AGLI Recortes de Prensa   Jueves 30  Enero  2020

Casado y Abascal de acuerdo: sí al «España Suma»
Carlos Dávila okdiario 30 Enero 2020

Las apariencias engañan casi siempre. Ahora mismo, al día de hoy, las relaciones entre el Partido Popular y Vox parecen inexistentes o rotas, como se prefiera. Los síntomas públicos no son buenos: discrepancias en los gobiernos autonómicos, declaraciones confrontadas, nulo apoyo de unos hacia otros en cuestiones incluso baladíes… nada parece encaminarse hacia el entendimiento. Pues bien, lo dicho: las apariencias engañan. La noticia es ésta: son pocas las personas, pero muy importantes, las que están haciendo de mediadores entre Pablo Casado y Santiago Abascal, y no porque ambos precisen de intermediarios para comunicarse; no, el papel de este mínimo grupo, que no actúa todavía como tal, es lograr un acuerdo lo más rápido posible. A uno de los interlocutores de los dos líderes políticos, le preguntaba este mismo martes el cronista: «¿Están de acuerdo los dos en que el centro derecha debe reunificarse cuanto antes?» La repuesta era inequívoca: «Sí». Estas personas referidas tienen muy en cuenta la historia de las confluencias del centro derecha desde la Transición hasta la fecha. Una de ellas recuerda que, tras la victoria del PSOE en 1982, a los partidos situados en este espectro ideológico, les costó la friolera de catorce años llegar a una fusión dentro del Partido Popular. Nada menos.

Pero ahora no hay tiempo porque lo que se está jugando en tablero nacional no son pactos ocasionales de gobierno sino un cambio de régimen. José María Aznar está interviniendo a su manera en este asunto y amaga con «ir hablando cada vez más», pero no es está actuando en el papel de las personas mencionadas. Estas confluyen en que un posible acuerdo de entrada no puede esperar catorce años, ni siquiera catorce meses, porque la situación delicada de la España constitucional no admite plazos tan amplios. El consenso tiene que afectar a las perspectivas electorales de los tres partidos, aunque, según uno de los informantes de este cronista, con una excepción: Galicia. «Allí -indican- Alberto Núñez Feijóo está muy fuerte y no quiere disimular las siglas del PP». En efecto, no quiere. Las últimas encuestas le siguen otorgando mayoría absoluta y aún quedan diez meses para que el presidente regional, asiente incluso más sus opciones porque él, aparte de ser un buen ejecutivo, es un estupendo candidato.

Pero en el resto de España sí. La firma conjunta «España Suma» tiene que suplir a las parciales de cada uno. Y en eso, si las noticias son correctas, que lo son dado el crédito que destilan los informantes, empiezan a estar de acuerdo Casado y Abascal. Sin embargo, hay que advertirlo, cuentan en sus respectivos equipos con personajes que detestan la sola mención de esta posibilidad. Algo muy parecido a lo que ocurre en Ciudadanos donde, según la impresión generalizada, Inés Arrimadas es la más proclive al entendimiento. No así el dúo de Madrid, Begoña Villacís-Ignacio Aguado, en permanente tentación de meter un dedo en el ojo a sus jefes, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. Pero Ciudadanos ya ha apostado por un acuerdo en Cataluña donde la última encuesta del CIS regional le aventa un descalabro descomunal: de 38 a 14 escaños, un resultado que hasta puede ser peor si Ciudadanos concurre en solitario a las urnas.

Es cierto que todo lo que aquí se narra está sujeto a variaciones de todo tipo, entre otras cosas porque la estrategia de «refusión» es tan delicada que puede saltar por los aires en cualquier momento. Existen las resistencias internas ya descritas, y las exógenas que derivan exactamente de la fábrica barrenera de la Moncloa que ya ha ordenado a todas sus terminales mediáticas que laminen cualquier posibilidad de acercamiento entre los tres partidos del centro derecha español. Pero la posibilidad -esto hay que afirmarlo con toda rotundidad- existe, harán falta muchos kilos de generosidad por todas las partes y, sobre todo, un objetivo final: expulsar del poder a un individuo que está destrozando el régimen del 78 para convertir a España en un predio en el que ya pastan él y sus compinches y los comunistas de Pablo Iglesias, amparados todos por el secesionismo más aprovechado y el filoterrorismo encapuchado de legalidad. Si el centro derecho no abjura de todos los egoísmos para perseguir este fin, sucederá, como finaliza uno de los interlocutores, que «España quedará muerta».

Inaplazable unidad constitucionalista
Editorial ABC 30 Enero 2020

Los partidos constitucionalistas tienen una cita histórica en las elecciones que a corto plazo va a convocar Joaquim Torra en Cataluña. La victoria de Ciudadanos en los comicios autonómicos de 2017, aunque insuficiente para un cambio de gobierno, demostró que la sociedad catalana no es el bloque monolítico que pretende crear el separatismo, con el asentimiento oportunista de los socialistas de Iceta. Hay una Cataluña que quiere una voz que hable por ella con el discurso de la unidad con España, la vigencia de la Constitución, la igualdad ante las leyes y la convivencia democrática. La fragmentación del voto constitucionalista de centro-derecha ya ha acreditado ser una baza para la izquierda y el nacionalismo. No es razonable que PP y Ciudadanos incurran en el error de mantener su división ante las citas electorales autonómicas que se avecinan en Cataluña y País Vasco.

En ambas comunidades concurren las circunstancias excepcionales a las que tanto aluden ambos partidos cuando quieren describir el panorama creado por los nacionalistas y sus pactos con el PSOE. Es hora de poner en práctica esos diagnósticos con tratamientos adecuados, empezando por la presentación de candidaturas conjuntas que aprovechen hasta el último voto constitucionalista. En las pasadas generales, la suma de votos de PP, Ciudadanos y Vox habría creado una tercera fuerza política, por detrás, y a escasos miles de votos, del PSC, que obtuvo doce diputados. En Navarra, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos ganó las elecciones forales y las generales. Sólo la deslealtad inverosímil de los socialistas navarros impidió un gobierno netamente foralista y constitucionalista. No tiene sentido alguno una dispersión del voto entre quienes coinciden en las cuestiones de las que depende la estabilidad constitucional en España.

El PP resta
Nota del Editor 30 Enero 2020

El PSOE salta de alegría cuando los desmemoriados propugnan el ingreso del PP en la UVI: podrán seguir mangoneando España al menos durante otros cuarenta años, seguros de que nada va a cambiar aunque lo parezca. Han transcurrido cuarenta años y muchos españoles siguen repitiendo los mismos errores, piensan que algo puede cambiar y se olvidan de que nada ha cambiado, todo empeora.

El PP no ha sido un partido constitucionalista, ha sido un partido destructor de España al haber traicionado todos los principios éticos, humanos y constitucionales. Mentiroso, traidor, inepto y el tal Núñez en Galicia. El PP debe aconsejar a sus creyentes que voten a Vox y seguidamente hacerse el harakiri.

Psicología del pueblo español
Agapito Maestre Libertad Digital 30 Enero 2020

Todo es real en la vida política española. Más de seis millones y medios de españoles votaron a Sánchez. Sabían bien quién era el personaje. Tuvieron ocasión de estudiarlo durante más de un año como presidente del Gobierno en funciones. Sus votantes experimentaron en carne propia que mantenía hoy una cosa y mañana la contraria, que despreciaba un día a Iglesias pero al otro formaba Gobierno con él… Todo es real. Nada es ficción. Sucede en la España de 2020. Millones de individuos han votado a Sánchez y no sienten vergüenza de su acto. Al contrario, están orgullosos de su hazaña y odian a quien critique a su ídolo. He ahí a las nuevas generaciones de españoles que darían media vida, algunos hasta la vida entera, por que Sánchez fuera reconocido como un gran estadista. Es el caso del muchachote de Calzada de Calatrava, cineasta de mucho postín, quien ha puesto toda su sabiduría y sensibilidad al servicio del gran timonel de la patria española. El muchachote de la capital del Pegamento Imedio, en la cosa de los Goya, demostró ser un representante extraordinario de esa parte del valiente pueblo español que tanto gusta de las cadenas. Sí, el muchachote de los mil goyas es el fiel continuador de una historia lamentable de un populacho que sacrifica la libertad y el arte por llenar la panza.

Pero esto no es cine de impostura sino realidad, o sea, Sánchez es presidente del Gobierno e Iglesias su vicepresidente. Eso es tan real como la depresión que atraviesa la mayoría decente, o sea ciudadana, de españoles ante el espectáculo ofrecido por el Gobierno con una indeseable internacional. Y es que también son reales los vínculos del PSOE y Podemos con el régimen tiránico de Venezuela, incluso los periódicos y los medios de comunicación del Gobierno, o sea casi todos, publican que un miembro del Gobierno, Ábalos, se entrevistó con la indeseable Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela… Claro que esto traerá consecuencias trágicas para los españoles. No es solo una cuestión de cortesía de un Gobierno, sino que se trata del incumplimiento flagrante de un país, España, de las sanciones decretadas por la Unión Europea.

Quizá la determinación de un hombre puede conseguir todo lo que se proponga. Quizá Pedro Sánchez consiga que una mayoría de españoles se arrodille a sus pies, y seguramente conseguirá que los impostores, los pedigüeños y los esclavos del régimen que haya en cada momento le sirvan con la misma diligencia e indignidad que lo hicieron los fabricantes de malas imposturas el sábado pasado en Málaga. Es una constante de nuestra historia. Es uno de los vicios más apreciados de una parte del pueblo español: arrastrarse cobardemente ante el poderoso. Cobardía e impostura es todo para quienes no quieren reconocer la realidad de una enfermedad mortal para el desarrollo normal de un país. Esa enfermedad no es social y económica. Es una enfermedad moral. Es una profunda y verdadera discordia en el alma de cada español que ha votado por alguien que, sin duda alguna, le quitará las ganas de volver a votar otra vez. El presente es un horror y el futuro un desierto. Quien no se sienta desanimado con este Gobierno, digámoslo brevemente, o es que no tiene corazón o es un imbécil.

El desastre en el empleo es consecuencia de la demagogia económica del Gobierno
EDITORIAL ESdiario_com 30 Enero 2020

El SMI ya ha disparado el paro en Extremadura, mientras Madrid genera el 85% del empleo de toda España. La conclusión es obvia: el PSOE vuelve a crear desempleo.

Extremadura ha cerrado el año con la destrucción de 20.000 puestos de trabajo, una cifra horrible que las propias autoridades autonómicas, del mismo color que Pedro Sánchez, han reconocido entre lamentos. No es un caso excepcional, sino el clímax de un inquietante panorama general para el trabajo en España.

2019 terminó con la creación de algo más de 400.000 puestos de trabajo, con un crecimiento levemente superior al 2%, la peor cifra desde 2013: en 2018 se lograron generar, en números redondos, 163.000 empleos más que en el primer año gobernado al completo por el PSOE.

Y en ese panorama general tétrico, el caso extremeño alcanza la categoría de dramático: la destrucción de empleo ha sido allí de 20.000 puestos, lo que coloca en el desempleo a casi uno de cada cuatro vecinos de esa Comunidad, presidida por el también socialista Guillermo Fernández Vara.

Que ha sido quien, con la valentía que le faltó para oponerse al pacto de su partido con Podemos y el independentismo, se ha quejado en voz alta de los efectos perniciosos de subir el Salario Mínimo Interprofesional, una de las medidas estrella del pacto entre PSOE y Podemos.

Provocar despidos
Y lo ha hecho desde una lógica aplastante: su puesta en marcha tal vez haya mejorado la retribución de unos, pero ha sido a costa del despido de otros. La razón es bien sencilla. Por mucho que se empeñe cualquier Gobierno, los incrementos de los salarios deben ir precedidos de la mejoras de los ingresos, la productividad y los beneficios de las empresas.

Si no se cumple ese requisito, la imposición solo provoca que los costes salariales se repartan entre menos personas. Y no es por cicatería de la empresa tipo de España, bien alejada del tópico que cierta izquierda presenta, convirtiéndolas a todas en miembros del IBEX35.

Al contrario, hablamos de pymes, empresas familiares y comercios, responsables del 70% del empleo y de los ingresos del Estado; ya asfixiadas por una insoportable carga fiscal, una baja capacidad de exportación y una dificultad extrtema para acceder al crédito.

El ejemplo de Madrid
La prueba de que la economía funciona mejor con una fiscalidad baja y sin la injerencia de los gobiernos la ofrece, en la misma EPA que Extremadura, la Comunidad de Madrid.

Allí, con unas reglas más liberales y menos intervencionistas, se ha creado el 85% del empleo total de España en el último trimestre y la tasa de paro ha bajo a niveles de 2008, con el 13.78%. Con estas evidencias, ¿qué tienen que celebrar el Gobierno y sus políticas, válidas para los titulares pero inútiles en el mundo real?

Fraude de ley para enchufar a amiguetes
OKDIARIO 30 Enero 2020

Según la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de 1997, norma que puso en marcha Mariano Rajoy en su etapa de ministro de Administraciones Públicas, los directores generales serán nombrados, a propuesta del titular del correspondiente departamento, «entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente».

La ley contempla ciertas salvedades, justificadas siempre por «las características específicas de las funciones» de la correspondiente dirección general. Tienen que estar motivadas y con la premisa de que no haya ningún funcionario en todas las Administraciones del Estado que pueda llevar a cabo el cometido de esa dirección general. Pues bien: el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha nombrado a 23 directores generales que no cumplen el requisito de ser funcionarios del Estado, una cifra sin precedentes que supone todo un fraude de ley, lo que podría llevar a la Federación de Asociaciones de de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) a recurrir dichos nombramientos ante los tribunales.

FEDECA ha expresado su malestar por «la profusión en la utilización de estas excepciones que puede suponer la demostración de verdadera falta de interés de la clase política para construir un modelo de función pública profesional e independiente de indebidas injerencias políticas». La excepción afecta, por ejemplo, a la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que seguirá en manos de José Félix Tezanos, o a la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). También, entre otros, a los titulares de las direcciones generales integradas en la Agenda 2030, que gestiona Podemos, como la de Derechos de los Animales, la de Migraciones, la de Inclusión y Atención Humanitaria, la de Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, la de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI o la de Consumo.

Estamos ante una actitud absolutamente fraudulenta del Gobierno socialcomunista, porque los argumentos que utiliza para orillar la ley son absolutamente inaceptables. Es tanto como asegurar que entre los miles de funcionarios con grado de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente que hay en España y que obtuvieron su puesto por oposición, no había ninguno capacitado para dirigir las direcciones generales que se han repartido entre un grupo de ‘amiguetes’.

La llave de Caracas
El dinero deja pistas. Siempre. La pista más negra de la política española se pierde en Venezuela
Gabriel Albiac ABC 30 Enero 2020

Vivimos la descomposición de un régimen. No es valoración; es dato. Una región desafía a la nación y nada pasa. Mientras, en el Estado, gentes turbias se enriquecen. Muere un mundo, muere un sistema político. Todo se pudre.

Todo se pudre. No hay un gobierno. Hay dos. Ni siquiera ha jugado nadie a ocultarlo. Desde su formación, Sánchez e Iglesias explicitaron que cada uno de los dos hemisferios del ejecutivo quedaría, en exclusiva, bajo el poder de uno de los dos partidos; lo cual vale decir bajo la decisión personal de cada uno de sus dos líderes. Los ministerios de Podemos renunciaban a hacer pública disconformidad alguna con las actuaciones de los ministerios cuyo lote había correspondido al PSOE. Y a la inversa. Se podrá eludir el peso de la realidad a golpe de eufemismos y de televisores. Pero la realidad es testaruda y acaba siempre por imponerse a las palabras en las actuaciones políticas: no hay un gobierno, hay dos. Con dos presidentes al frente. Uno mayoritario: Sánchez. Otro que, en su minoría, es absolutamente necesario para la supervivencia parlamentaria del primero: Iglesias. En política no es lo esencial quién tiene la mayoría, sino quien dispone de los medios para privarle de ella. Basta un gesto del delirante grupo que dirige Iglesias, para que el PSOE cierre su siglo y pico de existencia, naufragando en la nada. Y no precisamente del modo más elegante.

¿Hay un interés común entre esos dos gobiernos que se disputan el futuro monopolio del Estado y que están llamados a asesinarse entre sí cuando llegue el momento propicio? Lo hay. En política, no hay afectos. Hay matrimonio de interés: sólo el sólido el pilar del dinero estabiliza.

Pero, ¿hay un interés común entre Sánchez e Iglesias? Sí: Venezuela. Y, si la violación de leyes europeas que el viaje de Delcy Rodríguez consumaba, al sobrevolar el espacio aéreo español y aterrizar en Madrid, fue tolerado; y, si la atención de un vicepresidente le fue concedida; y, si pudo luego atravesar el aeropuerto y volar con destino a Doha…, sólo a ese interés común hay que atribuirlo. Un patrón impone condiciones a sus empleados: agradables o incómodas. El que paga manda. ¿Qué derecho de propiedad podía exhibir la señora Rodríguez ante sus interlocutores españoles? ¿Nóminas? ¿Libros de cuentas?

Las de Podemos son las más sencillas. En Venezuela, un grupo de avispados penenes españoles fue transubstanciado en partido político. Eran los tiempos en los que, Chaves -luego sería Maduro- clamaba hacer pagar a España el escaso respeto hacia su dictadura. Los penenes fueron lanzados al asalto. Nadie sabe, hasta hoy, cómo pudo financiarse eso. Nadie, salvo quienes lo hicieron. Delcy Rodríguez, seguro que no lo ignora.

Pero las nóminas y libros de cuentas venezolanos no son, para el PSOE, de menor envergadura. Alguno quizá recuerde cómo, en tiempos de Bono, los Estados Unidos hubieron de intervenir para que el ministro español no vendiese tecnología militar norteamericana al narcoejército de Venezuela. Y muchos, muchísimos, seguro que recuerdan el ir y venir de ese curioso personaje al cual Delcy Rodríguez bautizó como «mi príncipe». ¿Qué ha estado haciendo Zapatero en Venezuela durante estos años? ¿Política o negocios? ¿En beneficio de quién? ¿De personas, de empresas, de partidos...?

El dinero deja pistas. Siempre. La pista más negra de la política española se pierde en Venezuela. Puede que Delcy Rodríguez trajera ciertas carpetas. Bajo llave. Desde Caracas. En su avión. Todo se pudre.

Gobierno “progresista” vs. Constitución de 1978
​Mientras tanto no hemos escuchado a ningún ministro o portavoz del Gobierno dar una explicación creíble respecto al encuentro de Sánchez con el señor Jorge Soros ni tampoco
Miguel Massanet diariosigloxxi 30 Enero 2020

Sólo un ciego podría dejar de ver lo que está sucediendo en este país, el punto de degradación de la sociedad española al que hemos llegado, la amenaza de una involución política, cultural y económica que puede llegar a acabar con la Constitución, ésta que el pueblo se dio para regir sus destinos, salvaguardar los derechos individuales de los ciudadanos, garantizar la seguridad jurídica de las operaciones mercantiles, defender el derecho de propiedad, mantener la división de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y evitar que los intereses partidistas, los intentos separatistas de algunos sectores de la población o la irrupción de doctrinas de tipo igualitario, totalitario, sectarias y revolucionarias procedentes de otros países, con la evidente intención desestabilizadora a la que nos tienen acostumbrados aquellos regímenes que mamaron de la visión revanchista y dictatorial del antiguo bolchevismo revolucionario ruso, que tanto daño han causado a la humanidad y que muchos pensaron que con, el llamado fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas mediante el acuerdo internacional firmado el 8 de diciembre de 1991 por los presidentes de la RSFS de Rusia, RSS de Ucrania y RSS de Bielorrusia (Borís Yeltsin, Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkiévich, respectivamente), se llegó a la disolución del Estado socialista más grande del mundo, un hecho que también supuso el fin de la Guerra Fría; el mundo se habría librado de semejante sistema dictatorial e intervencionista que causó la desgracia, la pobreza, la opresión, la muerte y el desastre económico de todas las naciones que intentaron implantar semejante régimen de gobierno.

Las noticias que se van conociendo de las primeras actuaciones del nuevo gobierno de coalición de socialistas y comunistas no hacen sino confirmar los negros presentimientos con los que acogimos la llegada de Pedro Iglesias y su equipo de gobierno al poder. Lo que, de momento, resulta más espectacular y preocupante es el hecho de que el señor Sánchez ha demostrado estar dispuesto a pasar como una apisonadora por encima de todas las leyes que estime que puedan representar un obstáculo para su permanencia el frente del ejecutivo. Primero anuncian que tienen intención de revisar el CP para modificar o suprimir el gravísimo delito de “secesión”. Casualmente es uno de los delitos, el más grave, por el que han sido condenados, por el TS, la mayoría de los separatistas que hoy cumplen condena en la cárcel. Por mucho que la ministra Montero intente pretender enseñarnos leyes a los españoles, nadie se va a tragar que este delito que, hacía años infinitos que no se tenía necesidad de ser juzgado, ahora, de pronto, los políticos de izquierdas se han dado cuenta de que es “urgentísimo” revisarlo. Resulta, hasta pueril, el bajo concepto que tienen desde el Gobierno del grado de inteligencia de los españoles.

La nueva ministra de Trabajo, la señora Yolanda Díaz, tampoco hay que tomársela a broma, porque lleva unida a su personalidad política la divisa morada de la cabaña de Podemos, algo que, de por sí, nos lleva a dudar de que sea capaz de ser objetiva en su misión de compaginar los derechos de los trabajadores con los de los empresarios. Una persona capaz de tachar a los empresarios de “una apisonadora de derechos” ya nos pone sobre la pista de cuáles van a ser sus actuaciones y en quienes va a poner en constante vigilancia para no dejar pasar la menor falta. Por de pronto, ya se conoce que va a darle mucho más poder a la Inspección de Trabajo, algo que puede llegar a convertirse, si se abusa de dicho poder, en un medio de chantajear al empresariado, teniendo en cuenta que tienen previsto modificar la “reforma laboral” dándoles más poder a los sindicatos ( una de las ventajas de la reforma que disminuía el poder de la UGT y CC.OO en la marcha de las empresas) y una de las medidas más absurdas que se puedan tomar por cuanto perjudican gravemente a empresas de un sector que se encuentran en peores condiciones que las otras; consistente en que, los convenios sectoriales, siempre serán los que deban aplicarse por encima de los particulares de cada empresa del ramo.

Para tener compañía en la tarea de machacar a los empresarios, se ha hecho acompañar de un señor, afecto a Podemos, un profesor universitario Joaquín Pérez Rey que ha sido nombrado Secretario de Estado de Trabajo y que mantienen estrechas relaciones con los sindicatos de trabajadores. Siempre ha sido especialmente duro con la reforma laboral del PP lo que nos anuncia posibles problemas con la UE que fue, si quieren recordarlo, la que nos impuso dicha reforma para concedernos ciertas ayudas para evitar la caída de nuestra banca.

Pero el gran rifirrafe está centrado, sin duda, en el comportamiento sumiso, tolerante, pasivo, prevaricador e intolerable desde el punto de vista moral y ético, del actual Gobierno, al permitir que unos presos condenados por graves delitos de secesión, malversación de caudales públicos y desobediencia, a los que se ha permitido salir de la cárcel, sin el traje de rayas, para declarar ante una de esta comisiones que no debieran existir debido a que, lo único que se propone, es intentar deslegitimar la aplicación, en Cataluña, del Artº 155 de la Constitución; cuando, en realidad, lo que debiera de juzgarse sería el por qué no se mantuvo durante más tiempo y se permitió que aquellos, que intentaron la separación de la comunidad catalana de España, pudieran seguir maquinando en contra de la unidad de la nación española; hayan aprovechado su presencia ante la indicada comisión para explayarse a su gusto, demostrar que siguen dispuesto a luchar frente a España, para conseguir sus propósitos independentistas, tan pronto como tengan ocasión de intentarlo de nuevo.

¿Dónde está el arrepentimiento que es preciso para conseguir el tercer grado?, ¿dónde, señores, van a encontrar la justificación necesaria, los socialistas, para que se favorezca a estos reos para que consigan los beneficios penitenciarios que contemplan las leyes?, ¿Tendrán la cara dura de amnistiarlos o indultarlos ante la evidencia de que, todos ellos, no tienen otra idea en mente que seguir maquinando maldades para conseguir sus espurios objetivos? No está de más que mencionemos la opinión de un histórico columnista del Washington Post, el señor George F. Will, que en un artículo titulado “Secesionistas catalanes sirven una sopa de ficción y paranoia” pone a caldo a toda esta pandilla de traidores a la patria. En dicho reportaje califica a los catalanes secesionistas de “demagogos” que “quieren destruir la nación” y de “traficantes de resentimientos populistas que avivan los sentimientos de victimización” Un buen repaso al frentismo del señor Junqueras, a cargo de un columnista que conoce a fondo el problema catalán. Lincoln se preguntaba, en uno de sus discursos, si “un contrato puede ser pacíficamente deshecho por menos de todas las partes que lo hicieron”. Una idea interesante para los juristas catalanes defensores del proceso separatista. Y es que es evidente, como afirma el Washington Post, que “Cataluña nunca fue una parte soberana contratante”, ¡quizá debieran consultar, sobre este tema, al señor Groucho Marx!

Y para terminar este comentario, debiéramos recomendar a la ministra portavoz del Gobierno que se atempere, se tranquilice y se tome la molestia de pensar antes de mentir. Ya que está dispuesta a ello que se tome el tiempo necesario para que, sus mentiras y disparates, tengan una cierta cohesión y sus ruedas de prensa, dejen de convertirse en un verdadero galimatías que no tienen por dónde cogerse. Mal, muy mal el elenco femenino de feministas, comandado por la señora Calvo, también experta en no dar ni una en el blanco; mucho nos tememos que, en este caso, agradeceríamos que, ya que, por lo visto hay paridad de mentirosos dentro del gabinete gubernamental, que se le diera una oportunidad a alguna persona que, ya que es imposible que no mienta, al menos que lo haga con más estilo y menos despotismo. Sería de agradecer.

Mientras tanto no hemos escuchado a ningún ministro o portavoz del Gobierno dar una explicación creíble respecto al encuentro de Sánchez con el señor Jorge Soros ni tampoco ¿cómo es posible que todos los medios, la policía, los funcionarios del aeropuerto madrileño vieran a la señora Delcy Rodríguez circular por el aeropuerto y, el señor Ábalos, que fue expresamente para impedir que la policía la detuviera, no la vio, no la quiso ver o le ordenaron que sólo hablase con un holograma de la mentada dama. Quizá le ocurrió al señor Ábalos algo parecido a lo que le sucedió a Ebenezer Scrooge, del cuento de Dickens, y se le presentara un fantasma que, una vez mantenida la entrevista de 25 minutos con él, se esfumó en el aire para tomar el otro avión que la esperaba, sin pisar suelo español.

O así es como, señores, desde la óptica de un simple ciudadano de a pie, vemos cómo, mientras vamos pasando de disgusto en disgusto a la vista del poco respeto por la justicia, por las leyes y por la Constitución de estos arribistas que han conseguido hacerse con el Gobierno; vemos con ojos como platos a causa del asombro, cómo estas ministras feministas que estuvieron criticando agriamente al gobierno de Rajoy por no saber evitar el cúmulo de muertes entre mujeres, causadas presuntamente por hombres machistas; no han mencionado para nada la muerte escalofriante de esta niña de 5 años y de su abuela en manos, presuntamente, de la madre. ¿Esta es la igualdad que reclaman: silenciar los crímenes cometidos por mujeres para cargar las tintas en los que cometen los hombres? Pero todavía hay algo que nos preocupa más y es que, en lo que llevamos del mes de enero, bajo el gobierno (que, por cierto, ya gobernó durante el pasado año) de coalición y con los ministerios implicados en evitar esta lacra, ya son siete los casos de mujeres presuntamente asesinadas por sus compañeros ¿en qué se nota la mejora respecto a gobiernos anteriores? Si siguiéramos con esta macabra tendencia llegaríamos a final de año con más de 80 crímenes de género. Ya deben espabilar porque, si fracasan, no tendrán a quien darle la culpa y, por cierto… no sólo en este tema. Que en la gloriosa jornada/ iba firme la pisada/ al redoble del tambor.

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Fracaso del «procés» y farsa electoral
Editorial ABC 30 Enero 2020

Es indudable que Torra y Puigdemont pretenden desmontar el andamiaje levantado por Sánchez con Podemos y ERC en busca de un «doble tripartito» nacional y autonómico

La deslealtad entre JpC y ERC quedó ayer acreditada con la decisión de Joaquim Torra de adelantar las elecciones en Cataluña de un modo fraudulento. Hay fraude porque con un tacticismo inmoral se negó a dar la fecha y la condicionó a la aprobación de los Presupuestos, y porque debe carecer de competencias para disolver el Parlament tras su inhabilitación. A Torra y a Puigdemont les ha podido el despecho y el oportunismo después de que el PSOE haya sellado una alianza post-golpista con ERC para que rentabilice a futuro una consulta soberanista que jamás debería producirse. Pero no es la legislatura la que no tiene ya «más recorrido», como justificó Torra. Es el político inhabilitado y el propio «procés» los que no tienen más recorrido del que quiera otorgarles Pedro Sánchez, una vez que ha fracasado el desafío destructivo al Estado. Las nuevas elecciones son otra huida hacia adelante con las que Cataluña se enfrenta a otro panorama político enloquecido y contradictorio. Si, en efecto, la legislatura ha caducado antes de tiempo, cabe preguntarse qué tiene que negociar Torra con Sánchez si tendrá que abandonar el cargo por delinquir y qué puede llegar a acordar el Ejecutivo con unos independentistas que se muestran incapaces de pactar entre sí. La «mesa de negociación» no será solo una claudicación a la desesperada de Sánchez, sino un «órgano» inservible que habrá muerto antes de nacer. Por eso es irresponsable asumir la extorsión de unos totalitarios que se desprecian y traicionan. Es indudable que Torra y Puigdemont pretenden desmontar el andamiaje levantado por Sánchez con Podemos y ERC en busca de un «doble tripartito» nacional y autonómico. Y en esa estrategia, JpC arriesga, pero más arriesga ERC, al que el separatismo más intransigente presentará como un traidor a la causa y como un «colaboracionista» del mismo PSOE que aplicó el 155.

Se abre también otra fase de anomalías jurídicas basadas en supuestos limbos e interpretaciones legales para obstaculizar el proceso electoral. La proclamación de candidatos, por ejemplo, puede ser un problema de primer orden si JpC decidiera imponer a Puigdemont en su lista, porque está momentáneamente legitimado en su inmunidad por la Eurocámara, pero pesa sobre él una orden de detención inmediata si pisa España. El conflicto jurídico-electoral para victimizarlo sería inevitable. También se planteará un problema de fondo sobre la legitimidad de Torra para convocar comicios, toda vez que está inhabilitado como diputado y que el PP ha anunciado una querella por usurpación de funciones para evitar que siga como presidente. Si prosperase, sus decisiones serían nulas y abocaría al Parlament a otra investidura, no a elecciones. Y todo, con siete millones de catalanes tomados como rehenes. Un disparate.

Catalanes, ¿queréis otro timo más?
Javier Caraballo elconfidencial 30 Enero 2020

Cada vez que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, o cualquier independentista invocan la importancia de la lealtad como valor del ser humano, dios mata a un gatito en el mundo. En la declaración institucional en que anunció la convocatoria de elecciones, lo hizo con tanto énfasis que ha sido, precisamente, la “deslealtad” entre los socios independentistas la razón fundamental de la que se ha servido Torra para apuñalar la legislatura: “Ningún Gobierno puede funcionar sin unidad, sin una estrategia común y compartida, sin lealtad entre los socios”, dijo. Unidad, estrategia común y lealtad. Pues igual, este miércoles, dios mató tres gatitos a la vez… ¿Lealtad? ¿Acaso saben lo que es? Podrían elegir otro término para definir las malas relaciones entre los socios del Gobierno catalán, confianza, quizá, pero no lealtad, porque, precisamente, lealtad es una hermosa palabra que proviene del latín ‘legalis’, que significa 'respeto a la ley'. Y eso no lo han conocido nunca. El más grave de los problemas de los independentistas es que han mentido tanto que solo saldrán de la burbuja de autoengaño en que viven cuando todo eso explote; como todas las burbujas. Pero, para eso, los catalanes tendrán que decidir antes si quieren que los timen otra vez.

Quiere decirse con ello que el único principio que se le olvidó mencionar al 'molt patètic president' de la Generalitat de Cataluña fue el de la decencia, el compromiso con la verdad. Y la verdad, la única verdad, es que el anuncio de la disolución de la legislatura se produce tras el último fracaso del independentismo: tampoco esta vez se han atrevido a declarar la independencia ni la desobediencia de las instituciones autonómicas catalanas al ordenamiento jurídico español. Lo han intentado de nuevo, era lo que tenían programado para los plenos del Parlament del lunes y el martes pasado, cuando la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo dejaron a Torra sin su escaño. Pensaron que el Parlamento de Cataluña iba a desobedecer a los tribunales, declararse en rebeldía, y que luego lo celebrarían todos juntos con Junqueras y los otros presos sentados en el pleno. Pero ni un solo diputado se atrevió a votar y todo se vino abajo. Como nadie quiere ir a la cárcel, ni acabar inhabilitado o fugándose a otro país, pero todos quieren seguir viviendo del presupuesto, lo que han hecho es volver otra vez al punto de salida: convocatoria de elecciones con la promesa de conseguir la independencia. Otra vez a empezar.

Cuando el fugado Puigdemont eligió a Torra como ‘presidente custodio’, según su propia denominación, le ordenó comenzar con un compromiso nítido: “Yo he venido aquí a proclamar la república. Si no lo puedo hacer, me voy”. Tras dos años de parálisis, de nada, Puigdemont repite lo mismo, enésima estrategia reformada: "Debemos recuperar un rumbo de unidad y estrategias conjunto" para conseguir la independencia, dijo Puigdemont por boca de Torra. Lo mismo ocurre con Esquerra: “Trabajaremos en todos los frentes al servicio de todo el independentismo, con lealtad y responsabilidad, para seguir avanzando hacia la república catalana”. ¿Pues no dijo Gabriel Rufián en diciembre de 2015 que solo estaría en el Congreso de los Diputados 18 meses, que no existía “un plan B”? “Ni un día más de los 18 meses que marca la hoja de ruta y, cuando se proclame la independencia de Cataluña, marcharse, porque ya habremos hecho nuestro trabajo”. Resulta curioso, además, que en este calco de soflamas repetidas incluso se repita lo mismo que en octubre de 2017, cuando declararon la independencia y la dejaron en suspenso. Ahora, disuelven la legislatura y la dejan en suspenso hasta la aprobación de los Presupuestos, que no será posible en ese ambiente roto. Como si lo más normal del mundo fuera aprobarle unos Presupuestos al Gobierno siguiente que tendrá que gestionarlos.

Los catalanes, unos y otros, tendrían que pararse un momento y, por encima del tumulto que les forman a diario para que no se distraigan con nada más, reparar en el tiempo que la Generalitat lleva paralizada. Estos son los años en los que se han celebrado elecciones autonómicas en la última década: 2010, 2012, 2015, 2017 y 2020. Es decir, cinco procesos electorales, una convocatoria cada dos años. Si se fijan bien, observarán que la secuencia comienza, precisamente, en el año en que, en todo el mundo, pero especialmente en España, se comenzaba a sentir la dureza de la crisis económica. Lo que hicieron otras administraciones, otros gobiernos, en todo el mundo, fue adoptar medidas para superarla, para salir del agujero, mientras que en Cataluña la clase dirigente optó por la huida hacia delante de la independencia. Para no hacer frente a la bancarrota de su gestión casi hegemónica y al bochorno de la corrupción institucional, el señuelo de la independencia. Desde hace 10 años —¡10 años!—, las instituciones catalanas están paralizadas 'de facto', porque es imposible que con una legislatura interrumpida cada dos años pueda gobernarse nada, ni un pueblo, ni un país ni nada.

¿Lealtad? ¿Unidad? ¿Interés común? ¡Tres gatitos muertos! Es curioso que, en su origen, la frase proviene de unos estudiantes de Georgetown que en una revista satírica pusieron eso: “Demostrado: cada vez que te masturbas, dios mata a un gatito. ¿Cuantos más tienen qué morir?”. Es curioso, porque si hemos aprendido algo en todos estos años es que el independentismo catalán es una forma de onanismo, el onanismo como expresión política; ideología supremacista confeccionada por líderes hedonistas y respaldada por una élite, la vieja burguesía catalana, que siempre ha sabido sacarle al nacionalismo la garantía de sus privilegios. Ay, si los catalanes, unos y otros, abriesen los ojos… ¿Cuántos gatitos más tienen que morir?

Elecciones sin futuro en Cataluña
 larazon 30 Enero 2020

El enésimo movimiento táctico del independentismo instalado en la Generalitat tiene el efecto estéril de que ni siquiera el anuncio de nuevas elecciones en Cataluña pueda servir para algo. El deterioro de la situación es tal que sólo los más fieles nacionalistas mantienen algo de confianza en el autogobierno. Nadie debería sorprenderse de los efectos nocivos que en la valoración de nuestras instituciones democráticas puede tener lo que se vio el martes en el Parlament, con los condenados por sedición regodeándose en sus hazañas y amenazando con que volverán a hacerlo –pero mejor– en una supuesta comisión de investigación sobre el 155 destinada a la propaganda independentista. De ahí que el anuncio por parte de Joaquim Torra de que convocará elecciones –sin fecha fija– cuando se aprueben los Presupuestos está envuelto de la confusión habitual y de la manipulación acostumbrada de una facción del nacionalismo que ha patrimonializado Cataluña.

Nada es exactamente lo que debe ser, sino una cortina de humo, una manera de ganar tiempo o de aprovechar los recursos de la Generalitat para jugar con ventaja. Lo que sucedió ayer fue un capítulo más en el desgobierno que rige Cataluña desde 2010, cuando la Generalitat encabezó el desafío independentista y puso al servicio del movimiento más reaccionario de Europa todas sus instituciones. Desaparece el gobierno y, con él, se inicia una sucesión de elecciones autonómicas, una cada dos años –en 2012, 2015, 2017 y 2020–, que han fijado un mapa que define muy bien la situación de Cataluña: el independentismo no tiene la mayoría y, a pesar de ello, insiste –como Oriol Junqueras dijo con arrogancia en el Parlament– en imponerla por la fuerza de la sedición, si se sigue el modelo de unilateralidad del 27-O. Elecciones después de aprobarse los presupuestos –la última vez que salieron a tiempo fue en 2009; los de 2017 fueron los últimos– quiere decir que si, tal y como estaba previsto, éstos se votan el próximo 18 de marzo, los comicios se deberán celebran 54 días después de la convocatoria, tal y como establece el Estatut, es decir, a mediados del mes de mayo. Esta fecha supone que coincidirá de pleno con la negociación y debate de Presupuestos Generales del Estado, piedra angular del pacto que el PSOE ha sellado con ERC. El futuro del Gobierno y de la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa depende de que las cuentas salgan adelante y de que éstas sean apoyadas por los independentistas. Sin duda, en la guerra por el poder de la Generalitat que mantiene Junqueras con Puigdemont-Torra, éstos utilizarán el apoyo que ERC presta a Sánchez.

Que la legislatura en Cataluña estaba acabada se sabía hace tiempo, incluso desde su inicio, cuando se comprobó que la Generalitat no tenía más proyecto que proseguir «implementando» la República. En Cataluña, tres meses y medio es una eternidad, sobre todo cuando el Gobierno de España depende de los intereses partidistas de dos formaciones que luchan por la hegemonía en el campo independentista con la perspectiva de relegar a los restos de Convergencia por un nuevo tripartito –con PSC y los Comunes– presidido por ERC. Con esta perspectiva, la entrevista que Sánchez ha anunciado con Torra para el próximo 6 de febrero no tiene ningún sentido para los intereses generales del país, ni, por supuesto, para abrir «soluciones políticas» de cualquier tipo. Es posible que Sánchez se esté arrepintiendo de esta cita, por más que fuera un exigencia del pacto con ERC sobre la «mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político» que ahora, roto el bloque independentista, sólo sirve para degradar el papel del presidente del Gobierno, lo que no le debe importar mucho. Sánchez debería saber que su estrategia de apoyarse en un partido como el de Junqueras tiene graves riesgos porque su objetivo no es otro que la independencia de Cataluña.

Que España sume en Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 30 Enero 2020

Vaya por delante que lo que Cataluña necesita no son unas nuevas elecciones autonómicas –no hay comunidad autónoma que haya celebrado tantos comicios en menos tiempo–, sino que su Administración regional sea sometida a una larga y auténtica intervención por parte del Gobierno central; intervención que, al abrigo del artículo 155 de la Carta Magna, restablezca el orden constitucional, clamorosamente subvertido durante estos ocho años de procés separatista. Mientras haya redes clientelares pagadas con dinero del contribuyente que trabajen por la ruptura; mientras sigan en pie estructuras ilegales para la consolidación de un Estado catalán; mientras la educación y los medios públicos de comunicación sigan al servicio de los dinamiteros de la Nación y del Estado de Derecho, esos nuevos comicios no serán más que una mascarada para encubrir el intolerable escándalo de la independencia de facto que en tan gran medida padece Cataluña.

Ahora bien, no hay que confundir los deseos con la realidad. Y la realidad es que Pedro Sánchez, que se presentó a las elecciones proclamando su disposición a intervenir la Generalidad en rebeldía, prometiendo detener al golpista prófugo Carles Puigdemont y rechazando pactos de gobierno con la extrema izquierda podemita y los separatistas, ha terminado comprando su poltrona a los enemigos del orden constitucional y desdiciéndose de todos sus compromisos para el restablecimiento de la legalidad en Cataluña.

La realidad es que el golpista Quim Torra, a pesar de haber sido condenado a inhabilitación por un delito de desobediencia, sigue estando al frente de la Generalidad, haciendo caso omiso al artículo 67.2 del estatuto de autonomía catalán, que exige que el presidente regional sea diputado del Parlament. Por cierto, el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, continúa perpetrando un clamoroso delito de desobediencia al negarse a derogar resoluciones ilegales de la misma como las que se evacuaron contra el Tribunal Supremo y el Rey y a favor de la autodeterminación y de los golpistas presos.

La realidad es que el presidente del Gobierno sigue dando legitimidad al golpista que ocupa ilegalmente la presidencia de la Generalidad, con quien se reunirá la semana que viene. Torra, por su parte, ha anunciado nuevas elecciones autonómicas; elecciones que, con independencia de los transitorios desencuentros entre JpC y ERC, están destinadas a fortalecer el liberticida procés separatista.

Ante este escenario, resulta imperativo que las formaciones constitucionalistas constituyan un frente común, tanto para recabar el auxilio de los tribunales como para concurrir juntas a las próximas elecciones catalanas. A este respecto, es una espléndida noticia la aparente disposición de Ciudadanos a formar una coalición electoral con el PP. Ahora bien, este encomiable deseo de unidad quedaría cojo si no se extendiera a Vox, tercera fuerza política nacional, que ya superó en votos a Ciudadanos en Cataluña en las ultimas elecciones generales. Vedarse cualquier acuerdo preelectoral o postelectoral con un partido de acreditada lealtad constitucional como el que preside Santiago Abascal sería reincidir por parte de Ciudadanos en una mezquindad y en una estupidez lesivas para el constitucionalismo y que de hecho no se pueden permitir los de Inés Arrimadas.

Confiemos, pues, en que los tres partidos constitucionalistas que combaten la felonía de Sánchez ante el desafío separatista sean conscientes de que lo que les une es mucho más que lo que les separa. Y en ningún sitio es esto más evidente que en Cataluña.

Nada justifica que PP, Cs y VOX no hagan una coalición en Cataluña y toda España
EDITORIAL ESdiario_com  30 Enero 2020

NI la repetición electoral fue aprovechada para entender que el mayor aliado de Sánchez fue y es la fragmentación del voto. Cataluña brinda la oportunidad de enmendar ese error.

Ciudadanos ha aceptado, por primera vez, la posibilidad de ir junto al PP en una coalición electoral en una Comunidad, la catalana, donde ganó las Elecciones y superó muy claramente en votos a los populares.

Hacerlo en Navarra, como se hizo en su momento, tenía menos mérito, dada la irrelevancia de los naranjas en el Reino. Y pese a eso, la coalición con UPN obtuvo una victoria, tan nítida como insuficiente por la sonrojante disposición del PSOE a acceder al Gobierno pese a su derrota y gracias al voto pasivo de Bildu.

Aquel amargo éxito debió de ser suficiente para que todo el centroderecha entendiera que nada aumenta más las opciones electorales de Pedro Sánchez que su fractura. Y que el líder socialista les diera una oportunidad de enmendar su estrategia, al repetir en noviembre las Elecciones Generales, fue una feliz casualidad para ellos que desaprovecharon con los efectos hoy conocidos.

Porque si algo ha auxiliado a Sánchez, que gobierna con puño de hierro pese a tener incluso un diputado menos que aquel Rajoy forzado a repetir también comicios, ha sido la fragmentación de un voto en opciones cuyos líderes estaban bastante más fragmentados y condicionados por sus intereses que sus respectivos votantes.
La República de Sánchez: así dinamita la Transición su coalición de odiadores

No aprendieron la lección a tiempo, o no quisieron pese a las evidencias, y así sucedió: con más votos totales que la izquierda, independentistas aparte, gobierna España una coalición del PSOE y Podemos intervenida por ERC, el PNV y Bildu.

Enmendar ese histórico error y hacer justicia con sus propios electores es una responsabilidad exigible a PP, Cs y Vox, que tienen la obligación de intentar traducir en el mayor número de escaños los votos que acumulan. Es incompatible alertar sobre los peligros que sufre España por los partidos que la dirigen y luego no ser capaces de renunciar a sus intereses gremiales, facilitando así que esos riesgos prosperen.

Una parte de esa responsabilidad le cabe a Ciudadanos, más centrado hasta su hundimiento en adelantar al PP que en hacer una de las dos únicas opciones que tenía: coaligarse antes de las votaciones o forzar al PSOE a gobernar con ellos.

Otra la tiene Vox, aun de manera involuntaria, pues si algo ha auxiliado a Sánchez hasta hacerle presidente es esa división de lo que siempre tuvo el PP.

Y una más le cabe al PP, que no ha sido capaz de liderar una fórmula de consenso, aunque lo ha intentado, para integrar a todos en un objetivo común de rango máximo. Casado lo intentó y lo sigue intentando.

Cataluña brinda una oportunidad de redimir errores, pero será en vano si no se implanta con vocación de continuidad y de integración. Porque junto a la división otro problema acecha a esa alianza: dejar fuera a VOX o que VOX se quede fuera voluntariamente refleja una torpeza y un miedo absurdo a quienes, pactando con soberanistas y filoterroristas, se permiten estigmatizar alianzas perfectamente legítimas y constitucionales.


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