AGLI Recortes de Prensa   Martes 21  Enero  2020

Sánchez, (con)federal con los golpistas, jacobino con quienes le plantan cara
EDITORIAL Libertad Digital 21 Enero 2020

La intervención de las cuentas de la Junta de Andalucía en diciembre por los incumplimientos que dejó la nefasta ministra socialista María Jesús Montero cuando fue consejera de la pésima Susana Díaz fue interpretada por los partidos de la actual coalición gobernante en dicha región como una venganza del sanchismo por la pérdida del Gobierno autonómico. En aquella ocasión denunciamos la desfachatez con que Sánchez utilizaba la maquinaria del Estado para castigar a los territorios que se sacuden el yugo socialista.

La siguiente en la lista parece ser Murcia, donde el socialismo lleva fuera del poder autonómico más de un cuarto de siglo. La misma coalición gobernante que en Andalucía, PP y Cs, tiene que lidiar con la amenaza gubernamental de intervención; pero esta vez en aplicación del artículo 155 de la Constitución, previsto para atajar la sedición de Gobiernos regionales como el catalán, que, sin embargo, prosigue vulnerando las leyes con indignante impunidad.

Lo más bochornoso es que son los podemarras, los ultras que fungen de palafreneros del separatismo y se niegan a mencionar siquiera el 155 allí donde sí resulta necesario, quienes se atreven a amenazar a un Gobierno regional por el hecho de aplicar una medida que garantiza de manera efectiva el derecho constitucional de los padres a decidir sobre la formación moral de sus hijos.

Yerra gravemente Ciudadanos poniéndose de perfil en una cuestión como la del llamado pin parental, en la que se dilucida qué respuesta van a dar los Ejecutivos autonómicos a este intento social-comunista de aplastar espacios esenciales de libertad. Porque tras Murcia vendrán Madrid y, nuevamente, Andalucía, tres regiones cuyos ciudadanos han rechazado el modelo social-comunista, tan ruinoso como liberticida.

Sánchez y su banda son unos inmorales que predican el (con)federalismo desintegrador en las comunidades más amenazadas por el separatismo mientras castigan con una suerte de saña jacobina a quienes con más contundencia han respondido al mensaje de 'Más España, Más Libertad'.

El pin-pan-pun
Ese alboroto no es más que una maniobra de distracción, zafia, pero eficaz
Luis Ventoso ABC 21 Enero 2020

Echándole un ojo al panorama no faltan motivos para alborotarse. Pero el ya celebérrimo «pin parental», que desvela a la «coalición progresista» y a su compungido tertulianismo, es una polémica organizada desde el aparato gubernamental. Una maniobra de distracción zafia, pero eficaz, cuyo objeto es tapar las debilidades del sanchismo. Hay motivos para el alboroto, sí. Pero son otros:

- En vez de hablar del pin podríamos hablar de la economía, que estornuda desde que emprendimos el «ilusionante giro a la izquierda». España fue ayer el país desarrollado al que el FMI más recortó las previsiones. Con el don Tancredo que no hacía nada, el viejo Mariano, salimos de la crisis y desde 2015 enlazamos tres anualidades creciendo por encima del 3%. En 2018, ya con medio año del dinámico y apolíneo Sánchez, caímos al 2,6% y, según el FMI, el 2019 se ha cerrado con un 1,7%. En empleo, la EPA del tercer trimestre trajo el peor dato en siete años. La compra de viviendas, termómetro del pulso económico, pinchó un -9,3% en noviembre.

- En vez de hablar del pin podríamos estar hablando de que Junqueras, el preso que sostiene al Gobierno, acaba de pregonar que jamás renunciará a repetir su sedición de 2017 para lograr la independencia. Lo ha recalcado con un lenguaje soez y amenazante, recordándole a Sánchez que tendrá que darle en la mesa de negociación lo que él espera. ¿Y qué espera? ¿Cabe en la Constitución lo que ha prometido Sánchez a ERC bajo cuerda? No lo sabemos. Aquí lo importante es el pin.

- En vez de hablar del pin podríamos hablar de la maniobra antidemocrática de colocar a una pésima ministra socialista, tres veces reprobada, al frente de la Fiscalía General del Estado, para que la mangonee al servicio de las componendas de Sánchez con los separatistas. O de que toda la carrera fiscal, la zurda y la diestra, condenó ayer la rampante burramia jurídica del ministro Garzón, que el domingo declaró en la televisión colorada que la Fiscalía depende del Gobierno y no del poder judicial. Hasta los fiscales de su cuerda han expresado «sorpresa e indignación».

- En vez de hablar del pin podríamos denunciar la cacería del Gobierno socialcomunista contra los jueces, cuyo argumento totalitario es que aquellos que no comparten el credo progresista no son válidos.

- En vez de estremecernos con el pin podríamos alarmarnos por el sistemático adoctrinamiento nacionalista en las aulas de algunas comunidades autónomas, fenómeno ya endémico que el PSOE jamás ha denunciado o combatido. O del proyecto de ingeniería social que anima a este Gobierno, que si pudiese haría decretos ley hasta para regular nuestros sueños.

Los sabios militares de antaño -Sun Tzu, Von Clausewitz- ya advertían que la guerra es «el arte del engaño», donde las «maniobras de distracción» son cruciales. El redondismo lo sabe y ha convertido el pin en un McGuffin a lo Hitchcock. La tarea estelar de este Gobierno es ejercer de oposición de la oposición.

El asalto a la libertad
José María Rotellar okdiario 21 Enero 2020

El nuevo Gobierno, en el que hay un buen número de ministros comunistas, hecho insólito en España desde los tiempos de la terrible Guerra Civil, está dejando muy claro cuál es la línea que quiere seguir a lo largo de su mandato, con múltiples manifestaciones y señales que nos envían a diario, para que nadie tenga ninguna duda de cuáles son los puntos esenciales en los que se basa, sobre los que se asienta y que constituyen su guía.

Hay quienes intentan agarrarse a un clavo ardiendo, en búsqueda de algún resquicio de esperanza que permita domesticar el impulso comunista de muchos de sus miembros a partir de la ortodoxia que algunos de los integrantes del Consejo de Ministros parece que tienen. Enseguida, nos recuerdan que Calviño y Escrivá, por ejemplo, se sientan en el banco azul, que sus criterios son estrictos y que no permitirán que se comentan atrocidades desde el punto de vista económico.

Sin embargo, hay que recordar que los ortodoxos son minoría, porque frente a las dos personas citadas, hay muchas otras que se rigen por el populismo de izquierda radical. Además, hay que recordar que sobre todos ellos se encuentra Sánchez; quizás, paradójicamente, la única esperanza que podríamos tener es que a Sánchez le diga Redondo que le conviene ser moderado en la economía y no hacer caso a los postulados podemitas, pero eso sólo sucederá si encaja dentro de sus intereses. Ese tándem de La Moncloa se mueve a ritmo de conveniencia de sus propios intereses, de manera que si la economía resiste el suficiente tiempo con medidas populistas como para que ellos lo vendan sin que se hunda todavía el edificio, el ala radical vencerá. El problema es que, después, el edificio económico terminará cayendo, con muy negativas consecuencias. ¿Qué pueden hacer los ortodoxos? Poca cosa, pues no creo que a Sánchez le vaya a importar mucho que se vayan, incluso aunque fuese dando un portazo.

De momento, todos sus planteamientos van en la dirección defendida por esa vertiente más radical: derogación de la reforma laboral, incremento de gasto exponencial, subida de impuestos casi confiscatoria e intervencionismo en la economía y en las decisiones de las personas en su día a día.

Ya hemos visto que plantean, en el acuerdo de Gobierno, medidas de incremento de gasto en una amplia mayoría de conceptos improductivos. Con ello, aumentarán déficit y deuda, y con esta nueva deuda lastrarán a las generaciones futuras, coartando su libertad para decidir, entonces, qué hacer con sus recursos, porque se verán obligadas a pagar la deuda heredada.

Del mismo modo, van a llevar a cabo una subida de una gran gama de impuestos, más la introducción de otros nuevos. Es decir, van a disminuir la renta disponible que los ciudadanos tienen. Y disminuir la renta disponible de los ciudadanos es lo mismo que quitarles opciones de elección, es decir, significa disminuir su libertad.

Y en cuanto al intervencionismo directo en la economía, se extiende desde el incremento artificial del salario mínimo, al establecimiento obligatorio de unos tipos mínimos impositivos en los impuestos autonómicos. Todo ello, limita la libertad de las personas.

Y ese intervencionismo se expande más allá del terreno económico, pues parece que podrían preparar ciertas normas que establezcan qué es verdad y qué no, según el Gobierno, de las noticias y comentarios que se publican, normas que, de confirmarse, pueden suponer un quebranto importante de la libertad de expresión. Ahora bien, el extremo de intervencionismo lo han alcanzado al afirmar Celaá -apoyada después por Ábalos y no desmentida por ningún miembro del Ejecutivo- que los niños no son de los padres. Por supuesto que no son una propiedad en el sentido material, porque ninguna persona es propiedad de otra, pero sí son los responsables que han de guiarlos en su educación, son quienes los han traído al mundo y de quienes depende su bienestar. Los padres son quienes les dan un hogar, una afectividad, una familia. De lo dicho por la antigua portavoz del Gobierno a la afirmación de Stalin, que decía que todos los hijos que tenían los ciudadanos de la Unión Soviética eran propiedad de la Unión Soviética, empieza a haber un trecho muy corto. Esperemos que no lleguemos a ese nivel, pero resulta muy preocupante lo que, de concretarse, podría ser un asalto a la libertad. Se empieza queriendo tomar el cielo por asalto y se termina poniendo en jaque a la libertad.

Eso no es un 155, es un golpe de Estado
OKDIARIO 21 Enero 2020

Las declaraciones de la delegada del Gobierno para la Violencia de Genero, Victoria Rosell, en las que sugirió aplicar el artículo 155 de la Constitución contra la decisión del Ejecutivo murciano de aplicar el pin parental son de una gravedad sin precedentes, porque lo que subyace de sus afirmaciones es una concepción totalitaria del poder que es reveladora del rumbo que el Gobierno socialcomunista está dispuesto a emprender.

Todo lo que está pasando en España se resume en lo siguiente: Sanchez ha tejido una alianza de retroalimentación de intereses con la izquierda radical y el separatismo para perpetuarse en el poder. La aplicación del 155 al que se refiere Rosell no es más que un golpe de Estado promovido por el Ejecutivo socialcomunista contra los Gobiernos autonómicos de centro derecha. Resulta intolerable que mientras Sanchez haya pactado con los golpistas catalanes un plan de demolición institucional para derribar los diques de contención del Estado de Derecho contra los que subvirtieron el orden constitucional, se pretenda utilizar la Constitución contra los Ejecutivos autonómicos donde no gobierna la izquierda.

Estamos ante un proceso de involución democrática sin parangón: el asalto al ordenamiento jurídico que pretende Sanchez busca la mera ocupación del poder para, con la ayuda de los enemigos de la España de 1978 y los contrarios al marco constitucional, amordazar y liquidar a los defensores de la unidad nacional. Las declaraciones de Rosell son la prueba del nueve de las intenciones del socialcomunismo.

Pese a que Rosell ha asegurado que sus declaraciones eran en tono irónico, algo que no se desprende en absoluto de la audición de las mismas, lo que ha hecho la delegada del Gobierno representa una amenaza en toda regla al sistema de libertades consagradas en nuestra Carta Magna. No es ironía, es puro totalitarismo

Un podemita sin coleta
Pablo Molina Libertad Digital 21 Enero 2020

La primera entrevista de Sánchez a su televisión tras la reciente investidura no defraudó a los espectadores porque su persona siempre cumple las expectativas. En realidad las supera, porque por más estupefacción que puedan provocar sus manifestaciones públicas, al día siguiente vierte otras que producen un asombro todavía mayor.

Pero anoche descubrimos que en Sánchez se ha producido un fenómeno mimético que ha hecho a su persona incorporar meticulosamente la dialéctica insoportable del ayatolá podemita, de tal forma que escuchar a Pedro Sánchez es exactamente igual que soportar la perorata del marqués de Teherán. Ambos exploran los mismos lugares comunes, proclaman las mismas obviedades grandilocuentes y manifiestan un desprecio inabarcable a la realidad cuando no conviene a sus intereses, que es siempre.

Sánchez dice ahora las mismas cosas que viene sosteniendo Iglesias desde hace años, pero no por estrategia, sino porque en realidad piensa exactamente igual que su vicepresidente. ¡Cuando su persona lo pasaba mal era antes, cuando tenía que fingir que era un presidente con un sólido sentido de Estado! Ahora, en cambio, se le han quitado las canas y su cutis resplandece con el brillo saludable de un tío que duerme como un bebé. Por fin se acabaron las contradicciones y podemos ver a Sánchez como realmente es: un piernas convencido de que puede derogar la Constitución y acordar consultas secesionistas con sus socios de investidura cada vez que lo considere necesario, porque eso es lo que exige el nuevo escenario de diálogo surgido del pacto de Lledoners. Y si la oposición denuncia sus tropelías se acusa a sus dirigentes de no aceptar la derrota electoral. No como los izquierdistas que forman el Gobierno de su persona, que cuando gobernaba la derecha rodeaban el Congreso únicamente en señal de apoyo a Rajoy.

Sánchez e Iglesias son ya la misma persona y resulta intrascendente que los disparates y las amenazas las pronuncien uno y otro. Los pobres presentadores le ponían a Sánchez breves piezas con las contradicciones más clamorosas del personaje como una especie de disculpa antes de lanzarle, educados y perfectamente envarados en la silla, alguna pregunta calculadamente incómoda. En una de esas ocasiones le preguntaron por las palabras de Iglesias, reprobadas por el CGPJ, en las que se ponía del lado de los golpistas y en contra de la Justicia española, "humillada por los tribunales europeos". Sánchez, naturalmente, respaldó sin fisuras las palabras de su vicepresidente con la mayor naturalidad, porque denigrar a los integrantes del Poder Judicial por parte del jefe del Ejecutivo en horario de máxima audiencia es ya una cuestión de mero trámite para su persona.

No puede sorprender tampoco que anoche renunciara a reintroducir en el Código Penal el delito de convocatoria de referéndums ilegales y que, de hecho, anunciara la convocatoria de una de esas consultas "solo en Cataluña", para solucionar el problema político heredado que la derecha se empeñó en judicializar. Iglesias no lo hubiera explicado mejor.

Sánchez es un Iglesias duchado y con corbata, pero lo peor no es que tenemos un presidente que coincide en sus análisis y recetas políticas con un tipo formado en la ideología más perniciosa que jamás ha padecido la humanidad. Lo que verdaderamente aterroriza es que, al lado de Sánchez, el ayatolá podemita quedará pronto a la altura de cualquier voluntario de ONG de las que le gustan al Papa Paquito I. Anoche comenzó la verdadera revolución.

Colaborador de Es la Tarde de Dieter.

Un falso debate contra la derecha
Consciente del fuerte rechazo social y político que suscita su programa de Gobierno, la izquierda comunista ha puesto en marcha una campaña de propaganda preventiva a partir de un asunto menor, como es el «pin» parental.
 larazon 21 Enero 2020

Comienza una legislatura complicada, con un Gobierno de matriz socialista en minoría parlamentaria y sometido a dos fuerzas centrífugas, más bien pulsiones, como son el nacionalismo y el populismo de izquierda radical, con programas políticos sólo coincidentes en la ruptura del consenso constitucional, surgido de la Transición. Dicho de otra forma, un Gobierno de coalición sin suficiente respaldo popular se apresta a promulgar un corpus legislativo que, sin duda, va a provocar una fuerte reacción política y social, que, si bien, ya se está viendo reflejada en sectores tan caracterizados como la judicatura y las organizaciones empresariales, deberá ser canalizada, como corresponde a un sistema democrático representativo, a través de los partidos de la oposición, en este caso, del centro derecha.

Muy consciente de lo que está en juego, la formación de Unidas Podemos, comunista, ha puesto en marcha una campaña de propaganda preventiva a partir de un asunto menor, como es el llamado «pin» parental, que ni pone en cuestión los fundamentos de la educación pública ni supone conculcación alguna de libertades ni, por supuesto, establece nuevos paradigmas sobre los límites de la patria potestad. Simplemente, en la comunidad autónoma de Murcia, el contenido de las actividades extraescolares, es decir, no curriculares, que se realizan en horario lectivo, debe ser comunicado previamente a los padres, con expresión de la titulación y experiencia profesional de quienes vayan a impartir las actividades. Por supuesto, detrás de esta medida, que también funciona con normalidad en otros ámbitos de la enseñanza básica, está el rechazo de muchas familias a que sus hijos pequeños sean formados en cuestiones afectivo-sexuales desde la perspectiva de una ideología transgénero que no comparten.

El asunto, ya decimos que menor, ha sido uno de los caballos de batalla de VOX, partido populista que no ha vacilado a la hora de extrapolar los casos más esperpénticos sucedidos en algunos colegios públicos como parte de una campaña que, en ocasiones, va más lejos de la mera y deseable corrección de excesos, que los hay. Pero más allá de un cierto oportunismo político, ni hay una agresión a la educación pública, como dice la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; ni se aprecia materia judicial, como denuncia la ministra de Educación, Isabel Celaá; ni, mucho menos, es de recibo la amenaza del 155 que hizo ayer la delegada gubernamental para la violencia de género, Victoria Rossel. En realidad, la génesis de toda esta sobreactuación de la izquierda, y su objetivo último, se encuentran resumidos en el reciente mensaje del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuando afirma que con el dichoso «pin» parental se «busca normalizar la desobediencia de la derecha frente a la Ley».

Si bien no es novedad la pretensión de la izquierda de deslegitimar aquellas posiciones del centro derecha contrarias a sus presupuestos ideológicos o políticos, no es posible menospreciar la advertencia implícita en la afirmación del líder comunista, mucho más, cuando desde la bancada socialista en el Congreso, su portavoz, Adriana Lastra, llegó a acusar al Partido Popular de promover un golpe de Estado por el mero hecho de ejercer su función opositora. Porque, si bien parece chusco que la izquierda comunista –la misma que justifica los escraches contra la libertad de expresión como «gimnasia del pueblo»– agite el espantajo de una derecha levantisca y rebelde a las leyes, no lo es tanto si esa misma va a tener que fajarse a fondo contra un programa político, económico, social y judicial como el que plantea la coalición en el poder, dañino para España. No debe caer Pablo Casado en una trampa dialéctica tan evidente como la que esconde la falsa polémica del veto parental. La batalla de fondo es otra.

Dos mejor que tres
Ignacio Camacho ABC 21 Enero 2020

Pablo Casado tiene un trabajo doble en este mandato: por una parte el de liderar la oposición, con Vox haciéndole un marcaje apretado, y por otra el de reunificar un centro-derecha que el marianismo le dejó hecho literalmente pedazos. La primera tarea pondrá a prueba su cintura y su olfato para modular el discurso en el tono adecuado; un ajuste difícil porque cada vez que el Gobierno enseñe el trapo de la radicalidad, que será a menudo, las huestes de Abascal se frotarán las manos, conscientes de que el combate de trincheras ideológicas o culturales cuadra con su estilo bizarro. Para no quedar diluido en una bronca a garrotazos, o verse obligado a enfrascarse en ella con riesgo de renunciar a su propio espacio, el líder del PP necesita como primer paso reconstruir un proyecto liberal moderado, ecléctico y lo bastante amplio para que quepan al menos sus votantes y los de Ciudadanos. Se trata de un reto a medio plazo pero es la única manera de aspirar a una mayoría social inalcanzable con el actual modelo fragmentado. En la aritmética electoral, para ganar hay que reducir sumandos.

No va a ser fácil, ni siquiera en un momento en que Cs se halla en pleno debate interno, o precisamente por eso. Y quizá Casado no haya arrancado del modo idóneo ese proceso al hacer la propuesta -referida por ahora a Cataluña- de modo público y abierto; éste es el tipo de operaciones que conviene tantear en silencio, negociando en privado antes de aventarlas en los medios. La obsesión por el «relato» lleva la política a un terreno en el que parece que importa más la iniciativa que el éxito. Arrimadas está aún en precario, con el partido en franco estado de desconcierto, y hay que respetarle la identidad y los tiempos; máxime cuando se trata en la práctica de plantear una fusión que siempre suscita recelos, discrepancias y sospechas de buitreo.

Esa coalición, o lo que sea, sólo saldrá bien si la organización más grande muestra generosidad y descarta cualquier actitud arrogante. Las alianzas autonómicas pueden ser una excelente base: allá donde gobiernan juntos, juntos deben presentarse, cada uno con sus siglas bajo una marca común y sin remilgos proporcionales, para conformar una masa crítica viable. Ambos tienen mucho que ganar; el PP, la consolidación de una alternativa a Sánchez, y Cs, un peso específico añadido que evite la posibilidad cierta de que Vox lo sobrepase. En la tesitura probable de pactar con Abascal, para los naranjas nunca será lo mismo tenerlo detrás que delante.

Y entretanto, concertar estrategias. El electorado que comparte un modelo de sociedad no entiende que entre bomberos se pisen la manguera mientras la izquierda reagrupa sus fuerzas. Decía Machado que de cada diez cabezas nueve embisten y una piensa. Y si la legislatura acaba resultando duradera, se les va a hacer muy larga a los que no sepan actuar con inteligencia.

En realidad, solo queda Vox
Nota del Editor 21 Enero 2020

Tanto PP como Ciudadanos han demostrado su incapacidad para afrontar los disparates que el quinto frente popular está haciendo a España y por tanto, solo queda Vox. Cualquier intento de volver al pasado inútil y traidor del PP es una demostración de la flojeza que domina a muchos españoles a la hora de defender sus derechos y libertad. Aun estamoa a tiempo para que Vox sea la voz y fuerza de la España rebelde que no se deja arrollar por las inmundicias del socialismo, comunismo y/o nacionalismo.

El Gobierno no puede eludir las reformas
Editorial El Mundo 21 Enero 2020

Aunque el Gobierno se empeña en acusar a la oposición de alarmismo, la realidad es que siguen acumulándose las señales de advertencia sobre el deterioro de la situación económica. El Fondo Monetario Internacional (FMI), que hace tres meses ya rebajó las previsiones, recortó el crecimiento de la economía española hasta el 1,6% para este año y el que viene; respectivamente, dos décimas y una décima menos de lo previsto en octubre. Se trata de la mayor rebaja entre los países desarrollados, incluida toda la Eurozona. España abandona el podio del crecimiento por primera vez en cinco años, lo que confirma que el frenazo es mayor de lo pronosticado. Las previsiones del FMI pulverizan las oficiales del Gobierno. Pese a ello, tanto Sánchez como Iglesias continúan instalados en un temerario optimismo que recuerda al de Zapatero antes de estallar la crisis económica y financiera de hace una década.

Los datos presentados por el organismo mundial en el Foro de Davos (Suiza), que tienen en cuenta la actualización a la baja que realizó el INE, certifican que la desaceleración de la demanda interna y las exportación de España está siendo más intensa de lo previsto y sus secuelas se dejarán notar en el crecimiento de este año. Especialmente, teniendo en cuenta la debilidad del entorno internacional. Pese a estar aún en un escenario de crecimiento, las incertidumbres se ciernen sobre la economía española. A los riesgos de una coalición -inédita en nuestra democracia- entre los socialistas y un partido de izquierda radical, se une la parálisis reformista después de varios años de bloqueo político. La economía española zozobra al albur de la inercia residual de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Rajoy.

La delegación europea defenderá en Davos la revitalización de las instituciones económicas internacionales y la necesidad de encarar el reto medioambiental. Sánchez, quien intervendrá mañana en este cónclave, debería aclarar su política económica. Ha bastado una semana desde que los nuevos ministros tomaron posesión para constatar las discrepancias entre PSOE y Podemos, acreditadas por los mensajes contradictorios emitidos sobre la posible reversión de reformas como la laboral. El alza fiscal y el notable incremento del gasto han disparado la alarma empresarial. Y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, advirtió en EL MUNDO del peligro de la falta de mando, dado que el rango de vicepresidenta de Calviño no garantiza la coordinación del área económica. Urge fijar un rumbo que cumpla con las metas de deuda y déficit, y ejecutar las reformas que potencien el crecimiento. Esperar a hacerlo cuando llegue otra crisis no hará más que endurecer los recortes y el sufrimiento social.

Antonio de Miguel, ideólogo del ‘pin parental’: «La idea nace para defendernos de profesores como Pablo Iglesias»
El Gobierno se viene arriba: Rosell propone aplicar el 155 a Murcia para retirar el ‘pin parental’
Cake Minuesa okdiario 21 Enero 2020

«El pin parental nace para defendernos de profesores como Pablo Iglesias, tan totalitarios e ideologizantes de la educación pública, tanto en la universidad como en la enseñanza secundaria o el bachillerato». Así defiende el pin parental Antonio de Miguel, el promotor de la idea de Vox.

«Es una fórmula de libertad para regenerar este modelo educativo que necesita de dar más información a los padres. Son ellos los que, por ley, tienen que ocuparse de la educación de sus hijos», asegura De Miguel en una entrevista con Cake Minuesa, que se ha trasladado a Guadalajara para conocer de primera mano el objetivo de una iniciativa que ha soliviantado al Gobierno de España, hasta el punto de que este lunes ha dado el plazo de un mes al Gobierno de Murcia para que lo retire antes de ir a los tribunales.

Según Antonio de Miguel, que lleva ejerciendo 25 años como profesor, las actividades complementarias están impartidas por gente a las que «ni se les pide un currículum, ni se les pide una titulación, ni se les pide un certificado de penales para trabajar con menores… se les da visado libre».

«Si vieran esa formación, esa educación sexual afectiva, esas barbaridades que se dan, los padres clamarían. De ahí la importancia de saber qué se va a dar, quién lo va a dar, cómo se va a dar y qué asociación o entidad está detrás de ello», afirma De Miguel.

El profesor asegura a Cake Minuesa que «esta ideología progre viene a por la educación. Fijaros lo primero de lo que se está hablando. Viene a por la educación como herramienta ideologizante y va a meter sus garras en los centros educativos».

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, aseguraba el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros semanal, que «no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres«. La socialista lanzaba su afirmación en el marco de las críticas del Gobierno a la aplicación del ‘pin parental’ por parte del Ejecutivo de Murcia, a propuesta de Vox.

Desjudialización de la política: ¿sólo cuando resulta favorable al Gobierno?
“Someter a juicio la actuación de los políticos cuando incumplen las normas, no sólo es democráticamente legítimo, sino que es consubstancial a un Estado de derecho” Francesc de Carreras
Miguel Massanet diariosigloxxi 21 Enero 2020

“Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”, dicen que le contestó el rey Alfonso VI al Cid y, por mucho que nos duela reconocerlo, tendremos que admitir que ya empezamos a notar debajo de nuestros pies, en este solar patrio sobre el que nos asentamos, un especial temblor que nos sube por nuestras extremidades hasta helarnos, poco a poco, nuestro espíritu de fieles seguidores de la tradición y amantes incondicionales de nuestra patria, España. No sé si serán las piedras, o los temblores de algún episodio sísmico o, simplemente, el tener conciencia de que, con la llegada de estos nuevos gobernantes que se han hecho con el poder en esta desconocida España (sí, nuestra, porque nos negamos a aceptar que, quienes están dispuestos a trocearla y a entregarla a separatistas y comunistas, puedan aspirar a considerarse españoles y a lucir con honor el título de ciudadanos de la patria) en la que la están convirtiendo quienes piensan transformarla en uno de estos paraísos comunistas, en el que han perdido sus identidades, y han acabado en la miseria, engañados por la ambición de quienes han antepuesto sus intereses personales y su egoísmo al deber de gobernar para todos los ciudadanos, con el objetivo de proporcionarles un estatus mejor, respetando sus libertades y sus derechos, con el propósito de mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos del país en el que, en nuestro caso, nos ha tocado vivir. Estamos ante situaciones que entrañan tanto peligro para el mantenimiento del Estado de derecho en España que, seguramente, hubieran sido capaces, si se hubieran producido en otros tiempos de, no sólo a Alfonso VI, sino al propio Sancho, el fiel escudero del caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha, les hubieran causado graves desazones y dolorosos pesares. A nosotros, ni que decirlo.

Hemos estado escuchando al señor Pedro Sánchez, una y otra vez, hablarnos de la desjudicialización de la política; de la necesidad de solucionar los temas de carácter político, a base del “diálogo”; de evitar acudir a los tribunales si existiera la posibilidad de conseguir arreglos sin utilizarlos, en fin, que desde el PSOE, pasando por todos los partidos independentistas y el resto de las izquierdas que forman la gran coalición que se ha hecho con el poder en España, han iniciado una campaña en la que se está intentando eliminar el tercer poder del Estado para, al menos en temas relacionados con la política, impedirles que puedan intervenir para restituir la legalidad en aquellos casos en los que se haya infringido; sean quienes fueren y ostenten los cargos que ostenten, los que incumplieren el ordenamiento jurídico del que nos dotamos los españoles a través de nuestra Constitución de 1978. Nunca, hemos creído que, cuando los políticos delincan, incumplan las leyes, se enfrenten a la Constitución, pretendan subvertir el orden, minar las instituciones, desobedecer las sentencias de los tribunales o pretender ponerse por encima de los españoles, intentando privarles de sus legítimos derechos; en lugar de someterlos, como al resto de ciudadanos, al imperio de la Ley, ya fuere por intereses espurios, por limar asperezas, por conseguir acuerdos o por alcanzar el poder, se pueda esquivar la acción de la Justicia para permitir a aquellos que delinquiesen, a través de subterfugios y malas artes, salir indemnes en virtud de aquella frase hecha: “El fin justifica los medios”, atribuida a Maquiavelo, aunque parece ser que la escribió Napoleón en la última página de “El Príncipe”.

Sin embargo, señores, vean con qué facilidad todos aquellos miembros del actual Gobierno de socialistas y comunistas, parece que se han olvidado de aquella campaña que hicieron para crear un ambiente contrario a que los tribunales juzgaran a aquellos políticos, no por sus ideas políticas, sus opiniones soberanistas, sus manifiestos actos de rechazo hacia España, los Reyes, la Constitución y el incumplimiento de las numerosas sentencias de los tribunales que fueron totalmente ignoradas; sino por haber incurrido en incumplimiento de las leyes, haber organizado actos expresamente prohibidos por la Constitución española y haber desobedecido al propio TC cuando los ha advertido de que aquellas decisiones, acuerdos o normas, emitidas por las instituciones de la autonomía catalana, que atentaban directamente, excediéndose de sus facultades y cometiendo delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, contra el Estado de Derecho vigente en nuestra nación.

Han acusado a la derecha de usar y abusar de acudir a los tribunales para pedir amparo ante determinados actos, resoluciones, leyes de los que se vienen valiendo los que ya llevan gobernando casi un año y medio en España. Sin embargo, no parece que exista modo alguno, que no sea éste, cuando un conjunto de partidos deciden convertir las cámaras de la nación en dos baluartes para parar todas las iniciativas, los reproches, las quejas y cualquier propuesta que pudieran presentarse ante aquellas cámaras, por muy bien argumentadas, favorables para la ciudadanía, beneficiosas para la economía del país e interesantes para el desarrollo de nuestra nación que, intrínsecamente, pudieran ser. Precisamente la separación de poderes prevista por Montesquieu tenía por objeto que nunca se pudiera dar el caso de que un solo poder de los tres previstos tuviera en su mano para impedir que la actuación de los otros dos no fuera capaz de controlarlo e impedir que pudiera imponer, impunemente, cualquier propuesta que fuera gravemente perjudicial para los ciudadanos.

Vean, no obstante, cómo cuando al Gobierno les interesa, cuando una comunidad como la Murciana, decide implantar un cambio, conocido como “pin parental”, que permite a los padres de familia ejercer un control sobre aquellas enseñanzas marginales que pudiera imponer la escuela, mediante las cuales se pretendiera burlar el derecho legítimo de los padres o tutores de los menores que, según el Artº 27 de la CE, se pretenda esquivar el derecho de los padres a pedir que, a sus hijos, se les imparta o no una determinada enseñanza en cuestiones morales y religiosas. La señora Celáa ya ha salido hecha una furia, amenazando acudir a los tribunales porque, para ella, los niños cuando van a la escuela dejan de quedar bajo la patria potestad, para tener que someterse a cualquier adoctrinamiento político que los directivos del centro o el propio gobierno decidieran usar para esquivar la voluntad de los padres de que sus hijos sean educados en sus mismos principios religiosos y morales. ¿Qué hay del diálogo? ¿Qué nos dice de la no judicialización de la política? Por lo visto no les ha bastado con lo sucedido en Cataluña y el País Vasco respeto al adoctrinamiento que se hace con los estudiantes tanto en las escuelas como en las universidades. ¿Acaso, señora Celáa, no será que dentro de los acuerdos secretos convenidos entre el gobierno socialista y los de ERC, también se ha acordado que el Estado no va a poner trabas al tipo de enseñanza, completamente manipulado en favor del independentismo, que se viene practicando en la comunidad catalana?

Lo que ocurre es que tampoco se trata de un caso aislado, porque a la comunidad de Madrid el ministerio de Hacienda ya los amenazó, como se atrevieran a rebajar los impuestos a los ciudadanos, de aplicarles sanciones y, lo mismo ha sucedido, con el gobierno del PP, C´s y el apoyo de VOX en Andalucía. ¿Van todos ellos, finalmente, acabando en los tribunales? En estos casos parece que no van a utilizar el sistema que han venido reclamando para Cataluña del diálogo y la desjudicialización de la política. Y, por si no hubiera sido bastante, la nueva Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la señora Victoria Rossell ha insinuado que “es tan grave el caso del pin parental que se ha establecido por el Gobierno de Murcia que se puede equiparar a los graves sucesos de Cataluña, la revolución que tuvo lugar para intentar proclamar la República Catalana”. ¿No será una vara de medir, más que sospechosa, y evidentemente completamente fuera de lugar, establecer una comparación semejante?; hablando incluso de aplicar en Murcia el Artº 155 de la Constitución ¿y, a esta señora, con semejantes ideas y tan poco sentido común, se le ha encargado un puesto de tanta responsabilidad? Mal vamos. Pero ya han advertido que van a acudir a los tribunales si los señores de Murcia no rectifican… ¿No va a ser que vamos a tener un incremento de la actividad judicial si, como parece que va a transcurrir en la legislatura, el número de querellas, demandas etc. a las que, oposición y Gobierno, van a tener que recurrir, para solventar los contenciosos que se vayan produciendo entre ellos, aumentan? Si esta práctica se generaliza, va a obligar a ampliar el número de tribunales dedicados a resolver las cuestiones que se tengan que dirimir ante ellos, derivadas de los desacuerdos entre unos y otros. Pero parece que el Gobierno ha sido el primero en romper la palabra, cuando han sido ellos los que han dado el primer paso o amenazan con dar los necesarios, hacia una intervención judicial repetida, en cuestiones meramente políticas.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos cómo, con una rapidez que nos indica la prisa que tienen los actuales gobernantes en sacar adelante todas aquellas reformas que implican, en sí, un avance hacia la aquellas políticas intervencionistas, totalitarias, de aislamiento de la oposición y de implantación de lo que, en el año 1936, fue el llamado Frente Popular, inspirado en el bolchevismo de la URSS, de similares característica a aquel y peligrosamente parecidas a lo que nos amenazan que van a hacer, en breve, los actuales gobernantes.

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El policía modelo del separatismo
Pablo Planas Libertad Digital 21 Enero 2020

El major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero mantiene su condición de héroe del nacionalismo a pesar de sus notorios esfuerzos por desmarcarse de quienes fueron sus jefes políticos y ahora están en la cárcel, en rebeldía o al frente de la Generalidad. Trapero fue exhibido por las autoridades autonómicas tras los atentados islamistas del 17 de agosto de 2017 (que costaron la vida a 16 personas en Barcelona y a una en Cambrils) como la encarnación del Estado catalán, el capitá Collons del siglo XXI, súmum de la eficacia policial y demostración esférica de que Cataluña estaba preparada para alcanzar la independencia que debía proclamarse en cuestión de semanas.

No parecía molesto el major con la atención mediática ni con que se le paseara de rueda de prensa en rueda de prensa rodeado por los políticos que estaban preparando con todo descaro el referéndum ilegal del 1-O, dando pasos firmes en el golpe de Estado. Sus comparecencias, pistolón al cinto, eran francamente celebradas por la prensa del régimen nacionalista, que salivaba con los abatimientos de los terroristas. No es que Trapero diera muchos detalles, pero sí los suficientes como para que la crítica especializada y la clase política separatista dieran por sentado que la principal estructura de Estado de la incipiente república eran los Mossos, nada menos que la mejor policía del mundo. Así de loco era el ambiente.

Un mes después, el 20 de septiembre, esa misma policía que era el pasmo planetario fue incapaz de impedir el acoso de las turbas separatistas a una comitiva judicial, incapaz de proteger un registro en la Consejería de Economía, incapaz de garantizar el trabajo y la movilidad de unos agentes de la Guardia Civil y una letrada de la Administración de Justicia comisionados por un juez de Barcelona. Tampoco fue muy lucida la actuación del cuerpo durante el 1-O. O sí, según se mire, pues el desempeño más notable de los Mossos fue enfrentarse con algunos agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y apostarse en las esquinas próximas a los colegios donde se celebraba la votación para pasar el día silbando.

La gran coartada del que entonces era el jefe de los Mossos es que comentó en una reunión con Puigdemont, Junqueras y el consejero de Interior Forn que la celebración del referéndum podía provocar graves alteraciones del orden público. También dijo en calidad de testigo en el Tribunal Supremo que una vez celebrada la consulta ilegal estaba dispuesto a detener a Puigdemont y al Gobierno catalán en pleno, y que a tal efecto se puso en contacto con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En dicho TSJC no se lo acaban de creer. Pocos días antes habían pedido a la Policía Nacional que relevara a los Mossos en la vigilancia de sus instalaciones porque no se fiaban de la policía autonómica. Pensaban los magistrados que los detenidos podían ser ellos a tenor del comportamiento de los mandos de la policía regional.

Sea como fuere, Trapero insiste en que hubiera detenido a Puigdemont y en TV3 se filtra que tenía previsto hasta un helicóptero para trasladar al entonces presidente autonómico a las dependencias policiales. Qué bárbaro, Trapero. En agosto de 2016 estaba de fiesta con Puigdemont, preparando una paella y tocando la guitarra en casa de la editorialista de La Vanguardia Pilar Rahola. En el vídeo es el del gorro de paja. Y un año después lo hubiera arrestado al más leve pestañeo de un juez del TSJC. Curioso, muy curioso, igual de curioso que Puigdemont huyera de España con la ayuda de un subordinado de Trapero. La de vueltas que da la vida. Los mismos que en un momento dado le podrían haber detenido van y le ayudan a escapar. Quizá por eso Quim Torra ofreció a Trapero recuperar su cargo de jefe de los Mossos cuando se levantó el 155. El major rechazó la oferta para no complicarse más la vida. También resulta significativo el apoyo público que dispensan a Trapero presos y fugados. Y eso que los iba a detener a todos.

Por cierto, este lunes, día en el que ha arrancado el juicio a la cúpula de los Mossos en la Audiencia Nacional, Trapero ha negado tener ningún tipo de relación personal con Puigdemont. Palabra del comisari Paella.

«Semana Ordóñez», ETA asesinó a 68 políticos
Carlos Dávila okdiario 21 Enero 2020

Comienza la «Semana Ordóñez». Como el año que viene tendrá que instituirse la «Semana Mújica» o la «Semana Miguel Angel Blanco». Es y será el momento para avergonzar a este Gobierno frentepopulista que manda con el sucio apoyo de los sucesores de ETA. No sé cómo tiene estómago Sánchez siquiera para aceptar los escaños de ETA. Por si a alguien de su entorno le puede la dignidad sobre el bochorno (por ejemplo, al gurucillo Redondo, natural de San Sebastián) le recuerdo unos datos apabullantes, el recuento de todos los políticos que en sus cincuenta años criminales asesinó la banda, y cuyos sucesores no solo se sientan hoy en nuestro Parlamento, sino que aseguran la Presidencia de Sánchez. Puros datos: en todo ese tiempo, ETA mató a 16 políticos primero de Alianza Popular y luego del PP, a 11 del PSOE, a 7 de UCD, a 2 de UPN, a 14 digamos de adscripción franquista, y a 18 de variada y no explícita condición. Total: 68 políticos, o sea, la dedicación a la que se ocupa el actual presidente. Más aún: ETA durante todo su recorrido humanicida tuvo amenazados de muerte a nada menos que 3.760 políticos españoles, también a algún francés.

Nadie, desde que los facciosos dejaron de matar (¿qué es esa falacia de «abandonaron las armas»?) ha querido exponer estos datos. Los mantiene en secreto el Ministerio del Interior, éste del pastueño Fernando Grande-Marlaska y todos los que le han precedido. ¿Por qué? Lo explica mejor que bien precisamente la viuda de Gregorio Ordóñez. Lo denuncia de este modo: «Las víctimas de ETA sólo hemos existido cuando nos han pedido que perdonemos». Y a eso, estrictamente a eso, se dedica el Gobierno Vasco, con la complacencia del Central. Jonan Fernández, el fundador de Elkarri cuyo eslogan fue siempre algo así como. «Todos éramos malos», es ahora mismo un alto cargo de Urkullu que mantiene como objetivo básico éste: si no es posible el olvido y el perdón, por lo menos la reconciliación. Vomitivo.

«¿Reconciliación?, ¿con quién?» se preguntan los deudos de los acribillados por la banda. Hoy mismo en las cárceles españolas aún continúan 207 presos que no han pedido disculpas por aquella «socialización del sufrimiento», o sea, pavor brutal y extendido para todos los enemigos de la mafia terrorista. Los que ya han salido reciben la exaltación de sus vecinos, como si de héroes de guerra se tratara. Entre ellos, Valentín Lasarte, el chivato que el 23 de enero de 1995, telefoneó desde un lugar muy cercano al bar «La Cepa» a García Gaztelu, para transmitirle el gran mensaje: «Ahí los tenéis, matadlos». Lasarte está libre y en la calle desde el 26 de marzo de 2015. La comunicación tuvo efecto, aunque, contra lo previsto por el comando «Donosti» al que pertenecían, solo pudieron matar a Ordóñez, se libró María San Gil y el otro comensal del último desayuno de Ordóñez: Enrique Villar, que años después fue delegado del Gobierno en el País Vasco. Actualmente, María San Gil cuenta cómo casi a diario se encuentra a Lasarte paseando sus gorduras por la Concha como si se tratara de un ciudadano honrado. «Ni siquiera me mira; me desprecia», dice María.

Día puede llegar, si no fuera porque este asesino es un ceporro iletrado, que Lasarte se pudiera sentar -como lo hace la propulsora de ETA, Mertxe Aizpurua– en el Congreso de los Diputados para ayudar a que Sánchez siga cumpliendo con su patológica obsesión: el poder a cualquier precio. «Txapote», el pistolero que asesinó a Ordóñez hizo lo propio con Fernando Mújica, al que este PSOE miserable de ahora ni siquiera desea evocar, y a Miguel Ángel Blanco, en el atentado éste último más cruel, despiadado de la historia de la banda. ¿Por qué asesinó a Gregorio Ordóñez? Pues él lo contó con indisimulado orgullo en el «Zutabe», el panfleto que recogía los exordios y fechorías etarras. Dijo el canalla: «Antes en los funerales de los policías, los políticos no tenían miedo, ahora, después de la ejecución de Ordóñez, el fascista, sí». Los veinticinco años del asesinato de Ordóñez deberían ser una sacudida general para que este país no acepte a gobernantes conmilitones ahora de los sucesores de sus criminales. No hay noticias de que Sánchez o alguien de su Gobierno se sume a esta conmemoración.

El PSOE se une al cerco contra el constitucionalismo en Pamplona
OKDIARIO 21 Enero 2020

El PSOE, que pactó la gobernabilidad de Navarra con los separatistas de Geroa Bai -o sea, el PNV- y los proetarras de EH Bildu, aseguró que la prueba de su lealtad al constitucionalismo estaba en su apoyo a un Gobierno municipal de Navarra Suma en la capital foral, Pamplona. Otra mentira más, porque existía un pacto oculto que ahora acaba de salir a la luz: el PSN-PSOE permitió gobernar al alcalde Maya -el candidato de NA+ (la alianza de UPN, PP y C’s) con la idea de no dejarle gobernar. Como informa OKDIARIO, los socialistas acaban de cerrar un pacto para bloquear sus decisiones e imponer el criterio de Bildu y Geroa Bai gracias al respaldo del partido de Pedro Sánchez.

El apoyo del PSN a una declaración conjunta con EH Bildu y Geroa Bai para rechazar los planes de Enrique Maya para despolitizar los Sanfermines y modificar en consecuencia el lanzamiento del chupinazo es la prueba del nueve de que el socialismo se ha sumado al cerco al constitucionalismo.
En esencia, lo ocurrido supone la voladura del pacto de PSN-PSOE para apoyar a NA+ en el Ayuntamiento de Pamplona y la consiguiente demostración de que la verdadera alianza es la cerrada por los socialistas con Bildu Y PNV. Igual que en el Gobierno de Navarra. E igual que en el Gobierno de España. El supuesto respaldo a Maya fue simplemente un ardiz, una trampa para disimular la entrega de Navarra al separatismo.

La experiencia de estos últimos meses demuestra que la presidenta socialista de Navarra, María Chivite, cumple todas y cada una de las exigencias de Geroa Bai y EH Bildu, que han pedido ya también extender el euskera por toda la comunidad foral. El Gobierno socialista de Navarra ha respondido ya con un plan de acción con 160 medidas prioritarias que va a desarrollar en los próximos 100 días, con el fin de avanzar “en el progreso y bien común de la Comunidad Foral”. Y entre ellas, por supuesto, figura un grupo de trabajo para imponer el euskera de forma masiva en Navarra. Si a eso sumamos que el PSN ha dado orden de respaldar los presupuestos municipales de Bildu donde sea necesario para permitir a los proetarras imponer sus medidas, lo ocurrido en Pamplona es la constatación de la traición socialista al constitucionalismo navarro y español.

Veinticinco años sin Goyo
Cayetano González Libertad Digital 21 Enero 2020

El próximo jueves se cumplirán veinticinco años del asesinato a manos de ETA del joven dirigente del PP de Guipúzcoa y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián Gregorio Ordóñez Fenollar, al que sus amigos llamábamos Goyo. Con motivo de este aniversario, la fundación que lleva su nombre y pilota con gran tino su viuda, Ana Iríbar, inaugurará en la capital guipuzcoana una exposición que lleva por título Gregorio Ordóñez, la vida posible, que pretende ser un homenaje al político que nos arrebataron de forma tan cruel hace un cuarto de siglo.

ETA sabía bien a quién asesinaba cuando se decidió por Gregorio Ordóñez, rara avis en el mundo de la política y más específicamente en el de la política vasca, tan condicionada en aquellos años por el terrorismo. Goyo era muy independiente en su forma de actuar, impulsivo, de gran corazón, generoso. Ya lo era antes de dedicarse a la política.

Cuenta su hermana Consuelo una anécdota que refleja muy bien esa forma de ser. Goyo era el corresponsal en San Sebastián de un periódico de la tarde que se editaba en Vitoria, el Norte-Exprés. Estaba muy empeñado en hacer una entrevista al entonces obispo de la diócesis, monseñor Setién, y tengo para mí que éste, para librarse de la insistencia del joven periodista, le concedió finalmente la entrevista. Sentado en el despacho del obispo, Goyo puso en marcha la grabadora y le espetó la primera pregunta: "Monseñor, ¿usted cree en Dios?". Ahí acabó la conversación, ya que Setién se levantó inmediatamente y conminó a su interlocutor a que abandonara inmediatamente el despacho.

Decía que ETA sabía muy bien a quién mataba cuando decidió acabar con Gregorio Ordóñez. Él fue el primero de una serie de dirigentes o cargos públicos del PP asesinados por la banda terrorista. Años antes, ETA había liquidado a la UCD del País Vasco tras atentar mortalmente contra varios cargos públicos del partido centrista. Con el atentado de Goyo empezó la ofensiva contra el PP. Conviene recordar que sólo tres meses después la banda terrorista intentó asesinar en Madrid al entonces líder de la oposición, y presidente del PP, José María Aznar. Luego llegaron los atentados mortales contra concejales populares en y fuera del País Vasco: Miguel Ángel Blanco, José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Alberto Jimenez Becerril, Tomás Caballero, Manuel Zamarreño, Jesús María Pedrosa, José María Martín Carpena, Manuel Indiano, José Luis Ruiz, Francisco Cano, Manuel Giménez Abad y José Javier Múgica. Estos atentados fueron cometidos entre julio de 1997 y julio de 2001.

¿Qué haría o diría Goyo si estuviera hoy entre nosotros? Seguro que se rebelaría y denunciaría la traición a las víctimas del terrorismo y a gran parte de la sociedad española cometida por Pedro Sánchez al pactar con Bildu la investidura de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra.

Pero sobre todo seguiría luchando para que no se blanqueara a ETA, para que sus herederos fueran ilegalizados y expulsados de las instituciones por representar un proyecto totalitario y por lo tanto antidemocrático. Se dejaría la piel por recuperar un PP vasco que plantara cara, sin ninguna contemplación para con el mundo sociopolítico de ETA o para con el PNV. Algo en lo que Goyo trabajó antes de ser asesinado, y en lo que tras su muerte se siguió trabajando durante unos años gracias a personas como Jaime Mayor Oreja, Carlos Iturgaiz y María San Gil. Esa es la senda que debería retomar Pablo Casado, si no quiere que su partido siga siendo tan marginal y prescindible en la política vasca como lo ha sido en los últimos doce años. Y, desde luego, sería la mejor manera de mantener vivo el legado de Gregorio Ordóñez.


Pancatalanismo en la Comunidad Valenciana
Torra oculta bajo la «promoción del catalán» el pago de 2 millones por el alquiler de la ANC valenciana
OKDIARIO 21 Enero 2020

¿Es “promoción del catalán” el pago, con dinero de todos los catalanes, del alquiler de la fastuosa sede que en el centro de la capital del Turia tiene una asociación privada cuyo ámbito de actuación es la Comunidad Valenciana? A juicio del Govern de Quim Torra, sí. Y poco le importa que existan denuncias de fraude ante la Fiscalía. Por este motivo, y al menos hasta 2021, subvencionará con dos millones de euros a Acciò Cultural del País Valencià (ACPV), el trasunto de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuyo líder, Jordi Sánchez, está condenado por sedición.

Creada en 1978 como parte de un entramado cultural pancatalanista pilotado por el editor Eliseu Climent, ACPV comparte los objetivos políticos de su hermana catalana: que la región valenciana forma, junto a Baleares y Cataluña, una entidad independiente de la nación española denominada Països Catalans. De ahí el interés permanente de los gobiernos catalanes desde Jordi Pujol, y siguiendo después por los de Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont y ahora Torra, por financiar este Caballo de Troya del independentismo en la Comunidad Valenciana desde sus orígenes.

Y no hay motivos para que el flujo del presupuesto catalán hacia la entidad valenciana se corte. Según el plan estratégico de subvenciones del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña para el período 2019-2021, ACPV seguirá recibiendo 652.000 euros anuales, al menos hasta 2021, para la “financiación de la cuota hipotecaria de la compra del edificio El Siglo”. Tales cantidades se entregarán de forma nominativa (es decir, sin necesidad de concurso público ni concurrencia competitiva) bajo el objetivo estratégico de “promover acciones de reconocimiento de los valores culturales, científicos y humanos”.

La Generalitat de Cataluña ya cargó con gran parte de la adquisición y reforma del imponente edificio (3.500 metros de superficie en tres plantas) en el centro de Valencia que ACPV ha convertido en la embajada del separatismo catalán en la ciudad bajo el nombre de Octubre Centre de Cultura Contemporània.

El Govern de Torra ha decidido mantener el pago de la cuota hipotecaria de la entidad pancatalanista pese a que, tras una denuncia de Ciudadanos, la Fiscalía tiene abierta una investigación por el uso de esos fondos públicos. Ciudadanos eleva a más de 30 millones de euros el importe de los contratos y subvenciones obtenidos desde 1984 por las entidades ligadas a Eliseu Climent, ahora todas ellas con sede en el remodelado edificio Octubre: Fundació Ausiàs March, Fundació Ramon Muntaner, Francesc Eiximenis, Josep Renau, Edicions del País Valencià -editora de la revista separatista El Temps- Ignasi Villalonga o la institució Joan Fuster.

El apoyo financiero a la ANC valenciana no se queda en el pago de la hipoteca. El plan estratégico de subvenciones del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña para el período 2019-2021 contempla además que ACPV recibirá otros 265.000 euros cada año hasta 2021 bajo el pretexto de “Actividades del programa ‘Un punto de cultura y lengua’”.
 


 


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