AGLI Recortes de Prensa   Domingo 16  Febrero  2020

El PSOE pasa a modo silencio
Los barones acatan órdenes
Juan Pablo Colmenarejo ABC 16 Febrero 2020

Sánchez recuperó el poder en el PSOE después de su defenestración, aquella noche de octubre de 2016 cuando escondió la urna tras un biombo para que el puchero saliera a su gusto. Entonces el Comité Federal lo quitó por intentar lo que ahora ha hecho. El presidente del Gobierno ya tenía el gobierno Frankenstein en la cabeza y entonces el viejo PSOE, la cultura socialista de toda la vida, se deshizo de él. Guillermo Fernández Vara salió escondido en el maletero de un coche después de expulsar a Sánchez porque «el PSOE se nos iba por el sumidero». Eran otros tiempos; ahora, con el monstruo compuesto con ministros de Podemos, el PSOE ha pasado a modo silencio. Como Iván Redondo con Torra, agachan la cabeza y creen en un diálogo con los separatistas de la mano de la legalidad, antes Constitución. A Susana Díaz le preguntaron antes de entrar en el Comité Federal si dentro se iban a escuchar críticas. Respuesta: «¿A qué?».

Cuando los silenciosos dirigentes socialistas se quieran dar cuenta, el Estado se habrá ido de Cataluña y también del País Vasco. Las nueces están a punto de recogerse en el cesto del separatismo. Al 78 le queda menos que a Guardiola en la Copa de Europa. El mercadeo con el independentismo -del que habla García Page solo los días impares- va a dar por bueno y legal ese supremacismo que a la alcaldesa de Vich le sale tan natural.

El nacionalismo de etnia y lengua va camino de aplastar a los que todavía no se han resignado. Si el Estado se marcha, será porque ya no se quiere saber nada de todos aquellos que ingenuamente resisten. En el País Vasco están mucho más avanzados. Sánchez les va a regalar la gestión de las pensiones que como Estado independiente nunca podrían pagar; les faltan 6.000 millones al año, los que ponen los españoles del Ebro para abajo.

El PSOE calla ante Sánchez. No les queda otra. A tragar con lo que manden Iglesias, Junqueras y Urkullu, partidarios del derribo del 78. Sánchez no tiene problema y compara su diálogo con la Transición. Ya tiene el relato y la red extendida para tapar el agujero. Iglesias ha llegado al poder para quedarse y los separatistas, para trocearlo. Sánchez se está trabajando un par de legislaturas como mínimo. Los barones regionales del PSOE aceptan la disciplina y el dictado de Sánchez; pasan a modo silencio, que solo se escuche el ruido de Vox, la coartada perfecta para que el relato se sostenga cada vez que haya que acercarse a las urnas.

Ni ley mordaza ni maltrato a inmigrantes ni reforma laboral inhumana
ESdiario 14 Febrero 2020

Sánchez ha construido su carrera sobre falsedades ideológicas que se derrumban con estrépito en cuanto se analizan con honestidad. Europa lo hace ya.

En solo 24 horas, tres de los cinco grandes mantras demagógicos de los partidos que ahora gobiernan en España se han derrumbado con estrépito, zaheridos por las resoluciones e informes de instituciones y entidades que analizan la realidad sin la lupa ideológica y electoral de cada país.

De un lado, el Tribunal de Estrasburgo ha concluido que España no conculcaba los derechos humanos al "devolver en caliente" a los inmigrantes que llevan años asaltando las vallas de Ceuta y Melilla, derribando con ello una recurrente acusación contra el anterior Gobierno que empezaba con este asunto y terminaba extendiéndolo a todas las áreas por la supuestamente represiva "Ley Mordaza".

Que Sánchez se haya aprestado a mostrar su "respeto" al fallo europeo, junto a la existencia de éste, es una prueba manifiesta de la infinita demagogia que se practicó en la oposición, para agitar conciencias y movilizar votos.

Sánchez ha deportado a cientos de inmigrantes a escondidas en vuelos "secretos"

Y también del giro que se da cuando se alcanza el Gobierno: de repente ya no es un problema repatriar a inmigrantes llegados por cauces ilegales, como demuestran los rotundos datos de devolución a África, hasta de menores de edad, en vuelos fletados por el Ministerio del Interior. ¿Ahora ya se puede? ¿Antes era una agresión y de repente es gestión política?

Por otro lado, el FMI ha concluido que la reforma laboral, impulsada por Rajoy en 2012, ayudó a mejorar el empleo y la igualdad de ingresos sin un impacto sustancial en el riesgo de pobreza general". Que el contundente informe coincida con la posible derogación de esa herramienta, como viene anunciando Sánchez desde hace años, refleja el impacto negativo de la política cuando ésta acaba siendo rehén de sus propias palabras.

La moraleja de este asunto no puede ser más evidente: no se puede articular una propuesta política sobre la base de generar enemigos inexistentes, apelar a las emociones antes que a los hechos y despreciar la tozuda realidad, todo con el fin de generar un escenario de tensión y arañar unos cuantos votos.

El frentismo
Porque lo mismo que se ha dicho sobre el empleo o las libertades, podría decirse sobre otros dos mantras del Gobierno: ni España es un país que denigra a la mujer ni, desde luego, aquí campa a sus anchas el neofranquismo.

Sobre ambas premisas falsas se intenta construir un edificio político frentista, sin embargo. Y sería bueno que no hicieran falta más resoluciones de nadie para, simplemente, despreciar esa forma tan burda de hacer política.

Sánchez apacigua y Feijóo a su aire
Marcello republica 16 Febrero 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, miente más que habla allá donde va. En las campañas electorales, en el Parlamento o ante el Comité Federal del PSOE donde asegura que defiende a los agricultores (con el veto de su vicepresidente Iglesias incluido) y que no discriminará al resto de Comunidades Autónomas frente a las concesiones que está haciendo a Cataluña.

De lo que se desprende que el Gobierno lanzará una lluvia de miles de millones en infraestructuras para el resto de España, en línea con lo que ya ha prometido a Cataluña, y que se creará en cada Comunidad Autónoma una Mesa de Diálogo ‘bilateral’ y una consulta regional para ratificar los acuerdos de cada Mesa. Y que se concederán indultos a los políticos que hayan sido condenados a lo largo y ancho de España.

Sánchez miente con descaro y sus barones, con mirada de corderos que acaban de degollar, asienten y apenas de se atreven a balbucear una muy modesta petición sobre Cataluña diciendo que, al menos, allí se respete la legalidad.

Y de entre todos los cariacontecidos y sumisos barones del PSOE allí estaba, marcada con ceniza en la frente, la penitente andaluza Susana Díaz, que hace muy poco reconoció lo que llamó sus ‘errores’ a propósito de Sánchez, al que tiempo atrás le dijo aquello de: ‘Pedro, el problema eres tú’.

El que no se corta un pelo y va completamente a su aire en el seno del PP es Alberto Núñez Feijóo el presidente de Galicia y del PP gallego. El mismo que acaba de decirle a Pablo Casado, a propósito de la propuesta de Cs de hacer coaliciones de ambos partidos en el País Vasco, Cataluña y Galicia, que él no acepta ‘presiones de nadie, ni de su propio partido’.

Feijóo ha pintado una raya en el suelo y le ha dicho a Arrimadas que no cuente con él, mientras que Alfonso Alonso le recuerda a Cs que en el País Vasco tienen que acatar el ‘cupo’ fiscal y la foralidad a la que se opone Cs. De manera que el plan Arrimadas solo sirve para Cataluña y para nada más.

Sin embargo las palabras de Feijóo van más lejos de la cuestión electoral. Y si vuelve a ganar las elecciones con mayoría absoluta que se prepare Pablo Casado porque ese será el trampolín para disputarle al líder del PP su hasta ahora frágil liderazgo en el centro derecha nacional.

El PNV y el PSOE pagan al ‘Financial Times’ para lavar su imagen en plenas elecciones vascas
El PNV y el PSOE pagan por un artículo a favor de Bilbao en el 'Financial Times'.
Carlos Cuesta okdiario 16 Febrero 2020

El PNV y el PSOE comandan el Ayuntamiento de Bilbao en alianza. A unos meses de las elecciones autonómicas vascas, donde los dos mismos partidos se juegan la posibilidad de mantener esa misma alianza a nivel regional, acaban de decidir pagar al ‘Financial Times’ para lavar su imagen. Los socios de Gobierno han destinado más de 17.000 euros a publicitar en ese grupo la ciudad de Bilbao.

Se trata de un esquema muy parecido al que usó Ximo Puig en la Comunidad Valenciana y que le costó una fuerte polvareda mediática. Casualmente, y justo en pleno cumplimiento del contrato pagado a ‘Financial Times’, una de sus publicaciones ha seleccionado a Bilbao como una de las mejores ciudades para captar inversión extranjera. Una elección curiosa, sobre todo si te tiene en cuenta que el País Vasco está en plena espantada de inversión y sus entradas de empresas extrajeras se han desplomado en los tres primeros trimestres de 2019 en nada menos que seis séptimas partes.

El Ayuntamiento de Bilbao acaba de ser mencionado por una de las publicaciones de ‘Financial Times’ como la “tercera mejor ciudad de Europa de tamaño medio para la atracción de inversión extranjera directa”. De hecho, el propio Ayuntamiento de Bilbao, comandado por el PNV en alianza con el PSOE-PSE, ha emitido una triunfal nota de prensa bajo el título “Bilbao reconocida por ‘Financial Times’ como la tercera mejor ciudad de Europa de tamaño medio para la atracción de inversión extranjera directa”. En esa nota se destaca que “la revista ‘fDI Intelligence’, perteneciente al grupo ‘Financial Times’, ha reconocido a Bilbao entre 319 ciudades europeas por sus fortalezas económicas, su tejido empresarial y sus capacidades financieras”.

La nota añade eufórica que “en esta nueva edición del ranking de ‘fDi Intelligence’, European cities and regions of the future 2020-2021, Bilbao ha sido valorada, cuantitativamente y cualitativamente, entre 319 ciudades de Europa. En la elaboración del ranking, se analizan las fortalezas económicas, el tejido empresarial y las capacidades financieras de múltiples ciudades y regiones de Europa”.

Y todo ello, alardeando de haber sido seleccionada como “la tercera” ciudad entre las ciudades medianas, “con una población entre 200.000 y 750.000 habitantes”, lo que “mejora los resultados logrados en la edición 2018-2019 donde la Villa se situó cuatro puestos por debajo”.

Contrato de 17.000 €
Pero esa nota no menciona que, por el camino, el Ayuntamiento de Bilbao ha decidido gastarse el dinero de los bilbaínos en publicidad en el grupo ‘Financial Times’. Un contrato que hoy publica este diario y que ha costado más de 17.000 euros para relanzar la imagen de la ciudad de Bilbao. Justo y casualmente, en pleno periodo de calentamiento de las elecciones vascas que se celebrarán el próximo Domingo de Ramos.

Ese contrato se ha recogido bajo el epígrafe “Publicidad Financial Times”, con “código del expediente: PC19-00494” y con un “presupuesto del contrato sin IVA: 14.550”, “17.606. euros con IVA” y con “fecha de la adjudicación: 27/12/2019”. La “fecha inicio plazo” es el mismo “27/12/2019”. El plazo de ejecución de “1 Año” y la “razón social: THE FINANCIAL TIMES LTD”. Por último, el contrato recoge el “lugar ejecución en la Unión Europea: Sí NUTS del lugar de ejecución: ES21 – País Vasco”, un detalle llamativo, porque si se quiere relanzar la imagen de Bilbao o el País Vasco, es curioso que se haga en esa misma región y no en los sitios en los que se pretende divulgar la imagen de Bilbao como captadora de inversión.

A menos que, como parece, lo que se busque sea una publicidad más política que empresarial y efectiva.
Esa nota del Ayuntamiento vasco, además, tampoco cuenta que resulta llamativa esta posición de Bilbao, sobre todo si se tiene en cuenta que la realidad de la captación de inversiones extranjeras directas al País Vasco va justo en dirección contraria. Porque los primeros tres trimestres de 2019 reflejaron un hundimiento de la captación de inversiones extranjeras a nada menos que una séptima parte. Desde los 724,3 millones de euros acumulados en todo el País Vasco en los tres trimestres iniciales de 2018 hasta los 113,5 millones del mismo periodo del pasado año. Es cierto que la pérdida de inversión exterior se ha instalado también en el conjunto de España, pero no a semejante ritmo. A nivel nacional la caída es de un tercio. La del País Vasco, a una séptima parte.

Pero socialistas y separatistas han llegado a la conclusión, junto con las publicación de ‘Financial Times’, de que un buen artículo es capaz de disimular esa situación.

La última propuesta de Vox: pruebas de nivel de castellano para todos los españoles
El partido quiere que se realicen, especialmente, en los territorios que cuentan con otra lengua cooficial
ep / madrid la opinion 16 Febrero 2020

Vox quiere garantizar la "obligación" de todos los españoles de conocer el castellano y para ello ha pedido en el Congreso la realización de pruebas de nivel que lo acrediten, "especialmente en los territorios que cuenten con otra lengua cooficial".

El partido liderado por Santiago Abascal ha llevado este debate al Pleno del Congreso con una proposición no de ley firmada por la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, y el diputado por Alicante Eduardo Luis Ruiz.

Vox quiere conseguir el apoyo de la mayoría de la Cámara para garantizar la "obligación de todos los españoles" de conocer el castellano, "mediante pruebas de nivel u otros métodos de enseñanza y de evaluación oficiales, especialmente en los territorios que cuenten con otra lengua cooficial".

También reclama al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a "vivir plenamente y a estudiar exclusivamente en castellano en todo el territorio nacional", así como a relacionarse con todas las Administraciones en la lengua oficial del Estado.

Vox defiende que debe garantizarse que el castellano sea la lengua vehicular, de comunicación y de trabajo de todas las administraciones, sin perjuicio de que se complemente con la lengua cooficial en aquellos territorios que la tienen. En cualquier caso, sostiene que "en ningún caso" se podrá obligar a un funcionario a conocer o utilizar una lengua distinta al castellano ni conocer la cooficial puede ser requisito para acceder a un empleo público.

De la misma forma, reclama que toda comunicación de las administraciones aparezca escrita en castellano con forma y tamaño que, cuando menos, sean iguales a las de la otra lengua cooficial. Y lo mismo exige para cualquier organización que reciba cualquier tipo de subvención o ayuda pública. Para asegurar el cumplimiento de estos requisitos Vox quiere que el Gobierno incluya una relación de infracciones y sanciones que permitan al Estado sancionar el incumplimiento de la norma.

Sumar o perder
La división suicida del centro-derecha es el seguro de vida de la coalición frentepopulista. El fracaso del proyecto de coalición entre PP y Cs en Galicia, País Vasco y Cataluña proyectaría un demoledor mensaje de miopía política, partidismo sectario y endogamia autocontemplativa
Ignacio Camacho ABC 16 Febrero 2020

El seguro de vida de la coalición frentepopulista gobernante es la fragmentación del centro y la derecha, acentuada por la potencia disruptiva de Vox y el consiguiente efecto de bloqueo que provoca en una oposición consagrada de forma prioritaria a la pugna interna por el liderazgo. Sánchez está relativamente cómodo ante esa competencia entre sus adversarios, que lejos de resultar virtuosa llena de confusión a un segmento social frustrado por la derrota y por la imposibilidad de identificar una alternativa a medio plazo. La indiscutible habilidad del partido de Abascal para abrirse espacios con su discurso de guerra cultural y su estilo bizarro facilita además a la izquierda su simplista estrategia de asociar a todo el espectro liberal y conservador
con la herencia de Franco, al que más que desenterrar ha resucitado para pasarse el mandato agitando su espantajo. En un clásico ejemplo de mutuo interés retroalimentado, el Gobierno amplifica el intenso y eficaz activismo de Vox a través de su enorme poderío mediático con el claro objetivo de disimular la radicalidad de su propio programa y de sus aliados, al tiempo que minimiza al PP y a Ciudadanos como comparsas de una ultraderecha más imaginaria que real a la que el aparato de propaganda oficialista concede un protagonismo sobredimensionado.

Ante este panorama, la reconstrucción del moderantismo -cuya fractura es el gran fracaso marianista, fruto directo de la pusilánime gestión de la crisis catalana- constituye la tarea prioritaria para la defensa de un modelo de sociedad y de nación amenazado por el proyecto en marcha de demolición de la bases constitucionales y de construcción solapada de un régimen de nueva planta. Será una tarea difícil y larga, que pasa por la providencia inmediata de una alianza parlamentaria táctica y la constitución de una plataforma electoral unitaria en la que como primer paso deberían agruparse las formaciones más templadas. Siendo realistas, Vox no va a entrar por ahora en ninguna operación que entienda destinada a solapar su identidad o impedir su crecimiento. Su meta a corto no es ganar al PSOE, sino superar al PP en espera de que los excesos ideológicos y políticos del bloque gubernamental aceleren su momentum: la acumulación de circunstancias que favorezcan su éxito. Tampoco es posible que su combativo planteamiento encuentre con el centrismo de Cs muchos puntos de consenso. La reducción de tres siglas a una parece poco viable sin un escalón intermedio en el que se agrupe el voto del liberalismo ecléctico, el que se reclama heredero del espíritu de la Transición y de su voluntad de concordia y entendimiento.

La convocatoria de elecciones en las llamadas comunidades «históricas» -País Vasco y Galicia esta primavera, Cataluña después del verano o cuando a Puigdemont le convenga- representa la oportunidad apropiada para tantear un proceso de convergencia que ya cuenta con la palanca de los gobiernos autonómicos que ambos partidos vienen compartiendo sin mayores problemas que los habituales en esta clase de matrimonios de conveniencia. Sin embargo, y pese a la aparente buena disposición a la unión de fuerzas, los demonios partidistas han comenzado a levantar barreras, a señalar impedimentos y pegas, a oponer a cada avance una rémora. La más significativa y complicada de ellas es la resistencia con que Núñez Feijóo se niega a ceder parcelas de su latifundio político en tierras gallegas.

Pese a que las encuestas vaticinan un resultado apretado, el líder del PP galaico se siente en condiciones de renovar su mayoría en solitario y desdeña cualquier clase de apoyo no solicitado desentendiéndose de la negociación nacional para armar un marco más amplio. Su órdago personal, acaso con la vista puesta en el papel de mayor rango que tuvo en la mano y rechazó hace dos años, asume un enorme riesgo de cálculo: los votos de Vox y de Cs pueden restarle algún escaño decisivo para la obtención de su cuarto mandato. Pero sobre todo plantea a la dirección de Pablo Casado una objeción directa sobre el alcance de su liderazgo frente al sistema de baronías con un poder territorial blindado.

Del modo en que se resuelva esta cuestión depende gran parte de las posibilidades de que el centro-derecha vuelva a constituirse en alternativa. Fórmulas hay para ello, desde un programa común a las listas compartidas. Pero la posición abierta de Ciudadanos, en plena reconstrucción tras su descalabro de noviembre, puede caducar si sus nuevos dirigentes se sienten rechazados con altanería. Es cierto que dos y dos no suelen sumar cuatro en política y que una porción de votantes centristas pueden pasar a la abstención por considerar al PP una mala compañía, pero incluso en ese supuesto -que Feijóo teme que opere en sentido inverso en Galicia- la coalición terminaría por producir a menor o mayor plazo una ganancia objetiva porque el liberalismo necesita una perentoria reducción de siglas que fortalezca su masa crítica. Si se pierde esta ocasión por falta de generosidad recíproca será complicado reproducirla cuando Cs decida reemprender su propia deriva. El fracaso proyectaría un mensaje demoledor de endogamia autocontemplativa, de incapacidad para salvaguardar los intereses generales y de subordinación a la pequeñez particularista. El electorado no perdonará semejante demostración de miopía.

Lo que está en juego es algo muy serio: la reconfiguración del equilibrio político perdido por el desplazamiento extremista de este Gobierno y por su correlato de una derecha populista que se abre hueco explotando con pujante audacia la orfandad y el desasosiego de unas clases medias sacudidas por una mezcla de rebedía patriótica, indignación y miedo. Esa polarización sólo puede romperse con una firme apuesta constitucionalista en la que los ciudadanos perciban opciones ciertas de éxito frente al separatismo disgregador, el cinismo sanchista y el rupturismo adánico de Podemos. Reconstruir ese proyecto ganador requiere esfuerzo y tiempo, pero también la determinación de empezar a hacerlo. Dos reveses electorales consecutivos deberían ser una razón suficiente para que PP y Cs comprendan que por separado van camino de un tercero. Y que entre sus votantes -y la mayoría de los de Vox, aunque les cueste reconocerlo- hay mucha menos distancia ideológica que la que los reflejos del partidismo sectario han interpuesto.

España Suma, las siglas restan
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli  16 Febrero 2020

Las siglas y las vanidades narcisistas han de palidecer si queremos que brille España Suma

Desde que el amplio espacio liberal-conservador se fragmentó en tres pedazos como consecuencia de la abulia oficinesca, el vaciamiento ideológico y el afloramiento de graves escándalos de corrupción que pulverizó el Partido Popular a partir de 2004 hasta su Congreso Extraordinario de 2018, han abundado los análisis doloridos que nos recuerdan recurrentemente hasta qué punto la división del otrora compacto bloque de centro-derecha entrega el poder a la izquierda. Esta lamentación se ha agudizado por la infausta circunstancia de que una coalición de socialistas, separatistas, comunistas y filoterroristas han apuntalado un Gobierno de tan inquietante catadura que hasta su presidente reconoció antes de formarlo que le quitaba el sueño.

Muy debilitada tiene que estar una sociedad en sus valores morales y en su instinto de conservación para propiciar que un aventurero sin escrúpulos encabece un Ejecutivo en el que no falta lo peor de cada casa. Sin embargo, esta es la lamentable situación en la que nos hallamos los españoles y a los que nos queda suficiente lucidez como para darnos cuenta de que el desastre nos acecha, sólo nos cabe continuar trabajando para salir lo antes posible de este horror.

Y es en esta tesitura de buscar caminos de salida a la pesadilla que habita en La Moncloa cuando ha surgido la iniciativa del hoy enflaquecido partido azul de articular una coalición electoral de las tres fuerzas constitucionalistas. Si bien esta propuesta se ha justificado sobre la innegable base de que la dispersión del voto es duramente castigada por nuestro sistema electoral, apenas se ha hecho referencia al motivo de mayor peso para llevarla adelante, que no es otro que vivimos una etapa de emergencia nacional en la que la existencia misma de la Nación está seriamente amenazada. Si un agresor externo se dispusiera a atacarnos con el propósito de aniquilar a España y borrarla de la faz de la Tierra, al estilo de la intención manifestada por los ayatolás iraníes respecto a Israel, es de suponer que el PP, Cs y Vox cerrarían filas, aparcarían cualquier diferencia doctrinal o programática y se concentrarían codo con codo en salvar a la patria de ser arrasada.

Pues bien, esta es exactamente la coyuntura terrible en la que estamos atrapados, salvo el detalle de que el tal enemigo es interno y no foráneo. No es otro Estado el que se apresta a destruirnos, sino una parte de nuestro propio Estado el que abriga y manifiesta sin recato semejante idea. Es un nutrido grupo de golpistas cabalgando sobre varios millones de nuestros conciudadanos previamente inoculados del virus del odio y del supremacismo insolidario los que utilizando las instituciones y los recursos que nuestro orden constitucional les ha confiado, pugnan con impune contumacia por demoler el edificio construido en la Transición y con él quinientos años de unidad nacional.

Es más que obvio que ante tan sobrecogedora posibilidad, todas las formaciones políticas que están comprometidas con la pervivencia de España como Nación deberían presentar un frente compacto por encima de cualquier otra consideración o interés personal o partidista. Además, si examinamos objetivamente las coincidencias y las discrepancias entre los tres, no difieren significativamente ni en su modelo económico, ni en su voluntad de mejorar la calidad de nuestra democracia ni en su convicción profunda de que España ha de seguir siento un espacio cohesionado de ciudadanos libres e iguales. Es verdad que en cuestiones de moral familiar, educación, organización territorial e integración europea las distancias llegan a ser grandes, pero es obligado preguntarse si tiene sentido discutir sobre qué música ha de tocar la orquesta mientras se nos arrebata la pista de baile bajo nuestros pies.

Privilegios y categorías
La denuncia de la traición de Pedro Sánchez a los principios esenciales del socialismo, es decir, la igualdad y la solidaridad, para aliarse con nacionalismos de secesión de raíz identitaria que exigen privilegios y la consagración de distintas categorías de ciudadanos en derechos y deberes según su lugar de residencia o su pertenencia a una determinada tribu, resulta plenamente justificada, pero la atención preferente a las carreras políticas individuales o al mantenimiento del negocio particular en momentos tan trágicos como los que atravesamos es también una forma de colaboracionismo nada edificante.

España Suma es un excelente proyecto, muy necesario si queremos evitar la catástrofe, pero para que salga adelante, las siglas y las vanidades narcisistas han de palidecer para darle brillo. Si al final mezquinos enfoques partidistas o imperdonables errores de visión impiden la unión de todo lo que queda de alto, noble y saludable en nuestros lares, lo que es ruin, bajo y deletéreo prevalecerá y nada podrá librar a España del desgarro interno y la irreversible disolución.

Sumar con Vox, seguir destruyendo España con PP
Nota del Editor 16 Febrero 2020

Cuarenta años del PP han servido para que sigan hundiéndonos en nuestra dignidad y derechos. A llegado la hora de hacer desaparecer al PP. En cuando al PSOE, el trabajo de destrucción del Dr Cum Fraude está resultando muy efectivo, aunque los daños colaterales son difícilmente reparables. Seguir pretendiendo que el PP, causante por inepcia y traición de la situación actual, siga adelante para repetir los errores es inadmisible si aún se tiene alguna neurona conectada.

Sánchez somete al PSOE y a los barones con su cesarismo
Editorial El Mundo 16 Febrero 2020

Ni Felipe González durante los años de su hegemonía política ni después Rodríguez Zapatero lograron aglutinar tal poder interno en el PSOE como el que acapara en estos momentos Pedro Sánchez. El líder socialista recuperó el trono en Ferraz, en buena medida, gracias a un discurso en el que abanderaba una promesa de regeneración de su partido y el fortalecimiento de los órganos de deliberación para facilitar el debate interno. Lo que ha ocurrido después, sin embargo, es que el sanchismo ha laminado de facto los contrapoderes en las estructuras orgánicas. El reglamento que asumió el PSOE en 2018 entregó casi todo el poder a Sánchez y a la Ejecutiva, y reforzó a la vez a las bases, ya que a los militantes les ampara el derecho a participar en todos los procesos del partido. En la práctica, esto se ha traducido en la consolidación de un tipo de liderazgo cesarista, sin oposición doméstica real.

El sometimiento de los socialistas a su secretario general quedó ayer de manifiesto en el Comité Federal, que derivó en un patético espectáculo en el que este partido volvió a dar muestras de la falta de controles internos. Los críticos de Sánchez no tienen el arrojo suficiente como para plantear una diatriba consistente que fuerce un cambio en el errático rumbo del Gobierno. En todo caso, tampoco disponen de los cauces adecuados para canalizar su disidencia. Ferraz es hoy una maquinaria de poder entregada a los dictados de una dirección federal formada por afines a Sánchez. Susana Díaz, quien en el Parlamento andaluz ya reconoció que ella se había equivocado y Sánchez «tenía razón» cuando se negó a facilitar la investidura de Mariano Rajoy, sigue dando inequívocas muestras de docilidad. La líder de los socialistas andaluces intenta hacerse perdonar por Sánchez, a la espera de que éste no plantee batalla en la federación andaluza del PSOE. Solo Emiliano García-Page parece atreverse a elevar la voz, aunque lo hace de forma tan calculada que parece nadar y guardar la ropa. El presidente de Castilla-La Mancha pidió ayer acotar la negociación bilateral abierta con Torra -una exigencia de ERC para facilitar la investidura-, mientras Sánchez prometió que el diálogo con Cataluña "no se hará en perjuicio de otras comunidades autónomas".

El hecho de que el Gobierno dependa de un partido como ERC, cuyo líder continúa justificando el golpe del 1-O, y la falta de escrúpulos de un presidente que antepone su ambición de poder a cualquier otra consideración provoca sarpullidos en parte del PSOE. Sin embargo, esta crítica interna no termina de cuajar. A la falta de determinación de los barones, con una Susana Díaz silenciada por un interesado oportunismo, se suman los métodos caudillistas con los que Sánchez dirige al Partido Socialista. El Comité Federal -el máximo órgano entre congresos- ha perdido peso, la Ejecutivo federal está controlada por el sanchismo y las bases se muestran obedientes. Todo el poder dentro del PSOE está en manos de Sánchez.

La batalla ideológica
Juan Van-Halen es ABC 16 Febrero 2020

La izquierda en España es experta en la batalla ideológica. Con el altavoz entusiasta de medios de comunicación amigos, que son casi todos, la izquierda mantiene sus mensajes con eficacia consiguiendo un tratamiento favorable y a menudo, para los no avisados, con marchamo de credibilidad y apariencia neutral. ¿Qué respuesta contrapone el centro-derecha? Su batalla ideológica ha sido, mediáticamente y me temo que estratégicamente, al menos perezosa. Es una batalla, al tiempo, interna y externa. Me referiré de inmediato a su reflejo exterior.

Arancha González Laya, flamante responsable de Exteriores, tomó posesión asegurando que «comenzamos una nueva etapa» porque «Spain is back, Spain is here to stay» (España ha vuelto, España está aquí para quedarse). Y lo dijo en inglés «porque así nos van a entender alto y claro en el mundo». ¿Es que antes de su feliz advenimiento España no existía en el concierto de las naciones? Una dosis menor de autocomplacencia hubiese resultado más elegante. Y, sobre todo, más ajustada a ciertos acontecimientos subsiguientes.

Pocos días después el Parlamento marroquí aprobó dos proyectos de ley que ampliaban 12 millas su frontera marítima con España y se creaba una Zona Económica Exclusiva de 200 millas a lo largo de la costa del Sahara Occidental, que la ONU no reconoce como territorio de Marruecos. La decisión marroquí afecta directamente a Canarias. La ministra de Exteriores visitaba dos días más tarde Rabat y no se traería en su equipaje sino buenas palabras. «Spain is back».

Paralelamente, Francia concertó con Alemania y Polonia el núcleo duro de la Unión Europea después del Brexit. Macron, su impulsor, deja a España fuera, y la ministra del «Spain is here to stay», proclama que España se acercará a Italia «para pesar en una UE cambiante». Un giro copernicano ya que hasta ahora anhelábamos incorporarnos al eje franco-alemán. Varsovia lo ha tenido más claro que Madrid, y eso que nunca sus dirigentes anunciaron enfáticamente «Poland is back».

Casi al tiempo, con el desplante a Juan Guaidó, protagonizado por Sánchez, y la lisonja viajera a Delcy Rodríguez, peón principal de Maduro, debida al Ábalos de las mil versiones y respaldada por Sánchez, la Unión Europea y Estados Unidos comprobaron que no eran vanas sus alarmas por la entrada en el Gobierno de los comunistas, ahora llamados piadosamente populistas, con presencia y oídos en el Consejo de Ministros, que es como si los tuviesen sus amigos foráneos, los más ingratos para el club de Bruselas y para Washington. Y deben añadirse los despropósitos del saltimbanqui Zapatero. No auguro amables consecuencias ante esta curiosa forma de conservar a los amigos. ¿Es que España ha cambiado de aliados sólo para que Sánchez descanse algún tiempo más en el colchón de La Moncloa?

Zapatero fracasó en política exterior y Sánchez recorre ya el mismo camino de alumno aventajado que en otras causas radicales, como la llamada «memoria histórica», hoy en la versión más tensada y probablemente inconstitucional de «memoria democrática». Un Gobierno con ministros declaradamente comunistas supone una rareza en Europa. A nuestro Gobierno se le añaden, además, particularidades notorias. Tanto que en el listado del Instituto Cidob, prestigioso think tank en análisis internacionales, el Gobierno español es el único de los 27 de la Unión considerado «de izquierda». Por así decirlo, de una izquierda sin edulcorantes.

El socialismo lleva años retrocediendo en la Unión Europea. España es una de las islas en ese mar de fracasos, pese a que el PSOE perdió cerca de ochocientos mil votos en las últimas elecciones. Manuel Valls, buen conocedor del socialismo europeo, lo tiene claro: «Sánchez y sus socialistas parecen fuertes porque no quedan muchos más en otros lugares». Sánchez no sabe bien qué es. Eligió pactar con los radicales y se convirtió en radical. Y orilló el constitucionalismo. En poco tiempo su Gobierno sólo nos ha ofrecido contradicciones y disparates. Ha pisado todos los charcos.

Los valores esgrimidos históricamente por el socialismo: solidaridad, igualdad, libertad, tolerancia, normalmente resultan ser proclamaciones desde la oposición pero no realidades en el Gobierno. El tándem Sánchez-Iglesias mostró pronto su radicalismo y sus prisas. Apostó por la batalla ideológica. Llevó a la Fiscalía General del Estado a una diputada socialista hasta entonces ministra de Justicia, y anunció el cambio urgente del Código Penal, una vía nada encubierta para contentar a golpistas.

Obsoletas las viejas banderas socialistas, y no digamos las comunistas, y arrumbados sus añejos engañabobos a zarpazos de la tozuda realidad, las nuevas banderas se tintan de ideología extremista. Así ocurre con el ecologismo alarmista, el feminismo radical y excluyente y el animalismo irreal y desbocado, sin olvidar los viejos mantras de la educación intervenida o de confundir interesadamente Estado aconfesional con Estado laico.

Supimos un día que «el dinero público no es de nadie» y ahora sabemos que «los hijos no pertenecen a los padres» (Celáa); que «los hombres roban la leche a las vacas lo que supone un maltrato animal» (García Torres, director general podemita de Protección Animal); que «en la mayor parte de los periodos históricos las mujeres, si hubiesen podido elegir, hubiesen escogido no mantener relaciones sexuales con los hombres» (Gimeno, directora podemita del Instituto de la Mujer y expresidenta de la Federación de LGTB), olvidando que está en este mundo gracias a que su señora madre no tuvo a bien compartir esa opinión.

Otra bandera ideológica de la izquierda es la lucha contra el llamado cambio climático, que de una forma u otra ha existido siempre pero hoy aparece agravado. De Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y ahora vicepresidenta, al ciudadano le quedan su guerra al diésel, expresada con tanto ahínco que arrasó la venta de vehículos, y sus desvelos contra los toros y la caza. Desde el exterior nos llega, como modelo, esa jovencita sueca, Greta Thunberg, recibida con fruición en varias Cumbres del Clima, últimamente en la COP 25 de Madrid, y en el Foro Económico Mundial de Davos, cuando debería dedicarse a estudiar. Si los temas serios están en manos de políticos radicales que los convierten en ideología utilitaria, y de aficionados con más o menos buena intención pero inanes en el fondo, todo quedará en palabrería y manipulación.

La izquierda se emplea hábilmente en la batalla ideológica. Ante el desastre, es deseable, por el bien general, que el espacio del centro-derecha -el constitucionalista- asuma esa batalla que no debe dar por perdida en ninguno de sus campos, como ha ocurrido con la cultura o con la supuesta superioridad moral que, por reiteración de unos y dejadez de otros, se consideran a menudo patrimonio de la izquierda. Tantas falacias que muchos asumen interesada o bobaliconamente.
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Juan Van-Halen es escritor y académico correspondiente de la historia y de bellas artes de San Fernando

¿Salvini o Johnson? Cuál será la política económica de Vox
D. Soriano Seguir Libertad Digital 16 Febrero 2020

La formación de Santiago Abascal ha respaldado las propuestas más proteccionistas de los agricultores: ¿supone esto un cambio en su programa?

Hay una escena fantástica en Borgen, la serie danesa sobre política que tan de moda estuvo hace 4-5 años. Ocurre en la última temporada, cuando Birgitte Nyborg acaba de fundar su nuevo partido. En una reunión en la sede de la formación, los simpatizantes que están por allí, preparando propaganda electoral y organizando las primeras reuniones, empiezan a hablar de política, de sus inquietudes, propuestas, puntos de vista… Y Nyborg se da cuenta de que existe una enorme distancia entre lo que cada uno de ellos cree que será ese nuevo partido. Para ella, la fundadora, se trata de una formación de centro (algo parecido a lo que Ciudadanos ha intentado en España); pero entre los que se acercan a la sede hay simpatizantes de todo el espectro ideológico, de izquierda a derecha.

VOX ha sido, de los cinco grandes de la política española, el último en llegar. En este sentido, genera las mismas dudas que cualquier otra formación: hacia dónde se dirige y cuáles serán, entre sus diferentes corrientes, las que se impondrán. En Economía, por ejemplo, hay dos tendencias en el conservadurismo europeo. Las dos tienen puntos en común (por ejemplo, escepticismo, cuando no enfrentamiento, con la UE), pero divergen en aspectos fundamentales (como la política comercial o agraria). Y las dos tienen su hueco en la formación de Santiago Abascal. La pregunta es, ¿podrán coexistir?

Aunque la formación huye de las etiquetas políticas e ideológicas, fuentes del partido consultadas por Libertad Digital admiten que observan con agrado, y comparten, varias de las políticas aplicadas por el presidente de EEUU, Donald Trump, o de Brasil, Jair Bolsonaro, y en Europa, del presidente de Hungría, Viktor Orban o del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Y marcan distancias con el Frente Nacional de Marine Le Pen (ahora, Agrupación Nacional), sobre el que sus propuestas económicas "no tienen nada que ver".

De Salvini a Johnson
Simplificando mucho, podríamos personalizar las dos corrientes emergentes en la derecha europea en dos personajes que han obtenido éxitos electorales destacados en los últimos años: Matteo Salvini y Boris Johnson. Y, a pesar de la caricatura que de uno y otro hace la prensa española, no tienen demasiado que ver.

La Lega es parte del movimiento populista de derechas que ahora mismo está de moda en Europa, con más parecido al partido de Marine Le Pen que a la democracia cristiana clásica. En economía, esta corriente es intervencionista y proteccionista, poco amiga de los tratados comerciales, defensora a ultranza de los servicios públicos estatalizados y centralizados, y anti-inmigración sin demasiados matices.

Enfrente, el conservadurismo tory es, siguiendo la tradición clásica anglosajona, mucho más escéptico respecto a la capacidad redentora del Estado. Sí creen en la necesidad de un poder público fuerte y que garantice la seguridad, la defensa, un marco normativo estable e igual para todos, o los servicios públicos básicos (en esto están muy lejos de los libertarian americanos). Pero, al mismo tiempo, desconfían de ese poder público omnímodo, que quizás te beneficia algo cuando ganas las elecciones pero puede convertirse en muy peligroso cuando la mayoría cae del otro lado. Por eso, estos liberal-conservadores hablan tanto de individuos y familias, de agrupaciones voluntarias, de libertad de elección en los servicios públicos, de pequeñas comunidades y del valor de los acuerdos voluntarios (cumplimiento de los contratos, libre mercado...).

En términos generales y resumiendo mucho, podríamos decir que la disyuntiva en la derecha europea ascendente es liberalismo-conservador vs estatismo de derechas.

En España, la irrupción de VOX a finales de 2018 trajo aparejada una sorpresa, al menos en el ámbito económico: el programa electoral más liberal que nunca ha presentado un partido político español. En las elecciones de abril de 2019, el partido propuso medidas revolucionarias, desde una propuesta de reforma de las pensiones que se encaminaba claramente hacia la capitalización, una rebaja sustancial de los grandes impuestos o un esquema de libre elección (cheque) en los grandes servicios públicos –sanidad y educación-. Si a eso se le sumaba un mercado laboral muy flexible, privatizaciones, liberalización de industrias reguladas, etc. lo que quedaba era un programa económico cuasi-libertario, menos intervencionista, incluso, que el de los tories británicos.

En aquel momento, al frente del área económica de VOX se situaban Iván Espinosa de los Monteros y Rubén Manso (aquí el vídeo con la entrevista que éste concedió a Libre Mercado antes de las elecciones de abril), declarados liberales y que sí podríamos asociar con ese conservadurismo anglosajón clásico. Hubo entonces muchos que se preguntaron cómo encajarían estas propuestas de VOX en economía con el resto del programa político y con sus alianzas internacionales. Y de hecho, en las elecciones de noviembre, el programa económico de la formación simplificaba y limaba algunos de los aspectos más rupturistas de abril.

Fuentes del partido explican a este periódico que sus propuestas no se van a ver modificadas en ningún caso. "No renegamos ni una coma de nuestro programa económico", aseguran aunque admiten que "se va a ir ampliando" con medidas concretas que den respuesta a los actuales problemas de España. "Miramos a Trump o a Orban, pero adaptando las medidas a las necesidades de nuestro país", aseguran.

Del SMI a los agricultores
En este sentido, la propuesta del Gobierno de PSOE y Podemos para subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 950 euros y las protestas de los campesinos españoles de las últimas semanas han permitido al partido evidenciar esa aspiración de "completar" su planteamiento teórico en el ámbito económico. Eso sí, su programa parte de la premisa de que es necesario eliminar el Estado Autonómico (con el consiguiente ahorro en términos de gasto público), lo que podría dificultar la puesta en marcha de algunas medidas en el corto plazo.

Así, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha apostado recientemente por "subir" el SMI, "quizá más" de lo que proponen el PSOE y Podemos, pero con un matiz: "Debe ser a costa del recorte de la industria política, traducido en menos impuestos", ha dicho a través de las redes sociales. Una postura que refleja claramente las dos corrientes que conviven en el partido y el equilibrio que intenta mantener entre las mismas. Desde la formación aseguran que refuerzan su apuesta por la protección del trabajador y las clases medias (objetivos electorales de Vox a medio plazo para ir poco a poco ensanchando su base), sin renunciar a la defensa de los empresarios y a las medidas que les han permitido sumar 52 escaños en el Congreso.

Algo parecido ha ocurrido también con las protestas del campo español, que se ha levantado contra los bajos precios de los alimentos, contra los márgenes que aplican los intermediarios, contra la cadena de valor, las ofertas de los supermercados o la política europea (aquí, un buen resumen, claro y conciso, de sus peticiones en la web de UPA).

En Vox parece que, en este punto, se han decantado claramente por el nacionalismo económico: ayudas-subvenciones, normas para regular el mercado, etc. El partido propone renegociar aranceles para lograr mejores condiciones de venta de los productos españoles o establecer un control más exhaustivo de la entrada de productos extranjeros en España, entre otras medidas dirigidas a reclamar a la UE que priorice la venta de productos comunitarios frente a terceros países.

Desde la dirección del partido, explican a preguntas de Libertad Digital, que las protestas vienen motivadas por la distancia existente entre los políticos y el mundo rural: "Ven cómo, desde las grandes ciudades, los políticos se dedican a dictar normas y reglamentos mientras que nadie se preocupa por la supervivencia de sus negocios", aseguran señalando a los políticos que "llevan años plegados a los dictámenes de Bruselas sin ser capaces de negociar acuerdos beneficiosos para nuestros productores".

Preguntados por cómo estas medidas chocan con la parte más liberal de su programa económico, la dirección del partido defiende que "la libertad de mercado necesita de un marco regulatorio igual para todos. En el caso de España, nuestros productos deben cumplir decenas de normas y directivas mientras que Marruecos, Túnez o Sudáfrica pueden importar sus productos sin cumplir los requisitos sanitarios o de condiciones laborales de sus trabajadores", aseguran. "No estamos ante una competencia en igualdad de condiciones. En Vox consideramos que los intereses de nuestros agricultores están por delante de los de tratados comerciales globalistas al servicio únicamente de las élites económicas", defienden.

El equilibrio
Mantener el equilibrio en estos temas es muy complicado para todos los partidos, no sólo para Vox. En realidad, ésta es una cuestión en la que casi todos los que intervienen dan la sensación de estar incómodos: desde la izquierda porque, aunque nunca han sido partidarios de la globalización y el comercio, en los últimos años se asociaba el cierre de fronteras con personajes a los que odian, como Donal Trump. Desde la derecha, porque una parte de su electorado les pide proteger al pequeño productor español con subvenciones o ayudas, aunque eso suponga un incremento en el coste de las importaciones (con aranceles o con más regulaciones para los productos extranjeros); y mientras, otra parte, la más liberal, no quiere ni oír hablar de medidas que dañarían la competencia y que podrían encarecer la cesta de la compra y perjudicar al pequeño consumidor.

En Vox, al menos en las declaraciones públicas, parece que se han decantado por la primera opción: apoyar al productor nacional. Es cierto que no atacan directamente los principios del mercado, sino que se escudan en la falta de igualdad de condiciones para competir. Y no es menos cierto que ésta es la excusa clásica de los proteccionistas de toda Europa desde hace dos siglos.

En esta tensión entre el discurso político y el económico, estaba claro que el comercio internacional podía ser un problema para Vox. No son los primeros a los que les ocurre: las leyes librecambistas fueron probablemente el tema más polémico dentro del Partido Conservador durante todo el siglo XIX y comienzos del XX, con las consiguientes luchas entre partidarios y detractores, entre defensores de los productores y de los consumidores.

Desde un punto de vista electoral, en un país tan intervencionista como España, puede que la postura pro-agricultores que han adoptado sea la más lógica. También parece que es una visión que encaja más con la de las cinco personas que actualmente dirigen el día a día de la formación: Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith, Jorge Buxadé y Kiko Méndez. A excepción de Espinosa de los Monteros, el resto parece que está más cerca de la derecha tradicional, más proteccionista y menos liberal. Otra cosa es si esas medidas ayudarían realmente, a medio plazo, a los sectores que quieren proteger. Ahí también existe una discusión teórica muy interesante que también tendrá que resolver Vox.

La encrucijada de Vox
Pablo Guerrero. vozpopuli  16 Febrero 2020

Vox tiene que elegir. O ser partido liberal-conservador o confirmarse como una derecha identitaria y populista de alcance trasversal

Devenido en una fuerza parlamentaria de primer orden y consolidado como un sólido partido de oposición en España, Vox tiene que elegir. O ser fiel a su ideario fundacional y observar estrictamente su programa económico, esto es, consagrarse como un partido liberal-conservador distinguible del PP únicamente por una mayor claridad de ideas, más arrojo para defenderlas y una menor propensión a la componenda, o bien evolucionar hacia un partido de derecha identitaria provisto de un ideario estrictamente populista y de un alcance transversal.

De decantarse por la primera alternativa, el espectacular auge experimentado por ese partido en poco más de un año se detendrá, para revertirse tarde o temprano. Si lo hace por la segunda opción, en cambio, estará en condiciones de captar el voto de los sectores mesocráticos y populares del electorado español, damnificados por la globalización y traicionados por una izquierda difusa y posmoderna, siendo las posibilidades de crecimiento electoral de Vox en ese caso virtualmente ilimitadas.

Esa es la tesis que defiende el profesor de la UNED Pedro Carlos González Cuevas en su libro 'Vox. Entre el liberalismo conservador y la derecha identitaria' (La Tribuna del País Vasco. San Sebastián. 2019). Aquellos que seguimos con interés e inquietud la actualidad política española y que desde un conocimiento más o menos profundo sobre la historia del pensamiento conservador gustamos de reflexionar acerca de las causas de la decadencia vital e intelectual de la derecha española contemporánea no podemos sino saludar la reciente publicación de esta obra, exhaustiva y honesta y dotada de un sobresaliente aparato crítico y documental. Las múltiples e innegables virtudes que atesora el libro, así como el merecido prestigio intelectual y académico que adorna al profesor González Cuevas, permiten a esta obra ocupar un lugar preeminente entre la copiosísima y desigual literatura que el fenómeno de Vox ha inspirado en los últimos tiempos.

El fenómeno autonómico
González Cuevas dedica la primera mitad de su libro al estudio pormenorizado de los males que a su juicio arrastra España desde hace cuarenta años y al análisis de las causas del vaciamiento ideológico sufrido por la derecha institucional. Así, el autor señala como rémoras de la España actual el sobredimensionamiento del fenómeno autonómico, que menoscaba peligrosísimamente la unidad nacional al tiempo que exacerba el nacionalismo de las comunidades reconocidas como “históricas”; la partitocracia, es decir, el monopolio de la acción política a cargo de los partidos y la transformación de éstos en órganos paraestatales; y, en fin, el monopolio cultural a cargo de la izquierda, que ha supuesto la demolición de la Universidad y la consagración de una ideología oficial “políticamente correcta” que no admite disidencia.

A esa derecha que reniega de sí misma el autor dedica un capítulo entero, en el que se expone con crudeza su progresiva esterilidad ideológica y su aceptación tácita o expresa de las ideologías “progresistas” de nuevo cuño y de las medidas legislativas a las que aquellas han dado pie. El autor sostiene que durante casi tres décadas esa derecha sistémica ha actuado como un verdadero dique que ha impedido la aparición en España de un genuino partido de derechas. El avance deletéreo de la ideología de género y del feminismo radical al amparo de la maquinaria estatal y, especialmente, la debilidad mostrada por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el desafío secesionista planteado por las instituciones autonómicas catalanas, supusieron la voladura de ese dique y el consiguiente avance de Vox.

Sigue a ese fundado estudio de los males que aquejan a la derecha institucional, una serie de capítulos dedicados ya en exclusiva al partido de Santiago Abascal. González Cuevas relata de manera lineal y cronológica la historia del partido, desde sus orígenes en forma de escisión del Partido Popular hasta las elecciones municipales autonómicas y municipales de mayo de 2019. Lamentablemente, no se tratan las elecciones generales de noviembre de ese año, que se celebraron cuando el libro se encontraba en máquinas, si bien es probable que el profesor González Cuevas aborde la consolidación del avance electoral de Vox en futuras ediciones del libro.

En el apartado de conclusiones final el autor no se limita a enunciar las ideas ya expuestas, sino que procede a analizar, si bien de forma somera, los defectos de los que en su opinión adolece el partido derechista y que podrían impedir su evolución en sentido auténticamente derechista e identitario. Los dos más graves acaso sean la querencia por credo neoliberal que siguen mostrando los cuadros del partido y la debilidad intelectual que impera en el seno de éstos.

Ambos fenómenos podrían explicar que Vox, más allá de la crítica epidérmica, no haya sido capaz de plantear hasta la fecha un modelo de organización territorial alternativo al Estado de las autonomías ni tampoco de proponer fórmulas de gobierno o de participación política, tales como el presidencialismo, el corporativismo o la democracia directa, susceptibles de complementar a la democracia representativa y de atenuar la hegemonía de los partidos.

De la superación de estos y otros defectos dependerá que Vox no se quede a mitad de camino en su objetivo de frenar tanto a la izquierda como a sus aliados separatistas y de convertirse en genuina alternativa de Gobierno. La disyuntiva es inexorable y no admite escapatoria.

Juan Luis Steegmann, el prestigioso científico de Vox
Maite Loureiro Libertad Digital 16 Febrero 2020

Es una de las figuras en alza dentro del partido y destaca por su larga trayectoria profesional como médico e investigador

Juan Luis Steegmann Olmedillas, como le gusta firmar, sin olvidar el apellido de su madre, es uno de los 52 diputados de Vox que en los próximos meses va a ir adquiriendo protagonismo. Recién nombrado portavoz del partido en la Comisión de Sanidad del Congreso, lidera en este momento la respuesta de Vox a dos de los asuntos de mayor actualidad: el MIR en Cataluña y el coronavirus.

Hematólogo de profesión, ejerció en el Hospital La Princesa de Madrid, ciudad por la que es diputado. "He salido de mi zona de confort", admite sobre su salto a la política a los 64 años, de la mano de Vox, partido al que se afilió poco después de su fundación. Entró en contacto con Santiago Abascal de casualidad aunque ya le seguía la pista por sus declaraciones y su labor en la Fundación DENAES.

Ambos coincidían en una cafetería cercana al Hospital en el que trabajaba, situada en los alrededores de la primera sede que tuvo el partido. De las charlas de café surgió una amistad que les ha llevado a compartir objetivo: la defensa de la unidad de España. "La unidad es la fuerza, la atomización es debilidad", asegura empleando un símil científico.

Con humildad, Steegmann dice "saber algo de medicina y poco de política ", aunque elogia y da mucha importancia a la actividad que ahora desempeña y que hace más de 30 años criticó en una tribuna en El País bajo el título "De la perplejidad a la acción". En él, arremetía contra la "tendencia del Estado, como empresario, como político, a robar el poder del médico sobre su trabajo". Ahora debe dar respuesta a ese reto desde el otro lado.

Presidente del grupo GELMC de la Sociedad Española de Hematología y de la Fundación Española para la Curación de la Leucemia Mieloide Crónica, espera poder seguir compatibilizando ambos cargos con su actividad política, aunque reconoce las dificultades que se le presentan por la falta de tiempo.

Se define a sí mismo como "estudioso, polemista y con gusto por mandar", aunque dice que ahora le toca más "obedecer", algo que le resulta "fácil" por encontrarse en un "entorno brillante e intelectualmente muy interesante", asegura en referencia a sus compañeros de partido. "Mi mujer y mi hija se extrañan, dicen que Santi (Santiago Abascal) es la única persona a la que he obedecido", explica entre risas.

Hijo de un cerrajero y una modista, Steegmann proviene de una "familia rica venida a menos", lo que impidió que sus padres pudieran estudiar, a pesar de la buena posición económica que habían tenido sus abuelos. Él pudo hacerlo gracias al sistema de becas aprobado por la dictadura franquista.

Fue en su época de estudiante cuando abrazó las tesis marxistas, aunque sin llegar a militar en el Partido Comunista para no perder la beca. Ideología que compartió hasta la década de los 80, cuando visitó la antigua URSS y comprobó la desigualdad existente entre la clase dirigente y el resto de la población. "Vi la oscuridad, no había luces, y las colas que hacían los rusos para comprar alimentos mientras la luz, la plata y el caviar abundaban en los locales de los altos cargos del PCUS", narra para explicar por qué acabó renegando de esa ideología.

"Al comunismo se le ha indultado", se queja con amargura reprochando tanto a la izquierda como, sobre todo, a la derecha, no haberlo combatido culturalmente para que todos conozcan sus atrocidades.

Tras abandonar el comunismo, Steegmann evolucionó al socialismo llegando a militar en el PSOE hasta el año 2004. Se dio de baja tras los atentados del 11-M en Madrid. "Hacía años que el PSOE habían perdido la O de obrero pero fue entonces cuando abandonó la E de España", asegura declarándose férreo defensor de la unidad del país.

Casado con una donostiarra, ambos colaboraron con Basta Ya. "Ya entonces sufrimos las críticas de algunos compañeros socialistas que nos llamaban fascistas", asegura sobre su paso por esta plataforma creada para comabatir el nacionalismo vasco y a la banda terrorista ETA.

Muy crítico con la posibilidad de trasladar las competencias del MIR a Cataluña, recuerda que de joven luchó para que se implantara este sistema en todo el país. De hecho, cree tanto en sus ventajas que es partidario de aplicarlo también en la enseñanza. Habrá que esperar para comprobar si consigue ganar esta nueva batalla.

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Cuando un presidente democrático está a las órdenes de un narcodictador
EDUARDO INDA okdiario 16 Febrero 2020

Sostenía el gran Torrente Ballester, falangista de primera hora y disidente de última, que “el poder más peligroso es el del que manda y no gobierna”. Cualquiera diría que el coruñés autor de Los gozos y las sombras, dramaturgo excelso y novelista sublime, estaba pensando en esta España contemporánea de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno vive mucho y muy bien, con el Falcon, el Airbus y el Super Puma a su permanente disposición, pero mandar, lo que se dice mandar, manda más bien poquito. Los verdaderos jefes son otros: golpistas, filoterroristas, comunistas y narcodictadores.

Es lo que pasa cuando te has de comer el marrón de ganar unas elecciones pero a años luz de la mayoría absoluta, formar Gobierno y tejer una coalición con un tío al que tienes un asco sideral. Nosotros no tenemos experiencia en la materia a nivel nacional pero es lo que ha ocurrido toda la vida de Dios en Europa con esos gobiernos imposibles a dos, tres, cuatro o cinco bandas: que las minorías son las que dictan el devenir del Ejecutivo por la sencilla razón de que el primer ministro depende de que el dedo pulgar del socio de turno o el aliado de guardia tome el camino del suelo o el del cielo. Cada votación es una cesión, un vía crucis para ser más precisos. Una desconsideración con el que te mantiene en el machito con alfileres y adiós muy buenas.

Aquí mismo vaticiné hará cosa de un par de meses quién iba a ser el baranda de este Gobierno tan legal ordenamiento jurídico en mano como bastardo si lo pasamos por el tamiz de la moralidad: Pablo Iglesias Turrión, alias El Coletas. Con la obvia e inestimable colaboración de los golpistas que hace un par de años declararon la independencia de Cataluña y del partido que representa a quienes asesinaron a 856 compatriotas, 11 de ellos, por cierto, socialistas. Ellos son los que deciden qué se aprueba, qué no se aprueba, a quién se persigue, a quién no, quién es bueno, quién es malo y a quién echa una manita la Fiscalía y a quién se la echa pero al cuello.

Lo de ERC es ya un cante jondo. Da asco moral contemplar al presidente de la undécima potencia económica mundial y del cuarto país de la zona euro rendir pleitesía permanente a los que perpetraron el segundo golpe de Estado de la democracia. Jamás pensé que tan alta magistratura como el Gobierno de España se postrase de hinojos ante delincuentes. Aún recuerdo el espectáculo de hace dos semanas cuando OKDIARIO anticipó en primicia que Sánchez estaba sopesando la posibilidad de cancelar su cara a cara con ese racista con cara de neandertal y delincuente que responde al nombre de Quim Torra. Fue ir el rufián de Rufián a Moncloa y cuadrarse el inquilino de Palacio, que no tuvo más remedio que echar mano de ese “sí bwana”, que se ha convertido en el mantra presidencial, en lugar de ejecutar la cobra que le pedía el cuerpo.

Lo de los proetarras fue sencillamente ignominioso. Un golpe bestial, y no sé si letal, a la libérrima España constitucional que los españoles nos regalamos en 1978 tras cuatro décadas de oscuridad. Si me llegan a pronosticar hace dos años que el presidente del Gobierno sería elegido con el apoyo pasivo de ERC y Bildu, hubiera pensado que mi interlocutor se había metido un tripi de esos que te hacen ver dibujos animados. Pero no, desgraciadamente, lo que en la peor de nuestras pesadillas pensamos que pudiera suceder es una realidad. No es una ensoñación como el 1-O, que diría Marchena. No. Es tan real como esa sentencia que allanó el camino para el indulto encubierto a los tejeros del siglo XXI.

El masoquismo de Pedro Sánchez parecía finito pero no. Nueva equivocación. Es tan infinito como su demagogia o como esa mentira que será su gran estandarte en los libros de una Historia que lo condenará como el peor presidente de la historia democrática de un país que no está precisamente para experimentos con champán. Intuíamos que la liaison del PSOE en general y del Gobierno en particular con el narcochavismo era una posibilidad pero desde el miércoles sabemos que es una certeza. Al presidente no le traicionó el subconsciente, o sí, qué más da, cuando calificó en sede parlamentaria de “líder de la oposición” a Juan Guaidó, presidente legítimo de la República de Venezuela.

La cara B de un presidente cuya cara A quedó rayada hace ya un porrón de meses por culpa de su patológica adicción al embuste. El Pedro Sánchez de este 12 de febrero es el mismo, no un sosias, un doble, ni un clon, que el 4 de febrero de 2019 fue el primer jefe de Gobierno mundial en reconocer a Juan Guaidó “presidente” de Venezuela con un “encargo” bien concreto: la celebración de comicios democráticos. Su estela la siguieron luego 60 países, los más importantes del mundo, excepción hecha de una Rusia y una China que no son lo que se dice un paraíso de libertad. El speech que soltó ese lunes fue inequívoco: “Apostamos por la libertad, la prosperidad y la concordia en Venezuela a través de elecciones libres y democráticas”. “No vamos a dar un paso atrás: España va a estar a la altura de lo que se espera, Venezuela puede contar con España”, remachó en su solemne intervención en Moncloa. Un año y diez días después, el Pinocho más Pinocho que conocieron los tiempos ha dicho “digo” donde dijo “Diego”.

Que en España manda el dueño del casoplón de Galapagar y su súperjefe, Nicolás Maduro, no lo afirmo yo. Lo afirman los hechos en forma de giro de 180 grados en la política exterior: la negativa a no recibir oficialmente a Juan Guaidó en su world tour, todo lo contrario de lo que han hecho desde Johnson hasta Merkel pasando por Emmanuel Macron o el mismísimo Donald J. Trump en el Despacho Oval. El socio de Pablo Iglesias y ahora también mayordomo de Nicolás Maduro no sólo dio con la puerta en las narices a Guaidó sino que lo humilló mandando a la novata titular de Exteriores a agasajarle no en el Ministerio sino en ¡¡¡la Casa de América!!! Yo soy Guaidó y los hubiera mandado a tomar por todos los vientos con cajas destempladas.

El numerito de Barajas habla por sí solo. La narcovicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se plantó en Madrid para demostrar quién manda en el Gobierno de España. Tan cierto es que su jet tenía que efectuar una escala técnica camino de Estambul como que esa parada y fonda se podía haber ejecutado en Lisboa, en Rabat, en Marrakech o en Argel. Vino a España para Dios o el diablo sabe qué pero no era imprescindible desde el punto de vista aeronáutico. Los mandamases bolivarianos son narcotraficantes, asesinos y ladronazos, pero no tontos. Y saben que un Gobierno de España débil les viene bien para blanquear su tiranía a los ojos del mundo y para colar su satánico modelo político en el Viejo Continente.

La prueba del algodón definitiva de cuanto digo fue el show del viernes del narcodictador con Delcy a su vera. Lamentables y significativas mofas al Ejecutivo aparte, Maduro dejó bien claro que el de Pedro y Pablo es ahora un “Gobierno amigo”. Más claro, agua.

No hace falta ser Rappel, tampoco haber ido a Harvard, ni desde luego gozar del coco de Einstein, para colegir el recadito que le ha dado Iglesias a su teórico jefe Pedro Sánchez: “Si tocas el tema de nuestra financiación o no obedeces a Maduro, caes”. Palabra arriba, palabra abajo, ésa es la cuestión. Y Sánchez, al que le gusta el Falcon más que a un tonto un lápiz, responde obediente “amén”. No es sólo la financiación de Podemos, venezolana, ecuatoriana, boliviana y no sé si cubana y nicaragüense. La investigación a Raúl Morodo, histórico socialista y embajador del Reino de España en la etapa presidencial del ahora gran blanqueador del narcorrégimen, José Luis Rodríguez Zapatero, apesta. ¿Se cree alguien que un país va a dar 35 millonacos en mordidas a un simple representante diplomático, por muy embajador que sea? Venga ya. Ahí hay tomate. Ahí puede salir hasta el tato de Ferraz. Y Sánchez lo sabe. Ni este sujeto podía llegar más alto ni la Presidencia del Gobierno más bajo. Depender de la diabólica voluntad de gentuza no invita precisamente a la tranquilidad. Yo no quiero que me gobierne ni un narcodictador ni un comunista resentido con ansias de vendetta. Hasta ahí podíamos llegar.

A Rajoy le tumbó la política, a Sánchez le tumbará la economía
Jesús Cacho. vozpopuli  16 Febrero 2020

Cada día que pasa gana enteros Nadia Calviño para convertirse en una especie de embajadora plenipotenciaria de España ante la corte de Bruselas para asuntos de Mantengan la Calma y No Cunda el Pánico con el Gobierno social comunista español de Pedro & Pablo, para consolidarse como un vistoso florero encargado de defender ante la Comisión las grandes cifras del Gobierno Sánchez en política económica, sin ningún poder real en casa para imponer disciplina fiscal a la astral conjunción populista instalada en Moncloa y centrada en tirar del gasto público para ampliar su base electoral. Entrevistada el jueves por Carlos Herrera en COPE, Calviño puso en evidencia el papel puramente gregario de una mujer, inteligente y amable, en tantas cosas parecido al que Pedro Solbes desempeñó con los Gobiernos de Zapatero. “Nuestra línea fiscal es tratar de reducir el déficit público y la deuda lo más rápidamente posible, sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo”. Una declaración de buenos propósitos que queda desnaturalizada cuando enfatiza que “no se trata de aumentar el gasto por sí mismo, pero hay que reforzar las políticas destinadas a los más vulnerables, reducir las desigualdades, frenar la pobreza infantil…”

Gastar. Las novedades conocidas esta semana en materia presupuestaria no pueden ser más inquietantes. La propia Calviño, sentada al lado de María JesúsMarisú Montero, auténtica mujer fuerte en la materia, presentó el martes la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, que prevé un crecimiento del PIB del 1,6%, dos décimas menos que el estimado en el cuadro macroeconómico remitido a Bruselas en octubre pasado, con un objetivo de déficit del 1,8%, siete décimas por encima del 1,1% comprometido entonces, una licencia llamativa que se agrava con las previsiones de déficit para el resto de la legislatura. En efecto, si hace apenas cuatro meses el Ejecutivo en funciones se comprometía ante Bruselas a reducir el déficit al 1,1% en 2020, al 0,4% en 2021 y a lograr el equilibrio presupuestario en 2022, las estimaciones cambiaron de forma drástica este martes con el anuncio del citado 1,8% para el año en curso, del 1,5% para 2021, del 1,2% para 2022, y del 0,9 para 2023, último año de la potencial era Sánchez. Tal relajación de objetivos supone una licencia para gastar a manos llenas durante la legislatura. En efecto, calculadas sobre un PIB de 1.245.000 millones en 2019, esas nuevas metas de déficit permitirán al Gobierno un gasto extra del entorno de los 48.000 millones, a una media de 12.000 millones año. Un escándalo desde todos los puntos de vista, que significa seguir engordando deuda para financiar el funcionamiento de un Estado aquejado de un déficit estructural no inferior a los 30.000 millones, aplazando el ajuste al menos hasta 2024.

En realidad, todo tiene el bello aspecto de un castillo de naipes, puesto que, en espera de conocer el dato definitivo al cierre del ejercicio 2019, el Gobierno de Sánchez no ha pactado una senda de déficit con Bruselas. La cifra estimada por el Banco de España (BdE), del 2,5%, podría quedarse pequeña si tenemos en cuenta que, a cierre del tercer trimestre pasado, las cuentas financieras del propio BdE delataban un guarismo del 2,9%. ¿Se han recortado cuatro décimas en el último trimestre? Podría ser, aunque también podría ocurrir que se hubiera optado por embalsar parte del déficit del pasado año en el de 2020. Los gobiernos socialistas han resultado ser expertos en dar gato por liebre fiscal, como en 2011 demostró Elena Salgado, última ministra de Economía del señor Zapatero. Lo más grave, con todo, es que se relaja el objetivo de déficit no para mejorar la situación del empleo, no digamos ya para acabar con el paro, algo que debería ser piedra angular de todo Gobierno socialista que se precie, sino para poder gastar en la creación de una masa de votantes subsidiada dispuesta a votar al bello Pedro contra viento y marea. Acabar con el paro no figura entre los objetivos de este Gobierno, que de hecho prevé cerrar la legislatura con una tasa situada superior al 12%, muy lejos del 10% prometido en octubre a Bruselas.

El crecimiento estimado del PIB real (del citado 1,6% para este año, seguido del 1,5%, 1,6% y 1,7% para años sucesivos hasta el 2023) parece un ejercicio de voluntarismo en un entorno de ralentización económica, un clima social y político hostil a la actividad empresarial que ahuyenta a los inversores, un escenario internacional plagado de incógnitas y un claro retroceso de la creación de puestos de trabajo (como han puesto de relieve los datos de enero, mes que destruyó 244.000 empleos, más de la mitad de los creados en 2019), un cuadro que solo puede ir a peor si el Gobierno insiste en mandar al cubo de la basura la reforma laboral del Gobierno Rajoy. En estas circunstancias, alcanzar tales objetivos solo parece posible cebando la máquina del gasto público, es decir, subiendo impuestos a mansalva y no a los ricos, sino a esos 13 millones de españoles que componen, en sus distintos gradientes, las clases medias trabajadoras. El techo de gasto, la cantidad máxima que este año podrán gastar los ministerios, crece en las cuentas de Marisú Montero hasta los 127.609 millones, un 3,8% más (5.000 millones), prácticamente la misma cifra contemplada en la cuentas remitidas en octubre a Bruselas, solo que entonces el cálculo se basaba en un crecimiento del PIB del 1,8%. El Gobierno Sánchez fía este aumento del gasto a las subidas en la recaudación y a los nuevos impuestos, la madre del cordero.

Gastar para comprar votos
En época de tribulación, ¿no es mejor gastar menos que gastar más?, preguntaba Herrera a Calviño. La ministra salía por los cerros de Úbeda hablando de “una política fiscal más progresista”, eufemismo que esconde la voluntad de freír a impuestos a todo hijo de vecino. La verdadera respuesta la dio el jueves Pablo Iglesias desde la tribuna del Congreso. El vicepresidente segundo y campanudo “ministro de Derechos Sociales” anunciaba, en efecto, la puesta en marcha de “una renta mínima garantizada y universal”, una prestación pública a través de la Seguridad Social que él convertirá en “prioridad absoluta” de su Ministerio. “Para todos los hogares”, decía este amigo de los pobres, aunque a continuación aclaraba que solo “para las clases más desfavorecidas”, y desde luego no para mantener la “situación de abuso de una minoría privilegiada que llegó a pensar que las instituciones eran suyas”, cuando todo el mundo sabe hoy que son de Iglesias y señora, una pareja alarmada por “las altas cifras de pobreza” (10 millones de españoles –el 21,3% de la población- se encuentran, según Pablo, en riesgo de pobreza) y dispuesta a “promover consensos para lograr un país más justo y equitativo”, pero que se apresuró a comprarse un bonito chalet con piscina en Galapagar valorado en 1,2 millones.

Iglesias se comprometió el jueves a “impulsar un incremento del gasto social y focalizarlo en los más vulnerables”. Es decir, en esos conmilitones y amigos a los que hemos colocado por carretadas en cargos de la Administración y de Moncloa nombrados a dedo. Y para financiarlo habrá cambios impositivos porque, en su opinión, “el sistema fiscal ofrece amplios márgenes de mejora” (sic). Abrumar con impuestos a las clases medias para volcarse en esos teóricamente “vulnerables” con los que Pedro, en plena a sintonía con Pablo, aspira a consolidar esa quinta columna de voto cautivo dispuesto a matar por conservar la regalía. Como dijo Mises, lo que empuja a las masas al campo socialista no es la ilusión de que el socialismo les hará ricas, sino la expectativa de que pondrá freno a aquellos capaces de labrarse un futuro con su solo trabajo y esfuerzo. Este es el gran objetivo de la legislatura, no hay otro: aumentar la escuálida base electoral de Pedro & Pablo tras el fiasco cosechado en la cita electoral del 10 de noviembre pasado, en la que ambos se dejaron la friolera de 1.415.000 votos. Ensanchar la base electoral para durar, porque el bello Pedro ha venido para quedarse. Lo hará con Iglesias colgado de la chepa si no tiene más remedio, o disolviendo y cambiando de piel como las serpientes en cuanto tenga aprobados unos PGE que le permitan desembarazarse de quien no le permite dormir por la noche tranquilo.

Ni una sola mención en este Gobierno a la necesidad de generar riqueza para poder repartirla después, mediante el enaltecimiento del emprendimiento y la eliminación de trabas a la función empresarial. La izquierda populista no ha estado nunca interesada en la creación de riqueza, sino en el reparto de la miseria. Solo las consecuencias de la política de gasto público desbocado que se avecina en términos de paro y malestar social podría llegar a descabalgar antes de tiempo a este aventurero sin escrúpulos ahíto de poder. Si a Mariano le tumbó la política por centrarse en la Economía, a Sánchez le tumbará la Economía por volcarse en la política. En la política rabiosamente populista, claro está. Le tumbará el paro, la especialidad socialista, y también, naturalmente, la existencia de una alternativa creíble al otro lado de la calle, allí donde hoy solo se advierte un silencio espeso entreverado de incertidumbre. Una oferta de cambio consistente, con proyecto y equipos. Una apuesta por la libertad y la renovación democrática. Es la única esperanza –muy costosa en términos de país- de sacarse de encima a Sánchez y su banda. El sujeto recibe mañana a Pablo Casado en Moncloa en lo que más parece una trampa que otra cosa, un intento de forzar la mano del popular para acometer los cambios que precisa en el poder judicial, última frontera que se yergue frente al rodillo de este pequeño sátrapa.

Cuarenta maletas de narcovirus infectan al Gobierno y afectan a España
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 16 Febrero 2020

Cuanto más sabemos del esperpento de Barajas, más recuerda a La hija del capitán, cierre de la trilogía Martes de carnaval, y en el que un billete de Lotería premiado acaba provocando, para tapar su turbio origen, un golpe de Estado. Al final, La Sini se burla así de la fanfarria militar, en alusión al Golpe de Miguel Primo de Rivera, que partió de la estación de Barcelona, con la burguesía catalana enchisterada despidiéndolo, y apoyó Alfonso XIII: "¡Don Joselito de mi vida, le rezaré por el alma! ¡Carajeta, si usté no la diña, la diña la madre Patria! ¡De risa me escacho!". Telón.

La Moncloa de los Milagros
Casi un siglo después de publicarse aquella genial atrocidad, otra trilogía de Valle, esta vez novelesca, La corte de los milagros, actualiza la del Palacio de Oriente de Isabel II, donde el autor artilló líos de la abuela contra su nieto. Esta vez, el palacio es el de la Moncloa, donde, por seguir parodiando a los clásicos, toda necedad tiene su asiento. Y pude entenderse asiento en sus dos acepciones: cargo público y dinero que de ahí proviene.

Porque el esperpento titulable Las cuarenta maletas de narcovirus nace de la necedad de unos cargos públicos que se creen omnipotentes y de la necedad de una criminal narcotraficante que se cree que España es como la Venezuela que saquea, aherroja y mata de hambre. Por ahora, no. Pero el operativo político-policial-informativo del Gobierno Sánchez ha sido digno del SEBIN, la temible policía política de la narcodictadura caribeña que, se dice, pastorea Delcy la Fea, como llama Jaime Bayly a la vice de Maduro.

En pocos días, el viaje de la Delcy ha producido tales desperfectos políticos que recordarlos provoca risa, y, luego, espanto. En El "vis a vis" de Ábalos y Delcy de la Pasta o España, capital Caracas, resumí aquí el asiento de trolas del Gobierno. Esta larga cita nos permitirá recordarlas:

Las primeras mentiras del Gobierno
Cuando se filtró que la delincuente internacional Delcy Rodríguez, que tiene prohibido sobrevolar suelo español y de cualquier país de la UE por gravísimas violaciones de los derechos humanos, había aterrizado en Madrid y se había entrevistado con Ábalos, el ministro negó haber ido al aeropuerto. Cuando empezaron a salir datos y detalles del encuentro, dijo que sí había ido al aeropuerto pero que no la había visto. Cuando se supo que se habían visto, dijo que se habían visto pero no encontrado. Cuando se volvió a saber que sí se habían encontrado, dijo que sólo la había saludado dentro del avión en que visitó (…) a su amigo el ministro de Turismo de la narcodictadura venezolana que venía a Fitur.

Cuando se empezaron a contar los minutos que duró la entrevista con Delcy y no con el grotesco ministrejo bolivariano, dizque amigo de Ábalos, el ministro de lo que siempre se llamó Fomento y que tal vez ahora sea Ministerio de la lucha contra el déficit de caja del PSOE aclaró que sólo fueron dos minutos, para saludarla y recordarle que no bajara del avión, porque "lamentablemente, no podía pisar suelo español". Lo de calificar de "lamentable" una orden de captura internacional por gravísimos delitos contra los derechos humanos, muestra el estado de inquietud de Ábalos.

Pero no paró ahí el desgaste de su sistema nervioso. Otra filtración calculó en media hora la entrevista. Otra, en una hora. Y una tercera añadió media más a ese encuentro en la cumbre de la delincuencia internacional. Y al llegar a la hora y media, Ábalos decidió que Sánchez cronometrara el encuentro. Ya no había forma de disimular esa reunión que, según Ábalos, nunca tuvo lugar porque él nunca fue a Barajas; luego, que fue pero no la vio; luego, que la vio pero no se encontró con ella, luego que sí se encontró pero un momento; luego, que sólo el tiempo justo para amenazarla, por indicación del ministro del Interior.

Y llegados a Marlaska y recordando el caso Faisán, Ábalos decide que el que le mandó a Barajas diera la cara. Y va Sánchez y dice que el gran Ábalos ha evitado un grave incidente diplomático, porque la Delcy quería bajar del avión, pisar suelo español, algo prohibido, e iba a liarse un follón. Por si confesar su negativa a detener a la delincuente internacional fuera poco, Sánchez elogió a Ábalos por sacrificarse de madrugada hasta convencer a la Número dos de Maduro de no meterse y no meternos en líos.

Iban diez versiones, rigurosamente contradictorias e indudablemente falsas sobre el "vis a vis" de Delcy con Ábalos, cuando el valenciano, harto ya, sacó pecho y filtró o alguien filtró que había tenido que ir a Barajas porque la delictiva y delictuosa Delcy "había exigido que fuera alguien del PSOE". Y ahí pasamos a otra dimensión. Malo es que una delincuente de la banda de maduro no sea detenida cuando su imprudencia le ha llevado a aterrizar en terreno donde rige una orden de captura contra ella. Muy malo, que, para evitarlo, llame a alguien del Gobierno, en principio uno de tres ministros: Interior, Justicia y Exteriores. Y muchísimo peor que llame a un representante de uno de los dos partidos de Gobierno, justo el que hasta ahora no estaba acusado de financiación ilegal por el régimen de Caracas.

Aparecen las 40 maletas de Alí Maduro
La sesión parlamentaria en que Ábalos hizo frente a las preguntas, que eran otras tantas y fundadas acusaciones, de su cuentacuentos con la vicegenocida bolivariana demostró que este Gobierno es, sin duda, el más deficiente, en términos intelectuales, de toda la democracia. Tara superada por su deficiencia ética, que le permite mentir e injuriar en vez de confesar y arrepentirse. Si Ábalos es el favorito del Presidente en su Plurigobierno, su Hombre Fuerte, ¿cómo serán los débiles y las ministerias podemitas? Si todas las explicaciones sobre el esperpento de Barajas eran ninguna, ¿qué dirían cuando, fatalmente, supiéramos más sobre el paseo de Miss Delcy?

Y, fatalmente, fueron saliendo cosas. Por resumir las últimas: Delcy pasó mucho tiempo en el vis a vis con Ábalos, siempre protegida por unos policías que supervisaba un Villarejón, escolta de Ábalos, el puertas de esa discoteca psicodélica donde sólo faltaban las rayas blancas en el mostrador. Y de pronto, las rayas aparecieron: Vozpópuli reveló que cuarenta maletas o grandes bultos de viaje fueron embarcados al pie del avión privado de la Delcy, sin ser controlados por nadie, en una gran furgoneta con placa de la embajada venezolana. Esas maletas, según la misma fuente, no han salido de Madrid. Sobre su contenido -que se dijo que era oro; luego, cocaína; y ahora, dólares en metálico-, habrá anidado ya en varios bolsillos políticos. En cuarenta maletas o grandes bultos caben muchos, muchísimos millones.

Una estadía tutelada por la Policía
Pero lo más grave llegó ayer sábado en la minuciosa información de Fernando Lázaro en El Mundo. Resumamos: nunca hubo sorpresa porque se conocía el viaje; había dos llamadas para custodiar a Delcy si aparecía en España o el espacio Schengen; jamás hubo gestión personal de Ábalos, porque había vigilancia de la BOA, órgano de enlace del CNI y la Policía; el guardaespaldas de Ábalos, autodenominado "último aizkolari socialista", y designado consejero de una empresa pública por el ministro, resulta que es un famoso militante del PSOE navarro, elogiado por Pedro Sánchez e indultado por el Gobierno tras ser condenado por violencia, y él mismo, exhibiendo un extraño ascendiente sobre la policía de Barajas, otrora feudo del comisario Salamanca, amigo de Villarejo (caso Gao Ping) fue quien entregó las tarjetas de vuelo a Delcy y los suyos, salvo el ministro que se quedó; la policía dió escolta permanente a la forajida internacional y su séquito; todo está registrado por las cámaras del aeropuerto, las de fuera y las de dentro, cuyas imágenes Lázaro describe con detalle; y, en fin, para evitar que las cintas se destruyan al pasar un mes de la grabación, el PP ya ha interpuesto una denuncia, que se unen a otras dos de Vox y un pequeño grupo político contra Ábalos por prevaricación y otros presuntos delitos.

Para colmo, y por si la Administración Trump no se hubiera enterado del agasajo a la cabecilla de la policía política del régimen bolivariano, el propio Maduro dijo en rueda de prensa que España ya es amiga del régimen y que Delcy no le ha contado su encuentro con Ábalos porque "es secreto", y se rió. La ministra de Exteriores dijo que, como dijo Sánchez copiando a Iglesias, Guaidó es jefe de la Oposición… y a la vez Presidente encargado. Tal confusión explica que las turbas chavistas, modelo de los escrachadores podemitas, lo apalearan junto a su esposa en el aeropuerto de Caracas, sin discriminar a quién pegaban, pero seguros de que le atizaban a un enemigo.

España y los narcoestados
Además de las citas en los juzgados, en la semana entrante, Ábalos y Sánchez deberán explicar los últimos datos sobre su máquina de embustes, desde el destino de esas cuarenta maletas de dorado cuanto ilegal contenido a los posibles delitos de los policías atrapados por la "obediencia debida", pasando por la más que dudosa autoridad del Último Aizkolari Socialista, escolta del ministro y, a la vez, su Ojo de Halcón en las empresas públicas.

Lo único indiscutible es que la narcodictadura venezolana hace ya en España lo que le apetece y que el Gobierno Sánchez es su rehén y socio, su abogado y protector, su cuidador y su cuidado. Y que nada de eso es gratis. España no es un narcoestado izquierdista, pero los jefes y socios políticos de los narcos -el representante de López Obrador, sustituto de Lula da Silva como Padrino del eje La Habana-Caracas-FARC, fue recibido por Pablo Iglesias en la Vicepresidencia esta misma semana- mandan una barbaridad. Como en el coronavirus chino, lo grave de la presencia del narcotráfico en un Estado no es la enfermedad, sino mentir sobre su existencia y no poner los medios para evitar el contagio. Entonces, resulta mortal. Hay cuarenta maletas portadoras del narcovirus circulando en la casta política española. Si no se las localiza y destruye, el mal se propagará a velocidad de vértigo.

Director de Es la Mañana de Federico.

Paseando a Miss Delcy
Javier Somalo Libertad Digital 16 Febrero 2020

Cualquier cosa y todo lo contrario son posibles en la corte de Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez puede hablar como presidente del Gobierno o como Pedro Sánchez y así lo demostró Carmen Calvo. Pablo Iglesias puede ser un peligro en Cataluña pero acabar de mediador en la mesa antiparlamentaria de partidos sobre Cataluña. Torra puede ser un xenófobo y un Le Pen español y eso no impide que el Gobierno se deje la C6 al borde de la hernia cuando lo visita con honores. Sánchez pudo afear a Mariano Rajoy que en Alemania un político dimite por plagiar unos párrafos pero él se hizo la tesis a imagen de su Gobierno Frankenstein, de trozos ajenos.

Todo y todo lo contrario es posible en la corte de Pedro Sánchez. Pero si hablamos de Venezuela la premisa se queda corta, cortísima.

Pedro Sánchez degradó a Juan Guaidó a "líder de la oposición venezolana" porque es lo que opina de veras y se le vio el plumero. Como José Luis Ábalos aún está trepando por las paredes del húmedo y resbaladizo pozo, mandaron estrenar a la ministra de Exteriores para explicar a los ignorantes las verdades de su presidente.

Arancha González Laya, que ya ha superado la prueba del reconocido prestigio que se exige para tomar el pelo al súbdito, se empleó primero a fondo con Zapatero, que viaja a Venezuela como ciudadano. Aunque sea presidente del Gobierno, condición que no se pierde, y aunque haya visitado el país 39 veces en un año… lo normal en un ciudadano. How dare you, José Luis!! Menuda huella de carbono. Dice la ministra:

"Sobre visitas en calidad de ciudadanos, nada que comentar (…) Zapatero fue estrictamente en su condición de ciudadano particular sin ostentar ningún cargo de representación y sin mandato alguno del Gobierno de España".

Así, como Ábalos. Sport-casual, sin agenda ni credenciales. Después tomó las riendas del asunto sobre Juan Guaidó:

"Vamos a ver: el señor Guaidó es dos cosas a la vez: un presidente encargado, título que le ha reconocido una parte importante de la comunidad internacional, un título que se ha hecho… [titubeos y dudas] a la medida de la situación en Venezuela… pero a la vez es el líder de la oposición".

Habló González Laya visiblemente enojada, y a punto estuvo de decir que el título de Guaidó se lo han inventado para darle el caprichito al joven rebelde. Todo con aire de superioridad y poca o ninguna diplomacia para su cargo. Merece la pena ver la escena en el vídeo.

El caso es que en la Venezuela chavista sólo hay una persona capaz de ser varias cosas a la vez incluso siendo contrapuestas: Nicolás Maduro. Es lo que tienen las dictaduras totalitarias, que se lo quedan todo porque si no parecerían groseras democracias. Maduro, amigo íntimo de una parte del Gobierno de Sánchez, se reservaba para este viernes su aparición estelar, el cameo de escándalo, así que lo dejamos para el final…

40 maletas
Miss Delcy llegó con 40 maletas, como cualquier persona, y las hizo cargar un vehículo con matrícula del Cuerpo Diplomático. Una cosa tan normal como todo lo que rodea este caso, según el Gobierno. No sabemos qué había en el interior de tanta valija ni si habría soportado una inspección habitual porque no la pasó. De haberlo hecho, nadie podría negar que la vicepresidenta de Venezuela pisó con garbo suelo español, cosa que se obstinan en hacer provocando versiones ya del todo paranormales en un aeropuerto.

Y aquí, a pie de pista y en dependencias desconocidas para el común de los mortales, es donde aparece un actor de reparto de los que pueden convertirse en protagonista. Koldo García Izaguirre, escolta, chófer, asesor, hombre de confianza de Ábalos y consejero de Renfe.

El 23 de junio de 2014, Pedro Sánchez escribe en Facebook:

El último aizkolari socialista; un titán contra los desahucios

Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras. No obstante, este guerrillero de grandes dimensiones físicas, y corazón comprometido, es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha. Es el último aizkolari socialista, - afirma él-. Ex escolta de Nicolás Redondo, sindicalista de la UGT y miembro de la Plataforma Stop Desahucios, también es conocido en la comarca por sus Ordenanzas ‘revolucionarias’ como los 1.000 euros para contratos a desempleados, o los 8.000 para emprendedores del comercio. Lo singular de estos Planes de Empleo es que han surgido de la renuncia de Koldo García Izaguirre, -Concejal de Industria, Comercio y Empleo en Huarte-, a cobrar sus dietas desde 2012.

Este militante y edil, natural de Caserío, es uno de los dirigentes socialistas que más exige hablar del regreso de la industrialización, o de un gran Pacto por la Industria, -sector clave para salir del estancamiento económico- y así se lo quiso trasladar al candidato a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez.

Con respecto a los desahucios, los califica de ‘dramas dantescos’ y subraya que muchas familias deben decidir entre dormir en un techo o dar de comer a sus hijos, "debemos ayudarlos, como socialistas, como personas, como seres humanos". "La gente debe vivir dignamente, hay que socorrer a estas personas’, enfatiza, y pide consensos para ‘equilibrar las balanzas de necesidades". "Socialismo de raíz", así es Koldo, un inagotable aizkolari contra las injusticias, un ejemplo para la militancia.

No sé si es que Sánchez habla de sí en tercera persona o que este texto de Facebook lo tomó prestado de alguna crónica. Ninguna de las dos cosas me sorprendería, la verdad. Lo que vale es el testimonio inequívoco de que se conocían y, por lo visto, admiraban.

Varios medios de comunicación destacaron esta semana que Koldo García tiene antecedentes penales por dos episodios sucedidos en 1991 y en 2010. El primero fue por un delito de lesiones en Valle de Aranguren trabajando como guardia de seguridad. La condena fue a dos años y cuatro meses de prisión pero fue indultado por el Gobierno. La segunda se quedó en falta por una reyerta durante las fiestas de San Fermín y se saldó con una indemnización de unos 900 euros.

Y de los borrones a los honores. En 2015, Yolanda Barcina, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, entregó una metopa honorífica a:

"Koldo García Izaguirre, ciudadano que cooperó en la contención de las personas implicadas en una riña tumultuaria ocurrida en mayo de 2014 en Huarte".

Está claro que para "contener una riña tumultuaria" hay que gastarse las dimensiones de Koldo, "un gigante de la militancia", como decía de él Pedro Sánchez.

El indulto llegó en 1996, recién estrenado el primer Gobierno de José María Aznar y lo firmó la ministra Margarita Mariscal de Gante. Pocos meses antes era biministro de Interior y Justicia Juan Alberto Belloch y Secretaria de Estado de Interior y Directora de la Seguridad del Estado, Margarita Robles, hoy ministra de Defensa y responsable del CNI. Eran tiempos también de Ángel Olivares como director general de la Policía, hoy secretario de Estado de Defensa, su número dos.

Años convulsos, sí. De hecho 1995 fue el de la detención de Luis Roldán tras la fuga peliculera en la que tuvieron aparición estelar el capitán Khan, jefe policial de Laos, o el espía Paesa, que hasta tuvo esquela en El País sin estar muerto, más que nada porque sigue vivo y reside en París:

D. FRANCISCO PAESA
Falleció en Tailandia el 2 de julio de 1998, donde fue incinerado.
Tu familia y tus amigos no te olvidan.
El funeral tuvo lugar en la más estricta intimidad.

Las misas gregorianas que durante todo el mes de agosto se celebren en el monasterio cisterciense de San Pedro de Cardeña, se aplicarán por su alma y para confortar a los que le llevamos en el corazón.

Fue una época, por decirlo de alguna forma, compleja. ETA golpeaba por doquier y los GAL casi habían agotado las portadas de la prensa española. El Gobierno González ya estaba mordido por Aznar, lo que supondría el primer gobierno del PP tras casi 14 años de socialismo en el poder. La información era muy distinta a la de hoy y, aunque no dejaban de suceder cosas, no se conocían al ritmo trepidante al que nos han acostumbrado internet y las redes sociales. Daba tiempo a digerir un escándalo y retenerlo para interpretar el siguiente. Pero imaginación había, y mucha. Sin embargo, fueron también aquellos años los que nos trajeron una sonada, ejemplar y todavía aplaudida dimisión precisamente por la fuga de Roldán: la del malogrado Antoni Asunción, socialista y valenciano como José Luis Ábalos.

Quizá Margarita Robles pueda contestar alguna pregunta más concreta sobre el papel de Koldo, asesor-escolta, consejero-chófer, aizkolari e indultado. Y quizá por esto último, alguien del primer PP –que mantuvo muchos años las estructuras policiales del PSOE– pueda aportar un dato útil. Algo ha de saber alguien porque Koldo no parece precisamente un desconocido para los protocolos de seguridad de una instalación tan crítica como el aeropuerto de Barajas, que tiene comisario adscrito y supone mucho prestigio –y, de alguna forma, poder– dentro del Cuerpo Nacional. Por allí anduvo hasta hace poco Carlos Salamanca, envuelto después en el caso Villarejo.

Si Koldo pasea a Miss Delcy como Pedro por su casa será porque no es un desconocido o incluso porque se le reconoce algún tipo de autoridad forjada en tiempos difíciles. Sabido es que para disfrutar de esa condición no hacen falta credenciales.

Los guiones cinematográficos y la política siempre han sido fuente de inspiración mutua. Hemos visto muchas películas del PSOE con mejor o peor puesta en escena pero la de Miss Delcy no había terminado cuando llega, de forma abrupta, la siempre temida versión del director, la de Nicolás Maduro, este mismo viernes: lo que se habló en esa reunión que tanto se esforzaron en negar "es secreto". O sea, que él lo sabe pero los españolitos no. Eso sí que remueve al público en sus butacas. Menudo golpe. ¿Lo sabrá también el vicepresidente Iglesias, orgulloso homólogo de Miss Delcy?

Si no hay aclaraciones inmediatas –y aun habiéndolas– Ábalos debería copiar la decencia de su paisano y compañero Asunción y dimitir. Desde luego, no debería ser el único. Habrá que quedarse a ver los créditos finales, que suelen llevar buena música, por si hubiera cambios en el reparto.

Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital.

El juez Marchena y el Tribunal Supremo no imponen su sentencia
Pablo Sebastián republica 16 Febrero 2020

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y la Sala del Tribunal que juzgó el golpe catalán de 2017 están consintiendo que los presos golpistas catalanes se mofen e incumplan su sentencia del pasado 14 de octubre de 2019.

La que incluye severas penas de prisión, sin que Marchena ni el Tribunal hagan nada para impedir semejante desafuero que escandaliza a una gran mayoría de españoles, lo que proyecta dudas del propio Tribunal sobre su decisión.

Como tampoco hacen nada Marchena y el Tribunal Supremo frente al muy desvergonzado desafío a la legalidad y al propio Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central del inhabilitado y condenado presidente Quim Torra cuyo recurso ante el Supremo debería ser visto con mayor diligencia y celeridad.

Entre otras cosas cosas porque esta Corte y toda España saben que Torra fue condenado por flagrante desobediencia a la Junta Electoral y que así lo reconoció y lo confesó él en el juicio del TSJC. Entonces ¿A qué espera el Tribunal Supremo para confirmar la sentencia? ¿A que el Presidente Pedro Sánchez inaugure la llamada Mesa de Diálogo con él?

El espectáculo bochornoso e ilegal que están ofreciendo a diario los presos catalanes condenados en el Tribunal Supremo es ilegal e indecente. Y ocurre y se celebra con la ayuda interesada de la Generalitat, el absentismo de la Fiscalía del Estado y la condescendencia del Tribunal Supremo que está consintiendo que no se aplique la ley ni se cumpla su sentencia.

Asimismo estamos asistiendo a la violación constante y diaria del precepto constitucional de que todos los españoles somos iguales ante la Ley. Lo que en este caso (y en otros) es especialmente falso.

No en vano la mayoría de los presos del ‘procés’ condenados a varios años de cárcel el pasado 14 de octubre -¡hace apenas cuatro meses!- ya están prácticamente en libertad sin que se cumplan los requisitos legales para ello.

Asimismo, la prisión de Llenoders, donde se encuentran los jefes del golpe catalán se ha convertido en un ‘cabaret político y mediático’. Un centro de permanente negociación política, dotado de una sala de reuniones y de un plató de televisión y centro de entrevistas, especialmente al servicio del jefe del golpe Oriol Junqueras, con vía libre de entradas a periodistas, políticos, amigos y familiares y sin ningún tipo de control o restricción.

Y ¿cuantos presos en España -miles de ellos con condenas y delitos muy inferiores- disfrutan de todos estos escandalosos privilegios que dejan a la Justicia en general y al Tribunal Supremo en particular en el mayor de los ridículos y consintiendo el incumplimiento de la sentencia del alto Tribunal?

Cuando a Marchena consintió que los presos cumpliesen sus condenas en Cataluña ya sabía lo que iba ocurrir y no lo impidió. Ni se molestó en tomar las medidas preventivas necesarias para impedir que ocurriera lo que ahora está pasando, con el silencio del Supremo, la Fiscalía y desde luego con la complicidad del Gobierno de España y de la Generalitat.

En conjunto un lamentable y penoso espectáculo en línea con lo que Pedro Sánchez llama ‘desjudicializar’ el ‘conflicto político’ catalán. El que, dicho sea de paso, no es político sino de simple incumplimiento de la legalidad.

Y que esto lo proclame y lo practique el Gobierno es grave pero mucho más grave es que el Tribunal Supremo lo asimile y lo consienta en el ámbito de su jurisdición como ahora está ocurriendo en Cataluña sin que nadie actúe para evitar semejante burla de la Justicia y de su primer Tribunal.

Los 54 de la ETA del plomo
tienen a sus espaldas cientos de crimenes que ordenaron o cometieron. Ahora, los sucesores de ETA piden su libertad porque ya han cumplido 20 años en la cárcel. Y publican sus fotografías, en un siniestro panel, en el que muchos de ellos muestran su sonrisa
J.M. Zuloaga | Madrid larazon 16 Febrero 2020

A Algunos ya se les ha puesto cara y a otros no. Sus fotografías se publican en un boletín dedicado a los presos etarras. Formaron parte de la ETA más sanguinaria, ordenaron o cometieron centenares de asesinatos. Ahora, se pretende su acercamiento a cárceles del País Vasco, o su liberación pura y dura, porque ya han cumplido 20 años en prisión. En primera línea, están cuatro de los integrantes del «comando Argala», el que cometió el atentado de Zaragoza, con once víctimas mortales, seis de ellas menores de edad. Las imágenes actualizadas de los asesinos, menos la del jefe Henri Parot, que siempre es la misma, demuestran el paso de los años, desde aquel fatídico 11 de diciembre de 1987. Pero han podido cumplirlos, lo que no permitieron a sus víctimas. El entorno proetarra, dentro de la estrategia que sigue para sacar a los presos de la banda de la cárcel o, como primera medida, acercarlos a centros penitenciarios del País Vasco y Navarra, se ha fijado el objetivo de los 54 reclusos que llevan más de 20 años de cumplimiento de condena. El mensaje que lanzan es el de que, si se les mantiene entre rejas, es con ánimo «de venganza» y por pura «crueldad». Y que se les somete a «cadena perpetua».Nada más lejos de la realidad, ya que estos terroristas cumplen las condenas que se les impusieron por los gravísimos delitos que cometieron. Y con estricto cumplimiento de la normativa vigente, tanto en España como en Francia.

Si repasamos la lista, los primeros que aparecen fotografiados en las mencionadas publicaciones son los integrantes del «comando Argala» o «francés», con Henri Parot a la cabeza, autores, entre otros crímenes del citado atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Los otros son su hermano Jon, Jackes Esnal y Frederic Haramboure.
Los etarras que perpetraron el atentrado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, están entre los que deberían ser excarcelados tras 20 años en prisión

Dos de los integrantes del colectivo «Artapalo», Francisco Múgica, «Pakito»; y José Arregui, «Fiti», aparecen en el «álbum». Dirigieron ETA en una de las épocas más sanguinarias y son los que pretendían entorpecer los actos que tuvieron lugar en España en 1992, Jugos Olímpicos y Expo, planes que no pudieron llevar a cabo ya que fueron detenidos en Francia gracias a la información aportada por la Guardia Civil del cuartel de Inchaurrondo, con Rodrígez Galindo a la cabeza.

Iñaki Bilbao Beascoechea, que se hizo cargo de la banda tras esta operación, aparece seguidamente en la «galería» de los que son presentados como víctimas y no como verdugos, lo que eran.

José María Dorronsoro fue uno de los «teóricos» de ETA, que elaboraba la «doctrina» que servía de sustento a la estrategia criminal etarra. Otros destacados cabecillas, como Julián Achurra Egurola, «Pototo»; Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza»; Idoia Martínez; José Javier Arizcuren, «Kantauri», que ordenaron decenas de asesinatos, también están en el panel.

Figuran, asimismo, miembros de «comandos» que materializaron los atentados: Álvaro Arri, «Munipa» (Madrid); Ignacio Aracama, «Macario» (Madrid); José Luis Barrios (Andalucía); Mikel Azurmendi (Madrid y Andalucía); Maite Pedrosa (Andalucía); Irantzu Gallastegui (Donosti): Sergio Polo (Donosti); Jon Bienzobas (Madrid); Juan Carlos Iglesias, «Gadafi», (Vizcaya), Antonio Troitiño (Madrid); Juan Carlos Apezteguía (impuesto revolucionario)...y un largo etcétera, hasta llegar a los 54.Los crímenes cometidos por estos individuos causaron dolor y sufrimiento a cientos de víctimas que aún recuerdan a sus seres queridos, a los que no volverán a ver, ni pasados 20 años, ni nunca. Y, sin embargo, a los que piden justicia se les presenta como «crueles vengadores».

El argumentario del entorno proetarra, contenido en las publicaciones internas y expresado en algunas comparecencias, va en esa línea y su lectura no tiene desperdicio, aunque produzca repugnancia:

–«Las largas condenas, como las condiciones de la prisión, al igual que las medidas de excepción, las negativas de libertad que llegan tras largos años de procesos tienen graves consecuencias en los presos. Queremos subrayar hoy asimismo lo que supone para los familiares este bloqueo».

–«Las graves consecuencias de la situación creada no repercute únicamente en los familiares. Una amplia mayoría social lleva años reclamando el cambio en la política penitenciaria, en el marco de la convivencia».

–«En cuatro décadas “constitucionales” las posibilidades de alcanzar la libertad de los presos vascos se ha ido alejando en el tiempo y dificultándose en la práctica a través de variadas “estrategias” de alargamiento de las condenas».

–«En la actualidad, 55 (54, ya que uno salió en enero por cumplimiento de condena) presos vascos llevan más de 20 años en la cárcel y diez de ellos han cumplido entre 25 y 30 años. Otro contingente de 103 presos y presas, han pasado la barrera de los 15 años encarcelados».

–«El alejamiento a miles de kilómetros durante lustros o décadas, la soledad o semisoledad de la clasificación permanente en régimen cerrado con solo cuatro horas de vida en común, el encierro en las “unidades especiales” o módulos de aislamiento, la intervención de comunicaciones orales y escritas, años y años en un entorno social y cultural extraño y la imposibilidad real de acceso a la libertad condicional una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena y la eliminación del derecho a la esperanza, llevan las penas en el estado español al límite de lo humanamente soportable».

–«No hay para los presos políticos vascos pena de muerte, no hay cadena perpetua, pero sí hay una política de exterminio».

La lectura de estos argumentos, que no es más que un resumen, ya que consumen páginas y páginas para tratar de convencer a las autoridades españolas y galas con el fin de que adopten medidas tendentes a su excarcelación, producen escándalo y rabia entre las víctimas; y los ciudadanos en general.

Pero hay que analizar fríamente los motivos de esta campaña. ¿Por qué se produce? La llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, para lo que necesitó los votos del PNV y la abstención de EhBildu, así como el anuncio de un cambio en la política penitenciaria, ha abierto un camino que hasta ahora el entorno proetarra sabía cerrado.

Y han comenzado a lanzar una serie iniciativas, a las que se ha sumado el Gobierno vasco de Íñigo Urkullu, por si faltaba alguien, para crear un ambiente favorable a las medidas que, más pronto que tarde, habrá de tomar Sánchez si quiere mantener el apoyo parlamentario de los separatistas.

Con la ley en la mano, podría acercar de golpe al País Vasco y Navarra a los 216 presos de ETA que cumplen condena. Pero una medida de este tipo sería difícilmente digerible por la sociedad española. Están los más de 60 reclusos a los que ya se ha concedido el segundo grado; y los que han cumplido más de 20 años de condena...y lo que se le pueda ocurrir al entorno proetarra. Lo que parece casi seguro, según los expertos consultados por LA RAZÓN, es que hay que estar preparados para conocer decisiones que, sin lugar a dudas, provocarán una gran controversia. Parafraseando a la madre de Joseba Pagazartúndua, un socialista asesinado por ETA, se tomarán decisiones que nos «helarán el corazón».

Los proetarras tratan de lanzar el mensaje de que los privilegios para los presos es algo que la sociedad tiene que aceptar, porque ellos, dejaron de matar. En una palabra, que nos hicieron un favor. La realidad es que fue la Guardia Civil la que, finalmente, los neutralizó y no tuvieron más rfemedio que dejar los atentados. Intentan convertir un fracaso en un éxito. Y de paso, casi nos perdonan la vida. Una mentira más de los terroristas y ni una sola palabra de perdón para las víctimas.

Abrir las celdas a 54 asesinos etarras
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les anunció una modificación de la política penitenciaria y los proetarras no han perdido la ocasión. quieren que los presos que llevan más de 20 años de condena sean excarcelados. El argumento no puede ser más falaz: son víctimas de una venganza y crueldad.

Estos son los 54:
Henri Parot, Jon Parot, Frederick Haramboure, Francisco Múgica, José Arregui Erostarbe, Iñaki Bilbao Beascoechea, José Maria Dorronsoro, Jesús María Altable, Sergio Polo Sscobés, Álvaro Arri Pascual, Ignacio Alonso, Agustín Almaraz, Ignacio Echevarría, Aitor Fresnedo, Julián Achurra Egurola, Fernando Alonso, Andoni Murga, Juan Luis Aguirre Lete, Fernando Elejalde, Oscar Barreras, Joseba Erostegui, Jakes Esnal, Josu Arkauz Arana, Sabino Usandizaga, Ignacio Aracama Mendía, Kepa Arronategui, Idoia Martínez, Gorka Martínbez, Rufino Arriaga, Asier Ormazabal, Javier Gallaga, Ignacio Garcés, José Luis Barrios, Mikel Azurmendi Peñagaricano, Maite Pedrosa, Juan Mari Etxebarri, Ignacio Armendáriz, Gorka Fraile, Francisco Marqués, Ignacio Bilbao, Urko Labeaga, Juan María San Pedro, José Arizcuren Ruiz, Iranchu Gallastegui, Jon Bienzobas Arreche, Jesús María Novoa, Igor Martínez de Osaba, Pedro Leguina, Guillermo Merino, Miguel izpura, Miguel Arrieta, Juan Carlos Iglesias, Antonio Troitiño Arranz, Carlos Apezteguía.

Vic
Sin duda, Vic es la población más culta y refinada de la Plana de Vic
Jon Juaristi ABC 16 Febrero 2020

En el primer batzoki de la historia, fundado por Sabino Arana Goiri en la calle Correo de Bilbao el 14 de julio de 1894, estaba prohibido hablar en español con el servicio, lo que planteaba a los socios no pocos problemas, pues la práctica totalidad, comenzando por los hermanos Arana Goiri, no sabía otra lengua. Sabino, sin embargo, manejaba unas cuantas frases hechas en vasco. Por ejemplo, nik eztakit erderaz («yo no sé castellano»), muletilla que recomendaba usar a sus correligionarios cuando vieran a un desdichado maqueto ahogándose en la Ría y pidiendo auxilio.

Reconocer a un maqueto, según Sabino Arana, era fácil, antes incluso de que pronunciara palabra alguna. Todos tenían tipo de torerillo, llevaban un clavel reventón detrás

la oreja y albaceteña en la faja. Estaba claro, a primera vista, que no sabían hablar en eusquera, la lengua del paraíso terrenal. Los Arana y sus compinches tampoco, pero recurrían a un truco muy cuco, que Unamuno describió. Cuando querían fingirse vascohablantes, se ponían a estropear el español, como si fueran Chomín de Amorebieta, Pascasia u otros personajes de «El Caserío», la inmarcesible zarzuela de Guridi, Romero y Fernández Shaw.

Ya don Quijote tuvo que habérselas con uno de estos suprematistas de ocho apellidos vascos, al que partió la crisma en un camino manchego. Sin embargo, se entendió perfectamente con Roque Guinart o Pere Rocaguinarda, un bandolero al servicio de los monjes de Ripoll y de San Juan de las Abadesas, que andaba tocándole las narices al obispo de Vic. Así como Sancho de Azpeitia fue un personaje totalmente de ficción (aunque posiblemente contenga una referencia burlesca a san Ignacio de Loyola), la figura de Roque Guinart está basada en hechos reales. Conversó cortésmente en castellano con don Quijote, porque adivinó de lejos y por sus rasgos físicos e indumentaria que el valeroso caballero no sabía catalán. Pero es que Rocaguinarda era un tipo educadísimo y bienqueda, que ya debía de haber hecho buenas migas con el propio Cervantes, como intuyó Unamuno.

También tuvo Unamuno un elogio para Jaime Balmes, al que definió como «el mejor filósofo de la plana de Vic». A Balmes, los de mi tiempo lo llamamos Jaime. Ahora figura en todas partes como Jaume, a pesar de que salía en los billetes de cinco pesetas del Banco de España puestos en circulación el año del centenario de su muerte, 1948. Tres años después, cuando yo nací, me abrieron una cuenta de ahorro con un billete de aquellos. Jaime Balmes escribió un libro de filosofía a la escocesa que se titulaba «El Criterio», unas «Cartas a un escéptico en materia de religión» y un ensayo sobre el protestantismo comparado con el catolicismo. Unamuno admitía que Balmes había acertado en muchas cosas, pero, añadía, es mejor desbarrar con ingenio que acertar con ramplonería como el pobre Balmes (afirmación que por sí sola prueba lo ingeniosamente que Unamuno desbarró toda la vida). A Balmes se le notaba a la legua, tanto por su índice facial como por sus sotanas confeccionadas en una sastrería de Vilanova i la Geltrú, que hablaba catalán y un poco de francés, pero escribió su obra en español, mira tú por dónde.

Y es que nadie es perfecto. Ni siquiera Anna Erra, alcaldesa de Vic. Mirando y remirando los vídeos en los que aparece en pleno chorreo al Parlament, si les quitas el sonido, es difícil saber si habla alguna lengua inteligible. Pero seguro que es la mejor alcaldesa de Vic, población que cuenta además con un obispo que es el mejor obispo de Vic, y con una sólida tradición gastronómica de mongetes amb butifarra. Yo iría de visita si no se me notase tanto que no entiendo catalán. Por mis rasgos físicos, digo.

Conferencia Política del PCE
El PCE pide a sus socios de Podemos una alianza con el separatismo para impulsar la «ruptura» de España
El PCE se jacta de entrar en el Gobierno de España por primera vez desde la Guerra Civil
Fernán González okdiario 16 Febrero 2020

El Partido Comunista de España (PCE), formación integrada en Unidas Podemos, apuesta por tender puentes con organizaciones políticas nacionalistas para impulsar la ruptura del régimen vigente en España.

En el documento de estrategia, que se someterá a debate en la Conferencia Política del próximo mes de abril y al que ha tenido acceso OKDIARIO, los comunistas quieren consolidar sus vínculos con Podemos, pero sin perder el auténtico objetivo: la «ruptura del actual marco institucional de España».

Por ello, el PCE exigirá a Podemos más acercamientos a ERC, Bildu y formaciones similares. «Es necesario buscar acuerdos con fuerzas nacionalistas de izquierdas partiendo de reconocer que es más fácil alcanzar la ruptura que dicen pretender en un proceso estatal que en uno unilateral», indican en su texto.

En su análisis político, los comunistas indican como objetivo «impulsar la ruptura democrática que propugnamos». Para ello, el PCE quiere aprobar varios puntos sobre su funcionamiento orgánico.

Por una parte, abogan por evitar «los frecuentes los conflictos internos por las cuotas de ‘poder’ institucional» que son «capaces de arrancar a través de los procesos electorales». «Hay que empezar por señalar que la política en las instituciones es Política con mayúsculas. No es secundaria, no es una ‘derivada’ de la calle. Las instituciones, a través de los presupuestos, gestionan un porcentaje importantísimo de la plusvalía socialmente producida (entre un 35% y un 40%)», expresan.

Consideran que «la lucha política es la lucha por la transformación del Estado» y que si no se toman «en serio» su «papel político en las instituciones» estarán «haciendo trampa o auto» derrotándose. Apuntan que «la tarea debe ser que las clases desfavorecidas disputen la gestión de las políticas y recursos públicos al poder del capital».

Por otra parte, los comunistas creen que no hay que liquidar Izquierda Unida como se plantea en sectores de Podemos. Piden «convertir a IU en un instrumento efectivo de participación y de poder popular».

«Convergencia con Podemos»
Mientras tanto, el PCE quiere potenciar la coalición con Unidas Podemos con nuevas estructuras en las que los comunistas estarían presentes. Mantienen «la apuesta por la unidad actual en torno al espacio de Unidas Podemos» y proponen su ampliación «trascendiéndolo de una mera alianza electoral a un proyecto de convergencia política que se dote de procedimientos democráticos propios, autónomos, participativos de funcionamiento y donde quepan todos los actores que se reclamen de izquierdas y suscriban un programa de garantía de los derechos de los trabajadores frente a las políticas neoliberales».

En este marco, el PCE quiere confluir con Podemos «con perfil y propuestas propias, planteando los instrumentos de participación colectiva». En todo caso, indican que «la organización y dirección política no puede quedar circunscrita a los ámbitos de los grupos institucionales. Esta propuesta organizativa debe contemplar la generación de unas mínimas estructuras de coordinación territorial de UP».

«Tenemos la necesidad de ir concretando un mínimo de cohesión territorial que permita trascender el proyecto de unidad electoral que es UP. Eso requiere de un mínimo de vertebración y de unos espacios de coordinación territorial que sean reconocidos por todas las partes como espacio de coordinación, puesta en común de iniciativas y solución de conflictos. Unos espacios de coordinación política y organizativa que desarrolle democráticamente Unidas Podemos», comentan.

Aplauden que «en el ámbito estatal se han dado pasos con el tránsito de la dirección del grupo confederal de UP a la Mesa Confederal de UP y, aunque ese avance es positivo, es insuficiente».

«Hay que conseguir que las organizaciones de base de Podemos, Equo, IU, PCE y de otros posibles aliados estén dispuestas a realizar un proceso de encuentro y coordinación del trabajo por la base, creando espacios de trabajo y resolución de conflictos conjuntos de Unidas Podemos en los distintos ámbitos territoriales o sectoriales», reclaman los comunistas.

Tras aprender de los históricos choques de trenes entre pablistas y errejonistas, el PCE apuesta ahora por «a la hora de adoptar acuerdos deben regirse por medio del consenso, primándose la síntesis y el diálogo en las deliberaciones de estos espacios de coordinación, dotándose de mecanismos democráticos para resolver cuestiones en las que no se pueda alcanzar el consenso».

En este punto, vuelven a apostar por alianzas con los nacionalistas. Apuestan por «la creación de un nuevo movimiento político y social más de base amplio a través del cual encauzar la unidad popular».

«Nuestro objetivo debe ser que la base social del nuevo movimiento político y social esté compuesta no solo por los militantes y simpatizantes del entorno político del bloque de Unidas Podemos, sino también de otros sujetos a la izquierda del PSOE, así como de aquellos movimientos nacionalistas con interés en la democratización del Estado y el avance de los derechos sociales», apuntan.

El libro que refuta el relato de ETA: "La teoría del 'conflicto' da la coartada al nacionalismo"
La obra 'Nunca hubo dos bandos', editada por el historiador Antonio Rivera con el apoyo del Memorial de las Víctimas del Terrorismo, concluye que "en el País Vasco hubo varias violencias, pero no dos bandos"
Alberto Lardiés vozpopuli.es 16 Febrero 2020

Un grupo de historiadores del País Vasco están empeñados en que el célebre relato sobre ETA no sea escrito con la perspectiva de la propia ETA. En la obra Nunca hubo dos bandos (Comares, 2019), compilada por el historiador Antonio Rivera con el apoyo del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, denuncian a los que "mezclan violencias" para "diluir" la que perpetró la banda terrorista, sostienen que la famosa teoría del conflicto suministra una "coartada" a los nacionalistas que "miraron para otro lado" y concluyen que "en el País Vasco hubo varias violencias, pero no dos bandos".

El libro está compuesto de un prólogo que firma José María Ruiz Soroa y por seis capítulos que firman el propio Rivera, los historiadores Luis Castells, Fernando Molina Aparicio, Raúl López Romo y María Jiménez Ramos y el ex consejero del Gobierno vasco Joseba Arregi. Cada uno de ellos analiza diversos aspectos de las diferentes violencias políticas en el País Vasco, centrándose sobre todo en la del terrorismo de ETA para construir un relato histórico y no falsificado.

Ya en el prólogo queda claro que estos historiadores combaten la tesis, tan extendida entre los nacionalistas, sobre todo en la izquierda abertzale, acerca de que ETA es solo una expresión más de un conflicto secular entre el País Vasco y España. Es en esta parte del libro donde se justifica un título tan rotundo, porque se explica que "nunca hubo dos bandos". Se trata de refutar la historia de ETA que quiso contar la propia ETA.

Por qué "nunca hubo dos bandos"
Más en concreto, Ruiz Soroa sostiene que "la idea de que siempre existieron dos bandos, ambos violentos y política y moralmente reprochables, encaja a la perfección con la cosmovisión nacionalista vasca sobre la Historia: es sumamente útil como marco mental de comprensión del pasado de cara a su sanación y superación, suministra una coartada satisfactoria para unos ciudadanos que se inhibieron de tomar parte contra el terrorismo cuando tocaba hacerlo y, al final, nutre de cierto grado de satisfacción moral o psicológica a los que apoyaron la violencia terrorista, que se ven justificados (o explicados) por la violencia simétrica de ese otro bando".

"No hay nada tan efectivo -afirma- como un esquema de explicación por oposición binaria para que se acepte y supere cualquier realidad conflictiva poniéndose el que reparte doctrina fuera y por encima de ella.Pero sucede que no es así: que no existieron dos bandos, no existió un magma de violencia del que el terrorismo fuera tan sólo una parte y un actor más".

Tres etapas diferentes
La obra empieza narrando, en el profundo ensayo del citado Rivera, cómo el nacionalismo vasco construyó históricamente un "nosotros" para diferenciarse de un "ellos" compuesto por el resto de españoles. Tal y como explicaba esta semana en Vitoria el propio Rivera ante un nutrido público, desde una perspectiva temporal, el libro se vertebra en tres capítulos que explicarían la historia de ETA o, mejor dicho, la historia de cómo se percibía a ETA en el País Vasco.

El primero de esos capítulos centrales, escrito por Castells, se refiere a lo que sucedió entre 1975 y 1982, cuando, en palabras de Rivera, se produjo "el debilitamiento del estado en el País Vasco, en los años de plomo", donde se vio "la incapacidad del estado para responder a la violencia terrorista que le lleva a cometer errores como las oscuras conexiones con tramas policiales".

Molina analiza la etapa del PSOE de Felipe González en el poder, entre 1982 y 1996, cuando se impuso, según Rivera, "la consideración de la violencia como un terrorismo que proviene de una posición antifranquita", de forma que se percibió este asunto como "un tema político que debía resolverse con una negociación política".

En dicha época se siembra la idea de que "existen dos bandos en liza". Concretamente, a partir de la detención en 1992 de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) empezó a generalizarse el término "conflicto". En la tercera de esas etapas, entre 1995 y 2011, analizada por López Romo, "la idea del conflicto acaba presidiéndolo todo"; son "los años de la socialización del sufrimiento" que perpetra ETA y que la llevan indefectiblemente a su derrota.

"Mezclan violencias para diluir"
A lo largo de la obra los autores repasan "la violencia política en el País Vasco" acontecida entre 1975 y 2011, como dice el subtítulo del libro. Se detienen sobre todo en el terrorismo de la banda que mató a 850 personas e impuso el miedo a la sociedad, pero también recogen otros tipos de violencia no equiparables pero innegables (el terrorismo de Estado de los GAL, etcétera).

A juicio del editor del libro, "en el País Vasco hubo muchas violencias, pero solo una, la de ETA, tenía detrás un proyecto político y la defensa de una parte importante de la sociedad vasca". Porque Rivera no se cansa de repetir que el relato sobre ETA que hace la propia ETA y el relato sobre la banda que recogen las políticas públicas de memoria en Euskadi incurren en un mismo error: "No destacar lo necesario, aquello que el terrorismo tuvo y tiene de fenómeno específico y particular, eso que lo hace imposible de confundir o mezclar con otro tipo de violencias que también han tenido lugar en nuestro país".


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