AGLI Recortes de Prensa   Martes 28  Enero  2020

Con o sin Torra, Sánchez seguirá entregado a los golpistas
EDITORIAL Libertad Digital 28 Enero 2020

El panorama es estremecedor, habida cuenta de que el Estado está en las peores manos, tanto en Madrid como en el Principado.

Tarde y a la fuerza, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, ha perdido su condición de diputado regional en aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por desobediencia. La tormentosa sesión del Parlamento catalán en la que se ha consumado la desposesión de Torra, reflejo de la cainita división en el mundo separatista, hace presagiar que la legislatura autonómica tiene los días contados, con todo lo que eso lleva consigo.

El aparente desconcierto entre los secuaces de Torra y Puigdemont es solo equiparable al de Pedro Sánchez, obligado por las circunstancias a aplazar su claudicante encuentro con el primero, lacayo del segundo y tan golpista como él.

Pero este revés no debe confundir a nadie: Sánchez y sus aliados golpistas van a seguir adelante con sus planes.

Así pues, lo sustancial no es que el Parlamento regional de Cataluña haya despojado al presidente de la Generalidad de sus prerrogativas parlamentarias aplicando, por una vez, las sentencias de los tribunales sin tener que procesar a su presidente, el cobarde Roger Torrent. Lo verdaderamente trascendente es que esa decisión no cambia un ápice las intenciones de Sánchez de seguir adelante con su estrategia de rendición ante el golpismo separatista, con la única condición de que le permitan seguir empotrado en la Moncloa.

Sea quien sea el sustituto de Torra, Sánchez pretende seguir humillando al Estado ante la mafia separatista, que sigue por su parte con su sorda guerra intestina. El panorama es estremecedor, habida cuenta de que el Estado está en las peores manos, tanto en Madrid como en el Principado.

La nº 2 de Maduro que se reunió con Ábalos reparte los fondos a la ‘internacional’ chavista
Manuel Cerdán okdiario 28 Enero 2020

Delcy Rodríguez, la número dos del régimen de Nicolás Maduro que se reunió en secreto en el aeropuerto de Barajas con el ministro José Luis Ábalos, es la responsable de repartir los petrodólares que Venezuela destina al movimiento bolivariano en todo el mundo.

Aunque esa potestad no figura en las competencias de su cargo de vicepresidenta, reglado por la Constitución venezolana, Rodríguez dirige desde bambalinas el lobby de la ‘internacional’ chavista, en la que Podemos está considerado un socio preferente.

Rodríguez, que se mantiene al frente de la Vicepresidencia de Venezuela desde junio de 2018, tras ser elegida directamente por el dictador venezolano, ha ocupado durante los gobiernos de Chávez y Maduro diversos cargos de responsabilidad. En algunos de ellos gestionaba el dinero procedente del negocio del petróleo.

Rodríguez, que tiene prohibido pisar territorio europeo y norteamericano tras el boicot de los países que apoyaron a Guaidó, ha sido uno de los contactos exclusivos de Podemos con el régimen chavista desde antes de su constitución como partido.

Delcy Rodríguez Gómez (50 años), hija del dirigente marxista que fundó la Liga Socialista, fue nombrada directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas en 2003. Un año después, el departamento pasó a llamarse el Ministerio de Petróleo y Minas, de quien dependía la joya de la corona chavista, la petrolera estatal PDVSA.

Los fondos de la empresa petrolera bolivariana sirvieron para financiar los movimientos chavistas, incluido la sucursal que Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Luis Alegre, Carolina Bescansa y otros montaron en España. Rodríguez siempre estuvo bajo las órdenes del entonces hombre fuerte del chavismo Rafael Ramírez, quien presidió durante más de una década PDVSA.

Pero en ese reparto de petrodólares una buena parte del dinero se quedó por el camino en cuentas en paraísos fiscales, como denunció públicamente el propio Ramírez. Quien durante años había sido un símbolo del régimen, tras enfrentarse a Maduro, acusó a su sucesor en PDVSA Manuel Quevedo y a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez de “estar desfalcando al país con el tema del petróleo”. Así mismo, señaló a Majed Khalil de ser el testaferro del hermano de la vicepresidenta Delcy.

Entre otras importantes cantidades, tres dirigentes podemitas figuran en la contabilidad chavista por el cobro en 2013 de 142.000 dólares, con cargo a la compañía estatal de Petróleos de Venezuela, por elaborar “el diseño político comunicacional del material” para el stand de la petrolera venezolana en el XXI Congreso Mundial de Petróleo, celebrado en junio de 2014 en Moscú. La orden de pago está firmada por el propio Maduro.

El internacionalismo marxista convirtió a Delcy Rodríguez en la mayor defensora y financiadora de los movimientos chavistas americanos, principalmente los representados por los presidentes Correa, en Ecuador, y Evo Morales, en Bolivia.

Podemos ‘connection’
La tesorera de los petrodólares chavistas también mantuvo una estrecha relación con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y otros dirigentes de Podemos mucho antes de que se constituyera el partido en 2013. Una realidad incuestionable es que los dirigentes podemitas comenzaron a recibir dinero de Venezuela desde 2008 para establecer una conexión del movimiento bolivariano en España. El dinero les llegó de manera directa o a través del Centro de Estudios Sociales y Políticos (CEPS). Incluso, Iglesias y Monedero negociaron la compra de Canal 33 de Madrid que iba a ser financiado por Caracas.

En todos esos años de fluida comunicación entre Podemos y Chávez, primero, y Maduro, tras la muerte del fundador del Chavismo en abril de 2013, Delcy ocupaba cargos de confianza con ambos presidentes. En esos años, fue testigo de cómo los jóvenes profesores universitarios se pasearon con toda libertad entre la cúspide del poder bolivariano. Uno de ellos, Juan Carlos Monedero, incluso, estuvo contratado como asesor personal de Chávez en el Palacio de Miraflores.

Otro de los asesores de Maduro, el podemita Alfredo Serrano Mancilla, fundó el CELAG en Ecuador, que venía a sustituir al tan productivo CEPS que tantos millones -más de siete millones de euros- proporcionó a los promotores de Podemos. ¿Y quién figuraba en el Consejo Consultorio del nuevo organismo chavista?: la inefable Delcy Rodríguez. Junto a ella: Rafael Correa, presidente de Ecuador, y Simón Zerpa, de PDVSA, entre otros. Y, según informó la prensa ecuatoriana, también destacaba la presencia de Juan Carlos Monedero.

Durante esa etapa, Delcy coincidió entre 2001 y 2006 con el entonces viceministro de Energía Nervis Villalobos que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga por blanqueo de capitales procedente del saqueo de PDVSA.

Rodríguez antes de llegar a la Vicepresidencia de Venezuela pasó por otros despachos de influencia del régimen, tanto como con Chávez como con Maduro. Con el primero fue ministra del Despacho de la Presidencia y coordinadora general de la Vicepresidencia, cargo que ocupaba su hermano Jorge Rodríguez.

Ya con Maduro, tras la muerte del fundador del chavismo, fue nombrada ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información.
En junio de 2015 maduro nombró a Delcy Rodríguez directora interna de la Junta Directiva de PDVSA, etapa que coincidió con uno de los mayores saqueos de la petrolera.

Finalmente, Delcy Rodríguez fue ministra de Asuntos Exteriores de la República, en sustitución de Rafael Ramírez. Y, entre agosto de 2017 y junio de 2018, fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente.

«Al borde de una revolución totalitaria»
Carlos Dávila okdiario 28 Enero 2020

Dos asuntos brutales convulsionan ahora mismo la decrépita política institucional española. Por un lado, el episodio de la reunión de un ministro de nuestro Gobierno con la número dos de un régimen criminal. Por otro, los acontecimientos de Cataluña en los que la Ley está saltando por los aires. Uno y otro califican lo que el ex-ministro de la Corona, José Manuel García-Margallo, describe como una situación «al borde mismo de una revolución totalitaria».

Empecemos por el primer escándalo porque José Luis Ábalos, encima, se jacta de que a «mí no me echa nadie» y de que «le he hecho un gran servicio a este país». Ábalos hace no más de un año dijo: «Nuestra diferencia con la derecha es muy clara: nosotros no mentimos» y además:«Nunca pactaremos con los independentistas porque se quieren ir de España». Así se manifestaba ante un grupo veterano de periodistas ante los cuales apostaba por un nuevo PSOE que no haga de la moderación «una muleta de la derecha». Ahora Ábalos miente cada vez que habla, se esconde de los mismos periodistas ante los que comparecía siempre tras la Ejecutiva de su partido, y, de tapadillo, con la complicidad activa de la Moncloa, filtra que él no sabía que en el avión de la vergüenza viajaba la vicepresidencia del sátrapa Maduro. Este lunes por la mañana, un periodista de los que habitualmente cubren la información de Presidencia del Gobierno, no daba crédito y me transmitía: «No sé si dan cuenta del ridículo; ahora me soplan que Ábalos sólo sabía del viaje del ministro de Turismo venezolano». Unas horas antes sin embargo, el propio titular de Fomento reducía a un «saludo» su entrevista con Delcy Rodríguez, y horas después, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, daba, con el mayor de los desahogos, el asunto por concluido. Es otro pase más del «hoy no toca» que se inventó imperialmente el delincuente Jordi Pujol y que ha copiado, sin pudor alguno, Pedro Sánchez. Y ya se ve que también sus ministros y demás conmilitones.

Por lo que se me dice desde la oposición, el Partido Popular está preparando al respecto dos iniciativas: la primera, exigir una Comisión de Investigación en el Congreso, a la que tengan que acudir, entre otros, los policías a los que, presunta pero muy probablemente, Ábalos impidió que detuviera a la mencionada Rodríguez. Esta propuesta está llamada al fracaso porque en la Mesa de la cámara domina el Frente Popular que hará imposible tal Comisión. Queda la posibilidad de una querella que -lo anuncio en esta crónica- ya está estudiando la Asesoría Jurídica del PP. La querella, que llegaría a la Audiencia Nacional, se basaría precisamente en el testimonio de uno de estos policías que, ya tiene dicho a quién quiere oírle (y esto no es una intencionada vaguedad), que el ministro en persona le impidió cumplir con su deber.

La segunda iniciativa está dirigida a Europa en cuyo Parlamento es más que cierto que el Grupo Popular puede interponer un recurso para saber si el Gobierno Español ha violado los acuerdos de la Comisión, los acuerdos que impiden la presencia de ningún miembro del Gobierno de Venezuela en suelo europeo. El PSOE sugiere que esta idea no le conturba en absoluto; presume, sin el menor recato de que el responsable de Exteriores de Europa es Josep Borrell, por cierto marido, o lo que quiera ser, de la presidenta del PSOE, Narbona. ¿Recomendará Borrell a su Comisión que esta no se pronuncie sobre el escándalo? Habrá que verlo.

Borrell, en todo caso tiene suerte. Instalado en Bruselas se ha ausentado de la parrilla nacional, y de la catalana, y no vive de cerca la bochornosa actitud de su partido que, de nuevo (la primera vez fue por boca del ministro de Sanidad) ha venido a decir que Sánchez no tiene la menor intención de suspender su reunión con el ex-diputado Torra. Sin embargo, las últimas informaciones que vienen del Principado apuntan a que Torra tiene un enfado pantagruélico con Sánchez porque éste le aseguro que judicialmente no le iba a ir mal, y que, aunque siga de presidente en globo, él se está pensando muy mucho en entrevistarse con Sánchez. En fin, un auténtico jaleo que revela hasta qué punto todo lo que toca este Gobierno del Frente Popular atiza más el fuego de la parrilla hispana. Una situación, día a día más grave que se encamina a lo antedicho: al borde de una revolución totalitaria.

Ábalos debe dimitir y Sánchez dar explicaciones urgentes de qué trama
EDITORIAL ESdiario_com 28 Enero 2020

El dirigente del PSOE mintió de forma descarada y reiterada para tapar su sospechosa reunión con la vicepresidenta chavista. Y Sánchez tiene que explicarlo en sede oficial.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, debió de presentar su dimisión nada más conocerse que había mentido, con un descaro impropio de su cargo, unas horas antes y en un asunto bien delicado: negó haberse visto con la vicepresidenta de Nicolás Maduro para reconocer, acuciado por las evidencias, que sí había estado con ella.

Solo por esta mentira, completada por otras sobre los detalles del encuentro que se demostraban igual de falsas al poco de pronunciarse, Ábalos no puede seguir en el Gobierno de España ni un minuto más.

Su desprecio y altivez, paseados en público al ser cuestionado por periodistas, no solo evidencia que no piensa hacerlo, sino que demuestra tener la protección absoluta de su partido y del presidente Sánchez.

Sánchez tropieza con Guaidó y alimenta las sospechas sobre Podemos y Venezuela

Un indicio, amén de la impunidad con que este Ejecutivo y en particular su máximo representante, de que en todo momento Ábalos intervino en el chusco episodio en Barajas con el impulso y la autorización oficial de su jefe.

Si escandalosas son las mentiras, no menos dignas de dimisión son los hechos en sí: reunirse de manera furtiva con una enviada de Nicolás Maduro tratada a cuerpo de Rey y saltándose las leyes europeas es de una gravedad extrema.

Y Hacerlo mientras se denigra a Guaidó, presente en España en fechas coincidentes, y tras el insólito incidente en Bolivia de hace escasas semanas, alcanza la categoría de bochorno sin precedentes y es digna de intervención de la Unión Europea -¿o acaso Borrell en su nueva función va a ejercer antes de amigo de Sánchez que de Comisario de Exteriores?- y desde luego del Congreso.

Sea con una Comisión de Investigación como la que sugiere la oposición, con un pleno monográfico en el Congreso o con las dos cosas, esto no puede quedar impune y sin explicación. Porque más allá de los hechos en sí, constitutivos ya de un abuso intolerable, queda en el aire una inquietante pregunta.

¿Para qué fue la reunión?

Sabemos lo que pasó, pero no por qué ni para qué. Y teniendo en cuenta que el Gobierno está conformado y se sustenta en el respaldo de un partido, Podemos, defensor histórico del régimen chavista y de su clon en Bolivia, es razonable temer que haya algo más. ¿Es de repente España cómplice de esos peajes de Iglesias? ¿O acaso el PSOE busca munición contra su socio para usarla llegado el caso?

Que las preguntas sean razonables es suficiente para no dejarlas sin respuesta. Por mucho que a Ábalos, y no digamos a Sánchez, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la ciudadanía les parezcan una molestia sin otro cometido que molestarles y perturbar su peligrosa tendencia al cesarismo.

Ábalos, ¿Premio Carlomagno?
El sanchismo, donde la verdad da igual, convierte un resbalón en un éxito
Luis Ventoso ABC 28 Enero 2020

Un resumen sencillo del caso Ábalos, por si alguien se ha perdido bajo el ruido y la desinformación gubernamental. En 2017, la UE aprobó una batería de sanciones contra la dictadura comunista que soporta Venezuela. En ellas se prohibía expresamente que veinticinco figuras del régimen de Maduro pisasen suelo comunitario, ni siquiera en tránsito a otros destinos.

El pasado domingo 19, uno de los altos cargos de la lista, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aterrizó en Barajas en avión privado. El Gobierno de Sánchez incumplió así los acuerdos europeos. Y no solo se inhibió ante su presencia, sino que además la ocultó y envió al hombre fuerte del PSOE en el Ejecutivo, el ministro Ábalos, a cumplimentarla, acudiendo al aeropuerto a hora intempestiva (la medianoche de un domingo). Además, el encuentro se produjo solo tres días antes de que Sánchez, a diferencia de sus homólogos británico y francés, diese plantón a Juan Guidó y se negase a verlo en Madrid. Ministros comunistas coaligados con Sánchez venían tachando de «golpista» al líder opositor y el vicepresidente Iglesias lo degradó públicamente el día antes de su llegada (algo esperado, porque Podemos contó en su génesis con el oxígeno del régimen bolivariano y existe una deuda).

El paso de Delcy Rodríguez por España, del que el Gobierno no informó, fue destapado por la prensa. El jueves, cuando se produjo la revelación, Ábalos y su gabinete reaccionaron mintiendo. Con su tono habitual, despectivo e irritado, el ministro aseguró que no la había visto. La prueba de que faltó a la verdad la aportó él mismo enseguida, al corregir su primera versión hasta con cuatro relatos diferentes. Finalmente, el domingo confesó en una televisión amiga que estuvo casi media hora con ella.

Resumen: el Gobierno ha incumplido sus compromisos diplomáticos con la UE y un ministro ha mentido. ¿Y qué ocurre? ¿Reconoce sus errores un Ejecutivo que llegó al poder enarbolando la coartada de la «regeneración democrática»? Todo lo contrario. El sanchismo ha movilizado a su aparato propagandístico. Tomando al público por una recua de pánfilos incluso intentan vender el desdoro como un éxito. El sábado, Sánchez elogió al ministro mendaz destacando que «evitó una crisis diplomática». El propio Ábalos retomó el argumento el domingo: «Le he hecho un servicio al país». Ayer, todo el PSOE salió en tromba. La vicepresidenta Calvo habla de «falsa polémica» y haciendo oposición a la oposición culpa de todo ¡al PP! La vicepresidenta Ribera reduce lo ocurrido a «una anécdota». Óscar Puente, una de las voces más desabridas del PSOE, explica que la crisis de Venezuela -un drama humanitario de primer orden en un país hermano- es solo «el comodín de la derecha».

Lo singular es que la contraofensiva podría tener éxito, merced a la fuerza del monopolio televisivo zurzo. En realidad no sabemos a qué esperan Redondo y Sánchez para proponer a Ábalos al Premio Carlomagno «por servicios a Europa». Al fin y al cabo, en esta España orwelliana todo da igual si lleva la etiqueta sagrada: «progresista».

La turbia relación con Morales que salpica a Podemos
Editorial El Mundo 28 Enero 2020

La posible financiación irregular del Gobierno boliviano a Podemos en la época de la presidencia de Evo Morales, como parece desprenderse de los contratos firmados con Neurona Consulting, no es ya una cuestión que implique sólo a la formación morada

La posible financiación irregular del Gobierno boliviano a Podemos en la época de la presidencia de Evo Morales, como parece desprenderse, según las investigaciones de la Fiscalía General de Bolivia, de los contratos firmados con la consultora mexicana Neurona Consulting, no es ya una cuestión que implique sólo a la formación morada. Afecta directamente al Gobierno y al partido que lo sostiene, el PSOE. Porque aunque es cierto que corresponde a Pablo Iglesias aclarar si se produjo un desvío masivo de fondos del Gobierno de Morales a su organización -ya ha sido llamado a declarar a La Paz junto a Zapatero, Monedero y Errejón-, Iglesias es ahora vicepresidente de un Gobierno que está cambiando, para asombro del resto de nuestros socios de la UE, su posición con respecto a los autoritarios países del eje bolivariano, especialmente con Venezuela.

No hay que olvidar que Sánchez, que en 2019 había reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, se negó a recibirlo en Madrid el pasado sábado, a la vez que el hombre fuerte del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reunía en secreto en el aeropuerto de Barajas con la número dos de la autocracia chavista, que tiene prohibido pisar suelo comunitario por estar acusada de graves violaciones de los derechos humanos en su país. Todo esto ocurre a la vez que nuestro periódico está publicando pagos irregulares de hasta 35 millones de euros de la petrolera estatal venezolana a la trama del antiguo embajador español en Caracas, Raúl Morodo, nombrado personalmente por Zapatero, cuyo destino no ha sido aún aclarado.

Las revelaciones de hoy, sin embargo, ahondan en la relación de Podemos con Neurona Consulting, la consultora electoral que suele asesorar a Maduro, a Morales y a otros países del eje chavista. Según ha podido saber EL MUNDO, la dirección de Podemos, en contra del criterio de sus abogados -que fueron despedidos al poco tiempo-, dio la orden de firmar un contrato con Neurona por valor de 363.000 euros en febrero de 2019 -cuando la empresa aún no estaba constituida en España-, por una serie de imprecisos servicios electorales, para los comicios de abril de ese año. Es decir, muy poco después de que, como ya informamos y está investigando la Fiscalía de Bolivia, Morales efectuara un pago de 1,5 millones de euros a Neurona por la elaboración de 169 pequeños vídeos para redes sociales. El intermediario entre la consultora y Podemos no fue otro que Juan Carlos Monedero, que ha admitido que asesoró en el pasado a Neurona.

Las turbias relaciones de PSOE y Podemos con el populismo latinoamericano ha provocado ya tensiones internas que amenazan la estabilidad del Gobierno.

Y solo llevan dos semanas
Cayetano González Libertad Digital 28 Enero 2020

El ritmo que lleva este Gobierno social-comunista de abrir frentes, generar conflictos, enredarse con asuntos varios es espectacular. Hace sólo dos semanas que el pobladísimo Ejecutivo presidido por Sánchez echó a andar, y la lista de despropósitos empieza a ser ya interminable.

Un mero enunciado de los mismos, que no pretende ser exhaustivo, da una idea exacta de lo que nos espera con este desgobierno. La cosa empezó con el nombramiento de la exministra de Justicia como fiscal general del Estado; siguió con la afirmación de la ministra de Educación de que "los hijos no son de los padres"; continuó con el anuncio del presidente de una reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición, en un evidente guiño a sus socios independentistas catalanes. No hay que olvidar tampoco el empeño de Sánchez en tener una entrevista con Torra, a pesar de estar este inhabilitado. La decisión del Parlamento de Cataluña de retirarle su acta de diputado, para no incurrir en desobediencia al Tribunal Supremo, es lo que puede provocar que ese encuentro no llegue a celebrarse.

Pero el corolario de toda esta serie de disparates ha tenido lugar en los últimos días, con una doble derivada: el feo del presidente del Gobierno al negarse a recibir al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y el esperpéntico episodio protagonizado por el número tres del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con su encuentro, cita, saludo, despacho, reunión o lo que fuera, en el aeropuerto de Barajas, con la número dos del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez.

Siendo grave el hecho de que esta señora permaneciera unas horas en una pista del citado aeropuerto, lo es mucho más la impresión de que el ministro mintió, al negar primero los hechos, al dar después distintas versiones, al decir que lo que hizo fue porque se lo pidió el ministro de Interior… para llegar a concluir –idea hecha suya por Sánchez– que con su actuación prestó un gran servicio a España al evitar un incidente diplomático. Además, ahora queda por aclarar si la intención última de la número dos de Maduro era reunirse en Madrid con Pablo Iglesias e incluso con Sánchez, según informaciones de periodistas venezolanos, lo cual sería de una enorme gravedad.

En fin, el episodio Ábalos ha sido un cúmulo de medias verdades que en el fondo y en la forma son medias mentiras, y si fuéramos un país serio este miembro del Gobierno estaría ya en su casa, por mucho que con un estilo chulesco dijera el pasado sábado que a él no le echa nadie y que ha venido a la política para quedarse. ¿Está seguro Ábalos de la solidez de ambas afirmaciones? Porque torres mayores se han visto caer, también en el PSOE.

Intentando sacar algo positivo de esta situación, cabe pensar que algunos, no sé cuántos, de los que votaron al PSOE el 10-N caigan en la cuenta de la deriva en la que ha entrado este partido desde que Sánchez se hizo con la Secretaría General y hagan el propósito de no volver a votarle. También cabe pensar que el descrédito, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, en el que ya está inmerso este Gobierno le vaya pasando factura y erosionando seriamente. Pero el lado menos positivo es que todo lo que estamos viendo y viviendo en estas dos semanas, y lo que nos queda por ver y vivir en los próximos meses, también erosionará y mucho a España y a los españoles.

También hay que esperar que la oposición entienda que estamos en una situación de suma gravedad, ante la que hay que reaccionar de forma conjunta y a ser posible unida, dejando al margen intereses partidistas y cortoplacistas. Las elecciones vascas, gallegas y seguramente también las catalanas están a la vuelta de la esquina. Tres escenarios que requieren del entendimiento del centro-derecha.

Centro-derecha
Nota del Editor 28 Enero 2020

El buen entendimiento obliga a apoyar a Vox, porque de los demás, ya hemos sufrido demasiado. Y en las elecciones gallegas, a ver si sale alguien que apoye la constitución española y no obligue a estudiar la lengua regional. Recordar además que todos los trámites de la Junta de Galicia y de los ayuntamientos son ejecutados en lengua regional, y si alguien pretende que se los pongan a su disposición en español, puede esperar sentado.

Aniversario de una liberación
Yuri Korchagin ABC 28 Enero 2020

Ayer se celebró el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Según la decisión de la Asamblea General de la ONU de 2005, este día se sincronizó con una de las fechas más importantes de la historia contemporánea: la liberación por las tropas soviéticas del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, el 27 de enero de 1945, que celebra su 75 aniversario.

Aunque se trata de la victoria del bien sobre el mal es difícil contener las lágrimas por todas las víctimas del nazismo, entre ellas seis millones de judíos, torturados en los guetos y los campos de exterminio, asesinados con crueldad durante las operaciones punitivas. Un 40 por ciento de ellos eran ciudadanos de la Unión Soviética. Ahora cualquier persona puede investigar la historia verdadera con ayuda de los documentos del archivo desclasificados por el Ministerio de Defensa de Rusia (http://mil.ru/winner_may/media/grafic/dyn/oswenzim.htm). En los informes auténticos de los soldados y oficiales del Ejército Rojo, muchos de ellos escritos a mano, se describe el horror que descubrieron los soldados soviéticos al entrar en Auschwitz. En este infierno torturaron, sometieron a experimentos escalofriantes y exterminaron en masa a personas de distintos países. Más de la mitad de ellos eran judíos. Es una de las páginas más negras y vergonzosas de la historia moderna.

Al hablar de los horrores de Auschwitz hablamos del Holocausto. Los nazis preparaban un destino terrible no sólo a judíos, sino también a muchos otros pueblos. Calificaron como infrahumanos a los rusos, bielorrusos, ucranianos, polacos, representantes de muchas otras nacionalidades. La tierra natal de estos pueblos tenía que servir de espacio vital para «la nueva raza». Y para los pueblos eslavos y otros tenían preparado el destino de ser aniquilados o convertirse en esclavos sin derechos, sin cultura, sin memoria histórica, sin lengua.

En 1945 los países aliados pusieron fin a estos planes atroces. El Ejército soviético no solamente defendió su patria; también trajo la liberación del yugo nazi a muchos países de Europa. Mi país pagó un precio sin precedentes: veintisiete millones de muertos. Y nunca olvidaremos esto.

El Holocausto ha de ser una lección y una advertencia, siempre que sea completa la memoria, sin omisiones ni distorsiones. Por desgracia, hoy la memoria de la guerra, sus lecciones y la herencia se convierten cada vez más en objeto de coyuntura política. Es totalmente inadmisible. El deber de los políticos actuales y futuros es defender el buen nombre de los héroes vivos y fallecidos, los civiles y las víctimas de los nazis y sus cómplices. No hay que permitir que los verdugos se conviertan en víctimas y las víctimas, en verdugos.

En 2019, la Asamblea General de lo ONU aprobó la resolución propuesta por Rusia de «combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia». Sólo dos países, EE.UU. y Ucrania, de 187, votaron contra esta resolución. Esta tendencia inspira cierto optimismo, aunque actualmente la diplomacia mundial está lejos de la unanimidad necesaria para afrontar amenazas tales como el nazismo, que de nuevo empieza a levantar la cabeza en varios países.

Hace 74 años, en 1946, las decisiones y principios del Tribunal de Nuremberg fueron confirmados por unanimidad en la primera sesión de la Asamblea General de la ONU y se convirtieron en los principios del Derecho Internacional. Ello fue precedido por el enérgico trabajo diplomático de los Estados aliados, vívido ejemplo de la interacción constructiva y fructífera de los países de la coalición anti-hitleriana. Las fuerzas de diversa naturaleza, enfrentadas al enemigo común, lograron superar las diferencias, entre ellas en nombre del triunfo de la justicia y la legalidad internacional.

Dicha unanimidad de la percepción de nuestra historia recientemente se reveló con el éxito que tuvo la exposición monográfica sobre el campo nazi alemán «Auschwitz. No hace mucho, no muy lejos», organizada por la Comunidad de Madrid a finales de 2017 y que se convirtió en una de las exposiciones más visitadas, tras superar las 600.000 entradas.

Somos todos responsables de que nunca se repitan las terribles tragedias de la guerra pasada, de que las futuras generaciones recuerden el horror del Holocausto y los campos de la muerte. Hay que estar alerta y no perder ni un momento cuando aparecen los primeros gérmenes de odio, chovinismo, antisemitismo, cuando poco a poco se empiezan a tolerar la xenofobia y otras manifestaciones de este tipo. El olvido del pasado, la desunión ante las amenazas, pueden tener consecuencias terribles. Debemos tener el valor no sólo de decirlo directamente, sino de hacer todo lo posible para proteger y preservar la paz.

Yuri Korchagin es embajador de Rusia en España

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Guerra por el poder de la Generalitat
Editorial larazon 28 Enero 2020

La política catalana sufrió ayer una vuelta de tuerca más. Ésta, además, asfixia de tal manera a la presidencia de la Generalitat y al Parlament que impide que se desarrolle la mínima actividad política. Si hasta ahora las instituciones de autogobierno estaban sometidas al dictado descarado y grotesco del independentismo, a partir de ahora es imposible gobernar los asuntos ordinarios del día a día, ya de por sí olvidados. La legislatura ha muerto y ayer quedó claramente visualizada por la ruptura de la alianza entre ERC y JxCat. En primer lugar, Joaquim Torra retó al presidente del Parlament a no tener en cuenta la decisión de la Mesa, que, a su vez, avalaba la de la Junta Electoral Provincial de inhabilitarle, siguiendo el dictamen del secretario general de la Cámara. El presidente del Parlament, Roger Torrent, que es un reconocido dirigente de ERC, no aceptó la propuesta de proseguir con la desobediencia que hubiera supuesto de facto el cierre de la institución porque cualquier ley que aprobase sería recurrible al situarse fuera de la legalidad. En segundo lugar, aunque más anecdótico, evidenció con toda su crudeza que el acuerdo entre las dos fuerzas independentistas mayoritarias se ha roto: Torra sólo mereció el aplauso de su partido y el silencio de ERC.

De esta manera, la convocatoria de elecciones va a depender de cómo cada uno de estos partidos administren su victimismo atesorado. Los neoconvergentes acusarán a los republicanos de pactar con el «verdugo» Pedro Sánchez y no salir en defensa del presidente de la Generalitat y los de ERC recurrirán al gran sacrificio de Oriol Junqueras, condenado a 13 años por sedición, mientas Puigdemont huyó indignamente. El conflicto se librará dentro del independentismo, entre dos partidos que guardan serios recelos desde que ERC formó parte de tripartito liderado por Pasqual Maragall y que supuso el principio del fin del pujolismo, fue tratado como un partido de payeses frente al refinamiento de los Convergentes, bien conectados con el mundo empresarial e implacables en el cobro del 3%. En definitiva, se trata de una lucha descarnada por el poder de la Generalitat, algo que ha sido el «deus ex machina», la energía última que ha insuflado vida al «proceso»: conquistar una enorme máquina administrativa, política y financiera fuera del control de Estado. No hay que olvidar que el desafío independentista fue inspirado por dos hecho inconfesables: la ocultación de los delitos económicos cometidos por al antigua Convergencia y conservación del aparato político y clientelar de la Generalitat. Ahora, por primera vez, ERC ve posible convertirse en la fuerza hegemónica del nacionalismo y ha dirigido toda su estrategia en esta dirección, incluido su apoyo al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Ahora sólo queda esperar la decisión del Tribunal Supremo si la inhabilitación es firme para que Torra deje de ser presidente de la Generalitat, un escenario que complica la reunión que Pedro Sánchez tenía previsto mantener e incluida en los acuerdos con ERC.

Las primeras semanas del Gobierno han demostrado su debilidad y lo arriesgado e irresponsable de las líneas maestras de su política –como el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, el anuncio de la reforma del Código Penal para cambiar la pena de sedición y el radical giro de la política hacia Venezuela–, lo que debería aconsejar a Sánchez más cautela, si no quiere abrir un nuevo frente, precisamente en el punto clave para seguir en La Moncloa. El deterioro institucional de Cataluña es tal que convocar elecciones no parece que ayude a paliar la situación, pero en nombre de los derechos democráticos de los catalanes no independentistas, Torra no puede ser presidente y el Parlament, en lo posible, debe continuar su tarea legislativa, si puede o le dejan.

La falsa guerra separatista
Cristina Losada Libertad Digital 28 Enero 2020

La Mesa del Parlamento catalán ha decidido cumplir la ley, y esto de por sí es noticia. Había, ciertamente, poderosas razones para obedecer el mandato de la Junta Electoral y retirarle el acta de diputado al presidente Torra. No sólo porque el Supremo había rechazado la suspensión cautelar de una medida a la que obligaba, siguiendo la Loreg, la sentencia del TSJC por desobediencia. No sólo porque mantenerlo como diputado hubiera dado pie a invalidar votaciones en las que participara Torra. Resulta que había también un importante incentivo o, mejor, un potente elemento disuasorio, que es el representado por la trayectoria judicial de aquellos miembros de la Mesa que incumplieron la ley en el otoño de 2017. Y resulta, por lo demás, que el actual presidente del Parlamento no quiere ser, ni por aproximación, la nueva Carme Forcadell.

La bronca de Torra y los suyos a raíz de que se le quitara formalmente el acta fue muy vistosa. No faltaron tampoco los simulacros de protestas delante de la Cámara por esta enésima acción represiva del Estado. Del Estado y, hay que añadir, de la Esquerra, porque sin la asistencia de la Esquerra la usurpación del acta de Torra no se hubiera llevado a término. Pero el estrépito del alboroto tiende a silenciar lo principal. Lo principal es que Torra sigue en la presidencia. Y seguirá. Seguirá como presidente de la Generalidad hasta que la sentencia que lo condenó sea firme. Podrá ampararse en que el estatuto de autonomía estipula que hace falta sentencia firme para la inhabilitación del presidente. Al menos, mientras no se resuelva, si se resuelve, qué norma puede más, si ese precepto del Estatuto o el artículo de la Loreg, reformado en tiempos de Zapatero.

El episodio contiene los ingredientes básicos de la drôle de guerre (guerra falsa) que van a librar las dos grandes facciones separatistas. Visto desde la galería, vuelan de un lado a otro los proyectiles verbales y las hostilidades parecen a punto de estallar, en todo su esplendor destructivo. Se tiene la impresión de que hay pelea a muerte y que los extremistas son los de Torra y los republicanos, los moderados. Hasta se puede decir –¡se dirá!– que la Esquerra, tal como se las prometían los socialistas, ha dado otro paso que demuestra su abandono de la algarada insurreccional y su voluntad de acatar la legalidad, aun a regañadientes.

La beligerancia llama la atención y llama a los focos, sí, pero lo esencial es que Torra continuará presidiendo la Generalidad. Con el apoyo de la Esquerra. Y ello a pesar de que el estatuto pone como condición que el presidente ha de ser diputado. Artículo que introdujo Pujol para evitar que la Esquerra lo traicionara –esta guerra no es de hoy– y, en concreto, para impedir que Tarradellas, que no tenía escaño, pudiera ser presidente después de las primeras elecciones autonómicas.

Claro que compiten las facciones separatistas. Claro que tienen que exhibir diferencias. Pero el quid de la cuestión es que no lo pueden hacer a cara descubierta. No pueden enfrentarse en una batalla campal. De hacerlo así, perderían el capital político amasado bajo la bandera –falsa, como todas las suyas– de la unidad separatista. Destruirían el decorado del homogéneo movimiento nacional y con él, la ficción del un sol poble. Y hay que suponer que ese riesgo no lo querrán correr. La división de los separatistas la han deseado, anhelado y promovido los últimos Gobiernos de España, desde el de Rajoy hasta el de Sánchez, con la esperanza de que sus disensiones desactivaran el desafío. Con la esperanza, en fin, de que la lucha intestina les ahorrara encarar aquel desafío frontalmente. Bien. Tal esperanza se demostró quimérica en 2017. Y, por más que arrecie la drôle de guerre, se volverá a demostrar.

El separatismo se rompe
Editorial ABC 28 Enero 2020

El Parlamento de Cataluña volvió a celebrar ayer un pleno delirante y surrealista, en el que ERC aceptó la decisión del Tribunal Supremo de retirar el acta de diputado autonómico a Joaquim Torra, y en el que se evidenció de modo tan explícito la fractura interna en el independentismo que la legislatura quedó herida de muerte. Antes del pleno, el propio Torra había amenazado con convocar elecciones si ERC ninguneaba a JpC y le forzaba a abandonar su escaño, y eso fue exactamente lo que hizo el partido que dirige Oriol Junqueras desde prisión. De este modo, un pleno inicialmente orientado a aprobar los presupuestos del Parlament quedó reducido a una virulenta escenificación de la ruptura entre Esquerra y el partido de Torra y Carles Puigdemont. Por mucho que ERC mantenga que Torra debe seguir siendo el legítimo presidente de la Generalitat, lo cierto es que el separatismo se ha roto, y que el miedo escénico de Roger Torrent, presidente del Parlament, a desobedecer a los Tribunales,y las facturas políticas y personales que penden entre Junqueras y Puigdemont han condenado a Torra a la irrelevancia más absoluta. Necesariamente, a partir de ahora ambos partidos mantendrán estrategias opuestas: JpC como testaferro reivindicativo del separatismo más radical y partidario de la vía unilateral para declarar la independencia, y ERC como el nuevo socio preferente del PSC y de Podemos en busca de un «tripartito» a la catalana que les permita pervertir la Constitución para celebrar una consulta «legal» que Pedro Sánchez ya ha garantizado públicamente. Sin embargo, la tensión en las calles es imprevisible, una vez que los dos partidos mayoritarios del independentismo dan por rota su alianza del último lustro. Ni Torra, ni Junqueras, ni Puigdemont ni Pedro Sánchez tienen ya control sobre nada de lo que pueda ocurrir en Cataluña.

En cualquier caso, el sistema no está de enhorabuena pese a que nadie en el Parlament se haya atrevido a desobedecer a la Junta Electoral Central y al Tribunal Supremo. Torra debe dejar de ser presidente autonómico de modo inmediato porque permitir que siga ocupando su despacho en la Generalitat sin tener legitimidad para ello es una burla a la legalidad. Lo lamentable no es que su propio partido y ERC le den cobertura como jefe del Ejecutivo, sino que Pedro Sánchez y sus ministros sigan adulándolo para que esté presente en la «mesa de negociación» que La Moncloa ha acordado en secreto y a oscuras, mintiendo a la opinión pública. Sánchez pretende dar cariz de normalidad democrática a lo que no es sino una anomalía basada en una rebeldía sistemática a las leyes y en una desobediencia delictiva a los Tribunales. Con razón Ciudadanos tildó ayer de «delincuente» a Torra. Lo humillante es que no lo haga Sánchez.

Todo era por el poder
Alejandro Tercero cronicaglobal 28 Enero 2020

La bochornosa sesión de este lunes en el Parlament ha confirmado que la legislatura está agotada. En realidad, nació muerta, con un presidente de la Generalitat interino cuyos reiterados llamamientos a la épica durante su año y medio de mandato se han materializado en poco más que pedir a los CDR que apretaran, colgar una pancarta en favor de los condenados por sedición y amenazar a los magistrados del TSJC con lanzarles ventosidades.

La novedad es que ahora hasta los partidos independentistas reconocen que no pueden esconder mucho más tiempo su inacción e incompetencia. Las propias encuestas de la Generalitat son una evidencia de ello. El último estudio del CEO, del viernes pasado, señalaba que solo el 1,6% de los catalanes cree que “este Govern está resolviendo los problemas” de Cataluña, mientras que el 61,6% considera que el actual ejecutivo autonómico “no sabe cómo resolverlos”.

Ante la inevitable e inminente vuelta a las urnas --Torra apenas podrá alargar su agonía unos pocos meses a lo sumo--, la batalla entre JxCat y ERC por retener el poder ya ha comenzado. Y todo apunta a que será encarnizada.

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha justificado la decisión del presidente de la cámara autonómica, Roger Torrent (también de ERC), de acatar al Tribunal Supremo, a la Junta Electoral Central y al secretario de la cámara autonómica, y retirar el acta de diputado de Torra, con el argumento de que no hacerlo sería una “desobediencia simbólica” que no tendría “ningún efecto real”. “No podemos alimentar relatos mágicos, la ciudadanía de este país no se lo merece”, ha añadido. Y ha insistido en que “hoy todavía no somos independientes”. En otras palabras, ha venido a decirle a sus socios de Govern: “La república no existe, idiotas”.

Pero seamos realistas. Esta posición no responde a ningún ataque de sentido común. Solo es una combinación entre efecto pedagógico de la cárcel --pese a que el moderado Junqueras necesite algo más de terapia, como se vio en la entrevista hace una semana en El País-- y la asunción de que lo más pragmático es tratar de hacerse con la hegemonía del independentismo y con las llaves del Palau de la Generalitat.

La respuesta de JxCat ha sido la esperada: una pataleta en forma de amenaza de reventar la legislatura y los presupuestos negociados entre el Govern y los comunes. Y lo han escenificado tumbando las cuentas del Parlament y enviando a su tropa digital a cargar contra ERC y contra el secretario de la cámara.

No deja de tener gracia el reproche lanzado por el vicepresidente de la Mesa, Josep Costa (JxCat), en Twitter contra sus socios de ERC. “Os dieron a elegir entre conflicto y deshonor. Habéis elegido deshonor y también tendréis conflicto”, ha dicho parafraseando a Churchill. Tal vez habría que recordarle al señor Costa que él fue uno de los miembros de la Sindicatura Electoral del referéndum independentista ilegal del 1-O --en concreto, uno de los dos suplentes-- que el 22 de septiembre de 2017 se apresuraron a presentar su renuncia pocas horas después de que el Tribunal Constitucional les impusiera una multa diaria de entre 6.000 y 12.000 euros si no la disolvían. Eso sí que es una lección de honor, señor Costa.

Así las cosas, la intervención que mejor resumió el degradante espectáculo de ayer en el Parlament fue la del líder del PP en la cámara autonómica, Alejandro Fernández: “¿De verdad el proceso separatista era esto? Siete años después, la convivencia destruida, la economía deteriorada, y al final era esto. Una lucha a navajazo limpio entre ERC y JxCat por el poder y nada más que por el poder. ¿De verdad el proceso separatista era esto? Cierto es que intentaron en un primer momento romper España. No lo lograron. Pero son tan destructivos, tan cainitas, que algo tenían que destruir. Y finalmente decidieron destruirse a ustedes mismos. En un espectáculo de canibalismo político ante el que, si yo fuera independentista, estaría profundamente avergonzado, profundamente abochornado. Han engañado durante siete años y de manera sistemática a su parroquia, ¡y al final todo era por la poltrona! Siete años manipulando a la sociedad catalana, y era todo por la poltrona”.

Sí, todo era por el poder.

El chavismo gobierna España
José Manuel Sánchez Fornet okdiario  28 Enero 2020

Pedro Sánchez y el PSOE no practican políticas socialistas. Tampoco lo hizo el PSOE andaluz que en 36 años no cambió estructuras de poder ni distribuyó la riqueza, salvo para ellos. Sánchez pretende implantar un sistema populista. Colonizar las instituciones y acumular poder para perpetuarse en el cargo es su plan director. No sé cómo llegó el chavismo a Venezuela pero debió ser algo parecido a lo que está ocurriendo en España.

El presidente del Gobierno dice en elecciones que cambiará el Código Penal para que sea delito hacer referéndums ilegales. Dice que no podría dormir si pactara con el populismo chavista de Podemos. Dos días después de las elecciones, viendo que han perdido un millón de votos y peligra el poder ya no pierde el sueño y corre a crear un gobierno populista. Para ello recibe el apoyo de todos los enemigos de la nación: ERC, PNV, Bildu.

Desde entonces han ocurrido cosas; cuatro geos acuden a la embajada de México en Bolivia, donde están refugiados políticos del gobierno de Evo Morales acusados de prácticas corruptas, acompañando a una consejera que hace una visita informal a las 8 de la mañana. La UE, el mundo occidental y España reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019, ante la evidencia de una victoria electoral por mayoría absoluta que Maduro no reconoció. Guaidó hace una visita a Europa y lo reciben los presidentes de Gobierno de Alemania y Reino Unido y el presidente de Francia. En España no lo recibe el presidente del Gobierno sino la ministra de Asuntos Exteriores. El vicepresidente Pablo Iglesias dice que Guaidó es el líder de la oposición. España no puede tener dos posturas enfrentadas en política exterior. Sólo hay una España. Ábalos se reúne con la vicepresidenta de Maduro en Barajas de madrugada subiendo a su avión. Ábalos procede del PCE y es amigo del ministro de Maduro que viene a Fitur en el mismo avión. La vicepresidenta tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen de la UE por vulnerar derechos humanos.

Ábalos dice “he llegado a la política para quedarme y no me va a echar nadie”. No dice no me echará nadie salvo la ciudadanía votando, o en elecciones democráticas, no. Dice “no me va a echar nadie”. La pulsión enfermiza por el poder, la ambición que está por encima de cualquier valor de Sánchez e Iglesias no admiten para mi duda alguna. Ahora súmenle a Ábalos. Al mismo tiempo Irene Montero, la pareja y ministra por ello defensora del “yo si te creo”, preguntada por el caso de prostitución de niñas del centro de menores de Palma ya no dice “yo si te creo” sino “hay que ser prudentes”. Van a reformar el Código Penal con urgencia para sacar de la cárcel a los golpistas catalanes, que pueden ser infantería de choque callejero, para tratar de romper el Estado y la nación e ir deslizándose hacia un tiempo de democracia débil que no sea capaz de responder a sus intentos de desmantelarla. Añádanle la intención de controlar los jueces a través del Consejo General del Poder Judicial y agiten la coctelera.

Este PSOE de Pedro Sánchez no es socialista. Lo digo tras haber sido afiliado al mismo más de 20 años y seguir siendo socialdemócrata. El PSOE hoy es propiedad de Sánchez como UPodemos lo es de Iglesias. Sánchez ha vendido su alma al populismo estalinista para mantenerse en el poder. Y Ábalos lo sabe. Esto no podría pasar en ningún país de la Unión Europea. Hay que combatir por la democracia.

El PSOE convierte a Bildu en socio preferente en el País Vasco y Navarra
OKDIARIO 28 Enero 2020

El PSN ya ha decidido promover una moción de censura en la localidad navarra de Estella, gobernada desde el 26 de mayo con mayoría simple por Navarra Suma, y desbancar así a su candidato, Gonzalo Fuentes, como alcalde de la ciudad. Una decisión que pasaría por la suma de los partidos de la oposición: EH Bildu, que cuenta con seis representantes, además del de Geroa Bai y los tres concejales del PSN, con los que darían las cuentas para imponerse a los siete representantes que tiene Navarra Suma, y con los que actualmente mantiene la alcaldía a pesar de encontrarse en minoría. Se trataría del pistoletazo de salida para un plan de amplio espectro que tendría como objetivo desalojar a Navarra Suma de la alcaldía de Pamplona, cuyo titular, Enrique Maya, viene soportando desde hace meses la presión del bloque que conforman socialistas, nacionalistas y proetarras.

A nadie se le escapa que la situación que se vive en Navarra, donde el PSN gobierna gracias a la abstención de Bildu, pasa por una estrategia de retroalimentación de intereses entre los socialistas y los herederos de ETA. Ambos han pactado acabar con el poder municipal del Navarra Suma y los últimos movimientos así lo acreditan. La abstención de Bildu en la investidura de Pedro Sánchez no ha sido gratis y se enmarca dentro de un plan de colaboración que está quedando claramente de manifiesto en Navarra y también el País Vasco, donde el PSE ha llegado a un acuerdo con los proetarras y Elkarrin Podemos en Irún.

El socialismo ya no disimula y en las últimas semanas ha oficializado claramente su nueva estrategia de pactos con la formación de Arnaldo Otegui. No se limita a Navarra, sino que se extiende también por los municipios del País Vasco. Con Sánchez en el Gobierno, el PSOE rompe todos los puentes con el constitucionalismo y se pone en manos, allí donde toque, de la izquierda radical, de golpistas y proetarras.

El PSOE da orden de tumbar los pactos municipales con Navarra Suma para regalarle ayuntamientos a Bildu
Carlos Cuesta okdiario 28 Enero 2020

El PSOE-PSN no disimula ya en su intento de tumbar los ayuntamientos constitucionalistas de Navarra y abrir sus puertas a Bildu. Está cercando al alcalde de Pamplona, Enrique Maya –de Navarra Suma, la alianza de UPN, PP y C’s–, al que ha negado ya el respaldo presupuestario y cualquier tipo de apoyo en las reformas del día a día. Los socialistas lo han hecho para pactar con los proetarras. Y exactamente igual ocurre ya en otros municipios navarros como Estella, donde los socialistas no descartan ni siquiera una moción de censura para echar a Navarra Suma y repartirse el poder con los proetarras.

El PSOE-PSN ha abierto la vía a una moción de censura en Estella, un municipio gobernado desde el 26 de mayo con mayoría simple por Navarra Suma. El objetivo de los socialistas es quedarse con ese municipio, pero nunca podrían hacerlo solos. Necesitan de la suma de los partidos de la oposición: EH Bildu que cuenta con seis representantes, además del concejal de Geroa Bai y de los tres del PSN.

Navarra Suma cuenta con siete concejales, por lo que lo cierto es que, efectivamente, los socialistas pueden regalar este Ayuntamiento a Bildu.

Y no se trata del primer aviso serio a Navarra Suma por parte de los socialistas. El alcalde constitucionalista de Pamplona, Enrique Maya, de Navarra Suma, se enfrenta a todo un boqueo por parte del PSOE-PSN y Bildu. El regidor de la capital navarra ya ha tenido que prorrogar los Presupuestos por la falta de respaldo de los socialistas a sus cuentas, y ahora se enfrenta a un bloqueo sin fin que amenaza su mandato pese al apoyo inicial de los socialistas.

Buena parte de las exigencias de Bildu en materia de gasto están siendo respaldadas por los socialistas. Desde UPN –formación que se presentó en alianza con el PP y C’s bajo la marca Navarra Suma– señalan que saben que hay un acuerdo cerrado: un pacto entre los hombres de Pedro Sánchez y los proetarras para cerrar el cerco y que Maya no pueda acometer ninguna política económica. El objetivo final: hacer caer a Maya. Lo mismo que ya se admite en Estella.

El Ayuntamiento de Pamplona ya ha tenido que prorrogar un año más sus Presupuestos. Ya tuvo que hacerlo en 2019. Y ahora se enfrenta a la misma situación a medio y largo plazo, tras reconocer y comprobar que no consigue contar más que con los 13 concejales de Navarra Suma frente a los 14 votos en contra de la oposición. Y es que es ya evidente la unión de hecho entre PSOE-PSN, los separatistas de Geroa Bai –formación en la que se encuentra inmerso el PNV– y los proetarras de Bildu.

Un Torra de más o de menos
Valentí Puig okdiario 28 Enero 2020

No fue un transeúnte embriagado el responsable de que, en plena campaña electoral, una pancarta sectaria apareciese en el balcón de la Generalitat. Lo decidió el presidente de la Generalitat, primer representante del Estado en Cataluña. Y no fue un policía novato con ganas de estrenar el bloc de multas quien le sancionó sino la Junta Electoral que tutela para toda la ciudadanía un proceso que es una de las grandezas de la democracia. A partir de entonces lo que importaba no era un Torra de más o de menos sino castigar su transgresión en nombre de las leyes que garantizan el “fair play” en España.

Tampoco importa sustancialmente que Junts per Cat. no lo entienda. ¿Cómo va entenderlo si lleva años escorando de forma política indecente el sistema institucional de Cataluña para lograr un objetivo tan ilícito como imposible? Suena a vodevil cadavérico, a armario de juguetes rotos, a corrupción de la voluntad cívica. Finalmente, ERC ha empuñado la navaja de pastor con barretina. Cuesta suponer que Junqueras vaya a aportar alguna estabilidad. Más bien parece un simple quítate tú que me pongo yo.

El extremo desacato de Torra tiene abundantes precedentes y todos ellos encaminados a lograr la república catalana. La sociedad catalana lleva tiempo muy dividida sobre esta cuestión pero la lesión más reciente es que la división ha aparecido incluso en el frente independentista. Era de suponer pero la turba político-mediática seguía intentando dar la culpa de todo a España, a la monarquía, a quien fuera. De cualquier página de la historia política podía deducirse que eso pasaría. Tras las vidas políticamente rupestres de Torra o Puigdemont aparece una descomposición política muy honda y que determina en exceso la vida política de toda España.

Sería una imprudencia esperar que con unas elecciones autonómicas Cataluña recupere su normalidad cívica y el entorno idóneo para un crecimiento económico sostenido. Tampoco va a reconstituirse la confianza, ni es pronosticable que unas elecciones anticipadas –de dudosa condición si las convoca Torra- barran el estropicio bajo la alfombra. Más bien existe alguna posibilidad de que los grupos independentistas más radicales se enfrenten entre sí, con o sin capucha. Respecto a Torra, habrá que ser –si acaso- generosos con el olvido. Nunca se ha presidido ni a sí mismo. Habrá que ver en que queda ahora la tipología de la sedición.

Al más puro estilo nazi
OKDIARIO 28 Enero 2020

El grupo de activistas separatista Anonymus Catalonia ha difundido los números de teléfono particulares de los diputados de Ciudadanos Lorena Roldán y Carlos Carrizosa minutos después de que la bancada naranja en el Parlament coreara «¡delincuente, delincuente!» a Quim Torra, tras ser desposeído de su escaño por la condena de inhabilitación. El procedimiento recuerda mucho a los métodos empleados durante el nazismo: se trata de marcar a los contrarios al separatismo para convertirlos en dianas donde los fanáticos de la causa puedan descargar su rabia y su odio.

En su cuenta de Telegram, Anonymus Catalonia subraya que «hacer una llamada no es ilegal», en lo que supone toda una incitación a marcar los teléfonos de los diputados de Cs. La revelación de información privada puede constituir un atentado contra el derecho a la intimidad recogido en el artículo 197 del Código Penal y contempla penas de entre 1 a 4 años de cárcel.

Anonymous ya hackeó en octubre de 2017 la web del Tribunal Constitucional en el marco de una campaña de ciberataques contra España bajo el lema «Operación Free Catalonia». Los piratas informáticos declararon expresamente su apoyo al proceso de independencia de Cataluña y ruptura de la Constitución española. Los ciberterroristas de la organización antisistema atacaron la página del tribunal de garantías español utilizando un método conocido como ataque de denegación de servicio (DDoS), consistente en dirigirse de forma masiva al servidor en el que está alojada la página web para saturar las peticiones de acceso, hasta lograr que la misma colapse.

Dado que no estamos ante un caso aislado, sino que Anonymus Catalonia lleva a cabo una estrategia continuada en el tiempo, no estaría de más que la Fiscalía pusiera en marcha una investigación para determinar quién está detras y cómo se financian estos piratas antisistema que funcionan con total impunidad al servicio del separatismo catalán. Dicen que «hacer una llamada no es ilegal», pero lo que sí es ilegal es divulgar en las redes sociales información de carácter privado con el ánimo expreso de convertir a diputados constitucionalistas en el pim-pam-pum de las iras del independentismo radical.
 


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