AGLI Recortes de Prensa   Martes 10  Marzo  2020

Inermes ante el virus del fanatismo socialcomunista
EDITORIAL Libertad Digital 10 Marzo 2020

La vertiginosa propagación a escala mundial del virus Covid-19 ha llevado a los Gobiernos de los países con un número importante de afectados a adoptar medidas enérgicas de alerta y prevención. La excepción es el Gobierno de Pedro Sánchez, que sólo ahora parece darse cuenta de que el coronavirus puede causar estragos en la economía y en el sistema sanitario de la Nación.

En un ejercicio de oportunismo, insensatez y fanatismo ideológico escalofriante, el Ejecutivo social-comunista permitió que el domingo se celebrasen concentraciones masivas en distintas ciudades del país, poniendo el interés de la extrema izquierda feminista muy por encima del de la ciudadanía. Pasados ya esos aquelarres que han vuelto a poner de manifiesto que las mujeres no son más que una excusa para hacer avanzar una agencia profundamente liberticida, ahora el Gobierno sí habla de planes de choque, en los que llevaría trabajando desde hace tiempo. Se necesita tener poca vergüenza y un desprecio poco menos que criminoso por la salud e incluso la vida de decenas de miles de personas.

La calidad política y humana de Sánchez queda aún más en entredicho si atendemos a su comportamiento cuando era líder de la oposición y el Gobierno de Mariano Rajoy decidió traer a España a un religioso que había contraído el ébola mientras se jugaba literalmente la vida atendiendo a los más desfavorecidos en África. Entonces, el capo socialista acusó al PP de todo lo imaginable: de imponer un cerrojazo informativo, de escandalosa incompetencia, de precipitar una crisis que podría desembocar en una formidable tragedia... Y, claro, él y los suyos pedían dimisiones en cuanto se les ponía un micro por delante. Hoy, con más de mil contagiados y dos decenas de muertos por el coronavirus, Sánchez y la infame izquierda mediática comedimiento y prudencia, no paran de llamar a la calma y de pedir a la gente –hasta o principalmente en inglés, lengua común de todos los españoles– que se lave mucho las manos.

Ellos también se las lavan, pero como auténticos pilatos del escaqueo y con el agua sucia del oportunismo más rastrero. Por no hablar de los indeseables que, desde el brazo mediático del Ejecutivo, están empezando a poner el foco en Gobiernos autonómicos de derechas como el de Madrid: "Ayuso duplica los casos por coronavirus", han llegado a escribir, con singular vileza goebbelsiana. Vayan preparándose para un nuevo despliegue de agitprop desestabilizador por parte de la izquierda más repulsiva y liberticida...

El coronavirus es peor de lo que parece por la incompetencia de Pedro Sánchez
ESdiario 10 Marzo 2020

La falta de liderazgo, la incompetencia y la irresponsabilidad del presidente agudizan el pánico ante una crisis sanitaria muy importante pero no letal.

Solo 24 horas después de que España se llenara de manifestaciones masivas con decenas de miles de personas por el 8M, algo especialmente contraindicado por los especialistas sanitarios, el Ministerio de Sanidad ha tenido que aceptar el cierre de centros educativos en Madrid y el País Vasco, no ha negado la posibilidad de suspender eventos de todo tipo con mucho público e incluso ha recomendado, a la población en general, practicar el teletrabajo.

El contraste es tan abrumador como patético el contraste entre el Pedro Sánchez que por la mañana no fue capaz de explicar qué medidas iba a adoptar y la Isabel Díaz Ayuso que, desde la Comunidad de Madrid, presentó su respuesta preventiva a la epidemia.

Desde el 30 de enero, el presidente no había hablado de la mayor crisis sanitaria de España desde los tiempos de la colza, mucho más desde luego que aquella de 2014 en la que, por un único caso de contagio de Ébola, acusó al Gobierno de Rajoy de desamparar a los españoles y de gestionar la emergencia con "desvergüenza".

Y cuando lo ha hecho, tarde y mal, ha sido para evidenciar que no tiene clara la hoja de ruta, que ha estado más ocupado en negar la alarma y, finalmente, depositar en cada presidente regional una réplica que debiera ser nacional, si no europea.

Es difícil encontrar una combinación peor de irresponsabilidad, incompetencia y temeridad, sin que ello presuponga que podía haberse hecho mucho más en términos estrictamente sanitarios. El virus no es culpa de Sánchez ni de su Gobierno, pero sí la epidemia de pánico incipiente que comienza a extenderse.

La falta de liderazgo, de transparencia, de claridad y de rapidez ha sido y es galopante en Moncloa, e incentiva un miedo colectivo que las cifras, por llamativas que sean, no avalan: el coronavirus es preocupante, sin duda, por el desconocimiento que pesa sobre él y su cura, pero su agresividad es inferior a otras enfermedades con las que convivimos y peleamos a diario.

La inacción de Sánchez nos saldrá muy cara
OKDIARIO 10 Marzo 2020

Desde el punto de vista económico, la respuesta del Gobierno al coronavirus está siendo nula; el PP se ha adelantado al Ejecutivo proponiendo una serie de medidas orientadas a paliar los efectos de la crisis en las empresas, especialmente en las pymes. Es un plan coherente y necesario, el que no ha tomado el Ejecutivo socialcomunista pese a que todos los indicadores presagiaban que la economía sufriría consecuencias devastadoras. Los mercados de valores han vuelto a registrar descensos pronunciados, caídas que se suman a las de las semanas anteriores, mientras el coronavirus está destrozando el turismo nacional y otros sectores empresariales afectados por la incertidumbre global.

Después de que el líder del PP, Pablo Casado, desgranara su plan anticrisis, Pedro Sánchez sólo fue capaz de afirmar que el Gobierno trabaja en un plan inconcreto que sonó a excusa, porque ya deberían haberse adoptado medidas del estilo de las aplicadas en Alemania, Francia o Japón. Aquí, no se ha hecho absolutamente nada. Más bien al contrario, mientras otras naciones adoptaban medidas económicas de calado, en España el Ejecutivo socialcomunista se dedicaba a anunciar medidas fiscales contra las empresas.

En un escenario económico como el actual, en el que, según todas las previsiones económicas, el PIB mundial sufrirá un sensible retroceso, el Gobierno de España, en lugar de salir a defender el tejido empresarial nacional, se ha dedicado a desgranar una retahíla de medidas que se traducirán en el incremento de costes fiscales y laborales. En un momento en que los autónomos se encuentran más desprotegidos que nunca, Sánchez -instado por el plan del PP- se ha limitado a afirmar que «el Gobierno está trabajando y se adoptarán medidas próximamente». ¿Cuándo es próximamente? ¿A qué espera Pedro Sánchez? ¿Cuánto nos costará la inacción del Ejecutivo socialista? ¿En qué momento se dignará el presidente del Gobierno a salir en defensa de las empresas españolas?

Se ha perdido un tiempo precioso y lo peor es que, tras escuchar a Pedro Sánchez, todo apunta a que habrá que seguir esperando.

Sánchez mantuvo el 8M sabiendo que en Madrid la situación estaba descontrolada
L. Moro. ESdiario  10 Marzo 2020

El Gobierno da un giro copernicano después de semanas sin tomar más decisión que la de no tomar ninguna. La Comunidad de Madrid, Vitoria y Labastida se llevan la peor parte.

Una vez transcurrido el 8 de marzo, con decenas de miles de personas en las calles de toda España manifestándose por el Día Internacional de la Mujer (solo en Madrid, 120.000), el Gobierno de Pedro Sánchez dio este lunes un giro copernicano respecto a su gestión en la crisis del coronavirus.

Giro que, en la práctica, supone el cambio del escenario de contención a uno de contención reforzada -en palabras del ministro de Sanidad- en el que la peor parte se la llevan la Comunidad de Madrid y las ciudades de Vitoria y Labastida al ser consideradas "zonas de transmisión significativa". Que ya lo eran el domingo, cuando la Comunidad de Madrid triplicó su cifra de infectados en apenas 24 horas.

En ellas Sanidad, en consonancia con los Gobiernos madrileño y vasco, ha decidido suspender las clases durante 15 días con carácter prorrogable (desde guarderías a universidades) y aconsejar el teletrabajo y los turnos escalonados en las oficinas para evitar concentraciones de demasiada gente.

El impacto de estas medidas en el día a día de la población será enorme. "No ha sido fácil pero la salud pública está por encima de todo", se lamentó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una rueda de prensa extrañamente celebrada al mismo tiempo que el ministro Salvador Illa ofrecía otra en el Ministerio.

En el resto de España se recomienda el cuidado a domicilio de los mayores en la medida de lo posible y, a los enfermos crónicos, evitar todo lo posible salir de casa.

Los acontecimientos se precipitaron desde primera hora de la mañana, cuando se anunció que Pedro Sánchez presidiría la reunión del comité de seguimiento del coronavirus, algo no habitual.

Tras ella el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, compareció para preparar el terreno para las medidas excepcionales que ya barruntaba el Gobierno y dar los últimos datos actualizados.

Por primera vez, España superaba la barrera psicológica de los mil contagiados diagnosticados. Solo en Madrid, en las últimas 24 horas se había triplicado el número de positivos. A última hora de la tarde eran 578 infectados, 72 pacientes ingresados en la UCI y 17 fallecidos.

Sánchez aprovechó una intervención en la clausura del Congreso de la Asociación de Trabajadores Autónomos para anunciar un plan de choque económico y retomar así el pulso político perdido durante semanas. Curiosamente, minutos después de que Pablo Casado rompiera la tregua del coronavirus y ofreciera al presidente un paquete de diez medidas ante su falta de iniciativa.

El socialista dedicó parte de la tarde a hablar con el líder de la oposición y los responsables de otros partidos. Incluido Santiago Abascal, que según la versión de Vox le trasladó que debería haber controlado las fronteras desde que estalló esta crisis.

También con los mandatarios de Alemania e Italia, Angela Merkel y Giuseppe Conte, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el del Consejo Europeo, Charles Michel. Este martes los líderes europeos mantendrán un Consejo Europeo extraordinario para coordinar -ahora sí- la respuesta.

El presidente del Gobierno también anunció que se pondrá en contacto con sus homólogos en las comunidades autónomas para "compartir un mensaje de unidad, serenidad y rigor frente a este desafío de salud pública".

A las autoridades sanitarias les preocupa mucho no solo la rápida expansión del coronavirus, sino también el impacto que está teniendo en la actividad de los hospitales. En la Comunidad de Madrid el de Valdemoro es el primero que está al límite.

El Gobierno regional ha decidido, en este sentido, que las cirugías programadas y las pruebas diagnósticas no preferentes podrán ser suspendidas o retrasadas. Los hospitales también habilitarán camas de reserva y en Atención Primaria se potenciará las visitas domiciliarias.

Gobierna nadie
Destaca, entre las trampas del Ejecutivo Sánchez, el endilgar sus responsabilidades a las comunidades autónomas
Juan Carlos Girauta ABC 10 Marzo 2020

Un publirreportaje de Sánchez, un fantasmal «plan de choque» sin concreciones y un tuit del Ministerio de Sanidad con música relajante, sin voz. Eso es todo. Llegan el día después del 8M, porque eso era sagrado. «Tarde, mal y nunca» debería ser el lema del Gobierno cuyo principal partido exprimió la crisis del ébola como un limón. Una auxiliar de enfermería contagiada y curada, y un perro sacrificado, justificaron este mensaje del PSOE en octubre de 2014: «Rajoy es responsable de la crisis del ébola por poner a una irresponsable en Sanidad».

Metidos en el crecimiento exponencial de la enfermedad sin que el gobierno haya hecho nada, con el número de infectados doblándose en dos o tres días, solo hemos obtenido llamadas a la calma de Fernando Simón, nuevo opio del pueblo en forma de epidemiólogo, un señor que por lo visto gusta mucho y que dejó al criterio de cada cual el acudir o no a una manifestación multitudinaria.

No sé si todavía entonará hoy alguien la cantinela del «es como una gripe». No lo descarto. Pero cualquiera con sangre en el cuerpo tiene que estar mosqueado con tanta llamada a la tranquilidad, sin más, mientras Italia tiene a dieciséis millones de personas en cuarentena desde el sábado. Italia, que hace una semana presentaba el número de infectados que hay ahora en España.

El Gobierno de progreso ha evitado tomar las necesarias medidas de contención que, con muchísima suerte, podrían permitir que la vacuna llegue a estar disponible antes del colapso de las unidades de cuidados intensivos, siempre y cuando la subida de las temperaturas ralentice la expansión del virus, como prevé una parte de los especialistas.

Hace cuatro días, la asociación que agrupa a los anestesiólogos italianos lanzó unas recomendaciones de ética clínica ante la inminente tesitura de aplicar criterios para el triaje: a quién habrá que primar y a quién habrá que postergar. Es decir, quién sobrevivirá y quién no cuando los servicios estén a punto de desbordarse, o directamente desbordados. Pero, para anestesiólogo, Fernando Simón, que ha equivocado la especialidad. Es oír su voz ronca y atiplada y quedarse uno instalado en el conforme discurrir de las cosas, sin preocupaciones. Una cosa taoísta. O, trayéndola hacia acá: que sea lo que Dios quiera.

Destaca, entre las trampas del Ejecutivo Sánchez, gobierno de la inoperancia y de la nada, el endilgar sus responsabilidades a las comunidades autónomas con el aplauso de su coro unánime. Como si la Administración General del Estado no tuviera aquí nada que cortar. Falso. La Ley General de Sanidad le asigna a aquella el desarrollo de «los servicios de vigilancia y análisis epidemiológicos y de las zoonosis, así como la coordinación de los servicios competentes de las distintas Administraciones Públicas Sanitarias en los procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia e interés nacional o internacional» (artículo 40.12).

Importa el virus, no la imagen de Sánchez
Editorial larazon 10 Marzo 2020

Es perfectamente comprensible la preocupación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las consecuencias negativas que la crisis sanitaria del coronavirus puede provocar en el conjunto de la economía española. Es más. Se trata de un temor compartido por la mayoría de las agentes sociales y, especialmente, por la empresas más amenazadas en el sector del turismo y del transporte, que, según los últimos cálculos, pueden costar a España hasta un punto de PIB. Dicho esto, que, por otra parte, es de dominio público, se equivocaría gravemente el Gobierno si no entendiera que, en estos momentos, la prioridad absoluta es parar la propagación de la epidemia, ahora que todavía hay tiempo, adoptando aquellas medidas que se consideren necesarias, por difíciles que parezcan, como ha hecho la Comunidad de Madrid, o por mucha resistencia que opongan las autoridades locales, como las de la Comunidad Valenciana, empeñadas en salvar las Fallas, al parecer, más atentas a intereses electorales que a la lucha contra el virus.

En este sentido, no sólo es llamativa la práctica ausencia pública del jefe del Gobierno a lo largo de la evolución de la crisis, sino, también, la pasividad del conjunto del Gabinete que, salvo las desafortunadas intervenciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, han mantenido sus agendas políticas, incluso alentando concentraciones multitudinarias en zonas de contagio, y participando en las mismas, en lo que cabe interpretar como una bien intencionada actitud de no provocar más alarma, pero que, a la postre, se revelará como un error.

Porque la progresión de la epidemia, que ayer supuso nada menos que la duplicación de contagios en comunidades autónomas como Madrid, La Rioja y el País Vasco, sigue un patrón muy parecido al italiano, con el agravante de que en España habíamos gozado de una semana de ventaja y, durante los primeros momentos, los servicios sanitarios fueron capaces de determinar el origen foráneo de casi todos los infectados por el coronavirus. Esperar, como indicó ayer el presidente del Gobierno tras su reunión en la sede del Ministerio de Sanidad –donde ni siquiera compareció ante los periodistas, como si su figura tuviera que ser preservada de las malas noticias– a una supuesta batería de medidas procedentes de la Unión Europea es, insistimos, un error. Como lo ha sido, y esperemos que no irremediable, que el Ejecutivo no haya montado un gabinete de crisis que coordinara la respuesta a nivel nacional, optimizando unos recursos que empiezan a dar muestras de fatiga en las zonas más afectadas, y decretado un estado de emergencia que, cuando menos, hubiera evitado las trabas administrativas que, como denuncian las asociaciones de médicos, dificultan que los especialistas en infectología trabajen a plena disposición en los distintos centros hospitalarios.

Por otra parte, se extiende entre la opinión pública la percepción de que el Gobierno va por detrás de los acontecimientos, lo que puede llevar a la desconfianza ciudadana, pese a que el comportamiento general de la población es de calma y serenidad. Y, finalmente, permítasenos una reflexión al hilo de las noticias que llegan desde el origen de la epidemia, la ciudad china de Wuhan, y desde Corea del Sur, país con alta incidencia de infecciones, que dan cuenta de un descenso en el ritmo de contagios. En ambos lugares, –como en Alemania, Francia, Italia e Irlanda, se han tomado medidas de restricción de las actividades sociales y, en algunos casos, de la movilidad– que se están demostrando eficaces. Esa parece ser la mejor vía para detener la expansión de la epidemia, –junto con la interiorización de las medidas individuales de protección que vienen aconsejando las autoridades–, pero que hay que tener la decisión de aplicarla.

El coronavirus deja en evidencia el caos del sistema sanitario autonómico
Andrea Jiménez.  ESdiario 10 Marzo 2020

El hecho de que la Sanidad esté transferida a las comunidades deja escenas extrañas: colegios cerrados en Vitoria mientras que la vida sigue con normalidad en la Rioja pese a la cuarentena.

Las medidas excepcionales por la incidencia del coronavirus se van sucediendo una tras otra. Si la Comunidad de Madrid cerró los centros de mayores ante la avalancha de casos registrados en estas instalaciones, ahora es el Gobierno vasco el que ha decidido cerrar los centros educativos de Vitoria durante 15 días para evitar el contagio masivo de la enfermedad, ante la evidente falta de un criterio claro por parte del Ejecutivo.

Y es que, España ya llega a la cifra del millar de personas afectadas por el coronavirus. Son unos datos alarmantes y que siguen creciendo de forma exponencial, al igual que en los países como Italia o China, donde comenzó el brote. La Comunidad de Madrid es el lugar donde se está registrando una mayor incidencia, sumando 16 fallecidos, seguida del País Vasco.

De hecho, la región madrileña es la que más casos notificados del nuevo coronavirus tiene (469), seguida del País Vasco (149), La Rioja (81), Cataluña (75), Andalucía (54), Comunidad Valenciana (37), Castilla-La Mancha (26), Castilla y León (23), Canarias (22), Aragón (13), Cantabria (12), Baleares (11), Asturias (7), Extremadura (7), Galicia (6), Murcia (4) y Navarra (3).

Sin embargo, desde el Gobierno central aun no se ha tomado ninguna medida concreta, sino que da la impresión de que se van improvisando sobre la marcha en función del avance de la enfermedad y en los lugares en los que se inician los brotes.

De hecho, presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que ha presidido la reunión de la Comisión de Seguimiento del coronavirus, se ha limitado a pedir que "se sigan las recomendaciones de los expertos", sin participar en la rueda de prensa posterior, en la que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón ha anunciado que no se descartan tomar medidas más restrictivas en las zonas más afectadas por la epidemia.

Sin embargo, lo cierto es la improvisación parecen reinar en la gestión del coronavirus, ya que en otros lugares como en Haro, La Rioja, donde se desplegó la Guardia Civil este fin de semana para garantizar que los afectados se mantuviesen en cuarentena, se lleva a cabo una vida totalmente normal y sin restricciones de ningún tipo, chocando frontalmente con las decisiones que se han tomado en Madrid y el País Vasco.

Y es que, las incongruencias son muchas y por ello la desconfianza y el miedo se va apoderando de la población, que no sabe a qué atenerse, ya que el hecho de que las medidas se estén tomando por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias en materia de sanidad, está generando situaciones incomprensibles debido a la disparidad de criterios y de actuaciones.

Sin embargo, todo apunta a que el Ministerio seguirá dejando en manos de las comunidades decisiones tan importantes como estas, generando aún más descontrol y desconfianza sin tener en cuenta que el coronavirus no entiende ni de fronteras ni de autonomías.

La negligencia sale muy cara
Editorial El Mundo 10 Marzo 2020

Permitir la marcha del 8-M aparece hoy como un fatal error político

Nadie maneja más información que el Gobierno en la crisis del coronavirus. Pero los ciudadanos tienen la sensación de que no se les cuenta toda la verdad. Nadie se explica que, al día siguiente de una manifestación de alto contenido ideológico autorizada por el Gobierno, la situación haya empeorado tanto como para suspender toda actividad educativa en Madrid.

La emergencia por la expansión del coronavirus ha experimentado un salto exponencial en España en las últimas horas. Se ha elevado de forma considerable el número de víctimas mortales y de positivos. Justo cuando China empieza a embridar el Covid-19, en Europa se extiende como una epidemia de efectos imprevisibles. El coronavirus no solo supone un riesgo para la salud, sino una amenaza para la estabilidad global. De ahí que el inmovilismo mostrado hasta ahora por el Gobierno cause una mezcla de inquietud y estupor en una ciudadanía alarmada por el incremento de casos. La Comunidad de Madrid, siguiendo a la decisión adoptada por el Gobierno vasco en Vitoria, decidió ayer suspender toda la actividad educativa durante 15 días. Es una medida sin precedentes, pero acertada. Lo que nos preguntamos, de hecho, es si el Gobierno no debería haberla liderado y haberlo hecho antes, en lugar de insistir en llamadas a la calma que no se compadecen con la escalada de casos. No cabe ya limitar las medidas a una fase de contención. Sánchez debe abandonar el tancredismo y asumir el liderazgo de la crisis. Y el Ejecutivo debe articular con la oposición un plan de choque interterritorial. Sería vergonzoso, además de irresponsable, que el Gobierno de PSOE y Podemos no supiera aparcar sus prejuicios ideológicos para aceptar la evidencia médica.

Sánchez se limitó a anunciar un vago plan consensuado con empresarios y sindicatos, después de que Casado exigiera un decreto con medidas concretas como rebajas fiscales para evitar el colapso del tejido productivo. Las señales de Salvador Illa, ministro de Sanidad, son contradictorias y confusas: tranquilizadoras por la mañana, inquietantes por la tarde. Y Fernando Simón volvió a insistir en contener el alarmismo al tiempo que restringía la información. Lo cierto es que el Gobierno admite que Madrid y País Vasco son focos sin control.

La situación reviste la suficiente envergadura como para que el Gobierno, en sintonía con los países de nuestro entorno, contemple la adopción de medidas drásticas. Resulta intolerable, si ya se sabía antes del fin de semana que Madrid era un foco de transmisión local, que el Ejecutivo antepusiera la ideología a la razón sanitaria autorizando la manifestación del 8-M. También las autoridades comunitarias deben reforzar la cooperación y valorar la relajación de las exigencias del déficit. El objetivo debe ser doble: preservar la salud pública -evitando el colapso de hospitales- y paliar una debacle económica en ciernes. El pánico en los mercados provocado por el Covid-19, unido a la ruptura de la OPEP con Rusia, hizo caer el petróleo un 20%. El Ibex perdió casi un cuarto de valor y comienzan a acumularse las señales de contracción en sectores como el turístico. Minusvalorar el riesgo que supone el coronavirus es un error de proporciones incalculables.

La responsabilidad del Gobierno de Sánchez en la crisis del coronavirus
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 10 Marzo 2020

La expansión del coronavirus, que ha alcanzado casi dimensiones planetarias, ha tenido en España una gravedad mucho mayor que en otros países. La responsabilidad de ello es del Gobierno presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón. La evolución de la crisis muestra, con claridad, que si el Gobierno hubiera tomado alguna medida (pues no tomó NINGUNA hasta al menos el 9 de marzo) la expansión del virus no habría alcanzado las dimensiones que ahora tiene.
@Desdelatlantico.

I. UNA EXPANSIÓN PREVISIBLE Y UNAS ESTRATEGIAS CONOCIDAS
Una de las características de esta crisis es que la expansión del virus era razonablemente previsible. El hecho de que el virus tuviera un foco inicial perfectamente localizado (Wuhan) y el que se haya podido ver cómo a partir de ahí se ha expandido a otros lugares permitía dos cosas:

1) Ver cómo se producía la expansión del virus
2) Ver qué medidas se tomaban en los distintos países para impedirlo y evaluar su éxito.

Así se podría haber comprobado que
1) el coronavirus es extraordinariamente contagioso
2) para, al menos ralentizar o controlar su expansión se requerían medidas DRÁSTICAS.

Así hemos podido comprobar cómo países que, pese a la cercanía geográfica con China estaban extraordinariamente expuestos al virus han sufrido mucho menos que otros países muy alejados. El caso más claro es el de Rusia que, desde el primer momento en que se constató la gravedad del virus prohibió los viajes a China y estableció un rígido control de fronteras. El resultado es que hoy es uno de los países menos afectados por el virus.

II. LA IDEOLOGÍA DEL LIBRE CAMBIO Y LA EXPANSIÓN DEL VIRUS
Uno de los sorprendentes aliados del virus ha sido la ideología librecambista. Todo lo que pudiera suponer introducir nuevas barreras o controles se veía como «herético». Si a eso se añade que, merced a la ideología librecambista son muchísimas las empresas que han deslocalizado toda o parte de su producción a China se entendenerá que, creyendo que así protegían el «negocio» se opusieron a las medidas de control. El resultado es conocido: allí donde no se introdujeron controles el virus pudo expandirse… y al final la contención del virus en la propia China ha obstaculizado el «libre cambio» de los componentes o productos fabricados en China.

III. LOS INSTRUMENTOS LEGALES DISPONIBLES EN ESPAÑA PARA HACER FRENTE A LA EXPANSIÓN DEL VIRUS
1. Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

El artículo 4 de esta Ley Orgánica dispone que:
El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación grave

d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Una vez declarado el estado de alarma, el artículo 11 de la ley permite adoptar las siguientes medidas:

el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto.

Quedan claras dos cosas:
1) Está claro que se da el supuesto de hecho para declarar el estado de alarma
2) Las medidas posibles en el estado de alarma permiten controlar la situación.

Y queda claro igualmente que el Gobierno NO HA QUERIDO DECLARAR EL ESTADO DE ALARMA haciéndose responsable de las consecuencias.

2. Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública

Esta ley, muy breve, contiene que resultan especialmente adecuados para hacer frente a esta crisis y que me permito reproducir

Artículo segundo.
Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.

Artículo tercero.
Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Artículo cuarto.
Cuando un medicamento o producto sanitario se vea afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento y para garantizar su mejor distribución, la Administración Sanitaria del Estado, temporalmente, podrá:

a) Establecer el suministro centralizado por la Administración.
b) Condicionar su prescripción a la identificación de grupos de riesgo, realización de pruebas analíticas y diagnósticas, cumplimentación de protocolos, envío a la autoridad sanitaria de información sobre el curso de los tratamientos o a otras particularidades semejantes.

Ni qué decir tiene que basta ver lo ocurrido en otros países para ver que varias de las situaciones contempladas en esta ley YA SE HAN PRODUCIDO (por ejemplo, dificultades de abastecimiento de mascarillas y soluciones hidroalcohólicas), por lo que era razonable que ANTES de que se produzca el problema el Gobierno se adelantara al mismo

Nada de eso ha ocurrido, dejando en evidencia la gravísima responsabilidad del Gobierno.

IV. LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES
Dejando al margen las eventuales responsabilidades políticas que, asombrosamente, a día de hoy, NINGÚN partido de la oposición ha exigido, lo ocurrido puede dar lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración y, eventualmente, a responsabilidades penales.

En primer lugar, parece claro que los afectados pueden solicitar indemnizaciones a la Administración por los daños causados por la enfermedad precisamente porque, como se ha demostrado, la expansión del virus se ha visto facilitada por la OMISIÓN de las medidas que el Gobierno podía y, dada la situación, debía haber adoptado.

En segundo lugar, dado que hay ya, al escribir estas líneas, hasta 30 (TREINTA) fallecidos, no es excluible que los familiares pudieran presentar una querella criminal contra los miembros del Gobierno.

En definitiva, esta crisis ha demostrado que la expansión del virus, irrefrenable, se ha visto agravada por la incompetencia máxima del Gobierno.

Sánchez mete al virus en política
Jose Alejandro Vara. vozpopuli  10 Marzo 2020

Al día siguiente de la manifestación feminista impulsada por el Gobierno, se dispara el número de contagios y se adoptan drásticas medidas para frenar la epidemia

Después del 8-M, la hecatombe. El Gobierno impulsó la manifestación feminista, consciente de lo que estaba en juego: la salud de miles de ciudadanos. Y, horas después de concluidas las marchas en todas las ciudades de España, se abrieron las compuertas a una oleada de medidas restrictivas. El sábado no pasaba nada. Este lunes, el apocalipsis. Cierre de colegios, teletrabajo, competiciones a puerta cerrada... Como si lo hubieran calculado. Como si no les importara jugar con la salud de la gente. Con ustedes, la epidemia que tanto negaron y ahora hace temblar a España.

La única respuesta al coronavirus por parte del presidente es un vídeo promocional con musiquilla de ascensor. Pedro Sánchez, oculto y silente desde el estallido de la pandemia, ha recurrido de nuevo a la fórmula de propaganda cool que le diseña Iván Redondo para recordarnos que él sigue ahí, que el presidente del Gobierno vela por nosotros, aunque en ocasiones no lo parece. El vídeo de la polémica recoge la visita presidencial a la sala de mandos del seguimiento de la epidemia, acompañado por el ministro de Sanidad y del doctor Fernando Simón, el muy chamuscado portavoz para la crisis. Todos sonrientes, relajados, sin amago de preocupación. Un montaje ortopédico y absurdo. Las Bolsas se hundían con estruendo, el Ibex perdía ocho puntos, las cifras de infectados derribaban la barrera del millar, el número de muertos se acercaba a los 30, pero Sánchez, ajeno a la incómoda realidad, seguía fiel a su guión. Tapadito no te salpican. Sin embargo, la imprevista comparecencia de Pablo Casado en rueda de prensa, trastocó los planes del Gobierno.

"Sánchez no da la cara". El líder del PP, hasta ahora muy colaborador, casi complaciente, con la estrategia del Gobierno, decidió dar un paso al frente ante la magnitud de la tragedia. Casado ofreció un decálogo de medidas para hacer frente al desastre, en especial el económico. Sobre cuestiones sanitarias o de movimientos de las personas evitó pronunciarse. Se centró en advertir de la hecatombe económica que llega con la fuerza de un tsunami, y planteó una serie de medidas, en especial rebajas fiscales, para evitar el gran naufragio. Raudos, saltaron los trompeteros de la izquierda: "El PP politiza la epidemia". "La derecha mete al virus en campaña". Y así.

Un análisis sin duda errado porque quien analice con severa frialdad la actitud del presidente del Gobierno llegará a la conclusión de que, quien en verdad ha politizado este descomunal desastre es él mismo. Sánchez maneja una técnica muy depurada de comunicación que consiste en esconderse. Evita hacer declaraciones, esquiva el contacto con los medios, no admite ruedas de prensa. No le ha funcionado mal este sistema, que deja al plasma de Rajoy en paños menores.

El problema es que estamos ante un escenario infernal en el que un presidente del Gobierno ha de dar la cara. Todos lo han hecho, desde Trump hasta Boris Johnson pasando por Macron a Giuseppe Conte. Sánchez es la excepción. Ahora recuerdan incluso cuando le reclamaba a Mariano que compareciera, día sí, día también, para dar la cara por el Ébola. Y el perrito 'Excalibur'. "Usted no preside un gobierno, preside un desgobierno", gritaba Sánchez desde su escaño en el Congreso. "Usted se esconde, no da la cara, tiene que irse a su casa". Eso clamaba el entonces líder da la oposición ante un episodio que en España apenas dejó huella. Dos misioneros repatriados que fallecieron en el hospital y un contagio. Y el perro Excalibur, horas y horas de televisión con el famoso perrito.

Sánchez optó por hilvanar unas cuantas frases, en un acto con autónomos, para referirse por vez primera a este marasmo mundial. Anunció un 'plan de choque', en imitación al de Pablo Casado, para dar la sensación de que el Gobierno está haciendo algo. Pura farfolla. Palabrería sin contenido. No hay nada de nada, comentan los departamentos afectados, así como sindicatos y patronal. Transmitió luego, eso sí, un mensaje de 'unidad, serenidad y estabilidad' al pueblo español, que ya no le cree, porque Sánchez siempre miente. Unas palabras que, seguidas de ese anuncio falsario, sonaban a burla.

No es el PP quien ha metido al coronavirus en política, como pregonan desde la izquierda trompetera. Ha sido Sánchez quien ha politizado desde el principio esta crisis. Lo ha hecho manteniendo un estratégico silencio mediático que pensaba útil. O no convocando ni informando a los líderes de la oposición democrática hasta la tarde del lunes, cuando la onda expansiva de la epidemia se había triplicado. O no telefonear, salvo excepciones, a los presidentes de las autonomías más afectadas para ofrecer ayuda, transmitirles ánimo y entregarles los 2.500 millones que les adeuda y que tan necesarios van a ser en los próximos días. O difundiendo un vídeo propagandístico el primer día en el que abre la boca sobre este asunto, dos meses después de que arrancara el vértigo del mal. O, lo que es más sangrante y quizás delictivo, no impartiendo directrices para evitar concentraciones populares como la manifestación feminista del 8-M. Hasta el domingo, 450 contagios, y el lunes, 1.200. No pasaba nada porque ocultaron información. De esta forma, Carmen Calvo y sus ministras, con Begoña como estrella invitada, pudieron corretear por la Gran Vía lanzando gritos sectarios contra las pobres damas de Ciudadanos. O, sencillamente, por no haberse presentado ante los españoles en televisión, acompañado por todos los ministros implicados para explicar con detalle y transparencia cuanto ha ocurrido, lo que se va a hacer y lo que se espera que ocurra.

El panorama hospitalario empieza a desbordarse, a adquirir el aspecto de una pesadilla. Este fin de semana puede rozar lo dantesco. Sánchez, sin embargo, nada dirá sobre el coronavirus hasta el miércoles, en el Congreso, a preguntas de Pablo Iglesias. Y hasta el jueves no se reunirá el equipo del 'plan de choque' para paliar el daño económico. Vaya urgencia, menudo choque. Todo eso es politizar la crisis, es seguir una estrategia que, en Moncloa, piensan que les favorece o, al menos, les aleja de la zona cero de la catástrofe. Igual que se apartó del escándalo Delcy y le endosó el marrón al ministro Ábalos (salvando las distancias), así pretende ahora salirse del foco del virus para que ni siquiera le roce. Algo impensable. La tragedia amenaza ser tan devastadora que resulta ya imposible ignorarla o esquivarla. Sánchez pretende, una vez más, engañar a todo el mundo. Quizás en esta ocasión no lo consiga. No será fácil. El 8-M, ese maldito 8-M retumbará insistentemente en su memoria.

Ortega Smith da positivo por coronavirus y Vox pide perdón por celebrar Vistalegre
ÁLVARO CARVAJAL El Mundo 10 Marzo 2020

Vox reconoce que fue un "error" celebrar Vistalegre, pide perdón y culpa al Gobierno de "jugar con la vida de los españoles" por no suspender las concentraciones por la "propaganda" del 8-M

Vox ha comunicado oficialmente que su secretario general, Javier Ortega Smith, ha dado positivo por coronavirus en unas pruebas realizadas en las últimas horas. La noticia salta dos días después de que Vox celebrara un acto multitudinario con 9.000 personas en Vistalegre (Madrid), por el que se pide perdón tras reconocer que fue un "error".

Ahora mismo se desconoce si hay más miembros de Vox afectados después de un fin de semana en el que los dirigentes nacionales y provinciales del partido han estado juntos. Especialmente la cúpula encabezada por Santiago Abascal. El sábado celebraron su congreso con más de mil personas y el domingo ampliaron el círculo a millares de simpatizantes en un gran acto.

El partido liderado por Abascal ha anunciado la noticia a través de un comunicado que arroja críticas demoledoras contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis y al que responsabiliza de lo sucedido por no alertar del aumento de la alarma. En la nota Vox asegura que es un Gobierno "irresponsable" que "juega con la vida de los españoles".

Carga en concreto por no haber suspendido las grandes concentraciones de personas a pesar de la alarma con tal de no impedir que se pudieran celebrar las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Fue por el criterio de permitir las aglomeraciones por el que Vox decidió mantener en su agenda para ese día su acto de Vistalegre y no suspenderlo. No obstante fue algo que se barajó en las horas previas ante las numerosas críticas de sus simpatizantes. Finalmente, se decidió seguir adelante pero llamando a las personas en riesgo a que no acudieran.

Vox coloca la responsabilidad de haber seguido adelante en el Gobierno porque el Ministerio de Sanidad no hizo ninguna recomendación para restringir este tipo de actos, igual que tampoco alteró la celebración ese mismo día de partidos de fútbol o de las mencionadas manifestaciones.

"Tuvimos la candidez de creer que este Gobierno antepondría al menos la salud de los españoles antes que su agenda propagandística", dice en alusión al 8-M. "Y es un error, el fiarnos de este Gobierno, en el que no deberíamos haber caído", asegura el comunicado de Vox.

El partido lleva diciendo desde el domingo que habría sido "irresponsable" haber generado más alarma con la suspensión de su acto pero que vista la situación actual fue sin duda un "error" por el que piden perdón.

Vox sostiene que el Ejecutivo conocía la situación y no actuó. Asegura que ahora le "alarma" ver las fotografías de varias ministra del Gobierno con "guantes de látex" en la manifestación, igual que el hecho de que horas después de las manifestaciones se hayan producido medidas restrictivas en la Comunidad de Madrid. Esto para Vox "evidencia que el Gobierno conocía el alcance de la amenaza y que no ha hecho nada para contenerla".

El positivo de Javier Ortega Smith abre muchos interrogantes porque no se sabe si pudo contagiarse en el mismo acto de Vistalegre o días antes. En cualquier caso, su infección coloca en una situación complicada a muchas personas que tuvieron contacto a lo largo del fin de semana.

Ante la situación, Vox manda a casa a sus diputados en el Congreso de los Diputados o en la Asamblea de Madrid. Asegura que es "en lógica coherencia y por responsabilidad" por la situación.

Vox pide responsabilidades políticas y exige la dimisión inmediata de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por ser "responsable del desastre de gestión que se ha llevado hasta ahora". Los de Abascal pide evaluar la necesidad de decretar el estado de alarma e insiste en cerrar las fronteras para las personas que lleguen de países de alto riesgo.

La Junta elimina de golpe 100 trámites y 30 normas para quitar trabas burocráticas
Inaugurar un negocio, declarar un apartamento turístico, abrir una superficie comercial en festivo o hacer una obra menor tendrán muchas menos condiciones en Andalucía desde abril
Isabel Morillo. Sevilla elconfidencial 10 Marzo 2020

El Gobierno andaluz de PP y Cs no ha ocultado que desde que llegó a San Telmo la petición que más ha recibido de los empresarios y del sector privado en Andalucía es que se eliminaran trabas burocráticas y administrativas para abrir un negocio, hacer una obra o levantar un campo de golf. Era “insoportable”, sostienen. Es un objetivo del Ejecutivo andaluz desde que llegó hace un año acabar con esa “maraña burocrática” y este lunes ha aprobado un decreto ley que de golpe modifica 21 leyes y seis decretos y que se tramitará en el Parlamento andaluz a partir del próximo mes de abril.

Seis consejeros comparecieron para explicar los efectos de este decreto de supresión de trámites en cada uno de sus departamentos y que aseguran tocará el corazón del modelo productivo y económico de Andalucía, actualmente muy intervencionista, según el actual Gobierno. La norma ha sido coordinada por el consejero de Economía, Rogelio Velasco, y parte de una comisión de expertos integrada por 17 personas entre altos directivos de administraciones públicas, especialistas de las universidades, funcionarios cualificados y representantes de los agentes económicos y sociales. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, subrayó que se había hecho de la mano del sector privado. Sindicatos como CCOO o partidos como Adelante Andalucía mostraron su rechazo a las reformas por la falta de diálogo o por redundar en un modelo económico que no quieren para Andalucía.

Facilidades al turismo
Entre el centenar de medidas desgranadas y que verán reducirse de forma notable las tramitaciones administrativas está por ejemplo la regulación de los campos de golf. Hace ya 12 años, el Gobierno andaluz reguló su construcción dentro de un decreto que los vinculaba a su interés turístico. Ese decreto ahora queda derogado. En esta última década no se ha construido ni un campo de golf en Andalucía porque era muy difícil, explicó el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, atender todos los requerimientos pese a unas 28 solicitudes. Ahora hay luz verde a estos proyectos.

El decreto ley para la mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía afecta a la ley de ordenación urbanística, la ley de colegios profesionales, la de turismo, la de comercio o la de promoción y defensa de la competencia.

La nueva regulación permitirá a los establecimientos comerciales de más de 300 metros cuadrados abrir un total de 16 domingos y festivos, hasta ahora estaban restringidos a 10. Podrán abrir, de forma progresiva, 12 festivos en 2020, 14 en 2021 y 16 en 2022. Los establecimientos más pequeños podrán seguir abriendo cualquier festivo. Los ayuntamientos podrán además permutar dos festivos por otros dos días que interesen más a la localidad.

Alojamientos turísticos
Se eliminan también trabas en la ley de turismo a los alojamientos turísticos. Se podrán constituir en régimen de propiedad horizontal cualquier alojamiento turístico, siempre que lo permita la normativa municipal, mientras que ahora estaba reservado a apartamentos de más de tres llaves u hoteles a partir de cuatro estrellas. También será mucho más fácil declarar un municipio turístico. Se reduce a un 8%, actualmente es el 10%, el incremento que un municipio debe sufrir algunos meses en sus pernoctaciones para declararse turístico.

La Consejería de Presidencia elimina la restricción de entidades privadas en la gestión de servicios públicos de radiotelevisión municipal. Ahora ya no tiene que gestionar la tele o la radio municipal el ayuntamiento, puede ceder la gestión a un tercero. Las autorizaciones además se darán sin fecha de caducidad. Salvo incumplimiento de la norma o renuncia del ayuntamiento, no tendrán que renovarse.

Para fomentar las energías renovables, los proyectos deberán simplemente acreditar un acuerdo con los titulares de los terrenos necesarios para ejecutar las infraestructuras. En el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se modifican ocho leyes y una disposición reglamentaria. Atendiendo reivindicaciones del campo para un precio justo de los productos agrícolas, se incorpora el sector de la distribución con el productor, transformador y comercializador “para dotar de más equilibrio a la cadena alimentaria”.

Los proyectos de acuicultura tendrán también mucho más fácil ponerse en marcha. Se atiende una demanda histórica de los pescadores y las licencias o concesiones administrativas pasan de 30 a 50 años. Se facilita la instalación de almazaras y se allana la creación de puntos limpios y plantas de reciclaje y compostaje. Los ayuntamientos podrán actuar de forma directa sobre el canon de agua municipal y en muchas obras el silencio administrativo se entenderá como positivo.

La consejera del ramo, Carmen Crespo, negó que la eliminación de estas trabas suponga menos garantías de respeto al medio ambiente o más facilidades al ladrillo, por ejemplo, o a la especulación inmobiliaria. “Lo único que hacemos es adaptarnos a la normativa estatal”, defendió, negando que esa norma del Estado sea más laxa o menos garantista.

Obras menores y aperturas
En urbanismo, se sustituye la necesidad de una licencia de obras para acometer actuaciones menores o edificar en suelo urbano consolidado. A partir de ahora se podrán hacer con una declaración responsable. Estas licencias en algunos municipios se hacían esperar hasta doce meses, según la Consejería de Fomento. Ahora se podrán hacer estas obras, siempre que respeten la normativa urbanística y no supongan crecer en edificabilidad o plantas, en cuanto se entregue esa declaración responsable. También se podrán habitar las viviendas o poner en marcha locales, comercios o servicios con esa declaración. El control se haría a posteriori por los ayuntamientos.

El decreto ley refuerza la coordinación de todas las consejerías de la Junta implicadas en la elaboración de un plan general de ordenación urbanística (PGOU) lo que “podría reducir los plazos en años”. La consejera Marifrán Carazo estimó en ocho años la demora bien para sacar adelante un plan urbanístico. Se agilizan también las obras menores en lugares de patrimonio histórico. Se suprime la autorización de la Consejería de Cultura en el entorno de edificios que estén protegidos.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, calificó de “paso histórico” este decreto ley para el comienzo de la actividad productiva en Andalucía. “Se trata de captar el mayor número de inversiones posibles, que sea fácil en vez de ser un suplicio como ha sido hasta ahora”, apuntó.

A la cabeza del 'ranking'
En España se han puesto en marcha 11.737 leyes y normas en los últimos años y Andalucía junto a Cataluña encabeza el ranking de generación de normas. Ahora se trata de desmontar todo lo posible ese aparataje legal. “Cuando se lleva a cabo un trabajo muy técnico no resulta tan atractivo, tan sexy como otros... Esto puede sonar mucho más aburrido pero es mucho más importante a que se construya otro puente u otra carretera”, defendió el consejero de Economía, Rogelio Velasco. “Se ha hecho una revisión en profundidad de toda la normativa de la Junta, para reducirla y hacerla más amable para las empresas, menos costosa en tiempo y dinero”, agregó, convencido de que no se trata de que el Estado desaparezca sino de hacerlo “fuerte pero eficiente”.

De 262 regiones en Europa, Andalucía ocupa el puesto 220 en índice de competitividad. “Estro refleja la ineficiencia de todo el aparato legal del Estado que pone sobre los hombros a las empresas”. Si en Andalucía se tarda una media de 162 días para obtener una licencia de construcción e instalación de una planta industrial, cinco meses y medio, en Castilla y León bastan 62 días. “Somos tres veces más costosos”, apuntó el titular de Economía.

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Buena y mala gente en Cataluña
Pablo Planas Libertad Digital 10 Marzo 2020

Ni olvidan ni perdonan los nacionalistas, y además señalan a la gente.

El nacionalismo siempre ha diferenciado entre buenos y malos catalanes en razón del origen, la lengua, las costumbres y las inclinaciones electorales. Para el pujolismo, un buen catalán era alguien implicado en la erradicación del idioma español, consciente de la inferioridad genética del hombre andaluz, propenso a la exaltación melancólica de las danzas y gastronomías autóctonas, seguidor del Barça y votante de partidos de obediencia catalana, nada de sucursales o delegaciones de formaciones de "Madrit".

Según la teórica nacionalista, ser un buen catalán implica ser una buena persona, por lo que es imposible ser una buena persona si a la vez no se es un buen catalán. Para los nacionalistas es una cosa meridiana, como que el sol sale por oriente y los días tienen 24 horas. De hecho, ni siquiera se contempla la posibilidad de que un mal catalán o un catalán defectuoso sea una buena persona. Imagínense lo que el catalanismo piensa de los catalanes que se sienten españoles o de los residentes en Cataluña que no se sienten catalanes.

El pasado sábado por la noche, la televisión del régimen nacionalista TV3 entrevistó a la golpista Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo de la cuerda de ERC y presa en una cárcel de Figueras. En el plató, la dirigente de los podemitas de Cataluña Jéssica Albiach se dejaba llevar por el sentimentalismo y se volcaba en elogios a Bassa, mujer y de izquierdas como ella misma, e injustamente encarcelada en su opinión.

Las redes sociales infestadas por el separatismo reaccionaron de inmediato contra Albiach, una botiflera (traidora) que tuvo la osadía de votar que no el día en que en el Parlamento regional de Cataluña se proclamó la independencia. Lluís Llach, el cantante afónico, se hizo eco de los tuits del odio. "Lo siento, no lo puedo olvidar", era el encabezamiento del mensaje de Llach con las imágenes de Albiach enseñando su voto de aquel día. Ni olvido ni perdón, remachaban los seguidores del exdiputado que ahora dirige un comité que redacta la enésima Constitución catalana.

Albiach es una decidida partidaria de la reedición del tripartito entre socialistas, comunistas y ERC, coalición con la que también fantasean en el PSC a pesar de que Junqueras ya le ha dejado claro a Iceta que le considera responsable de su encarcelamiento y poco más o menos que un ser infecto incapaz de mirarle a los ojos y culpable de que sus hijos crezcan sin la presencia constante del padre. A ese punto de inquina llega el santurrón que preside ERC y tiene línea directa con el obispo Omella.

Ni olvidan ni perdonan los nacionalistas, y además señalan a la gente. Así, mientras Llach marca a Jéssica Albiach, el secretario y hombre de confianza de Junqueras, Sergi Sol, escribe artículos sobre quién es la "buena gente" en Cataluña, gente que luce el lazo amarillo, decora sus balcones con esteladas y pancartas y contribuye con un mínimo de doscientos euros a sufragar las fianzas de los dos últimos cargos de ERC imptados por el golpe de Estado, el negociador con el Gobierno Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, un tipo que dijo que para ser consejera de la Generalidad valía con tener las tetas gordas.

Así es que por eliminación, los que no llevan lazo ni pagan son mala gente. Por no hablar de quienes creen y lo cascan que los golpistas se merecen la cárcel y que aún han tenido suerte porque ni les han condenado por rebelión y encima ya disfrutan de permisos diarios para salir a trabajar. Esos directamente no tienen ningún futuro en Cataluña. Son muertos en vida, cadáveres sociales.

Cataluña como patrimonio
Mireia Esteva cronicaglobal 10 Marzo 2020

El mismo día 5 de marzo, aparecieron en la prensa varias noticias que aparentemente afectan a instituciones diferentes y a personas diferentes, que tienen, sin embargo nexos de unión muy claros.

En la primera, se dice que un juez de Barcelona citará a declarar a 49 personas imputadas por el presunto desvió de fondos de la Diputación de Barcelona hacia entidades de la órbita soberanista y de CDC. Miles de fondos públicos destinados a la ayuda al tercer mundo habrían acabado en manos de entidades implicadas en el proceso independentista. Estos fondos habrían sido desviados entre 2012 y 2015, bajo el mandato de CiU, actual JxCAT.

La segunda noticia hace referencia a la petición hecha por un juzgado de Girona al Tribunal Supremo para que se investigue al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (del mismo partido) por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental por irregularidades relacionadas con la utilización de fondos de la empresa de aguas de Girona, en la época que él era alcalde. Es decir, se habría utilizado dinero proveniente de la empresa que tenía la concesión del agua, por un importe de 4,7 millones de euros, para la compra de la colección privada de arte del crítico Santos Torroella, con la oposición del resto de partidos.

La tercera noticia se refiere al malestar, entre los trabajadores de la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña, por el “Derroche de dinero público” en comunicación, protocolo y relaciones externas. En intercambio de correos electrónicos algunos trabajadores del departamento denuncian la duplicidad de cargos y el amiguismo en un área que no es ninguna excepción en la estructura heredada de Convergencia.

No hay duda que las tres noticias tienen nexos muy claros entre sí. Estos nexos se refieren al hecho de que el partido que ha gobernado la Generalitat y gran parte de los ayuntamientos de Cataluña, durante la mayor parte de nuestra democracia, aunque haya cambiado sucesivamente de nombre para disimular sus vergüenzas, se ha vuelto como el rey Midas de Frigia.

Este rey mítico estaba convencido de que la riqueza sólo debía estar en manos de los reyes y por avatares del destino, se le concedió el don de transformar en oro todo lo que tocaba. En nuestro caso, el don que poseen nuestros gobernantes, convertidos en Midas, consiste en idear la forma de transformar el dinero público en bienes personales o al servicio de su partido, porque están convencidos de que sólo ellos se lo merecen. Utilizarlo para el bienestar de los ciudadanos sería un despilfarro, teniendo en cuenta que de otra manera se puede tener en los bolsillos propios.

Los que ostentan este poder en Cataluña han llegado a tal punto de desfachatez que riegan con sus símbolos las instituciones públicas. Con dinero público, llenan con sus eslóganes y banderas las farolas de los municipios donde gobiernan. Incluso blanquean a sus corruptos a través de la televisión pública, como es el caso del capo de la familia íntegra Pujol, íntegramente imputada.

Están tan acostumbrados a la impunidad que se comportan como señores feudales paseando con sus caballos por sus dominios, pisoteando a los vasallos que les contradicen. Si se trata de grupos afines, las protestas son bien recibidas y reciben palmaditas en la espalda. No así si se trata de trabajadores que protestan para defender sus puestos de trabajo o de vecinos hartos de que les corten la circulación de su calle cada día de su vida. Los seguidores pueden insultar, agredir o quemar lo que sea, usualmente llantas o contenedores, e incluso se vanaglorian que las calles serán siempre suyas, porque saben que su señor les protege, caiga quien caiga.

Se han adueñado de todo, patrimonializando el bien público. Han patrimonializado las instituciones, al pueblo catalán, las calles, los recursos materiales, los símbolos, los votos el lenguaje y los sentimientos. Es decir, se han apropiado impunemente de todo aquello que pertenece a los ciudadanos. Se han adueñado de Cataluña, para beneficio propio y de los que les dan soporte, como si de un feudo se tratase.

Pujol puso la pica en Flandes en Mayo de 1984, cuando después de haber sido elegido presidente se trasladó del Parlamento a la Generalitat: "El Gobierno central ha hecho una jugada indigna", exclamó Pujol desde el balcón de la Generalitat al referirse a la querella que contra él y otros 24 ex dirigentes de Banca Catalana había interpuesto el fiscal general del Estado. "En adelante", añadió, "de ética y moral hablaremos nosotros. No ellos". Es decir, transformó la querella judicial personal en un ataque de las fuerzas del mal hacia Cataluña, identificándose él mismo con ella y tergiversando el lenguaje, para desposeerlo de su verdadero alcance y sentido ético.

Como respuesta a estas palabras, desde la plaza, miles de personas aclamaron a Pujol en desagravio por la presentación de la querella sobre Banca Catalana. En ese momento, miles de ciudadanos empezaban un proceso de pérdida progresiva de la ciudadanía, para convertirse en “pueblo” y vasallos, carentes de sentido crítico. A partir de ahí, los Pujol y sus fieles debieron pensar que Cataluña era muy fácil de dominar (léase patrimonializar), siempre y cuando se alimentaran los sentimientos, y se pusieron a ello con renovado fervor nacional.

Han tenido comiendo de sus manos al empresariado catalán, si no, no podían tener acceso a la contratación pública; han tenido los medios de comunicación a su servicio; han dominado la educación; han ejercido el dominio del parlamento gracias a una ley electoral que les favorece y una extensa red de tejido social, bien regada por las subvenciones si se portaba bien. A esta ley del silencio de corte mafioso la llamaron durante años el “oasis catalán”.

El tiempo les ha dado la razón durante casi cuarenta años, hasta que empezaron a descubrir que, la manipulación tiene techo y que la mitad de los ciudadanos de Cataluña no están dispuestos a dejarse engañar. Sin embargo, esto no parece importarles mucho: lo que les indigna más es que las querellas les salen por las orejas.

El rey Midas descubrió que si convertía todo lo que tocaba en oro, se moría de hambre y de sed. Nuestros gobernantes tienen suerte y no se morirán por falta de comida o bebida, en el caso de que vayan a la cárcel, porque en nuestras cárceles se come y se bebe con regularidad. Para otros, quizás al final de todos estos procesos judiciales, sólo se pueda rebajar un poco el nivel de impunidad del que disfrutan y podamos verlos perdiendo su cargo o su chalet. Los derechos son de las personas, no de las tierras o los “pueblos”. Por eso, mientras no dejemos de sentirnos como “un solo pueblo catalán” y no pasemos a convertirnos en ciudadanos de Cataluña, con derechos y obligaciones individualizados, seguiremos gobernados por señores que se pasean impunemente por lo que consideran su predio natural.

La Generalitat alcanza su cifra récord de multas lingüísticas
La Agencia Catalana de Consumo impuso 94 sanciones, un 20% más que en 2018, a pesar de que el Tribunal Constitucional las considera ilegales
María Jesús Cañizares cronicaglobal 10 Marzo 2020

Las multas lingüisticas impuestas por la Generalitat alcanzaron su cifra récord en 2019 con un total de 94, lo que supuso una recaudación de 55.575 euros. Así lo refleja el Balance de actuaciones de la Agencia Catalana de Consumo correspondiente al año pasado y que refleja un aumento del 20% de sanciones respecto a 2018.

Multas lingüísticas de la Generalitat (2013-2019) Año Nº sanciones Importe
2019 94 55.575
2018 78 50.865
2017 67 75.500
2016 70 89.500
2015 68 140.000
2014 57 51.350
2013 88 133.850

El Código de Consumo de Cataluña sanciona a aquellos comercios que no rotulan en catalán o que no disponen de señalización en ese idioma, a pesar de que, en dos ocasiones, el Tribunal Constitucional advirtió de su ilegalidad.

Según el Alto Tribunal, en el ámbito de las relaciones entre particulares --y a diferencia de lo que ocurre en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos--, no puede imponerse el uso de una de las lenguas oficiales. "Ni el reconocimiento de un derecho ni el establecimiento de un deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público, puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal, la obligación de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales", indica el alto tribunal.

Así, desde 2014, las multas impuestas por la Generalitat no han parado de crecer, desde las 57 sanciones de ese año a las 94 de 2019.
 


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