AGLI Recortes de Prensa   Sábado 7  Marzo  2020

La Justicia no es mercancía
Editorial ABC 7 Marzo 2020

Los nacionalismos en España siempre han tenido la constitución de un poder judicial propio entre sus objetivos prioritarios, porque la función jurisdiccional es la máxima expresión de la soberanía del Estado sobre los ciudadanos. La reforma del Estatuto vasco propuesta en 2003 como «Plan Ibarretxe» incluía la creación de un poder judicial vasco, en el que el Tribunal Superior de Justicia era la cima de la organización de los tribunales en la Comunidad Autónoma Vasca; tribunales que quedaban bajo el gobierno interno de un Consejo Judicial propio. En 2006, el Estatuto catalán pactado por Rodríguez Zapatero y Artur Mas también creaba una justicia catalana, prácticamente desconectada de la estatal y con el conocimiento del catalán como condición para ser juez o fiscal en Cataluña. El Tribunal Constitucional tumbó la estrategia concertada por el PSOE y la extinta CiU de romper la unidad constitucional de la justicia en España y su sentencia fue la excusa de los separatistas para iniciar su proceso independentista.

La Asociación judicial Francisco de Vitoria ha denunciado el riesgo que supone para el Estado la creación de poderes judiciales autonómicos. Vistos los precedentes y la generosidad con la que el Gobierno de Pedro Sánchez mercadea con los intereses del Estado, los jueces tienen motivos para sentirse preocupados. La descalificación de los tribunales de justicia por el nacionalismo es una constante de su estrategia de deslegitimación del orden constitucional. La justicia es el baluarte de la ley y la Constitución frente a las componendas políticas con los nacionalismos, pero, precisamente por esta resistencia judicial a la desconstitucionalización del Estado, los separatistas no renuncian a romperla. Si consiguen crear poderes judiciales autonómicos, el primer sacrificado será el principio de igualdad ante la ley, porque ya se asegurarán los gobiernos y parlamentos nacionalistas de crear tribunales domesticados a su medida. Sería una regresión a los tiempos del Antiguo Régimen, cuya abolición tuvo su más clara expresión en la instauración de una sola justicia para una sola nación de ciudadanos libres e iguales. Que la izquierda sucumba a estas pretensiones retrógradas del nacionalismo es una negación de su esencia supuestamente igualitarista, pero también es coherente con el apoyo a las políticas fragmentarias de los separatistas con las lenguas cooficiales.

La Constitución es clara y terminante al afirmar que la unidad jurisdiccional del Estado «es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales». Y al decir que «es la base» significa que ningún legislador oportunista puede hacer excepciones para crear poderes judiciales que compitan con el único que existe, el del Estado, garantía irrenunciable de los derechos y libertades de cada ciudadano español.

La oposición pesicola
Segundo Sanz okdiario 7 Marzo 2020

Si el coronavirus le hubiera cogido al Gobierno de Rajoy y a la ministra Mato, el PSOE y la extrema izquierda habrían montado un pifostio de tres pares de narices. Y, por supuesto, la factoría Roures y sus demás satélites mediáticos habrían aportado su granito de arena movilizando a la masa. «Esto es una desvergüenza, un desgobierno», lanzaba un enfurecido Sánchez al Ejecutivo popular cuando lo de la crisis del Ébola. Pero, claro, cuando se confunde oposición útil u oposición «leal y responsable» con oposición pesicola, dícese de aquella que es gaseosa y nada sólida, hay un serio problema.

La falta de previsión que ha evidenciado Sanidad, la descoordinación entre ministerios, la alarmante guía de la comunista Yolanda, el oscurantismo sobre el fallecido el 13 de febrero, la ausencia de controles en aeropuertos y fronteras, y sobre todo haber subestimado lo que es ya un problema de salud pública, son razones más que suficientes para haber pedido explicaciones al Gobierno PSOE-Podemos en lugar de darle una palmadita en la espalda.

La oposición tiene que ser leal con los españoles, con los que la eligen, y no con un Ejecutivo cuya principal preocupación es camuflar sus patinazos y desatinos bajo las apariciones diarias de Fernando Simón. La incomparecencia aquí del PP es la misma que ha sufrido durante cuatro días su portavoz parlamentaria tras cantarle las verdades del barquero a la prensa que le hace el caldo gordo al golpismo catalán. Casado salió este viernes a defenderla, pero la tardanza ha regalado un precioso tiempo a la izquierda y ha mostrado la realidad de una Cayetana Bovary que se rebela ante un proyecto falto de ambición, demasiado conformista a veces frente a la superioridad moral de la progresía.

También llegó tarde el PP a personarse en el caso Delcygate, donde Vox y el Partido Laócrata le comieron la tostada. Y tan tardío como innecesario ha sido el vídeo con motivo del 8-M que ha montado Génova con mujeres del partido elogiando a las Irene Montero y Ada Colau, quienes han hecho carrera política con el apoyo de regímenes como Irán o Venezuela donde los derechos de las mujeres (y de los hombres) son pisoteados. Algunas de las protagonistas de la cinta —hay ausencias reveladoras— han decidido acudir a la manifestación ideológica de este 8M, cuando el año pasado el PP declinó asistir precisamente por tratarse de una marcha «politizada». La prueba del algodón de este desacierto es la catarata de aplausos que las populares han recibido de esos politólogos, consultores y spin doctors que beben de la mano del socialcomunismo de moqueta. Inquietante estrategia.

Ortografía jurídica
El principio sanchista de que la ley no basta ha creado doctrina y dado carta blanca a la insolvencia legislativa
Ignacio Camacho ABC 7 Marzo 2020

Después de que el presidente proclamara que «la ley no basta», nadie puede extrañarse de que un departamento de su Gobierno engendre un borrador legal que es un monumento a la chapuza jurídica. Antes de cuestionarlo, los ministros socialistas deberían haber pensado que su propio jefe ha dado carta de naturaleza a esta insolvencia legislativa. Si las leyes no son suficientes en una democracia, y por tanto se relativiza la obligación de cumplirlas, qué más darán los detalles de su redacción y hasta de su ortografía, cuestionada con zumba en el vitriólico documento de enmiendas de Justicia. El equipo de Irene Montero, la alegre pandilla de la tarta, no ha hecho más que tomar al pie de la letra la doctrina contenida en la declaración sanchista. No le importaba la corrección formal y estructural del texto sino su ideología. Expresada ésta, le resbalan las críticas.

No cabe, pues, llamarse a escándalo. Fue Sánchez el que, al aceptar a Podemos en el Consejo de Ministros, otorgó la iniciativa de hacer leyes a un partido que se caracteriza por su rebeldía ante el orden normativo. Una actitud insumisa que, por otra parte, había refrendado él mismo cuando proclamó la insuficiencia del Derecho como primordial mecanismo de organización de la convivencia en torno a reglas y principios. Es lógico que esta gente desconozca las pautas y los procedimientos: toda su trayectoria política ha estado dedicada a objetarlos y hasta a desobedecerlos, como llegó a pedir Ada Colau en cierta ocasión en que la legalidad frenaba sus deseos. No entienden de códigos sino de panfletos. En el pensamiento de esta izquierda contaminada por un populismo irredento, es la ley la que debe allanarse a su proyecto. El credo progresista no puede detener su impulso benéfico por unos cuantos tecnicismos de funcionarios leguleyos.

Por tanto están fuera de lugar los reparos de ese sector gubernamental que sólo con benevolencia semántica podría calificarse de «moderado». Sus flamantes colegas de Podemos no están ahí para comportarse como socialdemócratas sensatos sino como agitadores de un imaginario asalto al Estado. Y a efectos de ese constructo mental no les interesa tanto la eficacia como la propaganda, el relato. Un aspecto en el que han ganado esta pugna de largo. En primer lugar porque son activistas muy avezados; en segundo, porque el presidente, cuya prioridad consiste en salvar el pacto, les ha dado amparo a costa de mermar el poder y la auctoritas de Carmen Calvo; y en tercer término, last but not least, porque sólo han seguido el dictado de quien considera las normas un asunto secundario.

El error de los ministros del PSOE no está en tratar de arreglar el dislate ni en burlarse de la ignorancia de Montero. Lo que no han comprendido es quienes se han quedado fuera de la onda de su líder son ellos… y que tienen menos influencia en este Gabinete que Podemos.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Ignorantes, derrotistas y traidores
Jesús Laínz Libertad Digital 7 Marzo 2020

Ahora que tanto se habla de la leyenda negra tras las descollantes aportaciones publicadas recientemente por Elvira Roca e Iván Vélez entre otros, quizá conviniese reflexionar sobre un singular fenómeno que, al menos desde las cortes de Cádiz, se repite una y otra vez entre las denominadas élites intelectuales y políticas, sobre todo las del sector supuestamente progresista: la asunción de los argumentos de los enemigos.

El fenómeno se manifestó a lo largo del siglo XIX en quienes, aun de buena fe, denigraron sistemáticamente a una España que no habría conseguido enderezar sus pasos hasta que llegaron ellos. Había en ello no poco de narcisismo individual, quizá como mecanismo compensatorio del complejo de inferioridad colectivo. Y junto al narcisismo, una notable ignorancia. Pero cuando dicho fenómeno destacó por su intensidad y extensión fue en 1898. Porque en aquel momento de grave depresión nacional alcanzó su cima la cantinela de "España como problema". Todos los países del mundo se han enfrentado a graves problemas –guerras, cataclismos, revoluciones–, pero en ninguno de ellos se han identificado esos problemas con la propia nación. En España sí. En España el problema es España. Y demasiados españoles están irremediablemente convencidos de ello desde que nos cayó encima la negra herencia de aquella famosa generación. De ahí tanta autohispanofobia. Y de ahí tanto separatismo.

Asumiendo los argumentos, sensatos o disparatados, de los enemigos históricos de España –los yanquis de entonces, los franceses dieciochescos, los protestantes de antaño–, buena parte de las élites españolas, sobre todo las alineadas con lo que se suele entender por izquierda –aunque a estos efectos, como a tantos otros, la izquierda comienza bastante a la derecha–, desarrollaron un rechazo hacia su propia nación que se convertiría en el punto de intersección con los separatismos. Punto de intersección que desde entonces no ha hecho sino crecer.

Al igual que los progresistas del siglo XIX, los izquierdistas del XX repitieron vanidosamente que gracias a ellos, y a la instauración de un régimen republicano, el problema de España se iba a resolver de una vez para siempre. Su más destacado representante fue Manuel Azaña, que llegaría a escribir que España no forma parte de la civilización y que "nada puede hacerse de útil y valedero sin emanciparnos de la historia. Como hay personas heredo-sifilíticas, España es un país heredo-histórico".

Sobrevolemos la guerra civil y el franquismo para no irnos por los cerros de Úbeda y vengámonos a nuestros días. Porque de 1998 nos llegó un ejemplo de la perennidad del fenómeno. Aquel año se celebró el cuarto centenario de la muerte de Felipe II, rey consorte de Inglaterra de 1554 a 1558 por su matrimonio con María Tudor, y como tal fue recordado en un solemne acto en la Cámara de los Lores ante su vicepresidente y varios ministros. Así lo narró el eminente historiador francés Joseph Pérez:

En aquella ocasión, uno de los participantes presentó a Felipe II como uno de los personajes más europeos de la Historia. En el mismo momento en España hombres de izquierda se negaban a leer el libro de Geoffrey Parker sobre Felipe II que, según se les decía, acababa con muchos prejuicios; ¡preferían su Felipe II, el monstruo de la leyenda negra, fanático, tiránico, cruel!

He ahí la clave de la llamada intelectualidad izquierdista: que el conocimiento no te arruine un hermoso prejuicio. Y si además se denigra a España, miel sobre hojuelas.

Pero los problemas de España han ido evolucionando desde 1898. La amenaza actual es la separatista, nacida y fortalecida sin cesar desde entonces y cuyos argumentos son los asumidos hoy por nuestros ignorantes políticos. La Constitución es la prueba insuperable: la absurda concepción de España como un conjunto de regiones y nacionalidades inevitablemente destinado a una extrema descentralización no fue ocurrencia de los partidos denominados nacionales, tanto de derecha como de izquierda, sino que la imitaron de los separatistas, verdaderos triunfadores ideológicos de 1978.

ZP no paró de repetir la letanía de la España plural. Y Pedro Sánchez insiste cada día: "En nuestro país no hay democracia si no hay descentralización". Pero, ¿acaso democracia y descentralización son sinónimos? ¿Se lo preguntamos a la muy centralista Francia o a la muy descentralizada Unión Soviética? Por otro lado, ¿esa necesidad de descentralización se da sólo en "nuestro país"? ¿Por qué? ¿Es el único en el que coexisten varias lenguas, varios trajes regionales, varios modelos de botijo y varias maneras de cocinar el bacalao? ¿A qué extraña lógica obedece el que de hechos culturales tengan que derivarse necesariamente consecuencias políticas? En el mundo hay millones de hechos culturales sin consecuencias políticas. Además, si así fuese, habrá que deducir que las únicas competencias autonómicas tendrían que ser las relativas a la gestión de coros y danzas.

Lo mismo pasa con el PP, cuya parálisis cerebral le ha llevado a tragarse una detrás de otra todas las manipulaciones separatistas, incluido su más burdo vocabulario: por ejemplo, Galicia, nacionalidad histórica según Casado y nación sin Estado según Feijóo. El último berrido terminológico es el de los territorios, creación de ETA para no pronunciar ni la palabra provincias, al parecer inventada por Franco aunque las más antiguas provincias, así llamadas desde hace muchos siglos, sean precisamente las Vascongadas, ni comunidades autónomas, concepto constitucional y por lo tanto imperialista.

Pero los campeones son, evidentemente, los izquierdistas de toda laya, que adoptan encantados todas las farsas separatistas: procés, conflicto político, judicialización, relator, presos políticos, mesa de negociación, etc. Pero la rendición no es sólo terminológica, sino ideológica, que es lo decisivo. Pues los izquierdistas, aunque alguno pretenda seguir disimulando, comparten los planteamientos separatistas. Como han demostrado mil veces con sus palabras y acciones, detestan la nación que gobiernan, empezando por su historia y su propio nombre, no tienen inconveniente en que se desmembre y siempre estarán dispuestos a honrar y dar la razón a los separatistas, terroristas incluidos, frente a los partidarios de la continuidad de la nación española, esos fascistas.

Javier Melero, abogado de Forn y Borràs, ha explicado a sus clientes que en lo sucesivo deberán buscar la secesión por vías legales: "España es un país con la autoestima tan baja que el día menos pensado les convencéis, por lo menos a una mayoría cualificada". Sabias palabras, confirmadas por los gobernantes actuales, insuperables en carencia de autoestima nacional. Y en complicidad con los golpistas aunque para ello tengan que vulnerar diariamente leyes y Constitución. Y en odio a España, de la que son sus peores enemigos. Y no están ahí por voluntad divina, sino por decisión electoral del pueblo soberano. Así que nada de quejas y a apechugar con las consecuencias.

www.jesuslainz.es

La Cataluña ingobernable
José Antonio Sorolla cronicaglobal 7 Marzo 2020

El ‘procés’ ha significado para Cataluña la pérdida de una década. Si contamos desde el 2010, cada dos o tres años ha habido que acudir a las urnas unas veces con el señuelo de las “mayorías excepcionales” que nunca existieron, otras con el espejismo de las “elecciones plebiscitarias” y siempre porque el proceso soberanista ha envenenado de tal manera las relaciones políticas y sociales que la incapacidad para gobernar de forma digamos “normal” ha sido la tónica dominante en estos años.

Después del fracaso del segundo tripartito, Artur Mas consiguió una amplia victoria, con 62 diputados, pero el inicio del procés en el 2012, superado por la calle en la primera Diada multitudinaria, por los recortes sociales y por la corrupción de su partido, le llevó a disolver el Parlament a los dos años, en busca de una “mayoría excepcional” que se quedó en 12 diputados menos de los que tenía.

En el 2015, Mas anunció elecciones para el 27 de septiembre el día 14 de enero, es decir, con ocho meses de anticipación, una innovación en la ciencia política. Después vinieron el 1-O, la DUI y las elecciones del artículo 155, que se celebraron el 21 de diciembre de 2017. Y aún Quim Torra aportaría después otra innovación política, anunciar elecciones pero sin convocarlas ni fijar la fecha. Lo hizo el pasado 29 de enero y a primeros de marzo se desconoce cuándo se colocarán las urnas, aunque parece que gana puntos que las elecciones serán en otoño.

Es decir, desde el 2010 al 2020, Cataluña habrá ido a elecciones en cinco ocasiones (2010, 2012, 2015, 2017 y 2020), sin contar las otras cinco elecciones generales en ese periodo (2011, 2015, 2016, 2019 y 2019) y las tres municipales (2011, 2015 y 2019). Es imposible gobernar con eficacia con esta acumulación de convocatorias electorales: 2013, 2014 y 2018 fueron los únicos tres años de la década en que no hubo elecciones. Pero en Cataluña es particularmente destacable la frecuencia en elecciones autonómicas. Eso, unido a los sobresaltos del proceso soberanista, a la división entre los partidos independentistas y a la fractura política, social y existencial en dos mitades, ha convertido la acción de gobernar en algo que pertenece al mundo de los sueños y, como decía Ortega, al esfuerzo inútil que conduce a la melancolía.

La división entre los dos grandes partidos independentistas viene de antiguo, casi desde el mismo inicio del procés, pero después de los hechos de octubre del 2017 se ha ido agravando cada vez más. El punto de no retorno parecía que se había producido cuando, el 29 de enero, Torra declaró la legislatura “agotada” por la “deslealtad” de ERC y anunció elecciones en respuesta a la connivencia de Esquerra en la retirada del acta de diputado al presidente de la Generalitat.

Pero las cosas aún irían más lejos con el mitin de Perpiñán hasta llegar a la sesión de control del pasado miércoles en el Parlament, en la que asistimos a un hecho insólito: el portavoz parlamentario de uno de los dos socios del Govern recriminó al president, como representante del otro socio del Govern, los ataques lanzados en el acto protagonizado por Carles Puigdemont contra la mesa de diálogo con el Gobierno de España en la que se sientan cuatro delegados de Puigdemont.

Sergi Sabrià, siempre tan ortodoxo, se dejó ir y pidió a Torra explicaciones de por qué “en un mismo espacio político se carga con dureza y amargura contra la mesa” mientras el propio president dice que nunca se levantará de la mesa, calificada en Perpiñán de “engañifa” por la exconsellera Clara Ponsatí y menospreciada por Puigdemont. Torra respondió acusando a ERC de “ir con el lirio en la mano” y remachó que para él la mesa solo tiene una utilidad: fijar una fecha para el “referéndum de autodeterminación”. No tardó nada Puigdemont en volver a embarrar el campo fijando como objetivo para la próxima reunión que Pedro Sánchez reconozca que “Cataluña es una nación”, algo que el presidente del Gobierno ha admitido en diversas ocasiones y está escrito en el preámbulo del Estatut del 2006.

¿Es posible seguir así hasta unas elecciones anunciadas pero no convocadas? ¿No es una afrenta a todos los ciudadanos mantener la ficción de que el Govern gobierna? ¿Hasta cuándo va a durar este espectáculo lamentable? Porque, en realidad, Puigdemont, Torra y sus adláteres lo único que esperan es que la mesa de diálogo fracase y que el fracaso desgaste lo suficiente a ERC como para volver a ganarles las elecciones in extremis, como ocurrió en el 2017 –si descontamos en primer puesto de Ciutadans--, y para dejar de nuevo sumida a Cataluña en la incertidumbre, en la unilateralidad y en la confrontación permanente.

España
La Guardia Civil ve en “Kalera Kalera” una estrategia para “blanquear” a ETA
Ricardo Coarasa larazon 7 Marzo 2020

La Guardia Civil considera que «Kalera Kalera», el movimiento de la izquierda abertzale que aglutina los actos de apoyo a los presos de ETA, forma parte de una estrategia de «blanqueamiento de las organizaciones que le prestaban apoyo» puesta en marcha tras la disolución de la banda terrorista. Así lo asegura el Instituto Armado en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga por enaltecimiento del terrorismo casi un centenar de actos de homenaje a miembros de la organización criminal impulsados por esta iniciativa.

En ese informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Guardia Civil concluye que «Kalera Kalera» (a la calle), presentada en sociedad en noviembre de 2016 de la mano de un grupo de ex presos de ETA, «viene a ocupar un vacío estructural en lo que antaño se llamaba Movimiento Pro Amnistía». Y aunque con la disolución de la banda terrorista «su dependencia es distinta», sus «labores, objetivos y métodos son los mismos», unas actividades con las que, añade, «legitima la actividad terrorista». Se trata, en definitiva, de «una estrategia perfectamente diseñada» para continuar con las actividades que desarrollaba Herrira, cuyas actividades suspendió la Audiencia Nacional, y sus antecesoras Askatasuna y Gestoras Pro Amnistía, ambas ilegalizadas.

En esta causa –en la que además de la Fiscalía ejercen la acusación tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como Dignidad y Justicia– están imputadas una docena de personas, entre ellas el histórico ex dirigente etarra José Antonio López Ruiz, «Kubati»; el que fuera responsable de Gestoras Pro Amnistía Juan María Olano, condenado a diez años de prisión por pertenencia a ETA; Miren Zabaleta, condenada también por integración en ETA, y Oihana Garmendia, condenada a su vez en Francia por asociación de malhechores con fines terroristas. A todos ellos la Guardia Civil los considera «máximos representantes» de «Kalera Kalera».

Los servicios de Información del Instituto Armado sostienen que «Kalera Kalera» se ha constituido en «dinámica de referencia» en el apoyo a los presos y huidos de ETA y en «imagen de marca» en todos los eventos organizados al respecto por la izquierda abertzale. Y, yendo un paso más allá –aunque de inane lectura jurídica–, añaden que al aglutinar a «un amplio espectro ideológico de la sociedad vasca» y acumular fuerzas en pro de la defensa de los «derechos humanos» de los reclusos de la banda terrorista se erige como «banderín de enganche a favor del independentismo vasco».

Según los autores del informe, los «símbolos de memoria y homenaje» (utilizados por esta organización para «el reconocimiento y alabanza» a los etarras constituyen «por sí mismos y en el contexto del terrorismo de ETA» actos de «homenaje» a los integrantes de la organización criminal.

La creación de «Kalera Kalera», mantiene la Guardia Civil, «no ha sido algo fortuito ni espontáneo», pues la izquierda abertzale ha contado a lo largo de su historia con una organización «de referencia» que diese apoyo a los presos de ETA condenados por terrorismo y, a su vez, garantizase la «cohesión ideológica» de un colectivo «cada vez más numeroso y disperso». Pero las sucesivas ilegalizaciones de estas asociaciones acarrearon que esas actividades se encontrasen «huérfanas de estructura y dirección».

Con esas premisas, dice la Guardia Civil, nace «Herrira Herrira» como un «ente difuso» con estrechos vínculos con Sortu, pero sin personalidad jurídica, inscripción registral ni estructura definida, una entidad «etérea» donde solo son visibles sus portavoces, «de larga y reconocida trayectoria en ETA y en sus organizaciones de apoyo», entre ellos el propio «Kubati».

Independentismo en Cataluña
El ministro de Sanidad está infectado del virus separatista: «Cataluña es una nación»
El delirio indepe sobre el coronavirus: el Govern dice que 'Covid' en catalán se pronuncia 'Covid'
Gonzaga Durán okdiario 7 Marzo 2020

Salvador Illa, ministro de Sanidad, no se sentiría incómodo con una definición de Cataluña como nación. Así ha respondido a Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat fugado en Bélgica, que exige al Gobierno de Pedro Sánchez el «reconocimiento de Cataluña como nación» para que siga adelante la mesa de negociación con el Govern de Quim Torra.

«Los socialistas catalanes venimos diciendo siempre que Cataluña es una nación. La demanda de Puigdemont debe poder ponerse sobre la mesa. A mí me parece que si ésta es la demanda, por parte de los socialistas catalanes no habrá ningún problema», ha afirmado Illa en una entrevista concedida este viernes a Rac1.

Sobre si el presidente del Gobierno también secundaría esta reivindicación separatista, el también secretario de secretario de Organización y Acción Electoral del PSOE ha sido escueto: «Veremos».

Carles Puigdemont instó este jueves al Gobierno del PSOE con Podemos a «reconocer a Cataluña como nación» para «avanzar» en la mesa de negociación con el Ejecutivo de Quim Torra. «El primer paso de la próxima mesa de diálogo es que el Gobierno reconozca Cataluña como nación. Esto abriría las puertas a seguir avanzando en las siguientes mesas, porque se trata de avanza. El no reconocimiento ya vemos dónde nos ha llevado«, sostuvo el ex presidente de la Generalitat fugado en una entrevista a la Agencia France-Presse (AFP).

Salvador Illa fue miembro del equipo negociador del PSOE con ERC para que la formación separatista facilitase la investidura de Pedro Sánchez. En el acuerdo se incluyó la mesa de negociación entre el Gobierno central y el de la Generalitat que ya se inició hace unas semanas en La Moncloa. Illa también estuvo presente en este encuentro. Torra dejó clara sus preferencias tras esta primera reunión: referéndum separatista en Cataluña y «amnistía» para los presos condenados por el 1-O en el Tribunal Supremo.

Sobre el coronavirus
El ministro de Sanidad también ha hablado sobre la situación del coronavirus en España, una epidemia que ha afectado a más de 300 ciudadanos y que ha dejado ya cinco fallecidos. «Con la situación actual a mí me parece que esto no debe impedir dar la mano a una persona si todos toman las medidas de higiene que se recomiendan: cuando toser ponerse el codo delante, lavarse las manos… llevarlo al extremo de no poderse dar la mano, en fin, nosotros no lo hemos recomendado«.

«Tenemos que estar preocupados, porque la situación es preocupante. Pero no debemos perder ni la calma, ni el sentido común ni la prudencia», ha valorado. «Los casos más preocupantes son los que tienen un estado de salud más grave y los casos de transmisión no conocida, que ayer por la tarde eran unos 20. Es importante conocer la cadena de contagio e identificarlo en esta fase de contención», ha finalizado Illa.
Recortes de Prensa   Página Inicial