AGLI Recortes de Prensa   Lunes 10  Febrero  2020

El porvenir del pasado y el exfuturo de España
Pedro de Tena Libertad Digital 10 Febrero 2020

Este año ha sido el primero en que no he recordado el día de enero de 2009, el 24, en que desapareció Marta del Castillo, aquella joven de ojos dulces y vitales, que fue destrozada por una conspiración de canallas que aún no ha sido aclarada, once años después. Pido perdón por ello y rezo a Bécquer: sólo hay tumba definitiva donde habita el olvido. Mientras hay memoria y verdad, el pasado tiene porvenir y el futuro previsto puede mutarse en un exfuturo, paradójico término que impresionó vivamente a Unamuno. Si para los verdugos el futuro deseado para sus víctimas es el olvido, tenemos la obligación de alimentar el porvenir de su pasado e impedir que habiten "en los vastos jardines sin aurora".

En estos días vamos viendo cómo quieren que sea el futuro los señores de la Moncloa y sus aliados separatistas. La libertad de personas y familias va a ser limitada y modelada por la ingeniería social de unos visionarios dogmáticos. La codicia salvaje de un Estado depredador intentará apoderarse de la mayor parte del fruto de nuestro trabajo. La infamia insolidaria de una Administración permitirá que el acceso a los recursos públicos beneficie más a unas regiones que a otras, poniendo fin al proyecto constitucional de solidaridad nacional. La deformación de una explicación oficial de la Historia anegará aún más las escuelas y los medios de intoxicación de masas. La continuidad de una España de siglos, con sus luces y sombras, será encaminada al troceamiento mediante concesiones que será difícil revertir. La democracia donde la alternancia política siga siendo la regla de oro será reemplazada por un régimen morboso donde sólo habrá una opción hegemónica. Y, por dejarlo aquí, el debate razonable sobre usos y costumbres y sus reformas moderadas será sustituido por la descalificación y los insultos hacia quienes defiendan otros valores y jerarquías.

En otros términos, se está procediendo a la liquidación de la transición democrática y sus afanes reconciliadores y se está propiciando un nuevo régimen que conllevará una nueva Constitución que consolide definitivamente el modelo social y político que ansía sólo una parte de España que quiere condenar a la otra a la sumisión y el olvido. Muchos han colaborado, hemos colaborado, en esta obra de demolición con nuestra indiferencia, con nuestra incapacidad para detectar lo esencial, y algunos con la traición o la deslealtad más obscena.

¿Está todo perdido? ¿Se ha perdido la oportunidad de una España reconciliada en la que sea posible convivir en un marco democrático de tolerancia recíproca, de justicia cabal, de respeto a la verdad y de debate racional de reformas sensatas y útiles para la gente?

Esa España, la España compartida y libre de privilegios, arbitrariedades, odios y exclusiones, la España que quisieron muchos, desde Galdós a Ortega y a Unamuno y a otros muchos españoles de a pie, la nueva España esperanzada que se hizo fracasar deliberadamente en la II República y que se abrió paso de manera generosa, demasiado en algunos casos, en 1978 tras una larga dictadura, es la España que quiere ser eliminada del futuro y sumida en el olvido por unos insensatos que sólo están atentos a sus elucubraciones ideológicas y no a la realidad nacional.

El desarme cultural y moral, el desencanto por el comportamiento de unos partidos e instituciones que no están a la altura, un poder judicial dependiente y sumiso y el cansancio provocado por sucesivas decepciones pueden hacer posible que a España no vaya a conocerla, esta vez sí, ni la madre que la parió. Sólo la reacción de la sociedad civil, el nervio de la nación, harta también de manipulaciones, estupideces, banalidades y mentiras, puede hacer que este futuro inminente termine siendo un exfuturo, no un destino inevitable. ¿Hay quienes se atrevan a ponerle el cascabel al gato y convertir en porvenir lo que ya se está dando por pasado?

A vueltas con España. España y su destino
Agapito Maestre Libertad Digital 10 Febrero 2020

El Gobierno del Frente Popular Separatista (coalición de los partidos separatistas con los socialistas de Sánchez y los comunistas de Iglesias) ha firmado definitivamente la muerte de la Transición. Aquí no hay sitio para todos. No todos los partidos políticos tendrán legitimidad para gobernar España. Por un lado, reducirán al máximo los espacios de actuación del Jefe del Estado, especialmente cuestionarán su función de arbitraje, mediación y moderación para que funcione el sistema democrático, y, por otro lado, cuando los partidos constitucionalistas protesten contra esta infamia antidemocrática, tratarán de deslegitimarlos alegando una supuesta apropiación de la institución de la Corona para sus intereses de partido. Para el Frente Popular Separatista cualquier medio será válido, sin reparar en su perversidad, si es para deslegitimar y, si llega el caso, ilegalizar a la Oposición. Se trata de matar el sustento liberal del régimen democrático: la Nación. Lo decisivo es que en España no quepan todos. El derecho superior de la Nación, por decirlo con un filósofo mayor de la nación española, sobre todo lo que es parte, clase, clientela o grupo, es atacado sistemáticamente por este gobierno de Frente Popular Separatista.

Este Gobierno ni siquiera gobierna para la mitad de la población, porque el primer y quizá único objetivo del Gobierno es satisfacer a la minoría que trata de reventar por completo el Estado. No sólo no se pondrá jamás en la situación del otro, sino que se se trata de eliminarlo. El Jefe de Gobierno es sólo el representante de una facción dentro de la suma de particularismos. Después de haber sido troceada, desaparecida casi por completo la Nación en algunas zonas de la península, la soberanía popular ha sido asaltada en el acto de inauguración de esta legislatura no sólo por los que se han ausentado para cuestionar la institución de la Jefatura del Estado, sino por los que han consentido esa tropelía. Mientras que los comunistas y socialistas simulaban respeto al Rey en el día de fiesta, alentaban el trabajo sucio de sus socios separatistas contra el Parlamento de España, que les mantiene como parasitos los días laborables. Ni siquiera hubo un aleve comentario por parte del Gobierno al comportamiento anticonstitucional de sus socios. En verdad, esa actitud gubernamental forma y conforma el tipo de sociedad encanallada que vivimos: la aceptación sumisa y ovejuna de una irregularidad.

La ideología del Poder político y de la mayoría de los medios de comunicación compiten no sólo para que traguemos con todo tipo de anormalidades, sino también para que nos adaptemos a ellas de modo natural. Nadie parece ya sorprenderse por estas tropelías. Nos han acostumbrado a que lo venidero aún será peor. Vivimos encanallados por el poder político. El Estado de Derecho se cuartea por todas partes. La mentiras y más mentiras del Presidente del Gobierno es solo una forma de ejemplificar qué tipo de sociedad quiere imponer a España esta coalición gubernamental. La actuación de la Presidenta de las Cortes, permitiendo que los separatistas cuestionen nuestra democracia, es otra forma de comportamiento irregular, casi criminoso, que se nos pretende hacer pasar por normal… Así no puede mantenerse con decencia un Estado.

La enfermedad de España, más que económica y social, es moral. La indecencia moral de un gobierno que solo defiende sus intereses particulares, la carencia de autolimitación política de un presidente de Gobierno a la hora de utilizar todas las instituciones y, en fin, la servidumbre voluntaria a la que se somete el gobierno de España ante los separatistas catalanes, están al alcance de cualquier analista que trate de desentrañar esta mal endémico de España. Los poderosos de La Moncloa no se esconden y reconocen con descaro que rendir la moral, la dignidad, es el precio que pagan con gusto a quienes apoyaron la moción de censura y, más tarde, los mantiene en el poder. La escenificación de esa "política" se ha llevado a cabo con la visita de Sánchez, un presidente carente de legitimidad democrática, a Torra, un presidente ilegal por sentencia de un Alto Tribunal de justicia. La reverencia del primer asesor de Sánchez, un tal Redondo, a Torra es la mejor imagen sobre quién tiene más poder en el gobierno del Frente Popular Separatista.

A todo ese conglomerado de "actores políticos", que conforma el gobierno de España, les une una misma ideología: dar fin a la Transición, a la Reconciliación entre los españoles, para entrar en una etapa de exclusión de quienes no se plieguen a lo dictado por el poder. El lunes, día 3 de febrero de 2020, se inauguró una etapa legislativa sin que se cumpliese el precepto mínimo que el gobierno le debe a los españoles: respeto a la Unidad de España. A la Nación. La carencia absoluta de respeto de este gobierno a quienes quieren seguir siendo españoles, es decir, defienden la Unidad de España, es el paso decisivo para destruir por completo la Nación que es el fundamento del régimen democrático.

Los particularismos de esa coalición de partidos políticos han sustituido a la Nación. Cuando se excluye al otro, cuando se trata de deslegitimar a la Oposición, estamos al borde de la desintegración. Se ha perdido casi por completo la conciencia de que se está sirviendo, por decirlo con Ortega y Gasset, a una empresa histórica común. Cuando no se tiene voluntad de participar en lo común, entonces desaparece toda idea de Nación. Porque la Nación no es sólo un territorio, una tradición, una historia, unos caracteres más o menos comunes, una lengua, etcétera, sino sobre todo una voluntad de construir algo en común. De asumir un destino. He ahí la aportación clave de Ortega y Gasset a la construcción de la nación española:

"La idea de Nación expresa el deber de quebrar todo interés parcial en beneficio del destino común de todos los españoles. Hay que imponer el derecho superior de esa comunidad de destino sobre todo lo que es parte, clase, clientela o grupo. La Nación es el nombre de la obra común que hay que hacer y es, a la par, el sistema de condiciones ineludibles sin las cuales España no puede subsistir ni progresar"[1] .

Sobre este fondo, que marca nuestra más inmediata actualidad, repasaré un par de ideas de Ortega y Gasset sobre la idea de nación que pudieran tener cierta viabilidad para aquí y ahora. Para el filósofo madrileño España es, sin duda alguna, un destino, pero eso no significa fatalismo. El destino es una rica categoría filosófica en su pensamiento, que supera, asumiéndolo, eso que el destino tiene de "necesidad ineluctable". No es el destino del hombre como el de una piedra. "Lo esencial del destino es que siendo inexorable exige y permite que lo aceptemos o no" [2] . Referida a la Nación la voz destino en la obra de Ortega no significa otra cosa que un camino que se hace a sí mismo. Es un permanente quehacer colectivo. Es una opción voluntaria, libre, que se ejerce a a cada paso, pero insoslayable como la vida humana. No hay en Ortega componente alguno que tenga que ver con el fatalismo. Nada tiene que ver la filosofía de Ortega con la vulgata o vulgaridad de quien se queja: "soy español porque no puedo ser otra cosa". Falso. El español es porque quiere ser. Es la libertad de hacerse lo que define a España.

La opción voluntaria de llevar a cabo un proyecto de vida en común es el factor decisivo que define la Nación. Naturalmente, esa voluntad a todas luces política de un quehacer colectivo no tiene porque enfrentarse o contradecirse por otros aspectos de la vida colectiva. Rompe, pues, Ortega con el fatalismo y llama ciudadano español solo a quien participa voluntariamente en la construcción de una comunidad o bien común. Resulta, pues, aventurado acusar a Ortega de caer en el "nacionalismo" español, según acostumbran los ideólogos de los separatismos catalán y vasco, toda vez que no tiene pretensión de definir España a través de unas notas originales o imperecederas de nuestro modo de ser colectivo. Ese ser colectivo no es definitivo. Se construye día a día. La Nación es, sobre todo, un proyecto político. Bien vio y estudió ese proyecto político de Ortega y Gasset, un extraordinario historiador, menos alejado de lo que creen sus discípulos, por ejemplo, Carmen Iglesias, de las formas clásicas de hacer historia de las identidades nacionales. Jose Antonio Maravall [3], falangista de primera época y fiel colaborador del franquismo cultural, padre de José María Maravall, que fuera ministro socialista en la época de Felipe González, destacó ya en el año 1934, en la revista Cruz y Raya, y en 1984, en Cuadernos Hispanoamericanos, el alejamiento de Ortega de cualquier historiografía nacionalista.

Sin embargo, eso no significaba, en mi opinión, que el concepto de Nación de Ortega se despidiese o rompiese por completo con la tradición historiográfica que define España en términos psicológicos, caracterológicos, es decir, a partir de un carácter común colectivo. Tales notas ontológicas tenían su importancia, pero pasaban a un segundo plano, cuando no desaparecían. Hablamos de la época en que España era el problema y hallaría en Europa la solución. Pero esa época pasó, algo de lo que aún no se han enterado algunos críticos actuales de Ortega, que siguen ironizando sobre la expresión de Ortega: "España es el problema y Europa la solución". Pasó, sí, porque entre la España del año diez y los treintas del siglo pasado sucedieron muchas cosas. España se puso al día y salió Europa, aunque le cortaron las alas pronto, y llegó el ensayo de la Segunda Guerra Mundial, nuestra Guerra Civil, pero por entonces, desde 1932 en adelante, Ortega cambió el eslogan radicalmente: El problema ya no es España. El problema nos viene de fuera. Tenía nombres y apellidos: fascismo y comunismo.

Ortega comienza por ese tiempo, cuando escribe el Prólogo para una edición de sus obras, 1932, después de que se ha retirado por completo de la vida política, una revalorización de las tradiciones culturales hispánicas. En fin, la preocupación primera de Ortega no fue estudiar una serie de cualidades o notas que llevamos inherentemente los españoles por haber nacido aquí. No son, en efecto, las llamadas "alma colectiva" y "alma nacional", que nos harían diferentes de otras comunidades, asuntos que preocupasen demasiado al primer Ortega. Eso fue asunto clave de la historiografía de Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, Altamira y muchos otros, pero para Ortega lo que definía a España era la voluntad de construir algo en común. Paradójicamente esa voluntad fuer reforzada en una segunda etapa de su obra, especialmente cuando regresa a España de su exilio, por el estudio de lo que podríamos llamar sin muchos miramientos los "caracteres" nacionales, "alma colectiva" y hasta "espíritu nacional". Esto es algo que ha visto con gran perspicacia el humanista español Ciriaco Morón Arroyo al decir: "Ortega parece haber vivido España con el entusiasmo del exiliado que vuelve. Corrió sus caminos y se embebió en la vida de sus pueblos, como si le fuera a faltar tiempo. Así, quien comenzó su carrera denostando del "alma nacional" como un fantasma de mentes sin rigor, se pasó la vida caracterizando a España, a las regiones y a Europa. El catálogo de sus psicografías y el estudio de sus razonamientos y contextos podrían inspirar otro precioso libro" [4].

[1] ORTEGA Y GASSET, J.: Obras completas, IX, Taurus/Revista de Occidente, Madrid, 2009, pág. 35.
[2] ORTEGA Y GASSET, J.: La rebelión de las masas. Tecnos, Madrid, 2003, pág. 408.
[3] Maravall, J. A.: " La incitación al destino", en CRUZ Y RAYA, nº 7, 1934. MARAVALL, J. A.: "La aportación de Ortega al desarrollo del concepto de nación", nº. 403/5, enero-marzo 19894.
[4] MORÓN ARROYO, A.: El "alma de España". Cien años de inseguridad. E. Nobel, Oviedo, 2013, pág. 170.

Sánchez hunde la imagen internacional de España con 5 decisiones terribles

Javier Rodríguez  ESdiario 10 Febrero 2020

¿Qué está pasando en España? En un mes, el Gobierno ha roto o debilitado lazos con Europa y Estados Unidos y los ha estrechado con Venezuela. Y nadie sabe las razones reales.

No ha pasado ni un mes desde la investidura de Pedro Sánchez y la designación de su nuevo Gobierno de coalición y la geopolítica española, interna y externa, ha cambiado con un giro copernicano que nadie esperaba con esa rotundidad. Y no parece que para bien.

En España, la dependencia del presidente del independentismo es absoluta: de él dependió su primera llegada a La Moncloa, también la segunda y, en realidad, la duración de toda la legislatura. Lo dijo Gabriel Rufián antes de darle los votos de ERC y lo están cumpliendo.

Pero hay más. Un volantazo internacional inesperado, con el que pocos contaban, y que modifica el estatus de España de una manera radical en todos los espacios donde opera. No se saben las razones ni los objetivos, pero sí los hechos y afectan al centro de la acción exterior del país: en Europa y con Estados Unidos, nada menos.

Guaidó exige a España que investigue los apaños de Sánchez con Maduro

Y todo pasa por el tercer "invitado", simbolizado por Venezuela, el país proscrito hasta hace unos meses que ahora aparece en el epicentro del viraje. Lo que hay detrás lo resumen el líder del PP, Pablo Casado, con una batería de preguntas y dudas que acabarán, si las fuerzas parlamentarias se lo permiten, con las respuestas que Sánchez ha esquivado hasta ahora.

"Zapatero hace su 39 visita a la dictadura venezolana ¿Qué motiva este viaje para ver a Maduro y Delcy Rodríguez? ¿Qué vínculos tienen Sánchez, Ábalos y Podemos con el chavismo? ¿Cobró el embajador de Zapatero de la petrolera venezolana? Pedimos explicaciones sin más mentiras".

La extraña conexión
Ahí, en la extraña conexión de Zapatero con Maduro, los viejos lazos de Podemos con el chavismo, el silencio de Sánchez y la reunión de Ábalos con Delcy Rodríguez reside, tal vez, la clave de un incierto nuevo rumbo que pasa por otros dos escenarios y dejó una huella el día de Reyes: el "asalto" diplomático española a la embajada de México en Bolivia, un oscuro episodio que no ha sido aclarado pero ahonda en las sospechosas conexiones de la "nueva" España con el populismo latinoamericano.

En unos días, Sánchez ha ofendido a Estados Unidos, despreciado a Europa e intimado con Venezuela. La razón, un misterio

Pero hay más. En el mismo tiempo, la diplomacia española ha tomado dos decisiones que, fuentes políticas conocedoras de los equilibrios internacionales, califican de "increíbles". Una, desafiar a Estados Unidos en dos frentes: recuperando en una versión más sutil la amenaza contra las bases americanas y, dos, el empeño de Moncloa en la tasa Google desechada hasta por Francia.

"Es incitar a la Casa Blanca a ahondar en decisiones sobre los aranceles que ya pasan factura a sectores como el aceite", indican las mismas fuentes, que recuerdan cómo Donald Trump no ha tenido ningún reparo en enfrentarse a un gigante como China en una guerra comercial aún abierta que, de momento, da la victoria a Estados Unidos en contra de los pronósticos. Como para no atreverse con España, recalcan.

El otro cambio es aún más sorprendente: la renuncia o la exclusión de España del nuevo eje de poder europeo que se está reconfigurando tras la salida del Reino Unido por el Brexit. Era el momento de ocupar ese espacio y convertirse, junto a Alemania y Francia, en la locomotora de una Unión debilitada y repleta de negros nubarrones.

Zapatero se "empadrona" en Venezuela junto a Maduro y hunde la imagen de Sánchez

Sánchez, de hecho, se vanagloriaba hace escasos de meses de que, con él, "España había vuelto a Europa". Pero ahora sus entornos se empeñan en denigrar ese protagonismo, en ningunearlo, y en permitir por acción o debilidad que Polonia se sitúe al lado de Merkel y Macron.

En un mes, pues, se ha degradado la posición en Europa, se ha soliviantado a los Estados Unidos y, finalmente, se ha acercado a España al régimen venezolano, con escenas tan sorprendentes como el desprecio a Juan Guaidó, el encuentro con Delcy o la presencia de Zapatero en Caracas. ¿Para qué? Nadie lo sabe, pero los temores son inmensos.

Caprichos de un presidente endiosado
Editorial ABC 10 Febrero 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a tal punto de endiosamiento que utiliza a la Abogacía del Estado para tratar de ocultar a ABC, y por tanto a la opinión pública, las razones de por qué debe ser un secreto su utilización de aviones y helicópteros oficiales para asistir a actos de su partido, o a acontecimientos propios de su agenda personal como conciertos musicales o bodas. Sánchez es un presidente atípico que da la impresión de que cree tener a todo el Estado a su servicio porque es jefe del Ejecutivo. Tal y como revela hoy este periódico, la Abogacía General del Estado ha demandado a un organismo público, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ante la Audiencia Nacional para tratar de ocultar los viajes que realizó Sánchez durante la campaña electoral de los comicios del 28 de abril, para la cual empleó medios públicos como coches oficiales e incluso un avión Falcon. Además, la Abogacía del Estado mantiene vivo un recurso contra la decisión adoptada por el Consejo de Transparencia el pasado octubre de exigir a La Moncloa que justifique los motivos por los que Sánchez utiliza esos medios de transporte en desplazamientos ajenos a su condición de presidente. En definitiva, la Abogacía General ha dejado de ser el cuerpo que defiende los intereses del Estado frente a cualquier abuso de poder, para convertirse en un cuerpo jurídico de élite al servicio personal de Sánchez.

Este era, presuntamente, el presidente de la transparencia y la regeneración de la política. Este era el presidente que nunca iba a mentir, porque eso, al parecer, era cosa de la derecha corrupta y de la extrema izquierda hoy aburguesada…, precisamente la misma a la que ha permitido acceder a La Moncloa con una vicepresidencia y cuatro ministerios inventados de la nada, y a la que invita a «retiros» de fin de semana en fincas, también del Estado, con la excusa de coordinar la acción de gobierno. Sánchez no solo hace un uso espurio de la Abogacía General del Estado con el dinero de todos los españoles, sino que la ha convertido en un servicio jurídico a su exclusivo interés. Da igual que sea para dinamitar cualquier estrategia jurídica solvente contra el independentismo catalán, o para que sus viajes personales de ocio o de campaña, que deberían ser pagados por el PSOE y no por todos los ciudadanos, cuelen casi como un «secreto de Estado». No se trata solo de una cuestión estética que pone en jaque la credibilidad de la Abogacía, sino de pura dignidad política. Sánchez concibe el poder como algo inherente a él desde una perspectiva omnímoda porque cree ser inmune a cualquier tipo de fiscalización de sus actividades pues parece sostener que su poder es plenipotenciario. Y eso, en democracia, es sencillamente inadmisible.

El señor Lobo
Su súbita misión «diplomática» recuerda al personaje de Tarantino
Luis Ventoso ABC 10 Febrero 2020

Vuelvo a ver el vídeo. Dos hombres de traje y corbata dándose la mano. El más corpulento, de bigotón negro, luce una media sonrisa que transmite aplomo, dominio de la situación. El otro, de ojos glaucos, destila una eufórica alegría por ver a su interlocutor y choca su mano con tal énfasis que no la suelta, como si hubiese sufrido una descarga eléctrica en los dedos. La escena podría parecer robada de una comedieta de Mr. Bean, o tratarse de un «deep fake». Pero al parecer es real.

El hombre de los ojos claros ha viajado 38 veces a Venezuela en los últimos tres años, en calidad de «mediador internacional». Un promedio de un vuelo mensual a Caracas. ¿Para qué?

Por ahora, para nada. ¿Quién paga esos viajes? No se sabe. ¿A quién representa a día de hoy? Se ignora. ¿Qué le anima a seguir yendo a Venezuela toda vez que su misión ya se dio por fracasada hace meses y que una de las partes en conflicto, la oposición, no lo reconoce como interlocutor, porque lo ve parcial y entregado al dictador? Tampoco hay respuesta.

Mientras Guaidó era aclamado en la Cámara de Representantes de EE.UU. y se veía con Trump, Maduro recibía en Miraflores a uno de sus aliados, el ministro de exteriores de Rusia, el sinuoso Lavrov. Nada más salir el hombre de Putin del despacho entró el hombre de los ojos claros. Allí tuvo la oportunidad de conversar con el dictador y orate económico (un tipo que además de machacar los derechos humanos en seis años de mandato ha provocado el éxodo de cinco millones de sus compatriotas, un desplome del PIB del -52% y una inflación del 1.700.000%). En el encuentro participó también la vicepresidenta Delcy Rodríguez, cumplimentada hace tres semanas en Barajas por el ministro Ábalos, incumpliendo así el Gobierno español sus compromisos diplomáticos con la UE, que proscribían su presencia en suelo europeo (e irritando a Estados Unidos). Una vez que la prensa española destapó el encuentro secreto, el Ejecutivo de Sánchez se defendió con su arma predilecta: la mentira serial. Seis versiones distintas del encuentro, que fueron desde negar su existencia a reconocer que duró media hora.

En España ya da todo un poco igual. Estamos a punto de cambiar el Código Penal al dictado de un preso separatista sedicioso y negociamos con él la «autodeterminación» de una región española. Pero en Estados Unidos todavía conservan ciertos principios «carcas». Por ejemplo, distinguen perfectamente quién es un aliado fiable y quién no. Su impetuoso presidente lo tiene claro: los desaires a EE.UU. se pagan. La factura de las torpezas diplomáticas de Sánchez ya ha llegado (pregunten a los aceiteros cómo les va en el mercado estadounidense tras el rejón de los aranceles). Y el festival Delcy no ha agradado en la Casa Blanca: «Quienes apoyan a Maduro deberían tomar precauciones», advierten.

En «Pulp Fiction», la película que puso en órbita a Tarantino en 1994, Harvey Keitel encarnaba al señor Lobo, un mediador cuya misión era borrar el rastro de grandes tropelías. El «caso Delcy» atufa, las mentiras chirrían y toca esconder la roña debajo de la alfombra. El señor Lobo ha aterrizado en Caracas.

¿Cuánta humillación le cabe a Sánchez?
Isabel San Sebastián ABC 10 Febrero 2020

Desde que Fernando VII cometiera la vileza de arrodillarse ante el invasor francés y abdicar la corona en favor de Napoleón, mientras su pueblo luchaba por la libertad y la dignidad de España, ningún gobernante patrio había caído tan bajo como Pedro Sánchez. Ninguno había mancillado de tal modo su honor y el de la Nación, lamiendo las botas del enemigo en lugar de plantarle cara. Ninguno se había humillado hasta límites semejantes a fin de salvar el pellejo o, en este caso, la poltrona. Fernando VII ha pasado a la historia con el sobrenombre de «felón». ¿Qué apelativo acompañará a nuestro actual presidente en los manuales del futuro? ¿Sánchez el villano, el cobarde, el traidor, el mezquino, el abyecto, el liquidador? Cualquiera de ellos define la bochornosa claudicación que caracteriza a día de hoy su relación con los sedicioso catalanes. Todos y cada uno lo retratan como lo que es: un ser desprovisto de principios, cuya única motivación es la conservación del poder. A ese afán supeditará lo que sea menester, empezando por la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir, salvo que ésta demuestre tener suficiente fortaleza como para resistir sus embates. Porque una cosa es segura: quienes lo han aupado hasta donde está no van a cejar en su empeño de dinamitar el marco legal que cobija a la patria común de los españoles. No van a renunciar a robarnos la soberanía. No se van a conformar con nada menos que la liquidación de la indisoluble unidad nacional consagrada en la Carta Magna. Si el jefe del Ejecutivo piensa que logrará atemperar esas pretensiones domesticando al tigre que cabalga hasta convertirlo en un manso jamelgo, uniría a la indignidad una ingenuidad clamorosa o más bien la arrogancia propia de quien tiene una consideración de sí mismo muy superior a la merecida atendiendo a sus capacidades.

El reverencial cabezazo del valido Iván Redondo ante el inhabilitado Joaquim Torra es una metáfora perfecta del pacto de vasallaje suscrito entre Sánchez y sus socios independentistas. Estos últimos son el señor, por supuesto, y él su leal vasallo, a cambio de apoyo parlamentario para conservar la Moncloa. Porque en política las formas revisten tanta importancia como el fondo de los asuntos tratados y a menudo incluso más. Nadie sabe a estas alturas en qué consiste exactamente el «diálogo» que no se cansa de predicar nuestro presidente, pero todos hemos visto y oído cómo se le recibía en Barcelona con el protocolo reservado a los jefes de Estado extranjeros; cómo él adoptaba el lenguaje de los separatistas, hablando de España y Cataluña cual si se tratara de dos países distintos; cómo ofrecía a esa comunidad autónoma privilegios fiscales y de financiación, a la vez que rehusa abonar a las demás el IVA que se les adeuda; cómo se desvivía, en suma, por agradar a nuestros maltratadores, en un patético intento de apaciguar a la fiera. También hemos conocido la respuesta de los golpistas a esas ofrendas no solo infamantes, sino inútiles: reconocimiento del (presunto) derecho de autodeterminación, referéndum en Cataluña para decidir si se quedan o se van, mesa de negociación bilateral entre gobiernos y relator/mediador «a ser posible internacional», encargado de garantizar que las conversaciones se celebren en un plano de absoluta igualdad entre ambos interlocutores. Torra, es decir Puigdemont y Junqueras, o su fiel lacayo Rufián, se pelean por ver cuál de ellos escarnece más y mejor al representante de España. Y yo me pregunto ¿Tiene límite la humillación que está dispuesto a soportar Sánchez?

Sánchez, Zapatero y la mafia chavista
EDITORIAL Libertad Digital 10 Febrero 2020

Cuando el escándalo de la reunión del ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas está muy lejos de haberse aclarado, José Luis Rodríguez Zapatero ha visitado nuevamente Venezuela sin misión conocida. A estas alturas del esperpento, después de que la oposición venezolana despreciara olímpicamente la mediación del expresidente del Gobierno español, nadie con un mínimo de decencia puede defender que las frecuentes embajadas de Zapatero ante Nicolás Maduro y su banda tengan por objeto contribuir a la democratización del país caribeño, devastado por el socialismo del siglo XXI.

Zapatero se ha convertido en un personaje indeseable para los sufridos venezolanos por sus manejos con quienes les subyugan. Su defensa de la narcotiranía socialista comandada por el siniestro payaso Maduro, que hambrea a la población y tortura y masacra a los disidentes, lo han convertido a ojos de tantos en algo bastante peor que un fantoche genuflexo.

El episodio de la entrega de 35 millones de euros al embajador de Zapatero en Caracas, sobre el que el Gobierno de Sánchez sigue sin pronunciarse, convierte al expresidente del Gobierno en un personaje siniestro que avergüenza a España por sus enjuagues con la mafia chavista.

¿A qué ha ido nuevamente Zapatero a Caracas? Por ahora solo sabemos que a reunirse con Delcy Rodríguez, precisamente cuando el foco está puesto en esta indeseable a cuenta de su visita a España, que va a ocasionar a nuestro país graves y merecidos problemas diplomáticos.

Urge someter a Zapatero al escrutinio del Parlamento para que explique detalladamente sus tratos con el régimen de Maduro. Pedro Sánchez, que nada dice de las andanzas zapateriles en Caracas mientras pretende ningunear al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, tiene que explicar esos oscuros manejos y cortar de raíz con los patronos de sus socios podemitas, verdaderos apestados internacionales con gravísimos crímenes a sus espaldas.

El jurisconsulto Iceta
José García Domínguez Libertad Digital 10 Febrero 2020

Miquel Iceta, con estudios completos de BUP y COU, acaba de sentenciar que la figura penal de la sedición no se ajusta a los hechos acontecidos el 1-O.

En cualquier caso, una persona con los vastos conocimientos legales de Miquel Iceta tiene que saber de sobra que la primerísima función del Derecho Penal, tal como acaba de recordar el catedrático Rafael Arenas tratando de la misma materia que nos ocupa, consiste en disuadir a los delincuentes potenciales de incurrir en los delitos contemplados y sancionados en el Código Penal. Así, cuando un reo convicto y confeso manifiesta de forma reiterada que lo volverá a hacer, la función de las penas recogidas en el Código es recordarle el precio que pagará en caso de cumplir su palabra. Pero Iceta quiere que ese precio sea cero. Un principio de la Teoría Económica más básica sostiene que cuando el precio de cualquier cosa se acerca a cero, su demanda comienza de inmediato a tender a infinito. Y eso es tan aplicable a las lavadoras y a los friegaplatos como a los golpes de Estado en Cataluña. Por lo demás, en algo sí tiene razón Iceta, como el mismo Rafael Arenas sostiene en el mismo escrito. Porque las tipificaciones penales tanto de la sedición como de la rebelión están pensadas en nuestro ordenamiento legal teniendo el legislador in mente las sublevaciones propias del siglo XIX, aquéllas en las que un cuerpo armado, o una parte de él, se levantaba contra el orden constituido apelando al poder intimidatorio de su capacidad de fuego.

A nadie se le ocurrió pensar que en un Estado de facto federal en el que alguna de sus partes constituyentes no practique en absoluto el principio de la lealtad federal puede ocurrir, y Cataluña encarna hoy el ejemplo paradigmático, que sean las propias autoridades legítimas las que utilicen el poder del Estado con el objetivo de destruir el orden constitucional en una parte del territorio. Lo que significa que, aquí y ahora, o sea en el Estado compuesto llamado España donde la máxima autoridad del propio Estado en la demarcación de Cataluña se tiene a sí misma por la única depositaria de la soberanía en el territorio bajo su administración, cabe encabezar una rebelión sin necesidad alguna de llamar a la puerta de los cuarteles. Aquí y ahora, para encabezar una genuina rebelión no es necesaria ni siquiera una ametralladora: basta con impartir las instrucciones oportunas al director general de TV3 desde un despacho de la Plaza de San Jaime. Porque el jurisconsulto Iceta tiene razón: urge cambiar el Código cuanto antes para que lo que ocurrió el 1 de Octubre se llame rebelión también en la letra de la Ley.

¡Más madera!
Mikel Buesa Libertad Digital 10 Febrero 2020

Hay ocasiones en las que, por diferentes vías y con distintos tipos de actuaciones, la política económica se comporta de una forma destructiva al dificultar una eficiente asignación de recursos. En esos casos, las señales que perciben los operadores en los mercados, tanto de factores como de productos, son confusas y llevan a trabajadores, empresarios y financieros hacia una senda corrosiva que acaba cercenando las bases mismas del progreso. La secuencia de la película de Los hermanos Marx en el Oeste en la que éstos, para perseguir a un coche de caballos, ponen en marcha un tren que ha agotado su carga de carbón quemando madera puede tomarse como una metáfora de ese tipo de situaciones. Recordemos que, al grito de "¡Traed madera!", reiterado por Groucho, sus hermanos van llevando partes del tren para quemarlas en la locomotora, hasta que ésta, a gran velocidad, alcanza su objetivo, aunque al final todo en tren ha sido arrasado y ya no queda casi nada de él.

¡Más madera!, así conocemos los españoles la secuencia que acabo de describir, es en efecto el tipo de política económica que practicó, por ejemplo, Carlos Solchaga cuando, a mediados de 1989, España se incorporó al Sistema Monetario Europeo. El entonces ministro de Economía consideró que un tipo de cambio sobrevaluado disciplinaría a las empresas españolas para ajustar su competitividad y, así, poder tratarse de igual a igual con las principales firmas de los países comunitarios ricos. Pero lo que ocurrió no fue eso, sino todo lo contrario: las importaciones desde esos países resultaron favorecidas y las exportaciones españolas perjudicadas, con lo que las empresas españolas perdieron un buen trozo de su mercado interior y carecieron de capacidad para ampliar su actividad en el exterior, destruyéndose de esta manera una buena parte del sistema productivo. Ni que decir tiene que el país se encaminó rápidamente hacia la senda del desequilibrio exterior, expresiva siempre de que estaba viviendo por encima de sus posibilidades; o sea, que vivíamos como ricos no siéndolo, sencillamente porque se financiaba nuestra alegría desde el exterior. Hasta que, cuando el verano de 1992 apuntaba hacia su final, esa burbuja se hizo insostenible y el Gobierno, a su pesar, no tuvo más remedio que devaluar la peseta tres veces sucesivas en el plazo de nueve meses. La crisis resultó monumental y en un año se perdió todo el empleo que se había creado desde 1985, pero la devaluación permitió recuperar la senda del crecimiento hasta que llegó la crisis financiera en 2007.

Precisamente en la política que practicaron los Gobiernos de Zapatero a partir de esa fecha, desoyendo las señales del crack que se gestaba en Estados Unidos, encontramos otro ejemplo de ¡más madera! En este caso no fue la política cambiaria –imposible, por otra parte, pues España se encontraba ya bajo la disciplina del euro– la responsable del desaguisado, sino la expansión del gasto público financiada con deuda. Tanto Pedro Solves como Elena Salgado actuaron en esta ocasión bajo la idea de que la crisis era transitoria, que los norteamericanos la arreglarían rápidamente y que, por ello, bastaría con expansionar temporalmente la demanda aumentando el gasto del Estado. El resultado fue desastroso y se reflejó en un fortísimo desequilibrio de las cuentas públicas –aún no subsanado– y del sector exterior –que pudo corregirse a partir de 2012–, y una imponente destrucción de empleo –que superó los 3,77 millones de personas y que empezó a compensarse en 2014, sin que aún se haya logrado del todo–. La salida de la crisis, ya con el Gobierno del PP, se sustentó en esta ocasión, además de en una reconversión bancaria que requirió una enorme cantidad de recursos, en una devaluación salarial, propiciada por la reforma del mercado de trabajo, que reflejó el empobrecimiento que, una vez más, había sufrido el país en los años precedentes y que había sido disimulado por la entrada de recursos financieros desde el exterior.

La devaluación salarial, que culminó en 2016, tuvo unos efectos de similar magnitud a los de la devaluación monetaria de 1992-93, aunque resultaron más permanentes que en aquella ocasión. Esto posibilitó que la economía española, restaurada su competitividad exterior, pudiera crecer a una tasa que duplicaba a la de sus socios comerciales, lo que redundó en una importante creación de empleo, cifrada en algo más de tres millones de ocupados. Pero conviene destacar que ese crecimiento no estuvo acompañado más que de un estrecho aumento de la productividad que posibilitó unas pequeñas ganancias salariales a partir de 2017.

Hete aquí que, entrados en esta nueva fase de recuperación económica, los cambios políticos derivados de la fragmentación electoral y del abandono, por parte del PSOE, de su desconfianza hacia los comunistas, estamos ahora en los prolegómenos de una nueva edición de la política de ¡más madera!, que en este caso se sustenta sobre una política de rentas –con una subida de más del 29% en el Salario Mínimo desde que gobierna Sánchez–, una política fiscal fuertemente redistributiva –de momento, sólo prometida–, una importante expansión del gasto público, también redistributivo –que hasta ahora supera el 1,7% del PIB, pero que promete un incremento adicional del 2,4– y la intención de volver a un mercado de trabajo rígido. Hay que apuntar que la ministra Calviño bendice esta orientación de la política económica y que hace esfuerzos para que sea aceptada por la Comisión Europea, con poco éxito de momento; y también que desde su vicepresidencia no se ha llamado la atención sobre la imperiosa necesidad de aumentar la productividad –variable ésta que lleva descendiendo los dos últimos años–. Las consecuencias destructivas de lo ya realizado –que es mucho menos de lo prometido– empiezan a hacerse visibles en el conflicto agrario, en el menor aumento del empleo y en la reversión de la trayectoria descendente del paro. No es demasiado todavía, pero si no hay una pronta rectificación volveremos a lo mismo que en los episodios ya conocidos. Al Gobierno convendría señalarle que, para España, el camino de la prosperidad pasa sólo por unas ganancias de productividad que puedan sustentar la mejora de la renta de los menos favorecidos, ensanchando así el mercado interior. Pero para esto, el grito de ¡más madera! no sirve.

El Banco de España avisó en 2016: un salario mínimo de 950 euros en 2020 destruirá 280.000 empleos
Hace cuatro años el supervisor estudió el impacto que tendría en el empleo una subida del SMI igual a la aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez
Alejandra Olcese vozpopuli.es 10 Febrero 2020

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros en 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta semana y, aunque el Banco de España todavía no se ha pronunciado sobre la medida, ya en el año 2016 vaticinó que elevar este indicador hasta ese umbral provocaría la destrucción de un 1,4% del empleo, es decir, unos 280.000 puestos de trabajo.

Cuando el año pasado el anterior Gobierno de Pedro Sánchez decidió de forma unilateral subir el salario mínimo un 22,3% hasta los 900 euros al mes, el Banco de España reaccionó alertando de que ese aumento tan brusco (desde los 735,9 euros) provocaría la pérdida de 125.000 empleos en el país, una previsión que desató la ira del Ejecutivo.

La entonces secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, criticó duramente ese informe y llegó a exigir a la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos que se disculpara por sus "malos augurios" y elaborara un estudio a posteriori para cuantificar el impacto en el empleo.

Esta polémica podría ser la que ha llevado al supervisor a guardar silencio en esta ocasión, a pesar de que los cálculos los tiene hechos desde el año 2016.

Afecta al 12,3% de los trabajadores
Fue a raíz de la presentación de una proposición de ley en el Congreso para estudiar un posible incremento escalonado del SMI, cuando el Banco de España realizó su estudio, en el que hace una "microsimulación" para conocer si los afectados por el nuevo SMI mantendrían su empleo y su salario aumentaría hasta el nuevo mínimo legal, o bien perderían su empleo.

"En el caso de un incremento hasta los 950 euros mensuales, el porcentaje de trabajadores afectados alcanzaría el 12,3%, con casi un tercio de los trabajadores jóvenes en dicha situación", y, de ellos, un 11,32% perdería su empleo. Sobre el total de trabajadores del país, esto supone una pérdida del 1,39% de los puestos.

Si se tiene en cuenta el dato de la última Encuesta Población de Activa (EPA), que recoge que en España hay un total de 19,96 millones de trabajadores, el número de personas que podrían perder su empleo por la subida del SMI a 950 euros sería de 277.540 trabajadores, según el cálculo del supervisor. Los más afectados serán los jóvenes (16-25 años) y los trabajadores de mayor edad (46-70 años), señala.

No aumenta la renta media, ni baja la desigualdad
El Banco de España explica también que la subida del SMI no provoca un incremento general de la renta, dado que "los efectos positivos sobre los trabajadores que conservan el empleo tienden a compensarse con las pérdidas de salarios de los que pierden su puesto de trabajo".

No sólo no se produce un incremento medio de la renta, sino que hay algunos colectivos que sufren una caída de ingresos. Los jóvenes disfrutan de una mejora de la renta, ya que "el incremento de salario más que compensa la pérdida de empleo", pero para el grupo de más de 45 años "las pérdidas de empleo son tan intensas que la renta laboral llega a caer".

La desigualdad relativa a rentas salariales "apenás varía" en general, añade, mientras que se producen "incrementos de la desigualdad tanto para los más jóvenes como para los más mayores, especialmente en los escenarios de subidas adicionales del SMI", como era el caso de la prevista para 2020 que finalmente se ha llevado a cabo.

Un objetivo fijado hace cuatro años
La voluntad de que el Salario Mínimo llegar a 950 euros en 2020 lleva incubándose cuatro años.

El 22 de noviembre de 2016, el grupo confederal de Unidos Podemos en el Congreso presentó la toma en consideración de una proposición de ley que proponía que el SMI subiera de forma escalonada hasta llegar a 950 euros al mes en 2020.

A pesar de los votos en contra de los 137 diputados que tenía entonces el PP y de la abstención de los 30 de Ciudadanos, el resto de fuerzas parlamentarias consiguió aprobarla con 173 votos a favor.

Con el tiempo y sobre todo tras la fuerte subida del SMI en 2019, se instaló el discurso de que el próximo paso debía ser subirlo hasta 1.000 euros, pero finalmente la intervención de la patronal y el hecho de que su objetivo siempre fuera llevarlo a 950 euros ha provocado que ésta haya sido la cifra pactada.

Cambio de Régimen o giro a la izquierda
Pablo Sebastián republica 10 Febrero 2020

En la mañana del pasado lunes día 3, poco antes del inicio de la solemne apertura por el rey Felipe VI de la XIV Legislatura, en el Congreso de los Diputados se respiraba un ambiente de cambio de Régimen liderado por el presidente Pedro Sánchez e inducido por su vicepresidente Pablo Iglesias

De entrada el vuelco que pondría punto final a los pilares del edificio de la Transición no se presentaba como objetivo o meta declarada del gobierno de coalición PSOE-UP, pero se entendía que el cambio de Régimen sería la consecuencia natural de la acción incesante y premeditada de un gobierno de izquierda radical.

Sin embargo cuando vimos a Iglesias y a los ministros de Podemos en pie y aplaudiendo tibiamente, pero aplaudiendo con todo el Gobierno, la entrada de los Reyes de España en el hemiciclo del Congreso, la tensión bajó y hubo desconcierto en las tribunas.

Incluso tras esos aplausos iniciales y los de los cuatro minutos que siguieron al final del discurso del rey Felipe VI, más de uno pensó que habría un giro hacia la izquierda en la actuación del Gobierno pero todo ello dentro de una cierta normalidad constitucional, y con la moderada colaboración de Iglesias y el resto de sus ministros.

Pero ese oasis imaginario o espejismo se ha empezado a disipar, visto lo ocurrido en la relación del Ejecutivo con el soberanismo catalán (el caos y los comunicados rectificados de La Moncloa) y el pomposo viaje de Pedro Sánchez a Barcelona para entrevistarse con el inhabilitado Quim Torra. Al que llenó de regalos, como presagio de la rendición del Estado en Cataluña con posibles indultos a los golpistas y el cambio del modelo territorial.

Y cuando vimos, en solo unas pocas horas, un vuelco radical en la Política Exterior de España, que había cuidado con esmero Josep Borrell, marcando de pronto y en público importantes discrepancias con los EE.UU., Francia y Alemania, y exhibiendo el acercamiento al régimen de Nicolás Maduro. Lo que iba mucho más allá del simple giro a la izquierda y barruntaba el golpe de timón hacia el cambio de Régimen.

Sobre todo una vez que se insistió en la reforma del Código Penal para así favorecer al golpismo catalán, mientras se lanzaba una ofensiva contra el PP para la conquista del contra poder judicial. Con la misma facilidad que este Gobierno ya controla casi todos los grandes medios audiovisuales de este país y tiene en un puño al poder económico y financiero que está tocado por escándalos y con el techo de cristal.

Y a la espera estamos de ver que ocurre con la reforma laboral del PP en este momento de repunte alarmante del paro, porque todo anuncia una política económica deficitaria y endeudada, que se aleja del modelo de la convergencia con la UE. Lo que constituiría otro vuelco del modelo que imperó en este país en las últimas décadas.

Se nos puede decir que todas estas medidas (más las subidas del SMI, las pensiones, salario de funcionarios y la eutanasia que está al llegar) son las propias de un gobierno de izquierdas que preside un Pedro Sánchez al que gusta auto calificarse de ‘el rojo’ en franca competencia con Iglesias. Y que todo ellos forma parte de una mensaje ‘cifrado’ a ERC para que le aprueben a Sánchez los presupuestos.

Pero todo ello junto y en tan solo tres semanas está incluyendo el mensaje de que, si Sánchez e Iglesias logran los Presupuestos, van a ir a por todas en pos del cambio de Régimen y ya veremos hasta donde. Porque probado está que Sánchez es capaz de todo y que su permanencia y el disfrute del poder priman sobre cualquier prioridad del interés general.

E Iglesias ya se sabe lo que piensa de la unidad de España, la Justicia, la libertad de prensa, la UE, la ‘casta’ económica y la monarquía. Iglesias está decidido al cambio de Régimen aunque le toque las palmas al Rey, pero irá con sumo cuidado y ‘envenenando’ a Sánchez poco a poco con una muy discreta y constante poción y tentación.

Iglesias le dirá a Sánchez desde lo más alto del pico Almanzor: ‘todo esto que ves será tuyo’, mientras ambos deambulan por la senda incierta de la ambición. Pero quizás también sin entender que España es mucho más grande y profunda de lo que ellos ven en el horizonte o se imaginan a su alcance, y pueden equivocar. La pequeña y reciente rebelión del campo es tan solo una señal.

El Reino Unido corta amarras
Pedro Schwartz ABC 10 Febrero 2020

El adiós del Reino Unido debería llevarnos a reflexionar sobre los errores que hayamos podido cometer los europeos para dar lugar a la marcha de un socio de tanta e importancia. Se va, no solo por disconformidad con la situación actual de la Unión Europea sino porque una mayoría de su pueblo rechaza el futuro del proyecto europeo. Los padres fundadores de la Unión Europea, Adenauer, Schuman y De Gásperi, inspirados por la visión de Jean Monnet, buscaron aplicar un remedio definitivo a la secular guerra civil europea. Todos los intentos de unificar a Europa por la fuerza habían fracasado. El emperador Carlos V no pudo con las armas evitar la división traída por la Reforma protestante. Luís XIV arruinó la monarquía en su intento de crear un continente francés. Napoleón fracasó en su ambición de conquistar los reinos europeos desde el Atlántico hasta los Urales. Alemania buscó imponer su predominio en dos guerras mundiales. Fue la sangrienta lección del siglo XX la que llevó a esos padres fundadores a seguir otro camino hacia la paz de la península euroasiática: el camino de la economía. Al crear la Comunidad Económica Europea en Roma en 1957, buscaron alcanzar la concordia por la vía funcional de la libre circulación de bienes, capitales y personas. El proyecto era ingenioso por su aparente modestia, pero incluía un deseo más ambicioso: el de establecer los fundamentos de una «unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos». Sin decirlo, el objetivo era conseguir, con el paso de los años, una unión política.

Ya estaban presentes, pues, en Roma las semillas de la mutación de la CEE en una estructura de imposición política. Desde el principio eran muchas las limitaciones al libre comercio por razones políticas o fiscales, en especial la política agraria comunitaria y el arancel exterior. Un espíritu centralizador fue avanzando por la espontánea vía del comercio, sobre todo durante la larga presidencia de la Comisión de Jacques Delors. La ilusión era que, con el cambio de nombre a «Unión Europea’» con la asunción de crecientes poderes por la Comisión, el Tribunal, y el Parlamento; con la creación del «mercado único» con la ampliación hacia el Este a países antes gobernados por la URSS; con el lanzamiento del euro y el Banco Central: fuera apareciendo un sentimiento nacional europeo, que podría culminar en una unión política. Sin embargo, pronto empezaron a notarse los efectos de un exceso de precipitación, si cabe llamar así lo que fueron errores de dirección. El primer aviso fue la resistencia a integrarse en el euro de al menos cinco miembros que cumplían las condiciones de entrada; el segundo aviso fue el rechazo de una Constitución Europea por sendos referendos en dos países fundadores; el tercero, las crisis monetarias griega y chipriota.

Los europeos continentales no supimos ver que la mayoría de los británicos no comulgaban con la idea de un Estado europeo al estilo de los Estados Unidos de América. Hemos subvalorado el aprecio que sienten por su Constitución. La Monarquía como símbolo nacional, el Parlamento como sede de la soberanía, y los Tribunales como poder independiente son algo a lo que no quieren renunciar. Otras naciones de Europa, Holanda, Bélgica, y los países escandinavos son también monarquías democráticas antiguas. Sin embargo, la historia de otras naciones europeas muestra tintes menos amables, no estamos para dar lecciones de democracia al Reino Unido. El Parlamento Europeo, itinerante de Bruselas a Estrasburgo, parece a muchos británicos la fantasía de una novela de Mary Shelley. La Comisión es un ejecutivo inelecto que monopoliza la facultad de presentar proyectos de ley. Y la Corte de Justicia se inclina en sus decisiones por los intereses de la Unión.

La negativa de los europeos a ratificar el Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones (TTIP) entre EE.UU. y la UE es una muestra de lo que ha llevado al Reino Unido a querer separarse. Defensor activo que fui de esta mutua apertura entre las dos grandes potencias comerciales del mundo, siempre he lamentado que los europeos no aprovecháramos la buena disposición del presidente Obama a firmarlo. Ese rechazo es típico de la actitud proteccionista de la UE. Los enemigos de la globalización, los verdes, los sindicatos y otros enamorados de nuestra manía regulatoria se opusieron rabiosamente a ese acuerdo. Ahora el presidente es Donald Trump. El primer ministro Boris Johnson acaba de reafirmarse inequívocamente a favor de un comercio internacional más libre en su discurso del Colegio Naval de Greenwich. Quizá él pueda conseguir para el Reino Unido lo que los europeos perdimos con el TTIP.

Boris Johnson ha anunciado ya que, en la negociación con la UE, se negará a aceptar la imposición in aeternum de las reglamentaciones europeas actuales o futuras. El mutuo reconocimiento de normas reglamentarias sería una práctica más acorde con el libre comercio que la imposición de las reglas laborales, sanitarias, fiscales, financieras europeas al Reino Unido. Cuando se trata de sociedades civilizadas, más sencillo es dar por buenas las reglas de la otra parte. Eso daría lugar a una bienvenida competencia, que disciplinaría los afanes intervencionistas de unos y otros. Se habla airadamente de «dumping social», cuando toda idea de «dumping» debería desaparecer del comercio internacional.

Muchos son los que vaticinan grandes pérdidas económicas para el Reino Unido tras separarse de la UE. Sin duda habrá un cambio de su estructura económica al dificultarse sus exportaciones a Europa. Si los británicos no caen en la tentación de aplicar la Ley del Talión, habrá sectores que decaigan y otros que florezcan. La City no está a punto de ser sustituida por la Bolsa de Madrid. Incluso la producción de vehículos puede prosperar con el cambio a propulsión eléctrica. La liberalización comercial siempre tiene efectos sorprendentes. Es la UE la que tiene que cuidarse de no quedar obsoleta con la marcha de su socio más inconforme.
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Pedro Schwartz es Académico de número de la Real de Ciencias Morales y Políticas

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El dilema de Junqueras
Luis Herrero Libertad Digital 10 Febrero 2020

En las últimas elecciones catalanas, las de diciembre del 17, la lista de Puigdemont mejoró en casi cuatro puntos el pronóstico electoral que le otorgaba el promedio de las encuestas. En mayo del 19, en las elecciones europeas, Junts, contra todo pronóstico, le sacó en Cataluña más de siete puntos de diferencia a Esquerra y dobló el resultado de las estimaciones previas. Hay algo que las vísceras de las ocas no olfatean bien cuando les toca predecir el futuro electoral de los post convergentes. Por eso hay caras de preocupación en Lledoners y de razonable optimismo en Waterloo. Según La Vanguardia, ERC le saca menos de cinco puntos a JxCat (24,9 frente a 19,8). De acuerdo a los últimos antecedentes eso significa que la noche del recuento la victoria se puede decidir en la foto finish. De ahí que el tiempo que falte hasta las elecciones —de tres a ocho meses— resulte tan decisivo.

Los republicanos le están dando oxígeno al Estado represor, con el argumento de que es la mejor estrategia para agrandar la base social que necesita el independentismo catalán para hacerse incontestablemente mayoritario, y los secuaces de Puigdemont tratan de demostrar que esa es una estrategia estéril, rayana en la traición, abocada a desencadenar la aplicación de un nuevo 155. Lo que pase el día de las urnas dependerá del poder de convicción de esos dos argumentarios. Así las cosas, Torra tiene muy claro cuál es su papel, antes de que la inhabilitación le retire de escena. Tiene que demostrar que la vía del diálogo abierta por Rufián y Aragonés con el Gobierno no es nada más que un engañabobos diseñada por Iván Redondo —el hombre de los grandes cabezazos— para mercadear la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que Sánchez necesita para darle vuelo a la legislatura.

Tras la reunión del jueves en Barcelona, la postura del presidente quedó resumida en dos puntos: sí a lo de hablar de la autodeterminación, aunque con calma infinita y sabiendo que el acuerdo es poco menos que imposible, pero no, bajo ningún concepto, a lo del mediador internacional. Horas después, Torra, públicamente, le hizo una enmienda a la totalidad. ¿Negociación lenta? ¡Ni hablar! Autodeterminación aquí y ahora. ¿Rechazo al mediador internacional? ¡Inaceptable! El Parlament aprobó una resolución que lo exige de forma categórica. Sin mediador no hay mesa de diálogo. Durante los próximos días, Torra reunirá a toda la camarilla independentista —Junts, Esquerra, CUP, Omnium y ANC— y les pedirá que secunden sus dos reivindicaciones para poder plantearlas, con el respaldo unánime de todos, cuando vuelva a reunirse con Sánchez, ahora en la primera sesión de trabajo de la mesa de gobiernos prevista para finales de mes: autodeterminación inmediata —nada de ad calendas graecas— y mediador internacional. O eso, o nada. Son lentejas.

La gran pregunta es que hará ERC en esa reunión. ¿Tragará para no quedar señalado como traidor a la causa, o se atreverá a disentir y afrontará el riesgo de que las urnas castiguen su tibieza? El dilema de Junqueras no es fácil de resolver. Si no gana las elecciones catalanas, su apuesta por la bilateralidad de conveniencia quedará desautorizada, tendrá muy difícil seguir apoyando al Gobierno, la legislatura será ingobernable y la continuidad de Sánchez, tras unas nuevas elecciones, se pondrá en peligro. Sin ERC en la presidencia de la Generalitat ni el PSOE en la Moncloa, el diseño de su estrategia colapsará. ¿Podría ganar si se desmarca de los cancerberos del procés y decide seguir alimentando por su cuenta el diálogo con el gobierno socialista? Las encuestas no le dan mucho margen. Junts aguanta mejor de lo esperado. Y eso que aún no tiene candidato. Los partidarios de la desobediencia son más que los partidarios de la contemporización.

Sabedor de las dificultades que entraña el camino, Sánchez ha decidido acelerar la tramitación presupuestaria —de ahí su convivencia gubernamental en Quintos de Mora— para cobrarse el apoyo de Esquerra, a cambio de su viaje a Barcelona, antes de que Junqueras se quede sin margen de maniobra. Que la jugada le salga bien depende de que Torra no rompa la baraja antes de tiempo. Una vez más, la estabilidad política de España está en manos de lo que decidan los líderes independentistas. Como diría Federico Trillo, ¡manda huevos!

Director de En Casa de Herrero y Cowboys de Medianoche y tertuliano de Es la Mañana de Federico y Fútbol es Radio.

El TC ultima el blindaje del 'procés' ante Europa con el rechazo masivo de recursos
Beatriz Parera EC 10 Febrero 2020

Este mes de febrero será definitivo para la próxima fase judicial del 'procés'. El Tribunal Constitucional tiene previsto cerrar la revisión de las decenas de recursos que los distintos acusados han ido presentando, desde el inicio de la instrucción, contra todo tipo de decisiones judiciales, fueran de la Audiencia Nacional o fueran del Tribunal Supremo. Todos ellos se fueron admitiendo al considerar que tenían una especial trascendencia constitucional. Admitiendo y rechazando. La previsión del tribunal de garantías es dar carpetazo a los asuntos que aún quedan pendientes durante los dos próximos plenos, informan fuentes jurídicas a El Confidencial.

Según precisan estas fuentes, el trabajo efectuado durante estos meses ha servido para "blindar dentro del ordenamiento jurídico", las decisiones que ha ido adoptando el Supremo en esta materia. Desde la suspensión de los presos de sus funciones como diputados en distintos parlamentos —el catalán y el nacional— hasta los sucesivos rechazos de sus peticiones de salida de prisión, pasando por su procesamiento o por las quejas contra el juez instructor Pablo Llarena. Antes de que los recurrentes acudan al Tribunal de Estrasburgo, todas las quejas que han querido plantear han sido examinadas y resueltas con una sentencia de fondo por el Tribunal Constitucional.

La decisión se adoptó a propuesta del magistrado Cándido Conde-Pumpido, designado como coordinador de todos aquellos recursos relacionados con el 'procés'. Al frente de la comisión de letrados se ha tratado de garantizar la unidad de criterio entre todos los ponentes. Un hilo conductor necesario en asuntos que han sido estudiados, todos ellos, en Pleno y en los que, casi hasta el último tramo, se logró mantener una unanimidad generalizada.

No fue hasta el pasado noviembre cuando el acuerdo de todos acabó rompiéndose. La revisión de la decisión del juez Llarena de mantener en prisión preventiva a Oriol Junqueras durante dos años antes de la de la condena firme que le condenó a 13 años provocó por vez primera un voto particular discrepante que firmaron tres de los 12 magistrados que integran el pleno. Desde entonces ha habido otras decisiones con discrepantes.

Pese a ello, el TC se muestra satisfecho del trabajo realizado. Se han tenido que tramitar más de treinta recursos y todos ellos se han abocado al Pleno. Han dado lugar, por el momento a dictar 23 sentencias. "Está previsto que las siete que faltan se dicten en los dos plenos de este mes", precisan las fuentes consultadas que tienen claro cuál será el siguiente paso: dejar al tribunal libre para los recursos que vengan contra la sentencia final del Supremo. Los recursos contra la sentencia serán el último escalón para su revisión final ante las instancias europeas.

La última sentencia
La pasada semana se conoció la última de las resoluciones dictada. En este caso fue una inadmisión en respuesta a Carles Puigdemont y se rechazó por unanimidad al considerarla prematura. El 'expresident' impugnaba el auto del instructor del Tribunal Supremo que sirvió para cerrar en su caso la causa del 'procés' y que condujo a su suspensión para el ejercicio de cargo público al estar procesado por rebelión y con prisión en su contra dictada, en consonancia con el artículo 384 bis del Código Penal.

Pocos días antes, el 4 de febrero, el tribunal de garantías notificó otra de las sentencias de este grupo, relativa en este caso a Oriol Junqueras. Se desestimó el recurso presentado por el líder de ERC contra dos resoluciones del Tribunal Supremo de enero y marzo de 2018 que le denegaron la concesión de un permiso de salida de un centro penitenciario para asistir a la sesión de constitución del Parlament de Catalunya convocada para el 17 de enero de 2018. En este caso la unanimidad se rompió con el voto en contra del grupo que ha venido oponiéndose al criterio común en los últimos meses formado por los magistrados Juan Antonio Xio Ríos y Fernando Valdés Dal-Ré y la magistrada María Luisa Balaguer Callejón.
 


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