AGLI Recortes de Prensa   Domingo 19  Enero  2020

El umbral posdemocrático
La desprejuiciada exhibición de poder de Sánchez en la primera semana de mandato revela la voluntad de someter la arquitectura institucional a una ofensiva relámpago. Y nos sitúa en el dintel de un formato autocrático, de un ejercicio cesáreo encubierto por su origen parlamentario
Ignacio Camacho ABC 19 Enero 2020

Los estropicios que apunta el estilo disruptivo de Sánchez se encuentran aún, en su mayoría, en grado de tentativa. El principal de ellos, el que afectaría al modelo de Estado, depende de la siempre inestable relación con el convulso conglomerado independentista, y las acometidas contra la separación de poderes van a encontrarse, como se ha visto en el nombramiento de la exministra Delgado al frente de la Fiscalía, con una decidida resistencia en el seno de la Administración de Justicia. Estos conflictos incipientes resultarán determinantes para el mandato de una coalición socialcomunista que ha marcado su deriva de fuerte sesgo ideológico desde las primeras medidas, pero por inquietantes que sean sus trazas, su desenlace queda lejos todavía. Sin embargo hay un destrozo ya prácticamente irreversible en el delicado tejido de la confianza política, y es el que ha causado la constatación de que la palabra ha perdido su carácter de referencia decisiva, de vehículo esencial de entendimiento entre los dirigentes y la ciudadanía.

En este sentido, la forma desahogada en que el presidente se ha desembarazado de todo rasgo de coherencia consigo mismo prefigura un escenario moral en el que la ausencia de compromisos supone un salto cualitativo que va mucho más allá de un simple cambio de estilo: es la deconstrucción, la quiebra del contrato social en el que se basa el proceso representativo. Y crea un espacio de incertidumbre y de perplejidad que despoja al liderazgo de cualquier vínculo racional o intelectivo para asentarlo sobre los resortes emocionales o tribales que constituyen la médula del caudillismo.

Esa desacomplejada desafección respecto a su discurso previo no es la anécdota de un político tarambana que carece de solidez para defender sus criterios. Representa la descreencia voluntaria en la política como un oficio de cierto hálito ético y consagra un feroz pragmatismo capaz de sonrojar de pudor al mismísimo Maquiavelo. No se trata tanto de mentiras o de cinismo, al fin y al cabo herramientas usuales en el juego (sucio) de los tahúres convencidos de que el éxito justifica el método; estamos ante una forma de entender el poder como objetivo supremo, como soporte de una hegemonía totalizadora bajo la que subordinar el respeto a las convenciones formales, a las pautas institucionales y si es preciso al mismo Derecho.

El desapego a la palabra dicha -que en política adquiere la condición de promesa- es el primer requisito de la demolición de un sistema que se fundamenta en el pacto verbal como primordial regla. Suprimida ésta, aventada como una simple bagatela, desaparece la obligación de una mínima congruencia y queda expedita la ruta hacia una legitimidad nueva, hacia un paradigma caracterizado por la desaparición de las certezas. Cuando una sociedad -como la nuestra- se acostumbra o acepta la despenalización de la impostura, sea por resignación, por estupor, por apocamiento o por pereza, está creando el clima para una transformación de sus bases de convivencia. Si nada es seguro, si los valores colectivos carecen de firmeza, los principios se vuelven papel mojado y las leyes, papelería volandera. Sólo importa el designio sectario de quien ocupa el poder parapetado por la autoconvicción de que su elección representa el triunfo de la mentalidad correcta.

Es el umbral de la posdemocracia: una forma de autocracia encubierta por su origen parlamentario y que, por alarmista o aparentemente hiperbólica que resulte la comparación, remite al nacimiento de los regímenes bolivarianos. Un gobernante desprejuiciado y audaz, electo por procedimientos democráticos, aprovecha el vacío moral de un electorado galvanizado por su partidismo o cataléptico por el desencanto para comenzar una refundación del orden político con decisiones y modos de corte autoritario.

Así, la exhibición de Sánchez en esta primera semana, sus movimientos tajantes, decididos y rápidos, revelan la voluntad de someter la arquitectura institucional a un blitzkrieg, a una guerra relámpago. Todas sus medidas representan un expeditivo alarde de mando: la modificación de la fecha del Consejo de Ministros para estrechar a la oposición el campo, la decisión de interponer recurso contra el inofensivo pin parental murciano, el refuerzo de su asesor y jefe de Gabinete como un vicepresidente de facto, la autorización de nuevas «embajadas» catalanas que Borrell -es decir, ¡¡su propio Gobierno!!- había impugnado y, especialmente, la ofensiva contra el poder judicial, blanco directo de sus socios, simbolizada en el nombramiento de la anterior ministra de Justicia como fiscal general del Estado. Una descarnada demostración de caudillaje sin barreras, de personalismo acendrado, con la que envía el mensaje de que está dispuesto a ejercer el cargo, a despecho de su exigua mayoría y de sus apoyos precarios, a través de un imperioso ejercicio cesáreo.

Ese formato de «iliberalismo», amparado en el mantra progresista que siempre proporciona en España la sedicente adscripción a la izquierda, es posible porque primero comprobó que el cuerpo social -o la mitad de él- le concedía tolerancia a su falta de palabra. A partir de esa coartada se siente en condiciones de hacer lo que le venga en gana; de endulzar sus flagrantes contradicciones ya se encargará el potentísimo aparato de propaganda. Después de todo lo ocurrido, del incumplimiento impune de sus airados argumentos de campaña, cree poder modificar a su antojo o conveniencia la legalidad que estorbe su gracia arbitraria. ¿Qué sentido tiene ahora creer en sus proclamas de respeto a la Constitución o de negar a los separatistas un referéndum de exclusiva soberanía catalana? ¿Quién puede confiar en sus declaraciones de acatamiento a la institución monárquica? ¿Cómo mantener la esperanza de que no indulte a los sediciosos o frene las aspiraciones autodeterministas vascas?

Pero sobre todo, y vistos los precedentes de Trump, Johnson, Orbán y otros populistas iliberales -aunque de signo ideológico contrario-, la cuestión clave es la de cómo restablecer entre el Gobierno y los ciudadanos una relación fiable. Cómo devolver la credibilidad a una política que ha dinamitado sus propios cimientos en una fulminante operación de sabotaje. Cómo evitar que la posdemocracia galopante destruya unos contrapesos institucionales que acaso nunca imaginamos tan frágiles.

Sánchez engorda la deuda del Estado cada minuto el doble de lo que cobra un español de promedio en un año
Calixto Rivero okdiario 19 Enero 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha engordado significativamente la deuda del Estado en su primera etapa en el Ejecutivo, a pesar de que aún no había formado una coalición con Podemos, un partido que apuesta claramente y sin ambages por elevar el gasto público. Tras la formación del nuevo Consejo de Ministros todo apunta a que continuará esta tendencia en el futuro.

Entre junio de 2018, cuando se produjo la moción de censura a Mariano Rajoy, y noviembre de 2019, el último dato hecho público por el Banco de España, la deuda del Estado ha pasado de 1,02 billones de euros a 1,05 billones, lo que significa que en este periodo se ha disparado en 29.841,04 millones de euros en año y medio a pesar de que la economía ha crecido a un ritmo en torno al 2% y de que las épocas de crecimiento son el momento propicio para reducir los números y, por lo tanto, el endeudamiento del país.

Para poner en contexto el aumento de la deuda estatal que es responsabilidad de Pedro Sánchez se puede calcular cuál ha sido el incremento al día, a la hora o al minuto. Y los resultados son llamativos. Al día la deuda ha aumentado en 57,8 millones de euros. O lo que es lo mismo, a la hora en 2,4 millones y al minuto en más de 40.000 euros. Concretamente, 40.160, más de lo que cobra un español de media en un mes.

Sólo hay que tener en cuenta que, según las últimas cifras disponibles del Instituto Nacional de Estadística el sueldo más frecuente en España es de 17.482 euros, y el sueldo medio asciende a 23.646 euros, lo que indica que cada minuto la deuda pública ha aumentado de media más de lo que cobra un empleado nacional en todo un ejercicio de trabajo.

Concretamente, la deuda del Estado subió en el undécimo mes del año en 234 millones respecto al mes de octubre, hasta los 1,050 billones de euros, pero respecto al año anterior repuntó un 1,8%. Desde que Sánchez llegó a La Moncloa hasta noviembre de 2019, el último dato difundido por el Banco de España el endeudamiento del Estado ha crecido un 2,9%.

Malos tiempos para el Poder Judicial
Editorial ABC 19 Enero 2020

Las razonables expectativas de consenso que alumbró el nombramiento de Juan Carlos Campo como ministro de Justicia duraron las 24 horas que tardó Pedro Sánchez en designar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. No hay duda de que al presidente del Gobierno le interesa más el control del Ministerio Fiscal que facilitar acuerdos con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En su escala de prioridades, Sánchez quiere tener a corto plazo los beneficios que le rendirá la sincronización de la nueva fiscal general con las necesidades del pacto con los separatistas. De esta importancia operativa del Ministerio Público para la «desjudicialización» -tan querida por Sánchez- dan buena cuenta dos hechos recientes: el consentimiento de la Fiscalía catalana al permiso penitenciario de Cuixart, sedicioso contumaz que ha anunciado que volverá a delinquir, y el apoyo de la Fiscalía de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a la suspensión de la inhabilitación de Torra. En la lógica intervencionista del PSOE, la Fiscalía representa poder, y mientras el actual CGPJ siga una senda «conciliadora», este órgano no será un problema para Sánchez.

En el contexto de objetivos políticos extra y anticonstitucionales fijados en los pactos de Sánchez con Unidas Podemos, el PNV y ERC, el poder judicial es la única oposición de fondo que teme el Gobierno socialista, que ya ha dado muestras de no querer eludir el choque frontal con los jueces. La Moncloa respaldó expresamente a Pablo Iglesias después de que este dijera que la Justicia española había sido «humillada» por la europea. Más allá de la ignorancia que demuestran estas palabras, se trata de un discurso servil de la propaganda separatista, coincidente con Unidas Podemos en descalificar a la Justicia del Estado ante Europa.

La izquierda ya está allanando el camino para endosar al PP la responsabilidad de que el CGPJ y el TC no se renueven en un plazo prudente. Sin embargo, la verdadera responsabilidad del PP en esta cuestión es fijar muy alto el listón del acuerdo con los socialistas, porque los populares no pueden ser cómplices de la colonización de esos órganos por partidos que propugnan la destrucción del sistema constitucional. La labor del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se presenta así muy compleja, principalmente porque pertenece a un Gobierno que juega a la contra de la estabilidad institucional, del respeto al Estado de Derecho y de la vigencia de la separación de poderes. El problema de Campo no será la actitud del PP en las negociaciones, sino conservar su crédito como interlocutor de un Ejecutivo nada fiable y que se ha retratado, en sus verdaderos instintos políticos, con el nombramiento de Dolores Delgado. Quien nombra a Delgado fiscal general es que no respeta a la Justicia.

Un informe incomprensible
José Manuel Maza okdiario 19 Enero 2020

El informe favorable, aprobado por mayoría, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con el trámite de pronunciamiento sobre la pertinencia de la candidata a fiscal general del Estado propuesta por el Gobierno resulta inexplicable a ojos de cualquier profesional que atienda exclusivamente a razones jurídicas. Sin embargo, desde un punto de vista político (en el sentido menos noble del término), el informe favorable al desempeño de tan alta función por parte de Dolores Delgado únicamente se comprende en tanto que favorece al actual Gobierno en su intento por domeñar las principales instituciones que vertebran nuestro Estado de Derecho. Y todo ello sobre la base de las siguientes razones:

1.- El art. 124.2 de la Constitución establece lo siguiente: “El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”. En el mismo sentido se pronuncia el Estatuto Fiscal (arts.7 y 59). Así, el requisito de imparcialidad aparece como un principio constitucionalmente exigido al Ministerio Fiscal, el cual se encarna, en tanto que superior jerárquico, en la persona del fiscal general del Estado.

2.-El trámite de audiencia por el CGPJ está consagrado en el art. 124.4 de la Constitución, el cual dice que: “El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. En el mismo sentido se expresa el art. 29.1 del Estatuto Fiscal, así como los arts. 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Parece lógico pensar, por tanto, que, según el mandato del citado art. 124.4, corresponde al CGPJ, en calidad de órgano constitucional, analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Carta Magna, en primer término, así como de la legislación que la desarrolla, en segundo lugar, en lo que se refiere al nombramiento del máximo responsable del Ministerio Fiscal. Y, como hemos visto, entre estos requisitos (o principios rectores) se encuentra el de imparcialidad.

3.- El hecho de que la candidata propuesta adolece de cualquier viso de imparcialidad para desempeñar el cargo de fiscal general del Estado parece indiscutible. Y ello con arreglo, al menos, a las siguientes razones de carácter objetivo: (I) su pertenencia al gabinete inmediatamente anterior al actual, siendo presidente la misma persona que la nombró ministra, (II) haber resultado electa diputada en la legislatura actual en las listas del partido mayoritario en el actual Gobierno y (III) haber realizado declaraciones públicas atacando a otras formaciones políticas o pronunciándose sobre procedimientos judiciales en marcha.

Así pues, el informe favorable del CGPJ resulta a todas luces incomprensible y traiciona el propio espíritu de la institución, aún a sabiendas de su carácter no vinculante. Esto lo diseccionan perfectamente, a través de su voto discrepante, los vocales que se opusieron a otorgar el plácet al Gobierno en relación con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. No poner de manifiesto las circunstancias concurrentes que afectan a la imparcialidad del superior jerárquico del Ministerio Fiscal es tanto como si, y con todas las salvedades que pudieran aplicar, al firmar una escritura el notario se limitara exclusivamente a verificar que los contratantes son mayores de edad, pero no tuviera en consideración, por ejemplo, si tienen capacidad suficiente para realizar el negocio jurídico en cuestión.

Sánchez se opone a condenar a Maduro
Carlos Dávila okdiario 19 Enero 2020

La estrategia de Ciudadanos es actuar como si aún acumulara una cincuentena de escaños y no escasamente diez. Por eso, todos los días un plátano, es decir, si se puede, cada veinticuatro horas una iniciativa que puede llenar páginas de periódico y grandes minutos de radio y televisión.

La última tiene verdadero interés: la diputada Marta Martín ha remitido un escrito a todos los grupos parlamentarios del Congreso. Un escrito, con vocación de declaración institucional, para condenar al régimen de Nicolás Maduro por impedir que Juan Guaidó y los asambleístas venezolanos, perfectamente legítimos, accedieran al edificio de la institución, utilizando además para ello métodos coercitivos policiales. La iniciativa está desde luego cargada de intencionalidad política. Ya está apoyada expresamente por el PP, por Vox y por algún representante unipersonal del Grupo Mixto, se supone que UPN y también Coalición Canaria que, como es conocido, guarda un especial vínculo con todo lo que se refiere a aquella nación iberoamericana.

Martín envió el documento al correo del portavoz adjunto del PSOE, Rafael Simancas, pero este infortunado personaje, al que en círculos reducidos de su partido se le adjudica una fama de cenizo, lo más que hizo es contestar indicando que “pasaría el informe para un estudio detallado”, lo que viene a significar que lo transportó a algún lugar recóndito donde duermen el sueño de los injustos todas las propuestas que no agradan el prócer supremo, Pedro Sánchez. Y naturalmente, no hay contestación porque el PSOE no va a introducir un elemento de división y de crispación en sus relaciones con sus conmilitones de Gobierno, los soviéticos caribeños de Pablo Iglesias.

Podemos, engrasado tradicionalmente por el comunismo de Venezuela, no admitiría en forma alguna que el Parlamento español colocara siquiera una pequeña mácula sobre aquel despótico régimen, por lo que la idea de Ciudadanos no va a prosperar porque las “declaraciones institucionales” deben ser aprobadas por unanimidad de todos los diputados.

No saldrá adelante, pero tendrá una enorme virtualidad: que todos y cada uno de los parlamentarios tengan que “retratarse” públicamente en el menester, algo que, con toda seguridad, pondrá en evidencia a Sánchez y a sus ciento y pico corifeos. Será la primera vez en que Sánchez evidenciará el apoyo que todavía indirectamente mantiene al autócrata del Caribe. Algunos de sus socios en la moción de censura y ahora en la reciente investidura tendrán también que pronunciarse en uno u otro sentido. Es el caso de los “aprovechateguis” nacionalistas vascos que sostienen grandes relaciones con sus paisanos que aún permanecen en Venezuela.

Hay que recordar que el antiguo portavoz Iñaki Anasagasti, nacido en Caracas, se ha pronunciado en cientos de ocasiones contra aquel régimen tiránico y que el propio partido ha instado repetidamente a Maduro a abandonar el poder “de forma inmediata y pacífica”. No sería mínimamente presentable que, en este momento, y por no enojar a Sánchez, el PNV se situara al lado de los leninistas que se han nutrido tradicionalmente de los regalos de Chávez, Maduro y sus compañeros sátrapas.

En resumidas cuentas, lo que pretende Ciudadanos con esta iniciativa es lo mismo que lo que ya ensayan tanto el PP como VOX: escenificar las “contradicciones objetivas” (nunca unos términos marxistas fueron tan adecuados) entre Sánchez, su PSOE residual y sus aliados comunistas de coyuntura. Esta iniciativa no viajará sola. En muy poco tiempo, el Parlamento español tendrá que tomar posición sobre un asunto cercano y de trascendencia internacional que afecta directamente a España. Me refiero al adelanto hecho por el Frente Polisario, al que se creía ya fenecido, pero ya se verá que no lo está, de volver a tomar las armas y poner en solfa los incumplimientos, sobre todo por lo que se refiere a la consulta popular, del Reino de Marruecos.

El enfrentamiento a campo abierto ya no lo discute nadie en el ámbito universal, pero representará un conflicto para España que en este momento mantiene unas relaciones estupendas con el rey marroquí. Este problema y el antedicho son paradigmas de las constantes discrepancias que ya se están produciendo y que se van a producir todavía en mayor medida entre Sánchez y sus comunistas del Frente Popular.

El desembarco de Podemos: 100 altos cargos y asesores para sus cinco ministerios
Pablo Gómez larazon 19 Enero 2020

El pasado lunes, los gritos de “Sí, se puede” que se escucharon en la toma de posesión de Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno inauguraron en la política española una etapa, cuya principal novedad es la entrada de miembros de Podemos en la administración central. Un aterrizaje que se había concretado unas pocas horas antes con los nombramientos de Iglesias, Yolanda Díaz (al frente de la cartera de Trabajo y Economía Social), Irene Montero (Igualdad), Manuel Castells (Universidades) y Alberto Garzón (Consumo). Cinco ministros para el primer Ejecutivo de coalición en España tras la recuperación de la democracia. Un día más tarde, el gabinete de Sánchez aprobó otra tanda de nombramientos en la primera reunión del Consejo de Ministros, en concreto, nueve designaciones de altos cargos dentro de los departamentos: los directores de gabinete de los cinco ministerios y cuatro secretarios de Estado. Y éste es sólo el principio. No en vano, según fuentes ministeriales, el desembarco de Unidas Podemos en las estructuras de sus cinco departamentos significará la designación de entre 90 y 100 personas entre altos cargos y asesores.

La ‘número dos’ de Igualdad gana más que el presidente del Gobierno

La dimensión definitiva de estos “fichajes” quedará fijada en el momento en el que el Gobierno apruebe, posiblemente en las próximas semanas, el real decreto en el que se conforme la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Ahí se dibujará el organigrama definitivo y se determinará también la capacidad de cada uno de los ministros para contratar a personal eventual dentro de sus equipos de confianza. Las fuentes consultadas por este diario precisan que la estructura básica de los ministerios no se diferenciará mucho de la actual y que, por tanto, el vicepresidente Iglesias contará con un gabinete en el que, además de su director con rango de subsecretario -una responsabilidad que desempeñará Julio Rodríguez, el que fuera Jemad con Zapatero-, puedan integrarse hasta nueve asesores, uno de ellos con rango de director general.

Los otros cuatro ministerios de Podemos tendrán un gabinete más reducido que el de Iglesias, con un director y hasta cinco asesores más. A ello se añaden los siguientes escalones en la administración central: secretarías de Estado, secretarías generales, subsecretarías y direcciones generales. También la capacidad de designar personal eventual que tienen las secretarías de Estado. En principio, y si no se ve modificado este escalón administrativo en las próximas semanas, los ministerios de Garzón y de Castells, Consumo y Universidades, respectivamente, no contarán con secretarios de Estado. Por contra, el vicepresidente Iglesias tendrá dos: una encargada de la Agenda 2030 -a cuyo frente se sitúa ya Ione Belarra, que, en la legislatura pasada, fue la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso- y otra con el cometido de coordinar las competencias de Derechos Sociales -con Nacho Álvarez, responsable del programa económico de la formación morada-. El Ministerio de Igualdad contará con la Secretaría de Estado de Igualdad -dirigida por Noelia Vera, ex portavoz de la Ejecutiva de Podemos-. La cartera de Trabajo tendrá en su organigrama la Secretaría de Estado de Empleo -coordinada por Joaquín Pérez-. Estas cuatro secretarías de Estado también contarán con su propio gabinete, integrado en principio por un director y tres asesores. Del mismo modo, se incorporarán a cada uno de estos escalones cargos de confianza, cuyo número definitivo aún está por determinar, para que desempeñen labores de prensa.

El nombramiento de altos cargos por parte de los cinco ministros de Podemos se verá completado conforme vayan designando a las personas que pasen a dirigir organismos públicos. Bajo la cartera de Derechos Sociales de Iglesias, por ejemplo, han quedado adscritos el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y el Instituto de la Juventud de España (Injuve). En lo que respecta al Ministerio de Trabajo y Economía Social, bajo la batuta de Yolanda Díaz quedan encuadrados entes como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Servicio Público de Empleo, el Fondo de Garantía Salarial y la Inspección de Trabajo. Del de Universiades dependen organismos como el Servicio español para la internacionalización de la educación, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora o el Colegio de España en París.

Algunos de estos altos cargos ya han comenzado a ser ocupados. Se trata del caso de algunos fichajes de la ministra de Igualdad, como la jueza y diputada de Podemos Victoria Rosell como Delegada del Gobierno para la Violencia de Género; Beatriz Gimeno como directora del Instituto de la Mujer; Boti. G. Rodrigo para la dirección general de nueva creación encargada de las políticas de Diversidad Sexual y LGTBI; y Rita Bosaho en la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial.

Vox se erige como 'oposición molesta' tras monopolizar los ataques del Consejo de Ministros
PSOE y Unidas Podemos encuentran en la confrontación con Vox la base sobre la que construir su marca y se convierten en los grandes promotores de un debate que los de Abascal llevaban años tratando de introducir en la agenda política
Marina Alías vozpopuli.es 19 Enero 2020

Hasta hace dos días casi nadie sabía lo que era el PIN parental. Vox lo ha incluido en sus programas electorales desde sus orígenes, pero ha sido este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando los españoles pudieron familiarizarse con el concepto gracias al monográfico ideado desde el Gobierno.

Dos de las tres ministras presentes no hablaban de otra cosa. Que si los hijos no pertenecen a los padres por aquí, que si los padres son homófobos y machistas por allá. El partido de Santiago Abascal lleva años tratando de meter este asunto en la agenda política, pero finalmente ha sido el nuevo Ejecutivo de coalición el gran promotor del debate.

PSOE y Unidas Podemos han encontrado en el contraste con Vox la base sobre la que construir su marca. Y la formación de Abascal celebra monopolizar el Consejo de Ministros y se erige como la única 'oposición molesta'. Los dirigentes de unas y otras formaciones, en tromba, llevan días dedicándose mensajes a través de las redes sociales a cuenta del PIN parental.

PSOE y Podemos frente a Vox. El partido de Abascal 'solo' frente al nuevo Gobierno. Unos agitan el fantasma de la ultraderecha para consolidar su recién estrenada coalición y los otros aprovechan para seguir creciendo a costa del Partido Popular y de la bronca política que ha acompañado la investidura de Pedro Sánchez.

Vox lleva años tratando de meter este asunto en la agenda política, pero finalmente ha sido el nuevo Ejecutivo de coalición el gran promotor del debate

Según una encuesta elaborada por Celeste-Tel para eldiario.es, los de Abascal seguirían creciendo: obtendrían 57 diputados, cinco más de los que consiguieron en las elecciones del 10 de noviembre, donde lograron convertirse en la tercera fuerza política.

De acuerdo al sondeo, el aumento sería gracias al PP, que pasaría de 89 a 87 escaños, y gracias a Cs, que perdería uno más pasando de 10 a 9. Pero el que más pierde es el PSOE. Aunque seguiría siendo la fuerza más votada, los socialistas perderían cinco asientos en el Congreso, mientras que Unidas Podemos ganaría tres.

El fantasma de la ultraderecha
Sánchez, que ha logrado sacar adelante su investidura a duras penas, trata de afianzar su Gobierno -con Podemos dentro- reavivando el discurso contra la ultraderecha y arrogándose el feminismo. Mientras más se hable y más tiempo se le dedique al PIN parental, menos se abordarán otras polémicas como las cesiones al independentismo.

El PIN en cuestión, explica Vox en su página web, consiste en una solicitud de los padres a las direcciones de los centros para que se les informe previamente -a través de una autorización expresa- sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad y que puedan resultar intrusivas para la conciencia y la intimidad de los hijos.

De este modo, dice el partido de Abascal, las familias pueden conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y, en base a ello, dar su consentimiento o no para que el alumno asista a dicha formación. Vox no distingue entre actividades optativas y complementarias. Estas últimas son aprobadas por los consejos escolares y forman parte del currículo, además de ser evaluables.

Más Murcia y menos Cataluña
La implantación de esta iniciativa ha sido uno de los requisitos de Vox para facilitar el desbloqueo de los presupuestos de Murcia, donde gobierna una coalición entre PP y Cs. El Gobierno murciano ha incluido el PIN parental en las instrucciones de comienzo del curso 2019-2020.

Y Celaá, fiel defensora de que las competencias en Educación están transferidas a las comunidades autónomas cuando se trata de plantar cara a la violación del derecho a una educación integral basada en el respeto a los principios democráticos de convivencia en algunos colegios catalanes, amenaza con judicializar el asunto.

El veto, dice, es contrario a la Ley Orgánica de Educación (LOE), las propias normas autonómicas de esta región, así como a la Ley Contra la Violencia de Género. A Sánchez le interesa hablar más de Vox. Le interesa hablar más de Murcia. Y menos de Cataluña.

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Dar un golpe de Estado mereció la pena
EDUARDO INDA okdiario 19 Enero 2020

Poner el rostro al golpe de Estado del 23-F le salió caro a Antonio Tejero: se pasó 15 años en prisión, de 1981 a 1996. Fue el tonto útil de un putsch al que no fue ajeno el Rey Juan Carlos: no en vano, los dos gerifaltes de la asonada eran dos personas de su intimísima confianza, dos militares que nunca dieron un paso sin consultar al “Jefe”. Me refiero, obviamente, a Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch. Su proximidad al jefe del Estado y las amenazas veladas de ambos de tirar de la manta provocaron que el primero se pasase entre rejas sólo siete años y el segundo únicamente nueve. Que no sería moco de pavo si no fuera porque los tres fueron sentenciados a tres décadas de reclusión por un delito de rebelión. En el Ejército, como en cualquier otro orden de la vida, siempre hay clases. Sea como fuere, ni Junqueras, ni los Jordis, ni Forcadell, ni ninguno sus compinches estarán los siete años de Armada, los nueve de Milans, menos aún los 15 de Tejero.

Yo me pregunto: ¿qué diferencia existe entre lo que hicieron estos tres ladrones de nuestra libertad y sus sosias posmodernos catalanes, los que protagonizaron ese golpe de Estado de manual que fue el 1-O de 2017? Los cada vez más numerosos hagiógrafos madrileños de Junqueras y demás gentuza sostienen que hay que ser benevolentes con ellos “porque no han matado a nadie”. Defienden este mantra cual loritos en toda suerte de medios de comunicación siguiendo acríticamente el argumentario redactado por Moncloa. Olvidan por su falta de vergüenza u olvidan (sin cursiva) por su incultura supina que Tejero, Milans y Armada tampoco mataron a nadie. A lo más que llegó el guardia civil bigotudo fue a ejecutar una fallida llave de judo a Manuel Gutiérrez Mellado, ministro de Defensa, que dignísimo él se resistió sin que en ningún momento consiguieran tumbarle.

El Tribunal Supremo allanó el camino para el blanqueamiento de los golpistas catalanes. En su alucinante fallo sostuvo que los sucesos acontecidos entre el 6 de septiembre y el 27 de octubre de 2017 no fueron un golpe de Estado sino “una ensoñación”. Vamos, que la aprobación de las leyes de desconexión, el asedio a la Conselleria de Economía, el referéndum ilegal, la Declaración de Independencia y los 300 episodios de violencia probados por la Guardia Civil fueron un sueño, bueno o malo, eso va por barrios, pero un sueño al fin y al cabo. Imaginaciones del subconsciente. Flipante.

¿Por qué el tejerazo de 1981 fue un acto de rebelión y el de 2017 sólo sedición? Yo se lo explico: porque hubo maniobras orquestales en la oscuridad para exonerar a los Junqueras y compañía y así facilitar las cosas a un Pedro Sánchez con la victoria electoral más raquítica de la historia. Hubo que retorcer la verdad hasta el paroxismo: jurídicamente debería ser más grave el 1-O que el 23-F porque los independentistas catalanes subvirtieron el orden constitucional desde las instituciones y prevaliéndose de ellas. Tejero no era más que un mando de segundo nivel que estaba en la nevera de la Guardia Civil por su participación en la Operación Galaxia. Armada y Milans no eran ni jefes del Estado Mayor, ni del Ejército de Tierra, ni de la Armada, ni del Aire. Segundones.

A Tejero le costó 15 años pisar la calle. Esto no me lo han contado porque ahí estaba yo como periodista el día en que regresó a su hogar del barrio madrileño de Chamberí. Armada tardó siete y Milans, nueve. Nada que ver con los poco más de dos que ha tardado Cuixart en dormir en su casa con un permiso de 48 horas. Cosas de una escandalosa sentencia que evitó deliberadamente aplicar el artículo 36.2 del Código Penal que establece que “cuando la duración de la pena impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta». Lo cual habría hecho inviable el segundo grado del que ahora disfrutan. Los Jordis, Forcadell, Junqueras, que hasta concede entrevistas desde prisión, y demás ralea fueron sancionados con más de esos cinco años pero la Sala Segunda fue buenita con ellos. Algo parecido acaeció hace meses con Oriol Pujol, el enésimo hijo ladrón del no menos ladrón Jordi Pujol i Soley. Le cayeron dos años y medio de cárcel por el caso de las ITV y a los 65 días estaba campando a sus anchas por Barcelona. ¡Qué barato le sale a algunos delinquir!

Toda esta hoja de ruta forma parte del nauseabundo plan de Pedro Sánchez para controlar el Poder Judicial y que ha tenido como primer hito el nombramiento de la ministra Delgado como nueva fiscal general. La sujeta homófoba que considera a Marlaska “un maricón”, que vio a magistrados del Supremo “irse con menores” pero no los denunció y que aplaudía a Villarejo por emplear prostitutas para chantajear a jueces y políticos será la encargada de ablandar al ministerio público para facilitar a la banda de Junqueras lo único que les importa: su excarcelación. En fin, lo que toda la vida de Dios se ha llamado prevaricar, en este caso por bastardo interés político.

Esta prostitución de la Justicia resulta tan asquerosa en términos morales, legales e intelectuales como aceptar el voto para tu investidura de quienes perpetraron el mayor ataque a nuestra democracia desde el 23-F. Nunca imaginamos que un presidente del Gobierno llegase tan lejos, que fuera capaz de cargarse nuestro sistema constitucional por mantener la poltrona, el Falcon, Doñana, los mayordomos y ese sueldo vitalicio que apesta sólo de pensar que este sujeto lo pueda percibir algún día.

La siguiente fechoría del felón Sánchez será verse con el president de la Generalitat. Otra afrenta al constitucionalismo y al poder judicial teniendo en cuenta que Quim Torra está inhabilitado, que manda en los CDR y que no se corta a la hora de advertir que, cuando puedan, ejecutarán otro golpe de Estado y declararán la independencia. El impresentable que, tal vez porque no se ha mirado al espejo, opina que el resto de los españoles tenemos “una tara en el ADN” se reunirá en breve con el presidente del Gobierno como si nada hubiera pasado. El otro favorcete ya está consumado: los CDR terroristas que preparaban explosivos para cometer atentados han sido puestos en libertad por obra y gracia de la Fiscalía “de Pedro Sánchez”.

Que yo sepa, ni el Ejecutivo de Calvo-Sotelo ni el de Felipe González montaron una mesa de diálogo con los golpistas para ver si se tranquilizaban. Tampoco acordaron su investidura con ellos. El pájaro de cuentas que nos gobierna pondrá en libertad por las buenas o por las malas a los golpistas antes de que nos zampemos el turrón de este año, es decir, antes de la próxima Navidad. ¿Qué se juegan? Con un indulto, con una amnistía o por sus santos bemoles. También les saldrá gratis el robo de dinero público que acometieron para sufragar la fiesta golpista.

Me juego una mano, y no tengo inconveniente en hacerlo con las dos, a que los socialistas del Parlamento Europeo votarán en contra de levantar la inmunidad al quinqui de Carles Puigdemont. Quedan dos meses pero se admiten apuestas. Claro que Europa se lo ha puesto muy fácil negando las euroórdenes y permitiendo que dos fugados de la Justicia de un país miembro campen a sus anchas por la Cámara de Estrasburgo. Y nosotros hemos respondido como auténticos panolis tramitando todas las órdenes de detención y entrega cursadas por Bélgica y Alemania y callándonos ante la cacicada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por cierto presidido por un flamenco belga tan brillante en el ejercicio del Derecho como inequívocamente independentista.

Moraleja: da un golpe de Estado y prepárate porque saldrás de prisión en menos de lo que canta un gallo, te darán tratamiento de persona honorable, te llenarán el bolsillo de ese dinero público que, según Carmen Calvo, “no es de nadie”, se reunirá contigo hasta el mismísimo presidente del Gobierno y te regalarán un Estado de facto para que tú pronto te lo montes de iure con un referéndum que esta vez sí será legal. Moraleja bis: al que no logre imponer sus ideas democráticamente le saldrá más barato y le llevará menos tiempo hacerlo totalitariamente. Moraleja tris: sin legalidad no hay democracia. Por ahí nos lleva Sánchez al más puro estilo 1936. Esta vez sí que a España no la va a reconocer ni la madre que la parió, que diría el Guerra.

De Arriola a Redondo
Antonio Burgos ABC 19 Enero 2020

Venga, que se note que hemos ganado: llegar y pegar. ¿Qué quieren, un vicepresidente? Pues, toma, ¡cuatro! ¿Qué quieren, que el Consejo sea de Ministros y Ministras? Pues ahí tienen, 11 ministros y 11 ministras. Y en el banco azul del Congreso, ¡a meter sillones! Que nadie se quede sin su sillón. Se dividen los ministerios en dos y así hay tajada para todos. Ah, y los Consejos los pasamos de los viernes a los martes, para que a la oposición no les dé tiempo a controlar al Gobierno los miércoles. Y aunque digan que Torra ya no es presidente de la Generalidad, mantenemos la cita con él, de igual a igual; y si hace falta ir a Barcelona se va; para eso está el Falcon. Y si el Jemad está en la OTAN, se le cesa aunque esté lejos de la Patria y ponemos al nuestro. Y si ERC para apoyarnos pone como condición que hagamos una limpia en la Guardia Civil en Cataluña, se hace. Ah, y de directora general de la Guardia Civil, una señora, que queda muy resultón, y podemos seguir apuntándonos primicias: el primer Gobierno de coalición en la restaurada democracia y la primera mujer al frente de la Benemérita.

Y las pensiones se suben sin echar cuenta a los números de Bruselas, que le den a Bruselas. Ah, y de fiscal general ya me está usted poniendo a la que fue ministra de Justicia. Y si el Poder Judicial protesta por su idoneidad, que diga misa si quiere, pero esto es lo que hay. Ah, y a ver cómo nos las aviamos para que los «Jordis» tengan su primer permiso penitenciario. Que se note que hemos llegado y que somos la Coalición de Progreso y la leche. Ah, y a desjudicializar la política: que no se hable más de «procés» ni de sedición. Esto es el «conflicto político catalán», que vamos a solucionar y no como otros.

Como verán, todo exactamente al revés que cuando la derecha ha llegado al poder en España, tan legítimamente como ahora la ultraizquierda. Cuando la derecha ha llegado al poder, no se ha atrevido a cambiar nada, para que no les llamen fachas. A estos les importa un comino (como a la otra España) que les digan lo que quieran. Llegar y pegar, plas, plas, plas, una decisión tras otra, para que se note que ya están aquí los nuestros. La otra vez, ya vieron: Zapatero ganó, llegó y mandó. Se trajo de vuelta las tropas de Irak en menos de 24 horas y anuló el Plan Hidrológico y toda la legislación ajena a su programa. La derecha no se atrevió ni a derogar la malhadada Memoria Histórica, causa de la resurrección de las dos Españas, de nuevo enfrentadas.

¿Y saben por qué está diferencia? Por los consejeros áulicos que tuvieron cada uno de los dos mandatarios. Rajoy tuvo a Pedro Arriola, asesor tan culpable como su asesorado de tanta blandenguería, tanto paño caliente, tanta cobardía a la hora de dar la cara en lo que había que darla. Y Pedro Sánchez, por el contrario, tiene a Iván Redondo, un genio de alcanzar el poder y ejercerlo sin la menor vergüenza y al precio que sea, para que todo el mundo se entere de que ganaron. A un alto precio, tan alto como en muchos asuntos la propia España, pero ganaron. A Arriola, Rajoy lo tenía escondido. Le daba alipori confesar que tenía un consejero todopoderoso que le decía que se estuviera quietecito. Todo lo contrario a Iván Redondo, el que manda en La Moncloa, no lo ha votado nadie, pero lo ha elegido el poderoso dedo de Sánchez. Como cantaba el coro «Los Demócratas» en los albores de la Transición, en el Carnaval de Cádiz de 1977: «Aquí no pasa ná,/ esto es un cachondeo,/ porque todos los cargos/ y nombramientos/ han sido a deo...». A dedo el poderosísimo Redondo, la fiscal general del Estado, la directora general de la Guardia Civil. Sin la menor vergüenza. A dedo. Para eso ganamos.

PP, Cs y la refundación del centro derecha
Jesús Cacho. vozpopuli  19 Enero 2020

“Que nadie pueda decirte nunca que compraste el poder que detentas con sangre de tus hermanos”. Es una de las frases que el general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas de la II República tras la formación del Gobierno Negrín en mayo de 1937, copió a máquina en unas cuartillas que tituló “Ideas” y que su nieto José Andrés Rojo ha incluido en la 'Historia de la Guerra Civil española' (RBA Libros), editado por Jorge M. Reverte. “Los verdaderos responsables de una guerra no son los que la hacen, sino los que la montan y financian; sin la obra de éstos nunca habría guerras aunque hubiera ejércitos”. A las “Ideas” que Rojo fue acumulando en su domicilio madrileño tras su regreso del exilio se podría añadir hoy la responsabilidad que contraen quienes, tan lejos de aquel terrible conflicto, se dedican a sembrar el odio entre españoles como una forma de consolidar su poder, porque todo su proyecto de futuro consiste en gobernar para media España contra la otra media. Como en los años treinta del siglo pasado. “La izquierda española promueve la división entre los ciudadanos”, titulaba este jueves la periodista Barbara Loyer su artículo en Le Monde: “Es extremadamente perturbador ver que toda la izquierda española considera progresista la vuelta a la afirmación de las identidades territoriales. Con la investidura de Sánchez, el PSOE, como Podemos y sus aliados, reconocen como admisible el ideal nacionalista de desligar esas regiones de toda solidaridad con las menos ricas, o de alcanzar situaciones monolingües en catalán y en euskera”.

Doce días después de la investidura de Pedro Sánchez, la alarma provocada por el nuevo Ejecutivo en millones de españoles no necesariamente de derechas no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Los ciudadanos tienen la impresión de que el Gobierno socialcomunista con apoyo independentista que lidera actúa como un rodillo dispuesto a aplastar los perfiles de la Constitución del 78 que, con todas sus ineficacias, todas sus vergüenzas al aire, ha hecho posible el mayor periodo de paz y prosperidad del que ha gozado España en siglos. Los panzers de Sánchez avanzan a toda velocidad sobre el edificio de una Justicia que pretenden ocupar sin disparar un tiro y sin margen para la discrepancia, con la ayuda del formidable aparato mediático que controlan y sin que en la oposición parezca existir vida inteligente. Justicia, medios de comunicación y creación acelerada de una base de fieles subvencionados (subida del SMI, de las pensiones, renta básica universal) dispuestos a respaldar con su voto la aventura de ese nuevo Caudillo, cuya estación término, con nuevas generales de por medio en 2/3 años, será la elaboración de una nueva Constitución que ponga fin al régimen de monarquía parlamentaria en que hemos vivido los últimos 45 años.

La III República como objetivo. “La democracia es como un tranvía: cuando llegas a tu parada, te apeas”. La frase se atribuye al sátrapa Erdogan, el hombre que ha concentrado todo el poder turco en su persona, aunque también podría haber sido pronunciada por Putin, el amo de todas las Rusias. Cuando la democracia deja de serte útil, te olvidas de ella o simplemente la arrinconas. Ni Erdogan ni Putin pretenden a estas alturas convertirse en sultanes exóticos o en zares con lentejuelas. Son la personificación del zeitgeits alemán, el espíritu del tiempo que vivimos. Lejos del estereotipo del dictador sudamericano, Sánchez pertenece a la estirpe de los Putin, de los Erdogan, de los Duterte, incluso de los Orbán húngaros, los Kaczyński polacos o los Salvini italianos.Autócratas. Gentes que surgieron de la democracia, que la utilizaron para encaramarse en el poder y una vez allí se metamorfosearon en líderes presidencialistas con claros tintes totalitarios, dueños de un poder del que resulta difícil desalojarles porque, aunque siguen existiendo rasgos de democracia formal, sigue habiendo elecciones cada cuatro años, han ocupado las instituciones, han reformado la Constitución y cuentan con el respaldo de movimientos de masas por ellos mismos creados, alimentados con dinero público y mentalmente enfeudados en el populismo que los medios de comunicación amigos diariamente dispensan.

La maquinaria mediática, vinculada al poder mediante prebendas y contratos, unida al uso sin complejos del aparato del Estado, permite a los Erdogan de turno convertir cada contienda electoral en el show de un solo hombre que suele terminar en victoria por el 50% de los votos (la “democracia del 50%”). En la televisión turca no se habla más que de Erdogan, de la misma manera que en las televisiones españolas, públicas o privadas, no se habla ahora más que de Sánchez y de los indigentes morales que le rodean en el Consejo de Ministros. La diferencia es que Sánchez, que ha necesitado cinco intentonas para ser investido presidente, ha ganado las últimas generales con el 28% de los votos emitidos y el 19,10% del censo electoral. Tan abismal diferencia con populistas de otras latitudes augura momentos difíciles por venir. Pretender asegurar un poder omnímodo y duradero con tan pobres cimientos hace temer la predisposición al uso de métodos no pacíficos si menester fuera para lograrlo, aunque, como ya advirtiera en su “teoría de la aguja hipodérmica” el norteamericano Harold Lasswell, “hoy es posible dirigir la opinión publica en beneficio propio y lograr la adhesión de los individuos a un ideario político sin tener que recurrir a la violencia”. Basta la utilización masiva de los medios con mensajes dirigidos no al sujeto individual sino al grupo en el que se diluyen todos los perfiles, de acuerdo con los mecanismos cerebrales que rigen ese grupo y la influencia de la propaganda a la hora de unificar su pensamiento.

Fin de la división de poderes
A los autócratas (“Hay algo más que el deseo de mantenerse en la cúspide; es la atracción fatal que el poder ejerce sobre ellos”), el poder les pertenece y lo ejercen sin compasión, con la mentira como herramienta, sin concesiones al escrúpulo moral. Su victoria suele empezar por la utilización torticera del lenguaje, la tergiversación de la palabra. Sánchez ha sometido al Legislativo, controla con mano férrea el Ejecutivo, con la ayuda de ese perrito amaestrado en que se ha convertido Iglesias, y se dispone a acabar con el Judicial, aunque ello implique echarse en brazos de Delgados, Garzones y Villarejos. Desjudicializar la política para politizar la Justicia. Fin de la división de poderes. Asusta imaginarle usando a discreción la Agencia Tributaria, la Fiscalía General del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia para meter el miedo en el cuerpo al personal. Toca acelerar en la ocupación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional en cuanto el PP pierda la capacidad de bloqueo, que podría perderla, y empezar a renovar Estatutos de Autonomía para enmascarar los cambios a introducir en el catalán, la madre del cordero, que gozaría de un CGPJ propio con capacidad, como reclama Junqueras, para nombrar sus propios jueces, al fin y al cabo la clave del arco que soportó el procés.

Alguien dirá que este viaje a la autocracia que pretende Sánchez, el Gobierno de media España contra la otra media, no es posible sobre bases tan débiles como las que le acompañan, esos escuálidos 120 diputados y esa total dependencia de un conglomerado tan heterogéneo como el que le encumbró al poder en mayo del 2018 y que ha terminado por hacerlo presidente el 7 de enero. Y si bien es cierto lo anterior, también lo es que dispone de una hoja de ruta con la que proyecta ir sorteando obstáculos, como si de puertos de montaña se tratara, hasta llegar a la meta en que su propia fuerza, ese ejército de agradecidos que sigue la senda de migas que todo sátrapa va dejando por el camino, haga innecesaria la mayoría de esos apoyos. El cierre de unos primeros Presupuestos Generales del Estado es clave en esa estrategia de supervivencia. Putin, en el poder desde hace 20 años, se dispone a cambiar la Constitución rusa para volver a ser presidente en 2024, y pocos dudan de que consiga ambas cosas. Carente de cualquier propósito de alternancia, Sánchez ha venido para quedarse y hará lo que sea menester para lograrlo.

Y mientras esto ocurre, la España perpleja se pregunta qué demonios hace la oposición, dónde está Inés Arrimadas y a qué dedica su tiempo libre, que es casi todo, Pablo Casado. Y no encuentra respuesta. Muchos españoles tienen la impresión, seguramente injusta, de que la oposición está a por uvas, olvidando la dificultad de enfrentar a un amoral dispuesto a decir por la tarde lo contrario que dijo por la mañana, siempre presto a la provocación (el “pin parental” de la Celaá es la última) de la que espera sacar rédito inmediato. Con Vox empeñado en ocupar el espacio del PP, Arrimadas se halla enfrascada en una serie de maniobras destinadas a hacerse con el control de su próximo Congreso, a riesgo de atomizar aún más una formación que hace apenas meses parecía esencial para abordar la regeneración de nuestra democracia. Mientras, algunos en el PP se aferran a la idea de que es cuestión de esperar a que el aventurero se estrelle para volver al poder como ocurriera a finales de 2011, olvidando que el siniestro Zapatero, a quien todos creían flor de un día, superó con holgura las generales de 2008 (“señor Rajoy, su apocalipsis, que es lo que ha hecho estos cuatro años, parece que se retrasa: ni España se rompe, ni Navarra ha sido entregada a ETA, ni Cataluña está en un proceso de secesión; más bien está más unida que nunca, porque ahora ya hay alta velocidad…”, debate del 8 de febrero de 2008 previo a las generales del 9 de marzo), sobre la base de regar con dinero público a su base electoral. Olvidando, sobre todo, que tal vez después de Sánchez (Aprés moi, le déluge) haya poco que heredar en España.
Hacia una integración entre PP y Ciudadanos

Ha llegado el momento de mover ficha. Hacen falta soluciones heroicas para momentos históricos. Una derecha dividida en tres formaciones parece condenada a perder todas las contiendas electorales frente al arco iris de esa izquierda socialcomunista apoyada por los enemigos de la igualdad entre españoles, que son legión. Como Erdogan en Turquía, Sánchez se beneficia de esa división. No parece haber más solución que caminar hacia algún tipo de integración entre el Partido Popular y Ciudadanos, con un Vox corriendo libre por la banda de esa derecha dispuesta a defender las posiciones más conservadoras. Como sucede en las fusiones bancarias, la dificultad reside en encajar las aspiraciones personales de cuatro tipos, dos presidentes y dos consejeros delegados. En el caso que nos ocupa, solo hay dos capos cuyo futuro discutir. La solución parece fácil: Casado ocuparía la presidencia del nuevo partido y Arrimadas sería la número dos y una inigualable portavoz parlamentaria.

Naturalmente que no se trata de juntar meriendas para hacer la tortilla más apetitosa. Se trata de refundar el centro derecha. De cambiar de siglas, vender Génova y quemar las banderas con la gaviota prisionera para que el animalito pueda volar en libertad. Alguien ha hablado del “Gobierno de Vichy de Rajoy y Soraya” que no solo no desmontó el campo de minas dejado por ZP y su Memoria Histérica, sino que se convirtió en ejemplo de colaboracionismo letal con los enemigos de la libertad mediante la promoción de Podemos (se trataba de eliminar al PSOE como eventual partido de Gobierno) y la salvación de La Sexta (propiedad del ex guerrillero sandinista y hoy millonario Jaume Roures), una cadena quebrada, convertida por Soraya en una formidable maquinaria de propaganda liberticida. Un PP que había renunciado a cualquier ideología (“si alguien se quiere ir al partido liberal o al conservador, que se vaya”) para echarse en brazos de una estulta tecnocracia pronto entregada a la corrupción más espantosa. Aquel PP sigue sin pedir perdón por la estafa histórica perpetrada contra los españoles. Se trata, por eso, de construir un nuevo centro derecha liberal capaz de hacer volver al redil a los 5,85 millones de votos que el partido se ha dejado por el camino entre el 20 de noviembre de 2011 y el 10 de noviembre de 2019. Un centro derecha empeñado en derrotar en las urnas al aprendiz de tirano y hacer posible un futuro de paz y libertad para los españoles de buena voluntad, de derechas y de izquierdas.

Vox, ¿buena idea?
Con lo que ha comenzado, reunificar la derecha es tarea urgente
Luis Ventoso ABC 19 Enero 2020

En una ocasión me enviaron a hacer un reportaje que consistía en pasar un día entero con el presidente de la Xunta. Pero aquel presidente era Fraga, así que me citó a desayunar a las seis y media de la mañana en su residencia oficial de Monte Pío. Se trataba de un brillante edificio minimalista del arquitecto Gallego Jorreto, al que él había añadido su toque decorativo (unos extemporáneos trofeos cinegéticos con cuernos). De allí fuimos a su despacho, donde departió nimiedades con varios conselleiros. Luego se subió al coche oficial, a inaugurar cosas varias por la montaña de Lugo. Ahí lo vi en su salsa y feliz. En cada parada, don Manuel compartía un vinillo y un cachín de empanada con las fuerzas vivas locales y les soltaba algunas de sus inagotables anécdotas eruditas (la mejor, cuando sin venir a cuento de nada les detalló a unos paisanos cómo era realmente la caza del tiburón blanco). A las diez de la noche nos separamos. Yo, fundido. Él, con su bamboleo activado, rumbo todavía a una cena-mitin.

De aquel viaje me quedaron dos impresiones. La primera es que su forma de gobernar era un errático y presuroso ir de aquí para allá, sin guion aparente, pero que en realidad sí tenía un objetivo: una campaña electoral constante para conservar el poder, porque sin mando todo es gas. Mi segundo pensamiento fue que aquella fuerza de la naturaleza, que a ratos parecía un estrafalario personaje costumbrista de otra era, merecía respeto por haber completado una gran proeza política: reunir a toda la derecha española bajo el paraguas de un único partido. Sin la obra previa de Fraga, el PSOE habría sido como en su día el PRI mexicano, el partido perpetuo.

Hay quien lo reconoce y quien prefiere negar la evidencia. Pero los estudiosos de las dinámicas electorales aseguran que de haber concurrido unida a los comicios la derecha española habría obtenido casi treinta escaños más. Es decir, España se habría ahorrado el estrafalario experimento de la «coalición progresista», único Gobierno de la UE con los comunistas dentro, un proyecto que ya está cuestionando a los jueces, al Rey y hasta el propio derecho de la oposición a discrepar.

¿Ha sido Vox una buena idea? Es comprensible que ante el hartazgo con el separatismo y la pusilanimidad del Gobierno central ante él muchos votantes hayan optado por responder «dándoles con lo que más duele». Pero emotividad al margen, Vox ha resultado una bendición para Sánchez, porque resta votos al centro-derecha y porque el tono inflamado de los abascalianos le permite impostar que encarna un cierto centro (cuando el PSOE se han entregado al pasteleo con los peores enemigos de España). La gran obra de Casado sería reunir a los que los socialistas llaman con desprecio «las tres derechas» bajo una única marca electoral de nuevo nombre. Ciudadanos acabará entrando por pura necesidad (era un partido de autor y sin Rivera pierde sentido). Vox debería reintegrarse también en su casa original (en realidad Abascal ha estado más tiempo en el PP que Casado). Lo contrario es defender a España a gritos para en la práctica hacerle el caldo gordo a Pedro y Pablo.

Vox imprescindible, PP prescindible
Nota del Editor 19 Enero 2020

Tras cuarenta años de traiciones de la "derecha" hemos sufrido la derrota en el quinto frente y estamos en el camino de que nos conviertan en Españazuela. Si tuviera que elegir entre Fraga o Núñéz, me tiraría desde la cubierta de la "Ciudad de la Cultura" sin equipo de planeo. Es imprescindible apoyar a Vox y el PP tiene que desaparecer al haber despilfarrado todas las ocasiones que tuvo para demostrar que servía para hacer algo positivo para España.

La rebelión de la Justicia: "El nombramiento de Delgado ha sido un golpe de muerte"
Magistrados, fiscales y vocales del Consejo General del Poder Judicial consideran que el mandato de la nueva fiscal general del Estado estará marcado por la confrontación en el seno del Ministerio Público
Tono Calleja vozpopuli.es 19 Enero 2020

El paso directo de la exministra de Justicia Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado ha soliviantado a una mayoría de jueces y fiscales, independientemente de que sean considerados conservadores o progresistas. "El nombramiento de Delgado ha sido un golpe de muerte" para la independencia de la Fiscalía, explica a Vozpópuli un magistrado, que reclama su anonimato para poder plasmar su opinión.

Este togado pone de manifiesto que la Fiscalía sufrirá durante años e incluso décadas los efectos de esta elección. Y un ejemplo de ello, destaca, es que esto frenará la intención de algunos partidos políticos de promover un cambio en la ley, con la intención de que sean los fiscales, y no los jueces, los que instruyan las causas.

Durante años los ciudadanos estarán convencidos, siempre según esta versión, de que el fiscal general es un ministro más, y esto sería un duro revés para la apariencia de imparcialidad que se le exige a la Fiscalía, especialmente cuando se investigan los casos de corrupción de los partidos. Esto hace inviable un cambio normativo que deje en manos del Ministerio Fiscal la instrucción de las causas judiciales.

Fiscales del Supremo
En el Tribunal Supremo también se alzan las voces contra la elección de Delgado, de la que incluso llegan a dudar de su solvencia jurídica, sobre todo en contraposición con la capacidad de los fiscales de Sala, especialmente de los cuatro que participaron en el juicio del procés: Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Javier Moreno y Consuelo Madrigal.

Si se impusiera un cambio de criterio sobre el procés a la Fiscalía del Tribunal Supremo, se generaría una polémica mediática, algo que evitó la fiscal saliente, María José Segarra. Y esta diferencia, unida a la más que probable injerencia de la Fiscalía General del Estado en estos asuntos, auguran para las fuentes consultadas del Alto Tribunal una legislatura "conflictiva", marcada por las desavenencias en el seno del Ministerio Fiscal, pero también con choques con los jueces.

Este togado, de la órbita conservadora, está de acuerdo con el voto particular de los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial que consideran que Dolores Delgado "no es idónea" para el puesto de fiscal general. Además, considera que su elección generará nuevos problemas ya que la exministra deberá abstenerse en los procedimientos judiciales de los que ha tenido conocimiento durante su etapa en el Gobierno de Pedro Sánchez.

'Caso Villarejo'
Si no se abstiene, los afectados podrían recurrir a la Justicia contencioso-administrativa, algo que afectará de forma directa a varias causas, como por ejemplo el caso Villarejo, en el que uno de los letrados del procedimiento, el exjuez Baltasar Garzón, es amigo personal de Delgado.

Precisamente, en una de las piezas separadas del caso Tándem se investiga si el excomisario José Manuel Villarejo utilizó los nombres de Baltasar Garzón y Dolores Delgado para hacer negocios con los navieros Pérez-Maura. Los fiscales de la causa, ante las dudas iniciales sobre este extremo, hicieron público un comunicado en el que negaban que Dolores Delgado estuviera implicada en la trama del excomisario.

No obstante, las fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que este nombramiento tendrá consecuencias en el caso Villarejo, en el que, entre otras pruebas, la Policía dispone de un audio de dos horas grabado por Villarejo durante una comida en el Restaurante Rianxo, del que únicamente se conocen unos minutos difundidos por el diario digital Moncloa.com.

Un "efecto negativo"
Otras fuentes, éstas de la esfera progresista, reconocen que el desembarco de la exministra de Justicia tendrá "un efecto negativo". Consideran que será así porque cualquier decisión del Ministerio Público podrá ser vista desde la desconfianza. Es decir, siempre habrá dudas legítimas en la ciudadanía sobre si una u otra decisión del Ministerio Público tiene su origen en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sin embargo, estas fuentes rechazan las críticas vertidas desde los sectores más radicales de la derecha, y niegan que el nombramiento de Delgado sea "un escándalo nunca visto". Recuerdan que sí hay precedentes del paso de un político a la Fiscalía General del Estado. Fue el caso de Juan Manuel Fanjul, procurador en Cortes durante el franquismo y diputado de UCD antes de ser nombrado fiscal general; pero también el de José María Gil-Albert Velarde, exparlamentario de UCD.

Otro de los precedentes, en esta caso en un Gobierno socialista, fue el del exministro de la Presidencia Javier Moscoso, quien también pasó de sentarse en el Consejo de Ministros del Gobierno de Felipe González a ocupar la máxima representación del Ministerio Fiscal en España. El cuarto caso similar fue el de Leopoldo Torres, diputado en tres legislaturas y vicepresidente del Congreso y miembro del comité federal del PSOE.

Cambio de criterio
Sin embargo, estas fuentes jurídicas progresistas destacan que después del nombramiento de Eligio Hernández, que ni siquiera cumplía los requisitos objetivos, ya que no tenía una experiencia jurídica de 15 años, Felipe González cambió de criterio. Dejó de nombrar políticos, y optó por magistrados del Tribunal Supremo, como por ejemplo Carlos Granados.

José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo esa estela y apostó por Cándido Conde-Pumpido, al igual que hizo el PP al elegir a José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, ambos magistrados de la Sala Segunda del Alto Tribunal.

Ahora Pedro Sánchez ha vuelto a cambiar el paso, algo que no gusta a los juristas, ya sean estos conservadores o progresistas, porque "prefieren a magistrados o fiscales que no sean políticos", coinciden varias personas vinculadas a la judicatura.

Otra fuente, también progresista, sostiene que Dolores Delgado "nunca ha sido muy querida" en la carrera judicial, y tampoco en la fiscal. Pero sobre todo advierte del supuesto carácter conflictivo de la exministra, una descalificación que niegan otros jueces y fiscales consultados. No entiende, por ello, el nombramiento de Pedro Sánchez, en cuyo Gobierno protagonizó varias salidas de tono.

“Con ETA vivían mejor sus socios”
La hija de José Luis Prieto, asesinado por la banda terrorista en 1981 en Pamplona, carga contra la presidenta de Navarra por alcanzar el Gobierno foral de la mano de Bildu y «normalizar a los herederos» de los pistoleros
Paz Prieto Sáenz de Tejada larazon 19 Enero 2020

«La derecha vivía mejor con ETA». Ahí queda eso, Sra Chivite, ahí queda eso porque usted lo dijo. Yo le voy a hablar como hija de un padre asesinado por ETA, José Luis Prieto Gracia. Usted tenía solo dos años cuando lo asesinaron en 1981. Yo acababa de cumplir diecinueve. Aunque joven, seguro que tuvo usted tiempo después de vivir el miedo a ETA. Miedo a pasear por según qué calles o en según qué compañías, miedo a expresar opiniones personales en el trabajo, en el bar, incluso ante conocidos. Miedo a ejercer la libertad de opinión, de expresión y de movimiento, miedo a ser libre.

Ahora usted dice que había quien vivía mejor con ETA, y tiene en parte razón. Mejor es difícil, pero entonces había quien no tenía temor alguno a que le pudiera pasar algo, había y muchos. Unos porque decidían quien debía morir, otros porque ejecutaban esa decisión. Los matones y los padrinos nunca tienen miedo. Otros porque colaboraban dando apoyo, mirando para otro lado, ignorando nombres y hechos, o preocupándose de no aprenderlos. Y muchos porque, debajo de nogales y seguros de que la amenaza no iba con ellos, simplemente miraban hacia arriba a ver cuantas nueces caían. Estos últimos, ahora llevan años, algo mas de cuatro aquí en Navarra, diciendo que siempre estuvieron con nosotros, con las víctimas de ETA.

Yo les digo que es mentira. Y lo digo así porque lo puedo decir. Porque cuando ETA asesinó a tantos padres, hijos, hermanos y amigos, nosotros sí estábamos allí, acompañando a quien había sufrido el mismo horror que nosotros, íbamos de un funeral a otro. Y nunca vimos a quien ahora pretende haber estado allí, ni en persona ni en ánimo. Así que antes de ofendernos con esa afirmación indigna, antes de faltar al respeto a quienes dieron su vida por la libertad de todos, incluida la suya, Sra. Chivite, piense bien qué quiere decir, qué quiere hacer, qué debe hacer para gobernar Navarra para bien de todos. Reflexione y mire quién tiene a su lado. Es mas fácil arremeter contra las víctimas y contra quienes siempre estuvieron a su lado, fuera cual fuera su ideología, que exigir a quienes permitieron su investidura que condenen de una vez por todas el terrorismo de ETA.

Pregúnteles qué hacían ellos en 1981 en relación con ETA. Si no le contestan o no se acuerdan, yo se lo digo: el Ayuntamiento de Pamplona no condenó el asesinato de nuestro padre, con regidor socialista entonces. No fue posible hallar una mayoría suficiente que condenase su asesinato. Entre otras cosas porque los concejales de Herri Batasuna, hoy Bildu, dijeron no tener suficientes elementos de juicio para fijar postura, ya que no habían visto el informe del forense. Quizá pensaron que a mi padre le había dado un infarto antes de que tres asesinos etarras, hoy en la calle por supuesto, le descerrajaran tres cobardes tiros en la nuca. Le cuento estos detalles porque hoy en día puede parecer exagerado o increíble que alguien dijera eso, ¿verdad?

Ahí están las actas del Ayuntamiento de Pamplona para acreditarlo. Y esto no fue una excepción, era la norma en los ayuntamientos donde tenían nutrida representación los que ahora le permiten a usted sentarse donde se sienta. Sra Chivite, los que vivían mejor con ETA eran los etarras, sus colaboradores, sus amigos, los que los justificaban, los que los asistían en la política. Los compañeros de quienes condicionan su labor de gobierno y, en muchos casos, ellos mismos. El resto, todos nosotros y usted también, éramos candidatos a víctimas, como los 857 que pasaron de candidatos a elegidos.

El mundo sigue al revés. En vez de apoyar a las víctimas de ETA y velar por su memoria, su Partido Socialista de Navarra prefiere «normalizar» a los herederos de ETA, a los amigos de ETA con jefe etarra a la cabeza. Prefieren faltar al respeto a una viuda que tras quince años sigue rogando Justicia para su marido guardia civil asesinado. De la que dicen que no le saludó a usted en Leiza porque iba en las listas de un partido de derechas, que por lo visto somos ahora los que vivimos peor que cuando ETA nos asesinaba. Peor que entonces no vive nadie, ni en Navarra ni en el resto de España, porque nada puede superar el horror de la muerte. Pero la indignidad no permite vivir satisfecho, Sra. Chivite, o no debería.

Manifestación masiva contra la dictadura lingüística de Ximo Puig en Valencia
OKDIARIO 19 Enero 2020

Diversas asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas), organizaciones y representantes de Ciudadanos (C’s), PP y Vox han participado este sábado en manifestaciones en diferentes localidades de la Comunitat Valenciana en protesta por la Ley de Plurilingüismo autonómica.

Orihuela ha acogido la marcha principal, convocada por la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Gabriel Miró de Alicante, bajo el lema «Por el derecho a elegir lengua vehicular», y a esta marcha se han sumado otros actos en diferentes ciudades del territorio promovidas por asociaciones como Hablamos Español. Ha habido concentraciones en València, Alicante, Castelló, Requena, Utiel o Elda, entre otras.

A la manifestación en la capital de la Vega Baja han acudido diversos representantes políticos, como los síndics de PP, Cs y Vox en Les Corts, Isabel Bonig, Toni Cantó y Ana Vega; la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra; o la diputada en el Congreso de Cs por Alicante, Marta Martín. Por su parte, el vicepresidente cuarto del Congreso, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, ha participado en la marcha de València.

El manifiesto de la FAPA convocaba a «alumnos, hermanos, padres, abuelos y todo aquel que quiera venir» para defender «el derecho a elegir la lengua vehicular de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas», y que «el programa de educación plurilingüe e intercultural se elabore de acuerdo con las necesidades del contexto socioeducativo y demolingüístico del centro y tenga en cuenta las peculiaridades de la zona en la que se encuentre ubicado el mismo».

El PP ha asegurado en su cuenta de Twitter que a la marcha de Orihuela han acudido unas 20.000 personas. En un mensaje, han «hecho suyo» el lema de la marcha: «Valenciano sí, castellà també».

Por su parte, Cs ha celebrado también en redes sociales el «éxito» de la marcha y ha manifestado que «la imposición lingüística en la educación que el Partido Popular provocó y el tripartito valenciano quiere exigir debe terminar».

En la concentración de València, Gil Lázaro ha defendido la «reivindicación absolutamente legítima de miles de valencianos» de que «los padres tienen todo el derecho democrático del mundo a escoger la lengua en que quieren que se eduquen sus hijos».

Comunidad Valenciana
Bonig pide a Puig una reunión tras «una masiva respuesta» contra la Ley de Plurilingüismo
El PP acudirá a los tribunales si Ximo Puig (PSOE) no atiende sus peticiones en materia de educación
OKDIARIO 19 Enero 2020

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha pedido al presidente regional, Ximo Puig (PSOE), «pactar una nueva ley» tras la manifestación «masiva» de este sábado en Orihuela contra la Ley de Plurilingüismo que proponen los socialistas.

Bonig ha emplazado directamente a Puig a hablar este mismo lunes para cambiar la ley que está sobre la mesa. En declaraciones a la prensa, la líder de los ‘populares’ de la Comunidad Valenciana ha dicho que acude a la marcha «contra la imposición de la ley lingüística del Consell, defendiendo el ADN del PP».

La dirigente del PP ha estado acompañada de la vicesecretaria de acción social del PP, Cuca Gamarra; el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y numerosos diputados y cargos locales, provinciales, autonómicos y nacionales, según recalca el partido en una nota de prensa.

En este sentido, la presidenta del PPCV ha señalado: «Estamos aquí en la Vega Baja, en defensa de la libertad, en este caso, la libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación y la lengua en la que quieren educar a sus hijos».

Así, Bonig ha pedido a Puig que «derogue la ley del plurilingüismo y ofrezca de nuevo la libertad de los padres a la hora de elegir lengua». «Desde el PP no queremos una confrontación, lo sabe Puig. Por eso le vuelvo a tender la mano para que entre PP y PSPV pactemos una ley donde se respete esa libertad. Estamos dispuestos a ayudarle para establecer un plan de fomento del valenciano voluntario en las zonas castellano hablante porque no renunciamos a hablar valenciano y tampoco renunciamos a hablar castellano», ha subrayado.

PP valenciano. PP gallego, mejor no PP.
Nota del Editor 19 Enero 2020

El PP valenciano por un lado, el PP gallego por otro, así que lo mejor es no PP. Ya no se le pueden aguantar más disparates, y "centroman" hablando catalán en la intimidad

 


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