AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 26  Febrero  2020

El Gobierno legitima la sedición
Editorial ABC 26 Febrero 2020

La mesa de negociación que hoy se constituye en Barcelona entre los gobiernos central y catalán es una farsa de la que Sánchez es plenamente responsable. No es una mesa de negociación, porque lo que pretenden los nacionalistas -amnistía y autodeterminación- no son negociables; y no es una mesa de gobiernos porque el aún presidente Torra va a sentar a dirigentes separatistas ajenos al Gobierno autonómico. En realidad es otra más de las mentiras sobre las que Pedro Sánchez construyó su investidura, porque se trata de un acto de legitimación de un Ejecutivo sedicioso y de unos condenados por el TS a los que se rehabilita a distancia solo por el hecho de aceptar la existencia misma de la tal mesa. La presencia de Josep María Jové, un imputado por el 1-O y probable «ideólogo» del proceso separatista, da la medida de la ausencia de escrúpulos de Sánchez y del resto de ministros que van a mantener semejante interlocución. La farsa consiste en aceptar este formato de claudicación como un acto de «reencuentro» con quienes, lejos de querer reencontrarse, están afirmando día tras día que quieren irse de España, llevándose consigo a todos los catalanes.

La mesa de Sánchez y Torra, inhabilitado por la Justicia, también es una farsa porque el PSOE y el Gobierno central regalan a los nacionalistas la representación total de Cataluña, dando al nacionalismo la carta de naturaleza política a la que siempre ha aspirado: la de encarnación fiel del verdadero pueblo catalán, sin adherencias españolistas. Esta, y no otra, es la mesa en la que hoy Pedro Sánchez vuelve a reflejar sus prioridades, que empiezan y acaban en dos objetivos: aprobar unos presupuestos generales del Estado como sea y sellar con el nacionalismo aquel «cordón sanitario» que Rodríguez Zapatero quiso aplicar al Partido Popular desde 2003. En la mesa formada por el nacionalismo catalán y por el Gobierno socialista se van a sacrificar algunos de los principales valores del orden constitucional, el primero de ellos, el de la dignidad democrática. Unos sediciosos condenados y otros fugados de la Justicia van a sentirse reconocidos en la escena de una mesa en la que el Gobierno del Estado que fue agredido -desde su Jefe de Estado a sus jueces y policías, pasando por sus leyes, su Constitución y su unidad- se humilla con tal de satisfacer su apetito de poder. Es el mismo Gobierno que luego se atreve a dar lecciones de moderación y talante democráticos a la oposición constitucionalista y que, con este discurso, aumenta la distancia entre uno y otra para llegar a acuerdos de Estado, los únicos que han permitido a España avanzar como sociedad moderna y libre. La mesa de hoy es una mesa de involución democrática de la que Pedro Sánchez es el único responsable.

La mesa de la claudicación
Editorial El Mundo 26 Febrero 2020

Conviene recordar el origen del humillante disparate en forma de mesa de negociación que va a perpetrar hoy el Gobierno de Sánchez con el del inhabilitado Torra. Conviene recordar que esa mesa que Sánchez, haciendo de la necesidad virtud, pretende ahora convertir en benevolente emblema de su voluntad de diálogo no es más que la indigna claudicación que quería evitar cuando decidió repetir las elecciones para no tener que depender de los separatistas. La apuesta le salió mal y perdió muchos votos, pero en lugar de explorar la vía constitucionalista pactando con el PP y Cs se abrazó a Pablo Iglesias y confió la gobernabilidad al chantaje perpetuo de ERC. Que le puso esta mesa extraparlamentaria como condición de su investidura y ahora le obliga a celebrarla como condición para empezar a negociar los Presupuestos.

Según la propaganda de Moncloa, ERC no quiere saber nada de JxCat y ha iniciado un camino de moderación; pero ni sus declaraciones avalan esa fantasía ni los hechos tampoco: hoy la orilla separatista de esa mesa seguirá liderándola Torra junto con Pere Aragonès y otros diputados de JxCat y ERC en comandita, incluido el imputado Jové, en cuya agenda según el juez consta el diseño del golpe del 1-O y de la futura república.

Lo peor no es que esa mesa sea el símbolo de la rendición de Sánchez a las exigencias de un separatismo que no se arrepiente de sus delitos. Ni que sea una prueba de su desprecio por los cauces institucionales y la enésima impugnación de la vigencia de la Constitución por la vía de los hechos después de hacerlo por la vía de las palabras; recordemos lo que sentenció el mismo Sánchez tras verse con Torra en Barcelona, cuando fue recibido como un jefe de Gobierno extranjero: "La ley no basta". Lo peor no es que esa reunión margine a los constitucionalistas catalanes, proyectando la imagen de que toda Cataluña está representada en la parte secesionista de esa mesa. Lo peor es que en la orilla gubernamental se sienta Pablo Iglesias, cuya misión tanto en la moción de censura como en la coalición de Gobierno nunca fue defender la soberanía nacional ni la unidad de España, sino asumir el proyecto plurinacional con derecho de autodeterminación del otro lado de la mesa.

Por eso da igual que del encuentro de hoy salga o no algo concreto. La propia imagen supone una dolorosa derrota del constitucionalismo y un balón de oxígeno para la posverdad del separatismo en el extranjero, cuyo delirio de dos naciones negociando en pie de igualdad será hoy avalada por el presidente del Gobierno, por mucho que intente disfrazar su claudicación. Los daños institucionales de su felonía son incalculables y los efectos duraderos. Las cesiones de Sánchez a cambio de sostenerse personalmente en el poder aceleran la centrifugación del Estado. Y será difícil que ese proceso pueda revertirse.

Sánchez visto con ojos entornados
Emilio Campmany Libertad Digital 26 Febrero 2020

Da miedo pensar en lo que Iceta y Sánchez se propongan hacer. Pero cabe la posibilidad de que el presidente no necesite hacer tanto para seguir siendo presidente del Gobierno y le esté dando hilo a una cometa que Iceta se conforma con volar dando saltitos detrás de ella. ¿Quién sabe? A lo mejor es así. El Gobierno no para de amagar sin dar. Lo único que ha hecho de fuste hasta hoy es subir el salario mínimo. Lo demás no pasa de hojarasca y humo. Es verdad que se ha bajado los pantalones, además de quitarse la careta, en lo de Venezuela, pero eso ha sido una falta forzada por las amenazas del régimen bolivariano. Si por Sánchez hubiera sido, habría mantenido indefinidamente la contradicción de reconocer a dos Gobiernos a la vez.

Es cierto que amenaza con subidas terroríficas de impuestos, pero no las consuma. También lo es que ha pactado con Torra la mesa de negociación de los dos Gobiernos aceptando una fórmula lacerante para la nación. Pero, tal y como ahora es costumbre, lo que otrora era accesorio, el hecho de reunirse, es ahora lo sustancial. Y lo que antes era lo nuclear, lo que se acordara, ha dejado de ser relevante. No tendría nada de particular que la negociación se alargara sin pactar nada y nadie se atreviera a levantarse de la mesa por no arrostrar la responsabilidad del fracaso. Desde luego, Sánchez no lo hará. Así pueden estar indefinidamente, dando a los medios pequeñas noticias sobre las concesiones de unos y de otros sin que llegue a materializarse casi nada.

Lo de la armonización fiscal que el presidente pretende para castigar a Madrid, Murcia y Andalucía tiene pinta de ser más una denuncia de la supuesta injusticia fiscal que cometen las comunidades del PP que tener el verdadero propósito de disminuir la capacidad fiscal de las autonomías. De hecho, desde el fracaso de la Loapa, aquí nadie ha podido nunca armonizar nada entre las comunidades autónomas. Y, por otra parte, aunque en Cataluña los impuestos estén hoy más altos que en ningún otro sitio y la armonización con la que se amenaza no puede allí tener efecto práctico alguno, los independentistas no se dejarán armonizar por una cuestión de principio. ¿Es imaginable que Torra y Junqueras acepten que el Gobierno recupere parte de las competencias cedidas a Cataluña?

Las reformas que se proponen en materia de legislación de género se llevarán a cabo, pero su objetivo no será otro que el de dividir a la derecha, provocar la ira de Vox, irritar a parte del PP y liar a Ciudadanos para que las apoye.

Por supuesto, Sánchez tiene el propósito de sacar adelante unos Presupuestos, y en ellos habrá subidas de impuestos, pero se mantendrán dentro de unos límites tolerables desde el punto de vista de Bruselas. Un horror, sin duda, pero nada que pueda sorprender si se considera que se trata de un Gobierno de izquierdas. Sorprendió cuando lo hizo el PP. Ni siquiera parece que se vayan a atrever a derogar la reforma laboral. Luego aprobarán otros Presupuestos o prorrogarán los primeros según las concesiones que haya que hacer para sacar adelante los siguientes.

Claro, los socialistas colonizarán la Administración y ocuparán todos los cargos que puedan, además de crear tantos otros como necesiten para dotar de latisueldos a su numerosa clientela, que incluye además la de Podemos. Algunos, no sabemos cuántos, también robarán. Pero, una vez tengan aprobados sus primeros Presupuestos, no harán otra cosa que disfrutar de la situación y ponerse en modo de campaña para ganar las siguientes elecciones. Algo que sin duda conseguirán si la derecha sigue tan dividida como hoy. No es el mejor de los mundos posibles, pero es mucho mejor de lo que podría ser. Soñar no cuesta dinero. Tener gobernando a Sánchez, sí. Ojalá sólo nos cueste eso, dinero.

Deuda pública y eficiencia del gasto
Gregorio Izquierdo elespanol 26 Febrero 2020

La deuda pública con relación al PIB ha cerrado el 2019 en el 95,7%, lo que supone una mejora de dos puntos porcentuales en este indicador. No obstante, en esta aparente reducción del endeudamiento subyacen causas que precisan ser debidamente valoradas. Así, la mejora no ha descansado en una reducción del total de deuda pública viva (numerador), sino en un incremento de esta que es inferior al registrado por el PIB nominal (denominador), lo que se conoce como “desapalancamiento” pasivo.

De hecho, el stock de deuda pública ha continuado incrementándose en el pasado ejercicio, hasta alcanzar los 1,18 billones de euros, lo que supone un menor ritmo de avance, eso sí, que en períodos anteriores. Además, este año, se ha producido una “oportuna” reclasificación como Administración Pública del Consorcio de Compensación de Seguros, con lo que su cartera de valores de deuda pública ha pasado a consolidar, y, por tanto, a reducir, en tres décimas de PIB, el monto total computable.

A la vista del escenario de menor crecimiento en el que nos encontramos, y que tarde o temprano tendrá lugar una normalización de la política monetaria, no parece que haya sido especialmente prudente fiar hasta ahora la estabilización de la deuda, más a la corrección estadística del dato que a la consolidación de nuestro déficit público estructural, que sigue siendo de los más elevados de Europa.

Ya anticipo que lo óptimo hubiera sido llegar sin déficit a este momento cíclico, pero lo peor es posponer aún más en el tiempo la corrección. La razón es que existe una incuestionable relación negativa a largo plazo entre un elevado nivel de deuda pública y las posibilidades de crecimiento económico, sin perjuicio de que sus efectos sean en ocasiones diferidos y acumulativos en el tiempo.

Las expectativas sobre la senda fiscal aprobada recientemente por el Consejo de Ministros tampoco son tranquilizadoras. Se echa de menos que a estas alturas de primer trimestre no se cuente, al menos, con una estimación previa sobre cuál ha sido el déficit público para el conjunto del año 2019.

En todo caso, la estimación media del consenso de analistas sitúa el desequilibrio fiscal en el entorno del 2,5% del PIB, lo que superaría holgadamente, el ya ampliado compromiso de limitarlo al 2%. De cumplirse estos pronósticos, va a ser muy difícil que en 2020, un año de inferior crecimiento y sin presupuestos aprobados durante buena parte del ejercicio, se consiga situar el déficit público en el 1,8% del PIB que el Gobierno ha planteado en su nueva senda objetivo, ya de por sí insuficiente, en la medida en que no se contempla alcanzar el equilibrio presupuestario ni siquiera en 2023.

Nuestra arquitectura institucional debe establecer incentivos más inteligentes que ideológicos para el control estructural del déficit. Por ello, no está de más recordar que el “dumping”, del que tanto se quejan ahora en el Ministerio de Hacienda, no es otra cosa que vender (con pérdidas) por debajo del coste.

Esto implica que una Administración no pueda financiarse permanentemente con déficit, puesto que este es la equivalencia de la venta a pérdidas en el sector privado. Dicho de otra forma, una Administración especialmente ineficiente en su gasto estaría incurriendo en competencia desleal, si sus servicios públicos se financian con déficit, con independencia de que sus impuestos sean particularmente gravosos o no. Por lo tanto, la ley de estabilidad presupuestaria debe limitarse a establecer objetivos de déficit, e incorporar medidas obligadas de eficiencia del gasto público.

La consolidación de las finanzas públicas no sólo es necesaria desde la perspectiva de la deuda, sino que es una obligación constitucional desde el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor el punto 2 del artículo 135 de la Constitución, que obliga a que las Administraciones Públicas no puedan tener un déficit estructural superior al comprometido con la Comisión Europea.

En este contexto, la próxima reforma de la financiación autonómica debe garantizar que las Comunidades Autónomas mantengan su actual corresponsabilidad fiscal, para que no se pierdan los de ya por si muy limitados incentivos a la mejora de la eficiencia del gasto público en los ámbitos que gestionan.

En todo caso, el entorno de menor crecimiento económico desaconseja que el ajuste se realice mediante subidas de impuestos, que intensifiquen de forma procíclica la desaceleración y la pérdida de empleo. Por ello, debemos acometer la consolidación inmediata y exclusivamente a través de la mejora de eficiencia del gasto, ya que los márgenes en este ámbito pueden ser especialmente destacados, sobre todo si nos homologamos con las mejores prácticas de nuestro entorno.

***Gregorio Izquierdo es director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE)

Un chavista infiltrado en el CNI
Liberal Enfurruñada okdiario 26 Febrero 2020

La obsesión de Pablo Iglesias por controlar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es una constante desde que en 2008 Hugo Chávez le diera más de 7 millones de euros a través de la fundación CEPS para “que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano”, lo que le permitió fundar su propio partido político personal poco después y llegar a vicepresidente del Gobierno de España. Sus competencias ministeriales nada tienen que ver con los servicios de inteligencia, sino que están relacionadas con los Derechos Sociales y la Agenda 2030, y de él dependen los Ministerios de Igualdad, Trabajo, Universidades y Consumo, carteras para las que ha designado a la madre de sus hijos, a Alberto Garzón y a dos podemitas de medio pelo más.

El 22 de enero de 2016, cuando Sánchez negociaba un posible pacto para ser investido tras las elecciones de diciembre de 2015, Iglesias dio una rueda de prensa en la que exigió puestos clave del Gobierno entre los que se encontraba, precisamente el Centro Nacional de Inteligencia. Pedro Sánchez se echó las manos a la cabeza y le hizo a Susanna Griso aquellas declaraciones en las que le dijo que «España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos, con Iglesias como vicepresidente y controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas». Pero la palabra del doctor Cum Fraude vale menos que el cenicero de una moto y dos meses después de asegurar “que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos” teniendo en un Gobierno de coalición a personas «de la confianza» de Pablo Iglesias, tardó 48 horas en llegar a ese acuerdo de coalición que antes de las elecciones le quitaba el sueño. Y ahora le entrega el control del CNI.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia es el organismo que supervisa y regula los trabajos del CNI proponiendo al presidente del Gobierno sus objetivos anuales, realizando el seguimiento y evaluación del desarrollo de los mismos y velando por la coordinación de los servicios de inteligencia y los servicios de información de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, de la administración civil y militar. Hasta hora formaban parte de esta comisión los ministros de Presidencia, Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía por lo que está totalmente fuera de lugar que un vicepresidente con competencias en Derechos Sociales y ecologismo forme parte de la misma si no fuera por estar Pablo Iglesias patrocinado por quien lo está.

A no ser que a la vicepresidenta del narco dictador venezolano Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, le interese contarlo, parece difícil que lleguemos a saber la verdad del contenido de sus conversaciones con el trolero ministro Ábalos, hace un mes en el aeropuerto de Barajas. Ni mucho menos del de las 40 maletas que se descargaron de su avión sin pasar ningún control de seguridad. Pero está claro que el cambio de criterio de Pedro Sánchez está relacionado con esa conversación y con esas maletas. El CNI controlará la información que está aflorando sobre los pagos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay e Irán a Podemos y el chavista Pablo Iglesias supervisará, coordinará y evaluará todos esos datos. La Seguridad Nacional está en juego, la colaboración con los servicios de inteligencia de nuestros aliados resulta fundamental para la lucha contra el terrorismo internacional y se va a ver comprometida por la presencia en el CNI de alguien de quien hay sobrados indicios para no fiarse. Cualquier secreto que los servicios secretos de EEUU compartiesen con los españoles sería inmediatamente conocido por Nicolás Maduro. La responsabilidad de cualquier tragedia que no pueda ser evitada recaerá íntegramente sobre Pedro Sánchez.

Los fiscales no son lacayos de Sánchez
OKDIARIO 26 Febrero 2020

Los fiscales están que trinan y con razón. La política de permisos y salidas aplicada ya en las cárceles catalanas a cinco de los nueve políticos independentistas encarcelados por subvertir el orden constitucional se ha hecho con la opinión contraria de la Fiscalía, sometida a una presión política cada vez más intensa. Es cierto que la decisión última corresponde al juez de Vigilancia Penitenciaria, pero no lo es menos que la decisión judicial no puede ser arbitraria y estar sujeta a conveniencias de tipo político. Es lo que los recuerdan los fiscales, que subrayan que la concesión de permisos penitenciarios tiene que estar motivada y conforme a la ley. Parece obvio que a los políticos independentistas se les está dando un tratamiento privilegiado que no se aplica al resto de reclusos.

El malestar de los fiscales obedece al hecho de que entienden -con razón-que los permisos no se están concediendo porque los presos hayan dado muestras de reinserción y arrepentimiento, sino por motivaciones políticas que tienen que ver con las negociaciones entre el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y los partidos separatistas catalanes que le permitieron sacar adelante la investidura. Dentro del proceso de «desjudicialización» emprendido por el Ejecutivo, los beneficios penitenciarios a los golpistas catalanes forman parte de las concesiones a los sediciosos. La llegada de Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado se entiende como un gesto del Ejecutivo socialcomunista a los independentistas, pero los fiscales no están dispuestos a someterse a criterios que no tengan un marchamo absoluto de legalidad.

Saben que son un órgano jerarquizado, pero reivindican su autonomía y están dispuestos a defender su papel y a rechazar cualquier intento de convertirse en meros peones de una estrategia política. De ahí su malestar. La concesión de permisos penitenciarios a los políticos catalanes encarcelados se ha hecho, en muchos casos, en contra del criterio fiscal. Su malestar es comprensible y están dispuestos a alzar su voz para denunciar una situación que les resulta intolerable.

Monólogo en Valencia
El discurso contra Vox en una charla escolar sobre violencia de género: «Son nazis en el Congreso»

Raquel Tejero okdiario 26 Febrero 2020

Los jóvenes de dos institutos de Alicante acudieron el pasado miércoles en horas lectivas a un monólogo sobre violencia de género titulado «No sólo duelen los golpes». La intervención de la protagonista resultó ser todo un ataque a Vox en el que llegó a asegurar que «no debería existir un partido lleno de nazis en el Congreso de los Diputados».

El audio, al que ha tenido acceso OKDIARIO, recoge parte de la intervención de Pamela Palenciano, una mujer víctima de violencia de género que se dio a conocer hace unas semanas tras la negativa de la Asamblea de Madrid a que realizase su monólogo dentro del parlamento autonómico.

Tal y como puede escucharse, un joven afea a la monologuista las frases de rechazo a Vox durante su exposición: «Esa gente también tiene derecho para expresar lo que ellos piensan», le espeta el estudiante.

La protagonista, lejos de pedir disculpas, continúa con sus acusaciones, asegurando que los tres objetivos del partido de Santiago Abascal son acabar con las feministas, echar a todos los inmigrantes y resaltar la España única y unida. Además, añade que «no debería existir un partido que está lleno de nazis en el Congreso».

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, además de las frases que se pueden escuchar en el audio, Palencia aseguró previamente que los votantes de Vox son gentuza, que la conquista de América fue un «auténtico genocidio» y que el ‘patriarcado’ comenzó hace veintiún siglos, en referencia al cristianismo.

Fueron precisamente estos comentarios los que provocaron que el joven estudiante se dirigiese a Palenciano para pedirle que respetase el pluralismo ideológico.

Polémica en Madrid
La anulación de la celebración de su monólogo en la Asamblea de Madrid fue utilizada por Podemos para intentar crear una polémica mediática.

El partido morado pidió permiso a la Asamblea para unas jornadas sobre violencia machista. Sin embargo, la Mesa de la Cámara descubrió posteriormente que con esa autorización promocionaban una obra de teatro en las dependencias del hemiciclo regional.

Aunque los diputados de Podemos y la misma ministra de Igualdad, Irene Montero, vieron «censura» en la retirada del permiso, la mayoría del centroderecha en la Asamblea consideró que los de Pablo Iglesias «pretendieron engañar a la Mesa sobre el objeto de la petición».

Finalmente, y como protesta, Palenciano terminó celebrando su monólogo en la acera situada frente a la Asamblea de Madrid.

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Catalanes y sociatas rabiosos con Madrid
Miguel Ángel Belloso. vozpopuli  26 Febrero 2020

Josep Sánchez-Llibre es el actual presidente de Fomento del Trabajo Nacional, la patronal de los empresarios catalanes, y está enfadadísimo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Más que enfadado, está rabioso, aunque sin causa moral que lo justifique, como trataré de explicar. Que yo sepa, con la elección de Sánchez-Llibre es la primera vez que un político está al frente de la legendaria institución. Aunque es de familia de empresarios -los propietarios de la conservera de productos Dani y de otros negocios- Josep no ha visto una cuenta de resultados en la vida, o si la ha visto, ha sido siempre con poco interés. Aunque hace muchos años que no coincidimos, conozco a Pepe desde hace décadas. Ha sido el eterno coronel del señor Durán Lleida, ambos líderes de la UDC catalana coaligada inmarcesiblemente con la Convergencia de Pujol, el señero defraudador y padre de la Cataluña moderna e irrespirable, el gran hacedor del marasmo en el que está envuelto esa comunidad turbia políticamente, postrada económicamente, y socialmente enfrentada.

Pepe es un demócrata cristiano, de esa estirpe que en la vieja Roma se decía que era capaz de sobrevivir a los leones en los espectáculos cruentos de los coliseos de la época. Y así ha sobrevivido la mayor parte de su vida como diputado del Congreso en Madrid, con habitación permanente en el Hotel Palace y dedicado mayormente a disfrutar de las colosales oportunidades de ocio que ofrece la capital. Pepe es encantador, es simpatiquísimo y es un comensal sin par para disfrutar de un almuerzo. Pero siempre ha sido, en el fondo, un nacionalista, con su trocito de mierda pegado al zapato. También el oportunista que se trabajó a fondo a Joan Rosell -catalanista de pro, ex presidente de la CEOE, y antes de Fomento- al efecto de obtener la canonjía de la que ahora goza. La idea era tender puentes con el gobierno de la nación para encauzar el problema catalán, que es irresoluble salvo desde la fuerza de la ley. Desde esa atalaya podría haber hecho, y seguir haciendo mucho para combatir el infierno económico en que se ha convertido Cataluña por el desatino del ‘proces’, y para revitalizar Barcelona, su capital, que naufraga a causa de la peor alcaldesa y directora comercial que jamás ha tenido una ciudad, la execrable Ada Colau.

¿Y qué ha hecho Pepe para tratar de impedir que más de 6.000 empresas hayan abandonado Cataluña a causa del delirante golpe de Estado, y de la posterior entronización al frente de la Generalitat de un racista tarado como Quim Torra, y de un gobierno desquiciado que pugna sin escrúpulos por la independencia a sabiendas de que sólo producirá ruina y desolación. Nada que conste en acta, salvo las quejas cautas y afeminadas que cabe esperar de un catalán que no pierde los nervios ni así arda en llamas Barcelona. En lugar de demandar a la Generalitat y también al Ayuntamiento de Barcelona la clase de políticas que podrían reactivar la economía doméstica y el atractivo de su capital, el señor Sánchez-Llibre ha aprovechado la visita del presidente Sánchez a Cataluña para exigirle que liquide la política fiscal santo y seña de la Comunidad de Madrid desde que es gobernada, gracias a Dios, por la derecha.

Sin pulso económico
El señor Sánchez-Llibre ha dicho muy enfadado que “los catalanes pagamos un 10% más de IRPF que el ciudadano de Madrid, pagamos el Impuesto de Patrimonio que no se paga en Madrid, pagamos un 55% por transmisiones patrimoniales, pagamos Sucesiones y Donaciones y los madrileños no, y pagamos un 200% más por el impuesto de actos jurídicos documentados”. A ello se suma además la tasa turística, el impuesto sobre las viviendas vacías, el de las bebidas azucaradas y otras ocurrencias del nacionalismo catalán cohabitante con el populismo izquierdista.

¿Y qué habría que responderle con el mayor descaro al presidente de Fomento del Trabajo Nacional? Pues os jodéis. Os jodéis completa y totalmente. Esa es la alternativa fiscal por la que ha optado la Generalitat ejerciendo su autonomía, y no ahora, sino desde la infausta época de Pujol: subir los impuestos, aumentar las regulaciones, entorpecer el libre establecimiento de las grandes superficies, enturbiar la actividad comercial por causas lingüísticas o limitar los horarios en los que pueden abrir las tiendas. Cataluña tiene lo que se merece. El desastre que se merece, y que es el resultado de las alternativas políticas que han votado sus ciudadanos, que desgraciadamente han promovido gobiernos mostrencos que han ahogado el pulso económico y comercial que históricamente ha caracterizado un territorio actualmente hostil a la inversión.

Es realmente inaudito que, con el fin de reparar una descomposición que es de la estricta responsabilidad de los catalanes, y de sus representantes políticos y empresariales, la solución que plantee el señor Sánchez-Llibre sea detener al competidor que gana la carrera por goleada, que es Madrid. En la capital hace tiempo que no se pagan los impuestos de los que se queja el presidente de Fomento, o se pagan en cantidades marginales, porque hace tiempo que los ciudadanos de aquí estamos de acuerdo en que no tienen base moral alguna. Porque son impuestos redundantes y nocivos para el crecimiento de la actividad económica y del empleo.

En Madrid, ejerciendo la autonomía de la que dispone el gobierno regional, se ha recortado notablemente el tipo marginal del Impuesto sobre la Renta porque la derecha siempre ha pensado que una fiscalidad razonable es el mejor camino para generar riqueza. No se tributa por el patrimonio ni por las herencias ni donaciones de clase alguna, se pueden abrir las tiendas sin restricción de horarios y cualquiera puede montar un negocio con más facilidad que en el resto de España. Y esto ha sido compatible hasta la fecha con un déficit público mínimo y con una cartera de servicios públicos imbatible gracias a una recaudación explosiva por causa de esa imposición sensata que produce actividad e ingresos crecientes. Madrid es hoy la comunidad con más PIB y renta per cápita de España, la que más inversiones atrae y la que más empleo genera.

Debería ser el ejemplo que imitar, la excelencia que perseguir, pero claro, esto representa un contratiempo para los catalanes como el señor Sánchez-Llibre, y no sólo para él. También para el gobierno de la nación, el de Pedro Sánchez, para el que Madrid es el espejo cóncavo valleinclanesco que denuncia todos los días sus errores y extravagancias. Su diletancia. La señora Adriana Lastra, la número tres del PSOE, que es una conspicua indigente intelectual, dice alegremente que Madrid está atacando fiscalmente al resto de las comunidades autónomas haciendo dumping, cuando sólo está practicando libremente sus competencias. Como le viene en gana. Chiqui Montero, la ministra de Hacienda, quiere proceder a una armonización fiscal en el estado que pasaría por obligar al Gobierno de Madrid a restablecer los impuestos cuya supresión ha dado alas a la comunidad convirtiéndola en una de las regiones más pujantes de Europa.

La opción de la queja y el gimoteo
Todo les da igual, vienen determinados a cortar las alas a los que vuelan libre. No soportan que otros prosperen con la clase de política económica contraria al socialismo porque los pone en el disparadero. Señala su ineficacia y su desidia. Animados por la envidia y por el resentimiento están decididos a convertir el socialismo en obligatorio, en la consigna de general cumplimiento. Y los catalanes malos, con los que está obligado a pactar Sánchez para salvar su trasero, están que rabian con el progreso desaforado de Madrid. Podrían ocupar su tiempo y ganarse el sueldo denunciando a las instituciones propias que los condenan a la degradación, pero son unos cobardes. Podrían abominar de la masiva intervención pública o de la presión fiscal asfixiante que sufren pero prefieren gimotear ante el presidente del país para que castigue el insulto lacerante de que otros sean más inteligentes, más perspicaces y más exitosos. Y Sánchez los atiende y los complacerá si puede encantado, porque Madrid es el rompeolas de España, y la demostración más evidente y palmaria del fracaso del socialismo.

Hace unos días, el periodista catalán Enric Juliana, que es el imán del secesionismo en la capital, e íntimo de Pablo Iglesias, decía: “El Gran Madrid empieza a soliviantar al resto de España”. Naturalmente, no es cierto. Estaba llorando, que es lo que toda la vida han hecho los catalanes malos. Los madrileños estamos encantados de disfrutar de una fiscalidad relativamente favorable y de unos servicios públicos óptimos. Estamos encantados de no pagar impuestos ni por el patrimonio ni por sucesiones o donaciones, y a la izquierda le será muy complicado que nos puedan arrebatar este tesoro, que lleva tanto tiempo dando frutos aquí, y que está empezando a calar con un gran éxito en Andalucía. Esto es lo que les enoja. Esto es lo que no toleran.

Ya están en el Gobierno, ya están en la Moncloa, rodeados y apoyados por todos los excrementos de la nación, pero han perdido Andalucía, y siguen teniendo enfrente a Madrid, que es el sapo que tienen que tragarse todas las mañanas, la incómoda alarma que advierte de su mediocridad, de su suciedad y de su incompetencia. Querido Pepe Sánchez-Llibre, ¡con lo bien que se vivía en el hotel Palace!, cerca de los leones y tan lejos de los catalanes pesados.

Disolución por socialismo
Juan Ángel Soto, director de la Fundación Civismo. okdiario  26 Febrero 2020

La de Sánchez parece una checklist de lo más cara, si bien él marca con una tranquilidad pasmosa cada casilla, sabedor de que, indiferentemente del coste, la factura la pagará España y no él. Así, esta semana ha tocado cumplir con la promesa realizada al PNV para lograr su apoyo en la investidura. Seis míseros votos que valen una legislatura y cuyo precio es la igualdad de los españoles, pues, aunque la cesión de la gestión económica de las cotizaciones y las pensiones a País Vasco no atente estrictamente contra el criterio de caja única, sí rompe la unidad de derechos que la Seguridad Social blinda para todos los españoles, sin distinción.

El Gobierno de coalición no tiene criterios claros porque estos le impedirían la flexibilidad incoherente que tan a mano le viene. Y, en los pocos casos en los que parece contar con un discurso nítido y un rumbo fijo, se lo salta si las circunstancias así lo requieren. Las suyas, claro está. Así ha quedado reflejado en que conviva sin gran estorbo la llamada a la homogenización a nivel nacional en lo relativo a los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, junto a la descentralización de las competencias de la Seguridad Social en el caso vasco. Una incongruencia que resultaría sorprendente si no se tratase ya de una práctica habitual, tal como vimos en la competición fiscal al alza en materia de economía digital respecto al resto de socios de la Unión Europea. El ya archiconocido pin parental constituye otro buen ejemplo. Hoy armonización, mañana desarmonización. Y todo sigue igual.

A esta contradicción compulsiva se le une el problema de que los indeseables de diversa procedencia imiten las “buenas praxis” de sus homólogos. Así, todo parece apuntar a que el Gobierno Vasco está tomando buena nota de la transferencia a Cataluña de la gestión penitenciaria con los políticos presos, por lo que se vislumbran cambios para los etarras encarcelados. De forma similar, ahora resta por ver si en Cataluña no habrá movimientos, dado que se ha abierto la puja por quedarse con la Seguridad Social, para continuar disolviendo el Estado y abriendo brechas en la igualdad con que la ley trata a los españoles. “Se admiten sobornos”, parece insinuar Sánchez a todos los que quieren hacer de España un mero ente abstracto y residual en sus territorios. Y lo que durante la campaña electoral hacía tras el telón, ahora lo hace con luz y taquígrafos sobre una mesa de negociación bilateral, como la que tendrá lugar mañana para vergüenza de este Gobierno mercenario.

Sin embargo, nuestro país no solo se está difuminando hasta parecer un borrón inidentificable a cuenta de la persistencia destructiva de Sánchez y de sus socios en La Moncloa. Muy al contrario, la responsabilidad es extensible a muchos votantes que observan impasibles cómo les tomaron el pelo con promesas que no se materializaron, mientras que afinidades que tantas veces fueron negadas luego se han hecho realidad. También son responsables decenas de dirigentes regionales socialistas, senadores y diputados, a los que muchos dedicamos una mirada de denuncia y súplica a partes iguales, conscientes de que el nacionalismo, así como otros muchos problemas, no se solucionarán hasta que la izquierda constitucionalista, si algo queda de ella, salga del sumidero por el que cayó hace ya demasiado tiempo.

Sánchez y sus socios tumban una moción de Vox que exigía el fin del acercamiento de presos de ETA
PP y Cs apoyan el texto que también pedía acabar con los "indultos encubiertos" a los golpistas
Mordaza a Vox en el Congreso: PSOE y Podemos vetan debatir la relación del PNV y Bildu con ETA
S. Sanz y L. Sela okdiario 26 Febrero 2020

El Congreso de los Diputados, con el voto del PSOE (incluido el del propio Pedro Sánchez) y sus socios de investidura (comunistas, nacionalistas y separatistas), ha tumbado una iniciativa de Vox que exigía al Gobierno poner fin al acercamiento de presos de ETA que inició tras la moción de censura en 2018.

El texto del partido de Santiago Abascal, que ha sido apoyado por PP y Ciudadanos pese a no aceptar una enmienda transaccional de los populares, instaba al Ejecutivo socialcomunista a «no modificar la política penitenciaria de dispersión que hasta la fecha se ha mantenido por el Estado frente a los presos etarras».

Esta moción consecuencia de la interpelación que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, dirigió el pasado miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también abogaba por «recuperar la competencia penitenciaria transferida a Cataluña e impedir las salidas de la cárcel de los presos condenados» por el golpe de Estado de 2017 que se encuentran recluidos en esa comunidad.

La iniciativa también aludía a la polémica de los permisos concedidos de manera «fraudulenta» por la Generalitat de Cataluña a los condenados por el Tribunal Supremo en la causa de proceso separatista catalán. Vox pedía derogar el artículo del Reglamento penitenciario que permite sus salidas de prisión y garantizar «el cumplimiento real y efectivo» de las condenas impuestas tanto a los presos del procés como a «los etarras vascos». Ortega Smith ha llamado así a poner fin a estos «indultos encubiertos».

En su comparecencia en la Comisión de Interior el pasado 17 de febrero, Grande-Marlaska defendió la política penitenciaria de su Ejecutivo respecto a los presos de ETA basada en el «tratamiento individualizado» que impulsó cuando llegó al departamento hace casi dos años. «Son las juntas de tratamiento las que definen y refieren ese extremo», recalcó. Al llegar a Interior, Grande-Marlaska autorizó el acercamiento de presos de ETA si no tenían delitos de sangre y tenían ya cumplida gran parte de la condena. Desde entonces, han sido acercados más de medio centenar de reclusos de la banda asesina.

En última instancia, la moción de Vox pedía desarrollar y aprobar un Estatuto General de los Funcionarios de prisiones para que se les reconozca como agentes de autoridad, se les dote de medios suficientes que garanticen su seguridad y se les abone una retribución digna.

«Mordaza»
La iniciativa original de Vox, registrada el pasado jueves, incluía también otro punto (número 4) en el que se instaba al Gobierno a «suscribir una declaración institucional en la que se rechacen las relaciones que el PNV, Bildu y las formaciones políticas ilegalizadas a las que suceden, han mantenido con ETA».

Sin embargo, el viernes la Mesa del Congreso ordenó suprimir ese punto, como informó OKDIARIO, alegando que se trata de un asunto «ajeno al control parlamentario del Congreso» y que «resulta contrario a la debida cortesía parlamentaria». Sólo Vox mostró su rechazo a esta «mordaza» del órgano de gobierno de la Cámara, de ahí que los de Abascal no aceptaran este miércoles la enmienda transaccional del PP, donde el punto 4 no aparecía en sus términos iniciales y se excluía la referencia a la «relación» del PNV con ETA.


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