AGLI Recortes de Prensa   Jueves 6  Febrero  2020

Derrota y esplendor de España
Agapito Maestre Libertad Digital 6 Febrero 2020

El Frente Popular Separatista (coalición de socialistas y comunistas con los separatistas) nos ha entrenado en el último año para salir del mar de dudas en que nos había dejado el caminante-trotón de Pontevedra. La cosa ya está clara. Los males están al alcance de todos. Son profundos y a la par visibles. Pero, por favor, no los utilicemos para las jeremiadas. Exagérenlos, por favor, si es que eso les libera de sus pesadillas personales. Pero no olvidemos que esos males, sin duda alguna, pueden ser grandes ocasiones para salir de ellos más fortalecidos. La mayoría de los españoles seguimos siendo, a pesar de los más de seis millones que han votado a Sánchez, ciudadanos preparados para todo tipo de guerras civiles y, más tarde, de liberación. Pensemos, pues, antes en la liberación que en lamernos las heridas de nuestras batallas perdidas. Aceptemos con dignidad y elegancia la derrota. El escepticismo nunca es resignación, valga la insistencia, sino una forma de sabiduría.

Asumamos la derrota de la nación española como punto de partida para la creación de otro poder público más sólido y transparente, más liberal y democrático, en fin, más justo y fiable. España en ruinas vale más que cualquier cantón de los nuevos arévacos, se llamen catalanes o leoneses, vascos o aragoneses de Teruel… El Gobierno formado por socialistas y comunistas no es nada al lado de las ruinas de la nación española. Reconozcamos con todos los matices que se quieran que el Estado va por un lado y la nación, la sociedad, por otro. Reconozcamos que eso es la ruina total de una sociedad civilizada. Un Estado desnacionalizado es un Estado sin sangre. Sin vida. Reconozcamos, sí, que nuestro poder público, dirigido por alguien sin apenas legitimidad moral y política, está al margen de una sociedad, una nación, que se levanta todos los días para trabajar, crear y pagar impuestos a unos tipos que ocultan el principal bien de un país, la propia nación: España.

Sí, todo eso es una tragedia. Ver arrastrarse a un presidente del Gobierno de España ante alguien que desprecia a los españoles es, sin duda alguna, lamentable. Indigno. Se mire por donde se mire, es desesperante ver un Congreso de los Diputados lleno de incompetentes e impostores, empezando por la presidenta del Congreso, aplaudiendo al Rey a la par que alientan a los separatistas para que rompan la Jefatura del Estado. Todo eso es cierto. Pero una genuina política de la desesperación no le pone condiciones a la vida; al contrario, es preferible aceptarla como viene para enderezarla y ubicarla en su genuino destino. Mientras no se acepte la ruina de la vida política, la derrota de la nación española, seguiremos dando palos de ciego, o peor, negando la propia vida de la nación.

España, pues, tiene salida, porque los españoles siempre hemos estado preparados para la derrota. Solo los reaccionarios, quienes creen que la vida es inmutable y permanente, seguirán optando por lo que hay. Es el peor error en el que puede caer la Oposición. Creer que la cosa es cuestión de conseguir en las próximas elecciones unos cuántos votos más o menos, el pin parental y cosas por el estilo, es pactar la rendición con los arévacos, los socialistas y los comunistas. Si por ahí va toda la política de la Oposición, entonces digamos con Unamuno: "¡Dios, no puedes dejar que España desaparezca!".

Los votos donde puedan ser eficaces
Nota del Editor 6 Febrero 2020

El PP ya ha demostrado que tiene que desaparecer. De modo que no lo olvidemos y depositemos los votos donde puedan ser eficaces para salir de la derrota donde nos metieron.

Este Gobierno siempre busca culpables
Editorial larazon 6 Febrero 2020

Una vez más, confrontado a un problema de fondo, el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez, ha seguido su línea de defensa habitual, que no es otra que la de echar balones fuera y buscar un culpable exterior, que sea creíble para una opinión pública poco informada. Así, tras la malvada Banca y los crueles propietarios de pisos, le ha tocado el turno a las grandes superficies de la distribución de ejercer el papel de chivo expiatorio de las graves disfunciones del agro español. Y, una vez más, la campaña se hace a múltiples voces, como una orquesta bien afinada, si bien, en esta ocasión, el papel de solista le ha tocado al propio jefe del Ejecutivo. Pero no hay tal. Como hoy publica LA RAZÓN, el 80 por ciento de la producción agraria española se destina a la exportación, y del 20 por ciento restante, solo un magro 7 por ciento se comercializa a través de los grandes supermercados.

Parece, pues, injustificado cargar la mano sobre un sector que, además, aporta valor añadido a los productos agropecuarios en los procesos de transformación, envasado y transporte. Sin negar que puedan existir malas prácticas comerciales en un ramo sometido, por otra parte, a una feroz competencia, éstas quedarían en la mera anécdota frente a los verdaderos condicionantes del campo español, comenzando por la multiplicidad de legislaciones autonómicas de todo tipo, que amén de fragmentar arbitrariamente el territorio, dificultan la concentración de las empresas agrarias y, por lo tanto, reducen la capacidad de los productores para negociar los precios.

Por no hablar del poco airoso papel de este Gobierno frente a las cotidianas campañas de descrédito que sufren los productos agrarios españoles desde el exterior o frente a la competencia desleal de terceros países, que realizan exportaciones masivas sin tener que cumplir las exigentes normas fitosanitarias de la Unión Europea y que, además, pagan sueldos de mercado muy inferiores.

Que nuestra agricultura se utilice como moneda de cambio para que otros sectores industriales y manufactureros europeos, con mayor valor añadido, vean abrirse nuevos mercados es, cuando menos, desalentador y debería convertirse en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo en sus relaciones con Bruselas.

Por supuesto, no queremos absolver de toda responsabilidad a nuestros agricultores que, en demasiadas ocasiones, se han dejado seducir por la vías fáciles de las ayudas comunitarias y que, a nuestro juicio, se equivocan al proponer una regulación de precios que las normas de libre competencia hace imposible, pero sí recalcar que hablamos de una industria que ha llevado a cabo una de las mayores transiciones tecnológicas de nuestra historia reciente y que es uno de los referentes de los sectores exportadores, con más de 14.000 millones de euros en el ejercicio anterior.

De ahí, que en lugar de buscar culpables, el Gobierno de coalición debería aportar soluciones o, por lo menos, si no es capaz, dejar de abrumar a los agricultores con mayores cargas económicas, como la subida del SMI, o fiscales, por más que se camuflen bajo la defensa del medio ambiente.

Porque la otra vía, la que pretende que sean los consumidores los que exclusivamente paguen de su bolsillo los incrementos de los costes de producción, se antojará fácil, pero presenta algunas dificultades insalvables, comenzando por la inevitable reducción del consumo interno. El campo español, como venimos señalando, necesita el apoyo institucional para que mejore los medios de producción, se anime a la necesaria concentración empresarial y tenga medios de defensa frente a las arbitrariedades arancelarias de otras potencias. Pero lo que se le ofrece son más impuestos, eso sí, envueltos en buenas palabras.

Retrato de una reunión infame
Editorial ABC 6 Febrero 2020

La imagen de Pedro Sánchez con Joaquim Torra es de esas que reflejan un modo ilegítimo de gobernar. El presidente del Gobierno de España no debería, por principio, reunirse hoy con un condenado por desobediencia, que ha perdido su escaño autonómico por mandato judicial y que ocupa la Presidencia del Gobierno catalán de forma más que dudosa desde el punto de vista legal. La impertinencia de esta reunión no es sólo jurídica, que ya sería bastante en un Estado de Derecho para disuadir a Sánchez de mantenerla. De hecho, el PP, que ya logró con su denuncia ante la JEC que Torra perdiera el acta de diputado tras su condena judicial, se querelló ayer contra el dirigente separatista por «usurpación de funciones». Pero la reunión es impertinente, ante todo, desde el punto vista ético, porque deja sin contenido el respeto a la convivencia y a la Constitución. Torra representa y encarna todos los valores contrarios al pacto constitucional de 1978, a los principios del Estado de Derecho y a las bases de la democracia. Es un separatista filofascista -el propio Sánchez lo calificó como «el Le Pen español»-, apoya la ruptura de la unidad de España y defiende los delitos cometidos por Oriol Junqueras y demás condenados por el 1-O. Torra es un supremacista balcánico, al que el presidente del Gobierno español va a legitimar con una fotografía conjunta y una reunión de contenido político.

No hay el más mínimo indicio de generosidad o altura de miras o grandeza política en este encuentro, que no está convocado para poner fin a la deslealtad nacionalista sino para premiarla con una negociación en la que ya toma cuerpo la reforma del Código Penal para excarcelar lo antes posible a Junqueras y la convocatoria de una «consulta» sólo a los catalanes. Sumiso sin recato a las exigencias del separatismo, Pedro Sánchez sólo aspira a consolidar su mandato con quienes ya le han advertido de que su mandato puede ser efímero si no cede al chantaje. Y hoy Sánchez cede al chantaje que él mismo ha pactado con los separatistas, porque no es víctima del nacionalismo delincuente sino, tras sus pactos y concesiones, cooperador necesario de su agenda secesionista.

Es seguro que cuando el separatismo ponga a Sánchez en el callejón sin salida al que siempre conduce la ilegalidad de sus propuestas secesionistas, el presidente del Gobierno querrá darle la vuelta a los acontecimientos y hará proclamas de su buena fe. Cuando esta agenda conjunta del PSOE con el separatismo salga mal, será el momento de recordar que la causa no habrá sido la bienintencionada ingenuidad socialista, sino la desmedida ambición de poder de Pedro Sánchez, retratada en su infame reunión con un auténtico enemigo de España.

Sánchez confía en los golpistas
EDITORIAL Libertad Digital 6 Febrero 2020

Sánchez ha hecho de la traición a la Nación y al orden constitucional la forma de perpetuarse como presidente del Gobierno.

Hace bien el Partido Popular en presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella contra Quim Torra por usurpación de funciones públicas, al haberse éste mantenido como presidente de la Generalidad a pesar de haber sido inhabilitado como diputado por la Junta Electoral Central (JEC) y por el Tribunal Supremo. Y es que, habida cuenta de lo estipulado en el artículo 67.2 del estatuto de autonomía catalán, parece claro que la pérdida de la condición de diputado comporta automáticamente el cese como presidente de la región. No lo consideran así, sin embargo, las formaciones separatistas, que, si bien reconocen que para poder ser investido presidente hay que ser diputado autonómico, consideran que no se tiene obligatoriamente que abandonar tal cargo si se pierde el acta de diputado.

Es a todas luces una interpretación artera que sólo trata de burlar la legislación –la nacional y la autonómica–, tal y como los nacionalistas vienen haciendo desde antes incluso del inicio del ilegal proceso secesionista.

Lo indiscutible, con independencia de que sea o no condenado por un delito de usurpación de funciones, es que Torra ya ha sido condenado por desobediencia por el TSJC e inhabilitado como diputado autonómico por la JEC, por lo que el más elemental sentido de la responsabilidad debería llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a suspender su encuentro, previsto para este jueves, con semejante delincuente, que detenta ilegítimamente la presidencia de la Generalidad y se ha comprometido públicamente a seguir adelante con el golpe de Estado que en su día lideraran sus antecesores en el cargo Artur Mas y Carles Puigdemont.

Pero Sánchez se mantiene genuflexo ante las exigencias que le plantea ERC, formación tan implicada en el golpe como la del presidente ilegítimo de la Generalidad y que exige esa entrevista como condición sine qua non para sostener al socialista en la Moncloa. El indecente Sánchez ha pasado de mostrar su disposición a intervenir la Generalidad y detener a Puigdemont, a dar interlocución y legitimidad al secuaz del prófugo sedicioso.

En esa misma línea de indecencia política, el PSC se ha abstenido este miércoles en el pleno del Parlamento regional de Cataluña –y dejado solos a Cs y PP– en la bochornosa decisión impulsada por JxCat, ERC, la CUP y los podemitas de recurrir ante el Supremo la retirada del acta de diputado a Torra. Si ya resulta escandaloso que una Cámara autonómica recurra ante el TS una inhabilitación que ya ha sido refrendada por el propio TS, más sonrojo provoca recordar que ese mismo Parlamento en rebeldía mantiene sin derogar una resolución ilegal en la que se arremetía contra el Supremo por el juicio del 1-O, contra el Rey y a favor del falso derecho de autodeterminación.

Así las cosas, está visto que la máxima responsabilidad del subversivo statu quo que impera en Cataluña no es de Torra ni de ningún otro dirigente secesionista, sino de Sánchez, que ha hecho de la traición a la Nación y a su orden constitucional la manera de perpetuarse como presidente del Gobierno.

El «Delcygate» ya toca de lleno a Sánchez
Editorial ABC 6 Febrero 2020

Quedaba cerrar el círculo del «Delcygate» y los múltiples asombros que ha generado el disparatado episodio de la vicepresidenta chavista en Barajas, intentando entrar ilegalmente en la UE y siendo socorrida por un ministro del Reino de España. Y el cierre está acorde con todo el despropósito y agrava el alcance del incidente. ABC publica hoy que Delcy Rodríguez habló por teléfono con el propio Pedro Sánchez en pleno conflicto sobre su entrada en España, y que en la conversación se trató del veto a Guaidó en La Moncloa, de la permanencia del opositor Leopoldo López en la Embajada de España en Caracas y de los intereses que Repsol tiene en el país. Eso es lo que sostienen varios dirigentes chavistas, conocedores del contenido de la conversación. El escándalo adquiere así máxima gravedad y su relevancia supera con mucho el carrusel de mentiras que ha venido vertiendo el ministro Ábalos, de tal forma que es impresincible que el Gobierno aclare en el Congreso un incidente que ha comprometido la posición de España ante sus socios europeos y las relaciones con Estados Unidos por el impresentable capote que se le ha echado al régimen bolivariano del usurpador Maduro, un auxilio que quizá tiene que ver con una imposición de sus aliados podemitas, que estuvieron a sueldo del chavismo.

La política exterior de Sánchez se atisba ya como un despropósito... si es que existe, porque el amago de liquidación de la Secretaría de Estado para Iberoamérica, los bandazos en asuntos capitales como Venezuela o las «embajadillas» separatistas de Torra, o el feo al Rey (uno más) y a todo el Cuerpo Diplomático en el simbólico acto de ayer, revelan un desconocimiento sin matices de todo lo que España se juega en el exterior. Tampoco fuera de España Sánchez es fiable. Ayer mismo, Macron afirmó que la UE post-Brexit la liderarán «Francia, Alemania y Polonia».

Sánchez arremete contra los médicos y estos se rebelan
Carlos Dávila okdiario 6 Febrero 2020

Y los médicos, más concretamente el Consejo General de Colegios, está que trina. Y se preparan para contestar al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Dos decisiones de este Ejecutivo se encuentran ya con la oposición frontal de los profesionales: la intención del presidente de ceder a las pretensiones de los independentistas y llevar la formación de los Médicos Internos y Residentes a Cataluña, y el proyecto, que empieza a debatirse próximamente, de regulación de la eutanasia y el suicidio asistido.

La Organización Médica, que agrupa exactamente a 266.000 colegiados, ya ha avanzado que rechazará con todos los medios a su alcance la propuesta de romper el «Modelo MIR», que tan grandes resultados ha deparado a la Sanidad española, y cuya revisión sólo se fundamenta en la presión del secesionismo para ir consiguiendo cada vez mayores cuotas de poder. La Organización Médica Colegial (OMC), que preside el doctor Serafín Romero, ha denunciado sin pérdida de tiempo que el traslado de los MIR rompe la equidad, no es legal, ni tampoco constitucional. Y es que, en efecto, un cambio de este jaez rompe el Capítulo Segundo de nuestra Norma Suprema que se refiere a los derechos y libertades y que reza literalmente así: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Desde el Gobierno sugieren que esa cesión a Cataluña no es aún una decisión firme, pero no la niegan ni mucho menos; es más, no parece imposible que en la reunión de Sánchez con Quim Torra el primero muestre argumentos de este tipo como prueba de su voluntad de negociación con los sediciosos. Por lo demás y según el parecer de diversos formadores profesionales que intervienen en la selección de los MIR, un traspaso así no sólo quiebra la unidad académica y profesional, sino que establece una distinción insoportable entre los recientes profesionales que pretenden acceder al cupo de formación. Los MIR tienen una enorme consideración internacional, un prestigio y una calidad que sufrirá con un trasvase puramente ideológico y sectario como el que se pretende. Naturalmente además que la OMC no ha recibido por parte del Gobierno información, ni ha sido consultada sobre el propósito, un comportamiento que aún molesta más a los directivos de la entidad.

Y que se une a la ruptura que va a suponer el Proyecto de Ley de Eutanasia y Suicidio Asistido que, incluso en la opinión de algunos médicos de militancia socialista, sobrepasa en tolerancia y agresividad a la que rige en los Países Bajos. La OMC también está haciendo saber su radical discrepancia con esta iniciativa que dividirá a la sociedad española y que ahora mismo no la representa. Inmediatamente a que se conozcan los entresijos de la Ley, el Consejo difundirá un comunicado en el que resaltará, al menos tres aspectos: el primero, que ahora mismo no existe en la sociedad española interés y mucho menos clamor alguno exigiendo una Ley de este alcance y trascendencia vital; el segundo, que la Organización apuesta por la necesidad de una ley diferente, muy distinta a la que se pretende aprobar, que se ocupe armonizar de los Cuidados Paliativos; el tercero, que una propuesta como la que se quiere instituir agrede directamente el concepto de defensa de la vida que es el primer mandamiento, desde el Juramento Hipocrático, de los profesionales de la Medicina.

El presidente de la Organización, el doctor Serafín Romero ha declarado además y sin ambages que «nunca va a apoyar una ley que conlleve que el médico tenga que procurar la muerte de un paciente porque iría en contra del Código Deontológico«. El doctor Romero no hace más que remitirse a lo aprobado en la Asamblea de la OMC que se pronunció inequívocamente contra la eutanasia en su reunión de Granada en mayo de 2017. Pero además la reciente de la AMM, Asociación Médica Mundial, que se celebró en Tiflis, Georgia, en octubre del pasado año, declaró oficialmente que «se opone a la eutanasia y al suicidio con ayuda de médicos».

Todo esto, claro está, le importa una higa a Sánchez que, a falta de Presupuestos para intervenir directamente en la economía del país, echa mano de este tipo de leyes para asentar esa imagen de «Gobierno progresista» sea al coste que sea. En esta ocasión y por los dos aspectos reseñados, Sánchez se va a topar, ya está topándose, con la revuelta moderada y crítica a la vez de los profesionales de la Medicina. A ellos les ataca pero con ellos tendrá que contar a la hora de llevar a la práctica una proyecto que les atañe muy directamente y que consideran una provocación y una embestida intolerables. Sánchez comprobará personalmente a quienes se enfrenta.

La ley del balduque
Amando de Miguel Libertad Digital 6 Febrero 2020

Permítaseme la sinécdoque. El balduque era la cinta roja con la que se ataban los expedientes y legajos de toda índole en las oficinas públicas. La palabra viene de Bois-le-Duc, una ciudad flamenca que tenía el monopolio de proveer de tales cintas a la burocracia de la España imperial. Durante un tiempo fue la más adelantada del mundo. Yo todavía he llegado a ver las últimas carpetas con balduques en algunas oficinas públicas. El aspecto crítico que transmiten la burocracia y el balduque equivale a los males del papeleo, que no solo subsisten, sino que se han incrementado.

Es sabido que la burocracia pública (y en ocasiones la privada) tiende a reproducirse por una especie de mitosis. Es decir, con el tiempo cada unidad administrativa se desdobla en otras dos o más, y el proceso continúa. Por eso nunca se verá que un edificio de oficinas públicas ponga en la fachada el cartel de "Se alquila". Al contrario, en todas las ciudades el Estado (central, regional o local) ocupa cada vez más locales de oficinas, que antes eran privados.

La mitosis burocrática se aprecia muy bien en el esquema del nuevo Gobierno. Podría haber un solo departamento ministerial que se ocupara de la educación, las universidades y la investigación científica. Pero, a la escala del Gobierno central, son tres los ministerios que asumen tales tareas. En cuyo caso se comprende la última decisión del nuevo Gobierno que ha creado un rutilante organismo de coordinación de los ministerios del ramo de la enseñanza. Nótese que, previamente, casi todas esas competencias se han transferido a las mal llamadas ‘comunidades autónomas’. El resultado es que son muchos cientos de miles los funcionarios en toda España que administran las tareas docentes o investigadoras. Los resultados no parecen muy estimulantes. El primer Premio Nobel científico que produjo la Universidad española fue también el último: en 1905.

Al Gobierno todavía no se le ha ocurrido que las tareas de dirección económica se alojan en varios ministerios: Hacienda, Economía, Consumo, Agricultura, Transición ecológica y alguno más. La función principal de esos departamentos es la de poner dificultades a la actividad económica de las empresas y gravarlas con los correspondientes impuestos, que cada vez son más. Es tal la ingente tarea controladora que el Gobierno tendrá que decidir pronto la implantación de un nuevo organismo de coordinación administrativa para integrar los servicios de los ministerios dichos.

El proceso de mitosis burocrática se extiende a otros muchos niveles. Por ejemplo, en la Edad Media se crearon las Cortes o Parlamentos para que se sentaran a dialogar los representantes políticos de los estados. Pues bien, hoy, además, de las Cortes y de los Parlamentos autonómicos, se está pensando en crear mesas de diálogo para reforzar tal función de toma de decisiones políticas.

El proceso que digo resulta imparable. El conjunto de las Administraciones Públicas en España equivale a la principal empresa del país. Es lógico, por tanto, que, para mantener tal organigrama, nos cueste un esfuerzo fiscal creciente a los contribuyentes, que somos todos.

Creo que la literatura de las ciencias sociales ha hipostasiado el papel racionalizador de la burocracia pública, más que nada porque los autores de tales teorías suelen ser ellos mismos funcionarios en su más amplio sentido. Pongamos un caso particular que conozco muy bien. El paciente de un hospital español no puede tramitar por ordenador ciertos datos que se refieren al estado de su salud. Lo impide la malhadada Ley de Protección de Datos, que está hecha realmente para proteger la comodidad de los médicos (funcionarios realmente). Es un hecho que se acomoda a muchos otros casos: el servidor público intenta protegerse de las posibles molestias que significan las demandas de los simples ciudadanos, teóricamente sus clientes. Es decir, la burocracia, como su mismo nombre indica, es una forma de poder, con frecuencia opresivo o por lo menos caprichoso, incluso en democracias que se dicen avanzadas.

El poder de los altos funcionarios se traduce en que ellos mismos deciden hacer favores a través de la creación de nuevos cargos y despachos. En su virtud, resulta inexorable la ley que hace crecer los efectivos de cualquier unidad administrativa; la ley del balduque, podríamos decir. En conjunto, la plantilla de funcionarios de todos los niveles y condiciones compone la principal actividad económica del país. Alguien sugirió el remedio mágico para acabar con la rémora del ejército de parados en la economía española: hacerlos a todos funcionarios y darles un puesto en la Administración. No es broma; se trata de la solución que adoptan muchos Estados sedicentemente socialistas.

Durante media vida he sido funcionario y siempre he sido sujeto pasivo de toda suerte de servicios públicos. Mi experiencia me dice que la Administración Pública se halla más cerca de la rutina, el corporativismo, el parasitismo y el poder personal que de la racionalidad y la eficiencia. Un dato estratégico es que casi todos los estudios que se han realizado en España sobre la burocracia pública los han firmado funcionarios. No voy a ser yo una excepción de tal constancia.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Sánchez desprecia a los funcionarios
OKDIARIO 6 Febrero 2020

Los Cuerpos Superiores de la Administración, agrupados en la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), han denunciado, como informó OKDIARIO, que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha excepcionalizado 23 direcciones generales, que actualmente son ocupadas por personas que no son funcionarios cuando la ley deja meridianamente claro que eso sólo es posible cuando no haya ningún funcionario dentro de la Administración General del Estado capaz de asumir dicho cargo. Esto es, tienen que darse unas circunstancias de especialidad perfectamente tasadas.

El Gobierno ha nombrado directores generales no funcionarios al presidente del CIS, al responsable de la Oficina Española de Cambio Climático, al director general del IMSERSO, al director general de Turismo de España, al director general del Instituto de las Juventud, al director general de la Agenda 2030, al director general de Derechos de los Animales, al director general de Migraciones, al director general de Inclusión y Atención Humanitaria, al director general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, al director general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI y al director general de Consumo, entre otros.

La ley obliga al Gobierno a motivar de forma razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional para nombrar directores generales que no sean funcionarios. Pues bien, estamos ante un escándalo sin precedentes, un enchufe masivo que, además y como informa OKDIARIO, tiene el agravante de que hasta un tercio de los elegidos no reúnen estudios específicos para cargos que, en muchos casos, superan los 100.000 euros de remuneración anual. Por ejemplo, el director general de Derechos de los Animales, que no es funcionario, tiene estudios en artes plásticas, cuando en la Administración hay centenares de funcionarios pertenecientes, por ejemplo, al Cuerpo Superior de Veterinarios. Un agravio y un ninguneo intolerables.

Estamos ante un caso mayúsculo de nepotismo. Lo que ha hecho el Ejecutivo socialcomunista es un fraude de ley, además de un claro desprecio a los cuerpos superiores de la Administración del Estado. La cualificación y la profesionalidad han sido arrumbados para colocar a una legión de amiguetes que constituyen el mayor pesebre de la historia de la democracia.

Gobierno socialcomunista
Sánchez e Iglesias a favor del intrusismo: un tercio de sus ‘dedazos’ no tienen estudios para su cargo

Los nombramientos revelan la escasa vinculación que existe entre la formación del alto cargo y el trabajo desempeñado
Luz Sela okdiario 6 Febrero 2020

Los nombramientos de altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias abren el debate sobre la idoneidad de su formación para el puesto que ocupan. Desde secretarías de Estado a direcciones generales, hasta un tercio de los cargos aprobados por el Consejo de Ministros no reúnen estudios específicos para cargos que, en muchos casos, superan los 100.000 euros de remuneración anual.

Algunos de esos nombramientos han resultado especialmente polémicos. Es el caso del que será director general de Derechos de los Animales, un departamento de nueva creación bajo el paraguas de Podemos. El puesto lo ocupará Sergio Antonio García Torres. Aunque fue portavoz estatal de Podemos Animalista, realizó estudios en Artes Aplicadas a la Escultura. El currículum oficial que aporta La Moncloa destaca además su trayectoria como formador en «posicionamiento y manejo de redes sociales», «responsable de relaciones institucionales de ONG internacionales» o «responsable de comunicación», entre otros.

Ernesto José Gasco será el nuevo Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Ex teniente de alcalde socialista de San Sebastián, es licenciado en Geografía e Historia. Su trayectoria siempre ha estado vinculada a la política, donde ha desempeñado, entre otros, los cargos de viceconsejero de Transportes del Gobierno vasco o la concejalía de Impulso Económico, Comercio, Hostelería y Turismo en la ciudad donostiarra.

Gabriel González-Bueno, nuevo director general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia –dependiente de Podemos– presenta un impecable currículum vinculado a organizaciones en derechos de Infancia, como UNICEF o Save the Children. Sin embargo, su formación original es en Geografía.

La directora del Departamento de Asuntos Nacionales de Pedro Sánchez es licenciada en Pedagogía Social, con un máster en gestión de organizaciones sociales. Moncloa destaca que ha desempeñado «diversas responsabilidades en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE», el núcleo duro de Ferraz. Por otro lado, el responsable de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental es ingeniero de montes, con un MBA en Comercio Internacional. En su currículum destaca, por ejemplo, como jefe del proyecto de reconstrucción civil de la provincia de Badghis (Afganistán). Vinculado al PSOE, Francisco Martín Aguirre fue director de Finanzas del partido hasta que Sánchez ganó la moción de censura y pasó a ser director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia.

«Políticas palanca»
Otro de los cargos más controvertidos, y de nueva creación, es el de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, también bajo el mando de Pablo Iglesias. Lo ocupará Gabriel Castañares. Licenciado en Ciencias Ambientales, es experto en transporte terrestre y cuenta con un máster en gestión de calidad y medio ambiente, además de un posgrado en transporte terrestre. Hasta su llegada al cargo, era jefe de gestión y eficiencia energética en Renfe.

Hay más casos, por ejemplo, el del director general de Protección Civil y Emergencias, licenciado en Derecho y experto en Alta Dirección y ex subdirector general de Recursos Humanos en el INE. El secretario general de Cultura es doctorado en Derecho y Catedrático de Derecho Constitucional y ha ocupado cargos variopintos en distintos gobiernos. Entre ellos, como asesor ejecutivo del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa. También fue subsecretario de Cultura y Deporte.

Lozano y la «diplomacia deportiva»
Otro de los ejemplos más polémicos es el de Irene Lozano. Sánchez ha buscado un puesto para quien fuera Secretaria de Estado de España Global y la ha situado como presidenta del Consejo Superior de Deportes. Lozano es licenciada en Lingüística y diplomada en Filosofía. En su perfil oficial destaca que «una de políticas que impulsó desde su cargo ha sido la de Diplomacia Deportiva, desarrollada con el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), entre otros organismos». Además, ha ejercido como diputada, profesora de ética profesional, escritora y periodista.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, es licenciada en Periodismo, con un máster en periodismo de agencia, y ha ejercido en distintos medios, como CNN+, El Diario de Cádiz y Telemadrid, según el currículum oficial. Para vincularla al puesto, se afirma que «ha desarrollado trabajos periodísticos en materia de Mujeres y Derechos Humanos a lo largo de su recorrido profesional». Vera ha sido responsable de redacción y presentadora de ‘La Tuerka’, el programa de Pablo Iglesias, además de responsable de contenidos digitales en Podemos para el líder podemita. «Experiencias en las que llevó a cabo la organización y presentación de debates políticos especializados en materia de igualdad», se destaca.

‘Boti’ García será la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Aunque es una de las activistas más reconocidas en materia de derechos de gays y lesbianas, cuenta con una licenciatura en Filosofía y Letras. Fue presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales. Por otro lado, la directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Beatriz Gimeno, es licenciada en Filología Semítica. También fue presidenta de la Federación.

En el ministerio de Consumo, a cargo de Alberto Garzón, Rafael Escudero ocupará el cargo de secretario general de Consumo y Juego. Es licenciado y doctor en Derecho y su trayectoria ha estado vinculada fundamentalmente a los Derechos Humanos. De hecho, fue director de la Oficina dedicada a este asunto en el Ayuntamiento de Madrid.

El subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030 es licenciado en Derecho, pero su especialidad es la dirección de proyectos informáticos. La subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital tiene la especialidad de Derecho Comunitario y ha sido asesora de Justicia en materia de insolvencia. Y el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es licenciado en Derecho y ha ocupado puestos tan diversos como Cooperación Internacional o Museos.

Otro de los útimos nombramientos más cuestionados ha sido el de la directora del Instituto de la Juventud, María Teresa Pérez, una periodista de 26 años que se convirtió en una de las diputadas más jovenes, en la bancada de Podemos. Ha trabajado para las agencias Efe y Europa Press, y también como reportera en los programas de Iglesias, ‘Otra vuelta de Tuerja’ y ‘Fort Apache’.

Choque con los funcionarios
Según se reveló la pasada semana, el Gobierno socialcomunista ha eximido además del requisito de ser funcionario a un total de 23 directores generales.

Según la ley, los directores generales serán nombrados, a propuesta del titular del correspondiente departamento, «entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente».

La ley contempla ciertas salvedades, pero siempre deberán estar justificadas siempre por «las características específicas de las funcione»» de la correspondiente dirección general. Es decir, casos puntuales y excepcionalmente motivados. Sin embargo, el Ejecutivo ha convertido la excepción en norma para nombrar a sus afines en cargos tan relevantes como la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que seguirá en manos de José Félix Tezanos, o a la Oficina Española de Cambio Climático (OECC).

La salvedad afecta también a los titulares de las direcciones generales integradas en la Agenda 2030, que gestiona Podemos, como la de Derechos de los Animales, la de Migraciones, la de Inclusión y Atención Humanitaria, la de Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, la de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI o la de Consumo.

¿Hacia una España dual?
Jesús Banegas ABC 6 Febrero 2020

El mayor triunfo de la España contemporánea, renacida a la luz de nuestra vigente Constitución, ha consistido en añadir al devenir histórico propio de una de las naciones protagonistas de la civilización occidental un formidable desarrollo económico inclusivo durante medio siglo -desde finales de los años 50 del pasado siglo hasta la primera década de éste- que situó a nuestro país entre los más desarrollados del mundo, lugar que no hemos perdido a pesar de haber caído en un largo bache de diez años del que hemos salido con una sorprendente fortaleza competitiva.

Los logros conseguidos, traducidos en una sociedad diversa, madura y abierta al mundo, que deberían reconfortarnos y hacernos sentir orgullosos y que en la primera mitad del siglo XX nos hubiesen parecido un sueño, están siendo puestos en riesgo por el desencadenamiento de pulsiones nacionalistas y populistas más propios de la España decimonónica que de la del siglo XXI. Carece de motivación racional tratar de abandonar la senda de la Constitución del 78 para caer en estos juegos de suma negativa en los que todos perdemos.

La libertad y la igualdad ante la ley, conquistas extraordinarias de la humanidad allá donde ha sido posible experimentarlas y compañeras de viaje en el discurrir histórico de los países con más éxitos sociales, económicos y políticos, las estamos poniendo en entredicho aquí sin otra motivación aparente que la de satisfacer los deseos de gobernar de unos y de desarticular el país de los otros. Todo ello está siendo posible porque un importante sector de la población debe considerar que todo lo conseguido vale poco, que los sacrificios de las anteriores generaciones han sido vanos y que la Historia nada tiene que enseñarnos.

La libertad, «uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos» al decir de Don Quijote, justo ahora, en el tiempo histórico que más plenamente puede ser ejercida por los españoles está siendo depreciada como consecuencia de un creciente desuso de la responsabilidad personal, sin la que aquella carece de sentido. Y es muy difícil no relacionar esta falta de responsabilidad y sentido histórico con nuestro sistema educativo público basado en el abandono del esfuerzo, el trabajo bien hecho, la disciplina, el orden, el mérito y tantos otros valores educativos de la personalidad humana, en el que los deberes escolares y los exámenes son despreciados por cada vez ¡más padres! y que da lugar, salvo las consabidas y muy meritorias excepciones, a jóvenes irresponsables de su propio destino y por tanto dependientes de un agente externo, el «Estado del Bienestar», que habrá de velar por su suerte a lo largo de su vida.

Por suerte no somos -a ciertos partidos les gustaría- un Estado totalitario, y por tanto hay muchísimos padres que se preocupan por el futuro de sus hijos y les inculcan los valores que han impulsado lo mejor del desarrollo humano, dando a la educación la importancia que siempre tuvo -particularmente en España hasta la llegada de la ESO- y que ofrece como recompensa el ejercicio de la libertad para buscarse la vida con preparación y responsabilidad personal intransferibles convertibles en autoestima.

Ni que decir tiene que esta dualidad forjada por la educación conlleva a una triste división: los bien educados en una libertad responsable tienen más éxito en la vida que los que se abandonan a una dependencia sempiterna del Estado mientras echan la culpa de sus desgracias a los demás.

La mayúscula conquista de nuestra libertad vino envuelta en un marco legal, nuestra Constitución, que la garantiza dentro de un marco democrático liberal de derecho. Desde el origen del constitucionalismo liberal -el único existente- toda la doctrina política ha estado de acuerdo en establecer que la democracia es un sistema que posibilita elegir gobiernos, cuya misión principal es garantizar la libertad individual y el respeto de las leyes. Pues bien, tan categórico principio lleva tiempo siendo subvertido por los nacionalistas y en gran medida por los partidos progresistas, que consideran que «su democracia» -no la democracia- está por encima de la ley y la libertad de los demás. Todo lo dicho lleva a una triste conclusión, que en la medida que se afronte como se debe -y estamos a tiempo- aún podemos revertir.

El concepto de países duales fue formulado por los sociólogos al advertir que en ciertos países -India, Brasil y muchos otros- convivían personas e instituciones típicas del primer mundo con otras del tercero. El gran éxito de la España contemporánea ha sido abandonar su parecido con los retratos de los viajeros románticos para constituirse en un próspero Estado moderno convertido en una referencia mundial por: su marco constitucional, sus formidables infraestructuras, con su reloj tecnológico en hora, un envidiable sistema de salud, una industria crecientemente competitiva y abierta con éxito al exterior, líderes turísticos y hasta deportivos en los más reconocidos ámbitos. Aunque demasiados españoles han abandonado los últimos años la patria inclusiva que habíamos construido entre todos y se han dualizado, ya sea menospreciando la educación o integrándose en las sectas nacionalistas, todavía somos mayoría los que seguimos apreciando en lo que valen: la libertad, la igualdad de todos ante la ley y los imperecederos valores que han vertebrado los extraordinarios éxitos de nuestra civilización occidental.

Según las últimas elecciones, los españoles que creen que no lo son y quienes no aprecian suficientemente la libertad, ni respetan la ley, ni valoran la posibilidad de valerse por sí mismos a través de la educación -más accesible que nunca-, ni asumen la responsabilidad de sus vidas, siendo muchos -demasiados- están lejos de ser mayoría; en realidad pudieran llegar a ser un tercio del electorado, ya que no todos los votantes socialistas responden a dicho perfil. Para regresar del abismo de la dualidad a una España libre, seriamente democrática, socialmente inclusiva a través de la educación, es necesario que el PSOE abandone su dualidad sentimental y regrese al espacio político que más éxito le brindó en su historia y que hoy reclaman sus líderes históricos más respetables.

El espectáculo, único en la historia, de las negociaciones socialistas con quienes sin suficiente poder representativo ansían dividir España, al margen de la ley y de la mano de los nostálgicos del lado este del Muro de Berlín es un borrón en la reciente historia de España, que como ya sucediera en la segunda década de este siglo, solo conseguirá desviarnos de nuestro mejor rumbo histórico. Hasta que la mayoría de españoles con sus votos consigan enderezarlo de nuevo, cuanto antes mejor.
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Jesús Banegas es presidente del Foro Sociedad Civil

Progresista
Nota del Editor 6 Febrero 2020

Según el diccionario de la academia, adjetivo, progresista: Dicho de una persona o de una colectividad: De ideas y actitudes avanzadas. Por lo tanto, aplicar este adjetivo a los herederos del Frente Popular que siguen en el quinto frente de la guerra civil española, no tiene sentido alguno, salvo tratar de propalar su basura.

El cuarto del fantasma
Ignacio Camacho ABC 6 Febrero 2020

Pedro Sánchez sería muy libre de humillarse ante el xenófobo «Le Pen» Torra si no fuese porque su condición de presidente traslada esa humillación al Estado que representa. Y fue él quien la semana pasada, al plegarse ante la presión de Rufián, concedió ese denigrante carácter a la entrevista que había decidido cancelar, con buen criterio, unas horas antes, rectificación exprés que significaba pura y simplemente la claudicación ante un chantaje. Dejando al margen ese bochornoso detalle, la cita representa en sí misma una escenificación inaceptable de pretendida simetría entre dos instituciones sometidas a una relación de jerarquía y por lo tanto necesariamente desiguales. Se mire por donde se mire, es un disparate. Y la estrambótica explicación de María Jesús Montero, comparando a los dos personajes con dos figuras de la Transición como Carrillo y Suárez, constituye un insulto a la inteligencia y a la memoria que no tiene un pase.

Sucede que además Torra es en este momento un zombi, un espectro política y jurídicamente inhabilitado, razón suficiente para darle portazo al menos hasta que el Supremo resuelva el recurso que tiene planteado. No manda ni pinta nada, ni en el plano teórico ni en el práctico; los suyos lo desprecian como un monigote estrafalario y, al anunciar sin fecha la convocatoria de elecciones, ha suspendido en un extraño limbo su propio mandato. Ya no es cuestión de que todo el mundo sepa que es un títere de Puigdemont y que no mueve un dedo sin que lo autorice el fugado, sino de que nadie le hace caso ni el bloque independentista, cada vez más resquebrajado, le reconoce ninguna clase de liderazgo. Y si nada de eso bastase -¿qué más necesitaría un dirigente sensato?-, la agenda de la reunión que ha fijado, con la autodeterminación y la amnistía como únicas materias de «diálogo», no merece otra respuesta que el rechazo. Sánchez no podrá siquiera alegar engaño, ni utilizar la visita como ficción para mantener el artificioso «relato» porque el interlocutor es un juguete roto, un espantajo. Y es dudoso que a Junqueras, que es quien lo ha impuesto, le sirva de algo este simulacro con el que trata de comprometer al rival interno en su estrategia de pacto.

Lo de hoy no alcanza la categoría de traición, de vileza o de contubernio con que seguramente la oposición etiquetará el encuentro. Es algo más torpe e inútil que eso: un gesto de sometimiento con el que el presidente menoscaba su crédito y arrastra el prestigio de las instituciones por el suelo para transigir con las exigencias de un preso. Un trámite vejatorio e innecesario sin el menor efecto porque el apoyo de ERC a los presupuestos tiene otro -y mucho mayor- precio. Una incursión al ficticio «cuarto del fantasma» con que en las antiguas casas de campo o de pueblo los niños se desafiaban a pasar miedo para acabar comprobando que no había nada dentro.

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La batalla contra el 'procés' se libra también en Europa
Editorial El Mundo 6 Febrero 2020

Conviene no subestimar los prejuicios del comisionado letón, influido por la propaganda separatista

Aunque parezca grotesco, no deberíamos relativizar la visita de Boriss Cilevics a España en misión oficial para averiguar si en nuestro país se respetan los derechos humanos. Este socialista letón preside la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: viene comisionado por una relevante organización europea que en el pasado ya mostró una ignorancia sangrante del contexto sociopolítico español criticando las condenas a terroristas etarras, a los que pese a la sangre derramada algunos foros extranjeros consideraron durante demasiado tiempo meros activistas nacionalistas. Ahora el tema del examen ha pasado del nacionalismo vasco al catalán.

Cilevics se ha reunido ya en la cárcel de Lledoners con Oriol Junqueras y Raúl Romeva, y anteriormente con representantes de los Ministerios del Interior, Justicia y Exteriores, así como con senadores y con los propios fiscales del Supremo que mantuvieron la acusación de rebelión hasta el final. Como ha revelado EL MUNDO, el encuentro con la Fiscalía no estuvo exento de tensión, por cuanto Cilevics se empeñaba en afear su proceder jurídico a fiscales de acreditado prestigio y dilatada experiencia; pero cuando estos le preguntaron si se había leído la sentencia, el comisionado báltico contestó que no. Cabe pues suponer que, a la hora de elaborar su informe, Cilevics lo hará movido en gran medida por sus prejuicios personales, alimentados por la propaganda victimista del separatismo según la cual los dirigentes independentistas encarcelados lo están por sus ideas y no por el rebasamiento de la ley que un juicio pleno de garantías procesales demostró en sus conductas.

Ese informe, sin embargo, puede acabar en la mesa del Tribunal de Estrasburgo, institución que se halla bajo el paraguas institucional del Consejo de Europa. Urge por tanto que la delegación española despliegue una labor incansable de pedagogía para enmendar ante la comisión pertinente del Consejo el sesgo injurioso que pueda tomar el informe de Cilevics. El separatismo promueve un fallo de Estrasburgo favorable a sus intereses que sería catastrófico para España. Recordemos que el documento inicial del diputado letón versa sobre Cataluña y Turquía -como si fueran comparables- y se apoya en opiniones tan poco equilibradas como las de un representante de Òmnium Cultural o de Luis López Guerra, artífice de la derogación de la doctrina Parot, lo que permitió excarcelar a varios violadores y a decenas de etarras con delitos de sangre.

Por todo esto no es precisamente buen momento para que Sánchez, rehén de sus pactos -a ellos obedece su bochornosa reunión de hoy con Torra-, relaje la batalla interior y exterior contra la intoxicación separatista.

¿Racista o mentiroso?
Gabriel Albiac ABC 6 Febrero 2020

Cataluña necesita un president que gobierne, no un racista al frente de la Generalitat… España necesita un presidente que afronte el Gobierno de España, no el inquilinato de La Moncloa a cualquier precio: aun al precio de sustraer a la nación una parte de su territorio, aun al precio de descomponer el Estado en un rompecabezas de pequeñas repúblicas inviables.

Lo que hoy sucederá en Barcelona sería inimaginable en otro lugar de la democrática Europa: que el presidente del Gobierno de una nación acepte reunirse con un sujeto legalmente inhabilitado para ejercer su cargo, no envilece a ese presidente, no sólo; envilece a la nación a la cual, gústele o no, representa. Que el sujeto con quien se presta a

abrir negociación haya reivindicado sin ambigüedad su propósito de repetir un golpe de Estado por la consumación del cual otros de su banda están en la cárcel, resulta sin más estupefaciente: no hay manera moral de entender eso. Que el inhabilitado sea un petulante racista, sólo añade obscenidad a lo ya por sí siniestro.

¿Golpista Torra? 15 de octubre de 2019: la sentencia caída sobre los responsables del golpe de Estado en Barcelona revela «la voluntad de que no lo volvamos a hacer, pero lo volveremos a hacer, porque hacer un referéndum no es un delito. Nunca desfalleceremos en el ejercicio del derecho a la autodeterminación».

¿Racista Joaquín Torra? Pasajes sobre la infraespecie española en la obra literaria del caudillo catalán: «Un cráneo de Ávila no será nunca como uno de la plana de Vic». «Carroñeros, víboras, hienas. Bestias con forma humana, sin embargo, que beben odio. Un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con moho, contra todo lo que representa la lengua. Están aquí, entre nosotros… Hay algo freudiano en estas bestias. O un pequeño bache en su cadena de ADN». «Abundan, las bestias. Viven, mueren y se multiplican… La bestia, automáticamente, segregó de su boca agua rabiosa. Un hedor de cloaca salía de su asiento… Un sudor mucoso, como de sapo resfriado, le manaba de las axilas». La ventaja del racismo clásico es que no oculta nada: lo exhibe como un título de gloria racial propia.

Al inhabilitado supremacista, que se proclama gestor de un golpe de Estado en marcha, va a recibirlo con todos los honores el presidente del país a cuya destrucción el racista llama. ¿Para qué? Puede que sólo otro golpista -lo bastante avispado éste como para poner tierra por medio- esté capacitado para entenderlo. Y tenga la desvergüenza de formularlo. Para firmar la rendición de España. Puigdemont, desde Bruselas ayer: «Que Sánchez esté de acuerdo con organizar un referéndum de autodeterminación, ése sería un buen mensaje y todos estaríamos muy satisfechos. Sería saludado por esta casa con entusiasmo».

«Cataluña necesita un president que gobierne, no un racista al frente de la Generalitat». Repongo ahora las comillas que omití en la primera línea. No, la calificación de racista contra Torra no es mía. La formuló un tal Pedro Sánchez Castejón el 20 de mayo de 2018. Óiganlo: https://www.youtube.com/watch?v=8d_qKNc2_Og. «El señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de Cataluña». ¿Mentía, hace un año y medio, Pedro Sánchez? ¿Miente ahora al fingir negociar con alguien a quien su inhabilitación descalifica para cualquier acuerdo de Estado?

Me refugio en Leopardi: «Non so se il riso o la pietà prevale». No, de verdad que no sé que es lo más fuerte hoy en mí, si la piedad o la risa. Tal vez, ambas.

Espías y guerra psicológica en Cataluña
Pablo Planas Libertad Digital 6 Febrero 2020

Los dirigentes separatistas no sólo mienten a sabiendas de que mienten sino que se revuelcan en sus mentiras con creativo alborozo. El fugado Carles Puigdemont, por ejemplo, acaba de alumbrar una de las mentiras más delirantes de los últimos tiempos, cual es que la Constitución es inconstitucional. Estaba el hombre deponiendo por videoconferencia ante la comisión de investigación sobre el 155 del Parlamento catalán cuando vertió semejante mojón. Dijo Puigdemont que el artículo 155 se aplicó vulnerando la legalidad, que los padres de la Carta Magna no previeron que tal artículo sirviera para intervenir Administraciones autónomicas y que lo que dice en realidad ese artículo es que hay que dialogar.

No es el mundo al revés sino el mundo de Puigdemont, la constelación separatista en la que todo lo que hacen ellos es legal y está bien y las consecuencias de sus actos son ilegales y están mal. Pero aunque parezca mentira, Puigdemont no es ni de lejos el más falaz de los dirigentes separatistas. Según se baja en la escala de notoriedad aparecen personajes cuyo siguiente paso sólo puede ser el de ir por la calle con un colador en la cabeza. Hay reputados historiadores que sostienen que Jesucristo era ampurdanés y celebrados economistas que no tienen el menor empacho en insistir en aquello de "Espanya ens roba".

En el gremio de la política, Eduard Pujol, exdirector de la radio de Godó (el grande de España que da cobertura al separatismo por cuatro perras), llegó a denunciar en TV3 que le seguía un espía del CNI que utilizaba un patinete para su misión de vigilancia. Como todo su entorno se lo tomó en serio, el hombre creó escuela. Una de sus discípulas más notables es la exdiputada de la CUP Mireia Boya, quien en el mismo escenario que Puigdemont deleitó a la concurrencia con el truculento relato de los tipos que le esperaban en el portal de su casa o le insultaban por la calle durante el golpe de Estado de octubre de 2017.

En aquellas fechas, dijo Boya, el fascismo corría desatado por las calles de Cataluña y elementos incontrolados campaban a sus anchas atemorizando a los políticos independentistas, quienes debían refugiarse en los bares, pedir ayuda a los camareros y esperar a que les fueran a rescatar. Literal. Una cosa de no creer, pero que en Cataluña goza de una credibilidad total, hasta el punto de que la señora Boya no tiene ni que presentar las denuncias o requerir a los testigos para que quede constancia de que turbas de espías y de fascistas practicaban en Barcelona lo que ella mismo denominó "guerra psicológica" del Estado, asustando a las mujeres a las puertas de sus casas e insultando por la calle a los diputados independentistas.

Y no es que si cuela cuela, sino que cuela.

Habla el inspector vetado por denunciar el adoctrinamiento independentista
Librerías de Girona y Tarragona rechazan vender el libro de Jesús Rul, quien denuncia la falta de neutralidad ideológica en los colegios
María Jesús Cañizares cronicaglobal 6 Febrero 2020

La censura existe en Cataluña. La ejercen editoriales y librerías de Barcelona, Tarragona y Girona. Así lo asegura Jesús Rul Gargallo (Castellón, 1949), profesor e inspector de Educación jubilado, cuyo libro sobre el adoctrinamiento independentista en los colegios ha sido vetado en determinados establecimientos. “Eso demuestra que en Cataluña no vivimos en una sociedad libre”, denuncia en declaraciones a Crónica Global.

Rul se ha convertido en el azote del proselitismo nacionalista en los colegios catalanes. En febrero de 2017 declaró en el juicio contra el expresidente Artur Mas y dos consejeras de su Gobierno por la organización de la consulta independentista del 9N. Como testigo, aseguró que "había un interés en que los inspectores colaboraran con lo que decían sus superiores jerárquicos", para que facilitaran la entrega de las llaves de los institutos que debían acoger las urnas.
adoctrinamiento escolar

Del impacto del proceso independentista en el sistema educativo catalán versa su libro Nacionalismo catalán y adoctrinamiento escolar. Estrategia y práctica de control social y modelaje conductual. “En él, evalúo los casos de adoctrinamiento, la vinculación entre nacionalismo y educación, hasta llegar a la fractura del orden constitucional en 2017”, explica Rul. Se publicó a finales de 2019, pero los problemas empezaron antes. “Acudí a una editorial de Barcelona, pero no le interesó. Finalmente, fue una firma de Salamanca, Amarante, la que lo publicó”. El prólogo corre a cargo de la política y escritora Maite Pagazaurtundúa.

El autor también pretendía que una librería de la Ciudad Condal acogiera la presentación del libro. Visitó una, pero rechazaron celebrar el acto, que finalmente tuvo lugar en la sede de Impulso Ciudadano, asociación que promueve y defiende el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España, así como los valores contenidos en la Constitución española de 1978.

Las dificultades continuaron, pues en Reus (Tarragona) tampoco encontró librerías dispuestas a vender ejemplares de su libro. En Girona ocurrió algo similar. “Yo creo que el libro aporta beneficios, ya va por la tercera edición. Pero lo ocurrido tiene una gran carga política y simbólica”. Esos establecimientos sí tienen a la venta libros donde se defiende el proyecto independentista.

Neutralidad ideológica
“El nacionalismo ha penetrado tanto en la vida social, económica y cultural que incluso se llega a la censura”, lamenta. Rul afirma que esas librerías no argumentan su rechazo. “En una sociedad libre no puede ocurrir esto. Pero en Cataluña no vivimos en una sociedad libre. Curiosamente, los nacionalistas son los primeros que reivindican la libertad de pensamiento y de expresión”.

El docente afirma que la neutralidad ideológica en el sistema educativo “es fundamental”.

El inspector prevé presentar el libro, que se puede adquirir en grandes distribuidoras, en Lleida, Valencia, Zaragoza, Madrid y Sevilla. Lo ocurrido demuestra, a su juicio, que “el procés no ha muerto. De la catalanidad hemos pasado a una visión excluyente donde todo lo que es español es ajeno, es el enemigo. Y después de 40 años, es muy difícil dar marcha atrás”.
Convivencia de los ciudadanos

El libro está dedicado a la convivencia de los ciudadanos de Cataluña, que según su autor “se ha quebrado. Va a ser muy difícil superar eso. Revertir la situación requerirá mucho tiempo. Y es necesario que el Gobierno, las Cortes y el Poder Judicial tomen las decisiones correctas”.

Rul es inspector jubilado, impulsor del Proyecto Inspectio, que agrupa a inspectores e inspectoras de educación que defienden el ejercicio de su profesión de forma independiente.
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