AGLI Recortes de Prensa   Sábado 29  Febrero  2020

Gasto público inviable y propaganda
Editorial ABC 29 Febrero 2020

Sin tan siquiera esbozar una solución que a medio plazo haga viable nuestro sistema de pensiones, quebrado desde hace años, el Gobierno relanza ahora la idea de establecer una renta mínima para que el maná del dinero público llegue a todos los sectores de la población. Si el sostenimiento económico de los jubilados ha provocado ya un considerable agujero en las cuentas del Estado, cuyo diámetro aumenta de forma proporcional a la demagogia con que los distintos gobiernos se asoman al abismo que lo rodea, la creación de lo que el ministro de Seguridad Social denomina «ingreso mínimo vital» representa un gesto de irresponsabilidad financiera que solo puede encontrar acomodo en los esquemas populistas que en su huida hacia adelante maneja el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Que esta iniciativa dependa de la vicepresidencia que ocupa Pablo Iglesias garantiza su puesta en marcha.

Para José Luis Escrivá. encargado de lanzar el anzuelo, esta renta será «flexible, eficaz, suficiente y evaluable», y también asumible por parte de una Administración que en manos de la izquierda margina las políticas liberalizadoras y generadoras de riqueza para apostar, fiel a sus dogmas, por la extensión de los subsidios sociales y la desincentivación laboral. No serán los «ricos» a los que caricaturiza y persigue el Ejecutivo de Sánchez los encargados de pagar la factura de este nuevo brindis al sol de populismo, sino las clases medias, preparadas para ser sometidas a un nuevo golpe fiscal cuyo último fin es cronificar la pobreza. Las fantasías contables del Gobierno, insostenibles y denunciadas por Bruselas, no son ya un simple reclamo para sus caladeros electorales, sino una amenaza cierta al conjunto de una sociedad cuyo carácter solidario no puede ser pervertido con medidas que atentan contra su propio desarrollo.

La mesa de las trolas
José García Domínguez Libertad Digital 29 Febrero 2020

Es sabido que el principio básico de cualquier propaganda política que se quiera eficaz consiste en la repetición constante, machacona, obsesiva, interminable y ubicua de un mensaje muy simple y muy básico; cuanto más simple y más básico, mejor. De ahí que los catalanistas todos, pese a haber regurgitado ya varios cientos de millones de veces esa falacia perfectamente gratuita, la invención consistente en afirmar sin soporte probatorio alguno que el ochenta por ciento de los catalanes desea fervientemente ser consultado en un referéndum de autodeterminación, persistan en continuar todos los días con su infundio favorito. Añeja y cansina trola, la del ochenta por ciento célebre, que acaba de ocupar un lugar de honor preferente en el argumentario de la delegación separatista, esa que se reunirá a merendar con el Gobierno de España en torno a una mesa camilla, dicen que con frecuencia mensual.

Y es que el ochenta por ciento resulta ser un porcentaje en verdad impresionante. Tan impresionante que si uno se entrega a un ejercito de aritmética escolar muy elemental, el de calcular cuántas almas en pena suponen el ochenta por ciento de los 7.500.000 habitantes empadronados en la demarcación que ahora mismo posee Cataluña, llega a la estupefaciente conclusión de que, menores incluidos, aquí, en el país petit, hay seis millones de soberanistas vergonzosos. Seis millones de los cuales la muy inmensa mayoría permanecería escondida de modo permanente en algún armario XXL. Y es que si aquí hay seis millones que quieren eso, tal como repiten sin cesar los loritos y loritas nacionalistas, la pregunta es por qué no los ha visto nadie nunca. Pues lo único seguro y cierto al respecto es que nadie los ha visto jamás. Ya de por sí se antoja un poco rarito que, siendo proclives a una consulta de autodeterminación ocho de cada diez catalanes, el partido ganador en las elecciones de ámbito doméstico resulte ser uno, Ciudadanos por más señas, que se opone a esa eventual consulta. Rarito, ratito.

Aunque no tan ratito como otro hecho empírico igualmente contrastado que nunca mencionan los publicistas oficiales de la trola. Me refiero a los datos de participación popular elaborados por los propios separatistas en aquella primera consulta ilegal organizada en su día por Artur Mas, el recordado luego como 9-N. Simulacro germinal dotado de toda la apariencia formal externa de un verdadero referéndum, incluida su preceptiva campaña de propaganda institucional en todos los medios de comunicación animando a la participación de los ciudadanos, en el que sucedió que un porcentaje bastante próximo al mítico ochenta por ciento, en concreto un setenta por ciento del censo, decidió abstenerse de acudir a los colegios electorales. Apenas un 30% de los catalanes reales, los de carne y hueso, se acercó a los puntos de votación aquel día. Únicamente un pírrico 30%. Y no se puede apelar al argumento de la intimidación policial, dado que el Estado, tal como se convertiría en costumbre durante los tiempos de Rajoy, ni estuvo ni se le esperaba durante la jornada de autos. Son una soberana máquina de mentir.

La eficiencia del gasto público: el gran reto pendiente
Gregorio Izquierdo elconfidencial 29 Febrero 2020

Aunque no se conoce todavía el dato del déficit de las administraciones públicas correspondientes al ejercicio 2019, el promedio de las estimaciones del consenso de analistas lo sitúa en torno al 2,5%, lo que supondría una ausencia de ajuste con respecto al año anterior. Por su parte, el nivel de deuda pública continúa siendo muy elevado (96% del PIB), y sus tímidos descensos con relación al producto tienen que ver más con el avance en términos nominales de este último y no tanto, o no en absoluto, con la estabilización del 'stock' de deuda pública viva. A ello se le añade la cada vez mayor madurez del ciclo económico, cuyo deterioro se puede ver precipitado además por distintos shocks externos de incidencia global.

Todo lo anterior ha hecho emerger las lamentaciones sobre la "oportunidad pérdida" para haber llevado a cabo una decidida consolidación fiscal cuando el dinamismo de nuestra actividad parecía no encontrar techo. En todo caso, de poco sirve afligirse por el pasado. En su lugar, se debe aprovechar que el pulso de nuestra economía todavía responde para abordar, de una vez por todas, la urgente y necesaria consolidación presupuestaria.

Habida cuenta de lo avanzado del ciclo, la forma en la que se lleve a cabo esta consolidación importa. En este sentido, se desaconseja en el actual contexto que el ajuste se realice vía incremento de los impuestos, ya que sus efectos negativos son de mayor intensidad y se extienden durante varios períodos: por cada punto de aumento de presión fiscal se produce una disminución real del producto de medio punto a corto plazo y de casi dos puntos a medio plazo. En su lugar, la corrección debería estar sustentada por el lado de la mejora de la eficiencia del gasto, manteniendo el nivel y la calidad de los servicios públicos, pero reduciendo su coste. Dicho de otra forma, la mejora de la eficiencia del gasto es el único ajuste factible que permite consolidar nuestras finanzas públicas sin comprometer nuestro crecimiento y empleo.

De momento, el gobierno presentó ayer una propuesta de un nuevo límite de gasto de 127 mil millones para el 2020 y de 131 millones para el 2021, lo que supone un incremento de casi el 7 por 100. Este aumento de la presencia del sector público implica una distorsión significativa para el crecimiento, ya que existe una fuerte correlación entre aumentos significativos del gasto público y el empeoramiento de su eficiencia. El sector público en España, al ser poco eficiente, absorbe una cantidad excesiva de recursos, sin, a la postre, cumplir sus objetivos de eficacia, pero siempre hipotecando el diseño de nuestro sistema fiscal. En este sentido, baste decir que la presión fiscal normativa es de un orden de un 8% superior en España a la media de la UE.

En economía lo que no se puede medir no existe, por muy importante que sea, lo que implica que no se puede tampoco evaluar y, por ende, mejorar. Por ello, el Instituto de Estudios Económicos ha intentado elaborar un nuevo "Índice de Eficiencia del Gasto Público" que pretende sintetizar y aglutinar las métricas internacionales que abordan esta cuestión, como la del Banco Mundial o el Foro Económico Mundial. Según este nuevo indicador, para converger con el promedio de la OCDE, la eficiencia del gasto público en España tendría que mejorar en un 14%, lo que pone de relieve que el potencial de mejora de la administración pública española en este ámbito es significativo. De hecho, solo con esta medida nuestras finanzas públicas podrían cambiar su actual situación deficitaria por una de superávit estructural, sin necesidad de subir los impuestos.

Una reforma institucional clave es que la totalidad de agentes públicos rinda cuentas en tiempo real y de modo público no solo de su liquidación presupuestaria, sino también de sus indicadores de desempeño (output), como, por ejemplo, el número de usuarios, satisfacción del servicio, procesos gestionados, etc. Además, deben presentar también el volumen de inputs empleados en la producción, para que todos puedan construir ratios de eficiencia, y se puedan identificar, de este modo, las mejores prácticas al respecto en cada ámbito como condición previa para su generalización.

La obligación de monitorizar y hacer pública la eficiencia por sí misma puede ser un motor de mejora continua, al contrario que en la situación actual, en la que las acciones positivas que en ocasiones asumen algunos gestores públicos, no solo no tienen reconocimiento, sino que son criticadas con el pretexto de que perjudican el servicio, ya que la única métrica de seguimiento es el volumen del gasto, mientras que la eficiencia en ocasiones permite reducir el gasto mejorando el servicio.

Una palanca obligada de eficiencia debe ser el aumento de la competencia, para lo que es necesario generalizar la colaboración público-privada en aquellas actividades donde sea posible. La externalización de servicios por parte de la administración permite apoyarse en el mayor grado de especialización y eficiencia de las empresas que los proveen, así como en los ahorros de costes derivados de sus economías de escalas, y en la mayor flexibilidad para ofrecer una respuesta rápida ante picos y situaciones extraordinarias de demanda. Tanto es así que se observa un estrecho vínculo entre el gasto externalizado por el sector público y la eficiencia de este último; y en este sentido, España se sitúa considerablemente por debajo de la media en lo que se refiere a la proporción de gasto público que se delega, directa o indirectamente, en el sector privado.

Las deficiencias en la gestión del gasto público en nuestro país dan lugar a que se malgasten recursos que no redundan en una mayor satisfacción o bienestar de los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Esto es, que los recursos actuales bien gestionados deberían dar lugar a servicios públicos de mayor calidad de los que efectivamente se prestan, o si se quiere, que se podría lograr una calidad en el servicio público similar a la que ya disfrutamos con menos recursos de los actualmente disponibles.

Además, se ha demostrado empíricamente que la disposición de los ciudadanos a pagar sus impuestos está directamente relacionada con el nivel de eficiencia de su gasto público, y viceversa: en los países con mayor ineficiencia del gasto, suele haber un mayor nivel de incumplimiento fiscal, que se traduce en mayores pesos de la economía sumergida. Más allá de las consideraciones económico-financieras, es una cuestión de justicia social, tanto que acostumbran en la actualidad nuestros políticos a escudarse en este término, que los ciudadanos disfruten de un nivel de prestaciones públicas acorde a las contribuciones que realizan y que tanto esfuerzo le suponen.

Gregorio Izquierdo *Director General del Instituto de Estudios Económicos

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La mentira, esencia del totalitarismo separatista
Jesús Laínz Libertad Digital 29 Febrero 2020

En esta columna hemos hablado muchas veces del totalitarismo separatista, esa última versión de la aberración política cuyas plasmaciones clásicas tuvieron lugar en la Europa del siglo XX, desde 1917 hasta el desplome de la URSS. Aunque a muchos les parecerá duro de digerir, el hecho de que aquellos modelos totalitarios desaparecieran hace décadas no impide que nuevas mutaciones sigan activas en nuestros días.

Ése es el caso de nuestros separatismos, sobre todo el vasco y el catalán aunque no debamos olvidar sus imitadores gallegos. Vergonzoso récord, el de España: albergar en su seno los últimos totalitarismos europeos. Porque el control totalitario de sus respectivas poblaciones se manifiesta en el adoctrinamiento escolar, el ahogamiento lingüístico, el control gubernativo de los medios de comunicación, la utilización de las fuerzas del orden como instrumentos partidistas, la perpetua agitación y movilización de las masas y la complicidad gustosa de éstas en la represión y acoso a los disidentes.

El hecho de que se vote cada cuatro años no elimina el carácter totalitario de los gobiernos de algunas regiones españolas, anomalía que, comprensiblemente, resulta muy difícil de explicar más allá de nuestras fronteras. De ahí la inmensa responsabilidad de nuestros inútiles gobernantes del PP y el PSOE, que durante cuarenta años han permitido una anomalía que tan gravemente lastra la imagen exterior de España. Porque los extranjeros son incapaces de comprender que pueda haber gobernantes regionales que hayan implantado durante cuatro décadas una tiranía en sus respectivas comunidades autónomas. Y por eso tienden a creerse la falsaria versión separatista de España tiranizando a vascos y catalanes. No se les puede reprochar: es mucho más fácil que un francés, un belga o un alemán se crea esto último por la sencilla razón de que no serían capaces de concebir que regiones de sus países estuvieran sometidas a regímenes totalitarios ante la pasividad de sus gobiernos nacionales. Pasividad que, como ha denunciado con cuarenta años de retraso el dirigente del PP catalán García Albiol, ha conducido a que "desde el punto de vista institucional, cultural, social y mediático, España en Cataluña no existe".

Condición esencial de todo totalitarismo es la construcción de un mundo ficticio para así manejar las mentes de unos gobernados crecientemente dispuestos a creerse ese mundo ficticio. Por eso la palabra clave para comprender cualquier totalitarismo es "mentira".

Los catalanes y los vascos están sumergidos en la mentira desde que nacen. En primer lugar, porque sus propios padres son los encargados de transmitir, en muchos casos de buena fe, las mentiras heredadas. En segundo, porque, desde parvulitos, los profesores separatistas, esta vez de mala fe, en vez formarles los adoctrinan. Y, a continuación, porque la sociedad entera está hasta tal punto impregnada de mentiras que no hay más remedio que oírlas, verlas y respirarlas inadvertidamente cada día. Rodeadas de un océano de unanimidad, las masas acentúan su impermeabilidad a la duda y su incapacidad de pensar.

La mentira es una elaboración intelectual, a veces incluso laboriosamente construida, pero como tiene que llegar hasta el último ciudadano, está predigerida y esloganizada para que su transmisión sea universalmente eficaz. No hay que demostrar; sólo hay que repetir. Las masas se creen cualquier cosa con tal de que se la repitan suficiente número de veces.

Y, lo más importante: los creadores de las mentiras nacionalistas saben muy bien que no hay que dirigirlas al intelecto, sino a las pasiones. Una vez inoculadas las mentiras básicas que crean el estado de ánimo adecuado, lo esencial es no dirigirse a la cabeza, sino al corazón. Porque el componente principal del nacionalismo, de todos los nacionalismos, especialmente de los asociados a regímenes totalitarios, no tiene nada que ver con conocimiento y doctrina, sino con sentimiento. Por eso es accesible a todo el mundo y muy difícil de extirpar una vez adoptado. Generalmente, sólo mediante un choque violento con la realidad.

Ésta es la gran ventaja de los falsarios totalitarios: les basta un eslogan breve y contundente, aunque sea un completo disparate, para convencer a millones de personas. Por ejemplo, unas recientes declaraciones del exlehendakari Ibarretxe, resucitado de entre los muertos para declarar que mientras que hace dos mil años los vascos y los catalanes ya existían, España no. Monumental disparate, tan monumental que no merece la pena perder el tiempo desmontándolo. El doble objetivo del disparate, tan halagador para sus fieles, consiste en dotar de especial pedigrí a unos vascos y catalanes al parecer admirables por encontrarse más próximos que otros a papá orangután; y de paso despreciar a una España advenediza que no pasaría de reciente imposición artificial.

Otro ejemplo: "España nos roba". Nadie puede negar su éxito. Millones de catalanes lo creen con absoluta buena fe. Y la gran desventaja del bando contrario es que necesitará mucho tiempo, mucha energía, muchas páginas, muchas palabras, para desvelar la mentira.

Por no hablar de los famosos "presos políticos", esos políticos que han sido procesados por atentar contra artículos del Código Penal, no por sus opiniones, luego no son presos políticos. Pero a millones de personas les sobran los razonamientos: sus pastores les han dicho que son presos políticos y con eso basta para que todos se lo crean con unanimidad ovina y salgan a la calle a berrear, destrozar y quemar.

Pero, paradójicamente, esa gran ventaja de los falsarios totalitarios es a la vez su talón de Aquiles, pues si en algún momento se consiguiese hacer ver a un número suficiente de personas que sus amados líderes les han engañado, que les han tomado el pelo, que esos sentimientos tan intensos les han sido inoculados mediante mentiras escandalosas, la reacción será avasalladora. Lamentablemente, para eso haría falta una acción por parte de los tres poderes del Estado que hoy por hoy sigue siendo muy improbable, como ha vuelto a demostrar la bochornosa sentencia de un Tribunal Supremo genuflexo ante el gobierno de turno. Gobierno que, a su vez, está genuflexo ante los golpistas separatistas.

Con tanta genuflexión da vergüenza ser español.

www.jesuslainz.es

Una negociación entre sospechosos
Editorial ABC 29 Febrero 2020

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de procesar a Josep Maria Jové por malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia como instigador y organizador en la sombra de la consulta separatista ilegal del 1-O demuestra por qué es un error la «mesa de negociación» impulsada por Sánchez. Jové no fue solo el «notario» del golpe contra el Estado de Derecho en Cataluña, sino una pieza esencial en su diseño. Ahora, en cambio, Sánchez lo ha aceptado como negociador de una «salida al conflicto político», de modo que esa «mesa» cuenta casi con más condenados, imputados y procesados del separatismo que con políticos sin sombra de sospecha. Sánchez está tratando la cesión de una parte de la soberanía nacional con delincuentes como Joaquim Torra, condenado por desobediencia e inhabilitado como diputado catalán. Inexplicablemente, continúa como presidente de la Generalitat con el beneplácito y la legitimidad que le concede Sánchez. A su vez, y una vez procesado, Jové queda abocado al banquillo de los acusados para ser juzgado, asumiendo además una fianza de responsabilidad civil valorada por la Justicia en casi tres millones de euros. Ambos representan en esa «mesa» a un huido como Puigdemont, y al líder de ERC, Junqueras, condenado a trece años de cárcel por sedición y ya de permiso. Dar carta de naturaleza política y voz negociadora a dirigentes que han vulnerado la legalidad es una ofensa a cualquier demócrata. Es obvio que el Gobierno prefiere tratar con clientes habituales del Código Penal a sentarse con partidos constitucionalistas como el PP y Ciudadanos, porque su capacidad de gobernar durante toda la legislatura depende de ese chantaje.

Sin embargo, tampoco el bando del Ejecutivo en esa «mesa» está exento de la amenaza penal. Con una notable improvisación, Sánchez incorporó al equipo negociador al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aunque pesasen sobre él varias querellas por haber permitido que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pisara suelo español el pasado mes de enero pese a tenerlo expresamente prohibido. Esas querellas han sido aunadas en un juzgado de Madrid que tendrá que remitir las actuaciones al Tribunal Supremo si observa indicios de delito en la conducta de Ábalos, ya que está aforado. La relación del golpismo independentista con el Gobierno de la nación se sustenta en personalidades investigadas, o ya condenadas, por la justicia. Con razón pretende Sánchez «desjudicializar» la réplica del Estado al separatismo, con razón sostiene que «la ley por sí misma no es suficiente», y con razón ha nombrado a Dolores Delgado fiscal general. Lo lamentable no es que al separatismo dejase de importarle la legalidad hace tiempo, sino que el Gobierno de la nación se haya sumado a ese desprecio promoviendo una negociación entre sospechosos.

Sánchez, un torero irrepetible
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 29 Febrero 2020

Tras la primera lidia de resentidos en Moncloa quedó patente que el presidente Sánchez sabe torear a quien le pongan delante. Despachó al morlaco Torra, de la ganadería de los mercaderes, con sumo arte y le juró cuanto no iba a cumplir. Le paseó por los jardines de palacio, permitiéndole oler los cerezos en flor, terminando su faena con un prodigioso pase de pecho, antes de acabar con la bestia, que venía a decir: “o apoyas los presupuestos o ya puedes irte a tomar por saco”. La poca casta del bicho, tragó baúles, regaló bolígrafos con el hierro – lazo amarillo – de la Generalidad y volvió por donde vino. Soñando que pronto, cosa de un mes, sería lidiado de nuevo en Moncloa para pactar, antes de ser devuelto a los corrales, menudencias tales como la amnistía de sus compinches golpistas y la autodeterminación de su provincia. Anhelos vanos que un buen torero se quita de en medio con un par de chicuelinas de aquí te espero.

Cada día que pasa, siendo todos los días siguientes, la frialdad de la que Sánchez hace gala en el ruedo nos demuestra, que este lidiador de cuadrúpedos políticos, es un genio digno que merece ser inscrito en los anales de la tauromaquia. Le basta con no decir ni una sola verdad, pues miente más que habla, para siempre salir a hombros. A todos nos asombra su arte en el manejo del engaño. Le da lo mismo torear a una cabra que a un cabrón. Su capote es mágico y su muleta, letal. Hace faenas a los separatistas, a los proetarras y no digamos las que le saca a ese manso y nuevo rico de Podemos, a quien lleva por la calle de la amargura, de feria en feria. Le dijo que iba a ser vicepresidente y lo ha convertido en su mozo de espadas, ni siquiera en su banderillero. El fascinante mundo de los toros, cotiza al alza, ha nacido una estrella. Pedro cisne Sánchez está en los carteles.

¡Cómo torea este artista! ¡Qué impávida elegancia derrama tan joven maestro… sobre la arena! ¡Es un auténtico dios del engaño! ¡Burla a cualquier animal que le echen! Primero lo marea con arte y luego, ya embriagado, lo liquida con sangre fría. Le vitorean las masas, no hay tarde en que no corte orejas y rabo. Ha devuelto a España el fervor a la lidia como Dios exige, siendo ateo. ¡Viva Pedro, viva Sánchez, el inmaculado cisne! Estamos en las mejores manos, apuesten por él, pues solo un diestro de semejante categoría, puede llevarnos más allá de la tolerancia. Créanme, es un crack. ¿Quién no daría su vida a cambio de obtener un plagio de su autógrafo? La verdad no existe, lo sabemos la mayoría de los españoles.

La extensión de los derechos iguales, que garantizan la democracia facilitan, indudablemente, según profetizó Nietzsche, la violación de los derechos por igual. Lo digo para todos aquellos que desconozcan el programa político del cisne, torero irrepetible.

Fiscales: Junqueras ya no necesita ni amnistía, ni indulto
Carlos Dávila okdiario 29 Febrero 2020

Lo vienen advirtiendo desde el mismo día en que se conoció la sentencia de Junqueras y compañía: “Sánchez -decía por entonces el fiscal Zaragoza- ya no necesitará ofrecer el indulto, mucho menos la amnistía, que está prohibida en la Constitución, para sacar a los presos de la cárcel; la rebaja de rebelión a sedición permite que en tres o cuatro meses estén todos en la calle”. Se ha cumplido el pronóstico y los penados ya han abandonado la prisión. Los fiscales antes y ahora, opinan que Sánchez y su cuadrilla ya han transmitido a sus interlocutores de la mesa del bochorno que no se gasten con sus peticiones de amnistía, que ya tiene la respuesta del Gobierno a sus exigencias. Es más, lo que se temen estos fiscales es que en muy poco tiempo Junqueras y su banda de sediciosos puedan alargar sus tres días actuales de libertad, a, literalmente, “un segundo grado que parezca un tercero”, o sea, que, a lo más, en el mes de junio, tirando por largo, sólo tengan que visitar la cárcel para dormir por cuenta del Estado. Esto, me dicen, es el ofrecimiento que Sánchez y su equipo de negociadores de Moncloa han formulado a sus conmilitones, uno de los cuales, Jové ya está de nuevo procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber participado activamente en el golpe de Estado de octubre dl 2017. Un buen socio para Sánchez.

La anterior fiscal general del Estado, María José Segarra, ya advirtió también en noviembre del pasado año, que su institución no podría transigir con una libertad sospechosa, que por “ahí no vamos a pasar”. Era un momento en que Segarra confesaba que la Fiscalía no le gustaba nada al Gobierno. Se dolía aquella mujer proba de que incluso ella no iba a ser recordada por nada que fuera ajeno a Cataluña. Desde aquel momento, Segarra estaba condenada a la destitución; no hacía lo que Sánchez esperaba de ella. Le pidió sumisión frailuna y ella respondió con la ley. Fue sentenciada porque, según dejó claro el presidente del Gobierno: “Con la Ley no basta”.

Relataba Javier Zaragoza a finales de 2019 que “cuando la política entra en un tribunal, la Justicia sale por la ventana”. Pues sí: se ha escapado. Y ya no tiene remedio. Ahora, la “factoria Redondo” que gobierna la Moncloa como si fuera su vivienda particular, ya ha filtrado a sus domésticos medios que Sánchez -un héroe el de la resistencia patriótica- de ninguna manera va a promover la amnistía de los sediciosos que le piden, con la boca pequeña, sus compañeros de negociación. Y esos medios, con la mayor de las desvergüenzas, se han lanzado a suscribir la buena nueva de la resistencia sanchista. Lo han hecho al mismo tiempo que se anunciaba que Junqueras y su compañía subversiva, iban a ser liberados porque, laboriosos ellos, tenían que trabajar para ganarse el sustento. ¡Menos mal que en esta ocasión las autoridades penitenciarias de la Generalidad no han argüido que también debían ocuparse de cuidar a sus madres!

La modosa sentencia del Supremo ya ha tenido estas consecuencias. La Justicia ha saltado realmente por la ventana. ¿Resistirán esta vez los fiscales y se opondrán en masa a certificar la libertad de los sediciosos? Ellos mismo me dicen que no es probable. La socialista Delgado se va a ocupar de que el proceso político del “procés” que dirige Sánchez no encalle. Hace unos días, el aún presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo, no se olvide esta dualidad, acudió como es costumbre a la Moncloa a presentar al presidente la Memoria Anual de la Justicia. Según indican fuentes de toda solvencia, un año antes, y en ocasión idéntica, Lesmes preguntó a Sánchez si sabía que el Poder Judicial y su independencia, eran los garantes más efectivos del Estado de Derecho. Sánchez, ciertamente molesto por la insinuación sesgada, le respondió naturalmente que sí. Ahora, un año después, Lesmes, al parecer, tenía la intención de repetir la alusión. No consta que haya sido así. Lesmes, con un plazo prorrogado en demasía, pretende ocupar un sitial en el nuevo Tribunal Constitucional. Me dice un fiscal: “No se pueden esperar bravuras”. Pues eso.

Sánchez va a un choque con la Justicia
Editorial larazon 29 Febrero 2020

Como ya publicó LA RAZÓN el pasado 13 de febrero al dar cuenta de la decisión de del secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, de tramitar la petición de un indulto para la ex consejera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, condenada por el Tribunal Supremo a 12 de años de cárcel por sedición y malversación agravada, desde algunos sectores del PSOE se está presionando al Gobierno para que acceda cuanto antes a la concesión de la medida de gracia, que, según todos los indicios, comenzará su trámite a primeros de marzo, como un gesto a los separatistas catalanes que abra la vía a la aprobación de los Presupuestos y garantice una cierta estabilidad política.

Ciertamente, el caso Bassa serviría como punta de lanza para librar de las condenas al resto de los golpistas, lo que supondría otorgar una amnistía encubierta, soslayando la prohibición expresa de nuestro ordenamiento jurídico. La concesión o no de un indulto es facultad del Ejecutivo, si bien tiene que pasar primero por el informe de carácter consultivo del tribunal sentenciador, en este caso la Sala Segunda del Supremo, y de la Fiscalía. Pero, ya decimos, se trata de dictámenes preceptivos, pero no vinculantes, con lo que la competencia última recaerá sobre el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez. A nadie se le oculta que una decisión favorable al indulto de Bassa, que ni ha asumido la responsabilidad de sus actos, puesto que se considera inocente, ni ha mostrado arrepentimiento alguno, abre la posibilidad nada remota de un choque gubernamental con la Justicia, que no sólo se vería desautorizada, sino que perdería fuerza moral para seguir persiguiendo los delitos cometidos por los nacionalista catalanes en su desafío a los principios constitucionales, amén, como hemos advertido en reciente nota editorial, de trasmitir a la opinión pública, no sólo la de Cataluña, el mensaje inequívoco de que los delincuentes condenados por el «procés» han sido víctimas de un Estado opresor.

Si la permisividad carcelaria de la Generalitat ya supone un desprecio a la actuación de los tribunales, que sea el Gobierno de la nación quien tire por tierra la legitimidad de las sentencias, por una mera cuestión de coyuntura política, nos lleva por caminos inexplorados, pero en cualquier caso azarosos, sobre las garantías constitucionales que establecen que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y merecen el mismo trato de los poderes públicos. La cuestión se complica porque aún están pendientes de sentencia o incursos en procedimientos judiciales varios implicados en los hechos que desembocaron en la rebelión de octubre. Ayer, sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido procesar al ex secretario general de Economía y diputado de ERC, Josep Maria Jové, y al ex secretario general de Hacienda, Lluís Salvadó, por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del referéndum ilegal. Lo ha hecho a instancias de la Fiscalía, apoyada en los informes y atestados de la Guardia Civil y de otros elementos de convicción reunidos en las diligencias judiciales.

Nada más demoledor para la legitimidad de nuestra democracia, que garantiza la división de poderes y la independencia de ejercicio de los jueces y magistrados, que la simultaneidad del procedimiento judicial, con todas sus garantías procesales, mientras el Gobierno de turno pone en la calle a unos políticos condenados por los mismos hechos de los que se acusa a Jové y Salvadó. No es sólo lo que tiene de presión política intolerable sobre los tribunales, sino el desaliento que lleva a quienes están más directamente involucrados en la defensa de la Ley, que es la defensa de los derechos de todos los ciudadanos.

CoronaETA

Segundo Sanz okdiario 29 Febrero 2020

«Hay un virus que ha infectado al socialismo —comunistas, nacionalistas y separatistas ya lo estaban— hasta una degradación moral repugnante. Una cepa que se ha propagado por la clase política dispuesta a blanquear la historia criminal de quienes cometieron 858 asesinatos. Esta fiebre acuciante es el CoronaETA, que se manifiesta con el sesgado argumento de que “como ETA ya no existe…”, pues todo vale.

De momento, ETA no ha sido derrotada socialmente. La banda no ha pedido perdón a las familias de estas víctimas mortales, ni tampoco se ha dirigido a los más de 6.000 heridos durante 40 años de terror. Y menos aún ha contribuido a arrojar luz sobre los 379 crímenes sin resolver. Sus cabecillas siguen en la cárcel sin arrepentimiento alguno, como el ideólogo José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, quien se encuentra en Francia a la espera de ser entregado a España. Y los herederos de sus marcas políticas, los bildutarras, se sientan en el Congreso. Incluso son socios del Gobierno del felón Sánchez. Ahora comparten mesa y café con la socialista Lastra para negociar los Presupuestos.

También los homenajes a los pistoleros de ETA continúan en las calles de País Vasco y Navarra. En las aulas se quiere vender que el derramamiento de sangre partió de una “revolución juvenil” y en la Universidad campan a sus anchas los cachorros de kale borroka con tributos a sus “gudaris” del tipo: “El fuego que encendisteis nos iluminará el camino. Luz eterna”. Asco infinito.

Esteban, el vocero de los recogenueces, decía esta semana en las Cortes que no se puede revertir el acercamiento de presos de ETA iniciada por el Gobierno de Sánchez “cuando no existe ETA” y “se trata más bien de una política que lo que hace es humanizar no tanto para los presos sino para todas sus familias, que tienen que desplazarse constantemente a visitarles”. ¿Y qué pasa con las familias de los muertos? De ellas no se acordó el siniestro portavoz, siempre más cerca de los verdugos que de sus víctimas. Eso sí, cuando le recuerdan que la mierda del vertedero de Zaldibar le llega al cuello al ser los suyos incapaces de hallar tres semanas después a los dos trabajadores sepultados, el sietemachos peneuvista se revuelve nervioso.

Pero lo más nauseabundo es presenciar al ministro del Interior contagiándose del CoronaETA para justificar su política penitenciaria tras la moción de censura de 2018: casi 60 reclusos de la banda han sido acercados o se les ha flexibilizado el grado bajo mandato de Grande-Marlaska, aquel juez implacable que fue objetivo del ‘comando Vizcaya’. Para entonces todavía no había dado positivo.

Burla carcelaria de los golpistas
Editorial larazon 29 Febrero 2020

Nada puede haber peor que la aplicación de las sentencias judiciales pierda su apariencia de equidad, no sólo por el daño que se inflige a la imagen de una Justicia que deja de percibirse por el cuerpo social como igual para todos, sino que, además, quiebra el contrato no escrito de confianza entre los ciudadanos y sus jueces, mucho más, en un país como España, con uno de los códigos penales más duros de la OCDE y en el que se dictan las condenas carcelarias más largas, incluso, para delitos de orden civil.

De ahí que la aplicación permisiva por parte de la Consejería de Justicia de la Generalitat, que preside la militante de ERC Ester Capella, de un artículo excepcional de la Ley General Penitenciaria, el 100.2, para beneficiar directamente a los políticos separatistas condenados por el procés suponga un agravio comparativo para con el resto de la población reclusa y represente, en sí mismo, un escándalo mayor que nuestro sistema judicial no debería dejar pasar.

Ciertamente, los padres de la Constitución, siguiendo un criterio afianzado en el corpus jurídico español, al menos, desde la Segunda República, establecieron que la finalidad de las penas privativas de libertad deberían ir orientadas a la reeducación y reinserción social de los penados, principio moral que está desarrollado en varios artículos de la ya citada Ley General Penitenciaria, pero, también es cierto que no es posible entender el proceso de reinserción sin el reconocimiento del delito por parte del condenado, es decir, la asunción de la responsabilidad, y el arrepentimiento, expreso o no. Son dos elementos de convicción en el tratamiento individualizado de los reclusos y, como de hecho estaba presente en el ánimo del legislador, deberían ser más determinantes que otras consideraciones, como el arraigo social o disponer de un entorno familiar estable.

Pues bien, ninguno de esos dos factores se verifica en las actitudes de los condenados por la intentona golpista de octubre de 2017. Muy al contrario, no sólo se declaran públicamente víctimas de una justicia arbitraria y de un Estado vengativo, sino que manifiestan su intención de volverlo a hacer. Son, a nuestro modo de ver, conductas rebeldes que no pueden ser alzaprimadas, precisamente, por aquellos representantes de la Administración que tienen entre sus principales obligaciones la de cumplir y hacer cumplir la Ley sin que padezca gravemente el ordenamiento jurídico.

Pero es que, además, la flagrante permisividad penitenciaria de la Generalitat traslada a la opinión pública el mensaje inequívoco de que las condenas impuestas por el Tribunal Supremo viene contaminadas por un procedimiento injusto, lo que es tanto como decir, desde una institución pública, que los delincuentes han sido, en efecto, víctimas de un Estado opresor. Con todo, lo peor es que está deriva política se daba por descontada desde el mismo momento en que los reos pasaron a depender del sistema penitenciario catalán, lo que motivó la petición de la Fiscalía al Tribunal Supremo de que se incluyera en la sentencia el artículo 36.2 del Código Penal, que establece que cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de una serie de delitos, entre los que se encuentra la sedición, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma.

No lo entendió así el magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal sentenciador, por entender que las penas accesorias de inhabilitación impedían la reiteración delictiva. Fue un error, como ha demostrado la realidad, que ha hecho un flaco favor a la dignidad de la Justicia española, al tiempo que ha dado a los partidos separatistas un fatal instrumento para mantener su desafío al Estado.

Junqueras en la calle, España humillada y Sánchez pagando a plazos la factura
ESdiario 29 Febrero 2020

La salida del líder de ERC es otro peaje más de la factura que Pedro Sánchez adeuda a los enemigos de la Constitución, que le hicieron presidente para esto.

La propia Generalitat de Cataluña ha decidido, 24 horas después del encuentro de Pedro Sánchez y Quim Torra, conceder a Junqueras lo que la Fiscalía lleva tiempo llamando un "indulto encubierto". El líder de ERC, en una decisión política arbitraria impulsada por una consejera de su propio partido, accederá de inmediato al tercer grado penitenciario para bochorno y humillación de todos.

La medida de gracia le llega solo cinco meses después de empezar a cumplir su condena por un grave delito de sedición, y apenas dos de haber dado el visto bueno, desde la cárcel, a la investidura de Pedro Sánchez, que es presidente por lo votos del mismo partido que más ha hecho por desestabilizar al país que él ahora gobierna.

Solo un ingenuo puede creer que es una casualidad y que, por tanto, no existe una relación de causa y efecto entre la liberación de facto de todos los condenados por el Supremo y el apoyo de ERC al PSOE. Pero si hay alguno, seguramente termine de abrir los ojos cuando vea, en secuencia, todas las decisiones que ha ido tomando o anunciando el presidente del Gobierno para ir pagando a plazos la factura de su llegada a La Moncloa.

Primero arrambló con la Abogacía del Estado para que, de manera expresa, se retirara de la sentencia del Supremo la imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios hasta no cumplir al menos la mitad de la condena, que en el caso de Junqueras es de trece años.

Después se anunció una escandalosa reforma del Código Penal para vaciar de carga punitiva el delito de sedición, gravísimo por definición al atentar contra el orden constitucional, la convivencia democrática y el buen funcionamiento de las instituciones.

Y más tarde se elevó a la Fiscalía General del Estado, con todo el impudor imaginable, a la última ministra de Justicia socialista, Dolores Delgado, al objeto de cerrar el círculo de presión en torno a la Justicia y a su independencia y autonomía.

Todo ello envuelto en un acuerdo con ERC y otro con la Generalitat que, por resumirlo, concede al independentismo toda la representación de Cataluña y a esa Cataluña amputada la condición de sujeto autónomo de decisión política.

Resulta todo tan escandaloso e incompatible con la integridad del Estado de Derecho que solo la complacencia mediática con el sanchismo maquilla la magnitud del abuso, la frivolidad del presidente y la peligrosidad panorámica de todo lo que ha hecho.

Y al igual que los pactos con Bildu son un desdén inaceptable a la memoria de la resistencia al terror de ETA; la liberación de los liberticidas soberanistas es una humillación a la mejor versión de la España democrática que hemos tenido en la historia.

Ésa que procede del 78, se concreta en la Constitución y regula la convivencia pacífica entre distintas opiniones, credos y sentimientos. El agravio del soberanismo a quienes la respetan es ya legendario. Pero que se sume al desprecio quien más tenía que trabajar por evitarlo, es inadmisible. Y al parecer, también imparable.

Carta en la mesa, presa
«Uno espera con curiosidad morbosa las imaginativas fórmulas que han de disfrazar las inconstitucionalidades de modo que satisfagan a los separatistas y, a la vez, pasen inadvertidas a cuantos pueden recurrir de nuevo al Tribunal Constitucional»
Juan Carlos Girauta ABC 29 Febrero 2020

La mesa de la vergüenza es una sinécdoque mendaz que llama «Cataluña» a dos partidos. Presenta como igual lo desigual con ridícula solemnidad y nos cuela un diálogo Cataluña-España, torpe modalidad de onanismo nacionalista. También suplanta a dos parlamentos y ocasiona un agravio comparativo a las autonomías sanas.

Es un timo de trileros que escamotean la sota o entrecruzan aprisa cubiletes para que perderemos de vista la bolita. El primer partido del Parlament no está presente y, lo que es más importante, jamás lo estaría pues su especialidad es detectar sinécdoques, asimetrías, ridiculeces, onanismos, suplantaciones y timos nacionalistas, empezando por los del PSC, que tiene en la mesa a Salvador Illa.

Este licenciado en Filosofía (según «La Vanguardia», y a confirmar) que sermonea sobre el coronavirus ha pasado de Societat Civil Catalana a sentarse a los dos lados de la mesa de la vergüenza. Como Pablo Iglesias y Manuel Castells son favorables al derecho de autodeterminación, sumen a otros dos miembros del Gobierno español a ese diálogo consigo mismos. En cuanto a Ábalos, está y no está, cual holograma. El verdadero Ábalos quedó atrapado en el bucle de La invención de Morel, de Bioy Casares; él interpreta el papel del Fugitivo y Delcy el de Faustine. En cuanto a Carolina Darias, no pinta nada, pero a la responsable de Política Territorial había que invitarla a la timba. Resumiendo, quienes de verdad se juegan España son Sánchez, Calvo y Montero. Qué tranquilidad.

El elenco sedente en el lado que capitaliza el golpe es desconcertante. Lo mejor de cada casa. Una mezcla de racismo, monomanía y estulticia. Si la una tiene serias dificultades con el castellano, la otra es alérgica al Derecho y nos advierte de que la «seguridad jurídica» no guarda relación con la Constitución. Si el uno está procesado por varios delitos y llevaba encima todo el plan del golpe en una Moleskine, el otro está inhabilitado y ve baches en la cadena de ADN de los constitucionalistas catalanes. A este en concreto le está dando Sánchez tratamiento de jefe de Estado a la sombra un Tàpies. Arte povera, política paupérrima.

El lado salvaje de la mesa es de ideas fijas, autodeterminación y amnistía, y acoge tres bandos. El primero, ERC, tiene agarrado al Gobierno Sánchez por las partes blandas. El segundo es el del sonrosado Torra. El tercero es de obediencia puigdemoníaca.

En la primera timba, filtrada de inmediato por los separatas, Calvo ha ofrecido librar de la Justicia a los condenados y a los huidos. Qué ingenua, dirá alguno sabiendo que the wild side va a piñón. Pero no hay ingenuidad en una oferta que implica atribuirse competencias de otros poderes del Estado. Y el problema es que carta en la mesa, presa. De momento, ese regalo pueden darlo por descontado. Si no se ha levantado mayor escándalo es porque se asume con naturalidad que la Justicia la controla Sánchez. Injusto, sí, pero lo de Delgado tiene consecuencias, como las tendrá la actitud que adopte el tercer poder ante la lenidad penitenciaria de la Generalidad para con los suyos.

Además de esas peladillas que los independentistas se han guardado en el bolsillo, ¿qué van a ofrecerles? O mejor, ¿qué pueden ofrecerles? Nada de lo que quieren. Vaticinio: si se sacan de la manga un referéndum de autodeterminación que no está en el mazo oficial, no se romperá la nación sino la baraja de Heraclio Fournier Sánchez, por falsa. Si tiran por la amnistía, de muy dudosa constitucionalidad, los sediciosos no tendrán ni antecedentes. Habrán doblegado al Estado, y pedirán más.

Sánchez es partidario de devolver a la legalidad las partes del Estatuto catalán que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional. Con «fórmulas imaginativa», aclaran los socialistas. De nuevo, no sé qué es más raro: que se presente tal posibilidad como viable o que a tanta gente le parezca de lo más normal. Queridos, no es tan difícil; el intérprete supremo de la Constitución ya se pronunció. Ya sabemos lo que es y lo que no es constitucional de entre aquella ensaladilla de postulados pretenciosos con que el PSC demostró ser más nacionalista que CiU. Lo que era inconstitucional lo seguirá siendo. Uno espera con curiosidad morbosa las imaginativas fórmulas que han de disfrazar las inconstitucionalidades de modo que satisfagan a los separatistas y, a la vez, pasen inadvertidas a cuantos pueden recurrir de nuevo al Tribunal Constitucional.

España está perdiendo calidad democrática a chorros al otorgar privilegios formales y materiales a unos traidorzuelos, al someterse a un preso. Que el gobierno haya aceptado la expresión «conflicto político» para referirse a la canallada que unos cometieron contra todos en septiembre y octubre de 2017, y para las consecuencias de aquel golpe, es una derrota autoinfligida. Sánchez no lo nota, o no le importa, porque esa claudicación crucial con el lenguaje le garantiza a Narciso otro chute de nada.

Además, dada la naturaleza del monstruo que alimentan, podemos dar por seguro que lo volverán a hacer, tal como anuncian. Una vez frustrados, los separatistas volverán a derogar la Constitución en Cataluña, volverán a violar los derechos de muchos diputados, primero, y luego los de todos los catalanes que aún se quieren españoles. Volverán a prostituir el acto de votar usando sus cubitos de basura con ranura y su censo ful. Volverán a contarle al mundo que ellos son Cataluña, un pueblo sojuzgado que suplica la ayuda de alguien, de quien sea, de Rusia, de la China.

Si para entonces hay un presidente decente, también volverá a detenerse el golpe con el 155. Pero ahora sabemos más. Sabemos que la única manera de salvar el Estado democrático de Derecho en España pasa por intervenir durante varios años las finanzas, la educación, la Policía y los medios de comunicación de la Generalidad. Tras la etapa correctora, tomaría unos cinco lustros disolver el odio inoculado por los aparatos de Pujol, de Maragall, de Montilla, de Mas, de Puigdemont y de Torra. Piensen que donde nosotros decimos, jugando a los naipes, «carta en la mesa, presa» (o pesa), el catalán, más belicoso, dice «carta a terra fa guerra».

Una purga miserable
OKDIARIO 29 Febrero 2020

Los golpistas marcan a los profesionales de la Administración del Estado que se mantuvieron firmes en la defensa del Estado de Derecho y contribuyeron con su trabajo a probar la subversión del orden constitucional y la malversación de fondos de los sediciosos en el 1-O. Ahora le ha tocado el turno a Carmen Tejera, la abogada del Estado del Ministerio de Hacienda cuyo testimonio pericial en el juicio contra el golpe separatista fue decisivo para probar el delito de malversación. Ha sido cesada -qué sarcasmo- el mismo día que Pedro Sánchez rendía pleitesía en La Moncloa al delincuente Quim Torra. La cabeza de Carmen Tejera, profesional de intachable trayectoria, fue pedida por los separatistas de ERC y Pedro Sánchez se la entregado sin reparo alguno. Una vergüenza y una indignidad que provoca bochorno. Funcionarios del más alto nivel purgados a petición de un puñado de golpistas. No cabe mayor vesania ni más ignominia.

La suerte que ha corrido Carmen Tejera no es distinta de la que han corrido otros prestigiosos profesionales de la administración del Estado como Edmundo Bal, jefe de Penal de la Abogacía del Estado, destituido por negarse a rebajar la consideración penal de los delitos perpetrados el 1-O, o María José Segarra, fiscal general del Estado que se mantuvo firme pese a las presiones del Ejecutivo y que fue cesada al frente del Ministerio Público. En su lugar, Sánchez ha colocado a la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, un nombramiento con el que busca asegurarse la connivencia en su estrategia de desjudicialización del procés, que no es otra cosa que la cesión a los separatistas por la vía de controlar a la Fiscalía, órgano que hasta ahora se había erigido en guardián y garante de la ley y del Estado de Derecho.

El golpismo ordena y Pedro Sánchez ejecuta a los altos funcionarios que contribuyeron a llevar a los separatistas a prisión. Está es la tragedia de España. Que quienes defendieron la legalidad al servicio de los intereses generales de la nación han sido purgados para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno de España.

Este espía no es un topo
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 29 Febrero 2020

Es una verdad como la copa de un pino que si Cataluña se independizara de España, el nuevo país emergente quedaría automáticamente desconectado de la Unión Europea y debería iniciar una larga y difícil negociación si quisiera volver a ingresar en ella. Ni los más contumaces partidarios de la secesión han podido aportar un solo argumento para eludir los efectos de esta cláusula inapelable de la legislación europea.

Política aberrante
Lo sobrecogedor es que el felón Pedro Sánchez ha puesto en marcha una política aberrante que empuja premeditadamente a toda España, y no solo a una región autoinmolada, hacia la ruptura irreparable con la Unión Europea.

La concertación de un pacto de cogobierno con un partido como Unidas Podemos, de matriz leninista, hostil a los valores de la civilización occidental, anclado en los rencores de la guerra incivil y compinchado con los retrógrados identitarios, solo puede desembocar en la salida de la Unión Europea, donde no hay espacio para las puntas de lanza del Leviatán totalitario.

¿Paranoia? Como sentenció el novelista Kurt Vonnegut, esta es una época ideal para confirmar las manías de los paranoicos que creen estar acechados por potencias malignas, pues en realidad lo están. Rusos, chinos, islamistas y regímenes populistas de izquierda y de derecha afilan los dientes, porque ven a España como un boccato di cardinale tentador, donde el inquilino de la Moncloa reniega de todas sus lealtades para atornillarse a la poltrona, y ofrece sus servicios al mejor postor.

La llave del gallinero
Se destapa la caja de Pandora: "El vicepresidente Pablo Iglesias estará en la comisión delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que supervisa los objetivos y actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia" (LV, 23/2). Esta noticia tiene que haber hecho saltar todas las alarmas en los altos mandos de la OTAN, con los ecos consiguientes en la UE. Es la primera vez que un comunista impenitente tiene acceso, a cara descubierta y con credencial oficial, a los secretos del aparato de espionaje y seguridad de un país miembro de la Alianza Atlántica.

Hasta ahora este tipo de tareas las practicaban clandestinamente los espías del bando enemigo que conseguían infiltrarse como topos en los puestos clave al cabo de muchos años de trabajo de zapa, como en las novelas de John le Carré. Este espía no es un topo. Hoy el doctor Sánchez le entrega la llave del gallinero al zorro más voraz de la manada. Los documentos que conciernen a la defensa de la monarquía parlamentaria y de la integridad de España, así como de los valores de la civilización europea, estarán en manos del testaferro predilecto de antiespañoles acérrimos como Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, los ayatolás iraníes y los jerarcas de las dictaduras latinoamericanas. Es como colocar a Julian Assange al frente de la CIA… algo que también podría hacer, si por desgracia llegara a la presidencia de Estados Unidos, el desquiciado socialista Bernie Sanders, gemelo de nuestro Sánchez.

Mensajeros del odio
Los comunistas continúan siendo, como en tiempos de Stalin, los introductores de los mensajeros del odio en la sociedad abierta. Provocaron un escándalo con la visita nocturna de la dictadorzuela venezolana Delcy Rodríguez, pero la invasión sigue por carriles más discretos. Han salido a luz algunos pormenores sobre estos enjuagues, que tuvieron como maestro de ceremonias a Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y diputado en el Congreso por Unidas Podemos, en cuyo currículo sobresale su papel como asesor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante las conversaciones de paz en La Habana (Luca Costantini, "Cuba, FARC, México y Nicaragua: un mes de política exterior `paralela´ de Podemos", Vozpópuli, 23/2).

Cuenta Costantini que después de que Pablo Iglesias se entrevistara con Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario de Exteriores del gobierno chavista de México, Santiago recibió en el Congreso al exguerrillero de las FARC Pastor Alape, actual dirigente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (nuevamente la sigla FARC), para conversar sobre el programa de esta organización colombiana equiparable a Bildu. También recibió al secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte, del que se despidió con un mensaje contra Estados Unidos rematado por la consigna castrista "¡Cuba resiste!" Y no podía faltar en la agenda de visitas Paul Oquist, que ostenta el título rimbombante de ministro Secretario Privado para Políticas Nacionales del sátrapa nicaragüense Daniel Ortega. En conjunto, un muestrario espeluznante de violadores de los derechos humanos intercambiando favores con la hez bolchevique de la nomenklatura española.

Lista de sospechosos
Ni la OTAN ni la UE pueden acoger en su seno a este gobierno, presidido por un entreguista que cuela en el puente de mando de la red de espionaje y contraespionaje defensora del Estado de Derecho a quien debería figurar a la cabeza de la lista de sospechosos, por sus vínculos desvergonzados con el pasado leninista internacional y con el presente sedicioso catalán, chavista latinoamericano y fundamentalista iraní.

Adiós OTAN, adiós. Adiós Europa, adiós.

Los martillazos de Sánchez a la ley para darle a Junqueras lo que exige e impone
Antonio Martín Beaumont esdiario 29 Febrero 2020

El lider socialista está dispuesto a todo: primero alcanza acuerdos de supervivencia, a cualquier precio, y después intenta encajarlos en la ley. O la cambia.

El Gobierno diviniza el “diálogo”. Pedro Sánchez no se lo quita de la boca, como si así desvaneciese la ventaja que concede a la narrativa del independentismo, deseoso de comprobar hasta dónde llegarán los socialistas cuando les planteen la autodeterminación y la amnistía.

El presidente puede despejar cuantos balones quiera hacia delante, pero el coste es elevado: los paños calientes suponen un deterioro institucional del Estado que ya veremos si tiene camino de retorno. Eso sí, cualquier reproche enseguida se tapona con “diálogo”.

Desde luego, después de tanta deslealtad acumulada en nombre de un sujeto popular inexistente, Quim Torra en ningún caso merecía la recompensa que le ha concedido el líder del PSOE, con publirreportaje incluido en La Moncloa para gloria y júbilo del cursi “reencuentro”. La concesión de un estatus propio de un jefe de Estado fue un triunfo propagandístico de los secesionistas doloroso para millones de españoles que se sienten defraudados.

Delgado y la “amnistía” al “procés”: así se las gasta el ofuscado Sánchez

Mientras, las expectativas en el entorno presidencial van cumpliéndose. Lo importante es ir tirando. Atar a los separatistas a la mesa con sus citas mensuales es la clave. Permite asegurarse sumar mayorías en la Carrera de San Jerónimo. Por más que la factura que se irá acumulando parezca que nadie del Gobierno la desee contemplar.

De momento, ante quienes sólo aspiran a la voladura del Estado, Sánchez ya se ha visto obligado a interiorizar que hay un “conflicto político” en Cataluña y a proscribir la Constitución en pos de la denominada “seguridad jurídica”.

Todo un presidente y sus ministros lanzados a la búsqueda de “fórmulas imaginativas” que permitan dar una salida a una negociación que es un sinsentido. Ya la mesa negociadora en sí misma niega la Constitución española y los valores que la impregnan.

ERC y los Presupuestos
Pedro Sánchez está decidido a llegar a acuerdos primero para luego buscarles encaje legal. Si debe hacerlo a martillazos con la legalidad, lo hará. “Deben dejarse atrás los maximalismos”, repite su círculo.

Lo cual no evitó que Torra desplegase delante del presidente sus exigencias y renegase de hablar de una revisión del Estatut o del autogobierno. No hay punto medio para el secesionismo. El Gobierno ha podido deleitarse en las últimas horas con la gasolina de ver aprobado el techo de gasto. Pero, mucho me temo que regalarle al socialismo la aprobación de los Presupuestos antes de las elecciones en Cataluña es algo que ERC no contempla.

Miquel Giménez: “El independentismo es la estafa piramidal más grande de la historia”
El columnista y colaborador de 'Vozpopuli' publica el libro ‘PSC: Historia de una traición. La gran estafa a los votantes de izquierdas’ (Deusto)
Karina Sainz Borgo vozpopuli.es 29 Febrero 2020

El periodista y escritor barcelonés Miquel Giménez es uno de los analistas políticos más mordaces cuando de hablar del procés se trata. La prueba son sus afiladas columnas en Vozpopuli o su disección del asunto en La Sexta y Cope. En los próximos días, Giménez publica PSC: Historia de una traición. La gran estafa a los votantes de izquierdas (Deusto). Según sus editores, la crónica definitiva de cómo el socialismo catalán se entregó al nacionalismo.

Escrito con humor y una prosa culta, pero en absoluto pedante, Giménez presenta un libro a mitad de camino entre las memorias y el análisis. Narra en primera persona sus años en el Partido Socialista Catalán junto a Pasqual Maragall, Raimon Obiols, Miquel Iceta o Narcís Serra. Aunque ingenuo y cándido veinteañero entonces, el periodista quedó sorprendido no sólo por el desorden, sino también por el desdén con que se hacía referencia al PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, así como la guerra de egos y la extraña mezcla ideológica de comunismo y nacionalismo.

“Parecía, ya entonces, que todo el mundo era un rival, con la salvedad de la Convergència de Jordi Pujol, a la que había que dejar hacer”, escribe. A partir de esa semilla nacionalista de los socialistas catalanes, Miquel Giménez narra la evolución de un partido que, desde el inicio del periodo democrático, albergó en su interior una pulsión clara. “El PSC no quería sustituir al pujolismo, sólo modernizarlo”, asegura en esta entrevista concedida a Vozpopuli.

¿El Partido Socialista Catalán es traidor o colaboracionista?
Ambas cosas. Es colaboracionista, porque ha sido muy necesario para que el nacionalismo haya hecho todo lo que ha hecho, y es traidor con su votante, porque les ha prometido cosas que no ha cumplido. El PSC es publicidad engañosa. Se ha pasado la vida diciéndole a la gente que era un partido de izquierdas y que hacía oposición al nacionalismo, pero todos los dirigentes del PSC eran los niños de la burguesía catalana. El votante castellanoparlante se lo creía con una buena fe digna del carbonero. Eso es traición. Y colaboracionismo también, porque están gobernando en 40 municipios con independentistas.

Su libro mezcla memorias, análisis y disección sociológica de primera mano. El retrato del socialismo catalán que hace es el de una casa de egos.
El mundo del socialismo es el Leviatán de Hobbes: el hombre está en guerra contra el hombre perpetuamente. El día en que los socialistas catalanes dejen de matarse entre ellos se extinguirán como los dinosaurios. No hay un propósito ideológico, Esto parece una de las comedias malas del siglo XIX en las que mueren todos menos el apuntador. Los del PSC dependen del PSOE para subsistir, pero nunca tuvo recursos propios. Se han renegando del que les daba de comer.

Dedica un capítulo entero a contestar la pregunta sobre si el PSC es socialismo o nacionalismo. ¿Qué sacó en claro?
Es nacionalismo por encima de cualquier otra cuestión. Lo que intento plantear es lo siguiente: todos los seres humanos somos iguales. Todos nacemos de la misma manera, todos nos vamos a morir. Lo demás son accidentes y diferencias. Una ideología que se reclame de izquierda tiene que partir de ese principio, que todos somos iguales. Cuando dices ‘soy catalán y yo soy diferente’ porque estás convirtiendo un accidente en un atributo. Eso contradice esa lógica.

Dice que el PSC , en lugar de sustituir el pujolismo pretendió modernizarlo.
Esa es una jugada muy buena de la burguesía catalana… Ese grupo de Maragall o Narcís Serra se forma con protectores del franquismo. Por eso explico que Maragall es el pujolismo 2.0, porque dice todo esto que decían ellos: ‘somos diferentes, somos la hostia, pero le voy a poner un logotipo moderno, redes sociales, internet’. La tesis del federalismo asimétrico, cobrar más. Ese es el asunto, la burguesía catalana y las élites quieren ser independientes pero pagando los demás. El independentismo catalán es la estafa piramidal más grande de la historia de la humanidad.

¿Entre el Zapatero del Estatuto y el Sánchez de la Mesa, cuál ha sido peor?
¡Sánchez!, por supuesto. Zapatero es una lacra porque, de entrada, su actitud en Venezuela es de juzgado de guardia. No puedes blanquer a un régimen narcodictatorial. Es criminal y más si te reclamas de izquierda. Sánchez, sin embargo, es peor, porque es más tonto que Zapatero. Parecía increíble, pero lo ha superado. Es muy tonto y muy ególatra. No hay nada peor que un hombre alto y guapo.

¿Lo ve capaz de atreverse a tocar la ley para ceder ante el independentismo? Por la vía del relato, por ejemplo, ha calificado como conflicto algo que no lo es.
Sánchez aún no ha tocado la ley, pero es como decía Romanones: «ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento». Sánchez, además, ha empezado la batalla del lenguaje. La palabra conflicto, negociar… pero él no está negociando con el conjunto del pueblo sino con separatistas. La mesa de dialogo es una cámara parlamentaria. Zapatero no utilizó la estrategia del lenguaje y eso es más peligroso todavía. Hoy cualquier periodista dice el problema catalán, ¡no!, es el problema de los separatistas.

¿Qué le parece la mesa en Moncloa? ¿Le sobra una pata, le falta otra?
Es una mesa camilla de esas tan bonitas para jugar al bridge. A mí francamente me parece una escenificación. Se trataba en este caso de contentar. Esta mesa a petición de Esquerra es para salvar la cara a la neo convergencia. Se vio. Además, eso es algo como ‘nos vamos a poner de acuerdo, para reunirnos, para decirnos que no estamos de acuerdo’.

¿Está listo el tripartido en Cataluña?
Lo doy por hecho y por requetehecho. Y todas las acciones políticas lo indican, especialmente con los socialistas. Hay un cambio de ciclo en Cataluña muy lampedusiano, la razón social Pujol e hijos va a cerrar, el chiringuito se lo quiere quedar Esquerra y con la ayuda de los podemitas está más que hecho. Esto ya se está llevando a cabo y si Sánchez continúa es porque Esquerra apoyará los prepuesto el tripartito per jure

¿Y el referéndum?
Habrá consulta pero no independencia, porque viven muy bien extorsionando al Estado. La separación es imposible, la propia burguesía catalana sabe esto.

Manuel Valls queda muy mal parado en su libro, lo deja en los huesos.
Sí, total y absolutamente. En momento determinado Valls representó la esperanza de que se podía plantar cara, pero a la vista de los resultados, Ciudadanos se equivocó con Valls, y Rivera lo admitió. Fue el peor error que cometió en su vida política y es cierto. Valls se compara con De Gaulle y se piensa un geoestadista. Que me vengan a reñir con el dedo levantado, en modo ‘qué tontitos son los españoles', me toca un poco los cojones.

¿Si el PSC es un partido traidor, qué es Ciudadanos? Ellos también traicionaron a sus votantes abandonando Cataluña.
Me duele muchísimo porque Ciudadanos nace para plantar cara al separatismo. No creo que Ciudadanos tenga que estar buscando alcalde para Bohadilla del Monte. Ciudadanos no se pensó como un partido nacional sino para hacer contención al pujolismo. Muchísima gente dejó de votar al PSC para votar a Ciudadanos. Y al final se han ido a Madrid a hacer un proyecto que ha acabado mal. Todo esto crea una sensación de engaño. Lo siento mucho porque tengo muy buenos amigos, pero lo que no puedes hacer es ganar unas elecciones autonómicas y luego mirar a qué hora sale el AVE a Madrid.

¿Cuál es la naturaleza de la calle del independentismo? ¿Cuál es la dinámica del Tsunami?
Estos movimientos jamás surgieron de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Todo esto ha sido instrumentalizado por los propios actores políticos del separatismo y como ahora es un momento de pacto, a ver si sacamos algo más, el tsunami, que ocupó el aeropuerto del Prat, ha parado. Políticos pactando entre ellos y queda un problema de orden público. Por ejemplo, el desorden en la calle la Meridiana. Sin embargo, el grueso de las acciones se ha acortado porque los papas convergentes le han dicho a sus niños ‘vengan a casa a cenar’.

Se refiere al PSC como un Gulag intelectual. ¿No exagera usted?
Yo me di cuenta de esto cuando Miquel Iceta me dijo, un día en su despacho, muy serio: ‘Yo nunca me podría fiar de ti’. Me quedé sorprendido, porque éramos amigos. Entonces le pregunté por qué no se fiaba de mí. ‘Porque tienes criterio propio’. Me dejó impactado y quizá no percibí toda la intensidad que tenía ese comentario. Quien te dice esto es un socialista. Como dice Pérez Reverte, que las personas se dividen entre las que tienen bibliotecas y las que no.

Miquel Iceta de cerril tiene más bien poco.
Iceta es el político más culto que ha dado la política catalana en los últimos 80 años. Por eso es tan peligroso. Es el Moriarty catalán.

¿Cómo vive usted en Barcelona siendo un acérrimo crítico del independentismo?
Me han llegado a decir ‘te vamos a pegar dos tiros’. Sí, es muy incómodo, desagradable y demuestra hasta qué punto Cataluña es un régimen totalitario. Aquello de que los judíos no pueden caminar por determinadas calles. El hombre que me amenazó cuando paseaba con mi mujer me reprochó que me paseara por Barcelona. Pero cómo no voy a poder, si nací aquí. Lo que le molestaba en verdad era verme. Cuando llegas a odiar tanto que no puedes verlo. De ahí a Auschwitz hay muy poco.

Una generación entera ha crecido y otra crecerá en ese discurso. Muchos jóvenes han hecho de ese discurso una bandera.

La crisis engendró una parte del independentismo, pero entre los chicos jóvenes el concepto España ya no existe. Son 40 años de adoctrinamiento en las escuelas. El peso de TV3 ha sido importantísimo: el monotema, los monocolaboradores y en cualquier programa aunque sea para hablar de las pinzas de la ropa, te sacan la independencia. Estos chicos de ahora son los que llevarán a cabo lo que sus papás y sus mamás quieren. Siempre, eso sí, que no los llamen a cenar.

Gobierno socialcomunista
Los separatistas señalan y Sánchez purga a las 3 personas clave en la acusación del 1-O
Edmundo Bal, el ex jefe penal de la Abogacía del Estado; la ex Fiscal General del Estado, María José Segarra; y, la abogada del Estado en Hacienda que acreditó la malversación del 'procés' han sido fulminados de sus cargos.
Sánchez destituyó el día de la Mesa con Torra a la abogada del Estado que probó la malversación del 1-O
María Jamardo okdiario 29 Febrero 2020

Para el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez las exigencias de los separatistas catalanes son más fuertes que el mérito profesional y el cumplimiento de la ley. Ninguna de las tres principales figuras que defendieron al Estado español frente a los golpistas desde sus diferentes puestos al frente de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda continúa ya en el cargo que ocupaban durante el desafío independentista del aciago otoño de 2017 en Cataluña.

El jefe de los letrados públicos en asuntos penales, Edmundo Bal; la Fiscal General del Estado, María José Segarra; y, la abogada del Estado en Hacienda que acreditó la malversación de los líderes del ‘procés’ para la celebración del referendum ilegal del 1-O, Carmen Tejera, han sido fulminados de sus responsabilidades bajo la presidencia de Sánchez.

Edmundo Bal
El jefe de Penal de la Abogacía del Estado durante el juicio contra los artífices del 1-O, Edmundo Bal, fue cesado oficialmente por una «pérdida de confianza» en su labor. En 2018, el Gobierno decidía destituirle para situarlo en el área de lo contencioso-administrativo de los letrados públicos, en la que se pueden imponer multas pero no pedir prisión.

Bal accedió en 2002 al puesto de abogado del Estado-jefe del Departamento de Penal, donde fue responsable de durísimos escritos de acusación como los del caso Gürtel, donde sus peticiones de condena fueron más severas que las de la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, fulminaba a Edmundo Bal como jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación pública en la causa contra Oriol Junqueras y el resto de los golpistas de la Generalitat, por una evidente diferencia de criterios respecto al juicio del ‘procés’.

Mientras Edmundo Bal era partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar a los golpistas de la Generalitat como autores de un delito de rebelión, la abogada general del Estado Consuelo Castro impuso un cambio de criterio, orientado desde el Ministerio de Justicia en manos de Dolores Delgado, para acusar a los procesados sólo por sedición y malversación. Una tesis que se tradujo en una sensible rebaja de las penas para los golpistas.

La negativa de Edmundo Bal a firmar y defender el planteamiento del Gobierno, le costó el puesto.

María José Segarra
La predecesora de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, era el objetivo definido por Podemos y ERC el pasado mes de noviembre, en plena conformación del Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias, para aumentar el control del Ejecutivo sobre una de las instituciones clave en la defensa de la legalidad del Estado.

Los republicanos catalanes, con el apoyo de la formación de Pablo Iglesias, pedían castigar a la fiscal general del Estado durante el juicio del ‘procés’. Si bien la titular del Ministerio Público no actuó directamente durante la causa celebrada en el Tribunal Supremo, sí respaldó permanentemente a los cuatro fiscales -Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno- que durante todo el proceso judicial mantuvieron la acusación a los golpistas por el delito de rebelión.

Sánchez accedía a apartar a Segarra del cargo, para sustituirla en una designación polémica por la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, a instancias de Podemos. Los de Pablo Iglesias querían contentar a los separatistas y provocar un cambio de criterio en la Fiscalía del Estado previa entrada de un perfil más alineado con su concepción de la situación catalana. Los independentistas, por su parte, buscaban vengarse de Segarra que, pese a proceder de planteamientos progresistas, permitió trabajar a los fiscales del Supremo con independencia y autonomía.

Podemos y ERC unían fuerzas para que tras la llegada del nuevo Gobierno se consumase la salida de la sevillana María José Segarra del Ministerio Público. Ya lo han logrado.

Carmen Tejera
Carmen Tejera tiene un currículum intachable: 17 años en el cargo, múltiples distinciones y el respeto absoluto de sus compañeros. De nada le ha servido. En el gesto más reciente de Sánchez para ganarse el favor de Torra y el resto de los separatistas catalanes, el presidente del Gobierno ha ordenado su cese como Abogada del Estado del Ministerio de Hacienda.

El mismo día de la reunión de la Mesa de negociación bilateral entre Sánchez y Torra, celebrada en La Moncloa, ERC pedía expresamente la cabeza de Tejera cuyo testimonio pericial en el juicio del ‘procés’ celebrado en el Supremo fue decisivo para probar la malversación de los golpistas. JxCAT se sumó a su linchamiento a través de Josep María Jové, procesado por el 1-O en el TSJC, segundo de Junqueras al frente de la vicepresidencia del Govern y responsable económico de la Generalitat de Puigdemont.

Los separatistas no perdonan a la técnico de Hacienda su papel en la investigación el desvío de fondos públicos de la Generalitat para la celebración del referendum ilegal del 1-O ni su declaración como experta ante el tribunal presidido por Marchena, que fue decisiva para probarla.

 


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