AGLI Recortes de Prensa   Viernes 21  Febrero  2020

Un Estado suicida y antinacional
Más cesiones de Sánchez al PNV
Hughes ABC 21 Febrero 2020

Mientras dos trabajadores permanecen sepultados en el vertedero de Zaldívar y un silencio «omertoso» (sobre todo televisivo) protege la cuestión, PNV y PSOE siguen con sus tratos y acuerdan un calendario para ceder competencias como la gestión de la Seguridad Social y las prisiones, lo que ya vemos en Cataluña que sirve para soltar a quien le parezca al poder político local.

Pero esto, no protesten, es solo desarrollar el Estatuto de Guernica, y una vez desarrollado habrá que aprobar otro que «actualice las relaciones históricas y bla, bla, bla». Para entonces, los «constitucionalistas» se quedarán, en el mejor de los casos, defendiendo Guernica, justo lo que les llevó hasta allí.

El rizo de las «Autonosuyas» siempre admite un bucle más, y la nueva ocurrencia vasca es repartir sus residuos entre el resto de comunidades. España como mercado, playa o vertedero, cuando digan y como les convenga. También como granero fiscal. Lo de la Seguridad Social debería mover a escándalo, pero en las próximas semanas oirán hablar de la brecha de género y nada de la brecha de las pensiones. Que un pensionista vasco gane mucho más que un extremeño no inquieta a los presuntos igualitaristas. La desigualdad, además, se adorna aquí de asimetría política. El PNV puede decidir en Madrid, y los catalanes aspiran a «armonizar» fiscalmente a los madrileños, pero los meridionales ibéricos no pueden decidir sobre unas regiones que se blindan con «estructuras de Estado» y elevan la barrera de entrada del idioma.

No solo se ven afectadas las relaciones de la parte con el todo, también es preocupante el tipo de sociedad que desarrollan estos regímenes. El gobierno vasco proyecta una nueva ley del empleado público que limite su capacidad para discrepar de la administración. El principio de lealtad, que sistemáticamente incumple en lo institucional el nacionalismo vasco, lo interpreta dentro de un modo monolítico y unísono.

Así, los españoles pagan unos impuestos crecientes a un Estado que amplía el desequilibrio territorial y toma decisiones para su propio debilitamiento. Un Estado antinacional, estructuralmente desigual y suicida en beneficio de una casta partitocrática corrupta y, no lo olvidemos, de sus corruptores o corrompidos.

Fiscal de gabinete
Editorial ABC 21 Febrero 2020

El paso de Dolores Delgado por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se produjo con más pena que gloria, porque su candidatura a la Fiscalía General del Estado es inexplicable. El deseo de Pedro Sánchez de nombrarla para semejante puesto institucional, clave en el Estado de Derecho, sólo puede responder a una estrategia de abierta manipulación partidista de la jefatura de la Fiscalía. No se puede aspirar a otra con la exministra Delgado. Sin prestigio ni autoridad entre compañeros fiscales, Delgado representa el activismo político en el seno de la justicia, para lo que es imprescindible no tener buen nombre del que preocuparse. Sólo su pretérita relación con el comisario Villarejo, aliñada con su amistad con Baltasar Garzón, convicto de un delito de prevaricación judicial, sería motivo suficiente para que ningún presidente del Gobierno mínimamente sensato pensara en Delgado para la Fiscalía General. No hace falta que esos vínculos pasados fueran delictivos. Basta con que sean turbios, como lo son. Si a esto se suma la militancia activa de Delgado como ministra y diputada del PSOE contra el Partido Popular, se cierra el círculo de los motivos para concluir que nunca la fiabilidad de la Fiscalía General del Estado había caído tan baja.

La idea que tiene Pedro Sánchez sobre la justicia debe ser una pesadilla. Si no fuera así, no se atrevería a proponer a Dolores Delgado. Pero lo ha hecho, y con tal decisión, levanta un muro difícilmente franqueable para que el Partido Popular convenga con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial o una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Ambas son iniciativas que deben enmarcarse en un plan de respeto al Poder Judicial, acreedor, en efecto, de acuerdos de Estado, pero también de personas respetables en su ámbito profesional y con autoridad moral para desempeñar las más altas funciones públicas que demanda la justicia, como la Fiscalía General del Estado. Es una incongruencia insuperable de Sánchez pedir responsabilidad institucional al Partido Popular para que pacte la renovación del Consejo General del Poder Judicial y luego colocar a Dolores Delgado en la Fiscalía General.

A Sánchez debe compensarle el riesgo que asume y el daño que causa con este nombramiento. Esperará beneficios superiores a los costes del desprestigio entre fiscales y jueces, con la tranquilidad de que el día que retire la confianza a Dolores Delgado lo hará sin sentimiento alguno y dejándola caer por el peso de sus propias inaptitudes para el cargo. Hasta que llegue ese momento, Delgado no será más que otra pieza del gabinete de Iván Redondo.

Dolores Delgado, una fiscal que degrada la democracia

Editorial larazon 21 Febrero 2020

La reforma, en 2007, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal perseguía, en primer lugar, ampliar la autonomía de la Fiscalía como órgano de relevancia constitucional y, fundamentalmente, reforzar la imagen de independencia de la figura del fiscal general, que, aunque nombrado por el Gobierno de turno, debía pasar los filtros, si se quiere testimoniales, del Consejo General del Poder Judicial y de una comisión ad hoc en el Congreso.

Esa búsqueda de la apariencia de neutralidad en la jefatura de un organismo que, como reza el artículo 2 de su Estatuto, ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad, ya venía marcada por los artículos 58 y 62, que establecen la incompatibilidad para el ejercicio fiscal a quienes estuvieran afiliados a partidos políticos y sindicatos o hubieran desempeñado empleos o cargos a su servicio, así como cualquier puesto público de elección popular o designación del Estado. Por supuesto, nada impide a un fiscal solicitar la excedencia oficial y entrar en política, pero no es lo que estaba en el ánimo del legislador.

Sirvan estas consideraciones para enmarcar la, a nuestro juicio, inconveniente designación gubernamental de la ex ministra y ex diputada socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado, cuya intervención justificativa de sus virtudes profesionales ante la comisión del Congreso no hizo más que confirmar los temores de quienes ven en su figura un retroceso en la deseable independencia del Ministerio público. Especialmente preocupantes, su referencia a una Fiscalía «permeable a las necesidades de la sociedad» –que nos traen ecos del nefasto «derecho penal de autor» que impulsó la izquierda italiana, y que choca con la aplicación del citado principio de legalidad–, y su afirmación de que es preciso democratizar el sistema de acceso a la carrera Judicial y Fiscal, de, cuando menos, confusa interpretación. Por lo demás, el trámite parlamentario no sólo volvió a exponer los numerosos flancos abiertos de la ex ministra de Justicia, que los representantes de la oposición supieron explotar, sino que dejo la indefinible sensación de que entre los partidos que más han tenido que temer del rigor del Ministerio Público español, veían en su nombramiento que se podían cambiar las cosas a su favor.

Así, la figura de Dolores Delgado hace un flaco servicio a la percepción de la independencia judicial en una buena parte de la sociedad, como han puesto de manifiesto las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales; llevó a una insólita división al Consejo General del Poder Judicial y plantea muchas preocupaciones para un inmediato futuro, en el que se pretende, nada menos, que reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sea la Fiscalía quien instruya los procedimientos judiciales, limitando la función del juez a la supervisión de las garantías procedimentales de las actuaciones. Un cambio de tal magnitud en el proceso penal, cuya idoneidad no es objeto de estas reflexiones, debería llevarse a cabo bajo una fiscal general del Estado que, al menos, mantuviera una mínima apariencia imparcialidad y respondiera a la imagen de profesionalidad e independencia que se espera de los altos servidores públicos. Pero la fiscal Delgado, ayer, en el Congreso, volvió a recordarnos a esa ministra de Justicia y diputada socialista que despachaba con soberbia displicencia las críticas de la oposición y que nunca consintió en aclarar si las relaciones personales que mantuvo con el ex comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión y acusado de graves delitos de extorsión, pueden condicionar en el futuro el desempeño de sus funciones.

Un Gobierno «chambelán» del chavismo
Editorial ABC 21 Febrero 2020

El presidente del Gobierno está llevando muy lejos su mal hábito de mentir. Lo hizo con su tesis doctoral, lo hace frecuentemente con los ciudadanos, a los que se atreve a decirles públicamente una cosa un día y hacer la contraria una semana después, y persiste en su embustera actitud cuando lanza sucesivas versiones falsas de unos hechos, como ha ocurrido en el caso de la escala en España de la «número dos» de la dictadura chavista.

Ahora, la información que publicamos en páginas de España demuestra que Sánchez tampoco duda a la hora de intentar engañar a otros gobiernos aliados, a los que primero alentó a que reconociesen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para después pedirles que rebajasen esa consideración invitándoles a seguir una inexistente «vía española», que en caso de que exista consistiría en trabajar ahora en favor del chavismo. También ha mentido a los españoles al negarse a reconocer que ha cambiado su política respecto a Venezuela y a los propios venezolanos, que en algún momento pudieron creer que el Gobierno de España estaba dispuesto a ayudarles, cuando en realidad lo que hace es respaldar a la tiranía que les está matando de hambre.

Puede parecer que, por ahora, esta actitud no tiene consecuencias electorales en España porque el presidente aún confía en su equipo de propaganda. Pero es nefasta para su reputación exterior, crédito personal que es mucho más difícil de recuperar. Nadie confía en un socio cuyo criterio en un asunto como este no es fiable o es sospechoso de depender de intereses tan inconfesables como los que traslucen el impresentable trajín de un ministro, de madrugada, por Barajas. El daño que está causando a la política exterior española esta actitud es grave y justifica que se le exija una explicación pública del caso Ábalos. Cuanto más tarde, menos ciudadanos le creerán.

Mesa de plurinacionales
Cristina Losada Libertad Digital 21 Febrero 2020

Ahí no habrá nadie que sostenga que España es una nación.

El Gobierno se ha plegado a la agenda de Torra. En lo que concierne a la fecha de la mesa, el inhabilitado Torra ha ganado el primer pulso. Un aspecto simbólico, sí, pero no meramente simbólico, cuando todo, empezando por la aceptación de esa mesa, simboliza y representa el repliegue. Si es que hubo alguna vez una posición gubernamental sobre el conflicto provocado por el separatismo catalán de la cual pueda decirse que hay repliegue. Y no, no se puede decir, en rigor, tal cosa. La propia delegación que enviará el Gobierno lo confirma. Sánchez, Calvo, Iglesias, Castells, Illa y Daria son los nombres. Dicen que así van a estar representadas todas las sensibilidades del Gobierno. Hay que discutir ese plural. En lo que se refiere al separatismo catalán, sólo aparece una pauta sensible.

Dejemos a los dos primeros a un lado por su indeterminación o, en el caso de Sánchez, por su tendencia inveterada a contradecirse. Dejemos también a la ministra Darias, de cuya visión del asunto poco sabemos. ¿Qué nos queda? Nos quedan gentes muy sensibles a la fanfarria del separatismo catalán. Nos queda, siendo benévolos, un grupo de plurinacionales. En ello está Iglesias, por supuesto, que también tiene otras gracias, pero la plurinacional muy claramente. Está en ello el presidente del Gobierno, que quiere jugar con la caja mágica de las naciones, lo mismo que el PSC, que fue el inspirador del juego, y cuyo hombre estará ahí, no como ministro de Sanidad, sino como el correo del zar Iceta. Y está en ello Castells, aunque esto merece punto y aparte.

Al conocerse que iba Castells, la pregunta inmediata fue en qué lado de la mesa se va a sentar. Si Asens, primera opción de los comunes para colocar su sensibilidad en el Consejo de Ministros, era un separatista sin paliativos, el sociólogo de origen albaceteño es un nacionalista catalán con adjetivos. Su simpatía por el proceso separatista está documentada en sus artículos en La Vanguardia. Sus diferencias con el proceso que condujo al golpe se reducen, digamos, a cuestiones de procedimiento. Tuvieron demasiada prisa, y la prisa, ya se sabe, no es buena consejera. Por lo demás, los comprende perfectamente. Ss opiniones sobre el proceso judicial del 1-O y la sentencia por sedición lo muestran convencido de que el Tribunal no aplicó la ley, sino pura ideología nacionalista española. Y de que no hay, en España, separación de poderes.

Castells, claro está, no se ve a sí mismo en la niebla y el mito del nacionalismo. Ni siquiera cuando su visión de España coincide en lo sustancial con la que predican el nacionalismo catalán y otros. Para Castells, España o –como prefiere llamarla, al modo franquista, el Estado español–se constituye sobre "la represión de las naciones subordinadas". Expresiones como "la represión histórica del Estado español" o "el autoritarismo del Estado español" salen con fluidez en sus artículos. Pero no sólo es España una represora de naciones naturales y encantadoras. También es una represora histórica a gran escala, una tenebrosa inquisidora, caracterizada "durante la mayor parte de su existencia", ahí es nada, por "los demonios inquisitoriales". La vulgata de la Leyenda Negra en la pluma del sociólogo más citado del mundo, según la Wikipedia.

A lo que íbamos, no obstante. La solución de Castells oscila entre lo plurinacional y lo multinacional. Cuál es la diferencia habrá que preguntarle. Sea lo que fuere, tenemos que en la mesa no habrá nadie que sostenga que España es una nación. No lo sostienen los separatistas catalanes. Y no lo sostiene, que sepamos, nadie de la delegación gubernamental. Lo que establece la Constitución y lo que piensan millones de ciudadanos simplemente quedará fuera del ámbito de las sensibilidades de la mesa. Es, ciertamente, una realidad, pero quizá por eso. La mesa no trata con la realidad. Prueba de su irrealidad es que ni siquiera habrá allí posiciones contrapuestas.

Casado, la Justicia y la autodeterminación
Emilio Campmany Libertad Digital 21 Febrero 2020

De la sesión de control del miércoles pasado sólo una cosa quedó clara. El Gobierno necesita al PP. De ahí que los socialistas apelen al partido de Pablo Casado como a ese moderado y de Gobierno que un día fue y que ya no es. ¿A qué PP se refieren? ¿Al del asesino Aznar o al del corrupto Rajoy? Piensan por supuesto en el PP que no desclasificó los papeles del Cesid, que se dejó levantar la merienda tras el 11-M, que aceptó la herencia de la negociación con ETA, que dejó en pie las tropelías de Zapatero y que entregó mansamente el Gobierno tras una moción de censura fundada en mentiras y promesas incumplidas.

Pero ¿para qué necesita el PSOE al PP, si tiene a Podemos y prácticamente a todo el nacionalismo, incluido el filoterrorista? Lo necesitan para lo único que el PP es hoy por hoy indispensable, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de una parte del Tribunal Constitucional. Al margen de que ha llegado legalmente el momento de tener que hacerlo, las renovaciones son para el PSOE extraordinariamente urgentes y necesarias. Lo prueba la inusitada vehemencia con la que lo exigieron el miércoles nada menos que Sánchez y Calvo, números uno y dos del Gobierno. No sólo, sino que llegaron a acusar al PP, tan constitucionalista, de dinamitar la Constitución saboteando la renovación de las instituciones en ella previstas.

Casado exige un previo acuerdo para cambiar el modo en que se renuevan las instituciones y hacer que no dependan de los partidos. Sin embargo, podría fácilmente imaginarse que el PP no quiere colaborar porque las renovaciones harán que los conservadores pierdan las mayorías de las que ahora disfrutan. Y es fácil creerlo si se tiene en cuenta que las reformas que el PP exige hoy se negó a hacerlas cuando tuvo mayoría absoluta y que el PP, incluido el de Casado, nunca se ruborizó cuando pasteleó con el PSOE los nombramientos que hoy se niega a cocinar.

Sin embargo, con independencia de la sinceridad de Casado o de la probabilidad de que no sea más que una forma de filibusterismo, es evidente que, para lo que quiere Sánchez controlar el Consejo y el Constitucional, no es para lo que lo han querido los anteriores Gobiernos. Lo quiere para que la Justicia no sea un obstáculo a la reforma de la Constitución que se propone pactar con los separatistas catalanes y que desea imponer sin atenerse a las exigencias legales que dicha reforma exigiría. En definitiva, Sánchez necesita el control de los dos órganos para poder saltarse la ley impunemente. De manera que, sean cuales sean sus razones, Casado puede rendir un inmenso servicio a su patria si sigue negándose a renovar las dos instituciones y resiste las diatribas y presiones que a consecuencia de ello le caerán. No son bromas. La única que puede impedir el pseudogolpe de Estado que Sánchez se propone dar en beneficio del soberanismo catalán es la Justicia. Si Casado cede, se acabó.

La vergüenza sindical y política de Canal Sur contra un Gobierno sensato
ESdiario 21 Febrero 2020

La huelga en la televisión andaluza es una burda campaña de presión política contra Juanma Moreno y la ciudadanía de Andalucía debe saberlo y tomar nota.

De una manera incomprensible y arbitraria, los politizados sindicatos de Canal Sur han oscurecido la señal de una televisión que, en estos momentos, no se ven en Andalucía. Y lo han hecho después de que la dirección del ente autonómico, altavoz del socialismo durante décadas y epicentro del clientelismo andaluz, aceptara la práctica totalidad de las peticiones laborales de las centrales.

Es decir, Canal Sur no emite y se sacudirá con varias jornadas de huelga general en el mismo instante, paradójicamente, en el que todas las reivindicaciones sindicales estaban concedidas o en fase de estudio para ser aceptadas y encauzadas: desde la reversión de ajustes salariales hasta las inversiones en equipos o, incluso, la democratización del trabajo en redacción.

¿Cómo es posible que se adopten medidas tan traumáticas, incompatibles con las obligaciones de un supuesto servicio público, justo en el momento en que más y mejor se atienden las reclamaciones laborales y económicas de los teóricos representantes de la plantilla?

La respuesta es bien sencilla: no estamos ante una huelga laboral, sino ante una respuesta política que mezcla la subordinación de la entidad a los intereses del PSOE andaluz con, probablemente, la resistencia de los gremios internos a acabar con el clientelismo político y económico que ha hecho de Canal Sur una de las televisiones públicas más controvertidas de España.

Excusas para atacar a Moreno
Utilizar una institución pública, con excusas de todo tipo, para ejercer de ariete contra el Gobierno legitimo de Andalucía, es de una gravedad extrema: lo que los ciudadanos decidieron con sus votos, que fue colocar al popular Juanma Moreno en el palacio de San Telmo, no puede ser rectificado ni zaherido desde los despachos políticos de un ente público.

El terremoto de Canal Sur es un ejemplo más de la apropiación de los medios públicos por parte de la izquierda, que los gestiona como si fuera de su propiedad cuando está en el Gobierno y los destroza desde dentro cuanto está en la oposición. Incluso ante Gobiernos tan moderados como el de Moreno, un presidente sensato que deberá aguantar el pulso con la certeza de que, pese al ruido, le asiste la razón.

Guerra y deshonor
Nota del Editor 21 Febrero 2020

Cedieron (todas las reivindicaciones sindicales estaban concedidas o en fase de estudio para ser aceptadas y encauzadas) para evitar la guerra y se encuentras con la misma y el deshonor.

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla impide presentar un libro de Franco en la calle
Andrés Bartolomé larazon 21 Febrero 2020

La editora del libro «Franco, una biografía en imágenes» sigue buscando un lugar en Sevilla para hacer la presentación de la obra el sábado, después de haber pedido como último recurso celebrar el acto en la calle y obtener una negativa por parte de la Subdelegación del Gobierno.

La presentación se había apalabrado a principios de mes, según la editorial SDN, con sede en Madrid, en el Ateneo de Sevilla, que se echó atrás por presiones de la ultraizquierda, según denunció Álvaro Romero, gerente de la editorial, vinculada a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). La dirección del centro lo desmintió vía Twitter.

Las gestiones llevadas a cabo a continuación en cinco hoteles de la capital hispalense han resultado infructuosas en todos ellos: Bécquer, Ayre, Meliá Lebreros, Sevilla Center y Colón. Según declaraciones de Romero, «hubo una negativa más o menos cortés», pero lo rechazaron «por la temática del libro».

En el caso del Hotel Bécquer ocurrió algo parecido a lo vivido con el Ateneo. Después de concertar el espacio por 249 euros y emitir la factura, de la que se hizo la transferencia, el establecimiento se desdijo, canceló el acto y devolvió el dinero, según las explicaciones del editor.

En última instancia, una conocida cervecería de Sevilla había aceptado acoger el evento, pero finalmente se negó, al parecer por miedo a algún altercado después de que se avisara por redes sociales por parte de la ultraizquierda de que había que impedirlo: «Hay que organizarse, que sientan nuestro aliento en la nuca. Que no encuentren lugar en el que esconderse para honrar a un genocida», escribieron en Twitter.

El siguiente paso, esta semana, fue ponerse en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, con la intención de reunir en la calle al centenar de asistentes que calculaban para la cita de mañana, de 12:00 a 14:30 horas, en la Avenida de Kansas City.

La Subdelegación deniega el permiso por un defecto de forma, ya que la ley especifica que hay que solicitarlo al menos con diez días hábiles de antelación y la fecha prevista es el 22. Romero les llama y comunica que lo había solicitado con «carácter de urgencia», como pide la Ley, pero desde la Subdelegación alegan, según el editor, que «se ha denegado porque no ha puesto el porqué del carácter de urgencia». A continuación Álvaro Romero envía otra solicitud «con los porqués» de la urgencia. «En letra grande en negrita y subrayado». La Subdelegación del Gobierno contesta con una nueva negativa porque el plazo legalmente establecido «solo puede obviarse cuando la convocatoria se justifique en causas extraordinarias y graves que hiciesen inútil el ejercicio del derecho si se respetase dicho plazo».

El gerente de SDN, de camino a Guadalajara para presentar el mismo libro que se quiere llevar a Sevilla, asegura que el acto se hará. «No sabemos dónde, pero vamos a estar». Todo apunta a que la opción más factible sea un restaurante hispalense, aunque el aforo se vea sensiblemente reducido.

Álvaro Romero es miembro de la Fundación Franco y de su junta directiva. Uno de los dos autores de la obra, Francisco Torres, también forma parte de la FNFF, cuyo presidente ejecutivo, Juan Chicharro, es uno de los ponentes previstos para la presentación. En opinión de este último, «al menos en Sevilla no es necesario que se tipifique como delito el franquismo ni que se promulgue una Ley de Memoria Histórica. Presentar un libro de historia sobre Franco en imágenes no es factible».

Según Chicharro, «Adelante Sevilla dijo que no lo iba a permitir y listo. Da igual cuál sea el Gobierno en Andalucía. Es lo que hay. Cierto que se nos han ofrecido algunas fincas cercanas pero no queremos ser responsables de que días después sufran represalias».

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Las tragaderas de Sánchez no tienen fondo
OKDIARIO 21 Febrero 2020

Quim Torra le manda una carta al presidente del Gobierno afeándole en tono chulesco que no consensuara con él la fecha de la mesa de negociación y declina reunirse salvo en los días que él proponga. Acto seguido, Pedro Sánchez acepta solícito que sea el 26 de febrero, día propuesto por el ilegítimo presidente de la Generalitat. Sánchez es una marioneta en manos del separatismo, un títere cuyos hilos manejan los golpistas. El grado de humillación del presidente del Gobierno no tiene precedentes; sus tragaderas no tienen fondo. Nunca antes un presidente se había comportado de manera tan leguleya y pisoteado de forma tan vergonzosa la dignidad de España y los españoles.

Ni dos horas ha aguantado Moncloa la presión de Torra: el desplante del okupa de la Generalitat (está inhabilitado) surtió efecto y el Gobierno modificó su postura de celebrar la mesa el día 24 para plegarse a las exigencias del condenado por un delito de desobediencia. Es sencillamente bochornoso que el presidente del Gobierno de España no tenga ni el decoro ni el mínimo arrojo para aparentar siquiera un punto de firmeza. Con tal de seguir aferrado al poder, Sánchez es capaz de arrodillarse ante quienes no han cesado en su idea de subvertir el orden constitucional y romper la unidad de España.

Sánchez había acordado la fecha inicial de la reunión con ERC, pero la batalla política que libran los independentistas catalanes llevó a Torra a rechazar la cita, en un intento de demostrar que quién lleva la voz cantante en Cataluña es él. La jugada le ha salido redonda, porque le ha bastado alzar la voz para que Sánchez se arrugara ante la bravuconada del falsario presidente de la Generalitat.

No cabe mayor deshonra ni mayor desdoro. Sánchez va y viene de un lado para el otro al reclamo de lo que le dictan los separatistas catalanes, mientras los españoles asisten abochornados al denigrante espectáculo de ver al presidente del Gobierno de España convertido en un pelele.

El nacionalgalleguismo de Feijóo
Pedro Insua elespanol 21 Febrero 2020

"Da mesma maneira que ser demócrata é un requisito básico para actuar en democracia, ser galeguista será un atributo elemental para actuar na democracia galega" (Alberto Núñez Feijóo, Discurso en el Foro Enrique Peinador, en Dodro 28 de septiembre de 2012).

La idea de Galicia como nación fragmentaria (la Galiza de la literatura galleguista) se ha propagado y prosperado de tal forma, desde su aparición decimonónica, que ha llegado, en la actualidad del año 2020, a penetrar en la Administración autonómica y municipal a todos los niveles (el propiamente administrativo, el lingüístico, el educativo, el turístico, el toponímico, el onomástico, el emblemático, etc).

Apenas la Administración gallega, a nivel local y regional, se dirige al ciudadano en español, cuya práctica desaparición como lengua oficial contrasta con la gran presencia social que sigue teniendo.

Ahora bien, esta labor de sustitución del gallego por el español como lengua oficial en la región no fue llevada a cabo en Galicia por un partido político, en el gobierno autonómico, que programáticamente fuese nacionalista fraccionario, como sí ocurrió, sin embargo, en el País Vasco con el PNV o en Cataluña con CiU.

Tras la extinción del Partido Galeguista, ya en los años 60, el BNG, que durante los años de la Transición pudo tener funciones semejantes a las del PNV y CiU, sólo contó en el Parlamento autonómico de Galicia con un diputado durante los años 80, el incansable José Manuel Beiras Torrado. El BNG accedió al gobierno de la comunidad, además en coalición con el PSOE, cuando el desarrollo competencial estatutario ya se había consumado.

Fueron los partidos de implantación nacional canónica (UCD, PP -AP en su momento- y PSOE -PSdeG-), y esto es lo llamativo sin duda del caso gallego, los principales artífices de esa infiltración institucional nacional-fragmentaria en las administraciones locales y autonómica de Galicia.

"En Galicia no hizo falta el PNV del aranista Arzalluz, ni la CiU del honorable racialista Pujol, con el PP de Fraga, Rosón y Fernández Albor dirigiendo la administración autonómica fue suficiente para consagrar el mito de un Volkgeist galaico".

En proporción directa a ello, la idea de España como una "imposición castellana" ha penetrado en la sociedad gallega tan profundamente, de la mano, insisto, de esa Administración autonómica, como lo ha hecho en Cataluña o en el País Vasco.

Y esto se produce, no por casualidad, sino por una estrategia deliberada, derivada de la situación en la que se encuentra el galleguismo partidista durante el franquismo, y que cuajará durante los primeros pasos de la Transición. Una estrategia, además, que, aunque es obra de varios, lleva la firma de un nombre propio, a saber, Ramón Piñeiro, y su lectura e interpretación heideggeriana de la nación fragmentaria, en general, y de la gallega en particular.

Porque, en efecto, uno de los numerosos tentáculos (de los que habló Víctor Farías) por los que ha influido la política heideggeriana, o, dicho de otro modo, el nazismo en su versión ex cathedra heideggeriana, es la que viene representada por el nacionalismo fragmentario (anti)español, particularmente el galleguismo que tiene en Heidegger, a través del llamado piñeirismo, una inspiración muy directa (Julio Quesada, en Heidegger de camino al Holocausto, Ed. Biblioteca Nueva, 2008, ha hablado, aunque de refilón, de la influencia de Heidegger también en el nacionalismo vasco).

En este sentido, es de notar, que lo primero que se traducirá al gallego por parte de la editorial Galaxia, cuando esta sea creada en el año 1950 por el propio Piñeiro, es a Heidegger, en concreto además Da esencia da verdade (Editorial Galaxia, 1956, con una carta prólogo del propio Heidegger), obra en la que se justifica el carácter nacional, libre, de la Heimat (patria local), y que Heidegger leyó por primera vez celebrando el día de la Patria Badense, de donde era natural (Baden-Baden) el filósofo alemán.

La idea del piñeirismo, en su labor de zapa y erosión sobre las instituciones franquistas, era la de que el galleguismo penetrara por vía cultural (Universidad, mundo editorial, etc.) en la sociedad gallega, para, una vez muerto el dictador, tomar posiciones desde el prestigio ganado en ese ámbito y ocupar magistraturas importantes, de tal manera que el galleguismo no fuera monopolio de un partido (o de varios), sino que apareciera como doctrina transversal a todos ellos. Es decir, que el galleguismo no quedase absorbido partidistamente, sino que fuera un componente esencial de la política gallega.

Así, lo dice Piñeiro en sus memorias, "para nós o galeguismo non debía ser unha adscrición a un partido ou a posesión dunha ficha, senón a conciencia moral de todos os galegos, un imperativo ético que comprometese non ideolóxicamente, senon moralmente. O importante era que a ideoloxía, fose cal fose, supuxese a aceptación do galeguismo" (Ramón Piñeiro, Da miña acordanza, p. 112, ed. Galaxia, 2002).

Y esto fue lo que triunfó, en efecto, con Fraga, que no dudó en reconocer este mérito a Piñeiro, en un homenaje con ocasión de su fallecimiento: "[Piñeiro] supo comprender que el galleguismo no podía ser únicamente la bandera de un partido, sino un compromiso pleno de todas las fuerzas políticas y sociales" (Manuel Fraga ante la muerte de Ramón Piñeiro, agosto de 1990).

Feijóo no hace más que seguir fielmente esta estela, que, por supuesto, es toda una invitación, lo quiera o no Feijóo, a una lectura política separatista de la misma (una lengua, una cultura; una cultura, una nación; una nación… un Estado).

Del ‘pacto del Majestic’ a la ‘mesa de diálogo’
Sergio Fidalgo okdiario 21 Febrero 2020

Ahora que estamos en la fase final –reagrupamiento de fuerzas para el ‘lo volveremos a hacer’- de la primera gran sublevación secesionista, la que se inició en el 2012 con la huida hacia delante de Artur Mas, toca aumentar la velocidad de la operación de blanqueamiento del auténtico urdidor del ‘procés’: Jordi Pujol. Para ello no solo le entrevistan en TV3 cada pocas semanas para que hable de cualquier cosa, excepto de sus corruptelas personales y las de su partido, sino que le van organizando actos en el centro de Barcelona para que rememore sus veintitrés años de gobierno. Por supuesto, solo lo que lo que el secesionismo considera “positivo”, del 3% y de sus fondos en el exterior, nada de nada.

El 25 de julio de 2014 Pujol confesó que había sido un evasor fiscal, y soltó milongas diversas sobre el origen del dinero que tenía en Andorra. Pero al día siguiente ya comenzó la operación “Salvemos al soldado Jordi”, porque no podía ser que el muñidor de la Cataluña de la inmersión lingüística y de la exclusión de los catalanes no nacionalistas, quedara como un chorizo y no como el “héroe” que, en su opinión, era. Por una parte, desde el inicio, se hacía ver como que se le apartaba, pero por otra se urdieron teorías sobre como “España” había “inventado” ese “complot” para desprestigiar a un independentismo que ya estaba en plena marcha hacia el choque frontal con el Estado. Y se ponía el foco en la “labor de gobierno” pujolista.

Decía el profesor Antonio Robles en un artículo publicado en el 2014 cómo iba a ser este proceso: “Superada esa primera fase de negación, pasan ahora a reivindicar su obra para separar a la persona del proyecto: Pujol se ha podido equivocar en lo pequeño –aseguran- pero ha acertado en lo grande: ha construido la Cataluña actual, su obra es su legado, su obra es grandiosa y la historia se lo reconocerá”. Y no se equivocó. Con la boca pequeña se habla de la corrupción de la antigua Convergencia, pero se elogia los “logros” que el secesionismo reconoce como las claves de la Cataluña actual: la inmersión lingüística excluyente, la creación de TV3 y, sobre todo, como el “Programa 2.000” que implicaba el control total de todos los resortes políticos, económicos, culturales y sociales en Cataluña, se ha llevado a cabo con una eficacia total.

No tardaremos en escuchar, si Esquerra consigue convertirse en la fuerza hegemónica en las próximas elecciones autonómicas, como la formación de Junqueras acabara reivindicando la figura de Pujol como uno de los “padres de la patria” catalana, junto a Francesc Macià y Lluís Companys. A fin de cuentas, lo que quieren los republicanos es ser el “pal de paller”, el eje, de la política catalana, que es justo lo que fue Jordi Pujol durante veintitrés años. A lo que aspiran es a heredarle y a ampliar su proyecto, que era la independencia por entregas, hasta conseguirla en su totalidad. La “mesa de diálogo” no es más que la continuación lógica del “pacto del Majestic”, y el procedimiento es básicamente el mismo: desactivar al constitucionalismo catalán para instaurar un virreinato en el que el secesionismo actúe con impunidad.

Si Pujol en el Majestic pidió la cabeza de Vidal-Quadras, Junqueras en la “mesa de diálogo” exigirá el desmantelamiento del constitucionalismo para imponer la versión 2.0 del Programa 2.000. Este consiste en acabar, de una vez por todas, con los escasos intentos de resistencia que quedan en Cataluña para que no quede un lazo de cariño y de afecto entre el resto de España y la futura República Catalana. Y para ello necesitan que el Estado siga su proceso de retirada de Cataluña, hasta que la única rojigualda que se vea en Barcelona sea la que quede en algún póster polvoriento de la victoria en el Mundial de Sudáfrica en algún bar de tapas del extrarradio de Barcelona o en el balcón de algún irredento.

Por supuesto, no nos vamos a dejar. Y si tenemos el apoyo de los compatriotas del resto de España les va a costar a los secesionistas implementar la nueva versión de su plan. Lo primero, intentar que el Gobierno de España no haga una sola cesión en la “mesa de diálogo”. Este es el primer gran objetivo, hemos de presionar para que los secesionistas no sigan avanzando en su pretensión de destruir el país.

El Gobierno, rendido al PNV
Editorial El Mundo 21 Febrero 2020

El PNV le ha arrancado a Sánchez el traspaso al País Vasco de la competencia penitenciaria y la gestión de la Seguridad Social.

Cuando al frente de la Nación se sitúa un Gobierno tan débil e hipotecado que valida el chantaje como instrumento de transacción parlamentaria, se llega a atentados contra la cohesión del Estado como el que representa la última cesión de Sánchez al PNV. Sus seis escaños se antojan imprescindibles -aunque insuficientes- para que el Gobierno pueda sacar adelante unos Presupuestos que le atornillen en Moncloa. Y los herederos de Arana se han sabido cobrar bien caro su apoyo, arrancándole al presidente lo que no habían podido ni soñar en los últimos 40 años: el traspaso al País Vasco de la competencia penitenciaria y la gestión de la Seguridad Social. Esta última era la única gran materia con la que nadie había cabildeado aún en este reino de taifas por las graves consecuencias que acarreará.

Moncloa cede nada menos que 14 nuevas transferencias a los nacionalistas vascos que se materializarán progresivamente hasta el 2021. El vaciamiento competencial del Estado en Euskadi ya es prácticamente total. El PNV acelera así en su indisimulada hoja de ruta hacia la independencia, sin necesidad de consultas de autodeterminación ni de embarcarse en procesos golpistas.

Antes que nada, resulta bastante obsceno que el Ejecutivo le dé esta extraordinaria baza electoralista a un partido rival, en este caso, el PNV, en plena campaña para los comicios adelantados de abril. Recordemos que el Gobierno Vasco está técnicamente en funciones. Sánchez no ha esperado siquiera a negociar estas cuestiones con un interlocutor al menos respaldado por las urnas -Urkullu no iba a ser menos que Torra-. Humillando incluso a sus compañeros del PSE, le ha hecho la campaña al lehendakari, que ve como Moncloa se convierte en su salvavidas en su momento más bajo por su pésima gestión de la crisis del vertedero de Zaldibar.

Una competencia como la de prisiones en manos del nacionalismo es una burla a la unidad penal de España, como bien se está viendo en Cataluña, donde el Govern ya controla las cárceles, con los condenados del 1-O, favorecidos por un régimen de insoportable impunidad. Pero el traspaso de la gestión de la Seguridad Social amenaza al bienestar futuro del conjunto de los españoles, puesto que redundará en más desigualdad, como ya ocurre con el régimen foral de privilegio. Se justifica Sánchez diciendo que "no se rompe la caja única". Claro, como si el PNV fuera tonto. Con un déficit anual de unos 4.000 millones de euros en pensiones, el País Vasco necesita que el Gobierno de España siga asegurando su pago a los jubilados . Al Ejecutivo autonómico le basta por ahora con controlar todos los medios económicos, materiales y personales de la Seguridad Social -cuántos miles de funcionarios más en manos del PNV-. Lo demás, ya irá llegando, a su tiempo. Los peneuvistas se frotan las manos pensando qué pedir a Sánchez la próxima ronda.

Plusvalías vascas
El PNV ha visto la oportunidad de un arreón estratégico. Y tiene inteligencia orgánica para aprovechar su momento
Ignacio Camacho ABC 21 Febrero 2020

En España se dice que Pedro Sánchez miente, parafraseando a Camba, como se dice que el caballo relincha, el buey muge o el gallo canta: como si su mendacidad fuese fruto de la biología, de la inclinación natural o del instinto. Pero la realidad demuestra que las abundantes mentiras presidenciales tienen un carácter utilitario y selectivo; o dicho de otra manera, que siempre trata de engañar a los mismos administrando las trampas y los embustes con una esmerada atención a la relación coste/beneficio. No hay más ver con qué puntualidad se cuida de cumplir la palabra dada por escrito a los diversos nacionalismos, sin cuyo respaldo la legislatura pende de un hilo. Los separatistas catalanes le exigieron la libertad de

los presos del procés y ya están casi todos fuera; le reclamaron una mesa y la semana que viene se sentarán en ella. El PNV, siempre más pragmático en apariencia, reivindicó un botín de competencias que van desde la Seguridad Social o los aeropuertos a los Paradores o la inspección de pesca, y ésta es la hora en que tiene firmadas las primeras de un total de treinta. Antes de final de año espera trincar la administración de las cárceles y con ella la decisión sobre el tratamiento de las condenas de los reclusos de ETA.

Gracias a la obsequiosidad sanchista y al disfraz de nacionalista sensato, Urkullu va avanzando sin reparos en la progresiva disolución del Estado en el País Vasco; no hay nadie en España que haya sacado nunca tanta plusvalía de media docena de escaños. Sigue el libreto de Pujol, poquito a poco y paso a paso, con fama (cierta) de buena gestión y excelente mano para tapar escándalos; con el del vertedero de Zaldívar a cualquier político de otro signo lo hubieran corrido a gorrazos. El irredentismo catalán y su propio talante le proporcionan aureola de moderado. Pero el lendakari está exactamente -incluso literalmente a veces- en la posición de Artur Mas hace quince años, presumiendo de estabilidad en la gestión y apartando la tentación de la independencia con ademán displicente y apático mientras el resto del partido, o la mitad de él, se muestra mucho más arriscado. Y como en Cataluña, la anuencia miope o el favoritismo interesado de los Gobiernos españoles está vaciando el modelo de cohesión a base de privilegios varios con los que el teórico aliado construye una nación a plazos… y aventa el sueño expansionista por territorio navarro.

La debilidad parlamentaria y la inconsistencia ideológica del sanchismo, más el proyecto de deconstrucción constitucional de Esquerra y Podemos, han dado al milenarismo jeltzale la oportunidad de un acelerón estratégico. Y es una organización con la suficiente inteligencia colectiva como para aprovechar su momento. Ante tan reputada tradición de expertos en la deslealtad sin remordimientos, hasta un presidente tan desaprensivo como el actual les tiene respeto.

La izquierda no existe
Cristian Campos elespanol 21 Febrero 2020

Dice mi admirado Félix Ovejero, uno de los pocos hombres de izquierdas de este país, por no decir el único, al que hay que leer como si fuera de derechas, que en España queda un espacio político por cubrir y que ese espacio es el de la izquierda antinacionalista. Entiendo que Ovejero utiliza el verbo cubrir en la segunda acepción de la RAE, a la vista de que el PSOE tiene ya más que cubierto ese espacio en la quinta acepción de la RAE.

A la izquierda antinacionalista, que en este país es Félix Ovejero, le ocurre con esto lo que le ocurre a las embarazadas, que ven otras embarazadas por doquier allí donde los demás ni las registramos en el radar. El caso es que yo no estoy embarazado de izquierdismo antinacionalista y por eso soy incapaz de encontrar a mi alrededor a un solo votante de izquierdas que entre Oriol Junqueras e Inés Arrimadas no acabe escogiendo a Arnaldo Otegi.

La idea del producto, en cualquier caso, es buena, y eso lo reconozco, pero su mercado objetivo es un solo hombre: el propio fabricante del producto. Como en la canción de Astrud, "hay un hombre en España que es izquierda antinacionalista y lo hace todo". Ese hombre es mi admirado Félix Ovejero.

Yo no soy todavía lo suficientemente viejo como para haber recuperado la esperanza en una izquierda de libres e iguales y por eso no creo que la izquierda realmente existente, perdida en las sandeces de las identidades interseccionales, el feminismo de gulag con pasteles de nata, los tipismos del botijo diferencial y los progresismos regresivos, tenga el más mínimo interés en alienarse el apoyo de los peores de los españoles, que son los nacionalistas periféricos.

Basta con decir, en fin, que el diario de referencia a día de hoy en la Moncloa no es El País sino La Vanguardia y que a Soledad Gallego-Díaz ya le suena en los oídos la cuenta atrás para su sustitución por alguien más del gusto de Pedro Sánchez. Que no quepa la más mínima duda de que el relevo será alguien de fina sensibilidad nacionalista y capaz de tallar exquisitas volutas agrocarlistas con los cuernos.

La izquierda, hoy, es nacionalista a fuer de irracional porque compite en el mismo terreno de juego que el nacionalismo, el de las emociones, y las posibilidades de que algún día deje de serlo se antojan ciencia ficción. Las identidades, las supersticiones y el relativismo son la zona de confort natural de la izquierda y más allá de sus fronteras, como en los mapas antiguos, sólo habitan los monstruos del humanismo y de la ciencia, por los que la izquierda siente una repulsión instintiva.

Al espacio de esa izquierda antinacionalista, racionalista, atea y progresista con la que sueña Ovejero yo lo llamaría "centro" y para ocuparlo inventaría un partido llamado Ciudadanos. Un partido que leyera al mismo Ovejero, pero también a Ha-Joon Chang, a Ayaan Hirsi Ali y a Camille Paglia.

Si a ese centro le añadiéramos un humanismo de raíz cristiana, yo lo llamaría "conservadurismo" y haría que lo ocupara una formación llamada, por ejemplo, Partido Popular. Uno que leyera a G. K. Chesterton, Roger Scruton, Elvira Roca Barea y hasta a Jaron Lanier.

Si a ese conservadurismo le añadiéramos sensibilidad social, es decir trumpismo, yo lo llamaría "derecha populista" y haría que lo ocupara un partido llamado, pongamos por caso, Vox. Uno que leyera a Eric Zemmour, Pierre Manent, Douglas Murray y Niall Ferguson.

Más allá de esos barrios, allí donde habitan los bárbaros, se encuentran las tierras yermas del socialismo nacionalista –llamémoslo socialnacionalismo– ocupadas por la tribu del PSOE. Un poco más lejos, allí donde hace décadas moraba la Sección Femenina de la Falange y se recitaban con devoción las enseñanzas de José Antonio Primo de Rivera, habita Podemos. Y más allá del muro, en las nevadas estepas de la ultraultraultraderecha, tenemos a ERC, JxCAT, Bildu, PNV, la CUP y a los de Mi Villorrio Existe. Sentado a horcajadas en el muro, con medio culo a un lado y medio al otro, el PSC. Ninguno de los citados en este párrafo leen otra cosa que las columnas de Enric Juliana y de Jordi Évole, y así razonan y peroran.

Esa es la España realmente existente.

En cuanto a la izquierda antinacionalista, no existe ni ha existido jamás. De hecho, es dudoso que exista la izquierda a secas. Ojalá una izquierda de Ovejeros. Cientos de miles de Ovejeros. Pero, de nuevo, Astrud. "Hay un hombre en España…". Uno solo. El resto sólo hablan y hablan y hablan. Pero llega el día de las elecciones y votan PSOE porque mejor Otegi que Arrimadas.

Comparecencia de Dolores Delgado
Bronca en el Congreso: Vox planta cara a Bildu por denunciar torturas y la presidenta le apaga el micro
Bronca entre Ortega-Smith e Isabel Pozueta en la Comisión de Justicia del Congreso
María Jamardo okdiario 21 Febrero 2020

La Comisión de Justicia del Congreso ha sido testigo este jueves de una tensa bronca entre el portavoz del grupo parlamentario Vox, Javier Ortega-Smith, y la portavoz de Bildu, Isabel Pozueta, madre de uno de los condenados por agredir, en 2016,a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua. El representante de Vox ha plantado cara a las acusaciones de tortura de Pozueta contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la presidenta de la Comisión, la socialista Isaura Leal, le ha apagado el micro alegando que no estaba en su turno de palabra.

La representante de la formación abertzale denunciaba torturas a los «presos vascos» durante la comparecencia de Dolores Delgado como candidata a fiscal general del Estado cuando Ortega-Smith ha solicitado amparo a la presidenta de la Comisión, que optaba por pedirle que respetase el orden de intervención fijado en el orden del día y se abstuviese de interrumpir.

Ortega Smith ha insistido en que era «intolerable» que la parlamentaria bilduetarra acusase de torturas y malos tratos a las Fuerzas de Seguridad del Estado para «arrancar declaraciones» a detenidos –que «se siguen utilizando» para la apertura de causas judiciales en la Audiencia Nacional- sin que en el marco de una comisión parlamentaria de Justicia se le dijera nada y ante la pasividad de la Presidencia.

«La práctica de la tortura está ahí, es una realidad que hemos vivido muchos años. ¿No le parece que ya es hora que la Fiscalía investigue, aclare y exija responsabilidad por las miles de personas torturadas de forma sistemática?», ha preguntado Pozueta, sin poder concluir su alegato porque en ese momento el número dos de Vox la ha interrumpido.

«Es inaceptable por falta de decoro que se hable de prácticas reiteradas de torturas», ha exclamado Ortega-Smith apelando al Reglamento de la Cámara, a quien la presidenta de la Comisión de Justicia ha apagado el micro al entender que la portavoz del partido bilduetarra estaba en el pleno ejercicio de su turno de intervención. Sin embargo, el diputado de Vox ha insistido en sus quejas para decir que Pozueta «no puede faltar el respeto hablando de torturas sistemáticas».

Una vez que Pozueta ha reiniciado su discurso, hacía alusión a la defensa de las víctimas que ha planteado Delgado durante su comparecencia para pedir que «se acabe con la legislación de excepción para los presos vascos» y que se implante una «senda de normalización y adecuación de las políticas penitenciarias a los nuevos tiempos». «Que la política de los presos etarras sea penitenciaria y de acercamiento, y se aleje definitivamente de la política antiterrorista», reclamaba Pozueta.


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