AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 29  Enero  2020

¿Con qué está chantajeando Maduro al Gobierno?
Emilio Campmany Libertad Digital 29 Enero 2020

La clave es Zapatero

Lo de Ábalos no se entiende. Claro, miente para ocultar la verdad, pero ¿qué verdad? Sólo hay un hecho inequívoco: que Delcy Rodríguez entró en España, no obstante la prohibición de la UE, con permiso del Gobierno para tratar de algo que no podía hablarse por teléfono. Esto, y que un hombre de confianza de Sánchez como Ábalos fuera quien se reunió con ella, hace pensar que el asunto era extremadamente delicado. Borrell, que debería haber reprendido al Gobierno español por el irrespetuoso incumplimiento de una sanción de la UE, se ha quitado de en medio escabulléndose como una lombriz. Y todo en los días en que se revela el escándalo del dinero sucio entregado al embajador en Venezuela, Raúl Morodo, durante la presidencia de Zapatero. El asunto hiede a kilómetros de distancia.

Y atufa a chantaje. El Gobierno de Maduro lleva tiempo amenazando con algo si el de España no defiende internacionalmente al chavismo. Los mensajes que se envían por medio de Zapatero no parecen producir suficiente efecto y ha hecho falta despachar a Delcy a decirle al Gobierno de España qué pasará si no cambia de actitud. De momento, Sánchez, como gesto de buena voluntad y para apaciguar al chantajista, se negó a recibir a Guaidó. Y Borrell, desatendiendo su obligación como jefe de la diplomacia europea, se lavó las manos. La cuestión por tanto es saber con qué está Maduro chantajeando a Sánchez.

Algunos analistas apuntan a muertos que Podemos pueda tener en el armario. Ahora que Iglesias es vicepresidente del Gobierno, esos muertos podrían considerarse también del PSOE. Quiá. A Sánchez no puede preocuparle tanto que Maduro amenace con sacar trapos sucios de Iglesias. Al contrario, a la larga le conviene. Además, si la porquería a ocultar fuera del podemita, sería él quien habría ido a Barajas a tranquilizar a Delcy, no Ábalos. Las boñigas que está meneando Maduro son del PSOE. Las mismas que Zapatero lleva años tratando de que el chavismo no destape a cambio de reunir respaldos internacionales para el régimen. Como su gestión no está teniendo mucho éxito, es probable que el régimen haya decidido apretarle un poco las tuercas al Gobierno español hablando directamente con él. Por otra parte, es posible que el escándalo Morodo no sea más que la punta del iceberg de lo que Maduro sabe. Y que se ha filtrado para convencer a los chantajeados de que el dictador habla en serio. Por último, la capacidad del chavismo para torcerle la mano al Gobierno sugiere que el escándalo con el que se amenaza desde Caracas afecta no sólo a Zapatero, sino a más socialistas; gente que, por su relevancia, Sánchez no puede permitirse que sean públicamente avergonzados o cuyo apoyo necesita para sostenerse al frente del PSOE. O las dos cosas a la vez. Ni puede descartarse, considerando que las gestiones de Zapatero contaron con la complicidad de Rajoy, que el chantaje afecte a gente muy importante de fuera del PSOE.

¿Qué sabes, Ábalos?
Pablo Molina Libertad Digital 29 Enero 2020

Tal vez ese conocimiento adquirido en la desapacible noche de Barajas es tu blindaje para no dimitir.

Pocas veces hemos visto a un político enredarse en sus mentiras y hacer un ridículo tan espantoso como a José Luis Ábalos con su sigilosa expedición nocturna al aeropuerto de Barajas para saludar a un viejo amigo. Un amigo del alma que, casualmente, viajaba en el mismo avión con una señora señalada por la Unión Europea por violar gravemente los derechos humanos en Venezuela y, en consecuencia, proscrita en territorio europeo.

El ministro de Transportes ha tratado de lanzar una cortina de humo con sus disquisiciones sobre si Delcy Rodríguez pisó o no suelo español, pero lo cierto es que se trata de un falso debate que la UE se cuidó de impedir con la Decisión del Consejo 2017/2024, de una claridad impropia para la burocracia de Bruselas. Así reza su artículo 6.1 (las negritas son mías):

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él: a) las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela.

Y para que no queden dudas sobre el alcance personal de esta prohibición, el documento incluye un anexo inicial de 25 autoridades venezolanas (en la actualidad son medio centenar), entre las que brilla con luz propia la susodicha Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a quien Ábalos estuvo saludando en su avión durante 25 largos minutos.

Así pues, no es solo que la dirigente chavista tuviera prohibida su entrada a España; es que tampoco podía transitar por nuestro país, como hizo con toda la tranquilidad tras "saludar" al número dos del PSOE durante casi media hora.

¿Qué te contó, Ábalos? ¿Qué sabes, José Luis? Porque 25 minutos con la número dos de Maduro, siendo ministro de un Gobierno que incluye a asesores del chavismo durante los años más duros del régimen, dan para mucho. Tal vez ese conocimiento adquirido en la desapacible noche de Barajas es tu blindaje para no dimitir, a pesar de que tu situación es insostenible incluso para un ministro de Sánchez.

Decir lo que pasó realmente esa noche es lo único que podría paliar las consecuencias de un serio incidente internacional. Pero, tranquilo, ya hablarás.

Populismo letal para el empleo

Editorial larazon 29 Enero 2020

Los resultados de la última «Encuesta de Población Activa» (EPA), con los datos de empleo del último trimestre de 2019, debería servir de punto de reflexión para quienes, desde posturas meramente ideológicas que operan fuera de la realidad, pretenden intervenir en los mercados con el BOE como única herramienta. Ayer, fue el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, una de las regiones, tras Baleares, que más puestos de trabajo ha destruido durante los últimos tres meses, quien ha tenido que dar la voz de alarma ante los primeros efectos de la subida unilateral del SMI decidida por el Gobierno de Pedro Sánchez, que, como habían venido denunciando los expertos, ha resultado letal para el sector agrario español, que sufre desde hace años un escenario de precios bajos.

Sin negociación con los agentes sociales, arrastrado por la demagogia de Unidas Podemos, Sánchez no tuvo en cuenta que la actual fragmentación social de España, donde las diferencias territoriales, también económicas, no dejan de ahondarse, aconsejaba atenerse al principio de precaución y, sobre todo, escuchar la opinión de los sectores productivos más debilitados por las actuales condiciones del mercado, que ya obligan a producir, prácticamente, por debajo del coste. En efecto, era impensable que los medianos y pequeños agricultores pudieran asumir un incremento salarial del 28 por ciento, que no podían repercutir en los precios, lo que se ha traducido en una menor contratación y, sin duda, en un incremento de la economía sumergida.

Aterra pensar, pues, en las consecuencias que pueda traer para el empleo la anunciada contrarreforma de la legislación laboral, caballo de batalla política de la extrema izquierda, en un momento de incertidumbre económica internacional, que frena las inversiones y el consumo, y cuando pesa sobre el sector empresarial español la amenaza de un aumento de la presión fiscal. Porque la serie histórica de las encuestas de la EPA demuestra que la tan denostada Reforma Laboral promulgada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 fue el punto de inflexión de la crisis, con crecimientos sostenidos del mercado de trabajo desde 2014. Recuperación que, sin embargo, se está frenando. Si bien es cierto que en 2019 se han creado 400.000 empleos nuevos y que el paro se ha reducido en 112.000 personas, se trata de las menores cifras habidas desde 2014 y, en parte, responde al excelente comportamiento del mercado laboral en el último trimestre del año, con la Comunidad de Madrid actuando como auténtica locomotora económica.

De hecho, Madrid, a la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en su mira por la política de bajos impuestos –que la izquierda considera competencia desleal–, es la responsable de la creación del 85 por ciento de todos los empleos registrados en España en el último trimestre de 2019, seguida de lejos por Canarias y Andalucía. En el otro lado, diez comunidades autónomas han pasado a destruir puestos de trabajo en el mismo período de tiempo. Baleares, con 49.000 empleos menos, ligados al sector servicios; la ya citada Extremadura, con 20.000, y Galicia, con 9.700, son las más afectadas. Ayer, los portavoces gubernamentales se felicitaban por unos datos de la EPA menos malos de lo que se preveía, a tenor del comportamiento del mercado laboral durante la primera parte del año. Pero es probable que los efectos a largo plazo de las dos subidas del SMI –aunque más moderada la segunda, tras pasar por la mesa de negociación social– se perciban con más intensidad a lo largo de este año. Si se combinan con otras decisiones de corte populista, tal y como están previstas en los acuerdos del Gobierno de coalición, tal vez el tirón de Madrid no sea suficiente contrapeso.

Las trolas del ministro Ábalos
Liberal Enfurruñada okdiario 29 Enero 2020

Como un niño chico al que le pillan con las manos y la boca manchadas del chocolate de una tarta, así ha ido variando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, su versión sobre lo ocurrido durante la madrugada del domingo al lunes 20 de enero, después de que el pasado jueves se publicara que a esas horas intempestivas había mantenido una reunión secreta con la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, quien tiene prohibido desde 2017 entrar o transitar por ningún país de la Unión Europea por su complicidad con la represión y la violación de los derechos humanos en Venezuela. Al mismo tiempo que Pedro Sánchez prefería irse a la gala de los premios Goya antes que recibir al presidente encargado Juan Guaidó, al que su vicepresidente, Pablo Iglesias, rebaja a «un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela», negándole la condición que le otorgan las urnas venezolanas.

La primera versión del mismo jueves fue negar la información: “No hubo reunión” y punto. Ábalos dijo que había ido a Barajas no a verse con Delcy Rodríguez en secreto, sino a recoger a su amigo el ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia, mostrándose visiblemente airado con los periodistas que le insistían sobre el tema. Ese mismo día ya se desmintió a sí mismo para reconocer que sí se habían visto, aunque matizó que no había sido un «contacto formal» sino un encuentro fortuito, precisando que nuestro ministro de Fomento no sabía de antemano que Rodríguez iba en el mismo avión que el ministro de Turismo venezolano. Pero al día siguiente el ministerio volvió a rectificar reconociendo que “Ábalos tuvo conocimiento de que la vicepresidenta iba en el avión un poco antes de su llegada”. La cuarta versión la dio el propio Ábalos el viernes por la tarde argumentando que su amigo el ministro de Turismo fue quien le pidió que la saludara.

Pero el sábado volvió a desdecirse declarando que cuando estaba “llegando al aeropuerto” a recoger a su amigo recibió una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien le informa de que en el mismo vuelo llegaba también la número dos de Maduro y le dice: “Ya que vas, procura que no se baje del avión”, sin explicar por qué antes había dicho que no se habían visto ni por qué después afirmó que sólo estuvo con ella para saludarla a petición de su amigo el ministro de Turismo venezolano. Y ya el domingo supimos que la vicepresidenta de Maduro mantuvo una reunión de 25 minutos con Ábalos, bajó del avión, pasó toda la noche en la terminal ejecutiva del aeropuerto pese a tener prohibida su entrada en España, recorrió ocho kilómetros atravesando las pistas del aeropuerto hasta la T4 donde tomó un vuelo comercial e incluso pasó un control de billete como cualquier otro pasajero justo antes de acceder a la puerta de embarque.

Posiblemente a la hora en que se publique este artículo se habrá quedado anticuado porque exista ya otra nueva versión que desmienta todas las anteriores, pero siendo grave, lo peor de este asunto no es que el gobierno de España mienta tanto. Eso lo hace Pedro Sánchez hasta con más desvergüenza que su ministro y sin coste ninguno. Lo peligroso es que todavía no nos podemos creer las explicaciones dadas y tenemos que sospechar que detrás de todas estas mentiras se encuentre una verdad que forzosamente debe de estar relacionada con la investigación de la Audiencia Nacional sobre los pagos millonarios que la petrolera estatal venezolana PDVSA realizó al nombrado por Zapatero embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, y su hijo Alejo; caso sobre el que Delcy Rodríguez podría haber aportado mucha información ya que todo la apunta a ella como eje de coordinación. Y seguro que la número dos de Maduro vino también a hablar con Sánchez y con Iglesias de la información que está aflorando sobre los pagos de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Uruguay a Podemos. En todo caso está claro que tantas mentiras lo que intentan es tapar una verdad vergonzosa hasta para un gobierno socialcomunista.

El desastre en el empleo es consecuencia de la demagogia económica del Gobierno
EDITORIAL ESdiario_com 29 Enero 2020

El SMI ya ha disparado el paro en Extremadura, mientras Madrid genera el 85% del empleo de toda España. La conclusión es obvia: el PSOE vuelve a crear desempleo.

Extremadura ha cerrado el año con la destrucción de 20.000 puestos de trabajo, una cifra horrible que las propias autoridades autonómicas, del mismo color que Pedro Sánchez, han reconocido entre lamentos. No es un caso excepcional, sino el clímax de un inquietante panorama general para el trabajo en España.

2019 terminó con la creación de algo más de 400.000 puestos de trabajo, con un crecimiento levemente superior al 2%, la peor cifra desde 2013: en 2018 se lograron generar, en números redondos, 163.000 empleos más que en el primer año gobernado al completo por el PSOE.

Y en ese panorama general tétrico, el caso extremeño alcanza la categoría de dramático: la destrucción de empleo ha sido allí de 20.000 puestos, lo que coloca en el desempleo a casi uno de cada cuatro vecinos de esa Comunidad, presidida por el también socialista Guillermo Fernández Vara.

Que ha sido quien, con la valentía que le faltó para oponerse al pacto de su partido con Podemos y el independentismo, se ha quejado en voz alta de los efectos perniciosos de subir el Salario Mínimo Interprofesional, una de las medidas estrella del pacto entre PSOE y Podemos.

Provocar despidos
Y lo ha hecho desde una lógica aplastante: su puesta en marcha tal vez haya mejorado la retribución de unos, pero ha sido a costa del despido de otros. La razón es bien sencilla. Por mucho que se empeñe cualquier Gobierno, los incrementos de los salarios deben ir precedidos de la mejoras de los ingresos, la productividad y los beneficios de las empresas.

Si no se cumple ese requisito, la imposición solo provoca que los costes salariales se repartan entre menos personas. Y no es por cicatería de la empresa tipo de España, bien alejada del tópico que cierta izquierda presenta, convirtiéndolas a todas en miembros del IBEX35.

Al contrario, hablamos de pymes, empresas familiares y comercios, responsables del 70% del empleo y de los ingresos del Estado; ya asfixiadas por una insoportable carga fiscal, una baja capacidad de exportación y una dificultad extrtema para acceder al crédito.

El ejemplo de Madrid
La prueba de que la economía funciona mejor con una fiscalidad baja y sin la injerencia de los gobiernos la ofrece, en la misma EPA que Extremadura, la Comunidad de Madrid.

Allí, con unas reglas más liberales y menos intervencionistas, se ha creado el 85% del empleo total de España en el último trimestre y la tasa de paro ha bajo a niveles de 2008, con el 13.78%. Con estas evidencias, ¿qué tienen que celebrar el Gobierno y sus políticas, válidas para los titulares pero inútiles en el mundo real?

Los dirigentes de PDVSA pagaron a Morodo en el paraíso fiscal de Granadinas como Maduro a Pablo Iglesias
El hijo del embajador Morodo cobraba de Chávez en una hora el sueldo mensual de 200 venezolanos
La nº 2 de Maduro que se reunió con Ábalos reparte los fondos a la ‘internacional’ chavista
M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez okdiario 29 Enero 2020

Los socios chavistas del ex embajador de Zapatero Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, cobraron de la petrolera estatal PDVSA 2,7 millones de euros en las islas San Vicente y Granadinas, el mismo paraíso fiscal en el que Nicolás Maduro ordenó pagar 272.325 a Pablo Iglesias.

Durante su etapa como directivo de PDVSA, Juan Carlos Márquez ordenó pagos por importe de 4,4 millones de euros a Alejo Morodo, hijo de Raúl Morodo, quien fue embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Nicolás Maduro también utilizó el paraíso fiscal de las islas de San Vicente y Granadinas, situadas en el Caribe, para ordenar abonar 272.325 dólares al actual vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, según informó OKDIARIO el 6 de mayo de 2016. Los tribunales españoles ya han determinado en dos ocasiones que dicha información es veraz.

Como ha informado este diario, los socios chavistas de la familia Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, han invertido 17 millones de euros en la compra de viviendas y locales comerciales en distintas ciudades españolas, para blanquear el dinero procedente del saqueo de la petrolera PDVSA. Realizaron la mayor parte de estas inversiones a través de la sociedad Consultora Alcander SL, de la que ambos eran socios al 50%.

Morodo
Márquez y Prada recibieron 4,3 millones de PDVSA y otros 2,7 millones desde la sociedad Lakeside Overseas LTD, con sede en San Vicente y Granadinas.

La UDEF ya ha logrado acreditar que, de esta cantidad, al menos 4,3 millones de euros proceden de PDVSA, de la que era directivo Márquez (quien fue hallado muerto, ahorcado con su propio cinturón, el pasado mes de julio en San Sebastián de los Reyes).

La número 2 de Nicolás Maduro con la que se reunió el ministro Ábalos en el aeropuerto de Barajas, Delcy Rodríguez, es desde 2015 directora de la Junta Directiva de la petrolera PDVSA. En una etapa anterior (entre 2003 y 2005) fue directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas, a las órdenes del ministro Rafael Ramírez, que actuaba al mismo tiempo como presidente de PDVSA.

Según los datos aportados por la Agencia Tributaria, la sociedad Mapra Asesores (de la que era administrador único Adolfo Prada) recibió en apenas un año y medio ocho transferencias de PDVSA que suman 4,3 millones de euros, a través de una cuenta del JPMorgan Chase Bank: tres transferencias de 637.444 euros entre julio y noviembre de 2010, y cinco transferencias de 479.600 euros entre diciembre de 2010 y agosto de 2011.

Pero la UDEF ha aportado ahora al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz datos que indican que los socios del ex embajador Morodo recibieron al menos otros 2,7 millones de euros de PDVSA, a través del paraíso fiscal de las islas Granadinas y San Vicente. El mismo que utilizó Maduro para pagar al líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

La sociedad de Márquez y Prada, Consultora Alcander, compró el 18 de junio de 2013 por dos millones de euros un local comercial de planta baja y sótano en plena calle Alcalá de Madrid, en una esquina próxima a la Plaza Manuel Becerra.

Ambos socios pagaron este inmueble gracias a una transferencia de dos millones de euros que habían recibido desde la sociedad Lakeside Overseas LTD, cuya dirección postal es la siguiente: Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, San Vicente y las Granadinas. La transferencia se realizó a través de una cuenta suiza del CBH Compagnie Bancaire Helvétique.

Según la información recabada por la UDEF, los administradores de Lakeside Overseas LTD son el venezolano Juan Márquez Vila y la española Carmen Cabrera Ramos, padres del propio Juan Carlos Márquez. Para dar apariencia legal a la operación, esta sociedad simuló un préstamo hipotecario de dos millones de euros a Consultora Alcander, utilizando como garantía el local comprado en la calle Alcalá de Madrid.

Juan Carlos Márquez habría colocado a sus padres al frente de su sociedad de San Vicente y Granadinas, para ocultar los pagos millonarios que recibía de la petrolera pública PDVSA, de la que era directivo.

Morodo
Los socios de Morodo recibieron 2 millones de euros de la sociedad Lakeside Overseas LTD, mediante un préstamo simulado.

En su informe remitido al juez Pedraz, la UDEF apunta que este dinero también procede presumiblemente del saqueo de la petrolera PDVSA. El magistrado instructor deberá comprobarlo ahora enviando una comisión rogatoria a San Vicente y Granadinas para analizar todos los movimientos contables de Lakeside Overseas LTD.

Esta misma sociedad, Lakeside Overseas LTD, transfirió otros 717.665 euros (un millón de dólares) a Consultora Alcander, la mercantil de Márquez y Prada, el 23 de mayo de 2014. En esta ocasión, la transferencia se realizó a través de una cuenta del Banco Espirito Santo de la isla Madeira (Portugal).

Morodo
Márquez y Prada recibieron otros 717.665 euros de Lakeside Overseas LTD a través de un banco de la isla Madeira.

La UDEF indica en sus informes que la compra de inmuebles en España por importe de más de 17 millones de euros era el método utilizado por los socios del ex embajador Raúl Morodo para blanquear los ingresos procedentes del saqueo de PDVSA y otras actividades delictivas. El posterior alquiler de los inmuebles adquiridos les ha reportado unos ingresos adicionales de 3,5 millones de euros entre 2011 y 2018.

En una información que ya ha sido ratificada dos veces por los tribunales, OKDIARIO publicó el 6 de mayo de 2016 los documentos según los cuales Nicolás Maduro ordenó abonar al actual vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, 272.325 dólares en una cuenta del Euro Pacific Bank en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas. Siempre según la misma información, estos pagos se camuflaron como honorarios por «asesorías para el desarrollo social en el país».

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Veinte años de justicia dependiente
Emilio Campmany Libertad Digital 29 Enero 2020

Durante La Transición, la UCD intentó construir una democracia genuina que además fuera estable. En aras de evitar el caos que habitualmente lastró nuestras experiencias democráticas, la Constitución atribuyó al presidente del Gobierno más poder del que un sistema parlamentario habitualmente otorga al primer ministro. También puso grandes obstáculos a la posibilidad de que el Poder Legislativo pudiera hacer caer al Gobierno. Que el presidente sea mucho más que un primus inter pares y que el triunfo de una moción de censura sea tan difícil han hecho que el régimen, formalmente parlamentario, transitara hacia un presidencialismo de facto. Éste no es tan exquisitamente democrático como el legislador constitucional hubiera querido porque desdibuja la separación de poderes, esencial en cualquier democracia que se precie de serlo. El presidente del Gobierno domina por supuesto el Poder Ejecutivo. Así debe ser y a esto no hay objeción que hacer, aunque quizá fuera deseable que, como en Gran Bretaña tras la reforma de 2011, el derecho de disolver las Cortes que tiene el presidente del Gobierno exigiera además la ratificación del Congreso de los Diputados. Pero, en España, el presidente también controla el Poder Legislativo a través del sistema de listas cerradas, que consagra nuestra ley electoral, heredera en esto de la Ley de Reforma Política. De esta forma, quien gana las elecciones y logra ser investido se garantiza que el grupo parlamentario que ha de sostenerle esté compuesto por el rebaño de diputados más dócil y aborregado que imaginarse pueda. La ley electoral, que hace que el Legislativo sea obediente al Ejecutivo y no al revés, como debería ser, no es pues muy respetuosa con la separación de poderes, pero no es contraria a la Constitución.

El Poder Judicial en cambio sí fue diseñado por el constituyente como verdaderamente independiente. Sin embargo, cuando llegó al poder Felipe González, no se conformó con estar a la cabeza del Ejecutivo y controlar el Legislativo sino que quiso también dominar el Judicial. González se lo apropió mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 por la que atribuyó a los otros dos poderes que ya dominaba la facultad de designar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y, a través de él, la de nombrar a los miembros de la cúpula judicial. Sus sucesores heredaron este poder y ninguno ha tenido la decencia de renunciar a él.

Demuestra lo importante que es el poder que Felipe González se atribuyó a sí mismo el que el nombramiento de Enrique Bacigalupo como magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo en 1987 fuera clave para que González saliera impune de su responsabilidad en los crímenes del GAL. Mientras, sí fue encarcelado su ministro del Interior, José Barrionuevo. Todo el mundo sabe que Barrionuevo jamás habría hecho nada de aquello por lo que se le condenó sin autorización de Felipe González. Es más, lo probable es que lo hiciera por orden suya. Así fue como Barrionuevo fue condenado y González salió indemne. El ex ministro, escondido y avergonzado, tras ser indultado por Aznar, vive de su modesta jubilación de funcionario. En cambio, Felipe González, gracias a Bacigalupo, holgazanea dedicado a la vida alegre y divertida, rodeado de lujos, con su glamurosa segunda mujer, pontificando de lo divino y de lo humano y pasando por el gran estadista que nunca fue. La única penitencia que su vida regalada le impone es la de ser el niño de los recados de Carlos Slim.

Otra prueba de lo importante que es para el presidente del Gobierno controlar el Poder Judicial es que Aznar y Rajoy, a pesar de prometer devolverle su independencia, lo incumplieron alevosamente. En esas dos traiciones hay un elemento importante que destacar. Mientras al electorado del PP le preocupa la independencia judicial, y por eso el PP promete devolvérsela en sus programas aunque luego no lo haga, al del PSOE le parece muy natural y muy democrático que el partido que gane las elecciones controle todos los poderes del Estado, incluido por tanto el Judicial. Esto hace que el PSOE carezca de todo incentivo para deshacer el atentado a la separación de poderes cometido en 1985 y que además es inconstitucional.

El poder de hacer los nombramientos de los altos cargos de la magistratura, combinado con el sistema de aforamientos, que reserva para los políticos el privilegio de ser juzgados por esa misma cúpula que ellos nombraron, no sólo tiene la grave consecuencia de permitirles ser tratados con benevolencia por los delitos que hayan podido cometer en el ejercicio de sus cargos. Tiene otras que en cierto modo pueden ser más graves. Una de las cosas que han hecho todos los presidentes del Gobierno, muchas veces en connivencia con el líder de la oposición, es disfrazar de resoluciones judiciales lo que no eran más que decisiones políticas inasumibles por el seguro rechazo con el que serían recibidas por la opinión pública. Si se quiere aprobar una ley inconstitucional, pero no se quiere arrostrar la responsabilidad de reformar la Constitución, se dobla la mano del tribunal de garantías para que diga que es constitucional lo que palmariamente no lo es.

Si se quiere ilegalizar a un partido sin demasiados argumentos legales, en vez de reformar la ley o la Constitución, se obliga al Supremo a estirar las costuras de la norma para hacerlo. Cuando luego, por los pactos con el PNV, hay que volver a legalizarlo, se obliga al Constitucional a, sin competencia para ello, decir que es inconstitucional lo que el Supremo forzadamente sentenció. Si se pacta con la ETA la derogación de la doctrina Parot, en vez de reformar la ley, se consigue que el Tribunal de Derechos Humanos la proscriba. Y luego se logra que el tribunal que ha de aplicar la sentencia lo haga a todos los etarras en vez de limitarse a la terrorista que la recurrió. Si se ha pactado con los independentistas catalanes un estatuto catalán groseramente inconstitucional, se fuerza la mano del Constitucional para que diga que el estatuto se atiene a la carta magna. Cuando ese mismo tribunal no encuentra argumento legal para declarar ajustada a la Constitución una pequeña parte de él que no hay forma de tragar, como la atribución a la Generalidad del control del Poder Judicial en Cataluña, la vicepresidenta del Gobierno abronca en público a la presidenta del tribunal. Si hay que sacar de la cárcel a dos empresarios corruptos porque son amigos del rey anterior, en vez de indultarlos, se obliga al Constitucional a enmendarle la plana al Supremo excediendo ampliamente sus competencias. Estos ejemplos, además de muchos otros que podrían esgrimirse, demuestran que el Tribunal Constitucional ha sido prostituido con frecuencia, pero los altos tribunales que integran strictu sensu el Poder Judicial tampoco se han salvado.

Lograr que en España haya una genuina separación de poderes es una exigencia cada vez más urgente. Sería deseable que el Legislativo no estuviera al servicio del Ejecutivo, pero solucionar esto no es tan apremiante. En cambio, devolverle la independencia a la justicia no sólo es perentorio, sino que es necesario para cumplir con la Constitución que, en esto, como en tantas otras cosas, no se cumple. Y, en cualquier caso, sin un Poder Judicial independiente, nuestra democracia, en el mejor de los casos, será imperfecta y, en el peor, no será.

No reinsertable
Ignacio Camacho ABC 29 Enero 2020

Por mucho que amenacen, como ayer Junqueras, los independentistas catalanes no van a convocar otro referéndum a corto plazo porque sus dirigentes saben que además de perderlo acabarían en la cárcel. Por mucho que el Gobierno trate de embridar a los tribunales, el Derecho tiene unos fundamentos que por ahora no puede cambiar, aunque acaso esté en ello, ni siquiera Pedro Sánchez. La estrategia separatista que lidera Esquerra pasa por tomarse tiempo para ensanchar sus bases y ampliar la masa crítica que permita abordar otro demarraje. Para eso necesitan el poder, que es lo que el PSOE está dispuesto a entregarles, tripartito mediante. Poder para arrumbar a Puigdemont y a sus vicarios y simpatizantes, para seguir subvencionando a todos los estamentos sociales y para ampliar el techo de competencias hasta que la autodeterminación caiga por sí sola como un mero trámite. Cuando dicen que lo volverán a hacer no engañan a nadie; tardarán lo que el Estado tarde en desarmarse de autoridad, de presencia institucional y de instrumentos legales.

En condiciones de normalidad, una nación fuerte tomaría medidas para evitar la repetición del experimento. Pero la altanería con que el secesionismo promete persistir en el empeño cuenta con el margen de tolerancia de un Gobierno decidido a legitimar la sedición con un indulto encubierto que dejará a los insurrectos manos libres para retomar su esfuerzo. Sin esa expresa voluntad de indulgencia, ningún convicto se atrevería a sabotear su propia defensa negando el arrepentimiento que podría justificar un alivio de pena. Y eso es exactamente lo que hace Junqueras: declararse no reinsertable, orgulloso del delito y dispuesto a la reincidencia, a sabiendas de que ni jueces ni fiscales podrán impedir que el Parlamento anule de facto su condena con una reforma legislativa de retroactividad inmediata y directa.

Igual que desde el Estatuto impulsado por Zapatero hasta la declaración de independencia pasaron diez años, el siguiente acto del procés tampoco será inmediato. No ocurrirá mañana ni pasado. Pero la volatilidad de la política actual ha acortado mucho los plazos y las concesiones sanchistas dificultan que el soberanismo aprenda a digerir su fracaso. Al contrario, minimizan el impacto de la única e insuficiente demostración de fortaleza del Estado. El líder republicano fue ayer tajante y claro: «es un paso adelante y hay que aprovecharlo». En torno al problema de Cataluña se ha vuelto todo tan raro que el presidente parece más arrepentido que los presidiarios. Sólo falta que les pida perdón y los indemnice por daños.

El 155 de Rajoy fue una oportunidad perdida, un disparo de intimidación al aire del que encima Sánchez quiere retractarse. Está muy dicho que desde entonces sólo la justicia ha estado, y no siempre, a la altura de sus responsabilidades, y en agradecimiento la van a mandar al desguace.

La gran mentira del «diálogo»
Editorial ABC 29 Enero 2020

El mismo día en que el Gobierno confirmaba que Pedro Sánchez se reunirá el 6 de febrero con el inhabilitado presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, el líder de ERC preso por sedición y malversación, Oriol Junqueras, fue recibido con honores en el Parlament para oírle decir que el separatismo volverá a celebrar una consulta ilegal y declarará la independencia. Este es el sonrojante estado de cosas en una Cataluña donde ni siquiera sus socios de gobierno aplauden a Torra, donde Esquerra ya ha roto drásticamente con JpC para alimentar nuevas elecciones y donde Pedro Sánchez se ha propuesto blanquear a unos delincuentes para darles la voz y el voto que niega al resto de españoles respecto al futuro de Cataluña. La recepción que el Parlament dispensó ayer durante unas horas a los convictos del secesionismo fue un intento incomprensible de normalizar lo anómalo y de dar naturalidad a un ataque al Estado de Derecho. Junqueras y el resto de la cúpula golpista no son ni héroes ni víctimas, sino unos individuos condenados por delitos muy graves, y su comparecencia ante una «comisión» que «investiga» la aplicación del artículo 155 de la Constitución fue solo una burla mitinera y una maniobra ilegítima para desprestigiar a nuestros Tribunales de la que Sánchez es cómplice. Aun así, debe quedar esperanza. Ayer, el TC emplazó a la Fiscalía a pronunciarse sobre si es procedente actuar penalmente por desobediencia contra Roger Torrent, tras haber permitido en octubre que el Parlament debatiera una iniciativa contra la sentencia condenatoria del TS. Lo tenía expresamente prohibido y Torrent lo permitió. Lo mínimo es investigarlo, y servirá también para conocer qué grado de resistencia o sumisión existe en la Fiscalía, de la que Sánchez pretende adueñarse para manejarla a su antojo.

Con Torra no hay nada que «dialogar» por más que Sánchez repita esa palabra como si fuese un mantra mágico. El peligro que ahora se cierne sobre la unidad de la nación no proviene solo del separatismo, que es transparente y no engaña a nadie sobre sus objetivos contra España, como reafirmó ayer Junqueras con una apología parlamentaria de sus delitos. Proviene del Gobierno socialista y de Podemos cuando da carta de naturaleza a Torra y a sus mofas contra las instituciones y contra los Tribunales. Sánchez incurre en una conducta semi-prevaricadora al justificar lo injustificable, o al defender que aunque Torra ya no sea diputado -ERC lo ha dejado caer sin ofrecer resistencia-, sí sigue siendo presidente de la Generalitat. Es el retorcimiento de la ley al servicio de una mentira, y algún día Sánchez tendrá que dar explicaciones de por qué ha claudicado tanto, olvidando que la inmensa mayoría no quiere ver rota a España.

Sánchez cede, cede y cede: España como moneda de cambio
OKDIARIO 29 Enero 2020

Tal es la dependencia de Pedro Sánchez de sus aliados que el PNV le ha pedido el traspaso de la competencia sobre prisiones antes de las elecciones vascas y el presidente del Gobierno está por la labor. El traspaso será lógicamente vendido por el nacionalismo vasco como un triunfo histórico en vísperas de las elecciones autonómicas. El regalo de esta competencia restaría posibilidades incluso al propio PSOE-PSE en los futuros comicios, pero el presidente del Gobierno no tiene más objeto que su supervivencia política y es capaz de dañar los propios intereses electorales de su partido en el País Vasco con tal de mantenerse en La Moncloa.

Las elecciones se celebrarán previsiblemente entre la primavera y el verano de este 2020 y el PNV no quiere que se demore más un traspaso que le permitirá excarcelar a los presos etarras por medio de una aplicación arbitraria, política y acelerada de beneficios penitenciarios.
Mientras el PSOE ya ha acordado ya con PNV, Bildu y Podemos impedir un endurecimiento del control de los homenajes a etarras, tal y como ha plasmado oficialmente en el Ayuntamiento de Bilbao, el nacionalismo vasco no cesa en sus reivindicaciones, sabedor de que está ante una oportunidad histórica de alcanzar sus viejos objetivos. Nunca un presidente del Gobierno de España vendió más barata la dignidad nacional.

El PSOE-PSE ya ha respaldado incluso oficialmente la cesión de la competencia de prisiones ante la exigencia de Bildu y PNV y acepta el traslado de los presos etarras desde el resto de cárceles españoles con destino a las cárceles del País Vasco. No hacen falta más pruebas para constatar que la única estrategia de Pedro Sánchez es la de ceder en todo para seguir ostentando el poder, algo de lo que son muy conscientes las formaciones que le brindaron su apoyo, directo o indirecto, en la sesión de investidura. Golpistas, independentistas y proetarras tienen claro que no pueden desaprovechar la ocasión. Enfrente no tienen a un presidente del Gobierno de España, sino a un personaje que ha convertido a España y a los españoles en moneda de cambio.

De Cataluña a Extremadura
Pablo Sebastián republica  29 Enero 2020

El presidente de la Comunidad de Extremadura Guillermo Fernández Vara se ha olvidado de España callando como un muerto ante las concesiones de su líder y presidente Pedro Sánchez a delincuentes políticos catalanes, como el tal Quim Torra, condenado e inhabilitado, al que Sánchez visitará el día 6 de febrero en Barcelona y, probablemente, en la Generalitat.

Fernández Vara es incapaz de llevar el AVE (o un tren que no se rompa) y algo de industria o tecnología a Extremadura. Mientras, su región no cesa de perder empleos y alcanza el mayor índice de paro (23,48 %) de España, con la pérdida de más de 20.000 empleos en el último trimestre de 2019. Y entre otras cosas por el impacto de la subida del SMI en el ámbito rural, lo que sin duda irá a más y a peor.

Ahora que el Gobierno piensa rebajar las penas del delito de rebelión para soltar al delincuente y chulo Junqueras (su intervención de perdonavidas de ayer el Parlament fue repugnante) de la cárcel/residencia de Lledoners, Vara podría declarar la independencia de Extremadura, o pedir su federación con Portugal, o con Andalucía para reforzar los intereses del siempre marginado Sur de España.

O amenazar a Sánchez con el voto en contra de los diputados extremeños en el Congreso como lo han hecho las minorías de Teruel y Cantabria (que tendrá AVE antes que Extremadura). O como lo hacen el PNV, Bildu y ERC mientras pasan el cazo por La Moncloa al ritmo del tango Cambalache: ‘el que no llora no mamá, y el que no afana es un gil’.

Pero Fernández Vara, el otrora político de empaque y razonable, se allanó ante su amo de La Moncloa, como otros de sus compañeros gobernantes del PSOE y ha abandonado el constitucionalismo en pos del sanchismo soberanista. Y participa en el coro del silencio -‘la izquierdita cobarde’- de dirigentes socialistas, entre los que apenas se escuchan los lamentos del Sancho Panza Emiliano García Page, que tampoco pasan de ahí.

Sánchez viajará en su Falcón a Barcelona a primeros de febrero porque teme que Torra adelante las elecciones catalanas y que ello le estropee su estratégico plan para conseguir los Presupuestos de 2020. Porque, en el pacto de investidura del PSOE con ERC, Sánchez se comprometió -en su apartado secreto- a que Junqueras podría participar en las elecciones de Cataluña.

Pero si Torra adelanta los comicios al mes de marzo o de abril, a Sánchez no le quedará más remedio que conceder inmediatamente los indultos a los golpistas catalanes, con gran estruendo nacional y alto revuelo en el PSOE para que Junqueras sea candidato a la presidencia de la Generalitat.

Sobre todo porque la anunciada reforma del Código Penal sería muy larga y compleja y porque en Moncloa se habían olvidado y lo acaban de descubrir que los jefes de los presos sediciosos catalanes están condenados por el delito de sedición y también por el delito de malversación que incluye penas de prisión e inhabilitación.

O sea, Sánchez se va de cabeza a Barcelona a implorar al inhabilitado Quim Torra que no adelante los comicios catalanes, mientras prepara los indulto de Junqueras y su banda, mientras Guillermo Fernández Vara se relaja en su residencia de Mérida contemplando el manso paso del Guadiana y tocando con parsimonia el violón.

Evidentísimo pacto oculto
No hay que ser Holmes para deducir lo acordado por Sánchez y Junqueras
Luis Ventoso ABC 29 Enero 2020

Asistimos a hechos prodigiosos en la esotérica relación entre el Gobierno de España y las fuerzas pro sediciosas catalanas que laboran para quebrarla. Recién inhabilitado Torra por el Supremo, Sánchez anuncia que la próxima semana visitará en Barcelona al dirigente xenófobo, al que hace un mes le colgaba el teléfono y que ya está de salida (un encuentro que desautoriza de facto al más alto tribunal español). En paralelo, en el ocurrente circo Monty Python -en el Parlament del «seny»- hemos visto a varios presos sediciosos, condenados a importantes penas, recibidos como héroes para ofrecer mítines pro golpe en la cámara donde fraguaron sus delitos (Junqueras anunció sin ambages que en cuanto pueda repetirá el levantamiento de 2017). Ni un reproche o advertencia del Gobierno, atareadísimo en la vigilancia de cada chorrada inane de los abascalianos. Y es que sin el plácet de Junqueras no hay Moncloa para Pedro y Begoña.

El mundo al revés del sanchismo, untuoso con los separatistas y colérico con los constitucionalistas leales a España, lógicamente irrita a la mayoría silenciosa, incluidos muchos votantes socialistas. Pero la nave avanza, empujada por el pacto secreto Sánchez-Junqueras y camuflada por un aparato de propaganda del PSOE que aspira a liquidar el principio de verdad objetiva. No hay que ser Sherlock Holmes para deducir el guión que han escrito Iceta e Illa, la gente espabilada del PSC: Junqueras sostiene a Sánchez en La Moncloa y a cambio el sanchismo se compromete a sacarlo de la cárcel y facilitarle la llave de la Generalitat. Indultarlo resultaba inviable, pues se trata de un delincuente obsesivo que enfatiza su intención de reincidir. Pero ya se ha encontrado el atajo: retorcer el Código Penal para suavizar a la carta el delito de sedición y liberarlo. El líder de la insurrección antiespañola de 2017 volvería a la política por la puerta grande para dirigir tras las próximas autonómicas el nuevo Gobierno tripartito catalán: ERC-PSC-Comunes.

Hace solo cuatro meses que Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. La respuesta del separatismo fue, literalmente, incendiar las calles. Hoy la justicia española inhabilita a Torra y apenas arden cuatro contenedores. Resulta evidente que la violencia callejera está teledirigida desde la cúpula separatista de despacho y traje, que modula el frente borroka según va el pulso con Madrid. Ahora toca bajarles el volumen a los CDR y los Tsunamis, porque Sánchez es una bicoca: el primer presidente de España capaz de mercadear con la unidad nacional a cambio de aguantar en su poltrona. En realidad la etapa de Felipe González fue un raro oasis y el PSOE vuelve a su ser. En su congreso de 1976 todavía defendía «la República federal de trabajadores» con «una Constitución que garantice el derecho de autodeterminación». Tal vez Sánchez no esté haciendo más que recuperar la verdadera alma de su partido, históricamente siempre más cercano a los nacionalismos centrífugos que a lo que llamaba con desprecio «la oligarquía centralizadora».

Gracias a los abascalianos, España puede ser arreglada
Nota del Editor 29 Enero 2020

No hay que demostrar nada, Vox es la solución. Atacar a Vox es una irresponsabilidad, una traición a España.

Buscaban un baño de sangre
Pablo Planas Libertad Digital 29 Enero 2020

El 155 debería estar vigente en Cataluña. No hay más que ver Plenos como el del pasado lunes, con Quim Torra agarrado al escaño como un percebe, o la sesión con la presencia de los golpistas presos de este martes, para llegar a esa conclusión. Cuando parece que no se puede caer más bajo, los políticos independentistas se las arreglan para lograrlo con creces. El espectáculo de los reos en la Cámara pasará a los anales de la ignominia parlamentaria catalana.

Seis condenados por sedición fueron recibidos con vítores y aplausos, jaleados y agasajados mientras los diputados de la oposición y del PSC se abstenían de plantar cara y ofrecer una mínima resistencia. La dirigente de Ciudadanos Lorena Roldán se atrevió a replicar la primera intervención de Junqueras, pero acto seguido abandonó la comisión de investigación dedicada precisamente al 155, dejando el terreno libre a los golpistas. Tienen razón los presos cuando afirman que no se atreven a mirarles a la cara. Hay miedo, mucho miedo, de ahí la importancia de actitudes valerosas como la del secretario general del Parlament al iniciar los trámites para retirar el acta de diputado a Torra.

La intervención del preso Jordi Turull resultó particularmente inquietante, y no porque llamara "cobardes" y "maleducados" a los diputados de Ciudadanos, lo cual no tiene la más mínima importancia, viniendo de un delincuente golpista y totalitario, sino porque el exportavoz del Ejecutivo del fugado Puigdemont pretendió dar lecciones de "humanidad".

Humanidad, sí. Y da la casualidad de que este miércoles comparecía en la Audiencia Nacional el comisario de los Mossos Ferran López en calidad de testigo en el juicio que se sigue contra su jefe operativo, Trapero, y sus mandos políticos. López era el segundo de Trapero cuando el golpe y fue nombrado jefe de los Mossos con el 155, cargo del que fue cesado por Torra y el actual consejero de Interior, un exportero de discoteca. A preguntas del fiscal, el hombre ha explicado un revelador pasaje de la reunión que tuvieron los mandos de los Mossos con Puigdemont, el beato Junqueras y el entonces consejero de la porra Forn. Tras alertar del alto riesgo de violencia, Trapero dijo que esperaba no tener que lamentar ninguna desgracia irreparable. Lejos de sorprenderse, alarmarse o preocuparse, Puigdemont contestó que en ese caso proclamaría la independencia, mientras Junqueras y Forn permanecían tranquilamente en silencio. Tremenda humanidad.

Así es que esos individuos que el martes se pavoneaban en el Parlament, presumiendo de educación, tolerancia y humanidad, reprochando a la oposición que no se atreviera a mirarles a la cara y dando lecciones de piedad y misericordia como auténticos mártires decidieron no suspender el referéndum a pesar de que se les alertó de que aquello podía acabar muy mal, con grupos de ciudadanos enfrentándose por las calles.

La eficaz y contenida actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional evitó el baño de sangre. Los separatistas cuentan los cuatro porrazos de las fuerzas del orden y la ley como si aquello hubiera sido una masacre, pero en el parte de bajas sólo hubo que lamentar la pérdida de un ojo. Atendiendo al tremebundo carácter de los relatos independentistas sobre aquellos días de otoño del 17, que no hubiera muertos fue un auténtico milagro y una verdadera pena para los que esperaban la oportunidad de declarar la independencia.

Y aunque parezca un contrasentido, esa gente de la cárcel es la que gobierna Cataluña e influye más que nadie en el Gobierno de España.

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