AGLI Recortes de Prensa   Viernes 27  Marzo  2020

Una negligencia política mortal
OKDIARIO 27 Marzo 2020

La revelación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados de que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez confirmó el 3 de marzo la «transmisión comunitaria» del coronavirus en España, pero que, sin embargo, la consideró «esporádica» y «no sostenida», es la prueba del nueve de la negligencia mortal cometida por un Ejecutivo que instó a participar en Madrid -sólo cinco días después- en la manifestación del 8-M que reunió en la capital de España a 120.000 personas. Todo una prueba de cargo contra un Ejecutivo que, muy probablemente, tenga que afrontar un aluvión de querellas. Las declaraciones de Illa abonan el camino a todos aquellos que se hayan visto afectados por la decisión de Pedro Sánchez de celebrar a toda costa la multitudinaria concentración feminista.

En la comparecencia en la comisión de Sanidad de la Cámara Baja, Illa manifestó: «A fecha 3 de marzo, el número de positivos ascendía a 149 (en España). Fue en ese momento cuando pudimos confirmar la existencia de transmisión comunitaria en nuestro país». Un día antes, el 2 de marzo, en vísperas de la manifestación, la Unión Europea, a través del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, recomendó a los Estados miembros la adopción de «medidas de distanciamiento social individual « para evitar así concentraciones multitudinarias como las de las marchas feministas.

Dicho de un modo más claro: conociendo que el virus se encontraba en plena fase de expansión, y en contra de las recomendaciones de la UE y del conjunto de los organismos sanitarios mundiales, Pedro Sánchez expuso gravemente al contagio a la sociedad madrileña y española en general, alentando manifestaciones multitudinarias. Lo que vino después ya es de sobra conocido. España es hoy el segundo país del mundo con más muertes, sólo detrás de Italia, y el número de contagios crece cada día mientras millones de ciudadanos permanecen confinados en sus casas. El Gobierno socialcomunista reconoce que el 3 de marzo confirmó la «transmisión comunitaria» del coronavirus, pero que la consideró «esporádica».

Después de esto, si tuviera decencia, lo «esporádico» debiera ser el Gobierno de España.

Illa es muy malo... y no hay nadie mejor en el Gobierno
EDITORIAL Libertad Digital 27 Marzo 2020

Desde luego, Salvador Illa no es el principal responsable de la devastación que está causando el coronavirus en nuestro país; es evidente que las decisiones importantes las han tomado otros, la mayoría de las veces sin priorizar los aspectos sanitarios.

Del mismo modo, también es innegable que Illa es un ministro de cuota, al que se confirió una cartera competencialmente irrelevante para que pasara sin pena ni gloria; un ministro bulto en el abultadísimo Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Pero resulta que, con el advenimiento de la crisis del coronavirus, Sanidad se ha convertido en un ministerio trascendental. Como de hecho lo ha sido en otras ocasiones no tan distantes en el tiempo; recuérdese, sin ir más lejos, la crisis del ébola, explotada con obscenidad por los inmorales que piden ahora altura de miras y sentido de Estado a los que critican, con justísima indignación, la incompetente y peligrosa gestión que de la crisis presente está haciendo el Gobierno del 8-M.

Sanidad, pues, es una cartera de extraordinaria importancia en estos momentos. Una cartera que no puede estar en manos de un personaje como Illa, del que se esperaba que no hiciera nada pero que ha tenido que hacer de todo en los últimos días. Y todo lo ha hecho mal.

El bochornoso episodio de los test de detección del coronavirus ha sido ya el colmo de los despropósitos. Illa ha dado siempre la sensación de ir muy por detrás de los acontecimientos; de estar completamente sobrepasado y zombificado. Lo que le faltaba era ponerse en evidencia y hacer el ridículo dentro y fuera de nuestras fronteras. De ahí que hayan empezado a despojarle de buena parte de sus funciones.

El nombramiento de Illa fue un error; mantenerlo en el cargo puede parecer casi una afrenta a la ciudadanía. Pero es que en el Gobierno no hay más que semejantes a Illa, personas clamorosamente incapacitadas para gestionar el día a día de un país avanzado como España, y para qué hablar de emergencias sanitarias de extraordinaria gravedad como la actual. Eso es lo desolador.

El Gobierno confirmó la «transmisión comunitaria» del coronavirus cinco días antes del 8M
Segundo Sanz okdiario 27 Marzo 2020

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reveló este jueves en el Congreso de los Diputados que el Gobierno de Pedro Sánchez confirmó el 3 de marzo la «transmisión comunitaria» del coronavirus en España, pero que, sin embargo, la consideró «esporádica» y «no sostenida». Sólo cinco días después se celebró en Madrid la manifestación ideológica del 8M, que reunió en la capital a 120.000 personas. Hubo cerca de 70 concentraciones en otros puntos de la comunidad. La Delegación del Gobierno, dirigida por el socialista José Manuel Franco, no las suspendió.

En la comparecencia de este jueves en la comisión de Sanidad de la Cámara baja, Illa manifestó: «A fecha 3 de marzo el número de positivos ascendía a 149 (en España). Fue en ese momento cuando pudimos confirmar la existencia de transmisión comunitaria del coronavirus en nuestro país, si bien se trataba de una transmisión esporádica y no sostenida. Lo cual, siguiendo en todo momento la recomendación de los expertos y los organismos internacionales, nos aconsejaban mantener al país en la fase de contención, cosa que hicimos con el acuerdo de las comunidades autónomas».

En concreto, desde el día anterior, el 2 de marzo —seis días antes del 8M— la UE, a través del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades recomendó a los Estados miembros la adopción de «medidas de distanciamiento social individual» para evitar así concentraciones multitudinarias como las de las marchas feministas jaleadas por PSOE y Podemos. Sin embargo, el ministro Illa no se detuvo en dicha alerta en el recorrido temporal de su exposición, donde insistió en que «nos enfrentamos a una situación cambiante».

Sin ninguna autocrítica y en la línea de las comparecencias televisivas del presidente Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad volvió a indicar, como ya hiciera el miércoles, que el escenario «dio un giro durante los últimos días de febrero», sobre todo, por el brote detectado en Italia «con gran incidencia en el resto de países europeos». Sin embargo, el Gobierno de Sánchez mantuvo la llegada de vuelos procedentes de Italia sin ningún tipo de control hasta el 10 de marzo, con el coronavirus ya desbocado en España.

«Próximas 8 semanas»
En cuanto a la falta de previsión en la disponibilidad de material sanitario y la tardanza en la compra del mismo, Illa contrarrestó las críticas desglosando las cifras destinadas por el Gobierno en los últimos días a estas adquisiciones. Así, cuantificó en 509 millones de euros el desembolso total de compras al mercado de China, que permitirá, por ejemplo, la llegada de 585 millones de mascarillas quirúrgicas y no quirúrgicas en las «próximas 8 semanas», 11 millones de guantes, más de 5,5 millones de test rápidos y 1.114 equipos de respiración asistida para reforzar a las UCI, al margen de las operaciones conjuntas con la UE

Illa fue avisado a finales de febrero de la «alta propagación» del coronavirus entre los sanitarios
Luz Sela okdiario 27 Marzo 2020

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, conocía ya a finales de febrero -cuando el Gobierno negaba aún el riesgo de una epidemia- los elevados riesgos del coronavirus entre el personal sanitario. Los contagios de médicos y enfermeros, en primera línea en la lucha contra la pandemia, se han convertido en un problema de primer orden en los hospitales, ya colapsados. Según datos ofrecidos este martes por Sanidad, 5.400 sanitarios están infectados, un 14% del total. Aunque esa cifra aumenta conforme pasan las horas. Los profesionales atribuyen esa elevada tasa de contagio a la falta de equipos de protección individual (EPI).

Sin embargo, la situación era previsible. Y el propio Illa fue advertido. El 29 de febrero, cuando el coronavirus asomaba en nuestro país, con 32 casos confirmados, y la epidemia era una realidad -Italia sumaba 650 contagios y 17 muertos y en China el virus dejaba un panorama de 78.824 infectados y 2.788 fallecidos- el ministro Illa se hacía eco del aviso de la Organización Médica Colegial.

En un comunicado, los médicos avisaban con claridad de la agresividad del nuevo virus, especialmente en el colectivo. «El nuevo coronavirus ha mostrado una alta capacidad de propagación en los centros sanitarios de otros países y por tanto una afectación de profesionales sanitarios, que pueden actuar a su vez como transmisores de la enfermedad, por lo que procede proteger especialmente a los que tienen la tarea de cuidar de todos».

La advertencia era meridiana. Pero, pese a conocerla, Sanidad no se anticipó a una realidad que es hoy ya desoladora. La pandemia se ha cobrado la vida de varios sanitarios. La última, una médico de 59 años en Salamanca que llevaba más de una semana con síntomas de la enfermedad.

La organización médica era consciente, ya entonces, de la escasez de equipos de protección frente a la magnitud de una epidemia que en China se había cebado con el personal sanitario. «Es esencial utilizar los equipos del modo adecuado» y «no es éticamente admisible acaparar equipos y provocar carencias», avisaban. Asimismo, destacaban que cualquier sanitario que hubiese estado en contacto con un paciente en investigación o confirmado «deberá ser especialmente escrupuloso en la auto observación de los síntomas, solicitando en su caso atención».

Ya ese día, la Organización Médica Colegial desaconsejaba a los médicos la participación en congresos, reuniones y otras citas científicas «con gran afluencia». Sanidad, en cambio, tardaría aún en hacerse eco de la medida. Hasta el 3 de marzo, el Gobierno no aconsejó evitar esos eventos.

Sanidad asume que los altos contagios entre sanitarios tienen entre sus principales causas la dificultad del acceso a los equipos de protección. El portavoz, Fernando Simón, excusó que «se están produciendo problemas de acceso al mercado de forma global, no hay disponibilidad global fácil y se está en vías de solucionarlo».

Simón, no obstante, defendió que el acceso a los sistemas de protección «está resultando suficiente» a nivel general, y limitó las carencias a casos puntuales, pese a que las quejas son un clamor entre los profesionales.

Sanidad atribuye también el impacto a «dos o tres brotes» de coronavirus que se detectaron en hospitales al inicio de la epidemia y que tuvo «un impacto» en el número de profesionales afectados. También consideran que algunos profesionales «se han podido infectar en la comunidad», y no durante su labor en los centros.

Compra contra reloj
La falta de previsión ante una epidemia descontrolada ha obligado ahora al Gobierno a negociar contra reloj las adquisiciones de material de protección. Este miércoles, el ministro de Sanidad anunció el acuerdo entre el Gobierno español y China por 432 millones de euros para la compra de, además de respiradores y test rápidos, más de 550 millones de mascarillas y 11 millones de guantes, destinados a pacientes y sanitarios. Su suministro, explicó, será «escalonado» y comenzará a finales de esta semana. Adicionalmente, el Ejecutivo «está activando» la producción de este material en España, dijo Illa.

A la deriva
Maria Claver okdiario 27 Marzo 2020

“Lo peor es ver el miedo y la angustia de los pacientes. Vamos a los domicilios y cada caso es más dramático que el anterior. Ayer, en una de las salidas de urgencia acudimos al domicilio de una mujer de 70 años que vivía sola. Se ahogaba, estaba saturando al 37%. Llamamos a la ambulancia y no podían venir. Le pusimos oxígeno, pero dos horas más tarde la ambulancia seguía sin aparecer y el oxígeno se acabó. Tuvimos que correr al Centro para hacernos con una bombona grande, subir los tres pisos sin ascensor y volver a conectarla. Y todo esto sin equipamiento: sin mascarilla, sin traje, sin gafas de protección”. Es uno de los muchos testimonios de médicos que se están enfrentando a esta pesadilla anteponiendo su vocación al miedo legítimo que sienten al contagio. Dicen que el 14% del personal sanitario ha sido contagiado, no es verdad. Desgraciadamente son muchos más los facultativos que se han infectado.

Podemos hablar de los muchos médicos que han perdido a seres queridos; de los muchos pacientes que con más de 80 años y patologías previas se les negará el acceso al tratamiento; de los que van a morir en sus casas o en residencias sin posibilidad de acceso a paliativos; de los que lo harán en las UCIs sin compañía, sin aliento y con el sonido de fondo de una maquina; de las familias que despiden a los suyos en la distancia; de todos esos trabajadores que acuden a su centro de salud en pánico para solicitar una baja médica que les permita quedarse en casa; de los enfermos enviados a sus domicilios donde inevitablemente verán enfermar a sus familias por haber convivido con ellos, de las miles y miles de víctimas que vamos a tener… Es una tragedia sanitaria sin precedentes. Y, sí, señoras y señores del Gobierno, la magnitud del desastre era evitable.

Ahora el presidente del Gobierno trata de mutualizar, como si de deuda europea se tratase, la estupidez. Alega que todos los dirigentes minimizaron la amenaza y que todos los países se enfrentan a la misma situación que nosotros. Algo así como “somos unos negligentes, pero estamos dentro de la media europea”. Lo que ocurre es que somos el segundo país con más muertos y, aunque las estadísticas no lo reflejen, también con más contagiados. Ayer el ministro Illa, después del fracaso de la centralización en las compras, anunció la adquisición de material sanitario por un valor de 432 millones de euros y explicó, entre otras cosas, que durante los meses de mayo y junio llegarán 750 unidades de respiradores. Me hubiese gustado preguntar al ministro si era consciente de lo que estaba anunciando, si era consciente de que posiblemente en junio ya no necesiten ni desembalar los respiradores.

Mi primer artículo en OKDIARIO alertando de lo que se nos venía encima y de la frivolidad de nuestros dirigentes es del 3 de febrero: “En España sólo morimos de éxito”. Desde entonces he asistido aterrada a la irresponsabilidad de un gobierno que, pese a las evidencias que llegaban de China, ha estado embriagado de su propia vacuidad. Es hora de que asuman responsabilidades, que acepten sus errores y dejen de lanzar a sus hordas de incondicionales contra la Comunidad de Madrid. Si no hubiese sido por Madrid y por el País Vasco aún hoy estaríamos discutiendo el estado de alarma.

Para Sánchez e Iglesias, España no es país para viejos
OKDIARIO 27 Marzo 2020

Preguntada por las muertes en las residencias de ancianos a causa del coronavirus, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha hecho unas declaraciones a la CNN que son toda una confesión de parte: «Estamos viendo que igual no hemos prestado suficiente atención a sus necesidades y a su cuidado, es una de las muchas lecciones que tenemos que aprender». Tiene razón. El ejercicio de autocrítica de la ministra ante una televisión de audiencia millonaria supone el primer reconocimiento de culpa por parte de un miembro del Gobierno y coincide con la denuncia hecha por varias decenas de residencias de mayores, como informa OKDIARIO, de que advirtieron de su situación al Gobierno y este miró para otro lado.

Laya tiene razón, pero hay que buscar las causas de ese abandono. Lo cierto es que el colectivo más vulnerable ante el coronavirus no ha recibido la menor atención. Era más importante para el Ejecutivo socialista celebrar a toda costa las manifestaciones del 8-M, porque su plan de ingeniería social se centra más en alentar y fomentar las proclamas del feminismo radical que en dedicar atención a los mayores.

Las políticas sociales de la izquierda no pasan por defender los derechos de los ancianos, los grandes damnificados de una tragedia sanitaria que ha evidenciado la incapacidad superlativa de un Ejecutivo que primero negó que el coronavirus fuera a impactar de forma demoledora en España y, después, sobrepasado por la magnitud del contagio, está dando palos de ciego. González Laya reconoce la falta de previsión del Ejecutivo y lo hace ante una televisión de audiencia mundial. Sus palabras dibujan un país cuyo Gobierno se ha olvidado de los más necesitados, trasladando una imagen de nación insolidaria. No es cierto. Insolidario es el Gobierno.

La responsabilidad compete a los responsables políticos que optaron por permitir multitudinarias manifestaciones feministas en el momento en el que el contagio se extendía a velocidad de vértigo. Y lo hicieron porque antepusieron su ideología a las necesidades de los españoles, especialmente las de los más vulnerables

Pedir lealtad y decir la verdad
Editorial ABC 27 Marzo 2020

El 31 de enero pasado la OMS declaró la emergencia mundial ante la expansión del coronavirus. El 12 de febrero, el Mobile World Congress canceló su cita anual en Barcelona. El 22 de febrero, la OMS advirtió: «Se agota el tiempo para actuar». Al día siguiente, Italia suspendió el carnaval de Venecia y empezó a cerrar escuelas y a prohibir actos públicos en el norte del país. Y el 24 de febrero, la OMS anunció que el mundo debía prepararse para «una potencial pandemia». A principios de marzo, solo tres comunidades autónomas en España no tenían registrados casos de infección, pero algunos focos eran tan activos, como el de Torrejón de Ardoz, que el 3 de marzo Fernando Simón reconoció la posibilidad de prohibir actos multitudinarios y la actividad escolar en esta localidad madrileña. Y la primera muerte por coronavirus se produjo en Valencia el 13 de febrero, aunque no se conoció la causa hasta el 3 de marzo, cuando se hizo la necropsia del paciente. Todo cambió, según la propaganda del Gobierno, de la noche del 8 a la mañana del 9 de marzo. El 8-M.

De todo esto se olvidó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su autodefensiva comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso, para centrarse en una lista de reuniones, encuentros y fechas con la que pretendió convencer de que el Gobierno siempre había estado al tanto de la situación. O bien no es cierto, a la vista de la cronología que le desmiente, o bien es cierto, y su gestión es tan reprochable como lo percibe la mayoría de los ciudadanos. La remisión a lo que decían las autoridades sanitarias es una excusa barata, una coartada que falta al respeto a los profesionales sanitarios que ahora se están dejando la vida y la salud en recuperar el tiempo perdido para que pudiera celebrarse sin sobresaltos el 8-M. Y también a policías y guardias civiles que están denunciando la falta de material imprescindible para prevenirse de contagios en sus labores de vigilancia del confinamiento.

Ya basta de esconderse tras unas «autoridades sanitarias» a las que, de una vez por todas, deben poner sus nombres y apellidos, porque las que conocemos, como la OMS, llevan avisando, como mínimo, desde el 31 de enero sobre la peligrosidad pandémica del Covid-19. El Gobierno quiere lealtad, pero debe ofrecer antes dos cosas para hacerse acreedor: verdad y responsabilidad. Verdad sobre lo que sabía y dejó de hacer. No sirve el argumento de que, además del 8-M, hubo partidos de fútbol o mítines. ¿A cuál de estos actos alentaron las ministras de Pedro Sánchez a asistir? Y responsabilidad para asumir las consecuencias: puede haber ceses y dimisiones en una crisis, por supuesto, porque este Gobierno está demostrando que ninguno de sus miembros es imprescindible. Entonces, sí, lealtad.

¡Illa, Illa, Illa, ni test ni mascarillas!
OKDIARIO 27 Marzo 2020

La penúltima hazaña de este Gobierno perdido en la crisis del coronavirus ha sido la compra de una partida de test rápidos sin licencia oficial que se han demostrado ineficaces. Es la guinda que faltaba para una gestión que rezuma incompetencia por los cuatros costados y que se está traduciendo en en más contagios y más muertos. Una negligencia más que sumar a una larga lista de fiascos que está provocando un daño iinsoportable a la sociedad española.

La justificación del Gobierno es de aurora boreal: no compró directamente los test a China, sino a través de un proveedor oficial cuyo nombre no quiso facilitar. Dice que la partida contaba con el sello CE, que garantiza que puede venderse en toda Europa. La excusa del Ministerio de Sanidad es absurda: podrá venderse, pero si el test no sirve para la detección rápida del coronavirus, lo que no puede es comprarse. Es más, ¿nadie comprobó su eficacia antes de cumplimentar la compra? Dice Sanidad que el mercado se ha vuelto «loco», pero quienes van a volverse locos por la incompetencia del Ejecutivo socialcomunista son los españoles. A su capacidad de aguante y de resistencia frente al coronavirus hay que añadir su aguante y resistencia ante un Gobierno que es un peligro público.

Hasta la mismísima Embajada China en España anunció que en la lista de proveedores que facilitó al Gobierno no estaba Shenhzen Bioeasy Biotechnology, la empresa elegida por el Departamento de Salvador Illa. ¿Quién recomendó esta empresa?, ¿Qué razones llevaron al Gobierno a inclinarse por ella cuando las autoridades chinas no la aconsejaron nunca?

Según un informe de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), los test comprados por el Gobierno tienen una fiabilidad muy escasa. Tan escasa como la de un Ejecutivo que se ha ido a un bazar chino a comprar el material sanitario. Toda España es un clamor: ¡Illa, Illa, Illa, ni test ni mascarillas!

Sanitarios y policías crean la Plataforma Víctimas del Coronavirus Covid-19 para exigir responsabilidades
M.A. Ruiz Coll okdiario 27 Marzo 2020

Un grupo de policías y sanitarios de Madrid y la Comunidad Valenciana ha impulsado la creación de la Plataforma Víctimas Coronavirus Covid 19, que exigirá a las autoridades responsabilidades civiles y penales por los perjuicios causados por esta epidemia.

Según ha explicado el abogado Juan Carlos Navarro, que actúa como su asesor legal, la Plataforma nace «desee la preocupación de un grupo de ciudadanos ante la pandemia devastadora que asola nuestro país y que está dejando miles de víctimas a su paso, en muchos casos sin recursos, en soledad y sin ayuda. Queremos ser un vehículo de ayuda para todos y cada uno de los afectados».

«Varios profesionales de la medicina y policías, tanto locales como nacionales», ha explicado a OKDIARIO Juan Carlos Navarro, «se pusieron en contacto con nosotros porque estaban desarrollando su trabajo sin ningún medio de protección, y algunos han sido infectados».

A partir de este grupo inicial, se han ido sumando a la plataforma cerca de 300 personas, la mayor parte de ellas procedentes de Madrid y la Comunidad Valenciana, que se han visto afectadas por la epidemia. Según indica Navarro, su único objetivo no es emprender acciones judiciales, sino también ofrecer ayuda a las víctimas, por ejemplo facilitando asistencia psicológica.

«En este momento estamos recopilando información», señala Navarro, «y cuando se levante el estado de alarma entablaremos las acciones judiciales oportunas para reclamar responsabilidades civiles y penales por estos hechos». Por el momento, prefiere no precisar contra qué autoridades, nacionales o autonómicas, se interpondrán estas acciones.

Juan Carlos Navarro, que dirige el despacho Navarro & Larriba Abogados, no pone el foco en la celebración de las manifestaciones feministas del 8M, sino en la falta de previsión de las autoridades sanitarias que, pese a todas las alertas internacionales, no hicieron acopio de los equipos médicos y materiales de protección necesarios para hacer frente a esta epidemia: «Se está lanzando a la gente al campo de batalla con tirachinas, sin medios, y eso es una absoluta vergüenza», afirma.

La Plataforma también ofrecerá asesoramiento legal a quienes se hayan infectado en actos de servicio, por carecer de material de protección necesario, o por ejemplo, a los familiares de quienes hayan fallecido sin recibir la asistencia adecuada: «Vamos a reclamar esas responsabilidades judicialmente, tanto por la vía civil como por la penal».

Denuncia contra Pedro Sánchez
Por otro lado, el abogado Víctor Valladares ha registrado este jueves ante el Tribunal Supremo una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de prevaricación y lesiones imprudentes, por permitir las manifestaciones feministas del 8M en plena epidemia de coronavirus.

Valladares es el impulsor de la primera denuncia que ha provocado que el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid abra diligencias contra el delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco Pardo, por estos mismos hechos.

En su denuncia presentada contra Pedro Sánchez ante el Supremo, Víctor Valladores solicita que el juez tome declaración como testigo al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, quien aseguró que no existía ningún riesgo en asistir a las manifestaciones feministas del 8M.

Pese a las palabras de Simón, de las asistentes a la manifestación de 8M en Madrid que congregó a cerca de 120.000 personas, han dado positivo en coronavirus la vicepresidenta Carmen Calvo; las ministras de Igualdad, Irene Montero, y Política Territorial, Carolina Darias; así como la mujer y la madre del presidente Pedro Sánchez: Begoña Gómez y Magdalena Pérez-Castejón.

Víctor Valladares recuerda en su denuncia que, seis días antes del 8M, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, que solicitaba suspender todos las «concentraciones masivas» y «actos tumultuarios» para frenar el contagio del coronavirus.

Considera por tanto que, de acuerdo a este informe y a las reiteradas alertas internacionales lanzadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno debería haber suspendido todos los actos tumultuarios que se celebraron en el fin de semana del 8M en toda España.

Vox recurre al Constitucional para evitar que Sánchez «blinde» a Iglesias en la comisión del CNI
OKDIARIO 27 Marzo 2020

Vox no está dispuesto a que Pablo Iglesias esté en la comisión del comisión delegada que controla el CNI. Y menos que Pedro Sánchez aproveche la crisis del coronavirus para colarlo en el órgano que controla a los espías aprovechando un real decreto de medidas económica para paliar los efectos de la pandemia . Por eso, la formación de Santiago Abascal ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el «blindaje» que han orquestado podemitas y socialistas.

El Consejo de Ministros ya aprobó el pasado mes de febrero un decreto que regulaba los miembros de la comisión delegada del CNI para dar la oportunidad al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incluir a los cargos de la Administración que considerase convenientes. Hay que recordar que el líder de Podemos siempre ha aspirado a controlar el CNI. En numerosas intervenciones aseguró que era una de las aspiraciones en caso de llegar al Gobierno.

Ese decreto fue recurrido por Vox y ahora, según denuncia la formación, el Gobierno ha pretendido sortear ese recurso incluyendo la modificación de la composición de la comisión delegada del CNI en el decreto ley que recoge todas las medidas aprobadas la pasada semana por el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias del coronavirus.

El partido dirigido por Santiago Abascal recuerda que los reales decretos tienen que obedecer a una circunstancia «de extraordinaria y urgente necesidad», requisito que sí reúne el COVID-19 pero «en ningún caso una cuestión ajena a la crisis sanitaria como es la presencia del líder de Podemos en la Comisión del CNI».

La disposición adicional segunda incluida por el Gobierno reza: «La Comisión estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su presidente, e integrada por los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno, las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el ministro del Interior, y la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y la secretaria de Estado del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretaria».

Este texto ha sido el recurrido por Vox ante el Tribunal Constitucional «para evitar que el Gobierno aproveche una circunstancia tan grave como la actual para blindar una aspiración personal de poder», según argumenta.

«Aspiración de poder» de Iglesias
El recurso ha sido presentado por los 52 diputados del grupo parlamentario argumentando que esta disposición adicional «carece de toda conexión con la grave crisis sanitaria, social y económica a que trata de hacer frente» el decreto.

Según subraya, la grave situación que atraviesa España como consecuencia del COVID-19 no permite al Gobierno «actuar a su antojo» y «vulnerando la Constitución». «De esta crisis no se puede salir con una degradación institucional, sino que es a partir de la fortaleza de las instituciones como se logrará superar la grave situación en la que nos encontramos», reivindica el partido.

Vox cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprovechado para «colmar la aspiración de poder» de su vicepresidente segundo aprovechándose «del desconcierto y la preocupación» generados por «los estragos sociales y económicos» causados por el coronavirus.

Cuando las barbas de Maduro veas pelar…
OKDIARIO 27 Marzo 2020

Mala, muy mala noticia para Podemos: el fiscal general de EEUU., William P. Barr, ha imputa a Nicolás Maduro por narcotráfico y ofrece 15 millones de dólares por su captura. Dicho de otro modo: el Gobierno de Estados Unidos ha presentado cargos penales contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros miembros de su Gobierno por su presunta implicación en el narcotráfico en el país.

Los cargos son concluyentes: «Maduro ha permitido usar Venezuela como un lugar seguro para el narcotráfico» en la región. Las acusaciones se justifican en el hecho de que «bajo la dirección de Maduro sus oficiales negociaron tratos de drogas» con la extinta guerrilla de las FARC, «uno de los mayores productores de cocaína en todo el mundo».

Estamos ante un salto cualitativo, porque la Justicia de Estados Unidos estrecha el círculo contra el régimen chavista y le acusa de haber «inundado Estados Unidos de cocaína». A Maduro; al vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; al ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y al ex director de Inteligencia militar Hugo Armando Carvajal se les imputa un delito de «narcoterrorismo».

A estas horas, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y otros insignes defensores del régimen chavista estarán menos tranquilos. Después de que países como Bolivia o Ecuador estén investigando a los dirigentes de Podemos por presuntos delitos de financiación ilegal, el anuncio del fiscal general de Estados Unidos de proceder penalmente contra Maduro y su Gobierno deja sin demasiado margen de maniobra al partido que hoy cogobierna España. EE.UU. mueve ficha y el temblor de piernas de Iglesias. Monedero y compañía crece a medida que el horizonte penal del Gobierno venezolano se vuelve negro tizón.

Parece que se les ha caído el chiringuito, ahora que se las prometían tan felices. A su financiador Maduro se le acaba el tiempo e Iglesias no para de mirar el reloj: tic-tac, tic-tac, tic-tac….

Los narcodictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro han sido los grandes financiadores de Podemos
OKDIARIO 27 Marzo 2020

El fiscal general de EEUU, William P. Barr, ha presentado cargos criminales por narcotráfico y terrorismo contra Nicolás Maduro. Tanto el dictador venezolano como su predecesor Hugo Chávez han sido los grandes financiadores de Podemos. En concreto, la fundación CEPS, de la que eran dirigentes Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, recibió 7,1 millones de euros del régimen chavista.

La cúpula de fundadores del partido morado formada por Iglesias, Monedero y Errejón recibió millones de dólares de la dictadura venezolana. Hugo Chávez personalmente firmó la concesión de 6,7 millones de dólares a Juan Carlos Monedero, Jorge Verstrynge y Pablo Iglesias para «llevar la Revolución a España y luchar contra el capitalismo», a través de su Fundación CEPS.

El funcionario tramitador fue Rafael Isea, que era un militar chavista, ministro de Finanzas y Planificación, y que es hoy un ‘arrepentido’ que vive protegido por las autoridades federales de Estados Unidos, donde está refugiado. Precisamente ha sido la Administración de Washington la que hizo llegar estos documentos a la Policía española.

Se trataba de «llevar la revolución a España y luchar contra el capitalismo»

Los documentos que obran en poder de la Policía explican que los pagos aquí firmados se realizaron en los años 2008 (1,9 millones de dólares), 2009, 2010 y 2011 (3,1 millones de dólares) y 2012, 2013, 2014 y 2015 (1,7 millones de dólares), por el propio Isea, antes de escapar en 2013 a Estados Unidos como testigo protegido de la DEA, la Agencia de EEUU contra las drogas. En todo caso, desde el año 2003 la Venezuela chavista venía entregando fondos a la Fundación CEPS, y todos ellos suman la cantidad reseñada.

Los narcodictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro han sido los grandes financiadores de Podemos
Documento firmado por Hugo Chávez en mayo de 2008, en el que ordena pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS

Peritos calígrafos han autentificado la firma de Chávez «más allá de toda duda razonable», según indican las fuentes. Esa documentación demuestra que los dirigentes del partido morado no sólo asesoraban a través de su Fundación CEPS al mandatario venezolano, le dictaban los contenidos de su programa televisivo Aló, Presidente y le cantaban las glorias en sus espacios audiovisuales en España como La Tuerka o Fort Apache.

También se cobraban en dinero tales conductas para financiar sus actividades, hacer crecer su formación política, organizar sus estructuras, financiar a sus cuadros y lanzar sus campañas. Así, en menos de dos años, han creado de la nada la tercera fuerza política en España, en disposición de «negociar de igual a igual» con el PSOE la formación de un Gobierno.

Y es que según el Punto de Cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, era precisamente el objetivo de crear fuerzas bolivarianas en España el que perseguía el pago de los 6,7 millones de dólares firmado de su puño y letra por Chávez.

Iglesias recibió 272.000 $ en un paraíso fiscal
Como ha publicado OKDIARIO, el propio Pablo Iglesias recibió directamente del régimen chavista, y en un paraíso fiscal, el pago de 272.000 dólares. El dinero fue ingresado en el Euro Pacific Bank de las Islas Granadinas, una isla frente a Venezuela, a nombre de Pablo Manuel Iglesias Turrión como demostró la carta de pago en la que no sólo aparecía su nombre completo sino los sellos y las firmas de máximos dirigentes del régimen.

Rodolfo Clemente Marco Torres, ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, ordenó realizar una transferencia por un total de 272.325 dólares a pagar a Pablo Iglesias Turrión. El encargado de ejecutar la orden de pago fue Carlos Erik Malpica Torres, Tesorero Nacional.

Dicho pago opaco a Pablo Iglesias se realizó a una cuenta bancaria radicada en las islas caribeñas de San Vicente y las Granadinas.

Esta cuenta es de Iglesias, si bien los jerarcas bolivarianos se refieren a él en clave como ‘Santa María’, segundo apellido de su madre, Luisa Turrión. El banco utilizado para llevar a cabo esta operación es el Euro Pacific Bank, con sede Kingstown, capital de la isla San Vicente y las Granadinas.

OKDIARIO publicó la orden de pago que emitieron las autoridades venezolanas para poner en marcha la transferencia de fondos. En dicha factura, constan las firmas de varios altos cargos del gobierno bolivariano. Hasta ahora se desconocía la existencia de esta cuenta ya que se encontraba oculta en archivos secretos y encriptados del Gobierno venezolano, según fuentes de la investigación.

Sobre esta cuenta se desató una alarma del servicio antiblanqueo venezolano a raíz de una transferencia injustificada de fondos públicos de dicho país. Informes del servicio secreto cubano también documentaban que existía esta cuenta sospechosa de ocultar al dirigente podemita y cuestionaban el pago efectuado.

A raíz de estas informaciones preliminares, la Policía española solicitó información complementaria para certificar que esta cuenta pertenece a Iglesias.

Este dinero es ajeno a los circuitos ya conocidos de financiación de la fundación vinculada a los líderes de Podemos. El Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) recibió 4,2 millones de euros por supuestas consultorías al Gobierno venezolano. Y es también un dinero distinto del percibido desde su plataforma mediática, La Tuerka, desde Irán.

Uno de los responsables del pago es un familiar de la esposa de Maduro implicado en operaciones de narcotráfico: Carlos Erick Malpica Flores. En concreto, los dos sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores que fueron detenidos en Estados Unidos acusados de narcotráfico –uno de ellos, Efraín Antonio Campo Flores, criado como un hijo por el presidente y su esposa– involucraron a otro sobrino de la pareja presidencial en el negocio de la droga. Campo Flores y Francisco Flores de Freites llegaron a asegurar a participantes en la operación de traslado de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos que el lavado de dinero podría hacerse a través de la petrolera estatal, PDVSA, para lo que bastaba con llamar a su primo Carlos Erick Malpica Flores, tesorero de la compañía y sobrino también de la Primera Combatiente, como el chavismo llama a la esposa de Maduro.


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Chapuzas que cuestan vidas
Editorial El Mundo 27 Marzo 2020

España está empezando a proyectar al mundo un paradigma de gestión deficiente frente a la pandemia. A la falta de previsión que marcó los meses de enero y febrero, cuando la agenda ideológica del Gobierno se imponía a las advertencias técnicas que llegaban de China y de Italia, se le ha sumado la falta de coordinación entre administraciones pese a los poderes extraordinarios de que el estado de alarma reviste al Ejecutivo de Sánchez, que decidió colocar al frente del mando único a un ministerio sin competencias ni experiencia de gestión. Se despreció la alerta sanitaria, se actuó tarde y se continúa obrando con negligencia difícil de digerir dadas las consecuencias. En la misma mañana en que supimos que el número de víctimas mortales del Covid-19 superaba los 4.000, la embajada de China en España informaba de que los test rápidos adquiridos por el Gobierno español que han demostrado estos días su nula fiabilidad fueron comprados a una empresa sin licencia.

Por mucha unidad que reclame Sánchez, es imposible no escandalizarse ante semejante chapuza. Porque ese material defectuoso que a Sanidad le colocó una compañía china no homologada es el material con el que deben trabajar nuestros médicos y enfermeros en unas condiciones extenuantes, con los hospitales al borde del colapso y con la mayor proporción de personal sanitario contagiado del mundo. Tratando de corregir su pasividad inicial y aprendiendo al fin del ejemplo coreano, el propio Sánchez presumió el sábado de "las garantías sanitarias" de los "test homologados". El pasado domingo el Ministerio de Sanidad anunció el inicio del reparto de 640.000 tests de detección rápida y procedió a distribuir los primeros 8.000 en la Comunidad de Madrid; la cual, al advertir que no estaban validados, tuvo la prudencia de no distribuirlos masivamente. No es posible imaginar un ejemplo más claro de incompetencia y del fracaso de la centralización, que obliga a las autoridades autonómicas a salir al mercado por su cuenta para paliar la situación. Salvador Illa queda ahora en una posición extremadamente difícil de sostener.

Hay momentos en que la negligencia resulta especialmente inadmisible, porque se cobra vidas. Vivimos uno de ellos. No es tolerable que al día siguiente de que la oposición, en un pleno absurdamente alargado hasta la madrugada que deberían haber podido ver todos los ciudadanos, concedieran su respaldo al Gobierno para tomar de una vez las riendas de la situación y mejorar la eficacia, nos encontremos con semejante chapuza de abastecimiento sanitario. Mientras ERC y Bildu, que invistieron a Sánchez, se desmarcan del decreto del estado de alarma y este debe salir adelante con el apoyo de una oposición sistemáticamente denostada por el sanchismo. Los españoles están deseando remar juntos en la misma dirección. El problema es que este Gobierno no sabe fijarla.

Si Torra insulta al Ejército es porque tiene miedo
Sergio Fidalgo okdiario 27 Marzo 2020

La ofensiva, por tierra, mar y aire de todo el separatismo, sin excepción, contra la Unidad Militar de Emergencias, y por elevación hacia todo el Ejército, demuestra una cosa. Que tienen miedo. Pero no miedo a los tanques, o a los aviones militares. Están atemorizados porque la gran labor que está haciendo la UME muestra sus vergüenzas, porque mientras estos soldados acondicionan en tiempo récord el recinto de IFEMA para acoger un hospital de campaña, los consejeros del Govern y sus aliados antisistema son incapaces durante semanas de reaccionar para ayudar a superar la grave crisis sanitaria que estamos viviendo. De ahí que un concejal de la CUP amenazara, si pillaba el coronavirus, con “estornudar” a los soldados. O que los autodenominados CDR monten caceroladas contra los militares. Por puro terror.

JxCAT, ERC y la CUP, que se odian a muerte por mucho que parezca que tienen un objetivo común, se han unido en sus ataques al Ejército. Cuando no es Miquel Buch, el consejero de Interior, el que desprecia la ayuda militar, lo es Alba Vergés, la consejera de Sanidad. Y cuando no es un miembro del Govern, le llega el turno a Maria Vehí, la esperpéntica portavoz de la CUP en el Congreso de los Diputados, que aprovechando el pleno para ampliar el plazo del estado de alarma dijo que había que “cambiar de canal para que los pequeños no tengan miedo cada vez que ustedes sacan a pasear a los militares en las televisiones de la mayoría de familias del Estado Español”. El Ejército que salva vidas no da miedo, el fanatismo de los separatistas sí, cuyo fanatismo les lleva a usar a los más pequeños con fines políticos, llenándolos de esteladas y adoctrinando en las escuelas. Ellos sí que asustan a los niños.

La UME desinfecta aeropuertos, construye hospitales de campaña, realiza labores de asistencia en las residencias de mayores y mucho más. ¿Qué hacen Torra y los suyos? Ser incapaces de dotar a los hospitales públicos catalanes de material sanitario. Si los médicos y el personal auxiliar se están contagiando por docenas es por la nula capacidad de previsión de la Generalitat, que tuvo semanas de tiempo cuando estalló la crisis en China para hacer acopio. Pero el inhabilitado president estaba demasiado ocupado en convocar elecciones en diferido, y Esquerra en pactar los Presupuestos del Govern. O preparando el mitin de Perpiñán. Y cuando les estalló la pandemia sólo han sabido recurrir al “España nos mata” y al “no queremos militares”. Ni una sola medida efectiva. Ni una sola muestra de capacidad de gestión. Propaganda e insultos al resto de españoles. No han sabido pasar de ahí.

Ténganlo claro. Cuanto más gritan, es que más miedo tienen. Cada cama que la UME habilita, cada anciano que salva, cada instalación que desinfectan es un golpe en el estómago a unos partidos independentistas que han convertido el gobierno autonómico en su juguete para jugar a construir una Cataluña imaginaria. Por eso insultan a nuestros soldados. Porque mientras sus radicales que se tapan la cara con esteladas sólo han sabido quemar contenedores, insultar y atacar a constitucionalistas, los soldados que llevan la rojigualda bordada en sus uniformes se dedican a ayudar a los que más sufren. De ahí que ni Torra ni Junqueras quieran ver a los militares trabajando en las calles catalanas. Porque dejan al descubierto las vergüenzas de un separatismo que no sabe construir, sólo destruir. Que no soluciona problemas, sino que los crea. Que no ayuda, sino que entorpece.

Cuando Torra se ha dedicado desde el primer momento de la crisis a torpedear cualquier tipo de ayuda o de coordinación que viniera del resto de España es porque ya tiene su guion escrito. Es el “España nos mata y si Cataluña fuera una República salvaríamos vidas porque nosotros somos más eficaces que esos españoles que son un país atrasado”. Y en este relato les molesta que existan unos soldados, con la rojigualda por enseña, que salvan vidas mientras ellos destruyen conciencias. Por suerte, ya sólo engañan a los convencidos, porque millones de catalanes agradecen que la UME, como la Guardia Civil, la Policía Nacional o cualquier otro cuerpo del Estado que pudiera hacerlo, venga a ayudar. Y bien agradecidos que estamos.
 


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