AGLI Recortes de Prensa   Martes 11  Febrero  2020

Connivencia sistémica
La complicidad de los socialistas con el independentismo alcanza todos los peldaños del poder, incluso el Consejo Europeo
Ana I. Sánchez ABC  11 Febrero 2020

Las luces se apagan y en la pantalla aparece el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa recorriendo Barcelona a cámara rápida en una minivan. El político va de aquí para allá entrevistándose con todo aquel cargo que afirme que Junqueras y compañía son unos pobres inocentes, encarcelados injustamente por sus ideas. El protagonista, llamado Boriss Cilevics, también se cita con representantes políticos y de la Fiscalía que defienden la sentencia del Tribunal Supremo. Pero a estos les dedica menos tiempo y, además, no les hace caso. No quiere que le estropeen la tesis de que España es un país totalitario que encarcela a los políticos por sus ideas.

En su afán por demostrar este teorema se cita con líderes independentistas que dicen las mismas cosas que aquellos que están en la cárcel. Y no solo están en libertad sino que ejercen un cargo público y cobran un sueldo pagado por todos. Sin embargo, estos detalles también le parecen carentes de importancia. Sus idas y venidas por Barcelona llenan su maletín de bulos sobre la Justicia española que le sirven para meter a nuestro país en el mismo saco que Turquía. Al final de la película se le ve pasando la factura de la minivan al Congreso de los Diputados (y cobrándola).

Ésta podría haber sido perfectamente la trama de una irónica película de Luis García Berlanga sobre la puerilidad con la que España responde a los tejemanejes del independentismo. Pero, desafortunamente, esta historia tuvo lugar la semana pasada cuando el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa aterrizó en nuestro país. Cilevics, perteneciente a los socialistas europeos, está elaborando un informe bajo el título «¿Deberían los políticos ser procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?». El texto preliminar es un compendio de engaños que parecen redactados por Oriol Junqueras y Carles Puigdemont al alimón. «La asamblea parlamentaria está preocupada por el creciente número de políticos nacionales, regionales y locales procesados por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato, en particular en España y Turquía», reza, con un par de narices. Y encima le pagamos la minivan. Si no fuera preocupante que esas conclusiones suenen plausibles en Europa darían para reírnos un rato.

La cuestión no es que el ponente letón desconozca los hechos que han tenido lugar en España y quiera investigar de manera seria por qué fueron encarcelados los líderes independentistas. El problema es que su análisis nace viciado porque parte de que la sentencia del Tribunal Supremo fue injusta y antidemocrática sin ni siquiera habérsela leído, como él mismo ha reconocido. Su surrealista investigación tiene, además, un elemento turbador. Nació en el seno del grupo socialista europeo y encontró el apoyo de 16 parlamentarios de esta formación mientras los representantes del PSOE miraban hacia otro lado. ¿Dónde estaban los socialistas españoles el día que la asamblea parlamentaria aprobó una iniciativa que cuestiona su democracia? ¿dónde estaban antes, cuando Cilevics, empezó a mover la moción dentro de su grupo? Si no vieron venir los movimientos del político letón, su dejación de funciones es intolerable. Si le dejaron hacer, aún peor.

La connivencia de los socialistas con el indepentismo se está volviendo sistémica. Ayuntamientos, poder autonómico, Gobierno y, ahora también, el Consejo Europeo.

El PSOE impone su moral
Editorial ABC  11 Febrero 2020

El PSOE no falla. En cuanto alcanza La Moncloa se quita la poca careta que le quedara y establece sus prioridades habituales: conservar el poder e imponer su agenda ideológica. Los datos del desempleo en enero de este año son muy preocupantes. La salida del Reino Unido está forzando un cambio en los ejes de poder interno de la Unión Europea. El separatismo catalán se frota los ojos con las concesiones del Gobierno. Pero a los socialistas les importa, sobre todo, Franco y la eutanasia. La portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados ya ha anunciado que se introducirá la apología del franquismo como delito en el Código Penal. Esta reforma competirá en urgencia con la ley de eutanasia activa, encubierta en el eufemismo del «derecho a morir dignamente».

En ambos casos, si el PSOE tramita estas iniciativas como proposiciones de ley, ahorrará al Gobierno y privará a la sociedad de los informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado o Consejo Fiscal. El Gobierno arrienda su potestad legislativa al grupo parlamentario del PSOE y se sustrae de los protocolos que pretenden garantizar una mínima calidad de la actividad legislativa propuesta por el poder ejecutivo. El único objetivo del PSOE es reconfigurar los valores de la sociedad española para ahormarlos a los estereotipos de la izquierda más ideologizada. El castigo a la apología del franquismo es un señalamiento a la reforma política de 1976 y a la Transición que desembocó en la Constitución de 1978, resultado de un proceso sin ruptura que aceptó la legitimidad del régimen franquista. Además, semejante tipificación penal entraña múltiples riesgos por el recorte de la libertad de opinión, porque, salvo que la norma detalle qué se puede y qué no se puede decir del franquismo, será muy difícil, desde el punto de vista constitucional, negar a un ciudadano que exprese públicamente un parecer positivo a la etapa franquista. Como lo sería prohibirle que defendiera el estalinismo. Hacer historia con el Código Penal es propio de dictaduras.

El mismo mensaje intervencionista reside en la legalización de la eutanasia activa, que es una forma -muy vieja, por cierto, y de triste memoria- de establecer rangos en la dignidad del ser humano. Quien solo ve carne y huesos puede incurrir en semejante desprecio por el enfermo o el anciano. Pero, como sucede con la práctica generalizada y consentida del aborto, la apuesta de este tipo de leyes es la muerte, no alternativas razonables de cuidados paliativos, de ayudas a las familias o de una regulación fiable de la ortotanasia o del encarnizamiento terapéutico. El socialismo no pierde un minuto en sus viejas filias y fobias.

Ensañamiento con Vox
Vicente Torres Periodista Digital  11 Febrero 2020

Hay un ensañamiento brutal por parte de los medios afines a este gobierno infame que soportamos, basado en supuestos cuya falsedad es tan evidente que hasta personajes de la izquierda más visceral han salido a desmentirlos.

Vox es un partido nacionalista, pero no es de extrema derecha. Hago un inciso para explicar que el nacionalismo es un error que, entre otras maldades, impide la consolidación de la necesaria Unión Europea, aparte de haber propiciado el Brexit. Dentro de España ya vamos viendo como enloquece al personal en Cataluña, en el País Vasco y otros lugares.

De extrema derecha es Torra y su partido, y también el PNV, pero como son aliados de este gobierno infame, no se les molesta. Mientras que Vox respeta la Constitución, estos otros son golpistas.

También son golpistas los partidos de extrema izquierda que apoyan a este gobierno infame o forman parte de él.

El motivo por el que se ataca tan brutalmente a Vox, y de rebote al PP y a Ciudadanos, partidos respetuosos con la Constitución los tres, también es obvio: Se trata de desviar la atención de las miserias de este gobierno infame. ¿A qué vino Delcy Rodríguez a España? ¡A qué ha ido Zapatero a Venezuela? El gobierno se desmarca alegando que el antecesor suyo que llevó a España a la ruina ha viajado a título particular, pero la periodista venezolana Ibéyse Pacheco afirma que el embajador de España en Caracas acudió a recibirlo y que recibió la orden de restringir las comunicaciones de Leopoldo López.

Por otra parte, no solo es que Delcy Rodríguez viajó a España, sino que se ha tratado de ocultar el hecho a los españoles, dándoles una serie inacabable de versiones distintas. El ministro implicado ha dicho, en plan Pujolone, que a él no lo echa nadie, y ya no se atreve a salir de España. Se da el caso, además, de que según muchos el hecho de que el Felón desmienta algo es prueba de que ha ocurrido.

Un Consejo de Política Fiscal y Financiera plagado de trampas
José María Rotellar okdiario 11 Febrero 2020

Después de estar más de un año y medio sin reunirse, se celebró el pasado viernes el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano de coordinación entre la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas (CCAA) de cara a la financiación autonómica, cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y cualquier otro elemento relacionado con el aspecto fiscal y financiero de las regiones.

Pues bien, dicho CPFF fue un consejo plagado de trampas tendidas a las CCAA con la apariencia de caramelos, pero que, realmente, encerraban, tras el celofán del envoltorio, auténticas trampas.

El Gobierno, por una parte, se niega a abonar a las CCAA lo que les debe de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017, y a cambio les ofrece más déficit y más deuda. En que les ofrezca más déficit no está la trampa sino la típica solución del intervencionismo de arreglarlo todo con más desequilibrio (no les computa a efectos de cumplimiento el déficit originado por ese impago, aunque sí que computa a efectos de dato global), sino que la trampa está en la forma en la que les deja financiarlo.

Así, dice que podrán financiarlo al 0% de intereses en un extra FLA. ¿Y si no van al FLA? ¿No se lo financia? Esa práctica discriminatoria ya la vimos en otros momentos donde había, por ejemplo, un gran empeño en que Madrid fuese al FLA, cosa que evitó una y otra vez.

Si no se lo financia sin ir al FLA -extremo que deberían aclarar-, entonces esa región tendrá problemas de tesorería, con lo que puede incumplir el Período Medio de Pago a Proveedores (PMP), cosa que, si sucede, hará que, finalmente, también la obliguen a ir al FLA.

Y si lo financia en el FLA, entonces queda sometida a unas restricciones en las que salir al mercado puede convertirse en misión imposible, porque, en primer lugar, el mercado puede malentenderlo y penalizar a la región que vaya a ese FLA, y, en segundo lugar, una región que incumpla cualquier requisito -y, por ejemplo, la regla de gasto es complicada de prever, salvo que no se incremente el gasto nada- no podrá salir ya de él.

La otra trampa destacada no es otra que la idea que deslizó la ministra de imponer un déficit asimétrico para 2020. Eso constituye un grave error, ya que se pone en riesgo el cumplimiento, al jugar el distinto peso de las regiones sobre el PIB, de manera que deberían ir cuadrando unas con otras, cosa que no es ni sencilla ni exacta.

El pedrusco de la Moncloa
Sánchez ha vuelto a tropezar con el amigo americano, como le pasó a Zapatero. El problema ahora es que el viraje en política exterior parece total: se anuncia un cambio de aliados también en el seno de la UE
Álvaro Nieto VZ  11 Febrero 2020

Debe de haber un pedrusco de dimensiones considerables en la puerta del palacio de la Moncloa, porque sólo así se puede entender que, 16 años después, Pedro Sánchez haya tropezado en la misma piedra que el anterior socialista que ocupó esa casa, José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha bastado apenas un mes desde la investidura de Sánchez para que en Washington hayan saltado todas las alarmas por el viraje de España en política exterior, y especialmente en sus relaciones con Venezuela. Justo lo mismo que pasó con Zapatero, si bien él fue todavía más rápido en tocarle las narices al amigo americano: al día siguiente de su toma de posesión anunció la retirada de las tropas españolas en Irak.

Aquella decisión estuvo precedida unos meses antes por un pésimo gesto de Zapatero, al no levantarse al paso de la bandera estadounidense durante el desfile militar del 12 de octubre de 2003. Y ambas actuaciones dejaron a España prácticamente sin relación bilateral con la primera potencia del mundo durante varios años.

De hecho, mientras George W. Bush estuvo en la Casa Blanca, jamás perdonó a Zapatero, quien tuvo que esperar hasta octubre de 2009 para ser recibido oficialmente en la residencia del presidente de EEUU, aunque ya con Barack Obama en el cargo.

Delcy, el detonante
Ahora, un nuevo mandatario español vuelve a caer en los mismos errores. Es verdad que durante el primer año y medio de Sánchez en La Moncloa las relaciones entre España y Estados Unidos han sido moderadamente cordiales, pero el pasado 20 de enero todo se truncó de repente. Esa madrugada, el ministro de Transportes y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, se vio en Barajas durante una hora y media con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hasta entonces vetada tanto en EEUU como en suelo europeo.

La cita, desvelada en primicia por Vozpópuli, escandalizó en Washington, no sólo por el evidente trato de favor a la mano derecha de un sátrapa al que la comunidad internacional le quiere mover la silla desde hace tiempo, sino por lo que luego se ha ido filtrando sobre el contenido de la conversación.

En ese sentido, en EEUU molesta especialmente que el Gobierno español pueda estar mediando para que la petrolera Repsol se quede con una parte de la compañía venezolana PDVSA, que explota en régimen de monopolio el crudo del país pero cuya tecnología se ha quedado completamente obsoleta para extraerlo, de ahí que necesite la ayuda de las multinacionales extranjeras.

Amenazas
Tanto la reunión con Rodríguez como el flirteo de Repsol obligaron al embajador estadounidense en Madrid, Duke Buchan, a solicitar la semana pasada un encuentro con dos ministras del Gobierno de Sánchez. Y como resultado se anunció una llamada telefónica a la titular de Exteriores, Arancha González, por parte de su homólogo norteamericano, Mike Pompeo.

Las cosas empezaban a recomponerse pero, contra todo pronóstico, al día siguiente de la reunión Trump se encontró una amenaza directa en la portada del principal periódico de papel de España: como te pongas chulito, te quito las bases de Morón y Rota, venía a decir la información de El País.

La noticia cayó como un jarro de agua fría al otro lado del Atlántico, y ello obligó a EEUU a convocar el viernes por la noche una inusual rueda de prensa por videoconferencia para charlar con todos los periodistas españoles interesados. Y ahí es donde Washington se despachó sin piedad, acusando a Sánchez de violar las normas de la Unión Europea al dejar aterrizar a la vicepresidenta venezolana. Para rizar el rizo, resulta que a la misma hora Zapatero estaba en Caracas con Nicolás Maduro.

Malos augurios
Como es natural, lo sucedido estos últimos días no augura nada bueno. España debería tener enorme interés en llevarse bien con Washington, no sólo porque es la primera potencia del mundo, sino porque ahora mismo nos tiene planteados dos enormes desafíos: la subida de aranceles a los productos agrícolas y el veto a los directivos de empresas españolas con intereses en Cuba. Sin embargo, la respuesta del Gobierno español (recibimiento VIP a Delcy Rodríguez y amenaza de retirada de las bases) no ha podido ser más inoportuna y desproporcionada. Es más, siguiendo esa misma tónica ya sólo falta que España active cuanto antes la denominada tasa Google, el impuesto a las tecnológicas que tanto molesta a Trump.

Obviamente, no hay que convertirse en un lacayo del socio americano, pero tampoco se le puede tratar como si fuera un enemigo mientras se usa guante de seda con los representantes del régimen corrupto de Venezuela. Y ese es el problema moral que subyace del modus operandi de este Gobierno, que parece no tener muy clara su escala de valores. Como le cae muy mal Trump, opta por distanciarse de EEUU. Sin embargo, no tiene ningún reparo en abrazarse con Delcy Rodríguez. Y todo ello sin darse cuenta de que, por muy mal que te parezca Trump, es el representante de la democracia más antigua del planeta, la misma que acaba de encausarle en un ejemplar proceso de control presidencial del que finalmente ha salido indemne. En Venezuela, por el contrario, los rivales políticos de Rodríguez y compañía están en la cárcel, exiliados o, como Leopoldo López, refugiados en la embajada de España. Nada que ver.

Sánchez se confunde de amigos. Apostando por Maduro, se aísla internacionalmente y, como consecuencia de ello, aísla también a España. De hecho, la posibilidad de que Caracas haya encontrado un aliado en la UE es motivo de preocupación ahora mismo en no pocas capitales del viejo continente. Y si a eso añadimos la intención del Gobierno de rechazar el eje francoalemán y de buscar otras alianzas para pilotar el club comunitario, como ha publicado Bernardo de Miguel en El País, el viraje en política exterior parece total. Si Sánchez tampoco tiene claro que el lugar de España en la UE está al lado de Francia y Alemania, es que padece un cacao mental del mismo tamaño del pedrusco ese que debe de haber en La Moncloa.

El presidente de la Fundación Franco: «Esperamos que Vox y el PP recurran una medida que es inconstitucional»
Juan Chicharro lamenta el «gravísimo ataque a la libertad de opinión, ideológica y de expresión» que busca su «ilegalización»
Andrés Bartolomé larazon  11 Febrero 2020

Lo que en la pasada campaña electoral anunciara Pedro Sánchez «va tomando forma». A Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco, no le sorprende la intención del Gobierno. «Es evidente que lo esperábamos, tarde o temprano. Buscan nuestra ilegalización».

–¿En qué se basa la vigencia de la Fundación Franco?
–No es la política, sino la defensa de la verdad frente a la manipulación de la historia y la puesta a disposición de los historiadores de archivos y documentos lo que determina nuestra existencia.

–¿Qué cree que persigue el Gobierno?
–Callar para siempre una voz discordante con el relato sectario de nuestro reciente pasado, que quiere imponer la izquierda desde el Boletín Oficial del Estado.

–¿Cómo piensan actuar?
–Consideramos que lo que quieren hacer con el Código Penal, que es una ley orgánica, es inconstitucional. Se trata de un gravísimo ataque a la libertad de opinión, ideológica, de expresión, de cátedra y de pensamiento contemplados en los artículos 14,16 y 20 de la Constitución Española. Debe repugnar a cualquier persona que, independientemente de sus ideas políticas, crea en la democracia y en el Estado de Derecho. Vamos a pelear por defender nuestra posición.

–¿Confían recibir apoyo político?
–Pues esperamos que tanto Vox como el Partido Popular recurran esta vez la inconstitucionalidad de esta medida.

–Contra la exhumación de Franco acudieron a los tribunales. ¿Volverán a hacerlo?
–Tenemos confianza en la justicia y esta fundación se defenderá utilizando todos los medios legales que estén a su alcance.

–Será con seguridad un proceso largo.
–Esto se va a ir alargando en el tiempo, pero si el Tribunal Constitucional actúa conforme a la Ley pues no podrá nunca salir adelante.

–¿Ha hablado con la familia Franco de este asunto?
–No, es algo que afecta directamente a la fundación. Y yo añadiría que mucho hablar de esto pero no se dice nada de la resolución del Parlamento Europeo que condena el estalinismo y el comunismo e insta a retirar sus símbolos.

Las siete tropelías de Montero a las CCAA
Manuel Llamas Libertad Digital  11 Febrero 2020

La ministra de Hacienda ha logrado un hito histórico al soliviantar por igual a las comunidades autónomas gobernadas por PP y PSOE.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha ganado a pulso la animadversión o, como mínimo, la desconfianza del conjunto de las CCAA, incluidas las gobernadas por el PSOE, lo cual no deja de tener mérito. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado viernes evidenció la elevada tensión existente entre la Administración Central y las autonomías del régimen común, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez se negó a devolver la liquidación del IVA correspondiente a diciembre de 2017, cuya cuantía ronda los 2.500 millones de euros.

El problema, sin embargo, es que no se trata de un caso aislado ni excepcional, puesto que Montero ha protagonizado, al menos, siete grandes tropelías en materia de financiación autonómica en el escaso año y medio que lleva al frente del Ministerio, lo cual apunta a récord.

1. No devuelve el IVA de 2017
El exministro del ramo Cristóbal Montoro modificó el sistema de facturación del IVA en 2017, provocando un retraso en la presentación de las declaraciones fiscales, motivo por el cual ese ejercicio tan sólo contabilizó once meses de recaudación de IVA a efectos presupuestarios. El mes que falta tendría que haber sido abonado en 2019 a las CCAA, a las que les corresponde el 50% de lo que genera ese tributo, cuando se procedió a la liquidación del sistema correspondiente a 2017 -las autonomías reciben cada año un dinero por parte del Estado en función de la previsión de ingresos que estime el Gobierno y dos años más tarde se abona o resta la diferencia en función de la recaudación real que se haya obtenido durante ese ejercicio-.

Tanto es así que las autonomías elaboraron sus Presupuestos para 2019 contando con que recibirían esos 2.500 millones de euros, pero, finalmente, no fue así. A pesar de que Montero fue una de las primeras en reclamar ese dinero cuando ocupaba el cargo de consejera de Hacienda en Andalucía, hizo lo contrario al llegar al Ministerio. Aún peor, pues utilizó esta baza a modo de chantaje para tratar de lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado el pasado año, cosa que, finalmente, no sucedió. La ministra incluyó en su proyecto presupuestario una modificación del reglamento del IVA para abonar la cantidad reclamada por las CCAA, pero como no salió adelante optó por no devolver el dinero. Y ello a pesar de que dicho reglamento podría ser cambiado en cualquier momento mediante un real decreto.

2. Genera más déficit y deuda
Esta decisión provocó la ira de los gobiernos regionales, que o bien ya han ido o bien acudirán a los tribunales para reclamar el dinero. El levantamiento de las autonomías socialistas hizo reaccionar en última instancia a Montero, pero, lejos de corregir su error, aprovechó el CPFF del pasado viernes para cerrar en falso esta cuestión. Su propuesta es un burdo engaño, dado que lo único que ofrece a las CCAA es más déficit y más deuda a través del FLA, en vez de liberar los 2.500 millones que aún adeuda.

3. Amenaza con subir impuestos
Por si fuera poco, Montero insiste en la necesidad de llevar a cabo una "armonización fiscal" a nivel autonómico, cuya consecuencia será una subida generalizada de impuestos a millones de españoles. Amenaza con implantar un umbral mínimo en los tributos cedidos a las CCAA, elevando con ello la fiscalidad de todas las autonomías que hayan apostado por rebajas tributarias en los últimos años. De llevarse a cabo, el Gobierno de Sánchez no sólo resucitará, sino que aumentará de forma sustancial el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como el Impuesto de Patrimonio e incluso el tramo autonómico del IRPF.

4. Retrasa y reduce las entregas a cuenta de 2019
Asimismo, la ministra de Hacienda aplicó un recorte unilateral e inédito de las entregas a cuenta en 2019. Estas entregas, que es el dinero que reciben las CCAA a través del sistema de financiación y que representa más del 70% de sus ingresos totales, se actualizan todos los años en función de la recaudación prevista. El Gobierno suele comunicar su cuantía en julio y, posteriormente, remite la cifra definitiva en octubre, poco antes de que comience el ejercicio en el que será abonado el dinero.

Montero comunicó en julio de 2018 las entregas correspondientes a 2019, cuyo volumen ascendía a 102.856 millones de euros. Ésta es la cifra que tomaron como referencia las autonomías para elaborar sus presupuestos el pasado año. Sin embargo, escudándose en que el Congreso tumbó el proyecto presupuestario de Sánchez, lo que hizo el Gobierno fue prorrogar las entregas a cuenta repartidas en 2018, próximas a los 98.000 millones, unos 5.000 millones menos, lo cual generó graves problemas de tesorería en numerosas regiones.

Montero adujo entonces que tanto la prórroga presupuestaria como el hecho de que el Gobierno estuviera en funciones le impedía legalmente pagar las entregas correspondientes a 2019, y hasta se sacó de la manga un informe de la Abogacía del Estado para justificar su decisión.

Pero hete aquí que lo que antes era imposible fue posible en octubre, cuando el Ejecutivo aprobó por sorpresa un real decreto para, sin tener todavía Presupuestos ni Gobierno constituido, abonar las entregas de 2019. El único problema es que las cuantías repartidas fueron 121 millones de euros inferiores a las comunicadas en julio de 2018, sin mediar explicación alguna sobre dicho recorte. Nunca antes había pasado algo semejante.

5. Sigue sin comunicar las entregas de 2020
A finales de enero, y ante la insistencia de las CCAA por conocer los ingresos que recibirían en 2020 para elaborar sus presupuestos sobre datos fidedignos, Montero trató de vender a la opinión pública un nuevo anuncio de entregas a cuenta para el presente ejercicio. Sin embargo, lo único que hizo el Gobierno fue prorrogar las entregas de 2019.

Es decir, hoy por hoy, los gobiernos regionales siguen sin conocer el dinero que obtendrán en 2020 a través del sistema de financiación, que representa la mayoría de sus recursos, de modo que están gestionando sus cuentas públicas a ciegas, con toda la incertidumbre e inseguridad que ello supone. La ministra dice que no dará a conocer la cifras definitivas hasta que comience la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2020, cuya fecha todavía se desconoce.

6. Negociación "bilateral" con Cataluña
Otro palo a las autonomías del régimen común es la mesa bilateral que ha establecido el Gobierno de Sánchez con la Generalidad de Cataluña, ya que, entre otras muchas cuestiones, además de comprometer la inyección de más de 4.000 millones de euros a esta región para tratar de enterrar el hacha de guerra, todo indica que pretende negociar por la puerta de atrás un nuevo modelo de financiación autonómica.

7. Y abre la puerta al "déficit asimétrico"
Y, por último, aunque no menos importante, Montero dejó caer durante la celebración del CPFF la posibilidad de establecer objetivos de déficit diferenciados entre las CCAA, tal y como en su día hizo Montoro. Esta medida no sólo castigaría a las regiones más responsables y serias a nivel presupuestario y económico, sino que premiaría a las más derrochadoras, generando con ello graves y muy importantes incentivos perversos en materia financiera.

Redactor jefe de economía de Libertad Digital, subdirector de Tu Dinero nunca duerme y colaborador de Es la Tarde de Dieter, En Casa de Herrero y Sin Complejos.

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Nadie le perdonará a PP, Cs y VOX que no se entiendan antes de las Autonómicas
ESdiario  11 Febrero 2020

Aunque el País Vasco y Cataluña son plazas casi imposibles, el centroderecha no pude seguir auxiliando a Sánchez con sus desencuentros. Y Galicia da una oportunidad de compensarlos.

No son, desde luego, los mejores espacios para que el centroderecha logre unos grandes resultados: ni en Cataluña ni en el País Vasco parece sencillo resistir la mezcolanza de partidos independentistas con el PSOE y Podemos, una fórmula que de hecho ya gobierna España y regiones tan delicadas como la Navarra.

Si en el conjunto del país es muy complejo compensar una coalición contra natura que, sin embargo, ha demostrado una gran capacidad de entenderse al calor del negocio electoral que cada formación busca; en eso territorios se antoja prácticamente imposible.

Pero la coincidencia entre los comicios en el País Vasco y en Galicia, convocados para el 5 de abril por Urkullu y secundados hábilmente por Feijóo después, ofrece una posibilidad de compensar la derrota de seguro y de convertir en un buen resultado la opción realista de conservar la Xunta y mejorar resultados en Euskadi, a la espera de que se conozca la fecha para las catalanas.

La hora de Feijóo en el reloj de Casado: el repunte del PP pasa por Galicia

Y siendo tan importante ese reto y tan evidente el desequilibrio que en muy poco tiempo está generando en España la coalición nacionalpopulista que la dirige, no se entendería que todo el espectro del centroderecha no hiciera el mayor esfuerzo por aprovechar al máximo los votos recibidos y traducirlos en el mayor número posible de escaños.

No fueron capaces de entenderse antes de las Elecciones Generales de abril. Y tampoco, pese a constatar que, por ese desencuentro, un PSOE con sus terceros peores resultados históricos lograba una aparente victoria aparatosa e incluso la mayoría absoluta en el Senado; en la repetición electoral de noviembre.

¿Qué más necesitan para aprender la lección y adoptar cuantas medidas y decisiones sean necesarias al objeto de mejorar su rendimiento electoral?

No es compatible denunciar a diario la inquietante deriva de España y luego, cuando se tiene una oportunidad para mitigarla, exhibir una incapacidad manifiesta para estar a la altura del desafío enunciado.

Con la fórmula que sea mejor en cada sitio, que no tiene que ser la misma, han de evitar que sus desavenencias e intereses internos ayuden a todo lo que dicen querer derrotar. Y si esto está claro para PP y CS, que parecen haberlo entendido, también ha de estarlo para VOX: dedicar más tiempo a minar al PP que a derrotar al PSOE es, como ya se ha visto, la manera más rápida de ayudar a Pedro Sánchez.

La mentira del PP (y C's)
Nota del Editor  11 Febrero 2020

Eso de las derechas suena a idiotez. Lo que si está claro es lo de las izquierdas, comunistas. Y pretender sacar al PP de la UVI donde lo metieron sus ineptos, inútiles y traidores dirigentes es la misma estupidez repetida una vez mas. Y quien quiera votar al PP que vaya a Galicia a estudiar, vivir en y la lengua regional.

El PNV, Otegi y las elecciones vascas
Cayetano González Libertad Digital  11 Febrero 2020

Los comicios pintan bien para el PNV y para los herederos de ETA. Para los que no pintan bien es para los constitucionalistas.

La decisión del lehendakari Urkullu de adelantar las elecciones vascas casi medio año y convocarlas para el próximo 5 de abril tiene, desde su punto de vista, todo el sentido. Por un lado, las encuestas dan claro ganador al PNV, que podrá mantenerse al frente del Gobierno autonómico con el apoyo, que a día de hoy no le va a faltar, del PSE. Asimismo, Urkullu quiere que ese proceso electoral tenga su perfil propio, que no esté contaminado ni condicionado por lo que pueda suceder en Cataluña en los próximos meses: fundamentalmente, la convocatoria de elecciones por parte de Torra y la mesa de negociación entre el Gobierno de España y el de la Generalitat que se pondrá en marcha este mismo mes.

Al mismo tiempo, con esta convocatoria adelantada el candidato del PNV coge a los tres partidos constitucionalistas –PP, Ciudadanos y Vox– con el pie cambiado, debatiendo (los populares) quién va a ser su candidato, y si se presentan juntos los tres, el PP en coalición con Ciudadanos o los tres por separado.

Horas antes de este anuncio de elecciones por parte de Urkullu, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, había hecho unas significativas y reveladoras declaraciones en El Diario Vasco de San Sebastián: 

El eje vasco de izquierdas con el PSE y Podemos llegará antes de lo que muchos creen.

Esta predicción de Otegi sobre un futuro Gobierno vasco formado por Bildu, PSE y Podemos tiene todo el sentido del mundo, dentro del proceso de ruptura del marco constitucional iniciado por ETA con sus crímenes, continuado por los partidos independentistas catalanes y coadyuvado en la actualidad por Pedro Sánchez y el PSOE. Es decir, ETA y ERC son los dos actores principales de este proceso, que para avanzar necesita el apoyo del PSOE y que tiene un cuarto actor, Podemos, que no es imprescindible pero que tampoco estorba.

Lo normal es que tras las elecciones el PNV siga al frente del Ejecutivo, en coalición con el PSE. Pero que a medio plazo, como indica Otegi, se abra otro escenario posible, muy ligado a la evolución de la situación política e institucional en España, es algo que tiene su lógica.

En la citada entrevista, a la pregunta del periodista de por qué no es él el candidato de Bildu a lehendakari, Otegi responde:

Bildu afronta retos importantísimos en una coyuntura histórica: la alianza con ERC y el movimiento independentista catalán, un nuevo decorado en el Estado en el que, junto con ERC, jugamos un papel determinante en la gobernabilidad, y nuestro propio crecimiento electoral y social.

Desgraciadamente, Otegui tiene razón a la hora de subrayar la influencia actual de Bildu en la política española. Lo grave es que eso lo ha conseguido porque tanto el PP como el PSOE se lo han permitido. El primero, por la inacción del Gobierno de Rajoy cuando, teniendo mayoría absoluta, no quiso aplicar la todavía vigente Ley de Partidos para ilegalizar a los que eran los herederos de ETA, permitiendo su presencia en las instituciones nacionales, autonómicas y municipales.

En cuanto al PSOE, Zapatero dio alas al mundo de ETA con la negociación política que llevó a cabo con la banda terrorista, iniciada incluso antes de llegar al Gobierno. Después han seguido hechos tan bochornosos como buscar el apoyo de Bildu en Navarra para hacer presidenta de la Comunidad Foral a la socialista María Chivite, o el trato amable dado por Sánchez en el Congreso a los diputados de Bildu, que al final se abstuvieron en su investidura.

Las elecciones vascas del próximo 5 de abril pintan bien para el PNV y para los herederos de ETA, que van de la mano con ERC. Para los que no pintan bien es para los constitucionalistas, en gran medida, porque el PP vasco entró en barrena hace más de una década y durante todo este tiempo se ha dejado que se fuera desdibujando y descomponiendo un proyecto político que durante años fue un referente ético y moral para muchos españoles, votaran o no a ese partido.

País Vasco y Galicia, dos elecciones clave
Editorial El Mundo  11 Febrero 2020

El lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo adelantan los comicios para separarse de Quim Torra

La debilidad de la coalición PSOE-Podemos deja al Gobierno al albur del tacticismo de los separatistas vascos y catalanes. El calendario en ambas CCAA pone en almoneda la estabilidad de la legislatura, teniendo en cuenta que la aprobación de los Presupuestos -trámite del que depende que Pedro Sánchez pueda continuar en La Moncloa- estará forzosamente condicionado a los cálculos del separatismo. Todo ello en un año electoralmente intenso. Urkullu y Feijóo confirmaron ayer el adelanto electoral para el 5 de abril en el País Vasco y Galicia. Y Cataluña irá también a las urnas si el partido de Puigdemont lo considera favorable a sus intereses.

Es evidente que la decisión del lehendakari y del presidente gallego responde a la voluntad de ambos de tomar distancia con Torra. En el caso del País Vasco, en un momento de debilidad del constitucionalismo. El PSE, anclado en un papel gregario de socio del nacionalismo, ha renunciado de facto a ser alternativa de gobierno. Y el PP se ha enzarzado en una pugna interna, con la vista puesta en una posible candidatura conjunta con Cs. Urkullu, quien no esconde su voluntad de aprobar un nuevo Estatuto de Guernica en la próxima legislatura, busca la mayoría absoluta rentabilizando la pretendida imagen de nacionalista bueno. Esta estrategia, que esconde la inequívoca apuesta soberanista del PNV, persigue cobrarse al más alto interés su respaldo a los Presupuestos. De ahí que los nacionalistas vascos, siempre dispuestos a confundir el partido con la institución, hayan rescatado dos viejas exigencias de Vitoria: el traspaso del pago de las pensiones y de instituciones penitenciarias, con la pretensión ulterior de conceder un tratamiento diferenciado a los presos de ETA. Ambas cesiones acarrearía consecuencias gravísimas. En el caso de las pesiones, abriría la puerta a quebrar la igualdad territorial en la Seguridad Social, gestionada hasta ahora a través de una caja única. Y, desde un plano tan simbólico como relevante, supondría que una materia clave para el Estado del bienestar pasaría a depender del Gobierno Vasco y no del de España.

En el flanco catalán, Torra ya está de salida pero apretará el botón electoral cuando le convenga a JxCat, a la espera del desgaste de ERC a cuenta de una negociación con el Estado a la que el inhabilitado president acudirá con exigencias de máximos. Pablo Iglesias se sumará a la mesa bilateral Gobierno-Generalitat. El gesto forma parte del pago de Sánchez a sus aliados. En todo caso, lo alarmante es que el futuro de España esté en manos de un piélago de formaciones que confluyen en su interés de liquidar la soberanía nacional. Nunca la ambición de poder de un presidente salió tan cara al conjunto de los españoles.

Hora de dagas y veneno
Julio Murillo cronicaglobal  11 Febrero 2020

En muchas ocasiones, a lo largo de estos interminables y agotadores ocho años de procés, los que escribimos habitualmente sobre política hemos dado por muerta y finiquitada, sin que lo estuviera, esa monumental estafa en la que un puñado de políticos carentes de ética, auténticos psicópatas de manual, embarcó y embaucó a buena parte de la sociedad catalana.

La sentencia del Tribunal Supremo, más allá de la violencia desatada, dejó al independentismo hecho unos zorros y con gotero en el corredor de paliativos. Ahora, tras incontables estertores, de camino a unas elecciones anticipadas cuyo tempo será administrado a conveniencia por Carles Puigdemont y Junts per Catalunya (JxCat), anunciadas por un delirante Quim Torra que se revuelve como gato panza arriba por la deslealtad de sus socios de Govern y la apocada actitud de Roger Torrent --en el punto de mira del Constitucional y de la Fiscalía--; con mesas de diálogo y reuniones bilaterales presidenciales, que Pedro Sánchez convoca y desconvoca según la intensidad del zapatazo que dé Gabriel Rufián en la mesa; y con una guerra abierta, que será letal, sin cuartel ni prisioneros, entre las dos principales formaciones nacionalistas, podríamos afirmar que esto, el maldito procés, tal y como lo hemos conocido y padecido, se ha acabado. Ahora sí, definitivamente.

La etapa en la que entramos de lleno será conocida en el futuro como la Guerra Civil Tractoriana. Pero antes de hablarles de esa contienda ad portas --como Anibal frente a los muros de Roma--, permítanme, abriendo un paréntesis, recordarles dónde estamos. Eso no podemos perderlo de vista jamás.

Acertó plenamente el popular Alejandro Fernández en su comparecencia del pasado día 27 en el Parlament, cuando a caballo entre la acusación directa y la retórica se preguntaba: «¿De verdad el proceso separatista era esto? ¡Siete años después, la convivencia destruída, la economía deteriorada! ¿Y al final era esto? ¡Una lucha a navajazo limpio entre ERC y Junts x Cat por el poder y nada más que por el poder!»

Sí. Siempre fue eso; no había nada más detrás de tan descomunal mentira. Solo la vergonzosa lucha por el poder, el dinero y la hegemonía territorial de un puñado de indeseables de ultra extrema derecha casposa, de urbe y de pueblo, burgueses y carlistas, y de sus espurios vástagos cuperos.

Desde la óptica social estos iluminados han conseguido que Cataluña sea, a día de hoy, una comunidad hecha trizas emocionalmente, rota por los cuatro costados, y el que lo niegue necesita graduarse la vista urgentemente, porque aquí nadie olvidará lo ocurrido y aún menos perdonará las afrentas y desmanes del adversario. De ningún modo. Ya no hay forma de remendar el descosido; somos compartimentos estancos, agua y aceite que no mezcla ni a cañonazos.

En el terreno económico el empobrecimiento es notorio y aún lo será más a medio plazo, porque se han ido miles de empresas, y la violencia vivida tras la sentencia del juicio ha causado el desplome del turismo de origen nacional, con la consiguiente caída en todos los sectores --hoteles, restauración, transporte, compra venta de inmuebles--; Barcelona, como resultado de esa tremenda inestabilidad, ya no es el motor económico que asombraba a propios y extraños en el pasado, porque pierde fuelle y ha sido desbancada por otras ciudades más estables y pujantes. En este punto la responsabilidad de personajes nefastos como Ada Quítame ese Hermitage Colau es también de juzgado de guardia.

En cuestión de prestigio, Cataluña lo ha perdido casi todo, empezando por la admiración y el afecto del resto de la ciudadanía española, ahora mismo harta de tanta inquina, tanto odio y tanto insulto; nuestros paisanos ya no nos ven como la comunidad acogedora, abierta, empapada en cultura y vanguardia que fuimos a lo largo de los 70 y 80. En el mejor de los casos suscitamos indiferencia o compasión. Desde el exterior, desde esa Europa de la que se esperaba una señal que legitimara el despropósito nacionalista y decantara la balanza poniendo a España contra las cuerdas, nos observan con recelo y desconfianza. No entienden que el separatismo, el populismo y sus modos absolutamente antidemocráticos, hayan podido germinar en una tierra que ya era libre, rica y plural. Ese es el panorama. De lo cultural mejor ni hablar… ¿para qué?

La Guerra Civil Tractoriana a la que me refería ya ha empezado. En la redes sociales los independentistas se despellejan vivos entre sí. Es odio viejo, acumulado. Los encarcelados y los fugados se detestan abiertamente.

Por una parte, los partidarios del botarate de Waterloo maldicen a Gabriel Rufián y a Joan Tardà, un par de traidores autonomistas dispuestos a venderse por un plato de lentejas con panceta; los seguidores de Oriol Junqueras, el orate de Lledoners, le espetan a Puigdemont que si necesita dinero para abonar la fianza al Tribunal de Cuentas, que se ponga ligueros y haga la calle; muchos acarician el retorno de Artur Mas, el rey taimado en la sombra; otros celebran la astucia de Quim Torra a la hora de finiquitar la legislatura sin anunciar la fecha de las elecciones, ganando tiempo a base de marear la perdiz; anhelan que la aprobación de los presupuestos generales del Estado coincidan con las elecciones catalanas, para hacer evidente la felonía de los de ERC, que a su vez, y por mucho que se empeñen en negarlo, saben que acabarán pactando con el PSC y los comunes un nuevo tripartito, o con el diablo si hace falta, con tal de defenestrar a los herederos de Convergencia a los que aborrecen con toda el alma.

El procés terminó. Es tiempo de infamia, traición y cortinas. Hora de dagas y veneno. Bienvenidos a la Guerra Civil Tractoriana.

La desinflamación catalana
Antonio Pérez Henares diariosigloxxi  11 Febrero 2020

MADRID, (OTR/PRESS)El vocerío mediático monclovita y sus mesnadas opináticas se han lanzado, tras las humillantes imágenes de sumisión, cabezazo reverente del valido incluido, de Sánchez ante el títere de Puigdemont, el inhabilitado Torra, a pregonar con trompetas y timbales que la visita ha sido un gran éxito y que se está logrando, nuevo palabro tramposo, desinflamar Cataluña.

¿Y que quiere decir, en verdad, tal cosa? Pues muy sencillo. Que los separatistas están contentos y tranquilos Claro. ¿Como no van a estarlo si el presidente de la Nación, lejos de defenderla, acepta sus postulados y comparte su hoja de ruta para conseguir la secesión?. Asi , claro está, ellos se pueden mostrar muy contentos y felices, pues parece que la única discusión ya parece estar en si la rendición y entrega de la soberanía nacional y los derechos de sus ciudadanos se hace de golpe, via del prófugo de Bruselas, o por etapas, del preso de Llenoders. Pero ¿y como debemos estar quienes no los son allí ni lo somos en el resto de España? Pues tristes, humillados y ofendidos.

Porque ese desinflamar la ira independentista a base de ceder a su chantaje y ofrecer encima prebendas y dineros a mansalva, los que se niega al resto de comunidades del Estado, es en suma rendirse y rendir a España. Y sí, claro, así y por el momento, se desinflaman sus ardores y no le pegan fuego a Barcelona. ¿Como no van a estar encantados los separatistas con quienes se han pasado a su bando y dejan inerme y arrodillada ante ellos a la ciudadania española y aún más a quienes en Cataluña soportan el adoctrinamiento, la opresión e imposición de los secesionistas?

Es sobre todos a estos últimos a los que Sánchez e Iceta dejan vendidos. Su traición les roba la esperanza pues ya es obvio que quien tenía el ineludible deber de defenderlos no solo se ha pasado al enemigo sino que los entrega amarrados como reses a las que llevar al matadero. Y con ello da carta blanca, via libre y apoyo total para que el nacionalismo, supremacista y xenófobo con todo lo que a España y Constitución, arrase su resistencia y los convierta ya definitivamente en apestados, en seres de inferior rango como personas y en derechos a quienes solo les cabe la sumisión completa o el abandonar aquella tierra. Un exilio creciente y silencioso que cada vez es más creciente. Un abandono que propiciara que en breve el independentismo alcance la cuota soñada y que jamas había llegado a tener: superar el 50% en votos. Esa es la desinflamación de Sánchez

El vocerío progre que la declama y trompetea como gran hazaña viene a decir , que es en realidad la única alternativa, que no puede hacerse otra cosa y que les digan cual es la otra solución que se plantea. Porque ya sido decidido por ellos, que la Ley es un estorbo y una piltrafa prescindible que solo causa problema el aplicarla.

Pues bien precisamente es eso y no puede ser ninguna otra cosa y menos el plegarse por entero a los designios de quienes la violan, que solo traerá en el futuro peores, mayores e irreversibles consecuencias, el único camino: El restablecimiento del Orden Constitucional de Derechos y Libertades a toda la ciudadanía catalana. Y a partir de ahí comenzar a restablecerlas en Educación, lengua y eliminación de toda discriminación por su causa.

Pero esto, claro, es exactamente lo contrario de lo que pretende esa tropa que hoy gobierna o apoya con entusiasmo esta deriva. A saber, la extrema izquierda de Podemos, todos los separatismos y nacionalismos confabulados, ERC, PDCAT, BNG,PNV, Compromis y cualquier otra sigla y sin que falten, ni muchos menos, los filoetarras de Bildu, ahora blanqueados por sus voceros como referente de amor y paz. Ellos mandan. Y quienes entre ellos, y hablo del PSOE, que ayer veían en ello una atrocidad y algo que jamás aceptarían, acatan y hasta aplauden, con contadísimas excepciones. España, es un hecho, está en manos de quienes quieren destruirla.

El constitucionalismo, obligado a sumar
Editorial larazon  11 Febrero 2020

Si bien no ha supuesto una gran sorpresa el adelanto de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia, lo cierto es que son dos movimientos que el centro derecha en general, y el Partido Popular en particular, deben abordar desde planteamientos estratégicos distintos. Nos referimos, por supuesto, a la conveniencia o no de concurrir a las citas electorales con una sola lista que agrupara el voto de Ciudadanos y populares, y con la vista puesta en las próximas elecciones catalanas, también adelantadas, aunque con la fecha aún por determinar.

Vaya por delante que, como siempre hemos defendido desde LA RAZÓN, la fragmentación del voto conservador ha sido uno de los condicionantes que ha llevado a España a este largo período de inestabilidad política, donde un primer Gobierno de marca socialista, aupado en una moción de censura, fue incapaz de aprobar los Presupuestos Generales, y dos convocatorias electorales sucesivas que han desembocado en el actual Ejecutivo de coalición, muy condicionado por la izquierda radical, comunista, y por los partidos separatistas, instalados en la contumacia.

No es de extrañar que el presidente del Gobierno autónomo vasco, Íñigo Urkullu, haya decidido alejar todo lo posible sus comicios regionales de los de Cataluña, sin duda, con el propósito de evitar su contaminación con el radicalismo nacionalista catalán, que, en principio, sólo beneficiaría las posiciones de Bildu. Las últimas elecciones generales, celebradas cuando la crispación por la cuestión catalana dominaba gran parte del discurso público, supuso un fuerte descenso en porcentaje de votos para el PNV, mientras que consolidó a los proetarras.

También en el campo de la derecha constitucionalista, las últimas generales en el País Vasco detectaron un incremento de VOX, que de ser residual, pasaba al 2,45 por ciento de los sufragios, colocando al partido de Santiago Abascal por delante de Ciudadanos y provocando que el PP vasco estuviera al filo de quedarse sin representación en el Congreso de los Diputados. O dicho de otra forma, parece evidente que en las Vascongadas la dispersión del electorado del centro y la derecha no nacionalistas penaliza directamente a los populares, puesto que ni VOX ni el partido naranja parecen en disposición de conseguir representación en la Cámara vasca. Por el contrario, una lista conjunta entre el PP y Ciudadanos tendría la virtud de sumar al votante clásico popular, vasquista sin complejos y forjado en la larga resistencia contra el terrorismo separatista, el segmento más liberal del constitucionalismo. En definitiva, el mismo modelo que en Navarra, donde los dirigentes de Cs aceptaron aparcar sus discrepancias sobre el modelo foral. Este planteamiento es igualmente válido para el caso de Cataluña, donde, en las últimas elecciones generales, la caída en votos de Ciudadanos no pudo ser compensada por la insuficiente recuperación del Partido Popular.

Somos conscientes, por descontado, de que las pretendidas coaliciones en el País Vasco y Cataluña no supondrían una agrupación matemática de los sufragios del centro derecha constitucionalista, pero, en cualquier caso, harían menos dañina su fragmentación. La situación en Galicia, donde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, ha vuelto a hacer coincidir las elecciones autonómicas con las del País Vasco, la situación es diferente. Allí, como expusimos en un reciente editorial, no sólo el Partido Popular puede acreditar una larga experiencia de gobierno con buenos resultados, sino que la sociedad gallega no se ha radicalizado, reflejo de la preeminencia de un PP que es expresión eficaz de un galleguismo integrador, constitucionalista y español. Una idiosincrasia política más pausada y conservadora, por supuesto, abierta a que se sumen otros votantes.

Lo que faltaba
Nota del editor  11 Febrero 2020

España está hundida y hundiéndose más en el desastre por la inepcia y traición del PP. Pretender seguir apoyando al causante de nuestras desdichas es ignominioso. Hay que votar al Vox y botar al PP al olvido e insignificancia. Y como ciudadano de sexta o séptima clase, sujeto a la inmersión ligüística en Galicia, el PP tiene que desaparecer.

(Primera clase: la monarquía; segunda clase los políticos; tercera clase los españoles donde el español es lengua propia; cuarta clase los españoles donde el español es lengua impropia; quinta clase los españoles cuyo voto vale menos por no ser nacionalistas; sexta clase los españoles varones). Y a esto lo llaman democracia.

La indignidad de Companys
Javier Caraballo elconfidencial  11 Febrero 2020

Franco le quitó la vida a Companys, pero la dignidad se la quitó la República. Con lo cual, la democracia española no puede devolverle ahora ninguna dignidad institucional porque la perdió por traidor y por desleal. Hablamos de Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña antes de la Guerra Civil, que vuelve a la actualidad porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido la reparación histórica de su memoria entre los 44 puntos que negociará con los independentistas catalanes en su mesa de diálogo para intentar reconducir el conflicto catalán.

El asunto, como se observará, se ha pasado por alto pero merece la pena detenerse porque, como comprobaremos, algo se esconde. Como premisa, lo que se ha apuntado aquí en otras ocasiones: deben considerarse favorables todos los intentos de solventar con diálogo político la enorme crisis institucional de Cataluña, pero lo que no puede suceder de ninguna forma es que el resultado de esas negociaciones suponga el menosprecio o descrédito de los poderes del Estado, especialmente el Poder Judicial que es uno de los objetivos de los independentistas, o la aceptación institucional de la manipulación grosera que se hace de la historia reciente de Cataluña. Por mucho que el independentismo quiera convertir a Companys en un mártir de la lucha antifranquista por su defensa de la II República, no fue ni una cosa ni la otra: ni antifranquista ni defendió la República. Así que vamos por partes.

Lluís Companys declaró la independencia de Cataluña, el 6 de octubre de 1934, y un año después fue juzgado y condenado a 30 años de cárcel. La sentencia por responsabilidad criminal dictada por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República española, de fecha 6 de junio de 1935, incluyó en los hechos probados que “los procesados se alzaron en armas contra la Constitución de la II República, proclamando el Estado Catalán de la República Federal Española, y dando órdenes de defenderlo por la fuerza; lo que implica fundamentalmente la subversión del régimen constitucional en lo que a la organización nacional afecta”. Con esa condena de cárcel por rebelión, Companys perdió toda dignidad institucional: traicionó a la República que, al igual que la democracia actual, fue la que le concedió a Cataluña un estatuto de autonomía que aprovecharon para declarar la independencia.

Está bien que un régimen democrático como el que se instauró en España tras la dictadura, anule los juicios y las condenas del régimen franquista; la memoria de decenas de miles de personas que acabaron fusilados en una cuneta o en una fosa común. Entre ellos, evidentemente, el juicio que condenó a muerte a Companys, después de que los alemanes de la Gestapo lo detuvieran en Francia y se le entregaran a Franco. Pero esa atrocidad, esa barbarie, no convierte a Companys en un héroe de la lucha antifranquista, como se decía antes, porque no es cierto.

El presidente de la República, Manuel Azaña, dos veces traicionado por los independentistas catalanes, se quejó en sus diarios de que Companys, al que indultaron al año de ser condenado, utilizó la algarada de Franco para su propio beneficio, con lo que debilitó aún más a la República beneficiando a los sublevados. “Asaltaron la frontera, las aduanas, el Banco de España, Montjuic, los cuarteles, el parque, la Telefónica, Campsa, el puerto, las minas de potasa… ¡Para qué enumerar! Crearon la Consejería de Defensa, se pusieron a dirigir su guerra, que fue un modo de impedirla, quisieron conquistar Aragón, decretaron la insensata expedición a Baleares, para conseguir la gran Cataluña”, escribió Azaña en sus 'Diarios'.

El presidente de la República acabó tan harto de los independentistas catalanes que, en otra parte de sus 'Diarios', anotó: “La Generalidad, cuyo presidente, como recuerda Companys, es representante del Estado, ha vivido no solamente en la desobediencia, sino en franca rebelión e insubordinación (…) Lo mejor de los políticos catalanes es no tratarlos”.

Cuando dice el presidente Pedro Sánchez, punto número 4 de las negociaciones con el Gobierno de la Generalitat, que se compromete a “homenajear a las víctimas de la dictadura y anular las condenas y sanciones a las mismas, como la del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys”, ¿a qué se refiere? Deberían aclararlo porque lo que menos se entiende de todo es la insistencia en este aspecto cuando en, al menos, tres ocasiones ya se ha resuelto y aprobado.

En 2010, la Fiscalía General del Estado avaló un informe que concluye que la Ley de Memoria Histórica de 2007 declara la ilegitimidad de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra de la dictadura. Siete años más tarde, en 2017, el Congreso volvió a lo mismo y declaró que las sentencias dictadas contra Companys por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas (en diciembre de 1939), y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales (en octubre de 1940), son “ilegítimas, radicalmente nulas e injustas y carecen absolutamente de eficacia y validez”. Un año más tarde, otra vez lo mismo: El Consejo de Ministros, que se reunió en Barcelona en diciembre de 2018, volvió a aprobar la nulidad de la condena, por tercera vez, para “una mayor reparación y reconocimiento del que Companys recibió en su momento”.

La entonces ministra portavoz, Isabel Celaá, incluso llegó a decir que con esa declaración, el Gobierno “proclama, además de su reconocimiento, la restitución de la dignidad de Companys como presidente de la Generalitat”. ¿Qué dignidad? ¿La dignidad institucional que le arrebató la II República por traidor? ¿Por qué sigue incluyendo Esquerra Republicana a Companys en todas sus negociaciones? ¿Se persigue la destrucción de las sentencias de la República? ¿Su anulación? ¿La condena de los tribunales republicanos? ¿Acaso la reprobación y la condena de Azaña? Veremos… Pero, de momento, vamos a repetirlo: una cosa es la dignidad humana y otra la dignidad institucional, y Lluís Companys carece de la segunda.

Salvaje agresión separatista a un motorista en el corte de la Meridiana de Barcelona
Los Comités de Defensa de la República "celebran" tres meses de corte al tráfico de esa arteria ante la pasividad de Mossos y Guardia Urbana.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital  11 Febrero 2020

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona tienen órdenes estrictas de sus jefes políticos para no impedir el corte diario de la Meridiana de Barcelona, una acción que los Comités de Defensa de la República (CDR) llevan a cabo desde hace tres meses. La noche de este lunes era la número 120 en la que los matones por la independencia se plantaban en esa importante arteria de la capital de Cataluña a fin de cortar el tráfico y mostrar su impunidad cuando un motorista intentó sortear el cerco y salir de la ciudad. Vano intento. Un grupo de sujetos se abalanzó sobre esta persona, la zarandearon, empujaron y golpearon hasta derribarlo a él y su vehículo. Como es habitual, ni Guardia Urbana ni Mossos intervinieron.

La víctima de la agresión no requirió atención médica y pudo abandonar el lugar a pie acarreando a su lado la moto, que resultó con importantes desperfectos. El grupo de agentes constitucionalistas de la policía autonómica "Unió de Mossos per la Constitució" ha difundido las imágenes de la salvaje agresión en su cuenta de Twitter. El motorista ruega que le dejen en paz en reiteradas ocasiones mientras es vejado por los miembros de los CDR. Los hechos tuvieron lugar sobre las ocho menos cuarto.

Las organizaciones separatistas han convertido el corte al tráfico diario de la Meridiana en un símbolo de su "resistencia" y "lucha" por la república catalana. El Ayuntamiento ha debatido con la consejería de Interior solicitar a los manifestantes que cambien de ubicación, pero se han echado atrás en repetidas ocasiones. No consta que los CDR y ANC y Òmnium, que apoyan esta iniciativa, hayan informado por los cauces reglamentarios de su celebración.


 


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