AGLI Recortes de Prensa   Lunes 20  Enero  2020

La extensión del modelo de la 'tela de araña' a toda España
Pedro de Tena Libertad Digital 20 Enero 2020

Se trata de acabar 'democráticamente' con la democracia constitucional.

Mi admirado Mikel Buesa lo ha detectado con claridad. Pedro Sánchez y su equipo, en el que hay cinco andaluces –Carmen Calvo, María Jesús Montero, Luis Planas, Juan Carlos Campo y el intruso Alberto Garzón–, ha decidido ya que el único modelo aparentemente democrático que permite conservar el poder durante dos, tres o más décadas es el de la tela de araña, aplicado también por los nacionalismos separatistas y, en cierto modo menor, por el PP gallego. Ese modelo, a su vez importado del PRI mexicano, supone utilizar arteramente la apariencia de democracia para someter el Estado y la sociedad civil a un solo partido o a un grupo afín de partidos. Esto es, se trata de acabar con la democracia constitucional democráticamente.

Recuérdese cómo en Andalucía el PSOE asumió la identidad andalucista en exclusiva (ser de centro o de derecha era ser antiandaluz); mutiló el Derecho Administrativo para escapar de los controles democráticos en contrataciones, subvenciones, adjudicaciones y oposiciones en la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos (sustituidas durante años por interinos, dedistas, puestos de libre designación y una completa Administración paralela); se apoderó de las cajas de ahorros y de la gestión del dinero de los andaluces mediante una ley ad hoc que le dio el dominio municipal; controló el aparato gestor y docente de las universidades y ocupó la gerencia sanitaria; regó con dinero incontrolado a patronal y sindicatos; se apoderó de la inspección educativa para anular toda actividad crítica; intervino vía subvenciones arbitrarias a las mal llamadas ONG y asociaciones sociales; penetró de forma evidente el Poder Judicial; puso en marcha Canal Sur, de forma sectaria e ignominiosa, concedió licencias de radio y TV de forma irregular y ayudó a los medios afines sin atender las audiencias ni a legalidad y desarrolló conductas corruptas y autoritarias en numerosos campos. Y así sucesivamente.

¿Puede hacerse todo eso? Puede hacerse porque ya se ha hecho. En este caso, y por ahora, necesitará contar con los separatistas y los comunistas, pero en Andalucía, por ejemplo, la alianza con los comunistas acabó con ellos en solo cuatro años, y en unos pocos más acabaron con los nacionalistas andaluces. No es el mismo escenario, naturalmente, y tal vez esta tela de araña necesite de dos telitas auxiliares en País Vasco y Cataluña, con grave daño para la unidad de España y a la igualdad de los españoles.

Frente a esta operación, sólo hay una socialdemocracia fantasmal y acomodada e incapaz de fraguar en nada sólido y tres partidos de centro y derecha que habla, bla, blan de España y de democracia liberal pero que son incapaces de ponerse de acuerdo en una situación de emergencia. La sociedad civil que defiende la Constitución está cuarteada en numerosas asociaciones y fundaciones que hacen del matiz diferencial una montaña insalvable, estando además descoordinadas y dispersas. La juventud, hedonista y adoctrinada a conciencia, deserta de los valores democráticos o le importan un comino. Los grandes medios de comunicación están con el régimen, con algunas excepciones, y los llamados intelectuales… pues eso, ¿dónde está tal especie salvando algunas figuras heroicas? Únase a eso el entorno internacional conspirador contra la civilización europea y su unidad.

Lo que está pasando, en la Guardia Civil, en el derecho de los padres a educar, en el nombramiento vergonzoso de una fiscal, en la soledad del Jefe del Estado, en la impunidad del golpismo y el terrorismo, en la ocupación de Navarra, en la marginación de la lengua común española, en la discriminación sanitaria según regiones, en el privilegio electoral del separatismo… todo es gravísimo y veloz y ni siquiera somos capaces de aunar los esfuerzos para convocar una gran manifestación conjunta en favor de la Constitución y la democracia reconciliadora. Si no se limita al sátrapa y sus mentiras y desmanes flagrantes haciendo visible a la mayoría nacional democrática y respetuosa que conformamos, ya sabemos lo que nos espera.

Sánchez y la izquierda talibánica, a por los niños
EDITORIAL Libertad Digital 20 Enero 2020

Esto es la guerra cultural y no hay que ceder en nada ante un adversario que no se comporta como tal sino como un auténtico enemigo.

La rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, protagonizada por las tres ministras más fanáticas del Ejecutivo más sectario desde la restauración de la democracia, dejó bien claro el proyecto de limpieza ideológica que pretende ejecutar la coalición social-comunista comandada por el traidor Pedro Sánchez.

Las ya célebres palabras de la ministra Celáa, "Los hijos no son de los padres, de ninguna manera", fueron harto expresivas del programa de adoctrinamiento que Sánchez y sus socios pretenden imponer en la educación pública, en la peor tradición totalitaria.

Por más que se desgañiten en el Gobierno ultra, el denominado 'pin parental' aprobado en Murcia no es más que la plasmación del derecho de los padres, consagrado en el artículo 27 de la Constitución, a decidir sobre los contenidos morales de la educación que reciben sus hijos.

Se trata, por tanto, de una cuestión que debería quedar al margen del juego político, por cuanto ningún Gobierno puede negar a los ciudadanos el ejercicio de un derecho de tan crucial importancia. Pero el de Sánchez y su banda no es un Gobierno cualquiera, sino uno conformado por fanáticos que odian con saña la libertad y que serían capaces hasta de encarcelar a padres dignos que luchen por el bienestar de sus hijos.

El Gobierno que transige a diario con los ataques de sus socios nacionalistas al orden constitucional, socios que de hecho siguen incursos en su golpe separatista, amenaza con llevar a los tribunales a un Gobierno autonómico por hacer valer un derecho recogido, precisamente, en la Constitución. Sería de no creer si no lloviera sobre mojado y si Sánchez no hubiera dado ya tantas pruebas de su condición felona.

Acierta Pablo Casado al mostrarse firme en un asunto que no es en absoluto tangencial. Con el pin parental está en juego la imposición de unos límites a un Gobierno social-comunista que pretende abusar de los más indefensos, los menores de edad. Esto es la guerra cultural y no hay que ceder en nada ante un adversario que no se comporta como tal sino como un auténtico enemigo, también o sobre todo de la libertad.

Los hijos no son de los padres: son de Sánchez y sus Trillizas Cacofónicas
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 20 Enero 2020

"De ninguna manera", dijo Celaá. A pregunta de Ketty Garat, sobre si no era "judicializar la política" recurrir ante los tribunales el mal llamado "pin parental" en Murcia mientras se inhibe ante el adoctrinamiento racista en Cataluña, la ministra de Educación fue contundente: "Los hijos no son de los padres, de ninguna manera". En España, el Gobierno no cría niños salvo en las casas de acogida por falta de padres en condiciones de hacerlo, y los cría tan mal que acaban, como en Mallorca y por docenas, en redes de prostitución y drogas o, como en Valencia, padeciendo abusos de sus muy oficiales cuidadores, como el marido de la ultraizquierdista Mónica Oltra. En ambos casos, esa educación por prostitución o venopunción está tan acreditada como ocultada por alguna fiscalía de menores, ahora bajo Lola Delgado, relatora y no denunciante de menoreos fiscales en el extranjero.

Las ideólogas del Ministerio de Igualdad
Una de las trillizas cacofónicas que han debutado como portavozas esta semana, la ministra de Igualdad al modo comunista, o sea, de rabiosa desigualdad, ha encumbrado oficialmente a dos ideólogas, "La Boti" y la Gimeno, de esas charlas extracurriculares contra las que se rebelan tantos padres y madres sensatos, insultados este fin de semana por los opinadores desinformados o descerebrados, que no distinguen entre información sexual y adoctrinamiento de género criminógeno, como que la heterosexualidad es algo que sólo han aceptado históricamente las mujeres por la violencia. Ya que no hay camisas de fuerza para las brillantes pensadoras del Instituto de la Mujer, ¡qué menos que recurrir al derecho de los padres a saber si a su hijo le educan para castrar a su progenitor o castrarse él mismo, y aprobar!

La Boti se jactó en La Tuerka del Vicepresidente -bien ganancial de la ministra- de haber seducido a una alumna de 17 años, y huido con ella a Barcelona, mientras la madre de la menor "la perseguía con la plancha". ¡Qué graciosa es la Boti! Y la Gimeno es la pastosa versión académica de esa famosa lesbiana vegana, muchos años carnicera, que dice junto a su boti que "el gallo viola a las gallinas". Vamos, que las gallinas tienen la misma capacidad intelectual y volitiva, el mismo cerebro y sensibilidad que las mujeres, lo que pasa es que aún no se ha sabido traducir del idioma gallináceo el "no es no". De hecho, no se sabe distinguir del "sí es sí". Pero si le dan medios a esa Infeliz Pareja lo distinguirán. Y la ministra aplaudirá.

Que los hijos no son de los padres, o sea, de sus familias, además de ferozmente inconstitucional, como todo lo que hace este Gobierno golpista, sólo lo han afirmado los regímenes comunistas, y no en todos los casos, y el régimen nazi, aunque con cautelas. Claro que, como Cautela y Sánchez son antónimos, la híspida cacofónica Celáa dice que "de ninguna manera". Ábalos, dispuesto a arruinar su pasado prestigio como hombre sensato, ha añadido que el "pin parental" de Murcia es "la antesala del fascismo". O sea, que a los hijos de Ábalos pueden adoctrinarlos en las horas fuera del programa oficial de asignaturas diciéndoles que todo socialista es criminal, ya que el socialismo real o comunismo ha matado a más de cien millones de personas, y deben alejarse de los padres que compartan esa ideología. Y si se queja Ábalos es porque trata de emular descaradamente a Mussolini.

La victoria del marxismo cultural
Una titiritera progre, valga la redundancia, ha aprovechado unos premios del cine para asociar la lucha contra el pin parental y la lucha antifascista. La pobre no conocerá al sabio que, el siglo pasado, anunció que los comunistas del futuro se llamarían antifascistas. Y lo dijo antes de que Hitler y Stalin firmaran el acuerdo para partir Polonia y repartirse la Europa Oriental, dejando libre al régimen nazi para tomar la Occidental. Dos años pasaron los comunistas de todo el mundo elogiando al régimen "de los trabajadores alemanes" y jaleando sus éxitos contra la plutocracia capitalista franco-británica. Y si Hitler no ataca la URSS, aún seguirían.

Pero lo primero que hicieron las democracias tras derrotar a los nazis fue borrar esos dos años de total complicidad entre los dos totalitarismos. No hay más que ver el documental del angelical Frank Capra, uno de los cinco que se rodaron para la propaganda militar norteamericana en la II Guerra Mundial, elogiando la "lucha por la libertad" del ejército de Stalin. Tampoco entendieron los norteamericanos el carácter comunista de Mao, ni el de Fidel Castro, ni el de Chávez, ni el de Deng Xiaoping, ni el de Putin. Y si los USA, que han defendido militarmente a las democracias liberales durante sesenta años, nunca han entendido la naturaleza del comunismo, ¿cómo lo harán esas protegidas, mimadas y desagradecidas democracias?

Sin embargo, la victoria del marxismo cultural está superando, con mucho, al marxismo político. Y una de sus apisonadoras ideológicas, junto al hembrismo, el animalismo y el ecologismo, es la anulación de la familia como referente de legitimidad en cualquier organización social, tanto en lo que se refiere a valores religiosos y morales como a la diferenciación más elemental de los sexos, que es la biológica. Todo parte, siempre, de negar la propiedad y la libertad para defenderla a las personas y las familias. Hay que deslegitimar todo lo individual, por egoísta, y lo familiar, por antiguo. Se dice que hay "otras formas de familia", como si nunca hubiera habido adopciones ni fórmulas de filiación y herencia harto variadas.

La crisis irreversible del movimiento LGTBIetc
Hay gente tan obtusa, al estilo de la Boti y la Bea, que niega hasta la diferencia biológica entre los sexos, afirmando dogmáticamente que el sexo sólo es una construcción ideológica, heteropatriarcal y artificial, que ha impedido a las mujeres su auténtica realización. Y defienden la paradoja de que los hombres son malos de nacimiento pero que no hay mujeres, ya que esa media humanidad a la que le gustan los hombres está alienada por unos déspotas que son mera basura biológica, desechable a voluntad.

Este es el punto de ruptura del tinglado LGTBIetc. Si no hay mujer biológica, ¿qué se protege? ¿Si no hay hombre biológico sino ideología de género, ¿qué se manda a la cárcel? Si no son comportamientos, individuales sino diferencias sexuales, ¿cómo la Ley de Violencia de Género puede condenar a un sexo por actuar contra otro, que es ficción? ¿Cómo van a permitir que adopten los homosexuales masculinos, si son hombres? Por eso están en contra de la reproducción asistida, a la que equiparan a la prostitución, pero no a la masculina, que para ellas no existe.

La radicalización feminazi ha destruido, por dogmática, el carácter de liberación de costumbres del feminismo. Hoy es la burocracia de unas fanáticas que pastan en el dinero público para vivir del cuento y del odio. Les da lo mismo que sea racial, estético, sexual, cultural o social: el caso es dividir la sociedad e imperar sobre ella. La fórmula comunista tradicional.

Unirse en defensa de la libertad de los padres
PP, Vox y C´s tienen la oportunidad de formar un frente contra este fanatismo que niega los derechos humanos más elementales y pretende entregar a los niños a unos adoctrinadores que, en muchos casos, deberían ser adoctrinados en los psiquiátricos. Las sandeces liberticidas y disparates negacionistas de cualquier cosa, desde la biología hasta la Historia y las instituciones básicas de la sociedad occidental, especialmente la familia, son la caricatura ridícula de un proyecto muy serio: destruir las bases de una sociedad de libertad, igualdad, legalidad y responsabilidad. Buscan convertir a los individuos en parte de un todo, negando el todo que cada individuo tiene dentro.

Mezclar la religión en esta lucha por las libertades, entre ellas la de conciencia, exige salir de la propaganda izquierdista y afirmarse en lo más sagrado del modelo de sociedad que se quiere: el liberal, en el que deciden las personas y las familias, o el dictatorial, en el que deciden los políticos y el individuo se somete al Estado. Nunca debió aprobarse el adoctrinamiento sexista, como hicieron con la ideología LGTBI el PP y C´s, pero ahora que se ve el fin último de ese adoctrinamiento, que es destruir la célula básica de la sociedad, que es la familia, es hora de rectificar. Y Vox, si es capaz de prescindir de una visión sólo religiosa y no también y sobre todo civil, no debería hacer el juego a los que quieren enfrentar a la Cruz y a la Hoz, seguros de que ganará el martillo, que otros llaman televisión. Si no son capaces de aparcar sus naderías partidistas y defender la libertad de las familias, empezando por la propiedad de sus hijos, no merecen que los vote nadie: ni las gallinas de las veganas, ni las zumbadas del ministerio de Igual dá. Habrán ganado las trillizas cacofónicas, ese esperpento intelectual que esta semana representaron la Mariceláa, la Marimontero y la Marisú.

Director de Es la Mañana de Federico.

Sánchez quiere negociar con Bruselas la ruina de generaciones venideras
José María Rotellar Libertad Digital 20 Enero 2020

Pedro Sánchez ha anunciado que va a renegociar con la Comisión Europea la senda de déficit para los próximos ejercicios debido a que la coyuntura económica ha cambiado de unos meses a esta parte. Dicha renegociación de los objetivos de estabilidad no pretende otra cosa que flexibilizar los objetivos de cumplimiento de déficit, es decir, que le permitan a España cerrar sus ejercicios próximos con un desequilibrio mayor negativo entre los ingresos y los gastos.

Eso constituye un tremendo error, nocivo para la economía española y una señal muy mala para los mercados, al dar la sensación de que España no puede reducir su desequilibrio presupuestario o, lo que es peor, el Gobierno no quiere, ya que no hace nada para reducirlo. Es más, si puede, anuncia medidas que lo incrementarán.

Y es un error porque más déficit implica un mayor endeudamiento cada año, deuda que hemos de pagar entre todos los españoles y que se desliza, inmoralmente, a las generaciones futuras, a las que se deja atadas de pies y manos para que asuman los quebrantos de generaciones anteriores, que por no gestionar convenientemente les legaron una losa de endeudamiento de unas dimensiones preocupantes.

Esa obsesión y querencia por el déficit es una práctica habitual e histórica de la izquierda, y no lo iba a ser menos de este Gobierno en el que moran varios comunistas, por mucho que la estética sanchista quiera disfrazar el equipo económico con algunos nombres ortodoxos, pero que, a la hora de la verdad, o no podrán hacer nada frente a los radicales o se plegarán sin más a dichas ideas.

Así, desde que llegó Sánchez ha variado los objetivos de déficit para todos y cada uno de los años del escenario presupuestario. Por comenzar por el año que acaba de concluir, Sánchez subió siete décimas el objetivo de déficit, del 1,3% del PIB al 2% del PIB presentado a Bruselas, lo cual ya daba muestras de su afán por el gasto, pues lo hizo nada más llegar al poder. Pero es más, la Comisión Europea estima que Sánchez incumplirá incluso ese déficit agrandado, pues estima el desequilibrio para España en 2019 en el 2,3% del PIB.

No contento con esa primera modificación, el Gobierno, en el marco presupuestario 2020 también elevó la previsión de déficit para 2020 y 2021. De esa manera, si el objetivo acordado por el Gobierno del PP fue del 0,5% del PIB como déficit para 2020, Sánchez lo elevó al 1,1% y ahora, pretende negociar con Bruselas un incremento del objetivo de déficit, que seguramente planteará en el 1,7%, pues tal cifra es la que incluyó para 2020 en el marco presupuestario enviado a Bruselas.

Bruselas desconfía
Del mismo modo, dentro de la senda de estabilidad, el Gobierno de Rajoy preveía cerrar 2021 con un ligero superávit, que permitiese ir amortizando deuda (un 0,1% de superávit), pero Sánchez lo relajó al 0,4% de déficit nada más llegar al Ejecutivo. En este caso, en el marco presupuestario 2020 enviado en octubre no recoge datos para dicho ejercicio, pero a la vista de la flexibilización que incorpora para 2020 es difícil que vaya a querer mantener el 0,4% de déficit sobre el PIB.

Es más, Bruselas ha deslizado que no le parecen robustas ni las estimaciones de ingresos ni de gastos, puesto que cree que no podrá incrementarse la recaudación tanto como el Gobierno estima, y que el gasto será muy superior al comunicado por el Gobierno como previsión. Por eso, eleva el dato de déficit de 2019 al 2,3% y el de 2020 al 2%. Eso supone un incremento creciente de deuda, ni más ni menos que de 8.415 millones en 2019, de 14.426 millones en 2020 y de 6.011 millones en 2021.

Y eso en el mejor de los casos, porque si se desvía tanto como prevé la Comisión Europea, la deuda se incrementará entonces en otros 3.607 millones tanto en 2019 como en 2020.
La ruina de generaciones venideras

Por ello, la política de Sánchez de incremento permanente de déficit habrá aumentado la deuda española de manera agregada entre 2019 y 2021 en 28.852 millones de euros más si se cumplen las previsiones del Gobierno, que ascenderá hasta 36.065 millones si son las previsiones de la Comisión Europea las que se confirman.

Esto supondría añadir entre 2,4 y 3 puntos más de deuda sobre el PIB a la ya abultada cifra de endeudamiento español, que haría imposible que siguiese descendiendo el cociente de deuda sobre el PIB, de manera que empeoraría la capacidad crediticia de España.

Querer seguir gastando más es negativo para la economía española, pero, además, querer hacerlo a costa de incrementar el déficit y la deuda es irresponsable, porque coloca el endeudamiento español en un nivel de tensión que puede resultar tremendamente peligroso. La solución no es incrementar el déficit y la deuda, sino que eso es un gran problema para la sostenibilidad de la economía. Tanto que se repite constantemente que tenemos que legar un planeta sostenible a las generaciones futuras y parece que a nadie le importa que se deje como herencia económica una auténtica ruina a dichas generaciones venideras. El camino no es otro que reducir el déficit, alcanzar el superávit e ir amortizando la deuda para liberar de esa pesada losa que es el endeudamiento a la economía española y a las generaciones futuras.

Tertuliano de En Casa de Herrero.

A favor y en contra del pin parental
Santiago Navajas Libertad Digital 20 Enero 2020

La educación y la política se caracterizan por su especial relación con la verdad. La educación se basa en la verdad alcanzada a través de la objetividad, la neutralidad y la honradez intelectual. La política es todo lo contrario. Su reino es el del poder y sus armas son las mentiras, las medias mentiras y las estadísticas, todas ellas resumidas en la expresión contemporánea fake news. Solo en los sistemas políticos liberales se ha abierto un resquicio para la verdad en la política, pero a través del precario equilibrio generado por la competencia entre las fake news de cada facción política, a través del cual el ciudadano adecuadamente entrenado en un sistema educativo con los valores epistemológicos mencionados tenga tatuado en su mente la máxima de Aristóteles: "Amigo soy de Platón, pero más amigo soy de la verdad".

El pin parental es la reacción de la derecha contra el asalto a la escuela que lleva lustros perpetrando el activismo de izquierdas. Todo el sistema de enseñanza está infiltrado por grupos de misioneros gramscianos que pretenden apropiarse del alma de los estudiantes. Las ejemplos rozan el infinito. Peces Barba instrumentalizó la asignatura Educación para la Ciudadanía con la pretensión de que los profesores que la impartieran tuvieran que pasar por cursillos de ideologización impartidos por afines al PSOE. En los exámenes de Lengua y Literatura de la Selectividad, raro es que no caiga un texto periodístico publicado en El País o que sea de orientación socialdemócrata. Y en las charlas extraescolares que se ofrecen en los institutos fuera del currículum oficial, a cargo de ponentes que pertenecen a organizaciones varias, se hacen fuertes ONG que no son sino tapaderas de sectas ideológicas vinculadas a, por ejemplo, el alarmismo ecologista o el feminismo radical.

Lo ideal habría sido que la derecha, o al menos el centro liberal cuando existía Ciudadanos como tal, hubiese luchado por reconducir la situación denunciando la colonización ideológica que dichos grupos políticos de izquierda hacían de las instituciones educativas. Pero el caso es que, por desidia o por cobardía, no quisieron o no se atrevieron a iniciar una guerra cultural contra el batallón de polemistas que en los medios mantiene la izquierda.

Frente a la educación concertada y la privada, el sistema público de enseñanza debería ser el baluarte de una educación sin proselitismo y un conocimiento sin demagogia. Ahí radica la justificación de su necesidad y su dignidad. Pero la izquierda destruyó la eticidad (las normas universales de pensamiento y acción) en que se debería basar, al confundirlo interesadamente con sus propios criterios morales. Confundió la verdad y la ética, asunto de todos, con su visión política y sus sesgos morales. Su complejo de superioridad moral le llevó a emprender una cruzada laica para hacerse con la mente y el alma de los jóvenes; solo que en lugar de organizar sus propios centros de enseñanza, para que libremente los padres izquierdistas formasen allí a sus hijos, se adueñaron de los centros públicos, convertidos entonces en campos de reeducación al servicio del última mantra ideológico posmoderno.

Nadie ha luchado por un sistema educativo público digno. La izquierda, porque no está en su paradigma que sea posible algo como la verdad objetiva y la justicia neutral, dado que, desde su punto de vista, siempre están contaminadas por la pertenencia a un colectivo, sea la clase, la raza o, como ahora es moda, el género. La derecha, porque se había refugiado cómodamente en la enseñanza concertada y privada, habiendo abandonado la educación pública como un gueto para la izquierda.

La propuesta de un pin parental viene de que el partido de Santiago Abascal quiere defender a la clase trabajadora que no quiere, o no puede, llevar a sus hijos a la concertada o a la privada y que ve cómo sus hijos son adoctrinados en un sistema público que únicamente debería regirse por un currículum oficial y la libertad de cátedra de unos profesores seleccionados objetivamente a través de oposiciones públicas y transparentes. De esta manera se hace explícita la guerra ideológica que ha transformado los centros de enseñanza en unas trincheras por la hegemonía cultural.

Nos alejamos del ideal de un sistema de enseñanza público independiente, basado en los valores sagrados para el conocimiento de la verdad y la objetividad. Pero Vox no ha hecho sino remachar los clavos del ataúd que lleva años el PSOE haciéndole a la educación pública, guiado por el principio que la ministra socialista de Educación ha hecho inconscientemente: "No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres". O sea, que pertenecen a la Gran Hermana ministerial. ¿Algo bueno de todo esto? Quizá de esta lucha por la mente y el espíritu de los más jóvenes salga al fin el cheque escolar, y pueda el mercado arreglar lo que el Estado guiado por los socialistas ha corrompido hasta el tuétano.

Por una Justicia independiente y prestigiada
Editorial El Mundo 20 Enero 2020

La legislatura ha arrancado del peor modo posible, con duros golpes asestados a la imagen de la Justicia por parte del Gobierno, cuya obligación primera debiera ser velar por el fortalecimiento de los pilares de todo Estado de derecho. En cuestión de días, Sánchez ha prometido "desjudicializar el conflicto político" catalán, echando así tierra sobre la impecable actuación que la Justicia viene desarrollando en defensa de la Ley y del ordenamiento constitucional, y ha nombrado como nueva fiscal general del Estado a la anterior ministra de Justicia y diputada del PSOE, Dolores Delgado, arruinando toda apariencia de imparcialidad de un cargo tan decisivo. Lo uno y lo otro son cables que el presidente ha empezado a echar al independentismo como primer pago por el apoyo de ERC a la investidura sanchista. Pero lo que conviene y beneficia al presidente para colmar sus objetivos personales, dinamita la confianza de la ciudadanía en la Justicia y merma considerablemente la calidad de nuestra democracia.

Pocos asuntos hay desde luego más importantes y urgentes que devolver al poder judicial todo su prestigio y acometer su despolitización real. Y, en ese sentido, es una magnífica oportunidad el ofrecimiento del Partido Popular al Gobierno adelantado ayer por este periódico para afrontar una reforma de calado en el marco de un pacto de Estado. Los socialistas no deben dejar caer en saco roto la oferta. Porque, en realidad, PSOE y PPestán obligados a sentarse en una mesa para afrontar este asunto ya que el concurso de ambas formaciones resulta imprescindible para desbloquear asuntos tan imprescindibles como la renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. Hacen bien los populares, y solo cabe reconocerles el acierto por su iniciativa, en exigir a Sánchez que no se quiera limitar al viejo y tan dañino intercambio de cromos en el CGPJ para sustituir a los vocales con mandato expirado. En el actual escenario de descrédito judicial al que el Gobierno tanto está contribuyendo sería letal que el PP participara en una mascarada. El principal partido de la oposición cumplirá la función que le corresponde con la actual aritmética parlamentaria si arranca a los socialistas reformas legales para hacer que la Justicia sea independiente de verdad.

EL MUNDO ha reclamado siempre recuperar el espíritu constitucional en la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces y acabar con la cacicada de Felipe González por la que desde 1985 los 12 vocales que elegían jueces y magistrados se los reparten los partidos en el Parlamento en un conchabeo indigno. Tiene Sánchez una oportunidad de demostrar si cree de verdad en los acuerdos de Estado.

Los hijos, ministra, no son del Gobierno
EDITORIAL ESdiario  20 Enero 2020

La Constitución ya garantiza la preminencia de los valores democráticos en la educación. Pero el Gobierno quiere más y se ha buscado una excusa para reforzar su proyecto ideológico.

Nadie discute en España la necesidad de crecer y educarse con valores tan necesarios como la igualdad, la tolerancia y el respeto, que son la base de la convivencia. El triple pilar que sustenta la educación -la familia, la calle y la escuela- se encargan de ello desde la noche de los tiempos; la Constitución lo enmarca y, llegado el caso, hasta el Código Penal lo protege.

Y todo ello se ha hecho desde hace mucho años con un reparto escrupuloso de los roles en el que los padres, los poderes públicos y la sociedad en su conjunto tienen clara su función y se compensan en caso de desajustes o excesos.

Que con ese contexto pretenda ahora el Gobierno convertir la autorización paterna para que los niños participen en determinadas actividades extraescolares en una especie de asalto castrante a los derechos de la infancia y se sienta llamado a defender a los hijos de sus propios padres para garantizarles una formación plena es, simplemente, indecente.

La igualdad según este Gobierno solo es adaptarse a sus prejuicios e intereses ideológicos

No solo porque la Constitución ya señala las líneas rojas de la educación pública y garantiza la neutralidad ideológica de la misma y el derecho familiar a formarse en unos valores morales propios (siempre dentro de los democráticos), sino también por la arrogancia sectaria de creerse llamado a modelar a los niños por encima de la supuesta intransigencia de sus propios padres.

No hay más que escuchar a ministros como Irene Montero y Carmen Calvo o repasar las barbaridades proferidas por la nueva Directora del Instituto de la Mujer para entender el peligroso concepto de igualdad que tienen e intuir que eso es, sin embargo, lo que les gustaría impartir en los colegios.

La Constitución destroza el intento de echar a los padres de la educación
Javier Rodríguez. ESdiario  20 Enero 2020

Sánchez quiere que los padres no puedan elegir el tipo de educación de sus hijos, pero la Ley de leyes le quita la razón en esto y con la Religión.

"Los hijos no son de los padres". La tremenda frase es de la ministra de Educación, Isabel Celáa, y resumen la intención de Pedro Sánchez, apoyado en el PSOE y en Podemos, de evitar que los progenitores participen en la educación de sus hijos y conozcan de antemano, para dar permiso o no, las actividades y talleres extraescolares orientados a imbuirles conceptos de ideología de género, entre otros, en nombre de su concepto de Igualdad.

El objetivo, que se combina con otras medidas como rebajar la edad de voto a los 16 años o quitarle a los padres el derecho a conocer y permitir abortos en casos de menores de edad, según anuncio de Irene Montero; choca sin embargo con un muro legal que protege a los padres y de algún modo avala el llamado "pin parental".

Y es que el artículo 27 de la Constitución es muy tajante al respecto, tal y como reconoce el propio Congreso en su documentación y reafirman innumerables sentencias del Tribunal Constitucional. El punto 3 del citado artículo es clarificador: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

El texto constitucional, que es el del mayor rango en España, no solo avala el derecho paternal a participar en la educación de los hijos, sino que incluso pone en discusión la decisión del Gobierno, ya anunciada, de incluir en la derogación de la LOMCE la exclusión de la Religión como materia lectiva.

Educación ideológica
La polémica responde al objetivo gubernamental de meter en los colegios, sin posibilidad de que los padres lo autoricen o rechacen, todo tipo de formación extraescolar que, apelando a valores de igualdad y tolerancia ya recogidos en la Constitución y presentes en distintas asignaturas, suponga un paso más en el criterio ideológico de Podemos y del PSOE.

La directora "podemita" de la Mujer dice que la critican por no escribir "porno machista"
En ese sentido, cabe recordar que el criterio de igualdad presente en el Ministerio del ramo incluye, por ejemplo, la designación como Directora de la Mujer de Beatriz Gimeno, firme defensora de promocionar el lesbianismo como condición sexual de todas las mujeres o convencida de que el "sexo heteropatriarcal" es una dominación del hombre sobre la mujer que debe compensarse practicando la penetración anal a los barones.

Murcia Madrid y Andalucía, con distintos matices, han mostrado ya su oposición tajante a que se excluya a los padres de la educación de sus propios hijos, pero el Gobierno ha anunciado que recurrirá incuso a la Justicia para lograr su fin, con la excusa de que en esos Ejecutivos regionales se pretende censurar la educación en valores que, en realidad, nadie rechaza.

Memoria de un héroe
Gregorio Ordóñez fue un gran valiente que además tenía razón
Luis Ventoso ABC 20 Enero 2020

Es un deber moral honrar la memoria de nuestros héroes y el jueves se cumplen 25 años de la muerte de uno de los mayores: Gregorio Ordóñez Fenollar. Sus padres fueron emprendedores de los de verdad, de aquellas remesas de españoles que tuvieron el coraje de buscar una esperanza en la incierta aventura americana. La madre había salido de un pueblo valenciano y el padre, de uno turolense. Se hicieron novios en Caracas, cuando antes de ser arruinada por el comunismo era tierra de promisión. Allá se casaron y allá nació Gregorio. Trabajando de lo que podían, él de chófer y ella de asistenta, juntaron unos ahorros y cuando el chaval tenía siete años retornaron a España, a San Sebastián, a un País Vasco vanguardia de progreso y oportunidades laborales. Gente peleona y con visión, montaron una lavandería y lograron progresar. Gregorio ya pudo estudiar Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra, una de las mejores del país. En la primera veintena se afilió a AP, por un motivo claro: confrontar a pie de calle a un nacionalismo obligatorio y asesino. Si te enrolabas en una misión así tenías muchos boletos para ser asesinado, y eso ocurrió.

Ordóñez, Goyo para su gente, gastaba un vitalismo sin fatiga y un físico reconocible. Su punto distintivo era una mata de pelo muy tupida, que le confería un curioso aire de Espinete. Ojos pequeños muy agudos, rostro contundente, sonrisa fácil y coñona. Como político era accesible y estajanovista. A las siete de la mañana enfilaba su despacho de teniente de alcalde en San Sebastián, donde practicaba la proximidad con los vecinos. Decidió enfrentarse al separatismo violento de frente, sin remilgos contemporizadores, y con ello puso a su partido en órbita. Con una valentía temeraria llegó a renunciar a su escolta, porque entendía que el País Vasco era su casa, una parte de España, y tenía derecho a conservar la ilusión de poder transitar en libertad (o tal vez era solo una manera de preservar la cordura en una situación de acoso insoportable). Goyo fue pionero en destapar connivencias repugnantes que hoy sabemos ciertas. Proclamó que tan ETA eran los pistoleros como sus cínicas pantallas políticas. Denunció el rol vidrioso de parte del clero vasco, a veces cómplice del mal.

El epílogo es conocido. El 23 de enero de 1995, en una tarde húmeda, comía en la tasca La Cepa de su ciudad con dos compañeros de partido. Txapote, un asesino psicópata, irrumpió en el local a las tres y veinte, con el rostro tapado por un pasamontañas rojo, y le descerrajó el tiró en la cabeza que lo mató al instante. Ordóñez tenía 36 años, una mujer a la que quería y un niño de 15 meses, hoy un ingeniero al que privaron de toda memoria personal de su padre.

¿Ha ganado o perdido Goyo a largo plazo? Su tumba ha sido profanada varias veces. Su viuda y hermana tuvieron que largarse del País Vasco por el acoso separatista. La perduración de su legado dependerá de cómo protejamos el recuerdo de lo que realmente sucedió en los años de plomo y sangre; de cómo combatamos la fábula equidistante que están escribiendo los amigos de los pistoleros, donde los lobos son las víctimas de los corderos.


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Camino a la rendición
Luis Herrero Libertad Digital 20 Enero 2020

Lo que busca Junqueras a corto plazo es que el Gobierno de Pedro Sánchez les permita alcanzar la independencia sin incordios judiciales.

He leído con gran interés las declaraciones de Junqueras en El País. Son iluminadoras. Todo su razonamiento se basa en la premisa de que el independentismo actúa desde los más estrictos principios democráticos y que todo lo que hicieron en el otoño de 2017 hubiera sido irreprochable en lo que él llama un país normal. España no lo es. En España se dan palizas a los votantes, se encarcela a inocentes y se clausuran Parlamentos por el simple hecho de poner urnas.

En su reflexión, Junqueras no hace ninguna referencia al dictado de la ley. No dice en ningún momento que la votación a la que se refiere estaba prohibida por la ley, que sus promotores fueron encarcelados por transgredir la ley y que el Gobierno y el Parlamento autonómicos fueron intervenidos, al amparo de la ley, por su empeño en subvertirla. Tampoco dice que la leyes que violaron fueron aprobadas por un Parlamento democrático y que su observancia, por eso mismo, obliga a todos por igual, ya sean fontaneros, políticos o sexadores de pollos.

Diga Junqueras lo que diga, nadie en su sano juicio puede creerse que el incumplimiento de la ley hubiera sido una conducta intrascendente en un país normal. No hay países normales o anormales. Hay Estados de Derecho o dictaduras asilvestradas. En los primeros, todos los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley. En las segundas impera el capricho del sátrapa de turno.

Detrás del razonamiento del líder independentista se esconde, sin demasiado disimulo, la convicción profunda de que la política está por encima de la ley y que cualquier violación del código penal que esté inspirada por una idea romántica de naturaleza política debería quedar impune. Por eso la Justicia española ha condenado a inocentes. Por eso el Supremo no tiene razón en nada de lo que ha hecho.

El dislate no tendría mayor importancia si el Gobierno estuviera dispuesto a cortarlo de raíz. Pero no es el caso. Sánchez ha aceptado una negociación cuyo propósito declarado consiste en desjudicializar un conflicto de naturaleza política. De lo que se trata no es de defender la prevalencia de la ley, sino de alejar la acción de la justicia, es decir, dejar sin castigo, a todos aquellos que, envueltos en la estelada, la transgredan al grito de viva la República independiente de Cataluña.

Si se avanza en la consecución de este objetivo, que es el que se ha puesto encima de la mesa de diálogo, ERC apoyará los Presupuestos. De lo contrario, específica Junqueras en la entrevista, volverán a rechazarlos y la estabilidad de la legislatura saltará por los aires. Queda claro, por lo tanto, que el objetivo de Junqueras no es alcanzar la independencia inmediatamente (él mismo reconoce que aún necesita muchos más apoyos para lograrla), sino conseguir que le dejen trabajar para convencer a más gente sin que su acción proselitista acabe siendo penalizada en los tribunales.

El Gobierno sabe de qué va el juego y debe ser consciente de que prestarse a él, aunque sea con la salvaguarda de no cruzar el límite del derecho de autodeterminación, sirve a los intereses independentistas en los términos exactos que ellos demandan. Lo que que buscan a corto plazo es que les permitan llegar hasta la orilla de la independencia sin incordios judiciales, mientras ensanchan la base social de su proyecto, a la espera de que la partida acabe por muerte dulce. Junqueras no ha podido ser más claro: "el objetivo es la independencia y caerá por su propio peso: solo hay que trabajar para convencer a más gente". Cuando el periodista le preguntó si la independencia no es un objetivo imposible, Junqueras respondió: "Una mierda! Una puta mierda!" No parece, desde luego, la respuesta del autor intelectual de una simple ensoñación inofensiva.

¿Es legítimo que el Gobierno escolte a sabiendas una estrategia política tan descarada? Al hacerlo, Sánchez se convierte en cómplice necesario del plan urdido por el independentismo catalán para acabar con la unidad de España. Que nunca diga, al menos, que no lo sabía.

Director de En Casa de Herrero y Cowboys de Medianoche y tertuliano de Es la Mañana de Federico y Fútbol es Radio.

ERC manda y Sánchez acata: se afloja el cerco a los CDR

OKDIARIO 20 Enero 2020

Por si alguien tenía alguna duda, ya sabemos en qué consiste la promesa de Pedro Sánchez de «desjudicializar el conflicto catalán»: en retirar de Cataluña a buena parte de los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil que investigaban a los CDR. En el último mes y medio, el número de agentes ha descendido considerablemente en la comunidad catalana. De los que quedan, la gran mayoría está trabajando en operaciones relacionadas con la lucha contra el yihadismo.

Los agentes que han ido poco a poco abandonando Cataluña se ocupaban principalmente de vigilar el activismo violento de los CDR y otros colectivos separatistas. Suya es, por ejemplo, la investigación encubierta sobre las actividades terroristas de esa célula desarticulada el pasado mes de septiembre. Un grupo que tenía en su poder material para fabricar explosivos y estaba preparando ataques ante la inminente publicación de la sentencia del procés.

Ocho años de trabajo desperdiciados por la claudicación del jefe del Gobierno ante los separatistas catalanes, que se están cobrando al precio más alto posible su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. La unidad de Información que investigó al comando CDR estuvo un año y medio siguiendo la pista a los siete detenidos, ahora puestos en libertad bajo fianza -otra concesión al independentismo- por la Audiencia Nacional. El exhaustivo informe de la investigación, recogido en ocho tomos de sumario, muestra el nivel de infiltración que alcanzaron en la organización separatista: pinchazos telefónicos, fotografías, micrófonos colocados en viviendas y vehículos, seguimientos personales…

El grueso de los agentes destinados en los últimos años a Cataluña ha estado ocupado en vigilar de cerca los movimientos radicales separatistas, cuya incidencia ha aumentado exponencialmente desde el 1-0, pero las exigencias de ERC han invertido la situación. Todo ha cambiado desde que Sánchez fue investido presidente del Gobierno gracias a la abstención de los golpistas catalanes. La desjudicialización era eso: que quienes tienen que velar por la libertad y defensa de la unidad nacional, la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cesaran en su empeño por decisión de un Gobierno que vendió la dignidad de España a cambio de mantenerse en La Moncloa.

La política contra las togas
Carlos Mármol cronicaglobal 20 Enero 2020

Una de las prácticas políticas más antiguas que existen consiste en disfrazar la realidad, atenuándola o exacerbándola, mediante las artes del lenguaje. La oratoria, ciencia aplicada de la retórica, es el origen de esta tradición que busca seducir, persuadir o convencer a través de las palabras. Por desgracia, es una disciplina que ya no se practica ni en los colegios ni en la vida pública, donde escuchar un buen discurso --con argumentos-- se ha convertido en una anomalía exótica. Lo que ahora se llevan son los argumentarios (comerciales) para las mentes simples y las neolenguas que practican las sectas de lo políticamente correcto.

Los políticos, como es sabido, mienten en todas las variantes posibles: faltan a la verdad, la enuncian a medias o sencillamente la evitan, según conveniencia. Por eso resulta vital, si uno quiere ser un ciudadano digno de tal nombre, cuestionarse los términos con los que desde el poder nos bombardean a diario. El nuevo Gobierno, nacido de un acuerdo indeseado por sus propios protagonistas, pero que ha terminado imponiéndose ante la debilidad de todos, se define como “progresista”. En realidad, es un Ejecutivo liberal porque, como ya demostrara Pessoa en El banquero anarquista, la mejor forma de ejercer de ácrata es tener dinero. No hablamos, por supuesto, de liberalismo económico --con Montero al frente de Hacienda la ecuación siempre es la misma: más impuestos y peores servicios públicos--, sino de apertura mental.

El planteamiento con el que Sánchez I, el Insomne y sus socios quieren solucionar la crisis provocada por el independentismo en Cataluña consiste en aplicar la máxima suprema del liberalismo, pronunciada por Vincent de Gournay en el siglo XVIII: Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même (Dejen hacer y dejen pasar, el mundo va solo). Aplicada al contexto político actual significa vendernos el cuento de la “desjudicialización del conflicto político en Cataluña”, por supuesto a demanda de ERC, a los que, como explicó Montserrat Bassa desde la tribuna del Congreso, la gobernabilidad de España les importa un comino. El nuevo Ejecutivo, rehén de la falta de mayoría parlamentaria propia, ha decidido no sólo ignorar esta proclama narcisista, sino dejar hacer a quienes desean tumbar la democracia española para sustituirla por una utopía regresiva sustentada en “la identidad”.

En esta lógica se enmarca la designación como fiscal general del Estado de la exministra Delgado, encargada de contentar a los socios independentistas y facilitar --seamos piadosos-- que la ley no se aplique a los amigos, por supuesto con el aval (a la carta) de la Abogacía del Estado. El plan de descompresión --lo que desde Moncloa se llama política-- pasa por presentarnos a Sor Junqueras como un beato, considerar a los CDR ciudadanos ejemplares y reunirse con un Torra inhabilitado, como si todavía representara al Govern. Los gestos de distensión incluyen desmontar el veto de Borrell a las embajadillas de la Generalitat, celebrar los permisos penitenciarios de los políticos condenados por sedición y llevarlos de excursión al Parlament para que nos cuenten (otra vez) sus hazañas épicas. Sin olvidar la hibernación de los recursos judiciales contra las mociones independentistas.

¿Se puede ser más liberal con los independentistas? Evidentemente, no. La ministra Montero lo resumía en su estreno como portavoz: “La política no se puede esconder detrás de las togas porque complica la resolución de los conflictos”. Lo ideal, quién lo duda, es que en la vida no hubiera litigios y que éstos se solucionasen mediante el diálogo. Ocurre, sin embargo, que la función de la Justicia es dirimirlos cuando entre las dos partes en liza, una de ellas, o las dos, no se avienen a un acuerdo o se saltan las leyes. Impedir la actuación de los jueces no es hacer política. Es burlar los derechos (de todos) que la ley protege. Lo de Cataluña tampoco es un conflicto. Es un desafío. Y el Gobierno ha decidido empezar la legislatura de las virtudes tragándoselo entero. A la manera liberal.

La señora I. Celáa, su particular Constitución y su dogmatismo totalitario
“Las Arpías atroces/ graznan desde sus ramas, tal como hacen/ los buitres y sienten los que yacen inmóviles.” Dante Alighieri
Miguel Massanet diariosigloxxi 20 Enero 2020

¡El poder para las mujeres! Brama este feminismo galopante que se ha hecho dueño de nuestros país, de manera que la propia compañera de Pablo Iglesias, Irene Montero (supongo que llamarla esposa sería demasiado fuerte para tal defensora del independentismo femenino) que, cuando habla de sus compañeros del Gobierno tiene que hacerlo en femenino: “ministras” o cuando ha cambiado lo de “Unidos Podemos” por “Unidas Podemos” , en un desprecio absoluto por sus camaradas del género opuesto que, sin embargo, militan en el mismo partido; descabalgando de su hombría a todos aquellos ministros, de segunda clase para ella, que tuvieron la mala suerte de nacer con los atributos masculinos, pese a que algunos de ellos, seguramente, hubieran preferido cambiarlos por los identificativos sexuales de las féminas, para encontrarse más a gusto con los cuerpos con los que, la juguetona naturaleza, los dotó.

Los 100 días de gracia que se le conceden a cualquier gobierno que inicia su andadura, el señor Sánchez y sus seguidores ya los consumieron con creces durante el tiempo que han tenido a España en barbecho, mientras se ocupaban de afianzarse en el poder, sin que ninguna de sus promesas de mejorar España se hayan cumplido. Una de las características del nuevo Gobierno ha sido, sin duda alguna, el dar un empuje al feminismo que representa la nueva vicepresidenta y ministra de Igualdad, del grupo comunista de Podemos, señora Inés Montero. Constituyen un trio, junto a la señora portavoz del Gobierno, la ministra portavoz del Gobierno Mª Jesús Montero y la inefable Isabel Celáa, una señora con apariencia de monja, pinta de institutriz a lo fräulein Rottenmeyer, de la serie Heide de dibujos animados; todas ellas formando parte del chute feminista con el que parece que se pretende impulsar una nueva etapa con la que avanzar en lo que se viene entendiendo la “liberación de la mujer” o, lo que es lo mismo, fomentar la menor natalidad, la menor dependencia de las mujeres de la atención a sus hijos y eso que ellas gustan de reclamar, el “derecho a su propio cuerpo”, que no es ni más ni menos que practicar el sexo, libremente, entre hombres mujeres, entre mujeres o cualquier otra combinación que se les pudiera ocurrir que, por lo visto, resulta incompatible con intentar perpetuar la raza humana y, especialmente en el caso de España, en mantener un nivel deseable de nacimientos para cubrir las necesidades demográficas para mantener las proporciones necesarias para la sostenibilidad del sistema.

Pero hay declaraciones, expansiones de carácter más que dudosas, intentos de adoctrinamiento o interpretaciones legales más que objetables de esta ministra, autocomplaciente con sus pretendidas admoniciones ejemplares que, en ocasiones, se permite darnos a los ciudadanos que, francamente, sería mucho mejor que dejase de utilizar si no quiere estar dispuesta, como en esta ocasión que nos ocupa, a recibir una avalancha de críticas, reproches y rectificaciones que no contribuyen en modo alguno, a fomentar el “prestigio” de esta señora. No, señora Celáa, puede que los hijos no sean propiedad de los padres, como sería el caso de un coche, un piso o un título universitario, porque cuando nacen no llevan consigo una escritura de propiedad que otorgue la propiedad del uso, disfrute y aprovechamiento de sus frutos como sería el caso de los otros bienes materiales susceptibles de estar afectados por el derecho de propiedad. Pero no se equivoque y no pretenda confundir a los ciudadanos españoles intentando trasladar unos derechos que corresponden únicamente a los padres con los que un régimen, como el que usted parece insinuar, en el que estos niños pasan a ser propiedad del Estado. Usted se ha permitido una interpretación muy sui géneris del Artº 27 de nuestra Constitución.

En el número 1 se reconoce la libertad de enseñanza, lo que supone que no es preciso que todos los centros de enseñanza estén sujetos a un control gubernamental en cuanto a las orientaciones que les den a las enseñanzas que se impartan en sus aulas. Pero es en el número 3 en el que se deja clarísimo que, si es cierto que los hijos no pertenecen en nuda propiedad a nadie, también, por cierto, lo es más el que: “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Dudamos de que ni el Gobierno ni los centros de enseñanza puedan determinar, por su propia cuenta, cuáles puedan ser las enseñanzas religiosas que tengan derecho los padres a reclamar que se les impartan a sus hijos ni, tampoco oponerse al tipo de moral que los padres pudieran elegir para sus vástagos; salvo que estuviera en contra de la Constitución y pudieran constituir un delito previsto en el CP.

Pero es que la señora Celáa parece que no contempla tampoco el Artº 14 de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre Derecho a la Educación en su apartado 3º, donde dice: “Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulan su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y .pedagógicas”. La propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, confirma una vez más, en su Artº 12, en su apartado Libertad de Conciencia y de Religión. (4) “Los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Es obvio, señora Celáa, que los padres tienen mucho que decir sobre la orientación moral o ética que desean que reciban sus hijos menores de edad. La pretensión que parece querer dar a entender con su particular interpretación de nuestra Constitución, no la suya, de que los hijos deben quedar al albur del partido que gobierne durante un tiempo la nación, no es conforme con lo que al respeto vienen reconociendo las leyes internacionales y nuestra misma Constitución. Creemos ver en la señora ministra peligrosos ramalazos de la doctrina nazi, en aquel terreno educativo de las juventudes alemanas en el que dominaba el Reichfürer de las SS, H.Himmler, la famosas NSDAP y aquellas escuelas de adoctrinamiento de la élite germánica, las NAPOLAS de las que las Waffen-SS, durante la Segunda Guerra Europea, se fueron nutriendo. Adoctrinamiento partidista, supresión de la enseñanza de religión (fuera la que fuere), despego de la familia y radicalización de un ideario (en aquel caso nazi y, en el que se desarrolló en la URSS, el comunismo) intolerante e incompatible con cualquier clase de democracia.

No ponemos en duda que el gobierno actual, socio-comunista, comparte ciento por ciento las mismas ideas de la Celáa que, por otra parte, es lo que ya se viene practicando en las escuelas del País vasco, las ikastolas y en las de Cataluña en las que se imparten, sin el menor rubor, el separatismo; una historia tergiversada, un clima de odio hacia el resto de pueblos de España y el concepto de que Cataluña es expoliada por el resto de la nación española. No tardaremos en ver cómo, entre los acuerdos entre el gobierno socialista y la ERC, que desconocemos, pero que van a ir apareciendo en forma de avances de las facultades de los gobiernos nacionalistas, en detrimento de las que venía detentando el Estado y, en consecuencia, de la unidad de la nación española.

Los ejemplos de las cesiones ante este feminismo feroz, intolerante, excluyente y extraordinariamente fanatizado, ya se están empezando a notar, tanto en los nombramientos para la formación del nuevo Gobierno, como par los nuevos cargos ocupados por mujeres, tanto en la Justicia como en otros puestos (ejemplo la Guardia Civil, por primera vez dirigida por una señora, María Gámez, algo que no sabemos cómo habrán recibido los miembros de tan laureado cuerpo armado). La nueva delegada del gobierno para la Violencia de Género, la señora Rosell se ha apresurado a dejar claro “Espero estar a la altura del feminismo en este país”, dejando aclarada su postura al añadir: “La lucha es contra siglos de desigualdad patriarcal y contra todas las formas de violencia machista que genera”. Curiosamente, ninguna de ellas ha aludido a que los asesinatos de mujeres en manos de sus compañeros, no sólo no han disminuido sino que han aumentado durante el tiempo en que, los del PSOE, han estado al frente del gobierno de la nación.

Y un colectivo que debieran de haber mostrado más prudencia, debido a la imparcialidad que se les atribuye en el ejercicio de su profesión de juezas, el de la Asociación de Mujeres Juezas de España, ha manifestado su complacencia por el nombramiento de Rossell, por medio de la portavoz del grupo, la magistrada Lucía Avilés, con una expresión que parece ser el anuncio de una campaña de las juezas en favor del feminismo y no de la objetividad que debería presidir cualquier actuación judicial. Dice la señora: “Estoy segura que los derechos humanos y el feminismo van a estar bien salvaguardados con ella”

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, creo que hemos entrado en una fase en la que el sentido común ha desaparecido del pensamiento de nuestros políticos, la moderación ha dado paso a unos ataques directos, feroces, completamente carentes de lógica y si impregnados de mucho rencor, odio, revanchismo y evidente intento de acabar con el adversario, no sólo para neutralizar su actuación en la presente legislatura, sino y muy especialmente, para intentar acabar con él, borrarlo de la competencia y anularlo por completo, como modo de poder instalarse en un régimen de carácter totalitario, de clara opción comunistoide y con la artera intención de perpetuarse en el poder, como viene sucediendo en la república de Venezuela, en manos del sátrapa Maduro. Marchad, marchad/ sembrando paz y amor/ Marchad, marchad/ por la ruta imperial.

Derecho a la insurrección
Al declarar su intención de «volver a intentarlo», Junqueras renuncia a reinsertarse en el marco legal que ha violado
Ignacio Camacho ABC 20 Enero 2020

De todas las anomalías que ha normalizado el Gobierno de Sánchez, la principal consiste en que la llave de la estabilidad de su mandato la guarde en una cárcel un político condenado por delitos graves. Y aunque para atenuar esa evidente disfunción ética y política el presidente esté urdiendo una mayor como es la intervención del Ejecutivo en la Justicia, Junqueras no va a superar, ni quiere hacerlo, la experiencia de la penitenciaría. Al contrario, parece dispuesto a usarla como combustible de su rebeldía y así lo proclama en la reciente entrevista de «El País» con áspero tono -«y una mierda, y una puta mierda»- de soberbia levantisca. Hasta parece que le molesta que el Supremo considerase mera ensoñación la declaración de independencia, como si se sintiera humillado por la consiguiente rebaja de la pena. Es el «síndrome Mandela», una aspiración de martirio que desdeña el detalle de que su modelo poseía una fortaleza ética que le llevó a protagonizar el más renombrado proceso contemporáneo de reconciliación y convivencia. Y, por supuesto, el de que fue encerrado por un régimen abyecto y no por una impecable democracia europea.

El preso de Lledoners envía dos mensajes diáfanos. Uno a Sánchez: que se olvide de la legislatura, como ya le dijo Rufián, si no cumple su pacto; es decir, que recuerde por dónde lo tiene agarrado. El otro es para sus propios correligionarios, a los que trata de aliviar la sensación de fracaso asegurando que se han «ganado el derecho de volver a intentarlo». Entiéndase el derecho a la insurrección, si bien se cuida de ponerle plazos. Pero cualquier recluso que prometiera delinquir a la primera oportunidad podría irse olvidando de permisos u otras variantes de alivio carcelario, simplemente por renunciar a reinsertarse en el marco legal que ha violado. Claro que si los etarras y el partido heredero de su proyecto reclaman su plena integración legal y social sin un ápice de arrepentimiento, por qué iba Junqueras, que no ha matado ni secuestrado a nadie, a conformarse con menos. Ser socio imprescindible del poder debe de generar algún privilegio.

Lo que no se puede reprochar, ni a él ni al separatismo en general, es falta de transparencia. Llevan años anunciando con la mayor franqueza sus propósitos y cumpliéndolos en la medida de sus fuerzas. Si dicen que lo van a volver a intentar, podemos tener la seguridad plena de que en cuanto le encuentren al Estado una grieta echarán otra vez el carro por las piedras sin el menor remordimiento de conciencia. Sánchez lo sabe, como todo el mundo, y no podrá sentirse engañado porque es quien les está facilitando la ocasión y los medios para llevar su plan a cabo. Les ha alquilado el usufructo de La Moncloa y no le va a salir barato. De un político como él cabía esperarlo; lo asombroso es que haya medio país mirando, por conveniencia o por sectarismo, para otro lado.

Vox registra una Proposición de Ley en el Congreso para reformar la ley de partidos e ilegalizar a los separatistas
Maite Loureiro Libertad Digital 20 Enero 2020

Propone disolver las formaciones que no respeten la Constitución o atenten contra la unidad de España.

Vox da un paso más en su ofensiva contra los separatistas. La formación ha registrado una Proposición de Ley en el Parlamento para reformar la Ley de partidos y que sean ilegalizados aquellos que busquen "destruir España, su unidad y su soberanía".

"En los últimos años estamos asistiendo a una progresiva degradación de la figura de los partidos políticos y sus funciones", ha denunciado el presidente de Vox, Santiago Abascal, en una rueda de prensa desde el Congreso donde ha señalado a Bildu, ERC, JXCAT, el PNV o el BNG como objetivos de su propuesta por proponer la independencia de Cataluña o el País Vasco, y apoyar actos violentos.

En su opinión, "los grupos que proponen claramente la independencia" o "han participado en el golpe del 1-O" deben ser ilegalizados. Además, ha recordado que se trata de una promesa electoral, incluida en su programa de 100 medidas para España.

La reforma contempla el establecimiento de unos límites que deberán cumplir todos los partidos para ser reconocidos como legales. Entre ellos, que en sus estatutos se recoja el respeto y acatamiento de la Constitución, que no atenten contra las libertades y los derechos fundamentales, que no justifiquen la violencia o no apoyen acciones o grupos terroristas.

Cualquier reforma sobre la Carta Magna deberá plantearse, además, según los cauces recogidos en el propio texto. En este sentido, Abascal ha precisado que Vox sigue pidiendo cambiar la Constitución para, por ejemplo, eliminar el Estado de las Autonomías, pero "siempre por los cauces legales".

La propuesta debe ser estudiada por la Mesa del Congreso, con mayoría de izquierdas, para su posterior tramitación en el Congreso, donde Vox necesitaría la mayoría absoluta para poder sacarla adelante. Es decir, deberá buscar el apoyo necesario de otros partidos para su aprobación definitiva.

Algo que, de momento, no han hecho, según ha confirmado Abascal al ser preguntado por si han mantenido algún contacto con el resto de formaciones para sacar adelante esta iniciativa. De ser admitida a trámite, forzaría, en cualquier caso, a PP y Cs a retratarse votando a favor o en contra de la iniciativa.

Según ha explicado Abascal, la propuesta contempla, además, que los partidos ilegalizados "devuelvan los fondos públicos recibidos y con los que han atacado a los españoles". "Igual que las personas no tenemos libertad absoluta para saltarnos la ley, los partidos deben dejar de tenerla, como la han tenido hasta ahora", ha dicho tajante el líder de Vox.

Torra adjudica a dedo 2 millones de euros a los espías del catalán en los colegios
Agustín de Grado okdiario 20 Enero 2020

Dos millones de euros. A dedo. Sin necesidad de concurrencia competitiva. Es la cantidad que el Govern catalán entregará hasta 2021 a la Plataforma per la Llengua, la asociación que trabaja por la dictadura lingüística en Cataluña y que hace unos meses saltó a la opinión pública por espiar en los patios de 50 colegios para comprobar si alumnos y profesores hablaban en castellano. La cifra y el procedimiento de adjudicación vienen detallados en el plan de subvenciones de la Generalitat recientemente aprobado para el periodo 2019-2021.

Poco importa que la Cataluña sea la región más endeudada de España. Y menos aún que tenga que recibir ayuda financiera del Estado para esquivar la bancarrota. Casi 300 millones de euros repartirá sólo la Consejería de Cultura en subvenciones: 98,35 millones en 2019, 99 en 2020 y 100,76 en 2021.

El 40% de esta millonada se adjudicará de forma directa o nominativa. Es decir, sin concurso público, lo que deja un campo de maniobra totalmente libre y sin trabas a la Consejería para su adjudicación.

Es el caso de la denominada Plataforma per la Lengua, la asociación civil del movimiento independentista que tiene como objetivo la imposición del catalán en todos los órdenes de la vida de esta comunidad autónoma. Bajo el pretexto de “garantizar el conocimiento y el uso social de la lengua catalana”, la Plataforma recibirá 640.000 euros en cada uno de los tres ejercicios. Con la particularidad de que, a partir de 2020, la adjudicación de ese dinero público pasará a ser nominativa. Esto es, como el propio documento explica, “sin que sea necesario establecer la comparación entre solicitudes” y cuya concesión procede “por la mera concurrencia de una determinada una situación”.

Torra adjudica a dedo 2 millones de euros a los espías del catalán en los colegios
Extracto de las subvenciones a la Plataforma per la Lengua

A principios de diciembre, los socialistas catalanes del PSC y la marca de Podemos en Cataluña se aliaron con los independentistas que gobiernan la Generalitat para tumbar una iniciativa de Ciudadanos que pretendía acabar con las subvenciones a la entidad que espió a los alumnos y profesores de medio centenar de colegios para comprobar su grado de uso del catalán en los recreos. El espionaje concluyó que sólo el 14% de las conversaciones en los patios de las escuelas urbanas es en catalán.

La Plataforma per la Llengua, que surgió en 1993 y se autodefine como la ONG del catalán, está especializada en llevar a cabo estudios y encuestas para justificar las políticas del Govern encaminadas a la implantación de la dictadura lingüística del catalán. Además del de los colegios, el año pasado presentó otro informe encaminado a expulsar al castellano del ámbito de la sanidad, tanto pública como privada.

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