AGLI Recortes de Prensa   Martes 31  Marzo  2020

Riesgo real de deriva comunista
OKDIARIO 31 Marzo 2020

A nadie se le oculta que, en medio de la crisis sanitaria y económica sin precedentes que atraviesa España, Podemos está aprovechando la situación para tratar de afianzar su posición en el Gobierno e imponer de forma gradual sus tesis puramente comunistas. Los últimos movimientos de la formación populista de ultraizquierda así lo demuestran. Bajo el argumento de que en las actuales circunstancias el Estado tiene que meter en cintura a las empresas, Pablo Iglesias pretende utilizar el momento para imponer un modelo totalitario en el que, como primer paso, se cercene la libertad empresarial y se establezca una estatalización del sistema productivo, primera fase de una estrategia de más hondo calado en el que todo y todos quedemos sometidos. El riesgo es real.

Podemos ha conseguido imponer sus tesis en aspectos muy concretos del plan de medidas económicas aprobado por el Gobierno socialcomunista. Si no lo ha hecho de todo es porque la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha conseguido en parte frenar la ofensiva. La situación dentro del Consejo de Ministros vive momentos de enorme tensión, hasta el punto de que, como informa OKDIARIO, la vicepresidenta se llegó a plantear la renuncia si Pedro Sánchez no intervenía para atemperar la posición de Podemos. El jefe del Ejecutivo prometió a Calviño que lo haría y le expresó su confianza en el trabajo que viene realizando como ministra de Economía.

Lo cierto es que Podemos ha colocado en la diana a la vicepresidenta, profesional que desde posiciones socialdemócratas ha venido manteniendo criterios ceñidos a la sensatez y la ortodoxia pata tratar de hacer frente a la crisis económica. Para Podemos, minar el posicionamiento de Calviño es esencial para su estrategia de intervencionismo extremo y no va a parar en su intento de desgastarla aprovechando la actual coyuntura. El problema es que la debilidad de Pedro Sánchez y sus infinitas ansias de poder no le permiten dar un golpe de autoridad y frenar la embestida totalitaria de la formación de Pablo Iglesias. Hay un riesgo real de deriva comunista.

DIEZ MEDIDAS URGENTES PARA SALVAGUARDAR LA SALUD Y LA ECONOMÍA DE LOS ESPAÑOLES
 VOX 31 Marzo 2020

https://www.voxespana.es/programa-protejamos-espana

1. Plan de Emergencia Nacional Sanitaria que incluya pruebas masivas del COVID-19 a toda la población, distribución de equipos de protección individual (EPI´s) a todo el personal sanitario, de FCS, FFAA y a todos los trabajadores de servicios esenciales.

2. Implicar a las FFAA en la logística, recursos humanos y comunicación de la red sanitaria y de residencias de ancianos, así como en todas las actividades esenciales del Estado y de la industria que lo requieran.

3. Implementar un Plan de Emergencia de Producción Nacional para la fabricación urgente de material sanitario y farmacéutico o de cualquier otro sector imprescindible en esta crisis, ofreciendo, a todas las empresas implicadas la asistencia del Estado y el apoyo presupuestario.

4. Aprobar un Plan de Emergencia Económica Nacional ante la parálisis económica provocada por los efectos del COVID-19 que incluya:

A Suspensión de las obligaciones tributarias de las empresas (IVA e IRPF y pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades).

B Supresión de todos los impuestos que gravan el consumo de suministros de los hogares (agua, luz y gas) y del impuesto de sucesiones.

C Suspender el pago de la parte del capital en la cuota de amortización de los préstamos hipotecarios y permitir el rescate de fondos de pensiones y planes de ahorro, sin penalizaciones fiscales

D Suspender el devengo de cuotas de la seguridad social, tanto de los trabajadores por cuenta ajena como de los autónomos con carácter retroactivo y durante todo el plazo que dure el confinamiento de los españoles.

5 Ante la parálisis de la UE, exigir que Bruselas utilice el billón de euros destinado “emergencia climática” a esta emergencia sanitaria y económica. Alcanzar acuerdos bilaterales urgentes con otros países para garantizar el abastecimiento de material y productos imprescindibles.

6 Reforzar el control de las fronteras ante una posible presión en ellas cuando la pandemia se extienda en otros países. Evaluar las misiones internacionales de nuestras FFAA y repatriar a todos los efectivos posibles. Suprimir el pago de la ayuda exterior y de las misiones de cooperación internacional.

7 Centralizar y trasladar de modo transparente toda la información de la epidemia a una Base de datos Central para asegurar el efectivo ejercicio de sus funciones por el Centro Nacional de Epidemiologia.

8 Reducción drástica del gasto político: eliminación de subvenciones a los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y organizaciones no gubernamentales. Paralización inmediata de la ejecución de toda partida presupuestaria en España que no vaya dirigida a funciones básicas del Estado. Suprimir todas las partidas no esenciales. Incorporación de los liberados sindicales a sus puestos productivos en los sectores críticos como sanidad y fuerzas del orden.

9 Destitución de toda autoridad autonómica que ataque el principio de solidaridad nacional dificultando la respuesta a la pandemia y en general de toda autoridad que haya mostrado su negligencia, pasividad o incapacidad en esta crisis.

10 Asunción del pago por parte del Estado y durante tres meses, del importe de las nóminas de todos los trabajadores; en el caso de los autónomos, pago de un cantidad equivalente al nivel medio de su facturación en los tres meses anteriores.

Sánchez colma la paciencia del PP
Editorial ABC 31 Marzo 2020

El presidente del PP anunció ayer que si el Gobierno no rectifica sus dos decretos de medidas económicas para luchar contra el coronavirus no los convalidará en el Congreso. Pablo Casado endurece así su discurso y avisa de que, por primera vez en este trágico proceso, está en riesgo la unidad de acción política contra la enfermedad. La conducta de Casado, como la de la oposición en general, ha sido absolutamente leal al Gobierno y comprometida con los españoles. Sin embargo, todo tiene un límite. La advertencia que ahora lanza el PP a Sánchez cobra todo el sentido porque ya resulta imposible justificar, ni siquiera por generosidad política, la caótica gestión del Ejecutivo, su irritante improvisación y su lesiva imprudencia contra los intereses generales. Una cosa es mantener durante semanas lealtad institucional a un Gobierno desbordado, y otra, que la oposición tenga que guardar silencio ante cada error o negligencia. El PP está legitimado para exigir responsabilidades, más aún cuando son los propios socios de Sánchez, en especial el PNV, quienes retratan con más crudeza su impotencia, sus mentiras y sus incoherencias. Hasta ahora ha sido una oposición responsable la que ha sostenido a Sánchez al frente de una crisis que lo ha sobrepasado. Hoy, su incapacidad se demuestra en cada reunión de su gabinete, donde manda Pablo Iglesias, líder de un partido con solo 35 diputados y que se ha propuesto aprovechar una crisis desoladora para dinamitar el sistema político, económico e institucional. Son ellos quienes han roto la unidad política estigmatizando a autonomías del PP, criminalizando a las empresas y reforzando a ministros de una incompetencia acreditada y que deberían ser destituidos.

Lo que Sánchez exige a la oposición no es unidad. Es pleitesía. Antes de reclamar unidad a nadie, debería imponerla en su Gobierno. Y antes de pedir lealtad a la oposición, debería despreciar públicamente a esos socios que tanto odian a España. Pero Sánchez vive en la soflama y la superficialidad, y si hay alguna autonomía que no ha sido comprensiva con las circunstancias, esas han sido Cataluña o el País Vasco. Combatir la pandemia requiere medidas excepcionales, pero no todo vale. Iglesias pretende aprovechar el caos para instaurar un régimen bolivariano y una economía estatalista, colectivizada bajo criterios del más puro comunismo y penalizadora de la actividad privada, la libertad de empresa y el libre comercio. Sánchez nos condena a una ruina económica bajo la justificación de que es el único modo de salvar vidas. Pero hay soluciones intermedias y compatibles, por más que La Moncloa imponga una suerte de «nacionalización» expropiatoria de nuestras finanzas y nuestras vidas, exigiendo a quien no tiene ingresos que pague en cualquier caso. Tanto populismo neomarxista es sencillamente delirante.

El principio de Peter (Sánchez)
Ignacio Camacho ABC 31 Marzo 2020

Tres Consejos de Ministros en una semana forman el retrato de un Gobierno desconcertado que va improvisando decisiones sobre la marcha. Y aún a la medianoche del lunes, rozando la madrugada, hubo que introducir en el decreto de la «hibernación» una moratoria de 24 horas porque se les había olvidado, andá los donuts, que las empresas necesitan ciertos trámites antes de bajar de un día para otro la persiana. Simplemente no lo sabían; entre las veintitrés personas que forman el Gabinete, y quizá entre sus colaboradores de confianza, no hay ninguna que haya pagado una nómina, ni pedido una póliza de crédito en la banca, ni tratado con proveedores, ni atravesado la incertidumbre de abrir la puerta de un negocio cada mañana. Debían de creer que la economía de un país se para dándole a un interruptor, como se apagan las luces de una oficina o de una casa. Se mueven por el poder como adolescentes de excursión, tropezando con los muebles, tocando botones al azar, a ver qué pasa. En cada detalle de su actuación se entienden mejor las dificultades para adquirir equipos de protección sanitaria o por qué se han dejado tangar con mercancía trucada en un mercado internacional poblado por tipos con vista de águila.

Vale que esta emergencia sobrepasa también a líderes con más experiencia y mejor preparados. Nadie lo estaba para una crisis de este tamaño, que está poniendo a prueba no sólo los sistemas hospitalarios sino la estructura misma de los Estados. Incluso con mucha, pero mucha benevolencia retrospectiva se podría aceptar el pliego oficial de descargo sobre la tardanza letal en advertir el riesgo de contagio. Pero no hay modo de encajar en ese relato la incapacidad de gestionar los poderes excepcionales recabados, ni la sensación generalizada de caos que provoca un Gobierno confuso, mal cohesionado, rígido por la esclerosis política que le provocan sus prejuicios sectarios. Cualquiera puede cometer fallos; lo inadmisible es que un piloto desconozca el funcionamiento del cuadro de mandos.

Se fiaron de los expertos, dicen, pero no especifican de cuáles. Ni siquiera existía un comité científico cuando se declaró el estado de alarma; no se constituyó hasta una semana más tarde. En todo caso los epidemiólogos, los médicos, los virólogos, emiten informes, recomendaciones, advertencias, pero corresponde a los dirigentes, a los políticos profesionales, tomar las decisiones y asumir las responsabilidades. Y el problema de este Ejecutivo es que no sabe. Que a sus miembros, con tres o cuatro excepciones, les falta competencia, idoneidad para el oficio de gobernante. Que ni siquiera se reconocen en él, como admite Irene Montero cuando señala a «las autoridades» que permitieron aquel nefasto 8 de marzo en la calle. Que es un equipo de amateurs, de diletantes a los que el principio de Peter (Sánchez) ha disfrazado con trajes que les van muy grandes.

Hace falta ser miserables
OKDIARIO 31 Marzo 2020

Tras la noticia publicada por OKDIARIO de que una cuenta de Twitter ligada a Podemos acusaba al PP madrileño de la mortalidad por coronavirus registrada en las residencias de ancianos, la formación que lidera Isabel Díaz Ayuso ha reclamado el cierre inmediato de la cuenta y señalado que «el PSOE ha escogido unos socios de Gobierno oscuros y faltos de transparencia que se mueven con soltura para agitar a sus seguidores contra quienes de verdad sí se preocupan por los madrileños, como es el Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

Como primer paso, la respuesta de los populares madrileños está bien, pero el paso siguiente es ir a los Tribunales de Justicia. La difamación y la insidia vertidos en ese tuit son inaceptables en términos éticos, pero entran de lleno en el ámbito penal. Podemos y sus terminales han alcanzado tal punto de infamia que la petición del PP de exigir el cierre inmediato de la cuenta se queda corta, de modo que la querella parece inevitable.

La información de OKDIARIO ponía de manifiesto la relación entre Podemos y la cuenta Covid_Today para difundir el mensaje de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es la culpable de la muerte de decenas de ancianos. Bajo el título de “Guía de discurso para activistas frente a la crisis del Coronavirus” se recomendaba calificar a las residencias como “mataderos” del PP.

La cuenta Covid Today ha heredado la iniciativa del PSOE de Madrid, que lanzaba este sábado el hashtag “#AyusoPPCulpables” en Twitter, en pleno avance de la mortalidad por el coronavirus. El PSOE, a raíz de la polémica generada por la campaña de culpabilización, decidía horas después retirar el tuit y el vídeo que lo acompañaba. Casualmente han sido cuentas ligadas a Podemos las que han retomado la campaña de acoso al PP. Lo han hecho, también casualmente, con el mismo hashtag creado por el PSOE: “#AyusoPPCulpables”, lo que demuestra que estamos ante una estrategia conjunta del socialcomunismo para tapar la incompetencia de un Gobierno que se ha visto superado por la crisis y que lleva semanas dando palos de ciego. La izquierda socialcomunista ha quedado retratada. Ya estaban tardando en culpar al PP. Sobrepasados por su negligencia e impericia, se han lanzando en bloque a hacer lo que mejor saben: insultar. En eso son maestros.

La indecente campaña política contra Madrid en pleno apogeo de la pandemia
ESdiario 31 Marzo 2020

El PSOE, Podemos y sus altavoces mediáticos intentan destrozar a Ayuso y Almeida en lugar de fijarse en su eficacia para, entre todos, derrotar a la pandemia.

La razonable y rápida respuesta de las autoridades madrileñas a la epidemia de coronavirus, que estimuló una reacción del Gobierno de España que había demorado incomprensiblemente desde finales de febrero, ha colocado sin duda a Isabel Díaz Ayuso como un referente de liderazgo político e institucional en las últimas semanas, sin que su propio contagio le haya mermado capacidad de decisión y disponibilidad.

Y la actitud de su compañero José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, no ha hecho sino reforzar la impresión generalizada de que ambos han estado a la altura de las horribles circunstancias, sin que se puedan disparar los elogios en un contexto de muerte, contagios, confinamiento y saturación de las infraestructuras sanitarias.

Pero esa eficacia parece no haberle gustado nada a sus rivales políticos, los mismos que exigen -y logran- el respaldo del partido de ambos, el PP, y del conjunto de la oposición pese a que sus errores e irresponsabilidad quedan cada día más a descubierto.

Recurrir al desprecio y ataque del rival en lugar de convertirle en un espejo, para estar a su altura y trasladar a la opinión pública un mensaje de trabajo en equipo, de concienciación y casi fraternidad en tiempos tan duros; lo dice todo de los dirigentes y los partidos que están más pendientes de minar a Madrid que de actuar con su prestanza.

El "mando único" incompetente
Dedicar más tiempo a acusar a las autoridades madrileñas que a las sonoras lagunas en la adquisición de material -un problema mayúsculo que explica que España sea el país con más sanitarios contagiados del mundo- o las escandalosas imprevisiones del Gobierno; es una bellaquería indigna y fácil de replicar recordando que el mando único sanitario corresponde al Gobierno y que las compras centralizadas fueron uno de los primeros compromisos anunciados del superado ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Y mentir, directamente, con el impacto de los inexistentes recortes sanitarios en Madrid para esparcir la idea de que ésa es la causa de la virulencia de la pandemia, es incompatible con el respeto por las víctimas y resta un tiempo precioso a la adopción de medidas. Madrid tiene la mejor sanidad de Europa junto a Estocolmo, según los datos oficiales del Consejo Europeo.

Y si no es suficiente con ello, y no lo es, lo decente es buscar remedios entre todos con urgencia. Que los mismos que desoyeron las alarmas oficiales de la OMS y de la UE, emitidas ya en febrero, hayan iniciado una vergonzosa campaña contra Madrid, aumentada por medios televisivos que se callan todas las lagunas del Gobierno de Sánchez, roza la desfachatez e indica algo de lo que el PP, Cs y hasta VOX deben tomar nota.

El consenso ofrecido no se está empleando en mejorar la respuesta colectiva al coronavirus, sino en intetar tapar en vano las múltiples vergüenzas del Ejecutivo y en invertir la responsabilidad para adjudicársela a la oposición, por "desleal" pese al cheque en blanco extendido a Sánchez; o por "neoliberal" allá donde Gobierna.

El alud de críticas al hospital de IFEMA aplaudido hace dos días por el fenomenal esfuerzo colectivo que supuso su puesta en marcha en tiempo récord, es el resumen de todo ello: allí se ha improvisado una respuesta formidable y útil, con errores fruto de las urgencias que pesan poco al lado de los aciertos que supone. Demoler su imagen para dañar a la Comunidad de Madrid no solo es injusto; además resta ánimos a una sociedad alicaída que necesita y merece esperanza.

El dictador
Ignacio Ruiz-Quintano ABC 31 Marzo 2020

A lo tonto y a lo bobo, ahí tenemos a Sánchez, dictador de una dictadura comisaria, regalo de la Oposición que nunca existió, y a la espera de convertirla en soberana, que es a la que aspiran Pablemos y esa ministra de la nariz en latifundio que, como el Vargas de «Bananas», goza anunciando que a partir de ahora, y porque ella lo manda, los días laborables serán… domingo.

La de Sánchez es la tercera dictadura en un siglo: la de Primo, un genio de la simpatía; la de Franco, un genio de la guerra; y la de Sánchez, un genio de la incompetencia exaltado al puesto con la excusa de las «circunstancias extraordinarias», utilizada por toda la historiografía marxista para justificar el Terror de la Revolución francesa.

-La virtud, sin la cual el terror es funesto, y el terror, sin el cual la virtud es impotente -fue el lema de Robespierre.

¿Que cómo hemos llegado hasta aquí? Pues porque no tenemos una Constitución política, como los americanos, reducida a las reglas del juego, sino ideológica, fruto del chalaneo, donde caben todos los modelos de sociedad conocidos, que es por lo que se relame Pablemos.

Para imponer la virtud contamos con un jefe de policía riojano que sale en TV para animar a la delación vecinal de los «insolidarios», que en España la solidaridad, como el fascismo, es cosa que, cuando no está prohibida, es obligatoria. «Insolidaridad», hoy, es no aplaudir en el balcón o bajar a la acera a pasear un cánido. Es el hermoso espíritu de sospecha desatado por la Ley de Sospechosos del cura Roger en la Convención. Era el paso previo a que Saint-Just (cuya caricatura aquí es Pablemos) propusiera el secuestro de todos los bienes de los sospechosos.

Y mientras estamos a setas, no estamos a rólex: de este espíritu de sospecha que alienta la dictadura comisaria de Sánchez con gente vestida de uniforme queda exento el Pollo Carvajal, narcobicharraco protegido en España de las zarpas de la DEA, que ofrece una recompensa de diez millones de dólares.

Gestión caótica y descoordinada
Editorial EM 31 Marzo 2020

Lo peor que le puede pasar a España en estos duros momentos, cuando la enfermedad del Covid-19 continúa provocando centenares de víctimas mortales diarias, es que quien debe liderar la respuesta institucional se vea lastrado por la falta de cohesión política, la descoordinación y la improvisación. El Gobierno sigue dando muestras de flaqueza. Pedro Sánchez imposta declaraciones grandilocuentes en ruedas de prensa enlatadas -con preguntas seleccionadas previamente-, pero la realidad es que continúa ofreciendo señales inequívocas de ir por detrás del virus. Así se desprende del bandazo que le llevó a endurecer el confinamiento mediante la paralización de la economía y del posterior retraso a la hora de concretar una medida que afecta a millones de trabajadores. Este caos provoca entre la ciudadanía española una mezcla de estupor y de honda inquietud.

A la inoperancia para adquirir en el mercado el material necesario, lo que sigue abocando al personal sanitario a la desprotección, se suma la precipitación y la falta de consenso a la hora de aplicar la hibernación de la actividad económica. El decreto fue anunciado por Sánchez el pasado sábado tras un volantazo. Hasta ese momento, el Gobierno rechazaba la posibilidad de congelar la economía, incluida la industria y la construcción. Era una medida exigida por barones del PP, a la vista de los datos de movilidad durante los días laborables. El decreto fue aprobado el domingo en un Consejo de Ministros extraordinario, pero no fue hasta casi la medianoche cuando se publicó en el BOE. Este retraso, además de tener en vilo a buena parte de la población activa, obligó a La Moncloa a introducir in extremis una moratoria de un día. Aprobar una norma sin haberse redactado -extremo que ya ocurrió con la Ley de Libertad Sexual- constituye una anomalía vodevilesca que los españoles no se merecen. No es de recibo esta irresponsabilidad por parte del Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que la dilación se debió a la profunda división interna en la coalición PSOE-Podemos. La debilidad de Sánchez, acentuada tras las críticas recibidas desde el PNV, está envalentonando a Iglesias y los ministros de Podemos. Aello se suma la deslealtad de no comunicar las decisiones al principal partido de la oposición y el grave error de quebrar la concertación social. Tanto la CEOE, como la principal agrupación de autónomos advirtieron de la falta de consenso y de los letales efectos económicos del confinamiento total sin un plan para empresarios complementario ni alivio fiscal alguno.

Seguir anteponiendo la ideología al pragmatismo de la gestión puede resultar particularmente nocivo en una coyuntura tan delicada como la que atraviesa nuestro país. España necesita un Gobierno que gobierne, que tome las riendas y que sea capaz de ejecutar las medidas adoptadas con la previsión, el rigor normativo y diligencia política necesarias.

El Gobierno o la casa de los líos
Francisco Marhuenda larazon 31 Marzo 2020

La escasa calidad y la improvisación de la producción legislativa de este Gobierno produce un cierto bochorno. Hubiera sido mejor que no pudiéramos acceder a ella con tanta facilidad gracias a la eficacia del BOE, porque este enclaustramiento nos habría permitido sufrir una cierta ignorancia más allá de las ideas generales que hubiéramos conocido por los medios de comunicación. No hay más que hacer un seguimiento de ese magnífico instrumento que es la edición digital del BOE para entender que más que un gobierno es la casa de los líos.

En primer lugar, está La Moncloa socialista y la mini Moncloa podemita a lo que hay que añadir las discrepancias dentro de los ministros socialistas. Tras esta primera aproximación está el error de poner al frente del operativo, al menos nominalmente, al inexperto ministro de Sanidad cuyos conocimientos en la materia es un arcano indescifrable. Ni siquiera es un filósofo: en este país se confunde habitualmente hacer una carrera con la adquisición de los méritos para considerarse un experto en la materia y a cualquier licenciado de medio pelo en Derecho o Economía se les llamada juristas o economistas. Al menos, si lo fuera nos podría deleitar con algún pensamiento profundo. Su único mérito es ser la cuota del socialismo catalán y le dieron este ministerio como gratificación ya que estaba vacío de competencias.

Finalmente, está la ineptitud a la hora de diseñar un plan sólido, coherente y eficaz para hacer frente a todos los aspectos de la crisis. Es cierto que se ha glosado mucho a lo largo de la historia sobre la proverbial capacidad de improvisación de los españoles, pero en este caso preferiría algo más consistente y riguroso. La improvisación me resulta muy irritante. La declaración del Estado de Alarma tendría que haber estado seguida inmediatamente de un conjunto de decretos y órdenes ministeriales organizándolo todo en lugar de este goteo irresponsable de normas que ponen de manifiesto la inexperiencia gubernamental, así como algunos excesos de más que dudosa constitucionalidad. No me gusta que mi Gobierno esté permanentemente desbordado por los acontecimientos y atenazado por la división y las discrepancias internas. No me voy a remontar a China, sino a Italia donde nuestros gobernantes no supieron o no quisieran aprovechar esa experiencia para no repetir los errores. Y ahora estamos en el lío de nuestras vidas.



El Gobierno se podemiza: Pedro Sanchez pone en marcha el marco laboral más rígido de la democracia
Calixto Rivero okdiario 31 Marzo 2020

Las últimas medidas económicas que ha puesto en marcha el Ejecutivo han dado la vuelta al país, como si fuera un calcetín, en menos de diez días. Si inicialmente la gran apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez era dotar de más flexibilidad a las empresas para proceder a suspender el empleo a los trabajadores durante el tiempo que durara la crisis -sin que tuvieran que despedir- y darles créditos con avales del Estado, tras el decreto del 27 de marzo las tesis de Pablo Iglesias han ganado la partida en el Consejo de Ministros.

¿Qué le parecería un país en el que, cuando las empresas afrontan la mayor crisis que se recuerda, los ajustes de plantilla se hacen prácticamente imposibles por decreto? ¿Y una economía en la que el Gobierno amenaza con inspecciones bajo lupa a las compañías que hagan un ERTE porque se les ha desplomado de golpe la actividad? ¿Y un país en el que los contratos temporales se extienden obligatoriamente aunque ya no sean necesarios? ¿Y una potencia en la que las empresas pagan el coste de enviar a casa a sus trabajadores por una decisión del propio Gobierno? No, no hablamos de Venezuela, sino de España. En pleno siglo XXI.

El consenso de los expertos coincide en señalar que la política económica de una potencia como España, en una crisis de estas características, debería estar orientada a poner en marcha medidas excepcionales para frenar, todo lo que sea posible, la destrucción de tejido económico. Es la apuesta de casi todos los países de nuestro entorno, que han acuñado el término «hibernar». Sin embargo, en la economía nacional la palabra clave para definir la situación parece que es «suspender».

Unos primeros pasos tímidos pero en la buena dirección
Los primeros reales decretos, bajo la batuta de Nadia Calviño, ponían en marcha medidas de dotación de liquidez (aplazamientos fiscales y avales a empresas con garantía pública) y, en lo laboral, iniciativas que permitían optar por ERTE o reducciones de jornada, reduciendo o eliminando las cotizaciones sociales a cargo de la empresa y disminuyendo trámites burocráticos. Es decir, se abrían fórmulas para aliviar temporalmente de uno de los principales costes que deben asumir, las nóminas.

Además, se aumentaba las posibilidades de mantener vivos los puestos de trabajo, una vez terminado el estado de alarma. Aunque desde el mundo empresarial consideraban que las medidas se quedaban cortas y que había que avanzar más –suspendiendo las cotizaciones sociales a pymes y autónomos como este martes podría aprobar el Consejo de Ministros, por ejemplo, o con una moratoria de impuestos a empresas-.

Las empresas veían timidez en el Gobierno pero no que las medidas fueran completamente erróneas. De hecho, los propios sindicatos habían pactado con la patronal, en un gesto inédito, iniciativas que ayudaban a flexibilizar el mercado laboral en este trance por el coronavirus.

El viernes 27 de marzo todo cambió
Sin embargo, el pasado viernes 27 de marzo todo cambió. El Gobierno dio un giro copernicano a sus políticas. ¿Los vencedores dentro del Consejo de Ministros? Los miembros de Podemos. Pablo Iglesias y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tomaron el mando y se dio luz verde a un conjunto de nuevas medidas que restringían con severidad el menú de opciones del empresario para adaptarse, de la mejor forma posible, a la crisis económica como consecuencia de la pandemia y del estado de alarma.

Con las nuevas medidas laborales sobre la mesa la posibilidad de que las empresas opten por suspensiones de pagos o liquidaciones está más cerca. La situación ya era critica: se calculaba que entre el 30% y el 50% de la actividad parada. Pero a partir de este martes -con la entrada en vigor de la paralización de toda la actividad no esencial- puede ser mucho peor. El resultado: se destruirá, con mucha probabilidad, una parte del tejido económico y de los empleos, dificultando la salida en «V» de esta crisis.

Se elimina en la práctica la posibilidad de despedir
Por poner un ejemplo, antes del Real-Decreto 9/2020 el empresario que, para sobrevivir, necesitaba aligerar el coste de la nómina, tenía varias opciones: un ERTE por fuerza mayor, ahorrándose el coste de las cotizaciones sociales; un ERTE, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (sin ahorrarse las cotizaciones sociales); la reducción de jornadas; la no renovación de contratos temporales; o, en los casos más graves, despidos permanentes de todos o de una parte de los trabajadores, alegando las consecuencias de la epidemia como causa.

Sin embargo, después del Real Decreto Ley 9/2020, la opción de despedir a todos o parte de los trabajadores, alegando las consecuencias de la epidemia como causa está prohibida; sólo cabría usarla utilizando otra justificación, pero con un riesgo elevado de que estos despidos se consideren nulos ante un tribunal, lo que de facto, prácticamente elimina la posibilidad de despedir.

ERTEs que no se ajustan a la realidad
A esto se suma que la opción de los ERTES ha quedado más limitada. Los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al coronavirus se han restringido al tiempo que dure el estado de alerta. El problema es que la demanda no se recuperará instantáneamente, una vez hayan desaparecido las restricciones al movimiento y a la actividad económica.

Pero hay más. En el artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2020 de 18 de marzo se fijaba que el Gobierno se haría cargo de las cotizaciones sociales a cargo del empresario en los casos en los que éste suspenda el contrato o reduzca la jornada laboral de los trabajadores por fuerza mayor derivada del coronavirus. En esos casos, el Estado asumiría el 100% de las cotizaciones en las empresas de menos de 50 trabajadores y en un porcentaje del 75% para la demás, las medianas y grandes. Sin embargo, esta medida no se aplica para las suspensiones o reducciones de jornada derivadas de causa económica, técnica, organizativa y de producción relacionadas con la pandemia, lo que la invalidaría en la práctica. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ya trabaja en una moratoria del pago de cotizaciones para pymes y autónomos.

La amenaza velada del Gobierno
A todos estos problemas hay que sumar la incertidumbre. Cualquier empresario puede ser sancionado si los ERTE (o las reducciones de jornada) contienen incorrecciones o si la autoridad laboral considera que no están suficientemente justificados.

Los empresarios se han quejado con vehemencia de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya tratado de demonizar a los empresarios pese a que estos están ayudando a fabricar respiradores, comprando pruebas en el extranjero o equipando hospitales mientras que el Ministerio de Sanidad parece cada vez más bloqueado.

Además, será obligatorio readmitir a los trabajadores temporales afectados los ERTE, aunque la duración de su contrato hubiera expirado durante el estado de alarma y, aunque haya desaparecido la razón por la que fueron contratados (por ejemplo, atender la campaña turística de Semana Santa, que ha desaparecido de un plumazo). Es decir, se suman cada vez más cargas para las empresas.

A esto se añade que el Real-Decreto Ley RDL 10/2020 traslada a las empresas el coste de sostenimiento de rentas de los trabajadores, como consecuencia de los nuevos cierres derivados de la paralización de toda la economía no esencial.

Si antes con un ERTE se aliviaba a las compañías, ahora con el endurecimiento de la legislación de los ERTE y con los permisos retribuidos que ha ideado el Ejecutivo el coste para las compañías será exponencial cuanto más dure el periodo de inactividad.

A esto se suma que la forma en que se ha elaborado y comunicado el último Real Decreto-Ley del Gobierno ha generado grandes dudas en las empresas. La mayor parte de las empresas la noche anterior a la entrada en vigor de las restricciones de actividad desconocían si debían continuar operativas al día siguiente.

El Real-Decreto Ley se publicó en el BOE de 29 de marzo a las 23.40, tan sólo 20 minutos antes de que debieran suspenderse las actividades no esenciales. La propia Díaz tuvo que pedir el lunes disculpas y el Ejecutivo daba sobre la marcha un día más de margen para adaptarse a la nueva situación. ¿Improvisación? El Gobierno dice que no.

En definitiva, las últimas medidas laborales aprobadas por Pedro Sánchez y su gabinete ponen en riesgo la recuperación de la economía española y la condenan a un periodo largo de actividad languideciente, hasta que se recupere la estructura productiva y los consumidores e inversores tengan la confianza suficiente de nuevo para consumir e invertir.

Podemos impone sus tesis en Moncloa
Y todo por la coalición de gobierno socialcomunista, en la que Podemos, poco a poco, va imponiendo sus tesis. Las últimas medidas del Gobierno no sólo logran derogar en la práctica reforma laboral de 2012, sino que van mucho más allá de una mera derogación, como muestran las medidas expuestas.

El vicepresidente Pablo Iglesias ha avanzado en la expropiación de las rentas empresariales haciéndoles asumir un coste que correspondería al sector público (el de mandar a los trabajadores a sus casas). Algo inédito en una economía de mercado avanzada como España, incluso en circunstancias tan excepcionales como las actuales.

Con este marco, ¿para que sirven ahora las medidas de dotación de liquidez? Muchos empresarios denuncian que, al abocar a muchas empresas al cierre, ya no tendrá ningún sentido que pidan préstamos que irían, en parte, a pagar a trabajadores que están en casa.

El fiasco de los coronabonos: los datos que dejaron en evidencia a Sánchez
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital 31 Marzo 2020

Las cifras clave para entender la disputa de España e Italia con Alemania y Países Bajos.

La vulnerabilidad fiscal española, de la que Libre Mercado lleva años alertando ha terminado convirtiéndose en uno de los grandes asuntos del debate europeo. A raíz de las previsibles estrecheces presupuestarias que generará la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentado exigir a Bruselas la socialización de sus emisiones de deuda, mediante los llamados coronabonos, una nueva versión de los eurobonos que tanta polémica crearon hace años. Sin embargo, el llamado de Moncloa ha sido recibido con críticas y escepticismo por parte de numerosos gobiernos europeos, que no solo no han cedido ante la petición española, sino que han reprochado al Ejecutivo de coalición entre socialistas y comunistas que mantenga un abultado déficit público tras seis años de crecimiento.

La situación fiscal de nuestro país era razonablemente favorable antes de la Gran Recesión, puesto que los ingresos artificiales generados por la burbuja inmobiliaria de los años de gobierno de Rodríguez Zapatero dieron pie a una reducción progresiva de la deuda, que cayó al 36% del PIB en 2007. Sin embargo, el estallido de la crisis sacó a la luz los problemas estructurales que se escondían detrás de un aparente buen manejo de las cuentas públicas. No en vano, cuando Mariano Rajoy toma las riendas del gobierno, la deuda pública había saltado hasta el 70% del PIB. Apenas un año después, las facturas ocultas, el maquillaje contable y los "rescates" bancarios elevaban más aún esta cifra, hasta el 86% del PIB. De hecho, la deuda siguió aumentando hasta 2015-2016, cuando se estabiliza en el 99% del PIB. Desde entonces, se han producido caídas testimoniales, hasta dejar este indicador en el 96% del PIB. En Italia, la evolución ha sido aún peor si cabe. La deuda pública suponía el 107% del PIB en 2006 y subió hasta el 119% bajo mandato de Silvio Berlusconi. Sin embargo, todo ha ido a peor después de que se tomase la decisión de relevar al magnate empresarial, puesto que las obligaciones del Tesoro transalpino se han disparado hasta el 135% del PIB.

Mientras tanto, el comportamiento de la deuda pública en la UE-27 y la Eurozona ha sido mucho más favorable. En la Unión Europea pico de endeudamiento medio fue del 87% del PIB y se alcanzó en 2014; desde entonces, esta rúbrica ha bajado al 80% del PIB. Para la Eurozona, el peor dato de la serie fue el 93% del PIB de 2013; en los años posteriores, este indicador ha mejorado hasta el 86% del PIB.

En el centro de la polémica aparecen cuatro gobiernos. A un lado, Alemania y Países Bajos, que protagonizan la oposición a los coronabonos y se niegan a socializar la deuda emitida por los demás países europeos. A otro lado, España e Italia, que reivindican tal maniobra como medida de rescate para abaratar las emisiones de sus respectivos Tesoros. .

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el comportamiento de las finanzas alemanas arroja un aumento de la deuda pública entre 2007 y 2010, pasando del 64% al 82% del PIB. Desde entonces, este indicador se ha corregido de manera progresiva hasta situarse en el 62% del PIB, corrigiendo así todo el aumento observado tras el estallido de la Gran Recesión. Por otro lado, en Países Bajos se registró un aumento del 45% al 68% del PIB entre 2007 y 2015, seguido de un descenso hasta el 47% del PIB. De modo que, mientras en España e Italia las finanzas públicas van a peor pese al crecimiento económico, en Alemania y Países Bajos se viene dando una corrección de los desequilibrios fiscales.

Por último, el historial reciente de los cuatro países que han protagonizado la disputa juega en contra de España e Italia. En 2018, último ejercicio con datos finales, el saldo presupuestario fue negativo en ambos países mediterráneos, con un déficit del 2,5% y del 2% del PIB, respectivamente, mientras que Alemania logró un superávit del 1,9% del PIB y Países Bajos alcanzó un resultado positivo del 1,5% del PIB. De hecho, el déficit medio en la UE-27 fue en 2018 del 0,5% del PIB, de modo que España e Italia se comportaron entre cuatro y veces peor que sus socios.

Huelga decir, por otra parte, que España e Italia podrían acudir al MEDE y obtener financiación por esa vía. Sin embargo, ni Sánchez ni Conte quieren acceder a tales préstamos, puesto que implicarían precisamente lo que planteó Holanda en el último Consejo Europeo: una supervisión y auditoría de sus estructuras de gasto público y sus medidas económicas.

La meta de los gobiernos español e italiano, pues, es conseguir que sus emisiones de deuda salgan más baratas sin que ello implique acometer reformas. Un absurdo al que, como es lógico, Alemania y Países Bajos han dicho que "no", al igual que harán otros gobiernos europeos que, de momento, siguen en un segundo plano pero comparten esta filosofía (caso de Austria, Malta o Finlandia).

Podemos politiza el dolor
Jorge Vilches. vozpopuli 31 Marzo 2020

Estos populistas pretenden ser portavoces del dolor. Todo malestar tiene, a su entender, un único sufridor y un único culpable

“Debemos politizar el dolor, que el dolor se convierta en propuestas para cambiar la realidad”. Esto lo escribió Pablo Iglesias el 7 de octubre de 2016, y lo soltaba en mítines ese año. “Lo principal del lenguaje de Podemos, lo fundamental no eran las identidades ideológicas, era politizar el dolor, y no hay nada más ideológico que politizar el dolor”, decía en Vigo el 20 de septiembre de ese año.

Este es nuestro drama: que el partido que juega a potenciar el dolor para su uso político está en el Gobierno que tiene que combatirlo. La pandemia y la crisis socioeconómica que se avecina son su escenario perfecto porque los podemitas ponen el dolor en el centro de la política. Pero no les basta con apropiarse de la voz de los que sufren, sino que señalan un culpable. Podemos ya lo ha encontrado: el PP, y especialmente Díaz Ayuso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

El populismo comunista de Iglesias y Podemos, ahora tristemente en el Gobierno de España, se alimenta de poner el acento en el sufrimiento. Para esto no solo cuentan el dolor existente, sino que crean bulos, lo que ahora se llaman fake news. Porque el objetivo no es paliar el dolor, sino echar a la gente encima del enemigo. Ya lo decía Lenin: “La política es otra forma de hacer la guerra”, y en la guerra todo vale.

El uso del dolor está en la versión populista del marxismo desde 1917. La idea es bastante sencilla. Los problemas de la gente son causados por el régimen capitalista —ahora lo llaman “neoliberal”—, que es culpable del malestar. El discurso es fácil, incluso infantil. Se trata de establecer dicotomías: ricos y pobres, protegidos y vulnerables, casta y pueblo. Por supuesto, el régimen, en este caso el del 78, está concebido para “los de siempre”: ricos, protegidos y casta, frente a los pobres, vulnerables y pueblo, que son la “mayoría social”.

Estos populistas pretenden ser portavoces del dolor. Todo malestar tiene, a su entender, un único sufridor y un único culpable. Es la manera de convertir la desesperanza en un movimiento antisistema, que será más fuerte cuanta más relevancia se le dé al sufrimiento porque eso genera emociones que movilizan. Los dos ejemplos más claros de esta táctica son el uso de los atentados del 11-M y las consecuencias sociales de la crisis de 2008. Detrás de las dos politizaciones del dolor está la gente de Podemos, en especial Juan Carlos Monedero.

Ese mismo uso están haciendo ahora. El objetivo de su propaganda es desviar la atención, hacer que su enemigo sea el culpable. Así, tratan de hacer creer a la gente que el dolor por el coronavirus no se debe a la imprevisión, al oportunismo político o a la negligencia de su Gobierno. No, sino al PP. Es el mecanismo utilizado con éxito por el castrismo: el culpable de la miseria en Cuba no es el modelo comunista, sino el embargo de EEUU.

Recortes y privatización
Los podemitas del Gobierno y alrededores son activistas con cargo público, y cuentan con sus medios afines para convertir en informaciones lo que son consignas. El argumentario es que las muertes por coronavirus son responsabilidad del modelo del PP, que ha desatendido la sanidad pública en beneficio de “los de siempre”. Han sido, dicen, los “recortes” y la “privatización” los que han dejado a los españoles sin la atención que se merecen. Es la hora, sostienen, de poner nombre y apellido a los culpables del dolor.

Esa es la auténtica máquina podemita, la queusa el dolor para hacer política. Esa es, como dijo el vicepresidente Iglesias, la verdadera ideología. Y por eso sueltan: “los recortes de ayer son los muertos de hoy”, porque “el PP lleva 25 años recortando, privatizando y destruyendo la sanidad pública en la Comunidad de Madrid”. A esto le suman campañas con vídeos querellables, creados por una cuenta podemita en Twitter, que, como hizo esta izquierda en la campaña contra la guerra de Irak, colocan sobre fotos de políticos del PP el cartel de “Culpable”.

¿Qué está detrás? Aferrarse al poder como sea. El comunismo es eso: una forma de tomar el poder para siempre, no de preocuparse de verdad por la gente. Por eso siempre destruyen al enemigo y quieren dar la vuelta al régimen, para tener en exclusiva el poder. Por eso solo son propaganda y conflicto, decretos e imposiciones, responsabilidades ajenas y campañas contra el adversario. Pero después de todo este ruido comunista, lleno de furia y bulos, habrá que exigir responsabilidades si no es demasiado tarde.

La OMS alertó ya en febrero a los gobiernos de los problemas para comprar material contra el coronavirus
Luz Sela okdiario 31 Marzo 2020

Pedro Sánchez acostumbra a remitirse en sus intervenciones a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un intento de justificar su inacción ante la crisis sanitaria del coronavirus. Sin embargo, el organismo internacional anticipó con bastante previsión que la carencia de material sanitario sería uno de los grandes problemas para afrontar la pandemia. Así lo alertó en concreto el 27 de febrero, en el informe ‘Uso racional de equipos de protección personal para el coronavirus’.

La OMS advertía de «interrupciones en la cadena de suministro global» de equipos, una situación a la que ahora se enfrentan los gobiernos de los países más azotados por la pandemia.

Lo avisaba así: «La actual reserva mundial de equipos de protección es insuficiente, particulamente en mascarillas y respiradores. Pronto se espera que el suministro de batas y gafas sea también insuficiente. La creciente demanda mundial, impulsada no sólo por el número de casos de Covid-19, sino por la información errónea, las ‘compras de pánico’ y almacenamiento, provocará una mayor escasez a nivel mundial. La capacidad para expandir la producción es limitada y la actual demanda no podrá satisfacerse».

Incluso antes, la OMS ya avisó a los Estados del material preciso para responder a una epidemia que se anticipaba imparable. El 3 de febrero, en su informe diario sobre la pandemia, el organismo publicó una lista de productos básicos «necesarios para la respuesta» al coronavirus. Entre ellos se hacía referencia no sólo al material de protección de sanitarios, sino a respiradores y otros instrumentos precisos para la atención a pacientes, en especial los más críticos.

Tres meses después de que se confirmase el primer caso de coronavirus en España, la epidemia sigue imparable. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, de este lunes, los contagios ascienden a 85.195 y las muertes 7.340, lo que supone un incremento de 812 más en sólo 24 horas.

Pese a las advertencias de la OMS, el Gobierno de Pedro Sánchez trata ahora de adquirir el material contra reloj en operaciones no exentas de polémica, como la adquisición de test defectuosos a China.

Este lunes, según anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba prevista la llegada de un primer avión con suministros, comprados por el Gobierno y que incluyen, «una cantidad muy importante de material y test rápidos». En concreto, 1,5 millones de mascarillas.

Illa afirmó que se validarán los test rápidos antes de distribuirlos, después de que la pasada semana se conociese que el Ejecutivo había adquirido decenas de miles de pruebas defectuosas.

En concreto, Sanidad admitió una partida de 58.000 unidades defectuosas, y otras 50.000 que no llegaron a ser distribuidas; anunció además que se había devuelto la compra de 640.000 pruebas rápidas, que tendrán que ser repuestas de nuevo.

Del todo el lote, que tenía homologación europea según Sanidad, 8.000 unidades fueron entregados a la Comunidad de Madrid, donde el Instituto de Salud Carlos III comprobó que «la sensibilidad era menor de la que se especificaba en la ficha técnica». La fiabilidad apenas llegaba al 30%.

Aluvión de demandas
Mientras, las críticas por la falta de material llegan desde todos los sectores que luchan en primera línea frente a la pandemia.

La última procede de la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC), que ha solicitado medidas cautelarísimas o subsidiariamente cautelares ordinarias a los juzgados de lo social para que se obligue a la Dirección General de la Guardia Civil a proveer a los agentes de equipos de protección individual y se realice el test a los guardias civiles que presenten síntomas o hayan estado en contacto con positivos o posibles positivos.

«La Dirección General de la Guardia Civil mantiene su pasividad generando una situación insostenible. Todo esto pese a la grave circunstancia de que son más de 700 los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se han contagiado y mínimo ocho efectivos profesionales han perdido su vida», señalan desde el colectivo. Consideran que la falta de material supone una «lesión de los derechos fundamentales que se está acometiendo contra los miembros de la Guardia Civil, que al vulnerarse las más básicas normas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se está lesionando de forma grave la integridad física y psicológica de los agentes, que ni pueden ni van a cesar en el ejercicio de sus funciones».

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, consideró este lunes que los policías y guardias civiles «en todo momento han tenido medios de protección individuales para el ejercicio de sus funciones».

Como reveló OKDIARIO, Instituciones Penitenciarias abroncó a los directores de las cárceles por el uso de las mascarillas, que entendía «generalizado».

La purga de Nieto González, el comisario que exigió la compra de mascarillas y guantes para la Policía en enero
El director de la Policía lo cesó en plena crisis del coronavirus. Se cree que fue por saber ver desde el principio la amenaza del virus.
J. Arias Borque Libertad Digital 31 Marzo 2020

El director de la Policía lo cesó en plena crisis del coronavirus. Se cree que fue por saber ver desde el principio la amenaza del virus.

El pasado mes de enero, el coronavirus estaba creando un gran problema en la provincia china de Wuhan. Europa y, especialmente España, venía la expansión del virus como algo lejano y ajeno, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzaba a alertar de que podía expandirse por todo el planeta y crear un problema serio a la mayoría de los países. En el departamento de Riesgos Laborales de la Policía Nacional se pusieron a trabajar de inmediato.

El comisario José Antonio Nieto González, el hombre fuerte de ese departamento y que cuenta con la carrera de Medicina en su currículum vitae, envió el 21 de enero una nota interna para avisar a la cúpula de la Policía del riesgo que existía. Tres días más tarde, remitió a los correos electrónicos corporativos de todos los agentes un documento donde explicaba qué era el coronavirus, cómo se contagiaba o qué síntomas tenía.

Incluyó en la misma unas recomendaciones sobre el material que debían utilizar los policías, especialmente los destinados en puestos fronterizos donde podían tener contacto que gente que viniese de China. Recomendó la utilización de guantes de nitrilo para cacheos y registro de equipaje y documentación. También el uso de mascarillas FFPP2 en el control de documentos de cualquier pasajero que llegase de China u otras zonas de Asia afectadas.

Fue él quien ordenó, asimismo, que se enviase este material a los agentes que realizan su jornada laboral en los aeropuertos. Es por ello que Libertad Digital publicó a finales de enero que la Policía Nacional había dotado de guantes y mascarillas a sus agentes destinados en las fronteras aéreas. En aquellos momentos también la Guardia Civil había dado ya este material a sus destacamentos en aeropuertos.

Y también fue el comisario Nieto González el que consiguió liberar una partida de más de 300.000 euros del presupuesto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para la compra de las primeras 15.000 mascarillas, 22.000 pares de guantes y un número no confirmado de EPIs (equipos de protección individual).

Fue a su compra a la que se refirió el pasado sábado el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el comisario principal José Ángel González, cuando echó abajo el discurso del Gobierno sobre el coronavirus y dijo que llevaban tres meses comprando material sanitario. El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, intentó que rectificase y le preguntó si no quería decir tres semanas, pero el DAO ratificó que eran meses.

Pero la carrera al frente del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del hombre que comenzó a preparar a la Policía contra el coronavirus se truncó el pasado 14 de marzo, cuando el coronavirus ya se encontraba desatado en nuestro país. El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ordenó su cese fulminante horas antes de que se hiciese público y oficial el protocolo actualizado de cómo deben actuar los agentes ante el coronavirus.

Fuentes policiales aseguran que el pecado que cometió fue reenviar el documento a un grupo policial de técnicos de prevención en riesgos laborales para que lo analizaran. Un documento que no le habrían advertido que iba a ser oficial en cuestión de horas y que, por tanto, no podía facilitar a nadie. Aunque otras fuentes consideran que ese hecho se aprovechó para quitar de en medio a un testigo incómodo cuya mera existencia pone de manifiesto que se pudo trabajar en luchar contra el coronavirus meses antes de cuando lo hizo el Gobierno.

Eso sí, en lo que todos están de acuerdo en la Policía Nacional es que es una temeridad apartar del Servicio de Riesgos Laborales al mayor experto que tiene el cuerpo en riesgos laborales, aún más en medio de una epidemia como la del coronavirus.

Sánchez, ‘El Trampas’, quiere ahora irse de rositas
OKDIARIO 31 Marzo 2020

Desde el 28 de marzo pasado, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos de España ha trasladado a los doctores las directrices del Ministerio de Sanidad en relación con la certificación de muertes por coronavirus. Por orden del Gobierno, se registrarán como «Covid-19 no confirmados» todos aquellos casos que no cuenten con certificación analítica, por lo que infinidad de ellos quedarán sin confimación y, en consecuencia, se adelgazará la estadística sobre los datos de fallecimientos.

Y como, además, las autopsias se han eliminado para estos casos y los test escasean, el asunto será que multitud de muertes podrían no tener reflejo oficial.

El texto de ese documento señala que “para la emisión de los correspondientes certificados de defunción, en los casos de probable infección por Covid-19 en el medio comunitario sin confirmación analítica, una vez consultados, si ello es posible, los antecedentes médicos del fallecido con especial atención a la sintomatología descrita de la infección, se procederá a certificar de la siguiente manera”. Como “Causa Inicial o Fundamental de la Muerte: COVID-19 no confirmado o sospecha de infección por coronavirus. Como “Causa Inmediata: la causa última que se considere correcta, sirva como ejemplos “fallo multiorgánico”, “distrés respiratorio” o “insuficiencia respiratoria aguda”. Podrán reflejarse causas intermedias si las hubiera o se conocieran: “neumonía” “sepsis” o “coagulopatía”.

En un tercer apartado, el de “otros procesos deberán recogerse las patologías o comorbilidades que conllevan un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave si existieran: “enfermedades cardiovasculares” “hipertensión arterial” o “diabetes”.

De este modo, sólo “en los casos de COVID 19 confirmado mediante test de laboratorio, la Causa Fundamental deberá recogerlo de la siguiente manera: COVID-19 Confirmado.

La pregunta es si a partir de ahora el Gobierno distinguirá los casos de muerte no confirmados, aunque sospechosos de serlo por coronavirus, de los confirmados. O dicho de otro modo, si en la cifra de muertos oficiales estarán los primeros o dejarán de formar parte de la estadística. Que el Gobierno cayera en la tentación de rebajar la cifra de fallecidos recurriendo a este procedimiento sería una indignidad manifiesta.

Gabriel Moris
Carlos Sánchez de Roda Libertad Digital 31 Marzo 2020

Gabriel Moris era un heroico luchador por la verdad y la justicia. No obtenía respuesta alguna, pero él insistía e insistía.

El pasado día 4 volví a ver a Gabriel Moris. Hacía tiempo que no lo veía. Me había pedido que interviniese en el acto conmemorativo del 16º aniversario del 11-M que ese día iba a celebrarse en el salón de actos del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Lo vi tan animado como siempre en su silla de ruedas. Su denodada lucha por saber quién y por qué asesinó a su hijo el 11 de marzo de 2004 había sido tan intensa que le había llevado hace años a esa situación. A su lado, como siempre, estaba Pilar, su mujer, que con enorme entereza y vigor ha sido siempre el indispensable apoyo, el sostén de Gabriel en su heroica lucha.

Nos volvimos a ver el día 11. Todos los días 11 de cada mes, y desde hace 13 años, Gabriel presidía la concentración que se celebraba en la plaza Cervantes de Alcalá de Henares en recuerdo de las víctimas del 11-M y en solicitud de nuevas investigaciones. Ese pasado día 11 ya era notorio el temor por la epidemia del coronavirus. Gabriel, sonriente en su silla, hacía gestos para que no nos acercáramos demasiado, "soy una persona de riesgo", nos decía. El acto se cerró, como de costumbre, con unas emocionadas palabras de Gabriel pidiendo, una vez más, la reapertura del caso. "No hay que olvidar lo inolvidable", nos repetía con frecuencia. Nos despedimos con toda cordialidad, como de costumbre, deseándonos todos mucho ánimo para superar la grave situación que vivimos. No podíamos imaginar que no nos volveríamos a ver.

Gabriel Moris era un heroico luchador por la verdad y la justicia. No obtenía respuesta alguna, pero él insistía e insistía. Fue testigo directo de las irregularidades cometidas en la investigación del 11-M. No es que alguien se lo contase, es que él estuvo allí, en el corazón de la trama, en el laboratorio de la Policía Científica en el que se llevó a cabo la crucial pericial de explosivos durante el juicio presidido por el juez Bermúdez. Y estuvo como protagonista. Él era uno de los peritos encargados de los análisis, y comprobó de primera mano las dudas que suscitaban las propias muestras. Y allí, junto con otros peritos, pidió insistentemente que se aportara la cadena de custodia de las muestras; denunció el lavado con agua y acetona que habían sufrido y la desaparición de esos líquidos; denunció el misterioso apagón ocurrido en el laboratorio justo en la noche que siguió a la aparición de un componente químico inexistente en el explosivo oficialmente atribuido a las bombas de los trenes, por haberse encontrado en la mochila de Vallecas. De todas esas demandas no tuvo explicación alguna. Y esa pericial, con todas esas imprecisiones, no pudo servir para demostrar lo evidente, que el explosivo de los trenes no era el mismo que el de la mochila de Vallecas. Gabriel no cesó de clamar contra una sentencia que él sabía estaba viciada por las irregularidades de la pericial en la que él mismo había participado.

Todo ello le llevó a emprender una constante campaña de denuncia de las manipulaciones de las que fue testigo y de otras que fue conociendo. Fueron constantes sus artículos en Libertad Digital; protagonizó desde entonces los actos mensuales de Alcalá de Henares; se dirigió por escrito a los tres poderes del Estado, al Gobierno, al Congreso de los Diputados y a la Audiencia Nacional, pidiendo una nueva investigación de los atentados: todas esas cartas han tenido el silencio por respuesta. Hace 7 años, Gabriel lanzó una recogida de firmas para pedir la investigación del 11-M, y la ha mantenido viva hasta ahora, reuniendo unas 56.000 firmas.

Gabriel era un hombre de bien, cabal, íntegro, luchador sin desmayo por la verdad en el asesinato de su hijo y de otras 190 personas. Se dejó la salud a chorros en el empeño y hasta se ha dejado la vida. Gran creyente, se habrá reencontrado ahora con su hijo en la casa del Padre. Y desde allí seguirán ahora luchando los dos juntos, rezarán por los que nos hemos quedado huérfanos sin él. Gabriel nos seguirá apoyando y dando ánimos para que sigamos su huella aquí en la Tierra y para que ojalá algún día podamos encontrar y enviarle al cielo esa verdad que él, con tanto ahínco, buscó.

Descansa en paz, amigo Gabriel.

Carlos Sánchez de Roda, autor de Los trenes del 11-M.

Gabriel en la memoria
Ignacio López Bru Libertad Digital 31 Marzo 2020

Descansa en paz, Gabriel. Nosotros seguiremos tu máxima de "no olvidar lo inolvidable".

He tenido la gran suerte de conocer a dos personas admirables, armoniosas. A Gabriel Moris y a su mujer, Pilar Crespo. La armonía de Gabriel y Pilar era la de dos personas que se quieren, que se aceptan y que comparten una visión de la vida donde, como en el poema de San Juan de la Cruz, se tiene la certeza de que hay un más allá que se alcanza por ventura.

Esa ventura anhelada que no se le ha dado en vida es la que les ha ayudado a sobrellevar los terribles golpes que les ha deparado el destino, y lo han hecho con una sobriedad, con una entereza, con una amabilidad, que su compañía, cuando tenías la suerte de encontrarte con ellos, te invitaba a ser mejor persona.

Los ratos que he pasado con Gabriel y Pilar en Alcalá son ya para mí inolvidables. Algo tenía Alcalá, ciudad de adopción de Gabriel, con la que se sentía identificado, que se le transmutaba en el espíritu. Quizás porque mucha gente como él, viniendo de esa "espaciosa España" de la que hablaba Fray Luis de León, tan diferente a la hueca y huera "España vacía" que hoy nos quieren vender, haya forjado en ella su destino. Pero también porque Alcalá es una ciudad con historia, y con una gran cultura, profundamente española, desde el mismo momento en que España se constituye como nación, que tiene como hitos a Cisneros, la Universidad Complutense y, sobre todo, a Miguel de Cervantes.

Gabriel se sentía muy orgulloso de esa progenie cultural, entre otras cosas, porque se sentía profundamente español. Y se le notaba. Pero no un español cualquiera. En Gabriel era bien visible la huella cervantina. El Quijote y Sancho estaban siempre en su conversación, y ese fino sentido del humor de Don Miguel, que desvela el ridículo, la vanidad y la sinrazón, pero que no se ceba en la persona, siempre le acompañaba en la amenidad de su trato.

Ser español. Eso es algo que no necesita pedigrí, como sí lo necesitan los que quieren construir falsas identidades de seres superiores, siendo, probablemente, todo lo contrario. Los orígenes de Gabriel no son autóctonos, como me contó una vez. Su apellido Moris viene de Moritz, de origen alemán. Se remonta a las repoblaciones de Sierra Morena que realizó el ministro Olavide en época de Carlos III, y que ha dejado pueblos tan característicos como La Carolina, La Luisiana, Posadas del Rey o su pueblo de nacimiento, Guarromán. Y pocas personas más españolas he conocido que Gabriel. No en vano, siempre decía que las víctimas del atentado eran todas las víctimas, y sus familiares, pero también los españoles, porque los atentados se habían hecho contra España.

Como muestra de su sentido del humor, recuerdo que en una de las quedadas que hicimos los que buscábamos la verdad del 11-M (los Peones Negros), con víctimas de los atentados, creo que en la casa de Francisco José Alcaraz en Jaén, Gabriel trajo los típicos hojaldres alemanes de su pueblo, que se llamaban Hojaldres Bermúdez. La asociación con la pastelera sentencia de la Audiencia Nacional, presidida por el juez Gómez Bermúdez, no podía ser más elocuente.

Y es que pocas personas han podido hacer más daño a las víctimas del 11-M como el juez de Álora. En el caso de Gabriel fue más acusado, si cabe, porque Gabriel, en su condición de perito independiente en representación de la AVT, participó en la pericial que ordenó el juez Bermúdez para averiguar, tres años después de los atentados, qué explotó en los trenes. Y, como relato en el capítulo 10 de mi libro Las cloacas del 11-M, las trampas, los ardides, las mistificaciones que puso Bermúdez en la vista oral para impedir que esa averiguación fuese efectiva, cebándose en los peritos independientes, fueron innumerables. En ese capítulo del libro reflejo que uno de ellos me dijo, literalmente, refiriéndose a Bermúdez: "Fue a por nosotros". Ese perito era Gabriel.

El calvario que han sufrido Gabriel y Pilar con la Justicia, por intentar que se averiguara el arma del crimen, ha sido inenarrable. Lo mismo que todas las iniciativas que ha patrocinado Gabriel, empezando por sus artículos, imprescindibles, y continuando con su petición dirigida al Gobierno, al Congreso y a la Audiencia Nacional en Change.org para "investigar los atentados del 11-M", que, como era de esperar, solo ha conseguido el silencio ominoso de todas esas instituciones, ahormadas, como han estado, y están, en sepultar bajo un manto de oprobio la verdad del 11-M. No en vano, Gabriel, en uno de sus primeros artículos, dejó esta lapidaria denuncia:

Falta recordar la constelación de ascensos y de medallas con que el Gobierno premió a los que no evitaron ni investigaron el atentado, así como a los jueces y fiscales que nos vendieron un proceso judicial y una sentencia sin autores.

Gabriel se nos ha ido, y nos ha dejado huérfanos a todos los que hemos sentido su hálito, su impulso, su esperanza y su fe, para que no cejáramos en la búsqueda de la verdad de lo que pasó en aquellos viles atentados. Fue la voz que clamó en el desierto, ese campo yermo y desabrido de la España oficial: la que construyó esa sentencia infame; la que permitió que los verdaderos autores permanezcan en la sombra, como una amenaza; la que permitió dar a los españoles gato por liebre, ocultando y destruyendo las pruebas verdaderas, que hubieran desvelado la verdad; la que, en un acto de lesa patria, fabricó y colocó otras pruebas, para llevar a unos falsos autores.

Al final del prólogo a mi libro, Gabriel sentenció:
El pueblo español acuñó en los días posteriores a la tragedia aquella frase de: TODOS ÍBAMOS EN LOS TRENES. Muchos se apearon antes de estallar los artefactos. Que Dios los juzgue, al margen de la pobre justicia humana.

Descansa en paz, Gabriel, junto a Juan Pablo y junto a tu hermano. Nosotros seguiremos tu máxima de "no olvidar lo inolvidable", y, por tanto, continuaremos en los trenes.
En tu memoria.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El hundimiento económico y el Pisuerga de Podemos
José María Rotellar okdiario 31 Marzo 2020

Ante todo, ojalá que muy pronto pueda ir mejorando el mayor número de enfermos de coronavirus, se aleje el peligro de colapso sanitario y disminuyan los contagios. Esta epidemia está causando un gran impacto, por su rápido contagio, con especial ahínco en los grupos de riesgo, especialmente entre las personas de edad avanzada, a las que hay que proteger con todos los medios de los que dispongamos.

En estas circunstancias, el combate contra la enfermedad tiene otro paciente en situación muy complicada, casi dramática, que no es otro que la economía. Las medidas durísimas, inéditas, que se están tomando, tanto de restricción de libertades individuales como de empresa, que ha provocado la paralización de gran parte de la actividad productiva, primero, y desde el lunes treinta de toda la producción, conducen a la economía hacia el desastre. Por supuesto que hay que luchar contra la enfermedad, pero hay que medir muy bien la correlación entre las medidas de restricción económica tomadas y su impacto en la evolución de la enfermedad, porque lo que no puede suceder es que se trate de arreglar un problema con una solución que agrave la situación global, que es lo que está pasando, entre otras cosas porque si hay un gran empobrecimiento de la economía, no tendremos recursos para contar con medios sanitarios con los que combatir ni ésta ni otras enfermedades.

El virus, pese a su virulencia, pese a la tristeza de cada muerte que se produce -cada vida es un tesoro irreemplazable y nada puede devolverla ni compensar a los seres queridos del fallecido- terminará pasando, esperemos que más pronto que tarde. Sin embargo, la grave crisis económica que dicho virus está desatando va a ser mucho más complicada de vencer, pues cada una de las decisiones que se están tomando y la ausencia de otras puede hundir la economía de manera casi irreversible.

He mantenido desde hace semanas que tiempo habrá de analizar el motivo por el que hemos tenido que llegar a esta triste situación donde la enfermedad se ha extendido más rápidamente de lo que podría haberse producido si se hubiese protegido de manera temprana a los grupos de riesgo y se hubiese tomado alguna medida de cierre de fronteras, todo ello, desde que apareció en China. Ahora, desgraciadamente, el Gobierno no deja de dar pasos en una pésima dirección, que está socavando la capacidad de resistencia de nuestro sistema productivo y que está poniendo contra las cuerdas nuestra prosperidad:

Primero, sin mediar casi veinticuatro horas, pasó de no tomar ninguna medida preventiva a ordenar, por decreto, el cierre de una gran parte de la actividad productiva: bares, restaurantes y comercios fueron obligados a cerrar, con el consiguiente quebranto económico. Además, confinó a la población.

Esa circunstancia excepcional sólo tenía sentido si ese tiempo se aprovechaba para mitigar los contagios, realizando, por ejemplo, pruebas de detección rápida del virus que permitiesen aislar a los contagiados de los no contagiados, para evitar la propagación. Sin embargo, el Gobierno no ha implantado dichas pruebas, llegando a frivolizar algún miembro del gabinete sobre las gangas que se compran en los mercados internacionales. No es momento de gangas, y mucho menos de frivolidades. Es momento de rigor, solvencia y eficacia.

Esa crisis económica inducida por el cierre productivo por causa de fuerza mayor, con los afectados ante señalados, requería una medida que permitiese compensar el quebranto para que sobreviviese el tejido productivo. Era necesario dotar de liquidez ilimitada a dichas empresas, la gran mayoría pymes y autónomos, para evitar su estrangulamiento financiero.

Sin embargo, tras anunciar el Gobierno que movilizará 100.000 millones de euros en avales y que inyectará otros 10.000 millones para préstamos directos del ICO, a los pocos días hablaba sólo de 20.000 millones, que iría ofreciendo para testear qué tal responde el mercado.

Así, defraudaba las expectativas generadas, sembrando desconfianza en la economía. Además, pierde el tiempo diciendo que van a probar con pequeños paquetes de financiación cómo responde el mercado, cuando lo que tenía que hacer era movilizar los 100.000 millones y decir que si se consumen movilizará más, a imagen de lo que ha hecho el Reino Unido, para dar seguridad.

Además, se niega a condonar los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social a todos los autónomos y empresas, que han dejado de ingresar y que, sin embargo, tienen que pagar los impuestos, ofreciéndolos que los pueden financiar a través del ICO. Si las empresas han de soportar el no tener ingresos durante este período de alarma, ¿por qué el Gobierno no puede renunciar a la recaudación de dicho período de estas empresas y exonerarles del gravamen para ayudarlas a sobrevivir?

Toma medidas adicionales, posteriormente, de prohibición del despido. Después de que hubiese adoptado una medida sensata, como la de agilizar los ERTE’s, la acompaña de esta prohibición de despedir que hará que el desempleo aumente todavía más, al no poder ajustar las empresas su plantilla y tener que cerrar por completo la no soportar todos los costes, destruyendo todos los empleos de la misma en lugar de unos pocos.

Como remate, finalmente determina el cierre productivo completo, salvo el de los servicios esenciales, sin ni siquiera prever que hay producciones que no pueden parar al instante -de ahí, la moratoria de veinticuatro horas introducida sobre la campana de la publicación del decreto, ni avisar a los empresarios más que instantes antes. Lo llaman hibernación, pero con esa hibernación no parece que la economía vaya a estar en condiciones de salir de su letargo y despertar de nuevo.

Todo ello, conduce inexorablemente a una ruina económica que puede generar un drama social de dimensiones descomunales, con potenciales desórdenes públicos y situaciones de angustia económica de las familias, de las personas, que puede derivar en una tragedia para muchos. De hecho, lo estamos empezando a ver en Italia.

Por eso, causa estupor ver cómo en toda esta crisis Podemos parece estar buscando su particular “Pisuerga”, pidiendo, desde el primer momento, según informaciones periodísticas, que se nacionalizasen las empresas eléctricas y los medios de comunicación, con insistencia posterior de Iglesias en que toda la riqueza general del país se ponga al servicio de interés general, como marca el artículo 128 de la Constitución, cosa que nadie discute y ya se está haciendo, pero que él pareciera emplear para abonar el camino de las nacionalizaciones, cuando no hay motivo para ello.

Además, la ministra de Trabajo dice en rueda de prensa de consejo de ministros que ese Gobierno está para defender los intereses de los más débiles. Se equivoca: su obligación es defender a todos. Por último, Podemos en Twitter afirmó el 27 de marzo que “El Gobierno de coalición prohíbe los despidos aprovechando el #coronavirus”.

Hay que luchar paralelamente en los dos campos, sanitario y económico, porque este último no se puede descuidar: la economía no puede seguir cerrada el doce de abril, porque, si no, podemos caminar no ya a una recesión, sino a una depresión, con el riesgo, además, de que nos intenten imponer entonces toda suerte de medidas de gasto público elevado perpetuo, que controle una economía diezmada, nacionalizada y orientada según las consignas de quienes en algo tan grave como esta pandemia emplean el verbo “aprovechar” para comentar la equivocada prohibición del despido, que, al fin y al cabo, es dicha prohibición su anhelo con su afán por derogar la reforma laboral.

No caigamos en el error de no valorar la situación económica ni el riesgo al que nos enfrentamos con ella. Como recientemente decía el Doctor Antoni Trilla, jefe de epidemiología del hospital Clínic de Barcelona, en “ABC”, todas las medidas hay que sopesarlas bien, porque, si no, “la recesión podría dañar la salud incluso más que la epidemia”.

La gota separatista
Miquel Giménez vozpopuli.es 31 Marzo 2020

Los locos no dejan de serlo cuando todo arde a su alrededor. Como ejemplo, ahí están los separatistas

La Plataforma per la Llengüa amenaza con llevar ante las autoridades Europeas a Sánchez. ¿Por su imprevisión, por su ineficacia, por sus mentiras? No, lo hará porque la información del coronavirus se hace solo en español. No es broma. La gente está cayendo como moscas, los hospitales están saturados, los equipos llegan tarde mal y nunca, pero a esta gente lo único que les preocupa es que no se dé información en catalán. Si a partir de una gota el intelecto deductivo podría inducir la existencia de un océano —Sherlock Holmes dixit—, por palabras como estas se puede deducir la catadura moral de quien las dice.

Importa más el idioma que la muerte, la sintaxis que los respiradores, la preminencia supremacista que la enfermedad. Como si uno pudiera morirse de manera distinta en catalán que en español. Es la gota que desprecia el gasto en sanidad, en escuelas, en todo lo que afecte a la vida cotidiana de la gente porque lo único que cuenta es su onanismo ideológico, que solo atiende al imaginario urdido por la cofradía del tres por ciento para mejor meter la mano en la caja, mientras los suyos viven anhelando que se aparezca la república catalana en medio de las luces de Manresa, la epifanía de Sant Jordi matando al dragón español y Puigdemont descendiendo de los cielos belgas, resurrecto y triunfante.

En esa gota se encierra el corpus del fanatismo, y nos permite entender que el conseller Buch se refiera, ahí sí, en español, al gobierno de la nación con retintín del niño repipi con su dedo levantado. “El Gobierno de España”, decía en unas declaraciones en catalán, pretendiendo ser irónico y resultando ridículo. Toda la coña que quiera, conseller, pero sus propios alcaldes están pidiéndole al ejército, español, sí, quina gràcia, que acuda a sus localidades para echarles esa mano que ustedes les niegan. Por incompetencia, por ignorancia, porque les sacan de los pronoms febles y la historia de los Cucurull and company y ya no saben qué hacer. Porque se pasan el día reclamando que el confinamiento ya lo había dicho Torra, refugiándose en el vil rincón del tonto de la clase, con orejas de burro fabricadas con las cartas que le enviaban al Gobierno para que la mesa de diálogo continuara, aunque la pandemia estuviera asolado al mundo.

Son tan patéticos que, si no fuera por que está en juego la salud pública, provocarían la hilaridad más descabalgada. A partir de ahí, todo vale. Junqueras y Romeva exigen que se les ponga en libertad a causa de la epidemia. Y no se pregunten ustedes qué tendrán que ver los cojones con comer trigo, porque es todo tan surrealista que incluso podría darse el caso de que Sánchez los indultase, que bien que se ha asegurado poder conceder gracias. Mientras tanto, el Govern separatista no da información de quienes mueren ignominiosamente abandonados por sus políticos en residencias de ancianos, amordaza a médicos y profesionales de la sanidad para que no expliquen que la sanidad catalana está sin camas libres en las UCIs, todo aderezado con una consellera balbuceante que lo mejor que podría hacer es dimitir.

Lo suyo es el catalán y todo lo que conforma su mundo ideal en el que todos los jueves, sin excepción, habrá helado de postre. Son una gota que discurre, orgullosa y soez, por el albañal de la política catalana y que acabará por diluirse en el torrente no menos embrutecido de la española, que si unos tienen al idioma como única preocupación, los otros solo se fijan en el bienquedismo, en esa falsía progre de salón que tiene algo de justicia poética cuando vemos a tantos voceros de la nada afectados por el virus que primero negaron, luego mal gestionaron y ahora intentan endilgar al primero que pase.

Visto lo visto, que Garzón se vaya de permiso a su casa es incluso una buena noticia. Para andar estorbando, mejor quitarse de en medio. Pero la gota sigue ahí, impertérrita, y uno se pregunta si será la que haga colmar el vaso de la paciencia de las buenas gentes que, a día de hoy, no podrán pagar la cotización de autónomos gracias a que sus gobernantes solo los ven como estadísticas, billetes a ingresar y carne de cañón. Ah, pero lo importante es que todo sea en catalán. Incluso nuestra necrológica. La gota.
 


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