier otra consideración de las que, con anterioridad a esta reunión del consejo de jueces y fiscales, habían mantenido con evidente descontento la mayoría de ellos. Desaparecida la abogacía del Estado convertida en la “voz de su amo” y con la fiscalía dirigida por una exministra beligerante del partido socialista, sólo queda, aislado, cercado, acorralado por todos los frentes, el TS y, no sabemos durante cuánto tiempo el TC. Hay cambios pendientes que pueden favorecer aún más al Gobierno y tenemos pendientes los suplicatorios que deberían acabar con la inmunidad de los señores Puigdemont y Comín. Sabemos que los suplicatorios han sido aceptados por el Parlamento Europeo y que han pasado a estudio de la Comisión de Asuntos Jurídicos para su estudio y preceptivo dictamen. Uno de estos periodistas colaboradores de la tertulia de Carlos Herrera en la COPE, el señor Sostres, una persona que se había mostrado como de derechas y, no obstante, parece que ya no lo es tanto, como si de pronto se sintiera inclinado hacia lo que sus paisanos están maquinando y parece dar la impresión de disculpar o tolerar mejor lo que están haciendo los de su tierra, Cataluña; hoy aseguraba tener información fidedigna de que, los socialistas españoles y no se sabe si sus colegas europeos, iban a votar en contra de que se les retirase la inmunidad a los dos prófugos de la Justicia española, asilados en Bélgica.

Todo puede suceder y no somos nosotros quienes podamos afirmar lo contrario. Sin embargo, el hecho de que no sean los miembros de la cámara los que deban calificar la procedencia o improcedencia de conceder o no el suplicatorio del tribunal español, sino una comisión, ad hoc, de asuntos jurídicos de la propia Cámara, nos tranquiliza porque sabemos que nuestro Tribunal Supremo tiene la preparación, la solvencia y la capacidad de argumentar, con todos los pronunciamientos jurídicos adecuados, los suplicatorios que han enviado a Europa. Quizá, aún con la consigna de votar en contra y teniendo en cuenta que la votación se deberá hacer a brazo alzado, el querer organizar un pucherazo puede resultar algo muy difícil de hacer si, el informe jurídico de los expertos aconsejase lo contrario, es decir, el retirarles la inmunidad de que disponían los fugados para evitar su traslados a España.

Una muestra de lo que nos espera ha sido la metida de pata, hasta el corvejón, del nuevo vicepresidente del gobierno, el desconocido Pablo Iglesias, convertido en un manso borreguito al servicio y peloteo de su inmediato superior, el señor Pedro Sánchez. Acostumbrado a pronunciar arengas explosivas, convencido de que cuando más burda, desproporcionada, hiriente y humillante sea una crítica contra el enemigo político (para él todo aquel que se le enfrente se convierte en enemigo, no en adversario), olvidándose de que ya forma parte de un Gobierno que, al menos en apariencia, debe ser democrático; no dudó en explayarse poniendo de vuelta y media a la Justicia española, por lo visto porque los jueces y magistrados no le consultan previamente cuales deben sus veredictos. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, los jueces tuvieron que poner en su sitio al Gobierno, recordándole que no está bien que una institución ponga de vuelta y media a otra. Un síntoma y un aviso de lo que nos queda por delante, agravado por el hecho insólito de que el Gobierno en pleno se haya levantado en apoyo del incontrolado Iglesias, dejando a los jueces desamparados ante la desfachatez de los comunistas que, como es sabido, no se preocupan ni poco ni mucho de respetar las instituciones cuando creen que constituyen un obstáculo para sus fines revolucionarios. Y una pregunta retórica: ¿Qué hace, en medio de semejante banda de impresentables, un señor como el astronauta Pedro Duque? Empezamos a pensar que nos equivocamos cuando juzgamos que era una persona a la que habían engañado para que aceptara el puesto de ministro pero, en esta segunda ocasión, es evidente que no ha existido engaño alguno y que, como el resto, ha aceptado ascender al poder mediante una serie de trucos y de cesiones a los separatistas que deslegitiman a todos aquellos que, por activa o pasiva, han colaborado en semejante chapuza. Lo sentimos por él pero todo el respeto y consideración que se había ganado por sus hazañas estelares lo acaba de dilapidar cuando su regreso a España no ha sido más que para contribuir a dividir a los españoles y condenar a España a un gobierno que, evidentemente, no es el que mejor le conviene para salir adelante.

O, así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, los españoles han sido capaces de elegir la peor opción que se podía dar para sacar a España del mismo agujero del que ya se estaba librando con apoyo del PP, cuando el señor Sánchez acabó con el gobierno de Rajoy gracias a una moción de censura que no tenía otro objeto que derribar a Mariano, para que Sánchez alcanzase el poder. Ahora ya se empiezan a producir los primeros efectos de incorporar a un gobierno democrático una serie de elementos partidarios de ir en contra de la Constitución, de la anarquía, de la supresión de la religión católica y de apoyar al separatismo de vascos y catalanes. El resultado: no tardaremos mucho en poder ver hacia dónde nos llevan estos nuevos navegantes que, al parecer, carecen de brújula y de timón; fiándose en su capacidad de mentir para convencer al pueblo español de que todo lo que harán es por su bien. Tarea ardua para aquellos que deberán dar cuenta del por qué no han podido cumplir sus promesas y deban dar explicaciones a quienes hayan decepcionado. “Y las banderas, cantan victoria, al paso de la paz”

Prepárate, amigo socialista
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 18 Enero 2020

El Gran Felón y su cofradía nos han dejado a los pies de esta manada. Pero no desesperes. Todavía no han conseguido acabar con la Justicia.

Cuando introdujiste en la urna una papeleta con las siglas PSOE o PSC, guiado por viejas querencias, fuiste víctima, amigo socialista, del timo de la estampita. Unos falsarios te hicieron creer que estabas votando al Partido Socialista Obrero Español o al Partit dels Socialistes de Catalunya, cuando en realidad esas letras eran solo el cebo urdido para hacerte morder un anzuelo envenenado con efectos retroactivos. Te remontaste por el túnel del tiempo a 1919 y caíste en el preciso instante en que una fracción del PSOE rompió con la Segunda Internacional socialista y se incorporó a la Tercera Internacional bolchevique. Actuaste, abducido, como si pertenecieras a esa fracción cismática, marxista-leninista, a pesar de que siempre la has aborrecido por su índole mortífera.

Felipe González mandó parar
Desde entonces ha corrido mucha agua bajo los puentes. Hubo periodos en que los comunistas abrazaban a los socialistas hasta asfixiarlos en los frentes populares, y otros en que los tildaban de socialfascistas. Hasta que llegó Felipe González, sustentado ideológica y económicamente por la socialdemocracia alemana, y mandó parar. El Congreso Extraordinario del PSOE borró el marxismo, la autodeterminación y otras pamplinas del programa en septiembre de 1979.

Ese fue, a partir de entonces, tu partido, con sus virtudes y sus defectos. Muy distinto del partido que creíste votar en el 2019, cuando el Gran Felón ya lo había convertido, a tus espaldas, en una versión esperpéntica de aquel otro que se bolchevizó en 1919, cuando los idealistas todavía podían depositar sus esperanzas en la Revolución Rusa. Pero ya no. Los cien millones de muertos y la secuela de corrupción y miseria que dejó el comunismo allí donde imperó pesan como una lápida sobre su imagen. A pesar de lo cual sobrevive valiéndose de los más obscenos subterfugios para encaramarse en las cumbres del poder. Con la colaboración indispensable de salvapatrias inescrupulosos que le prestan su marca registrada y le sirven de tapadera.

Llegan emboscados
Prepárate, amigo socialista. Ya están aquí. Llegan emboscados tras las estampitas que los timadores te vendieron como si fueran billetes de curso legal. Este aquelarre es un caso extremo sin equivalentes en la Europa del siglo XXI. Mientras que en la mayoría de los países de nuestro entorno, excepto Francia, los partidos comunistas han cambiado de nombre, aunque conserven las mañas, aquí tenemos un Partido Comunista de España con todas las letras.

Sus defensores argumentan que desempeñó un papel sobresaliente en la lucha contra el franquismo, pero omiten recordar que no la libró por vocación democrática sino obedeciendo las órdenes de Stalin y desgarrado por feroces purgas sectarias. Su líder, Santiago Carrillo, fue implacable con su oposición interna, y cuando se adscribió al eurocomunismo del italiano Enrico Berlinguer y abjuró de los fetiches republicanos para colaborar en la Transición hacia la Monarquía parlamentaria, sus detractores le aplicaron el mismo trato punitivo que él había empleado con los disidentes. Su Némesis fue Julio Anguita, un inquisidor que no cejó hasta conseguir que el hereje fuera expulsado del PCE y este recuperara sus dogmas republicanos y marxista-leninistas. Anguita opera entre bambalinas como mentor de Pablo Iglesias y su tropa y, por interpósita persona, injerta un lóbulo tóxico en el cerebro del monstruo plurinacional creado por el doctor Sánchez Frankenstein.

Gato por liebre
Enric Juliana retrata esta simbiosis de Podemos con el PCE, aunque intenta hacer pasar gato por liebre atribuyendo a su actual dirección hija de Anguita los méritos del eurocomunismo hoy excomulgado ("Yo fui un ministro de Stalin", LV, 13/1):

Podemos no es el PCE, pero sus principales dirigentes se han formado sentimentalmente en el interior de ese surco histórico. Un surco que combatió a Franco, pactó la Constitución y ahora, mucho tiempo después, vuelve al gobierno.

Vaya si vuelve al gobierno. Vuelve para demoler las conquistas de la Transición, abolir la Constitución, exhumar el guerracivilismo junto con la momia de Franco, e importar a España los modelos dictatoriales y empobrecedores del Tercer Mundo. Alberto Garzón, comunista de tomo y lomo, ministro de Consumo, ha calificado de "sostenible" el racionamiento de los productos de primera necesidad que impera en Cuba, donde la escasez de lo imprescindible en el comercio estatal convive con la especulación en el mercado negro y con su ramificación mercenaria en la prostitución rampante de "jineteras" y chavales hartos de la falsa moral castrista.

Otro que bien baila es el ministro de Universidades, Manuel Castells. Respaldado por una plétora de títulos académicos, llegó al Gobierno en representación de la franquicia catalana de Podemos, con el aval de la alcaldesa Ada Colau y su conglomerado antisistema. Castells hace ostentación de su afinidad ideológica con el comunismo recauchutado, con el amotinamiento callejero y con los bárbaros hostiles a nuestra civilización. Cito, como botones de muestra, tres de los muchos sermones donde vierte sus compulsiones radicales y que publica regularmente en La Vanguardia. La primera de las afinidades citadas la exhibió en "Comunistas" (21/5/2016); la segunda en "Y la nieve ardía" (28/12/2019); y la tercera en "Tambores de guerra" (10/1/2020), donde desahoga su disgusto por la eliminación, dron mediante, del general Soleimani, jefe de las milicias asesinas jomeinistas.

El foco pútrido
Prepárate, amigo socialista. Nuestras desgracias no terminan con la investidura de un gobierno en el que cohabitan la degeneración sanchista del viejo tronco socialista y la versión maquillada del comunismo atrófico. El foco pútrido de la gangrena está fermentando en los reductos de los enemigos de España. Son los partidos y movimientos que arriendan sus escaños al contubernio gobernante a cambio de que les permitan continuar socavando el Estado de Derecho. Proclaman desfachatadamente en el Parlamento que les importa un comino la gobernabilidad de España y, sin embargo, los traidores les entregan las llaves de esa gobernabilidad, les aseguran la desjudicialización de sus delitos de sedición y les prometen entregarles las cabezas de los fiscales y jueces insobornables para así garantizarles la impunidad.

No te hagas ilusiones, amigo socialista. Quien se ciscó en la gobernabilidad de España y tildó de "verdugos" a los socialistas con los que estaba conchabada y a los que tú votaste, fue la diputada portavoz de ERC, el partido a cuya disciplinada abstención le debe la investidura el Gran Felón. Advierte Félix Riera, siempre mesurado en sus juicios ("ERC y Catalunya", LV, 14/1):

Si observamos el camino realizado hasta hoy por el independentismo, veremos que la única intención clara que tienen todas sus fracciones enfrentadas entre sí es consolidar una vía para romper lo más rápidamente posible con España. La propuesta política de ERC para Catalunya es influir en que gobierne la izquierda en España y mantener el bloque independentista en Catalunya. (…) Dicho de otro modo, no se trata de esperar qué puede dar el Gobierno español sino de cosechar pequeñas y casi imperceptibles victorias para lograr un referéndum para conseguir la independencia.

No desesperes
Los que sí se hacen ilusiones son los truchimanes del proceso secesionista. Envalentonados por la estulticia de los subastadores de la integridad de España no ponen límites a sus apetitos ni a los medios para saciarlos. Francesc Marc-Álvaro, que últimamente fungía de conciliador, muestra su talante más belicoso ("O segunda transición o nada", LV, 9/1):

No queda más remedio que tomar el camino de la cirugía y olvidarse de la cosmética. (…). Sin bisturí no habrá gobernabilidad ni segunda transición. Ni nada.

Ya ves, amigo socialista. El Gran Felón y su cofradía nos han dejado a los pies de esta manada. Pero no desesperes. Todavía no han conseguido acabar con la Justicia, aunque lo están intentando. La Justicia acabará con ellos.

PS: A ti, amigo liberal, te embaucaron los "progres" con el tocomocho de que Ciudadanos se había derechizado por sus acuerdos con Vox, y te abstuviste. El resultado fue que el frente constitucionalista sufrió un golpe bajo y, además, el incómodo pero indispensable Vox se puso muy por delante de Ciudadanos en el recuento de votos y diputados. Mira ahora la amenaza que representa el monstruo creado por el doctor Sánchez Frankenstein para la integridad de España, para la Monarquía parlamentaria y para nuestra sociedad de libres e iguales. Y arrepiéntete de haberte abstenido.

La primera vez que te engañen será culpa del otro, la segunda vez será culpa tuya (Proverbio árabe).

Varapalo de la Justicia a Armengol: el TSJ de Baleares anula el decreto del catalán en la sanidad pública
OKDIARIO 18 Enero 2020

Varapalo de la Justicia a la presidenta balear Francina Armengol. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha anulado el decreto ley del Govern que exigía un determinado nivel de catalán a los empleados de la sanidad pública al considerar que la norma es contraria a derecho. Además, impone las costas del juicio a la Administración.

La Sala de lo contencioso-administrativo resuelve así el recurso presentado por el sindicato de funcionarios CSIF , que argumentaba que el decreto discriminaba en el acceso igualitario al empleo público.

El decreto establecía que cualquier aspirante podía ser admitido en los procesos selectivos públicos, independientemente de su nivel de catalán, y obtener una plaza con la condición de personal estatutario fijo.

Sin embargo, se introducía la obligación de acreditar el nivel requerido de catalán en un máximo de dos años tras la obtención de la plaza. El personal que no lo hiciera, aunque mantendría la plaza, perdía el derecho a participar en procedimientos de movilidad o acceder a derechos económicos de la carrera profesional.

En este sentido, el Tribunal entiende que al privar a los empleados del derecho a carrera profesional el Govern incurría en nulidad y que, asimismo, la prohibición al derecho a la movilidad es «evidentemente desproporcionado».

La Sala no cuestiona en la sentencia que el Ejecutivo autonómico pueda exigir «un cierto nivel de conocimiento» del catalán como requisito para acceder a la función pública, señalando que es una medida «constitucionalmente lícita».

De hecho, considera que el derecho constitucional de los ciudadanos a ser atendidos en catalán obliga a que la Administración de la Comunidad «otorgue relevancia jurídica» a dicha lengua.

El decreto fue aprobado por el Govern en marzo de 2018. La sentencia del TSJIB no es firme y el Ejecutivo puede recurrirla ante el mismo TSJIB o el Tribunal Supremo.

En una nota de prensa, el CSIF se ha felicitado por el fallo del TSJIB y ha subrayado que la lengua debe ser «un mérito que sume pero que en ningún caso reste valor a la calidad asistencial de la sanidad pública y suponga una rémora a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad».

Carta a Chivite de la hija de un asesinado por ETA: «Dice usted que hay quien vivía mejor con ellos...»
Paz Prieto Sáenz de Tejada ABC 18 Enero 2020

Señora Chivite:

«Algunos vivían mejor con ETA». Ahí queda eso, señora Chivite, porque usted lo dijo. Yo le voy a hablar como hija de un padre asesinado por ETA, José Luis Prieto Gracia. Usted tenía solo dos años cuando lo asesinaron en 1981. Yo acababa de cumplir diecinueve. Aunque joven, seguro que tuvo tiempo de vivir el miedo a ETA. Miedo a pasear por según qué calles o en según qué compañías, y miedo a expresar opiniones personales en el trabajo, en el bar, incluso ante conocidos.

Ahora usted dice que había quien vivía mejor con ETA, y tiene en parte razón. Unos, porque decidían quién debía morir; otros, porque ejecutaban esa decisión; otros, porque colaboraban dando apoyo, mirando para otro lado, y muchos, porque, debajo de nogales y seguros de que la amenaza no iba con ellos, simplemente miraban hacia arriba a ver cuántas nueces caían. Estos últimos llevan años, algo más de cuatro, aquí en Navarra, diciendo que siempre estuvieron con nosotros, con las víctimas de ETA. Yo les digo que es mentira. Porque cuando ETA asesinó a tantos padres, hijos, hermanos y amigos, nosotros sí estábamos allí, acompañando a quien había sufrido el mismo horror que nosotros, e íbamos de un funeral a otro. Y nunca vimos a quien ahora pretende haber estado allí.

Así que antes de ofendernos con esa afirmación indigna, antes de faltar al respeto a quienes dieron su vida por la libertad de todos, incluida la suya, piense bien qué quiere decir y hacer para gobernar Navarra. Reflexione y mire a quién tiene a su lado.

Es más fácil arremeter contra las víctimas y contra quienes siempre estuvieron a su lado, fuera cual fuera su ideología, que exigir a quienes permitieron su investidura que condenen de una vez por todas el terrorismo de ETA. Pregúnteles qué hacían ellos en 1981 en relación con ETA. Si no le contestan o no se acuerdan, yo se lo digo: el Ayuntamiento de Pamplona no condenó el asesinato de nuestro padre, con regidor socialista entonces. No fue posible hallar una mayoría suficiente que condenase su asesinato. Entre otras cosas porque los concejales de Herri Batasuna, hoy Bildu, dijeron no tener suficientes elementos de juicio para fijar postura. Quizá pensaron que a mi padre le había dado un infarto antes de que tres asesinos etarras, hoy en la calle, por supuesto, le descerrajaran tres cobardes tiros en la nuca. Le cuento estos detalles porque hoy en día puede parecer exagerado o increíble que alguien dijera eso, ¿verdad? Ahí están las actas del Ayuntamiento de Pamplona para acreditarlo. Y esto no fue una excepción: era la norma en los ayuntamientos donde tenían nutrida representación los que ahora le permiten a usted sentarse donde se sienta. El mundo sigue al revés. En vez de apoyar a las víctimas de ETA y velar por su memoria, su Partido Socialista de Navarra prefiere «normalizar» a los herederos de ETA, con jefe etarra a la cabeza. La indignidad no permite vivir satisfecho, señora Chivite, o no debería.
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Paz Prieto Sáenz de Tejada es secretaria de Anvite

El discurso de Gregorio Ordóñez sigue vivo 25 años después: "El final va a ser indigno"
Ana Iríbar denuncia que "nada" ha cambiado desde el asesinato de su marido: "El problema no es Bildu sino la actitud de los partidos con ellos. Es lo escandaloso y le resta credibilidad a la democracia"
José Mari Alonso. San Sebastián elconfidencial 18 Enero 2020

Con el cadáver de Gregorio Ordóñez aún caliente, su viuda Ana Iríbar descolgó el teléfono de casa. Al otro lado surgió la voz de un periodista.

—¿Perdona a los asesinos de su marido?
—No voy a perdonar nunca. Además, yo no soy la que tiene que perdonar. Es Gregorio y él ya no puede perdonar.

Iríbar tiene grabada a fuego como si fuera ayer esa primera pregunta que le ha acompañado durante 25 años. Ha pasado un cuarto de siglo del asesinato de su marido y la cuestión del perdón sigue activa en su relación con el exterior. Es algo que, en cierto modo, brota de forma natural, sin necesidad de un requerimiento expreso. Y más hoy en día cuando se promociona desde las instituciones y los partidos lo que ella califica de "reconciliación inmoral". "¿Qué es la reconciliación? Hay algo terrible en esta sociedad, especialmente en la sociedad vasca: parece que las víctimas de ETA solo hemos existido cuando nos han pedido que perdonemos", censura.

La presidenta de la Fundación que lleva el nombre de quien fue "símbolo de la lucha contra el fanatismo terrorista y la radicalización violenta en el País Vasco" hace un alto en la organización de la gran exposición sobre la figura del político del PP que se inaugurará el próximo día 23 en San Sebastián —coincidiendo con el 25 aniversario de su asesinato— con la anunciada presencia de José María Aznar o Pablo Casado para atender a El Confidencial. Llega a la cita con el libro 'Gregorio Ordóñez. Tal como era', editado en 1996 por la Fundación, bajo el brazo. "Para que conozcas su historia", exclama.

No hace falta. Resulta difícil no conocer en esencia todo lo que rodea al asesinato de quien constantemente alzaba la voz para exigir el aislamiento del brazo político de ETA a todos los niveles y cuya figura trascendió de las siglas del PP. Pero, por si acaso, Iríbar pone voz a las páginas que ensalzan al protagonista de un "crimen electoral". Porque la bala que acabó con su vida en el bar La Cepa de la Parte Vieja donostiarra tenía como objetivo silenciar al teniente de alcalde del Consistorio de San Sebastián, quien estaba llamado a ganar las elecciones de mayo de ese mismo año —de hecho, el PP fue el partido más votado cuatro meses después—. "El PP se estaba convirtiendo en la fuerza más votada y eso es algo que ETA no podía soportar. ETA eliminó a su adversario político", rememora.

Fiel al espíritu de su marido, que no se andaba con medias tintas, Iríbar habla con franqueza. Con esa sinceridad admite que el 25 aniversario de su asesinato "no es especial" para la familia. "Es igual que cualquier otro", afirma para restar trascendencia a este aniversario. No es, por el contrario, una fecha más a nivel institucional, ya que el Ayuntamiento de San Sebastián va a colocar una placa en memoria de Gregorio Ordóñez en el lugar donde fue asesinado con motivo de esta conmemoración. En todo caso, amparada en su franqueza, también despoja de relevancia a este gesto. "¡Es que todo llega muy tarde! 25 años después no me emociona. Si se hubiera hecho diez días después de su asesinato…", justifica.

Pero hay una explicación que trasciende de la figura de Ordóñez (1958-1995) para fundamentar este cierto desdén. "Es que aquí las reacciones con las víctimas de ETA se han producido muy tarde. Las víctimas hemos estado en la basura, escondidas debajo de una alfombra y, ahora, de pronto, se nos desempolva porque interesa para que haya un colchón y se pueda hablar de reconciliación, de perdón… Esto forma parte de un teatro, de un recurso de 'atrezzo' para seguir explicando que aquí ha habido dos bandos enfrentados", despacha. Todo, insiste, "llega muy tarde". Sin ir más lejos —apunta—, el juicio por el último terrorista que participó en el atentado, Juan Ramón Carasatorre 'Zapata', llegó 16 años después del asesinato, cometido por un comando de ETA que integraba a Javier García Gaztelu 'Txapote' y Valentín Lasarte.

La colocación de la placa, no obstante, la considera "necesaria" para que "las nuevas generaciones sepan que en ese bar fue asesinada una persona que representaba a miles de ciudadanos y que fue de los primeros políticos que pusieron el dedo contra Herri Batasuna (HB) por ser lo mismo que ETA". Llevar el relato con mayúsculas a las nuevas generaciones, como enfatiza, es una tarea que se antoja fundamental en unos momentos en los que "parece haberse instaurado en la sociedad la teoría del 'conflicto' que siempre ha defendido el nacionalismo vasco", una vez silenciadas las armas de ETA. "Aquí no ha habido dos bandos enfrentados y sí dos listas: la de más de 850 asesinados por ETA y la de los centenares de terroristas, cómplices y colaboradores con la banda terrorista", asevera.

Ahora, ETA ya no mata —Iríbar insiste en que la banda terrorista no ha desaparecido, sino "teatralizado una disolución"—, pero su viuda lamenta que a nivel político y social "muy pocas cosas han cambiado" desde el asesinato de Ordóñez. Su discurso "sigue vigente" 25 años después, al igual que sus luchas permanecen activas transcurrido un cuarto de siglo desde su asesinato. Y dentro de las "asignaturas pendientes" por resolver, la "principal" es acabar con que "se mantenga el discurso de ETA en las instituciones". "Nunca tuvieron que estar ahí", resalta ante un aval político y judicial al mundo 'abertzale' que "resta credibilidad a la democracia española".

¿Qué diría hoy Gregorio Ordóñez del actual panorama político? Con "Otegi y sus secuaces en las instituciones" y con "partidos políticos y gobiernos negociando con ellos como si fueran uno más", Iríbar lo tiene claro: "No hace falta preguntarnos qué estaría diciendo Gregorio hoy porque ya lo decía entonces, cuando ETA asesinaba. Si se rescata su discurso político encaja perfectamente en la situación actual porque nada se ha movido desde su asesinato". Dicho con otras palabras, Ordóñez "no se callaría" y se rebelaría ante la actual "connivencia" con los sucesores de Herri Batasuna —"EH Bildu y Sortu son los mismos perros pero con distintos collares"—, con quienes se "ha bajado la guardia" a nivel político, social y judicial. "El problema no son solo ellos. El problema es la acción y reacción de las demás fuerzas políticas con ellos. Eso es lo escandaloso. Para mí, sin ninguna duda le resta credibilidad y autenticidad a la democracia española. El deterioro, pasito a pasito, es muy grave y, además, no nos damos cuenta. ¡Que mal hemos reaccionado en los momentos en los que los partidos debían estar a la altura de la circunstancias! Es indigno para la democracia española que haya políticos que negocien con ellos como si fueran uno más, cuando no lo son", alza la voz con amargura.

El mayor exponente de lo que es una "indignidad para la democracia" lo acaba de protagonizar el PSOE, que, según denuncia, se ha echado en brazos de Bildu para la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ver en la sesión de investidura a la portavoz 'abertzale' Mertxe Aizpurua "crecida y aplaudida" en el Congreso de los Diputados mientras criticaba al Rey Felipe VI y a las instituciones españolas es algo "escandaloso" y "muy difícil de digerir" para las víctimas. En todo caso, Iríbar no habla de traición del PSOE a las víctimas, como sí lo han hecho otros damnificados por ETA —"no me gusta habar en estos términos", alega—, pero sí de "traición a su propia historia" de más de un siglo. "Es un comportamiento indigno para un partido que es centenario y que lleva muchos años defendiendo la libertad, la justicia en toda Europa, no solo aquí", censura.

Al igual que hubiera hecho su marido, Iríbar alza la voz contra el 'todo vale' en política y que lleva a los partidos a "actuar de forma contradictoria con su propia esencia" por intereses partidistas. "Les da igual con quién pactar", critica. Es más, considera que "los partidos políticos han perdido hoy en día su esencia, por qué y para qué están aquí", al "dejar de lado el servicio al ciudadano" para servir a los intereses de partido. "Si nos movemos en estos cálculos nunca vamos a dar un paso adelante en este país, ni a nivel de modernidad ni de solidez de la democracia, ni para recuperar nuestra esencia, nuestros principios. Nunca", reflexiona.

Ordóñez predijo el negro futuro que le aguardaba. Renunció a llevar escolta pese a ser consciente de que le iban a matar. Su viuda no sabe qué depararán los próximos años, pero sí le "entristece" el presente, que el 25 aniversario de su asesinato llegue en medio de una "situación política que ni era la que Gregorio deseaba ni por la que murió". "El ritmo y los hechos nos llevan a un panorama confuso y nos estamos jugando la democracia", alerta.

Por ello, la mirada al futuro de Iríbar está teñida de pesimismo. Se remite a los hechos. La tarea pendiente de acometer un "importante ejercicio social, cultural e histórico que realmente descubra quiénes son la izquierda 'abertzale' y qué significa este proyecto político, el daño que ha hecho en el País Vasco y en toda España", ha quedado arrinconada para priorizar la "mal llamada" reconciliación. "Yo no veo esta reconciliación, sigo percibiendo mucho teatro y mucha pose, y alguna fotografía. No sé por qué se habla de reconciliación como si aquí hubiera habido una guerra y dos bandos. Volvemos al discurso de siempre que le ha interesado al nacionalismo. ¿Dónde tiene que producirse la reconciliación? ¿Se quiere que crucemos la lista de asesinados por ETA y los terroristas y sus cómplices? Esto es imposible", asevera.

Está acostumbrada a fotografías "indignas", pero hay una instantánea "terrible" a la que no se habitúa: la que ha relegado a un segundo plano a los más de 300 asesinados por ETA que a día de hoy siguen sin conocer quién acabó con su vida para poner en primera línea a sus presuntos ejecutores, los presos etarras. "Parece que este país no se acuerda de los más de 300 crímenes sin resolver, cuando es la parte que aporta algo o el único consuelo a sus familiares", lamenta.

La causa por el asesinato de Ordóñez sigue abierta ante la lucha de la familia por sentar en el banquillo a los autores intelectuales. Entre tanto, uno de los ejecutores como colaborador necesario, Valentín Lasarte, se encuentra en libertad tras desmarcarse de ETA. Muchos otros no han renegado de su pasado, pero Iríbar está convencida de que van a lograr "beneficios" ahora que los presos etarras se están convirtiendo en una cuestión nuclear. El Gobierno vasco ya ha anunciado que va a plantear a Pedro Sánchez un plan para acercar de forma colectiva a los 210 reclusos a siete cárceles del País Vasco y su próximo entorno sin exigir un desmarque previo de ETA de cara a favorecer el camino hacia su "resocialización". "Yo, en este tema, qué quieres que te diga", exclama con resignación. Un pequeño silencio da paso a unas palabras que le salen del alma: "Mira, me da igual que estén en la cárcel de aquí al lado o que estén a 800 kilómetros de distancia. Tampoco me importa que tengan la vida un poco incómoda, tanto ellos como sus familiares, porque las familias de los asesinados solo tenemos un lugar a dónde ir, y es al cementerio".

En este futuro que vaticina plagado de amenazas, al menos —pone en valor— la figura de Ordóñez sigue siendo un "referente" para el PP y, especialmente, para las Nuevas Generaciones, que son quienes va a tener que "poner las cosas en su sitio, ordenar las cosas" para que la "esencia y el modelo de Gregorio cale de verdad" en la sociedad. En su momento, el testigo de su marido lo cogieron algunos jóvenes valores del partido que dieron un paso adelante con su asesinato y se situaron en primera línea en defensa de las libertades, caso entre otros de María San Gil y Borja Sémper, hoy fuera ya del tablero político.

¿Quién o quiénes pueden coger ahora el testigo? Iríbar "piensa" en la joven Beatriz Fanjul, la única diputada del PP por el País Vasco, que ha tomado como "referencia el discurso de Ordóñez" en "los primeros discursos que le he escuchado". "Ojalá las nuevas generaciones, mujeres como Fanjul por ejemplo, lleven adelante las enseñanzas y el ejemplo de Ordóñez. Mi generación es la generación de los desorientados. Los partidos han movido su discurso, su esencia y no sabemos a dónde mirar, a quién mirar. Somos la generación de la desorientación absoluta", indica.

Es el preludio a su mensaje final, que llega vestido de reivindicación: "Me parece que la sociedad, especialmente la vasca, tiene todavía que hacer un trabajo importante. Si en su mayoría intentó mirar para otro lado mientras existía ETA, yo creo que ahora lo que tiene que hacer es un ejercicio de responsabilidad y ver en qué ha fallado, dónde no ha estado cuando tenía que estar y por qué. Por lo menos, debe hacer un ejercicio de memoria y reconocer lo que aquí ha sucedido y asumir las responsabilidades que nos corresponden a cada uno de nosotros —y yo me incluyo— en toda esta historia que es indigna de principio a fin. Indigno fue el comienzo e indigno va a ser el final".

La primera pregunta que Iríbar respondió a un periodista tras el asesinato de su marido cierra la, de momento, última entrevista que concede —aunque será por poco tiempo—. "¿Perdonar? Yo no estoy todos los días con el dolor, procuro llevar una vida normal dentro de la anormalidad a la que nos han condenado a mi hijo y a mí. Lo que más me duele es pensar que mi hijo ha crecido sin padre. Javier es huérfano de padre desde los 14 meses y lo peor que me han hecho es que él no tenga recuerdos de su padre. Es lo más terrible que me han podido hacer y eso no lo voy a perdonar nunca", zanja, por si había dudas.
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