AGLI Recortes de Prensa   Viernes 6  Marzo  2020

La pólvora del rey
Agustín García okdiario 6 Marzo 2020

Allá por los siglos XVI y XVII los arcabuceros de los tercios españoles tenían que afinar mucho su puntería, pues no podían permitirse el lujo de desperdiciar una pólvora que debían adquirir con el dinero de su bolsillo. No era así cuando, en asedios y otras ocasiones especiales, podía conseguirse el explosivo de los almacenes o polvorines de artillería de los reyes. Esa era la famosa “pólvora del rey” con la que se disparaba más alegremente, pues no mermaba la paga recibida.

De ahí viene aquello de “disparar con pólvora del rey” una expresión con la que nos referimos al gasto alegre y descuidado del dinero público; ese que, según Carmen Calvo, “no es de nadie” y para el que estos días, tras la fijación del techo de gasto en el Congreso, nuestros políticos empiezan a pensar qué impuestos nos van a subir.

Y para que todos compartamos la alegría que da el gastar y no nos dé por pensar, nuestro gobierno y sus economistas y tertulianos de cabecera nos insistirán en las dos falacias que siempre acompañan al gasto público: que cuanto más mejor y que es para fines sociales.

Milton Friedman explicaba que existen cuatro formas de gastar: se puede gastar el dinero propio en uno mismo, el dinero propio en un tercero, el dinero de un tercero en uno mismo y el de un tercero en un tercero. ¿Cuál cree que es la más eficiente?

Está claro. Es de la primera forma como mejor se satisfacen los deseos personales y se ajusta la relación calidad/precio. En la segunda puede aparecer alguna ineficiencia, ya que el gastador puede equivocarse al comprar un regalo a un tercero o derrochamos y consumimos peor cuando el que paga es otro. Pero, sin duda, las más ineficientes son las dos últimas, justo las que emplean los gobiernos cuando disparan con pólvora del rey, recaudando nuestro dinero para gastarlo en uno mismo o en un tercero.

Fichar como asesores o responsables públicos a amiguetes o camaradas de partido cuyo curriculum cabe en un post-it, subvencionar chiringuitos inútiles o favorecer a determinados colectivos para conseguir votos son ejemplos de cómo el Gobierno malgasta dinero de terceros (los contribuyentes) en uno mismo. Como cuando un Gobierno aprueba cuantiosas transferencias a otro Gobierno autonómico para que este le mantenga, cuando el interés general demandaría destinar esas partidas a otras cuestiones. ¿Les suena? O como cuando aumentan las subvenciones a los sindicatos para que no molesten con sus manifestaciones. ¿No es eso usar el dinero de terceros en beneficio propio?

Por ello, no siempre más gasto público es mejor, dependerá de para qué. Entonces se activa la segunda falacia y nos dicen que la cuarta forma de gastar que criticaba el nobel de economía es buena porque la mayor parte es “gasto social”, que es para construir escuelas y hospitales, justifican en las autonomías. Es entonces cuando me parto la caja.

Y es que, bajo el paraguas de gasto social cabe todo: nóminas, alquileres, publicidad institucional y resto de gasto corriente y de servicios empleado para producir los servicios. Y claro, como “es para escuelas y hospitales”, no se debate si hay otras formas más eficientes de prestar esos servicios, como sí se lo han planteado en numerosos países, que tanto nos gusta poner de ejemplo, países donde los gobiernos tienden a gobernar y las sociedades a remar.

Aquí a nuestros gobiernos les gusta llevar el timón pero también remar, dejando poco espacio a la colaboración público privada. Así, cualquier cosa que suponga dejar la decisión o la gestión a los destinatarios o fuera del sector público es rápidamente censurada. Ya preparan, por ejemplo, nuevos ataques a la concertada y se empieza a cuestionar el modelo de MUFACE. Aunque sea más caro preferimos aquello de «Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado» que diría Mussolini. Eso sí que es Fascismo.

Así se llega a que más de la mitad del gasto público productivo español corresponde a retribuciones a empleados públicos, pero como es para fines sociales no se puede criticar. En otros países, como Alemania, apenas es el 35%, ya que se externaliza más la producción pública mediante diversas modalidades de cooperación público-privada. España dedica a estas adquisiciones cerca de un 40% del gasto productivo público, mientras que el Reino Unido supera el 50% y en Alemania se acerca al 60%. No olvidemos que lo importante no es cuánto se gasta sino cómo se gasta, pero cuando dices esto te acusan de querer desmantelar el Estado de Bienestar.

Mucho ha cambiado desde que los arcabuceros de nuestros tercios se jugaban la vida por el Imperio. Hoy nuestros políticos no se la juegan, sino que se la aseguran con unas pensiones, a veces más generosas que merecidas. Y, a tenor de lo votado, la política económica y social española prefiere a Carmen Calvo o a Mussolini antes que a Milton Friedman.

Pues nada, a gastar con alegría. Ya serán los ciclos económicos los aguafiestas que nos enseñen, de nuevo, que no es la austeridad sino el despilfarro, lo que aumenta los negativos efectos de las crisis. Mientras tanto, disfruten de lo votado.

Podemos también es la oposición
Editorial El Mundo 6 Marzo 2020

Será difícil que la coalición presidida por Sánchez recupere la coherencia y la credibilidad asociada a ella mientras Podemos, bien por sectarismo o bien por bisoñez, continúe yendo por libre en nombre del Gobierno de España. En las últimas semanas hemos asistido al choque entre Luis Planas y Pablo Iglesias a cuenta de la protesta del sector agrario; después al enfrentamiento entre Irene Montero y Carmen Calvo por abanderar el feminismo gubernamental; y ayer mismo Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, hubo de ser desautorizada por Moncloa -mientras Pablo Iglesias se apresuraba a elogiar su "gran trabajo"- a causa de la irresponsable guía para empresas difundida por Trabajo sin previo consenso no ya con los agentes sociales, sino ni siquiera con el Ministerio de Sanidad. El efecto de semejante documento con sello oficial sobre la economía no fue calculado por una ministra que delata así su bochornoso amateurismo. La epidemia de coronavirus ya es bastante seria de por sí como para que la insolvencia de un aliado que quitaba el sueño al propio Sánchez termine agravando sus consecuencias y empañando el buen trabajo del portavoz Fernando Simón.

La opinión pública sigue esperando conocer el anteproyecto de la ley Montero que se aprobó el martes. Un texto cuyo borrador inicial presentaba una contraproducente tipificación que, de aprobarse, habría provocado la rebaja de las penas de agresores sexuales ya condenados como los de La Manada, sin ir más lejos. Nos preguntamos a qué "machotes" imputaría entonces Echenique la revisión a la baja de las condenas de decenas de violadores gracias a una ley de Podemos.

Se diría que en Moncloa habita a la vez el Gobierno y su oposición. El afán algo desesperado por marcar perfil propio de Iglesias -abucheado como "vendeobreros" por las mismas bases radicales universitarias de las que él emergió- obedece a su miedo a la fagocitación por parte del PSOE. El miedo a resultar indistinguible a ojos de su electorado. En breve deberá afrontar el líder morado un congreso orgánico en el que terminará de laminar los últimos vestigios de regeneración y pluralismo, rotos ya los lazos con los anticapitalistas y hasta los topes salariales internos. La primera prueba de su consistencia electoral tras consumar su transformación en casta serán las inminentes citas en Galicia y el País Vasco.

Pero sería un error dividir el Consejo de Ministros en buenos y malos, como lo sería exonerar a Sánchez de su personalísima responsabilidad en las disfunciones previsibles que lastran su Gobierno. Si pensaba que Podemos quedaría diluido entre los ministros socialistas sin oponer la clase de resistencia populista que estamos viendo, ya sabe lo que le espera en la legislatura. No es posible meter al populismo en el poder y tenerlo controlado al mismo tiempo. Mezclarse con populistas equivale a volverse populista.

La degeneración de RTVE y EFE
EDITORIAL Libertad Digital 6 Marzo 2020

Que los medios públicos de comunicación están al servicio del Poder es algo que apenas se niega, salvo por los políticos sin escrúpulos y los periodistas con aún menos escrúpulos que viven muy bien a costa de esa corrupción ignominiosa. Sin embargo, como en tantas otras cosas, con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la Moncloa se está agravando la situación, y aquellos han pasado a convertirse en propagandistas furibundos del Gobierno socialcomunista. Ya no es que estén escorados hacia el Poder: es que son sus alabarderos o, si es necesario, sus matones.

Los ejemplos se han multiplicado en los últimos días, y dos de ellos resultan especialmente reseñables. Así, este jueves la agencia EFE publicó un tuit y un teletipo en los que se hacía eco de la teoría Montero sobre el machismo que, según la ministra intoxicadora, habrían de padecer las mujeres en dependencias judiciales o policiales cuando denuncian una agresión sexual.

Por supuesto, ni EFE ni Montero han aportado un solo dato en su descargo. EFE se ha limitado ha borrar el tuit de la infamia, después de que pudiera leerlo todo el mundo de habla hispana, eso sí. Aunque la manipulación y el sectarismo de EFE son habituales –sobre todo en determinados temas muy caros a la izquierda–, nunca se había visto a la agencia pública comportarse de una manera tan rastrera y servil para salvar la cara a un miembro del Gobierno.

Unos días antes había sido RTVE la que tuiteaba al servicio de Podemos y el PSOE sobre "los aspectos más dañinos de la reforma laboral" del PP, como si fuese la cuenta oficial de uno de esos partidos o uno de esos trols que por fanatismo o dinero empuercan las redes sociales. También hubo borrado posterior. Qué bochorno.

Y mientras todo esto ocurre, los periodignos amorrados al caño del Presupuesto que se las daban de héroes cuando gobernaba el PP, así como sus sindicatos que vetaban con infame impunidad a periodistas o analistas ajenos a su mundo mafioso, ahora callan con un silencio atronador, que los retrata como lo que son: fanáticos que no pretenden informar sino adoctrinar o manipular a la opinión pública.

Los que llegaron al poder prometiendo que RTVE serían un dechado de neutralidad y excelencia periodística no sólo han acabado de hundir su ya muy maltrecho prestigio, sino que están arrastrando también por el fango a la agencia EFE. Pero ya no tocan las protestas periodignas, los heroicos y reivindicativos viernes negros. Cuánto farsante inmerecidamente mantenido por un contribuyente también aquí escarnecido.

La guerra de la propaganda
Emilio Campmany Libertad Digital 6 Marzo 2020

Desde el mismo momento en que se inauguró este Ejecutivo, Pablo Iglesias sabía que más temprano que tarde tendría que colgarse el correaje y bajar a pelear con el PSOE en la más importante de las arenas, la de la propaganda. En este mundo donde las más disparatadas sandeces son tomadas en serio, ya no queda sitio para el debate de las ideas y sólo hay espacio para combatir por la imagen. Cuando el doctor Brown de Regreso al futuro vio en 1955 la pequeña cámara de televisión portátil que McFly se trajo de 1985, no le extrañó que el presidente de los Estados Unidos en esta fecha fuera un actor. Hoy, en 2020, es mucho peor y el poder lo ocupa quien tenga el lema más eficaz. Dominic Cummings lo demostró sobradamente con el "Take back control" del referéndum del Brexit y con el "Get Brexit done" gracias al cual Boris Johnson logró la victoria en las últimas elecciones del Reino Unido.

Los de Podemos han decidido poner fin a la luna de miel con el PSOE y han empezado a disparar los primeros cañonazos con su "Sola y borracha". No es lo mejor que se ha visto en mensajes políticos, pero de donde no hay no se puede sacar. Deberían haberle dado más vueltas, pues se enfrentan a Iván Redondo, que no es Cummings pero no es tonto. Si es verdad la mitad de lo que de él se cuenta, debería estar en condiciones de ganarle a Iglesias en la guerra que éste acaba de desatar. Sin embargo, el PSOE rehúye el combate y deja a Iglesias el campo libre. Tan sólo Calvo ha protestado y enseguida la han callado. Ketty Garat contó hace unos días que la estrategia del PSOE es dejar que los ministros de Podemos se sobreexpongan a la opinión pública, esperando que, con el tiempo, el exceso de foco los achicharre. Es posible. De hecho, el texto perpetrado por la ministra cónyuge tiene toda la pinta de ser un dislate jurídico, y el intento de convertirlo en ley podría pasarle factura. Pero para que fuera así haría falta que a las masas de votantes de izquierda cuyo favor se disputan comunistas y socialistas les preocupara la calidad técnica de ésta o de cualquier otra ley.

Evidentemente, el plan de Sánchez es mantenerse tranquilo hasta sacar adelante sus primeros Presupuestos y, una vez publicados, enfrentarse a Iglesias con la gruesa munición que se guarda en el polvorín de la Moncloa. El podemita tendrá entonces que elegir entre soportar las muchas humillaciones que sufrirá o dimitir. Y si dimite, Sánchez gobernará en minoría con sus Presupuestos prorrogados a la espera del mejor momento para convocar elecciones. De ahí la prisa en Podemos por chupar cámara. Deben aprovechar el poco tiempo del que seguramente disponen mientras los socialistas no tengan más remedio que solidarizarse con las sansiroladas que se les ocurran, y mientras Iglesias y su santa atraigan a las cámaras y el PSOE tenga que respaldar al matrimonio, la única guerra que importa, la de la propaganda, la irá perdiendo Sánchez. Pero eso será hasta los Presupuestos. Al día siguiente de aprobarlos, empezará el fuego graneado.

Iglesias asalta el Gobierno
Editorial ABC 6 Marzo 2020

Las notorias discrepancias internas en el Gobierno de Pedro Sánchez no son el reflejo de una mera falta de coordinación entre ministerios, de lo que, además, sería responsable la vicepresidenta Carmen Calvo y el presunto coordinador del Ejecutivo, Iván Redondo, que ha aglutinado tanto poder que parece que no sabe a qué atender. Queda claro que aquella reunión de coordinación en Quintos de Mora no fue más allá de pasar un agradable sábado de enero aparentando que trabajaban. Los enfrentamientos, pues como tal han de calificarse, de Pablo Iglesias y su gabinete personal con ministros socialistas revelan un proceso político endógeno que amenaza con la desaparición ideológica del PSOE en el propio gobierno que preside su secretario general. Desde que comenzó su mandato, el guión político del Ejecutivo está impuesto por Iglesias y sus ministros, que actúan como si fueran los custodios de las esencias ideológicas del pacto de gobierno. La subida del SMI se precipitó al inicio de la legislatura y quedó anotada en el marcador de Iglesias, quien a partir de ahí tomó buena nota de que su hiperactivismo en el seno del gobierno no sólo no estaba encontrando serias resistencias, sino que contaba con el apoyo del tándem Sánchez-Redondo y la consiguiente postergación de Calvo. La situación es tan absurda para el sector socialista del gabinete que hasta la crisis del «Delcygate» pasa factura a un ministro señero del PSOE, y no a los hooligans de Maduro sentados en el Consejo de Ministros.

Resulta llamativa la osadía con la que el sector comunista del Gobierno se permite afear la conducta a dos de los ministros con más talla del ejecutivo, Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo, por asuntos, además, de extraordinaria importancia para la orientación del mandato. Al primero, que manifestó su aquietamiento a la sentencia europea que convalida las «devoluciones en caliente», los forofos de Maduro le dieron lecciones de derechos humanos. Y al segundo, por remitir desde Justicia un informe justificadamente crítico con el anteproyecto de libertad sexual, lo tacharon de «machista frustrado», con la carga de descalificación que tal etiqueta implica en la enardecida izquierda española de hoy en día.

La integración de Iglesias en la comisión de control del CNI no ha sido más que un revés de Sánchez a los ministros desairados por su vicepresidente comunista, porque revela una muestra de confianza suficiente para callar ante los agravios infligidos a Calvo, Marlaska y Campo. La canibalización ideológica que está protagonizando Podemos en el Gobierno demuestra que el PSOE sólo es el andamio del poder personal de Sánchez y que este lo quiere callado y sumiso, mientras Iglesias campa a sus anchas con descalificaciones y bodrios legislativos.

Contagio de crisis de Gobierno
 larazon 6 Marzo 2020

El verdadero problema que tiene Pedro Sánchez es con la verdad. Es el sino de los tiempos: sólo importa la capacidad de sugestión de las mentiras y su utilidad política. Su Gobierno surge del incumplimiento de una promesa: nunca pactaría con un partido del que no se fía, del que dudaba de su lealtad institucional, incluso de su verdadero compromiso democrático con la Constitución. Hizo exactamente lo contrario y acabó de nuevo en La Moncloa, pero con una diferencia sustancial: Pablo Iglesias es vicepresidente, pero no sólo de «su» parte del Gobierno –bicefalia que era previsible–, sino que estaba dispuesto a interferir en otras cuestiones que sobrepasan sus atribuciones. Si alguien pensaba que su papel iba a ser menor, entregado a cuestiones legalistas, ha pecado de ingenuo. Estamos hablando de un político que ejerce un hiperliderazgo en su partido y en el partido global de la comunicación, que tiene una tendencia irrefrenable a enmarcar doctrinalmente cualquier iniciativa legislativa y que concibe el Parlamento como un mero apéndice instrumental en su asalto al poder. Es decir, el paso de Podemos por el Ejecutivo se basa precisamente en monopolizar el foco informativo y en marcar un perfil propio respecto al conjunto del gabinete.

En este sentido, no bastaba con hacer una Ley de Libertad Sexual –ya de por sí confusa en su enunciado–, sino en polarizar un debate, construir un conflicto y romper el feminismo clásico que aspiraba a algo tan democrático como la igualdad a todos los niveles entre hombres y mujeres. La pelea ya está servida y han marcado el objetivo: el 8-M es patrimonio de la izquierda y, más en concreto, de la facción radical y dogmática que forzó la redacción de una ley para presentarla como una gran conquista propia –sólo ha faltado ponerle el nombre de Irene Montero– y no del conjunto del Gobierno, aunque ahora se haya revelado como una verdadera chapuza jurídica. Esta ha sido la primera crisis entre PSOE y Unidas Podemos que ha dejado en evidencia que las diferencias no son una cuestión de matices. No es lógico que Iglesias responda al ministro de Justicia cuando éste ha destacado las deficiencias legales del texto que su comportamiento es el de un «machista frustrado». No es un insulto propio de quienes se sientan en el mismo Consejo de Ministros. Aparte de la intervención de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para enmendar la ley que supone una desautorización en toda regla, lo cierto es que había motivos suficientes para poner en duda la capacidad legislativa de los ministros de Podemos: Montero e Iglesias no han medido las consecuencias legales que supone confundir sexo con identidad, lo que supone que ser hombre o mujer no tiene ninguna categoría jurídica.

Dolidos en su orgullo, pero sin aceptar el despropósito porque es consustancial con la nueva ideología feminista, Unidas Podemos ha persistido en marcar diferencias con las carteras del PSOE. La iniciativa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de publicar una guía dirigida a las empresas sobre cómo afrontar el coronavirus, no sólo es interferir en la acción del Ministerio de Sanidad, que es quien está coordinando la acción del gobierno en esta materia, sino que ha incidido en el alarmismo en un tema especialmente sensible. Que Iglesias felicite a «su» ministra por la iniciativa –«gran trabajo», ha dicho– demuestra que su estrategia no pasa por tener un Gobierno cohesionado. Ese es el plan de Podemos y, por lo tanto, no será el último desencuentro que vivamos. Rompe de raíz el pintoresco protocolo de funcionamiento del Gobierno que ambos partidos firmaron en una demostración pública de desconfianza: la lealtad y discreción que se exigían han desaparecido. Y todavía no hemos entrado en el tema que va a definir la legislatura: la mesa de negociación con el independentismo catalán.

Libertad de expresión a la carta (de Pablo Iglesias)
OKDIARIO 6 Marzo 2020

No cabe mayor hipocresía: mientras Pablo Iglesias intensifica su estrategia de acoso al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, al que quiere meter en la cárcel, Podemos acaba de registrar en el Congreso su propuesta de reforma del Código Penal para la «protección de la libertad de expresión» con la que pretende despenalizar los delitos de ultraje a España, los insultos a la Corona o los comentarios vejatorios a las víctimas del terrorismo, entre otros.

Lo que pretende Pablo Iglesias es una libertad de expresión a la carta, de forma que los que comparten su ideología puedan tener todo el margen de maniobra del mundo para vilipendiar a instituciones y personas y, sin embargo, se pueda cercenar el derecho a la información, que es un derecho fundamental, de los periodistas que no le bailen el agua . Toda una demostración de sectarismo ideológico que revela la naturaleza totalitaria del personaje.

Iglesias busca un Código Penal a la medida de sus intereses, para que los suyos hagan y deshagan con total impunidad, mientras que los periodistas tengan que tentarse la ropa antes de publicar informaciones que no sean del agrado del vicepresidente segundo del Gobierno. La libertad de expresión que defiende Podemos no es la que consagra la Constitución, sino la que consagra el manual sectario de la formación morada. Es, en suma, un intento grosero de crear un modelo de Estado en el que las leyes amparen exclusivamente a quienes comparten su código de valores y acribille a los discrepantes.

Una dictadura encubierta -o no tan encubierta- donde unos puedan expresarse sin limitación alguna y otros tengan que morderse la lengua para no acabar en prisión. La libertad de expresión, según Iglesias, no es un derecho de aplicación general, sino que sólo ampara a quién él decida y determine.

Lo que pretende Pablo Iglesias no es nuevo; al contrario, es el viejo método de ir degradando la democracia hasta convertirla en una mera apariencia de democracia, sin Estado de derecho y sin separación de poderes. O sea, Venezuela.

La fina piel del Cuarto Poder
Antonio Robles Libertad Digital 6 Marzo 2020

La polémica sobre la libertad de expresión surgida a partir de la crítica de la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, contra La Sexta y la respuesta furibunda de su director, Antonio García Ferreras, habrían de hacernos reflexionar sobre el universal del problema y no ciscarnos en la anécdota circunstancial.

Vivimos en un país donde los medios y sus gestores, los periodistas, se sienten amos de la libertad de expresión. Ejercen de Cuarto Poder, vapulean a los políticos cada día desde sus atalayas amparados en ella, pero no toleran que se ejerza en su contra.

La importancia de las declaraciones de Cayetana no reside en el ataque puntual a La Sexta. O no solo. Lo denunciado es tan obvio que es casi una vulgaridad por evidente. Lo significativo es que un político se atreva a sostener una crítica a un medio poderoso, y aguante el envite con argumentos cuando se le sataniza desde ese Cuarto Poder. "Hay medios que hacen negocio a costa de la democracia y hay medios que promueven o participan de las mentiras populistas y nacionalistas a costa de la democracia", insistió sin retractarse en la rueda de prensa posterior a su entrevista con Carlos Alsina, después de que Ferreras la satanizara con argumentos ad hominem y un aire de superioridad moral propio de un matón de barrio. Ahí está el meollo del asunto. Si los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son pilares fundamentales de la democracia y están sujetos a crítica, ¿por qué no lo va a estar el cuarto, la prensa, que si bien no lo es de iure, lo es de facto? ¿O acaso alguien duda de su influencia en el devenir político?

Lo que se dice abiertamente en privado se omite en público. ¿Acaso no hay medios y periodistas a sueldo de sus editores –muchos a su pesar– como meras correas de transmisión de lobbies, de partidos o del Gobierno de turno? La cuestión es saber si son periodistas o mercenarios del medio que paga. En Cataluña es una evidencia: se podrían cambiar los políticos por periodistas y los periodistas por políticos y nadie se daría cuenta. ¿Acaso ellos no tienen influencia y responsabilidad en las decisiones políticas que acaban tomando los políticos? ¿No deberían ser tratados como ellos? Ferreras ha dicho muchas tonterías al respecto, pero la mayor fue esta ceguera: "Cayetana Álvarez de Toledo mantiene el discurso del odio. Libertad de expresión para ella, sí; para mentir, no". ¡Ah! ¿Y quién determina cuándo miente? ¿Él? Colosal, si existe libertad de expresión es porque un demócrata contrasta ideas, no impone dogmas. De ahí viene la ruina de las sociedades libres.

El juicio de intenciones de Cayetana puede estar fundamentado o no, pero tiene el derecho a hacerlo; y si incurre en un delito de calumnias o cualquier otro tipo penal, ahí están los tribunales. Lo que está en juego no es si Cayetana yerra o acierta, sino si un político puede o no puede criticar a un medio sin que este medio se sienta ultrajado como dueño de este derecho, y por lo mismo, con legitimidad para atribuirle una intención que no tiene: perseguir la libertad de expresión. Eso sí que es manipulación. Aunque quizás lo que más haya cabreado al dirigente de Al Rojo Vivo haya sido la insolencia de la muchacha. Eso sí que es machismo. Y matonismo de la más baja estofa.

Vivimos tiempos cobardes y anodinos, de una mediocridad insoportable. Ver a esta mujer abrir la ventana para que entre aire fresco en la política, armada con razones y dispuesta a dar la batalla contra los integrismos laicos que nos atontan, sin pedir permiso ni humillarse ante nadie, es un lujo. Lástima que no cunda el ejemplo en esa izquierda reaccionaria conchabada con el nacionalismo.

Por contraste, ver a algunos de sus compañeros sobreactuar en defensa de la libertad de expresión como mera manera de saldar cuentas aprovechando la ocasión resulta patético. Además de cobarde.

Vox debe abandonar su política obstruccionista
Editorial El Mundo 6 Marzo 202

La primera votación de cierto calado que llegaba a la Asamblea de Madrid ha puesto de manifiesto que el Gobierno de coalición entre PP y Cs topa con la dificultad de lidiar con el populismo incluso para cumplir con la reducción fiscal prometida. Vox ha demostrado estar dispuesto a dejar a los madrileños sin los beneficios de la rebaja impositiva, confluyendo incluso con la izquierda radical, si no se cumplen sus demandas ideológicas, que en este caso pasaban por la reducción del "gasto político ineficaz" en "subvenciones a asociaciones, ONG y chiringuitos" sin especificar. El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha lamentado la falta de acuerdo entre Cs y Vox, cuyas exigencias han chocado con el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, que ha recordado que Vox ya usó el pin parental para torpedear la acción de Gobierno. Lo lamentable es que la falta de acuerdo entre los tres partidos la acaben pagando los madrileños, que ven alejarse las deducciones prometidas.

Vox debe abandonar su obstruccionismo al Ejecutivo de Ayuso, plantear una negociación razonable y deponer su actitud populista con exigencias maximalistas de marcado carácter ideológico. Su boicot a la rebaja fiscal habrá sido bien recibida por Sánchez.

La guerra entre Vox y Ciudadanos impide que la Comunidad de Madrid apruebe su primera rebaja de impuestos
Beatriz García Libertad Digital 6 Marzo 2020

PP y Vox habían llegado a un preacuerdo para reducir gasto en la misma cuantía que las bajadas de impuestos. Ciudadanos se ha negado "a última hora".

Se cae el primer proyecto de ley de Isabel Díaz Ayuso para bajar impuestos. Los miembros de Vox en la Comunidad de Madrid han rechazado las rebajas de IRPF que pretendía llevar a cabo el Gobierno autonómico porque "no iban acompañadas de recortes de gasto", tal y como habían pactado con Ayuso previamente, señalan a Libre Mercado fuentes cercanas a la negociación. Esta condición era inamovible para los de Abascal.

El plan de Ayuso era aplicar tres deducciones del Impuesto sobre la Renta que entrarían en vigor en 2020. La primera, permitiría deducirse hasta 500 euros en la renta a aquellos contribuyentes que tengan ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad a su cuidado. La otra sería una deducción para menores de 30 años en la compra de su vivienda habitual, que alcanzaría el 25% de los intereses de la hipoteca contraída, con un máximo de 1.000 euros anuales. Y por último, estaría la deducción del 100% de los intereses para los préstamos concedidos para cursar grados universitarios, masters y doctorados, tanto en universidades, como escuelas de negocios.

El cambio de "última hora" de Ciudadanos
Estas tres deducciones supondrían un ahorro fiscal de 16 millones de euros para 30.000 madrileños al año, por lo que Vox habría exigido que su puesta en marcha fuera acompañada de una reducción del gasto público en la misma cuantía. Las mismas fuentes revelan que el Gobierno de la Comunidad de Madrid llegó a un "principio de acuerdo" con Vox "hace unos días" para llevar a cabo su exigencia a través de "una retención del crédito en 16 millones sin especificar ninguna partida concreta", pero que "no afectaría a ningún servicio básico, en ningún caso".

Ciudadanos "era conocedor y estaba al tanto" de este acuerdo "verbal", pero "a última hora" se han negado en redondo a reducir un euro del presupuesto madrileño "porque supondría un recorte de derechos". Este cambio de opinión no ha gustado nada al PP, pero menos a Vox, que ha lanzado el órdago definitivo: no retirará, como había prometido, la enmienda a la bajada de impuestos que presentó en diciembre.

Con esa enmienda a la totalidad, sorprendentemente, los de Abascal han encontrado el apoyo de la izquierda madrileña. PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid se han aliado con Vox. De momento, el único perjudicado es el bolsillo de los madrileños.

Los de Rocío Monasterio justifican su decisión en que, de aprobar la rebaja fiscal, estarían incurriendo en un "gasto político ineficaz. No se pueden rebajar impuestos sin reducir el gasto político ineficaz porque, de ser así, se endeudaría a la Comunidad, se incumpliría el objetivo de déficit y se correría el riesgo de ser intervenidos. Queremos bajar impuestos, pero de forma racional", señalan fuentes de Vox. Ayuso ha calificado la polémica de "una disputa política", mientras que el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha señalado que no cabe "la terquedad y la obcecación" cuando se está negociando en una región.

La versión pública de Aguado es que no había tal acuerdo. "En tanto en cuanto no hay una decisión adoptada por el Consejo de Gobierno, no hay acuerdo. No hay más vuelta de hoja", ha dicho este jueves contra todo pronóstico.

Los madrileños pagarán más
El consejero regional ha recordado que la bajada de impuestos no solo ha sido "una de las grandes señas de identidad del PP". "Estamos convencidos de que la mejor política económica y presupuestaria reside en la combinación de libertad económica y bajos impuestos como evidencia del éxito que ha cosechado Madrid", ha defendido.

Así, ha alertado de que "es necesario impulsar estas políticas, en un momento en el que la autonomía se enfrenta a una de "las mayores amenazas que tienen delante los madrileños, la llamada armonización tributaria del Gobierno de Sánchez e Iglesias". María Jesús Montero quiere subir los impuestos en las regiones que menos gravan a sus ciudadanos y Madrid está en su radar principal. Sucesiones, Patrimonio y la parte autonómica en el IRPF están entre los tributos que planea incrementar.

Tras esta enmienda a la totalidad, las acusaciones entre Vox y Ciudadanos no han cesado. "Nosotros no somos los que hemos entorpecido esta negociación. Aguado se retrata, porque no es la primera vez que no se presenta a una negociación y lo que hacen es hacer perder a todos los madrileños", ha dicho la diputada de Vox, Ana Cuartero.

Vox en EEUU
La administración de Trump confesó a Vox su recelo con Sánchez y su posición sobre Venezuela
Raquel Tejero okdiario 6 Marzo 2020

La administración de Donald Trump confesó a Vox su profunda preocupación acerca del Gobierno de España y, concretamente, por su relación con el régimen de Maduro en Venezuela.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, cogieron el pasado jueves un avión para acudir como partido a EEUU por tercera vez.

En esta ocasión lo hicieron como tercera fuerza política de España y sus reuniones fueron «fructíferas», según aseguran fuentes internas de la formación a OKDIARIO.

Durante la semana que han pasado en EEUU, Abascal y Espinosa han acudido a múltiples encuentros con congresistas y senadores del Partido Republicano que han trasladado su recelo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las mismas fuentes aseguran que los políticos con los que se reunieron demostraron tener «un profundo conocimiento de la situación en España». «Siguen con mucha preocupación las noticias que llegan de la gestión del Gobierno socialcomunista», afirman.

La administración norteamericana tiene especial inquietud con la posición que los socios del Gobierno de España mantienen respecto a Venezuela y, por lo tanto, con Cuba, cuyo régimen comunista es objetivo de Trump.

Las relaciones y movimientos del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Maduro, y ahora con Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, son argumentos que acentúan la desconfianza que el Ejecutivo de Sánchez proyecta en Washington.

Los encuentros celebrados entre los líderes de Vox y la administración estadounidense comenzaron con la participación de Abascal y Espinosa de los Monteros en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington.

Vox siempre se ha declarado afín a las políticas de Trump, a quien reconocen tener un «profundo respeto», según palabras del propio Abascal.

La relación, que «ya era buena», ha resultado fortalecida ahora que Vox dispone de 52 escaños en el Congreso de los Diputados y cuenta, por tanto, con un respaldo político mucho mayor que en contactos anteriores.

Abascal y Espinosa viajarán este jueves de vuelta a España donde participarán durante todo el fin de semana en la Asamblea que el partido celebrará el sábado y el domingo en Vistalegre.

Juez pide 20.000 euros a Vox y 5.000 a Laócratas para acusar en caso Delcy
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha solicitado una fianza de 20.000 euros a Vox y de 5.000 euros al Partido Laócrata para que puedan ser acusación popular en la causa abierta sobre el encuentro en Barajas entre el ministro José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez
Estrella Digital 6 Marzo 2020

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha informado este jueves de esta decisión del titular del Juzgado, Antonio Serrano, que recientemente unificó en un solo procedimiento las tres denuncias que se tramitan respecto al denominado caso Delcygate, interpuestas por el Partido Laócrata, Vox y el PP.

El magistrado sigue a la espera de que el PP formalice la correspondiente tramitación para ejercitar su personación a través de la figura de la acusación popular, detalla el TSJM.

El juez investiga el encuentro del 20 de enero en el aeropuerto de Madrid Barajas del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien tiene prohibido entrar en la Unión Europea.

Tras unificar todas las denuncias presentadas, el magistrado solicitó al Ministerio del Interior un informe del protocolo de actuación con los pasajeros tras llegar los vuelos y qué funcionarios son los encargados de cumplimentarlo.

El juez Antonio Serrano comenzó a investigar el caso tras recaer en su Juzgado una querella del Partido Laócrata contra autoridades policiales del aeropuerto de Madrid Barajas por supuesto delito de prevaricación.

Precisamente, este partido ha solicitado colaboración ciudadana través de su página web para reunir esos 5.000 euros de fianza, "más de cinco veces el salario mínimo", y poder así continuar con la querella: "¿La Justicia para los ricos y la ley para los pobres? Está en tu mano".

Este partido presentó también una querella contra José Luis Ábalos por supuesta prevaricación administrativa pero ante el Tribunal Supremo dada la condición de aforado del ministro.

Posteriormente el PP presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, que a petición de este partido requirió a AENA para que conserve los vídeos de vigilancia del aeropuerto de la noche del encuentro.

Este Juzgado, que se encontraba de guardia, remitió las diligencias al turno de reparto de los juzgados de Madrid y recayeron en el Juzgado 47, que se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción 31 porque entiende que la denuncia del PP se refiere a los mismos hechos que este ya estaba investigando con anterioridad.

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«NO HA QUERIDO NI QUIERE»
Societat Civil Catalana acusa al Estado de no querer ganarle la partida al independentismo
Redacción gaceta.es 6 Marzo 2020

El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha acusado este jueves al Estado de no querer ganarle la partida al independentismo: «No ha querido ni quiere».

Así lo ha asegurado en la presentación del libro «La Telaraña» (Ariel), del periodista Juan Pablo Cardenal, que aborda la trama exterior de la Generalitat durante el «procés».

«Es como si el sistema de partidos, de algún modo, necesitara al nacionalismo catalán fuerte: unos porque dependen de él aritméticamente, otros porque dependen de él dialécticamente», ha asegurado Sánchez Costa.

El presidente de SCC ha apuntado que «los intereses del partido han acabado primando por encima de los intereses de Estado», algo que ha dicho le duele «mucho» porque desde SCC quieren «a los partidos y al Estado».

Sánchez Costa ha subrayado sin embargo que «se puede ganar la partida» al independentismo «si se quiere»: «si se ponen recursos, inteligencia y voluntad».

Ha indicado que la izquierda española tiene la capacidad de romperle «la espina dorsal al independentismo» si «se pone en serio», ya que ha señalado que «es cuestión de hacerlo».

Por otro lado, el autor del libro ha sostenido que el «procés» se diseñó con el dinero de todos por parte de instituciones que estaban «en abierta rebeldía».

«No podemos entender como hemos llegado hasta aquí sin hacer corresponsable al Estado. El independentismo es el gran culpable y el constitucionalismo es corresponsable», ha indicado.

Cardenal ha apuntado también que habría sido deseable que el Gobierno español hubiese intentado «neutralizar las mentiras» del relato independentista: «No podemos llegar aquí sin entender la incomparecencia del Gobierno español».

El abogado del Estado deja de apoyar la inmunidad de Junqueras una vez lograda la investidura de Sánchez
Se persona ante el Tribunal General de la UE para respaldar la actuación del presidente el Parlamento Europeo y el criterio el Supremo.
María Peral elespanol 6 Marzo 2020

La Abogacía del Estado ha presentado una petición de intervención ante el Tribunal General de la Unión Europea para oponerse a un recurso de Oriol Junqueras con el que el líder de ERC pretende lograr el reconocimiento de la inmunidad parlamentaria y esquivar la condena por el 'procés'.

La Abogacía del Estado quiere actuar ante el Tribunal General de la UE en defensa de la actuación del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que el pasado agosto rechazó adoptar medidas urgentes a fin de preservar la inmunidad de Junqueras como europarlamentario, cargo para el que fue elegido en las elecciones celebradas el 26 de mayo anterior.

En la demanda de intervención, la Abogacía del Estado asume, además, de forma expresa el criterio del Tribunal Supremo de que la inmunidad de los parlamentarios españoles se rige por el Derecho nacional y aquí no existe ese privilegio cuando ya se ha abierto el juicio oral contra el aforado. Es el caso de Junqueras, que fue proclamado miembro electo del Parlamento Europeo no ya cuando se había abierto el juicio oral sino cuando incluso había terminado y la causa del 'procés' estaba sólo pendiente de sentencia.

Dos meses después
La intervención de los Estados miembros ante el tribunal de la UE no es obligada. Tienen la opción de actuar en un litigio como coadyuvantes para apoyar las pretensiones de una de las partes. Apenas dos meses después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa gracias a la abstención de ERC, la Abogacía del Estado -que antes de la investidura sostuvo que el Supremo debía permitir el desempeño del cargo de eurodiputado a Junqueras porque tenía inmunidad mientras su mandato no fuera anulado por la Junta Electoral- da ahora la espalda (jurídica) al líder republicano.

Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por su papel relevante en el proceso de secesión unilateral de Cataluña, ha intentado en varias ocasiones que Sassoli aplique las medidas urgentes previstas en el reglamento interno del Parlamento europeo con el fin de hacer valer el privilegio de la inmunidad.

La primera vez que lo pidió fue el 4 de julio y Sassoli inadmitió la solicitud el 22 de agosto. El 4 de noviembre Junqueras presentó un recurso que el Tribunal General de la UE tiene pendiente de resolver.

La representación jurídica del Estado sostiene en su demanda de intervención que la actuación del presidente de la Eurocámara fue correcta, especialmente a la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 19 de diciembre y de la resolución que el Tribunal Supremo dictó el 9 de enero en aplicación de ese fallo del TJUE.

Resalta que el TJUE ha delimitado "exclusivamente" la inmunidad de desplazamiento de los europarlamentarios a la sede del Parlamento Europeo. Pero no ha entrado, "por ser pacífico", en las concretas garantías de inmunidad parlamentaria en el propio territorio nacional, que son las que se reconocen a los miembros el Congreso y del Senado.

"Tal remisión a las normas internas que supone el grueso del contenido de la inmunidad parlamentaria avoca necesariamente a la ausencia de prerrogativa alguna en el momento en el que se planteó el recurso" de Junqueras, manifiesta la Abogacía del Estado.

Añade que la inmunidad tiene la finalidad de asegurar la independencia del Parlamento en el desempeño de su función, evitando "acciones infundadas" contra sus miembros. Y es por ello que la inmunidad "viene referida exclusivamente a fases procesales anteriores a la apertura de juicio oral", dado que entonces ya no se puede hablar de acciones arbitrarias o infundadas contra el parlamentario.

Puesto que Junqueras ya había sido juzgado cuando el 13 de junio es proclamado eurodiputado electo, "ninguna inmunidad que impidiera dictar sentencia o retrotraer actuaciones judiciales correspondía ya al recurrente", afirma.

Éste ha sido el criterio de la Sala del 'procés', que el Parlamento Europeo, "asistido por sus servicios jurídicos y conocedor tanto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de las resoluciones de las autoridades judiciales nacionales, ha aceptado y avalado", destaca la Abogacía del Estado.

A ello se suma que el mandato de Junqueras como eurodiputado fue anulado por la Junta Electoral Central de acuerdo con la ley electoral, que establece la inelegibilidad de los condenados a penas de prisión. Este desenlace fue apuntado por la Abogacía del Estado en su dictamen sobre la aplicación el fallo del TJUE y es ahora defendido ante el Tribunal General.

"Se estima que la decisión del Parlamento Europeo recurrida no es susceptible de anulación y, en todo caso, su anulación no desplegaría ninguno de las consecuencias pretendidas por el recurrente, por cuanto habiendo sobrevenido en virtud de sentencia penal su situación de inelegibilidad para cargo público, un eventual desplazamiento a los efectos de formalizar su condición de europarlamentario (único contenido de la inmunidad pretendida), y ello sin perjuicio de la virtualidad en aquel momento de su eventual suspensión automática, carece de objeto", concluye.

Lomloe: suma y sigue con las leyes de educación
Mercè Vilarrubias cronicaglobal 6 Marzo 2020

Este año se han convocado oposiciones para docentes en la escuela pública de Cataluña, al igual que en las otras comunidades autónomas. En este momento hay, pues, miles de opositores preparando las oposiciones en España y su principal problema resultar ser uno insólito: comprender qué Ley de Educación nacional nos rige.

LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE y LOMCE. Siete leyes orgánicas de Educación hasta ahora. No es suficiente, por lo visto, y se ha elaborado una de nueva, que se denominará LOMLOE, será aprobada próximamente y constituirá la octava Ley de Educación de la democracia.

Los sufridos opositores deben comprender, pues, que estamos a punto de aprobar la LOMLOE, que sustituirá a la LOMCE, pero no solamente a la LOMCE porque la LOMCE estaba recurrida y varios artículos troncales fueron anulados por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, por lo que se refiere a los artículos anulados, regía la anterior ley, la LOE. Con la previsible aprobación de la LOMLOE, las dos leyes anteriores quedarán derogadas y probablemente en los exámenes de oposiciones de junio, los candidatos y candidatas ya se referirán a esta nueva ley, o al menos así lo harán aquellos que hayan podido aclararse dentro de esta maraña legal.

¿Para qué necesita un país 8 leyes orgánicas de Educación durante el corto periodo de 40 años?
La comunidad educativa, es decir, el alumnado, el profesorado y las familias, obviamente, no necesitan este exceso legislativo que obliga a la educación a cambios constantes, con muchos de ellos realizados precipitadamente y con escasa reflexión, lo cual conduce a veces a agravar los problemas ya existentes. Además, provoca la sensación de que todo es transitorio y que el marco legal general puede cambiar en cualquier momento. No hay sensación de permanencia, el sistema es siempre relativo, mensajes ambos que no casan muy bien con la educación, la cual requiere estabilidad y confianza, además de, por supuesto, capacidad de apertura a lo nuevo.

A quien sí le interesa cambiar la ley cada vez que empieza una nueva legislatura es a los partidos políticos. La educación es un mascarón de proa en el programa tanto del PSOE como del PP. Es un trofeo. Unos logran tirar adelante la, por ejemplo, LOMCE. La aprobó el PP en la primera legislatura de Rajoy, obra del polémico ministro Wert. Otros, los socialistas, elaboraron y aprobaron la LOE durante la presidencia de Zapatero. En cada caso de lo que se trataba era de mostrar a los convencidos de cada sector que su partido plasmaba legalmente aquello de lo que ellos hacían bandera.

Unos quieren cuidar a la escuela concertada, promover la excelencia y religión. Otros no quieren religión, quieren limitar los fondos de la escuela concertada y se centran en los estudiantes más desfavorecidos. Cada partido ve su posición irreconciliable con la del otro u otros (PSOE y Podemos van juntos en este tema y la LOMLOE, aunque elaborada por el PSOE después de la moción de censura, se presenta como obra del Gobierno de coalición).

En realidad, en aquellos puntos donde hay desacuerdo entre el PSOE y el PP, esta diferencia de opiniones no es insuperable. El promover la excelencia y potenciar a los buenos alumnos no es incompatible con medidas para favorecer a los alumnos provenientes de entornos precarios. Lo que se necesita es voluntad de estudiar los temas sin óptica partidista, intentando mantener la educación a salvo de la ideologización y la propaganda.

Y esto es lo que no hay. Lo que tenemos es precisamente lo contrario: a los partidos les gusta hacer bandera de la educación, aprobar leyes de forma atolondrada para mostrar a los suyos que han ganado a la oposición y que las escuelas serán como ellos quieren y no como quiere el adversario. Algunos debates son incluso ficticios. La religión, por ejemplo. No hay ni habrá religión obligatoria en las escuelas públicas. A estas alturas el tema debería estar zanjado. Pero no, porque da réditos. Unos quieren hacer ver que algo de religión introduce su ley; otros se vanaglorian de que ellos y su ley son el freno a la introducción de enseñanza religiosa en las escuelas.

También podemos observar otras líneas de continuidad en las sucesivas leyes, detrás de esta fachada de enarbolar unos constantemente la bandera de la educación progresista y laica y los otros, la educación conservadora y cristiana. Por ejemplo, cada nueva ley de educación ha ido consolidando más la autonomía pedagógica y organizativa de los centros educativos.

Aunque esta autonomía conduce a buenos resultados en algunos aspectos, otros han evolucionado de manera no tan favorable para el profesorado. Actualmente, y las sucesivas leyes han ido perfilando el nuevo modelo, las direcciones de los centros escolares se han hecho más profesionales, cobran un plus considerable y son escogidas por los inspectores y no por los propios profesores del centro. Cada nueva ley ha facilitado más la consolidación de este modelo de gestión de centros públicos, que es más bien un modelo copiado del sector privado.

Otra cuestión en la que, en realidad, no hay diferencias entre los dos partidos es en la cuestión de las lenguas. Ambos partidos, sea con la LOGSE sea con la LOCE y ahora con la LOMLOE evitan la inclusión de medidas para revertir la exclusión del español como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña y otras comunidades bilingües.

Ambos partidos, cuando hacen cada uno su ley de educación, esquivan también la amplia jurisprudencia existente respecto al lugar del español en la educación de las comunidades bilingües. En pocas palabras, la jurisprudencia declara que el catalán, el euskera y el gallego deben ser el centro de gravedad de los sistemas educativos de sus respectivas comunidades, pero no deben ser la totalidad. Corresponde a las autoridades autonómicas fijar la proporción en la que el español debe ser usado como lengua vehicular pero estas autoridades autonómicas, a su vez, ignoran estas disposiciones de las sentencias. El resultado de todo ello es que, sea con Méndez de Vigo como ministro, sea con Celaá como ministra, la única manera en la que se aborda desde el Estado la espinosa cuestión de las lenguas en la educación es mirando hacia otro lado y dejando su gestión y su relato exclusivamente en manos de los gobiernos autonómicos.

Desde luego, estas posiciones que observamos no son nuevas en España, donde la educación ha estado tradicionalmente dirigida por políticos y ha servido más a los intereses partidistas que a los intereses de los alumnos. Es el alumnado quien debería estar en el centro del sistema educativo, con leyes que no ambicionen ser de derechas ni de izquierdas, sino que estén inspiradas en principios educativos, pedagógicos y éticos universales, adaptados al contexto histórico del momento. Desafortunadamente, no es esto lo que sucede, sino más bien que los alumnos y alumnas se encuentran constante e invariablemente en una situación de fuego cruzado.
 


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