AGLI Recortes de Prensa   Jueves 16  Abril  2020

Un país subsidiado: el Gobierno sostendrá con subsidios, ayudas y pensiones a 18 millones de personas
Calixto Rivero okdiario 16 Abril 2020

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha avanzado este miércoles en el Congreso de los Diputados, durante su comparecencia en la Comisión de Pensiones y Seguridad Social, que en las próximas semanas habrá una renta mínima vital en España. La misma que exigía Pablo Iglesias. Sin embargo, España ya está convirtiéndose, con las últimas decisiones del Ejecutivo, en un país cada vez más subsidiado. La renta mínima vital será un paso más.

Las cifras que Escrivá ha puesto sobre la mesa son las siguientes: uno de cada tres personas que figuran como población activa tendrán un subsidio en España en los próximos días o semanas, algo que más allá de ser algo positivo demuestra el fuerte golpe que está sufriendo la economía nacional como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Concretamente, habrá 8,3 millones de personas cobrando un subsidio de las administraciones públicas y 9,7 millones de pensionistas. Es decir, que 18 millones de personas vivirán de las prestaciones, subsidios, ayudas y jubilaciones (tanto contributivas como no contributivas) que salen de las arcas públicas.

Escrivá ha detallado, por ejemplo, que habrá 4 millones de personas que se beneficiarán de la prestación de los ERTE; 900.000 trabajadores que han perdido su empleo y a los que se les concederá un subsidio o prestación de desempleo aunque no hayan cotizado lo suficiente por ello, y 1,4 millones de autónomos que recibirán una prestación por el cese de actividad.

A esto habría que sumar los dos millones de personas que ya cobran ayudas por estar en el paro, cifras que también facilitó el ministro en sede parlamentaria, y los 9,79 millones de pensionistas que hay en España, con los últimos datos disponibles de la Seguridad Social.

Si se tiene en cuenta que, además, hay tres millones de funcionarios y empleados públicos en el país, cuyo sueldo también sale del dinero de los contribuyentes, 21 millones de personas podrían estar cobrando su nómina directamente del sector público en algún momento de esta crisis del coronavirus, lo que sin duda dejará problemas importantes para el futuro: el déficit público y la deuda pública se desbocarán, como ya han avisado los organismos internacionales e importantes servicios de estudios en los últimos días.

La renta mínima o la trampa de la pobreza
Miguel Ángel Belloso. vozpopuli  16 Abril 2020

Más allá de la tragedia de los miles de muertos por coronavirus -con España a la cabeza en fallecimientos per cápita y en sanitarios contagiados-; además de los efectos nocivos sobre la estabilidad psicológica y la moral colectiva que provoca la reclusión injustificadamente extrema, este virus que nos asuela está empezando a quebrar el espíritu noble y animoso que siempre ha inspirado a los defensores del libre mercado y de la sociedad abierta; está comenzando a debilitar a los partidarios del valor imborrable de los individuos y de la propiedad privada, y está dividiendo incluso a los fanáticos del modelo capitalista que tanto bienestar y progreso ha causado a la humanidad.

Todos ellos están padeciendo el fuego cruzado de los estatistas, de los totalitarios y de los nostálgicos del Muro de Berlín, que a su caída no tuvieron más opción que declararse en tregua pero que resucitan con energía renovada en cuanto surge una severa crisis económica como la de 2008 o en este caso una catástrofe sanitaria, aunque nada tenga que ver con el modo de vida occidental, en el que no cabe la costumbre insana de comerciar con animales salvajes ni mucho menos de comerlos.

Hace unos días, el diario británico 'Financial Times', que lleva tiempo dilapidando su prestigio como soporte genuino del credo liberal y del modelo capitalista, publicó un editorial en el que sugería dar marcha atrás a las políticas de las últimas décadas. A su juicio, “para pedir sacrificios a la sociedad hay que ofrecerle a cambio un contrato social que beneficie a todos; los gobiernos habrán de tener un papel más activo en la economía; hay que buscar fórmulas para que el mercado laboral no sea tan inseguro; la redistribución tiene que volver a estar en la agenda, habrá que cuestionar los privilegios de que gozan los mayores y los ricos, y tendrá que hacerse hueco a figuras hasta ayer consideradas excentricidades como el impuesto sobre el patrimonio y la renta básica universal”. Naturalmente, estoy en desacuerdo con esta sarta de tonterías.

Las sociedades más libres y prósperas están basadas en el orden espontáneo, por el que las personas, desplegando su innata capacidad para generar riqueza -en un marco de igualdad de oportunidades- y buscando su propio interés generan, a menudo sin proponérselo, mucho mayor bienestar general que el que nunca ha podido ofrecer una economía planificada en la que la demanda está previamente establecida por el gobierno de turno, que forzosamente ignora las necesidades y los anhelos de los ciudadanos. El contrato social es un puro invento, un señuelo para la multitud de los que prefieren la protección pública antes que asumir su responsabilidad en el destino de la propia vida. El actual confinamiento forzoso se ha impuesto para evitar el colapso de los sistemas sanitarios y garantizar la mayor eficacia posible en la restauración de la salud pública; ése es el beneficio común por el sacrificio exigido.

También debemos combatir con denuedo el empeño de los socialistas y comunistas en que los gobiernos invadan el sistema económico contaminándolo con su probada ineficacia. El peso del sector público en los grandes países europeos está ya cercano al 50% del PIB, un nivel que asfixia el desenvolvimiento del sector privado, cercenando el potencial de desarrollo productivo, minando la capacidad de innovación y lastrando la creación de empleo independiente del Estado. Particularmente en España, el mercado laboral es muy rígido, lo que no impide que tengamos la tasa de paro más alta del continente a pesar de que el número anual de puestos de trabajo sin cubrir se acerca a los 300.000.

La propuesta de 'Financial Times' de reforzar el papel redistribuidor del Estado es la manera más elegante que ha encontrado para postular un aumento de una presión fiscal -de por sí elevada- que erosionaría la base productiva trasladando recursos adicionales de los más diligentes y capaces hacia sectores de población que si son fatalmente vulnerables deben ser socorridos con menor coste social, o que en otros casos deben seguir sometidos a prueba para que den lo mejor de sí mismos, un impulso que sofocará el riego injustificado de dinero público. Reinstaurar el impuesto sobre el patrimonio -que sólo existe en España-, castigar fiscalmente a los ricos que han ganado lícitamente su dinero -o que lo han heredado-, como se propone a ejecutar en España el Gobierno de Sánchez, es una idea abominable e inmoral. Está alimentada por la envidia.

Decía G.K Chesterton que “para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos y abusos a los derechos de los demás”. Esta depravación personal es la que está detrás de la confiscación patrimonial y de la última de las excentricidades mencionadas por el diario británico y que está de moda en España. Me refiero a la renta básica universal. La idea de que el Estado conceda una prestación monetaria a todos por el hecho de ser ciudadanos es descabellada. Su coste financiero, en el grado extremo, podría superar el 20% del PIB, según calculó ya en 2015 la institución Fedea, y sus efectos sobre el mercado laboral serían letales.

En nuestro país, el proyecto que maneja el Gobierno -pactado en el acuerdo de legislatura con Podemos- no llega a la temeridad de una renta básica universal: se limitaría a un ingreso mínimo vital destinado a “los colectivos más desfavorecidos” cuya tipología está por determinar y que puede convertirse en un pasto fácil para el ejercicio de la picaresca nacional. Aunque menos voluminoso, el impacto monetario de este nuevo subsidio sería tremendo justo en el trance más inoportuno. La caída brutal de los ingresos públicos por el cerrojazo al tejido productivo más el aumento de los gastos por las medidas para conservar parte de las rentas de los empresarios que han clausurado sus negocios y de la multitud de personas que ha perdido súbitamente su empleo va a disparar el déficit por encima del 10% del PIB y elevará la deuda hasta el 120% o más.

No parece que las cuentas públicas estén en condiciones de soportar una muesca más con una ayuda adicional que tiene la expresa voluntad política de permanencia en un país que ya cuenta con un sistema de prestaciones incluso más nutritivo que el de muchos de los estados europeos con una renta per cápita superior. El subsidio de desempleo es más generoso y duradero que en los países de nuestro entorno, las pensiones llegan al 80% del último salario en activo frente al 60% de Alemania y hay otra serie de ayudas enquistadas como el PER y los subsidios de todo jaez que ofrecen las autonomías que serían complementados por esta original renta mínima, a fin de consolidar a la brava el “escudo social” patentado por Podemos. Pero Iglesias no busca con ello colmar una presunta justicia social de por sí venenosa sino aumentar la nómina de los dependientes del Gobierno, transformarlos en parásitos y de paso abonar con la gente corrompida moralmente la cosecha de futuros votantes.

El ingreso mínimo vital ha de exigir por fuerza un aumento intenso de la presión fiscal. Ahora camino de una recesión aguda esta opción suena extemporánea, pero será ineludible en el futuro provocando la correspondiente deslocalización de empresas, disuadiendo la inversión, desincentivando el trabajo -que es la consecuencia inevitable de los altos impuestos- y extendiendo el fraude y la economía sumergida. Se producirán además otros efectos igualmente perniciosos que ya conocemos con motivo del PER. Si puedo consumir parecido trabajando menos, ¿qué interés voy a tener en buscar empleo? Hoy se necesitan más de cien mil trabajadores para recoger las cosechas y el Gobierno ha permitido compatibilizar el paro con el salario que se obtenga en el campo. ¿Cuántos creen que se apuntarán si pueden sobrevivir razonablemente con el subsidio?

Desempleo y fracaso escolar
Si suponemos que el ingreso mínimo vital desaparecerá a partir de un determinado nivel de ingresos, ¿cuántos estarán dispuestos a buscar un empleo arriesgándose a perder una ayuda segura sin nada a cambio? Ya estamos probando que aumentar el salario mínimo más allá de la retribución por la que muchos aceptarían un empleo reduce el número de contrataciones al tiempo que disuade la necesaria formación profesional de la mano de obra en busca de nuevas habilidades y una retribución mayor. Durante el pasado ‘boom’ de la construcción, también comprobamos que un salario relativamente elevado destroza los estímulos a continuar estudiando en los colectivos más vulnerables al fracaso escolar.

Tratar de aliviar la pobreza sin dañar la empleabilidad y evitando un impacto fiscal intenso en las cuentas públicas es una tarea sutil fuera del alcance del gobierno más incompetente y sectario de la historia democrática. Más bien el tándem Sánchez-Iglesias parece dispuesto a instalar en la trampa de la pobreza a grandes capas de la población que bien podrían ganarse la vida por sí mismas, pero cuya voluntad es fácil de quebrar ofreciéndole canonjías. Es un tándem dispuesto a apagar para siempre el ánimo y la capacidad de la gente para salir de su situación precaria y contribuir al desarrollo colectivo. También es un Gobierno determinado a convertir en un problema grave la inmigración, que comenzará a venir atraída por el efecto llamada, seducida por un Estado de bienestar reforzado, pero con pocas ganas o ninguna de participar en el mercado laboral como el país necesita.

Camino de servidumbre
¿Cuál es entonces el prurito detrás de este nuevo despliegue de generosidad política que no repara en vidas ni haciendas? ¿Dónde está el secreto? Naturalmente, el objetivo principal de Sánchez e Iglesias es conservar el poder amenazado por la creciente ira social que impulsa la gestión catastrófica de la crisis. No se trata de rescatar a los ciudadanos sino de orientarlos hacia el camino de servidumbre que profetizó Hayek aunque para ello haya que laminar a la gente productiva descapitalizando el país; aunque sea preciso quitar el dinero a unos para entregárselo a otros que no tienen intención de trabajar o que si pensaban hacerlo perderán cualquier acicate con la renta mínima. Decía Margaret Thatcher que el socialismo siempre prefiere que los pobres sean más pobres -en dinero y en espíritu- con tal de que los ricos sean menos ricos. No hay amor por el ciudadano ni por el pueblo detrás de esta estrategia criminal. Solo la mera pasión por el siervo que puede asegurarte el poder.

Pactar qué y con quién
Pablo Molina Libertad Digital 16 Abril 2020

La portavoz del Gobierno anunció este martes, tras el Consejo de Ministros, que Pablo Casado sería llamado a la Moncloa a declarar este jueves ante Pedro Sánchez. En el PP no tenían noticia de esa citación, de la que se enteraron exactamente al mismo tiempo que los demás, para que luego digan que el Gobierno hace diferencias entre españoles. Esto de anunciar una reunión con el líder de la oposición sin conocimiento del líder de la oposición es solo otra bellaquería más de la banda de Sánchez, pero nos permite acotar el grado de respeto del Gobierno socialcomunista a los usos normales en una democracia.

Las reuniones que Sánchez pretende orquestar con los demás partidos tienen como objetivo presunto la firma de un gran acuerdo de reconstrucción nacional, como en su día ocurrió con los famosos Pactos de la Moncloa. El marco para este amplio consenso ha de inspirarse, forzosamente, en las grandes líneas estratégicas marcadas por el Gobierno durante la actual crisis pandémica, a las que intentará sumar al resto de las fuerzas políticas salvo alguna reforma de matiz, porque no tiene sentido convocar a los partidos parlamentarios para cambiar de raíz todo lo que el Gobierno ha hecho ya.

¿Y qué ha hecho el Gobierno para sentar las bases de la recuperación económica una vez los españoles vayamos volviendo a la normalidad? Pues crujir a impuestos a los empresarios, enviar al paro a millones de trabajadores, anunciar un programa de subsidios de miseria y amenazar con expropiar (lo que quede de) la riqueza nacional. Y financiar a las televisiones amigas con 15 millones de pavos, que ya se nos iba a olvidar.

La otra gran cuestión en estos nuevos Pactos de la Moncloa es con quién se pretende que se firmen. Esta parte es muy sencilla: con Sánchez e Iglesias. El primero, un socialista que ha basado en el odio al adversario toda su carrera política, es responsable directo de que la pandemia haya adquirido dimensiones de tragedia. El segundo es un personaje que alimenta algaradas contra el Jefe del Estado, lo menosprecia públicamente y pretende utilizar la catástrofe para acabar con la monarquía parlamentaria e instaurar una nueva república, suponemos que con él en la presidencia.

Este es el marco general que Sánchez ofrece a Casado para que pase por su despacho a firmar. Y si el líder popular se resiste, será acusado de desleal ante el resto del mundo. Lo que no puede entender un megalómano como Sánchez es que la inmensa mayoría de los ciudadanos valore el rechazo a sus pretensiones como el gesto necesario de los partidos del centro-derecha en defensa del verdadero interés general. Casado debería explicárselo en 30 segundos cuando vaya a la Moncloa y salir pitando a renglón seguido. Y que la ministra portavoz anuncie la semana próxima el éxito de esta nueva estrategia del Gobierno, con la firma de un gran acuerdo de Estado entre Sánchez, Iglesias, Otegi y Rufián.

Pactar no es maquillar al Gobierno
Editorial larazon 16 Abril 2020

Pedro Sánchez ha propuesto un acuerdo nacional para superar la crisis económica en la que va a entrar España a causa del coronavirus. Lo anunció con la etiqueta de «nuevo Pacto de La Moncloa» porque en 1977 fue el acuerdo marco, más allá del político que un año después dio a luz la Constitución, que permitió que la Transición cumpliera su principal objetivo: ir del franquismo a un Estado democrático sin que la sociedad española se partiera en dos de nuevo o en mil pedazos. El plan de Sánchez es que nadie podía escapar a tan sugestivo acuerdo si se ataba con el espíritu de entonces, pero ha fallado el primer eslabón, del que debe partir la iniciativa: el propio presidente del Gobierno. Ha confundido acuerdo con cerrar filas en torno a él. No va mal ahora recordar que Adolfo Suárez se vio obligado a acordar unos grandes acuerdos políticos y económicos tal y como ganó las elecciones de junio del 77 porque no disponía de mayoría absoluta y esos apoyos eran insuficientes para afrontar los grandes retos que tenía por delante. Sánchez, por contra, tiene una minoría aún más exigua y unos socios que no son precisamente una seguridad para la estabilidad. Hay otro aspecto que el presidente no tiene en cuenta: todo lo que se firmó en octubre del 77 se desarrolló posteriormente en el Congreso, cuando ni siquiera era Cámara constituyente. El Parlamento ahora debe ejercer su función con todos los mecanismos de que dispone y partiendo de la representación de cada uno. En los Pactos de La Moncloa, el voto de un grupo minoritario como el PNV, CiU o el PSP, valía lo mismo que el de UCD, PSOE y PCE.

De ahí que tenga sentido la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, de que el acuerdo que se alcance debe cerrarse en el Congreso, con luz y taquígrafo, y debatiendo cada uno desde el valor de sus escaños. Es cierto que el desarrolló dramático del coronavirus, con 18.579 fallecidos, según los datos de ayer, obligan a Sánchez a cerrar una acuerdo que amortigüe el desprestigio de su Gobierno, pero además de grandeza, también es necesaria humildad. No sólo su mayoría es frágil, sino que la argamasa con la que se sostenía su pacto con ERC y PNV hoy vale muy poco: no es el momento de ofrecer contrapartidas al soberanismo catalán y la caja está vacía tras el envite que está suponiendo la epidemia, lo que aplazará las inversiones reclamadas por los nacionalistas vascos. Es decir, el Gobierno de Sánchez no tiene sustento alguno, más allá del que le da Pablo Iglesias, que es más una rémora que una ayuda. Humildad quiere decir en estos momentos que el poder que este PSOE irreconocible ha asentado en las instituciones entienda que la oposición, y más en las circunstancias actuales, también cuenta. Es decir, el uso que de nuevo ha demostrado hacer del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no puede despertar ninguna confianza en la oposición. Hacer un barómetro monográfico sobre el coronavirus y la gestión que está haciendo el Gobierno con preguntas dirigidas a la aprobación sólo demuestra que Sánchez, una vez más, ha vuelto a poner en marcha el cronómetro electoral. «En circunstancias como las actuales, ¿cree que los partidos políticos y líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al Gobierno en todo lo posible, dejando sus críticas o discrepancias para otros momentos...», dice una de las preguntas que, como es lógico, tiene el 87,7% de la aprobación de los encuestados.

No hace falta que venga el CIS para corroborarlo y hacerlo público, de hecho este periódico publicó hace unos días –al igual que otros medios-–una encuesta con similares resultados. Lo que es inaceptable es que, una vez más, ponga un organismo del Estado al servicio de la estrategia del Gobierno. Claro que es necesario que exista un gran acuerdo, pero en condiciones fiables. El capital político de Sánchez es escaso y debería no malgastarlo en operaciones de maquillaje. Hay demasiado en juego, como el FMI ha advertido.

Los timos de la Moncloa
Jesús Cacho vozpopuli.es 16 Abril 2020

En junio de 1977, tras las primeras elecciones generales celebradas finalizada la dictadura, elecciones que ganó ampliamente UCD, la situación económica española parecía insostenible: la tasa de inflación rondaba el 40%, el paro afectaba casi a un millón de personas, el déficit exterior triplicaba las reservas de oro y divisas del Banco de España, y bancos y empresas arrastraban deudas millonarias. De modo que Adolfo Suárez encargó al profesor Enrique Fuentes Quintana, el economista más prestigioso del momento, y a su equipo de colaboradores la redacción de un “Programa de urgencia económica” cuyos objetivos debían atender a una reforma fiscal a corto plazo, ligada al fin de la indexación de precios y salarios, el freno a la expansión de la masa monetaria y la reducción drástica del déficit presupuestario.

En octubre del mismo año, el ilustre carrionés entregó su "Programa de urgencia" en forma de un documento de 101 folios. En las tres semanas siguientes, el texto fue ampliamente analizado y debatido por todos los grupos políticos. En apenas veinte días, el pacto se concretó en los 109 acuerdos de La Moncloa que daban absoluta prioridad a la llamada política de saneamiento (precios y salarios, medidas urgentes de carácter fiscal, presupuestario y monetario), en tanto que las reformas estructurales, salvo la fiscal, quedaron como decisiones a adoptar en el futuro, algo que finalmente no se llevaría a cabo y que terminaría siendo motivo de la dimisión de Fuentes Quintana.

Los 'Pactos de la Moncloa' tuvieron el gran mérito de evitar el colapso de la economía española y preparar el terreno para los años de crecimiento y desarrollo que vinieron después. Desgraciadamente, las reformas estructurales propuestas no llegaron a aplicarse nunca, algo que hubiera cambiado en profundidad la estructura de los grandes sectores productivos y asentado la libre competencia. Por encima del éxito económico, los 'Pactos de la Moncloa' vinieron a sancionar la decisión de un país y de unos partidos, con el PCE a la cabeza, de dejar atrás 35 años de dictadura y superar la tragedia de la Guerra Civil sobre la base de la reconciliación y el perdón entre vencedores y vencidos, dispuestos todos a abrir un futuro de convivencia bajo el paraguas de una Constitución democrática en la que cupieran todos.

La diferencia con lo que se pretende ahora es abismal, empezando porque en este momento no existe sobre la mesa plan alguno redactado por los mejores expertos del país sobre el que discutir y acordar. Es todo humo. Pero, más importante aún, las diferencias entre uno y otro momento están en la filosofía de la propuesta y, si se quiere, en el espíritu de la misma: en la voluntad de consenso de unas formaciones convencidas de la necesidad de forjar un gran pacto de reconciliación que terminaría concretándose en la Constitución de 1978, la norma básica que, con sus luces y sombras, ha dado a los españoles los mejores años de paz y prosperidad de nuestra historia.

El caballero que desde la presidencia del Gobierno propone ahora una reedición de aquellos pactos es alguien que reniega de la Transición y abandera una revisión radical de ese periodo histórico y, lo que es peor, de la propia Constitución, ello en línea con la estrategia revisionista iniciada por Zapatero en 2004. Un caballero que para gobernar necesita el apoyo de un partido populista radical cuyo líder respalda las tesis de los separatismos catalán y vasco, y que, entre otras cosas reñidas todas con el espíritu de la Transición, se dedica desde la vicepresidencia del Gobierno a atacar la figura del Jefe del Estado y a socavar la legitimidad de la Corona sin que su jefe en la cabecera del Consejo de Ministros le llame al orden. Está claro, por eso, que calificar el último movimiento táctico de Sánchez de “nuevos Pactos de la Moncloa” es una broma o lo que es peor, una burla, porque una iniciativa semejante planteada con seriedad exigiría como condición sine qua non la ruptura de ese Gobierno de coalición y el cambio radical de socios parlamentarios. Exigiría la reinvención de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Es evidente que quienes persiguen forzar un cambio de régimen enterrando la Constitución del 78 no albergan ninguna intención de llegar a un gran pacto de Estado en el que quepa una mayoría de españoles. Y es evidente, también, que se trata de un señuelo, el enésimo truco del prestidigitador, un nuevo intento de confundir a la oposición y, naturalmente, una nueva maniobra del aparato de propaganda social comunista tendente a alimentar eso que llaman el “relato” de la salida de una pandemia que va camino de cobrarse 20.000 vidas y que nos amenaza con la bajada a los infiernos de la crisis económica y social más grave de nuestra historia reciente y con el peor Gobierno imaginable. Sánchez sabe que es imposible plantear ese tipo de pactos con los socios que lleva en la mochila, y que Casado y mucho menos Abascal (el acercamiento de Arrimadas, a falta de explicación cabal, no se entiende) no le van a comprar esa mercancía. Un simple juego de guiñol, tal vez una broma macabra. El problema es que se le nota mucho, y que ya no engaña a nadie.

Mutualizar el dolor
Cierto que Sánchez sería el hombre más feliz del mundo si consiguiera mutualizar sus errores en la gestión de la pandemia, su sectarismo al permitir la marcha del 8-M, su incapacidad para dotar de material sanitario a la población, haciendo al centro derecha corresponsable del sufrimiento padecido por tantas familias españolas. Pero eso no va a ocurrir porque es metafísicamente imposible que los partidos constitucionalistas traguen ese anzuelo. En realidad, su planteamiento es mucho más sencillo. Se vio el Jueves Santo, en la sesión del Congreso. Primero tiendo la mano ofreciendo pactos y luego suelto a mi Lastra para que ponga a Casado de chupa de dómine, seguramente en la esperanza de que, en el posterior arrebato, los chicos del PP hubieran roto la baraja rechazando ofendidos cualquier tipo de pacto. Una sencilla operación que le hubiera permitido, gratis total, encontrar un culpable para su “relato” sin necesidad de meterse en libros de caballerías. Este es el juego de Sánchez. A eso se reduce todo.

No le salió. Tampoco es que le importe mucho. La tinta de calamar de estos sedicentes 'Pactos de la Moncloa' durará unos días, tal vez una semana o dos, pero acabará como el rocío de las eras agostado pronto por el poderoso run run de la maquinaria liberticida que avanza sobre el escenario de dolor y muerte que hoy preside la España encerrada. Aquí están ocurriendo cosas muy graves todos los días. Cosas que ponen los pelos de punta. Deterioro de las libertades a uña de caballo. El episodio sufrido por 'Vozpópuli' a manos de los “verificadores de la verdad” de extrema izquierda. La obscena manipulación de la encuesta del CIS, con sus respuestas inducidas. El acuerdo firmado entre Celaá (Educación) y Mateo (RTVE) para coproducir cien capítulos de contenido “educativo y didáctico” para consumo “infantil y juvenil”, destinado a engordar los bolsillos del lobby cultural de la ceja… El cerco sobre la libertad de prensa, lo que se puede decir o no decir, empieza a ser agobiante. El silencio de la mayoría, espeso. Con la Justicia sepultada bajo siete capas, solo les queda rendir a los escasos medios que, en papel o Internet, siguen resistiendo. No sé si será un exceso calificar de dictadura lo que hoy estamos viviendo, pero lo que es seguro es que 'esto' ya no es una democracia o empieza a dejar de serlo. Por eso los nuevos 'Pactos de la Moncloa' son apenas un juego para Sánchez. Puro divertimento. En realidad deberíamos llamarlos 'Los timos de la Moncloa'.

Derribos Iglesias&Redondo S.A.
Agustín Valladolid. vozpopuli  16 Abril 2020

Si de verdad existiera voluntad de pacto, Sánchez ya se habría reunido media docena de veces con Casado y Arrimadas y estaría preparando el Good by Lenin de Iglesias

“Los líderes del Gobierno”. Iván Redondodixit. Una vela a Dios y otra al diablo. Sánchez e Iglesias. Iglesias y Sánchez. Que cada cual adjudique el papel que le parezca a uno y otro. Mera cuestión de gustos. “Los líderes del Gobierno”. Esa es la expresión que utiliza el director del Gabinete de la Presidencia. El gobierno bifronte, siempre negado pero asumido en la intimidad de sus aposentos oficiales por el que para muchos es el primer ministro de facto, la persona que más poder acapara en España después del presidente. Sombra de Pedro Sánchez y comanditario del jefe de Unidas Podemos.

La relación entre uno y otro es constante y fluida. Hay sintonía. Ambos han cooperado estrechamente en la estrategia de respuesta a las críticas que cuestionan la diligencia y el acierto del Gobierno en la lucha contra el coronavirus. Dos auténticos magos a la hora de combatir las hordas fascistas en televisiones y redes sociales. El 90 por ciento del país concentrado en las pantallas y en el “feisbuc”, que diría Algorri. Sueño de cualquier asesor político: público cautivo a la hora del telediario; y más allá. Millones de potenciales votantes con el instinto criminal disparado tras el largo encierro y deseosos de identificar al culpable que ellos te servirán en bandeja de plata.

Redondo&Iglesias se sienten muy cómodos en el territorio abonado de la excepcionalidad. Es ahí donde el ejercicio de aplicación de las modernas teorías sobre cómo manejar a la masa resulta más excitante. Miles, centenares de miles de ciudadanos marcando el paso de acuerdo con el discurso militarizado que idearon estos dos genios de la mercadotecnia política. Millones de españoles asumiendo el papel del soldadito aplicado para el que la mayor de las honras es la ciega obediencia. Cualquier otra cosa es traición. Ejércitos de sanitarios asumiendo ese papel de héroes que les han asignado, dispuestos a sacrificarlo todo, y no se hagan demasiadas preguntas. Tampoco la más evidente: por qué tienen que suplir la falta de medios con heroicidad -en este caso sí es adecuado el uso del término-.

Conscientes de la que se venía encima, y en consonancia con su gran talento para la previsión, la factoría Redondo&Iglesias se apresuró a identificar culpables, incluso antes de que nadie les hubiera echado a ellos la culpa. Así que movilizaron a los correveidiles activos y durmientes y subarrendaron voluntades mediáticas para que trasmitieran por tierra, mar y aire la consigna de que lo que en estas circunstancias tenía que hacer la oposición era no dar la lata hasta que la nave haya superado la tempestad. O sea, sin mediar conversación previa, acuerdo de mínimos, ni siquiera llamada telefónica, aceptar que la democracia quedara temporalmente suspendida, aparcando sine die la aplicación de nuestro ordenamiento político-constitucional, como señalaba recientemente en PúblicoCésar Calderón. Paralelamente, había que contrarrestar las críticas, y ahí entraba en juego Vox. Todo cabe bajo la lona del puesto de mando del general Abascal. Cualquiera que ose poner en cuestión las decisiones del Gobierno corre el riesgo de ser identificado por los trolls del aparato paralelo de propaganda como un facha sin solución. Brillante.

"No era esto, no era esto"
El último invento de Redondo&Iglesias S.A., da igual a cuál de los dos se le ocurrió, es la reedición de los Pactos de La Moncloa, movimiento destinado a desviar el foco del drama sanitario y socializar el brutal impacto económico de la crisis. De nuevo marketing en lugar de política. Si de verdad existiera voluntad de pacto, Pedro Sánchez ya se habría reunido media docena de veces con Casado y Arrimadas, y estaría preparando el Good by Lenin de Iglesias. Porque no hay pacto de Estado posible con Podemos en el Gobierno, como cualquier observador es capaz de deducir sin gran dificultad y acaba de quedar una vez más demostrado gracias a esa estridente, por extemporánea, reivindicación de la república, algo que no sería más que una pueril estupidez si no respondiera a la contumaz estrategia de aprovechar cualquier circunstancia social adversa para deteriorar la imagen de la Monarquía.

“No era esto, no era esto”, exclaman ahora algunos miembros del Gobierno y del PSOE. Pero, ¿qué esperaban? Si nada dijeron cuando Sánchez, sin consultar al partido, ni a ningún miembro destacado del Ejecutivo hasta como quien dice diez minutos antes, cambió sorpresivamente de idea y, trastocando su intención de gobernar en solitario mediante acuerdos puntuales con el PP, anunció el pacto de gobierno cocinado por Redondo e Iglesias; si nada hicieron para evitar la anomalía de un director de gabinete con más poder que ningún miembro del Gobierno; si nada han hecho hasta ahora para poner coto al descaro con el que desde Podemos se filtran documentos desde la misma sede del Consejo de Ministros para así vender que el grueso de las ayudas sociales se debe a los denodados esfuerzos de la brigada gubernamental de Pablo Iglesias.

Campo libre. Con un José Luis Ábalos con la capacidad de influencia diezmada a causa del Delcygate, y la vicepresidenta Carmen Calvo fuera de juego, pasándolas canutas a cuenta del maldito virus, la sociedad Redondo&Iglesias ha campado estas semanas a sus anchas, sin apenas contrapesos. Calvo fue la primera en plantar cara a Iglesias. Ocurrió durante el interminable Consejo de Ministros del 14 de marzo, cuando el líder de Podemos soltó aquello de “este decreto no sirve para nada” y anunció, con esa modestia que le caracteriza, que se lo iba a pasar a su director de Estrategia, Juanma del Olmo, para que le diera un repaso. Lo que sucedió después, salvaguardando el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros, es perfectamente imaginable: empezó Calvo y detrás siguieron Calviño, Montero, Escrivá y unos cuantos más. La bronca fue monumental. Pero Iglesias volvió a ganar, porque lo que precisamente buscaba era alargar la disputa para que, tras siete horas de reunión, quedara sedimentada la apariencia de que sin el líder de Podemos sentado en aquella mesa el decreto-ley nunca habría sido lo suficientemente ambicioso.

Algo se rompió en aquel Consejo de Ministros. Como también se tensaron ciertas costuras cuando Fernando Garea anunció en El Confidencial que Sánchez iba a encargar a Redondo la dirección del grupo de desconfinamiento progresivo, información que levantó casi tantas ampollas como vicepresidentes hay en el Gobierno y que, finalmente, los hechos han acabado desmintiendo. Y no por incierta, sino porque alguien llegó a la conclusión de que ya no era aceptable tanto ninguneo; de que ya está bien de que para hacerle llegar un papel al presidente haya que pasar por el filtro inexorable de Redondo; de que no es tolerable que el ofrecimiento de un imprescindible pacto de Estado para afrontar la crisis que nos aguarda solo sea una táctica partidaria vacía de cualquier contenido.

Ambiciones personalistas
Hay malestar en el Gobierno. No en todo el Gobierno, cierto. Y hay malestar en lo que queda de espíritu autocrítico en el Partido Socialista, que no es que sea mucho, pero algo queda. Lo que falta por ver es si esos ministros valoran como se debe su compromiso de lealtad para con el pueblo español por encima de ambiciones personalistas; falta por comprobar si los cuadros del PSOE que ven cómo el futuro de su partido ha quedado en manos de personajes completamente ajenos al mismo, y con intereses opuestos a lo que en su día representó la socialdemocracia, van a reaccionar en algún momento o seguirán siendo cómplices silentes de sujetos cuyos planes nos empujan inexorablemente hacia un desastre colectivo.

Ineptitud o mala fe… o las dos cosas
OKDIARIO 16 Abril 2020

La información que hoy ofrece OKDIARIO desmonta las mentiras del Gobierno y acrecienta las sospechas de que el Ejecutivo socialcomunista rechazó el ofrecimiento de 350 laboratorios españoles para disponer de test PCR, los más eficaces para determinar la infección por coronavirus, para enmascarar el número real de contagios y trasladar a la opinión pública una cifra considerablemente menor de afectados. Eso o pura ineptitud. O las dos cosas.

A nadie se le oculta que las estadísticas oficiales se quedan muy cortas: hay muchísimos más contagiados y, dado que no constan todos los fallecidos por coronavirus, sino sólo aquellos que dieron positivo en las pruebas, cuántos más test se realicen más se incrementará el número de muertos e infectados. El 17 de marzo pasado centenares de laboratorios españoles se pusieron a disposición del Ejecutivo socialista para facilitar la realización de test PCR, pero el Ejecutivo hizo oídos sordos y prefirió mirar para otro lado. Si se hubieran hecho entonces pruebas masivas de detección del virus, el número de contagiados y fallecidos en ese momento habría crecido, pero sin duda se habría avanzado en poner cerco a una pandemia que está teniendo efectos devastadores.

Todo apunta a que el Ejecutivo pudo optar por no incrementar el número de pruebas de detección para que las estadísticas oficiales no registraran una notable subida de contagios. Y ese rechazo al ofrecimiento de los laboratorios españoles ha tenido, con toda certeza, funestas consecuencias, porque la mejor manera de hacer frente al virus es conocer la realidad de su incidencia, por muy cruda que sea, para así poder arbitrar medidas eficaces de protección de la población.

Si el Ejecutivo ha renunciado a un instrumento valiosísimo por miedo a que las cifras oficiales crecieran de manera exponencial estaríamos delante de una gravísima irresponsabilidad. En la actualidad, ni el número de contagiados ni el de muertos se corresponde con la realidad. Son muchísimos más. Víctimas anónimas de una pandemia que para el Ejecutivo no cuentan.

¿Hablamos de pactos o de comunismo por la puerta trasera?
Sánchez parece querer aprovechar el coronavirus para colarnos de rondón el estado bolchevique dictatorial, alias bolivariano, que propone su aliado Iglesias
Miguel Massanet diariosigloxxi 16 Abril 2020

Es evidente que hay muchas maneras de engañar al pueblo y, muy en especial, en aquellos momentos en los que la ciudadanía se siente afectada por alguna circunstancia anormal que la instala en una situación de fragilidad física o mental, que la hace especialmente vulnerable a lo que, desde el Gobierno de la nación se le informa, se le ordena, se le recomienda e incluso se le ofrece con apariencia de formar parte esencial del remedio (aunque, en realidad, nada tenga que ver con ella) contra aquella amenaza ante la cual, en la mayoría de ocasiones, el ciudadano se siente indefenso, inerme y particularmente sensible a las consecuencias desagradables que se puedan derivar, para él y sus familiares, de aquel hecho potencialmente peligroso para su salud, su economía o su propio equilibrio mental y espiritual.

Por desgracia, en España se han juntado dos hechos, igualmente alarmantes, que unidos amenazan con afectar muy gravemente a la salud de los ciudadanos, por una parte, y a sus economías particulares, por la otra; capaces de colocar a nuestro país en una situación que puede llevarnos a que, la pandemia que nos está diezmando, se convierta en una de las peores pestes que han venido afectando a España de los últimos siglos, a la par que nos sitúe en una coyuntura económica, financiera, industrial y social que, seguramente, pudiera superar a aquella que nos brindó la crisis del año 2008. Pero ahora existe un tercer factor, que no por estar sólo esbozado ni tampoco por haber sido apenas insinuado quienes nos gobiernan, pero presente en todas estas apariciones mitinescas con las que nos viene obsequiando el señor Pedro Sánchez, tan ávido de aparecer en las TV para obsequiarnos con inacabables peroratas (observen su tendencia a imitar al difunto señor Fidel Castro, famoso por sus aburridos, llenos de circunloquios e interminables discursos) como también famoso por sus posiciones autoritarias propias de un dictador; se puede considerar menos alarmante por sus fatales consecuencias si, en algún momento, las fuerzas de las izquierdas pudieran conseguir imponernos un nuevo régimen, como el que los señores de Podemos colaboraron a instalar en la república venezolana, un sistema de corte comunista radical que ha contribuido a que, un marxista de la talla de Maduro, un sicópata que ha conseguido imponer su dictadura en toda la nación, haya conseguido arruinar un país que tiene inmensas riquezas naturales y llevar a la miseria a su pueblo mediante sus incontrolados intentos de mantenerse en el poder pese a que, para ello, haya tenido que recurrir al asesinato, la encarcelación, la privación de libertades, la censura de la información, el confinamiento de la oposición y el control del TS y del Ejército, dos instituciones básicas para mantenerse al frente de la nación venezolana, aunque ello represente mantener a los venezolanos en una situación de indefensión, sumisión y miseria imposible de sostenerse.

Está claro que la influencia del señor Pablo Iglesias y sus manejos, desde la posición privilegiada en el gobierno en la que le ha instalado el señor Pedro Sánchez, está haciendo mella en el propio PSOE que parece que ha caído en la trampa de sus compañeros de gobierno que les está escorando hacia una izquierda más radical y, por supuesto, muy alejada del sentido de nuestra Constitución y de lo que los españoles decidieron cuando votaron el 11 de noviembre que, mayoritariamente votaron por un partido socialista que había prometido no aliarse con los comunistas promesa que, como es habitual en el señor Sánchez, inmediatamente que supo el resultado de las urnas, rompió para apresurarse a pactar con Iglesias, seguramente con la idea errónea de que le sería fácil mantener al líder de Podemos en un segundo plano. Se equivocó y ahora será cuando los españoles veamos cómo se hace caso omiso de los derechos constitucionales, entre ellos el de la propiedad, las libertades de expresión y las garantías individuales y son dinamitados desde la coalición gubernamental socio-comunista, utilizando para ello trucos y maldades para lograr situaciones de hecho que consigan burlar los preceptos constitucionales. Hablan de incautación de viviendas, de nacionalizaciones de empresas, de limitaciones de derechos individuales, de impedir los despidos por las empresas, de autorizar el impago de alquileres ( son muchas las personas que complementan sus pensiones con el alquiler de alguna vivienda) y, por encima de todo, ya que sería difícil de relacionar la cantidad de obstáculos a las libertades individuales que se nos están anunciado, aparte de un aumento sensacional de los impuestos para después de que se controle la pandemia del coronavirus; el peligro de que todos los anuncios de subvenciones, ayudas, créditos garantizados por el Estado etc., acaben por ser meros placebos ya que es muy posible que la serie de trámites, documentación, justificaciones, impedimentos para ajustar plantillas o condiciones que se impongan para que los beneficiarios puedan acceder a las ayudas, sean tan farragosos, complicados, costosos y tan difícil de cumplir que hagan que, muchos de los que tuvieran derecho a ser beneficiario de algunas de las ayudas que se comunican por el ejecutivo, decidan optar por otras soluciones, como pudieran ser la de cerrar sus negocios o declararse en quiebra.

Es evidente que el Gobierno está tocado. Es obvio que las relaciones internas entre socialistas y los comunistas bolivarianos no están pasando por su mejor momento. No sabemos hasta qué punto los socialistas que no están de acuerdo con esta deriva del gobierno de Sánchez, van a aguantar la presión de una parte de las bases del partido. Pero lo que sí sabemos es que el señor Pablo Iglesias va a intentar hacerse con el favor de la izquierda, promover reformas que sepa que van a ser favorablemente acogidas desde los sectores más extremos de la izquierda social y que, por otra parte, va a tener como compañeros de andanzas políticas a los separatistas catalanes que conocen que sus posibilidades de conseguir sus objetivos están de parte de su alianza con las izquierdas extremas. Sus intentos de minar las instituciones, de situar peones en todas ellas, de ir avanzando en la obtención de nuevos adeptos, mediante las promesas de un salario base, de las mejoras sociales, de aumentos salariales, de facilitar la labor de los sindicatos y de fortalecer la presencia de los mismos en los convenios colectivos, van a tener una buena acogida en el ambiente laboral; lo mismo que atacar la función de la banca, poner en cuestión los derechos de los empresarios y limitar sus facultades en cuanto a la dimensión de sus plantillas, adecuación de las mismas o el derecho a los ERE en casos de dificultades económicas o problemas de disminución de ventas que, en realidad, son viejas aspiraciones de sindicatos mayoritarios tales como CC.OO o la UGT.

Y, señores, estando en la complicada situación en la que, la señora Inés Arrimadas, se encuentra; una mujer que no está precisamente en el mejor momento de su periplo político, con una fuerte oposición dentro de su mismo partido y con unos resultados lectorales nefastos que han puesto a Ciudadanos al borde de su liquidación; ahora intente dar un giro radical a su política de formar piña con los partidos de la derecha, específicamente con el PP y, seguramente, pensando que puede revitalizar sus perspectivas electorales si le tiene la mano a los socialistas del PSOE, olvidándose de la condición que se le había impuesto a Sánchez de que, previamente a cualquier acuerdo de colaboración, se debía prescindir de apoyo de Podemos; parece que ahora no le importa prescindir de sus remilgos, priorizar sus intereses personales y, muy posiblemente, haciendo cálculos de que una “arrimada” a los socialistas podrían ayudarle a recuperar algunos de los votos que han perdido, no parece que le afecte demasiado dejar en la estacada al PP, con el que no ha dejado de competir, para buscarse la vida, ella y su partido, explorando nuevos horizontes aunque, con ello, vuelva a romper las esperanzas de que las malas relaciones de Sánchez con los separatistas catalanes y no mucho mejores, con los vascos, hubieran podido situar la balanza de parte de los partidos que se han dado en llamar constitucionalistas.

Una apuesta, a nuestro modesto juicio, bastante peligrosa, que puede situar a Ciudadanos en una postura difícil de explicar a sus actuales socios y que va a dificultar, enormemente, la unidad que hasta ahora se había mantenido en contra de las políticas comunistas erráticas de nuestro actual Gobierno. Tenemos la impresión de que, el señor Albert Ribera, tuvo la corazonada de que algo así podría suceder si continuaba al frente de su partido, después de la espectacular derrotas que sufrió en los pasados comicios y que, con toda seguridad, esta fue la principal causa de retirarse de la política en un momento favorable para tomar dicha decisión. Fuere como fuere lo que sí parece bastante incuestionable es que se están aprovechando los poderes extraordinarios que el Gobierno se ha concedido, con la declaración del Estado de alarma, de ampliar una situación que únicamente debiera de haber afectado al aspecto sanitario del país y sus posibles consecuencias económicas, sin que ello significara tomar otro tipo de decisiones de reformas políticas o cambios institucionales, que en nada tenían que ver ni estaban avaladas por las circunstancias especiales que, el Covid19, requería para preservar la vida y la supervivencia de los españoles.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no nos queda más remedio que denunciar y mostrar la disconformidad de quienes abjuramos de estas dobles barajas, de esta mala praxis y de estos trucos de tahúres a los que solamente acuden aquellos tramposos que saben que por los caminos de la legalidad, la decencia o la honradez no tienen nada que hacer y que, no obstante, no tienen escrúpulo alguno cuando se trata de utilizar el doble juego, el engaño, la calumnia y la injuria, aun sabiendo que va a llegar un momento en el que la realidad se va a imponer, las mentiras saldrán a la luz y, desgraciadamente, puede que ya sea demasiado tarde para poder remediar el mal que, indudablemente, va a ser muy difícil reparar y que, con toda seguridad, va a llevar muchos meses, sino años, el que podamos devolverle la estabilidad a este país al que pertenecemos y amamos.

El Gobierno ataca la libertad
ABC 16 Abril 2020

El Gobierno sigue haciendo una utilización obscena del CIS para manipular la opinión ciudadana sobre la pésima gestión de Sánchez en la crisis del coronavirus. Aparte de que con casi 19.000 muertos sea metafísicamente imposible que Sánchez obtuviera hoy tres puntos más en votos si hubiese elecciones, resulta inédito que el CIS pregunte a los españoles si conviene imponer la censura informativa en los medios de comunicación. Ya no se trata de que José Félix Tezanos diseñe con dinero público sondeos a mayor gloria de Sánchez y de su enfermiza necesidad de autobombo, sino de que al menos no incurra en la burda maniobra de fabricar un No-Do del siglo XXI para el presidente del Gobierno. España no se halla solo ante un reto sanitario y socioeconómico jamás vivido desde la Guerra Civil. Estamos ante un intento de pervertir las libertades y de crear el caldo de cultivo para imponer un régimen autoritario. Siendo patentes la imprevisión y la ineficacia del Gobierno, y siendo España el país con mayor mortalidad por cada millón de habitantes, resulta insultante que el CIS pregunte si habría que «prohibir» la difusión de bulos e «informaciones engañosas y poco fundamentadas» por las redes y los medios de comunicación, de modo que bastasen solo las «fuentes oficiales» para hablar de la pandemia. La respuesta, abrumadoramente mayoritaria a favor del aparato de propaganda de La Moncloa, se daba por descontada. Entre tanto ministerio, Sánchez olvidó crear el de la «verdad absoluta», pero no ha olvidado conceder a Iglesias un poder omnímodo sobre el CNI, o cerrar el Portal de Transparencia, que está obligado a mantener por ley para informar de las adjudicaciones públicas. Por eso se niega a responder sobre quién intermedió y vendió a España miles de test fraudulentos pagados con dinero público, o por qué empresas-fantasma siguen protegidas por La Moncloa con nuevos contratos opacos.

Con esta clase de preguntas del CIS y con su golpe de mano a la transparencia, el Gobierno cercena cualquier opción de ser interrogado por algo que le pueda resultar molesto. Así se legitima la censura, y cuando en La Moncloa no gusta alguna pregunta dirigida a Sánchez, se responde con evasivas o directamente se miente. Nunca antes el CIS hizo una pregunta tan burda, tan ideologizada y tan abusiva. Nunca antes se predispuso tanto hacia una respuesta contra la libertad de información, y nunca antes se manejó al ciudadano de forma tan inquietante. Ayer, Europa anunció un plan progresivo para la readaptación a la normalidad, y por ello avaló el uso de aplicaciones móviles entre los ciudadanos para poder identificar eventuales focos de contacto. En España y con este Gobierno, da miedo la simple sospecha de que ese criterio pueda ser utilizado como coartada para un espionaje masivo y un control orwelliano de las personas.

Pablo Iglesias, la República y la censura que viene.
Julio Ariza. https://rebelionenlagranja.com   16 Abril 2020

En un hecho insólito, el vicepresidente único del Gobierno (las otras dos vicepresidencias han pasado a mejor vida política) arremetió contra la Jefatura del Estado y el sistema constitucional con motivo del aniversario de la Segunda República. Le molestó, además, ver al Rey de uniforme (no a Chávez y a Fidel), sin reparar en que S.M. es además el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Pablo Iglesias es un ser demasiado evidente, de puro sectario. Estos callados fastos del 14 de abril no han reparado, sin embargo, en una de las muchas páginas negras de aquella República idolatrada por el Sr. de Montero. Mucho se habla de la censura en tiempos del franquismo, pero nada de la censura practicada durante la Segunda República. Entre 1931 y 1936 se cerraron 120 periódicos. Franco mandaba motoristas, pero Azaña o Casares Quiroga mandaban telegramas a sus gobernadores civiles para perseguir los periódicos católicos o desafectos al régimen, y la Ley de Defensa de la República es un texto profundamente antidemocrático. La práctica republicana en materia de libertad de prensa dejó mucho que desear en materia de derechos y libertades. No; la República no fue un oasis. La libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de manifestación y la libertad de concentración, entre otras, estuvieron sistemáticamente perseguidas. Era habitual ver en los periódicos huecos en blanco producto de artículos o informaciones censurados. No hubo periódico o periodista de la oposición al régimen que no fuera víctima de una censura que no fue puntual sino sistemática, constante, característica de aquél régimen. Desde el punto de vista historiográfico ese es un hecho sobradamente conocido e incontrovertible, pero ha sido con frecuencia convenientemente silenciado.

Ahora que el Frente Popular ha vuelto al Gobierno y que el vicepresidente comunista se ha hecho con el mando ideológico del mismo; ahora que el PSOE ha instalado en la presidencia del gobierno a otro Largo Caballero; ahora que ven peligrar el poder por la catastrófica gestión del coronavirus, han recuperado el recurso a la censura.

Lo primero fue instalar a unos supuestos verificadores periodísticos (Neutral, Maldita) a controlar el tráfico de las redes sociales y determinar la verdad oficial de cada suceso. Los centinelas del régimen tienen, indirectamente, a través del control de esas redes sociales, el control de la prensa digital cuyas noticias se difunden y viralizan vía Facebook, Whatsapp o Twitter. Detectan en redes una noticia desafecta que tachan de fake y provocan que esa red social se cierre al periódico digital que la publicó. Han sido ya varios digitales los afectados por dicha modalidad de censura que siempre es ideológica, pues los medios así sancionados suelen ser desafectos al Gobierno de Sánchez e Iglesias. Lo más perverso es que al frente de dichas prácticas se encuentran periodistas afectos al régimen (de izquierdas, claro) que señalan a los desafectos (de derechas, claro). Los centinelas del régimen son además los señores de la verdad absoluta.

La siguiente modalidad de censura es provocar la expulsión de los medios de comunicación privados de los periodistas que escriben columnas críticas con el gobierno. El último caso, ha sido el de la expulsión de Público de un profesional que osó afirmar que sí se puede criticar al gobierno. Es evidente que cuando el Gobierno reparte dádivas a según qué medios (acaba de dar 15 millones de euros a las televisiones oligopólicas y multimillonarias y ya está preparando el reparto de otros cien millones a costa de las campañas institucionales) , es evidente que la amenaza a un medio de comunicación puede ser interpretada en términos de castigos económicos empresariales (por falta de ayudas directas o indirectas o retirada de publicidad) o personales (muchos están participando en tertulias televisivas también afectas, de las que podrían ser expulsados).

Como al parecer las estrategias de represión citadas no son suficientes, ya se anuncia la tercera modalidad de censura política. Viendo que con motivo de su pésima gestión de crisis del Covid-19 se les ha escapado de las manos el control de la opinión publicada, pretenden recurrir a la censura frontal de los medios. El CIS de ayer coloca una pregunta, la 7, que no solo es claramente antidemocrática sino que confunde, y no es casual, las informaciones o bulos que circulan por redes sociales con la información aparecida en los medios de comunicación. Confundiendo las dos realidades en una, están preparando la censura directa y el establecimiento de la verdad oficial. La maldad del modo en que se formula la pregunta induce a “restringir y controlar” la información y a establecer una sola “fuente oficial” de información, lo cual es la mayor atentado contra la libertad de expresión y el derecho de información acaecida desde la muerte de Franco. Dice así: ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones? Es decir, por un lado confunde las redes sociales con los medios de comunicación para mezclar los bulos con las informaciones y noticias; por otro lado, pretende remitirlo todo a una “fuente única” (hombre, para eso ya está el BOE), y por otro liga esos bulos a los que llama mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones. Suena un poco a la distinción que hacían las gentes del búnker entre libertad y libertinaje. Quizá a Tezanos le haya asaltado algún pasado al subconsciente, no sé, pero la formulación de la pregunta y las posibles respuestas que ofrece el CIS a la misma son un poco de La Codorniz, si no fuera porque lo que está en juego es la pervivencia de la democracia en España.

El camino está claro. Solo los muy afectos al régimen; solo los que muestren su inquebrantable adhesión a la figura y obra del Jefe; solo los que mantenga la ortodoxia total, sobrevivirán.

No hay que descartar que la canción “resistiré”, entonada por tanta gente desde los balcones, pase de referirse al Covid-19 a hacerlo respecto al Gobierno.

Más de 350 laboratorios se ofrecieron al Gobierno el 17-M para hacer test pero fueron rechazados
Carlos Cuesta okdiario 16 Abril 2020

Mientras la OMS solicitaba test masivos a todos los países, la red de centros SOMMa (25 centros de investigación y 23 unidades universitarias) se ofrecieron al Gobierno para poner a disposición su capacidad de hacer, precisamente eso: test masivos de coronavirus.

El ofrecimiento coincidió con el que hizo en su momento la CRUE (rectores de las universidades españolas, con sus 76 campus). Entre todos los centros mencionados suman más de 350 laboratorios con máquinas de análisis PCR. Y todas esas instituciones juntas eran capaces de incrementar el número de test, nuestro gran punto débil en el control de la escalada y letalidad del coronavirus.

Todos ellos eran capaces de ampliar, además, los test más fiables: los PCR. El ofrecimiento fue plasmado, entre otros, por la red de Centros Severo Ochoa y las Unidades María de Maeztu, el 17 marzo de 2020.

Ese arsenal habría permitido, con bastante probabilidad, llegar a duplicar la capacidad de realizar test en aquellas fechas: los momentos iniciales de la escalada de la mortalidad.

Pero el ofrecimiento no fue atendido de inmediato por el Gobierno ni mucho menos. Y sólo en los últimos días se ha tenido en cuenta, y muy parcialmente, ese ofrecimiento de colaboración.

Los test más fiables
La invitación a la colaboración fue realizada igualmente desde la Red de Centros SOMMa para hacer los necesarios test PCR de coronavirus. Y es que todos estos centros cuentan con máquinas diseñadas para ese propósito. Y profesionales capaces de hacer sin problemas los PCR: los más complejos de los test, pero los más fiables.

El ofrecimiento se hizo al Ministerio de Sanidad, ISCIII y Ministerio de Ciencia. E incluía la red de Centros SOMMa (25 centros de investigación y 23 unidades universitarias). Una mano tendida que se sumaba a la de la CRUE Universidades españolas (con 76 Universidades Españolas, 50 públicas y 26 privadas, instituciones que acumulan más de 300 laboratorios).

El resultado final suponía toda una red de más de 350 laboratorios e institutos de investigación biomédica o sanitaria capaces de dar la vuelta a la situación de falta de tests en España. Especialmente porque muchos de esos centros cuentan con más de una maquina PCR, con lo que el resultado final supera con creces los 350 puntos de análisis y laboratorios mencionados.

Todo aquello ocurría un 17 de marzo, justo después de la manifestación feminista del 8-M y mientras se confirmaba la temeridad del Gobierno de haber permitido esa y otras movilizaciones, cuando el coronavirus ya se había colado con claridad en España.

Formación a los centros
Y medio mes después, un 2 de abril, era cuando por fin el ministro Pedro Duque admitía la conveniencia de tomar en serio la iniciativa e indicaba en una rueda de prensa que desde el ISCIII se había diseñado un protocolo para comenzar entre el 6 y el 7 de abril a dar formación a los citados centros de investigación para empezar, aún más tarde, a hacer, por fin, los famosos test PCR de coronavirus.

El 7 abril 2020, de hecho, se dio a conocer que el Centro de Regulación Genómica (CRG) en Barcelona iniciaba la realización de test PCR. El 8 de abril, era el propio Gobierno el que admitía que, por fin, empezaba a trabajar con los centros de investigación y universidades para que puedan colaborar con las comunidades autónomas en el diagnóstico del Covid-19 de forma ordenada y segura.

Las excusas han ido variando por parte del Gobierno. Pero lo cierto es que el retraso no ha llegado a convencer a casi nadie en el sector científico, que no entiende que no se haya aprovechado al cien por cien y desde el primer momento una red tan potente de análisis PCR como la que tiene disponible España.

No es necesario que el Gobierno persiga bulos: basta con que deje de fabricarlos
ESdiario  16 Abril 2020

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no buscar perseguir bulos, ya controlados por los tribunales, sino tapar los suyos para disimular su negligencia letal con el coronavirus.

Desde su propia investidura, cuando anunció la creación de una "Estrategia Nacional contra la Desinformación", Pedro Sánchez ha colocado la persecución de la crítica y la restricción de la libertad de información a la cabeza de sus prioridades. Con la devoción de Pablo Iglesias, que lleva años defendiendo la desaparición directa de los medios de comunicación privados.

No ha sido la pandemia, en fin, la detonante de una idea liberticida, pero sí la excusa para dar un paso más en esa peligrosa deriva, para a que buscan además la complicidad de los ciudadanos: ¿Quién no va a estar en contra de los bulos? Preguntar por ello con ese enunciamiento es una manera de buscar un apoyo unánime a una causa compartida que, en realidad, se utiliza para otra bien distinta.

Y que coincide con decisiones concretas que dan verosimilitud a ese perverso plan: la monitorización de las redes sociales; las restricciones en Whatsapp; la geolocalización de usuarios de telefonía móvil o la insólita adjudicación a empresas privadas, muy activas en favor de Sánchez de determinados medios de comunicación de masas, del control de las fake news; componen un paisaje simplemente inaceptable.

En ningún contexto, intervenir desde el poder político la libertad de expresión es razonable. Para regular sus abusos, que existen sin duda, ya están los tribunales y el Código Penal. Pero en éste de pandemia, con casi 20.000 muertos oficiales, resulta deleznable.

Porque si hay un bulo contra el que luchar de verdad, es el que fabrica y esparce a diario el propio Gobierno, escondiendo la insoportable mortalidad del coronavirus en España, resumida en una cifra demoledora: en uno de los días que aquí presentan como "positivo", mueren en nuestro país tantos seres humanos como en Portugal en toda la pandemia.

Moncloa miente con la "baja" letalidad del virus en España y ésta es la prueba

Que con ese balance, indicativo de seguros errores y probables negligencias del Gobierno, salga cada día un portavoz gubernamental a tapar las estadísticas o a falsearlas directamente, sí que merece el estigma y al persecución que Sánchez quiere legalizar contra quienes lo destapan.

Porque de eso se trata, de dar cobertura a su responsabilidad con la excusa de acabar con un mal que afortunadamente tiene ya otras instancias imparciales para perseguirlo. Sánchez no busca perseguir los bulos, sino tapar los suyos.

Iglesias apoyó a Evo Morales en la campaña ‘Mar para Bolivia’ tras cobrar Neurona 1,6 millones
Iglesias apadrinó a Neurona ante Morales en un ‘pelotazo’ de 1,6 millones y la utilizó para sus campañas
Manuel Cerdán okdiario 16 Abril 2020

Pablo Iglesias, tras su entrevista con Evo Morales en La Paz, el 10 de noviembre de 2017, durante la que consiguió un contrato millonario para Neurona Consulting, se convirtió en el máximo defensor de la campaña «Mar Para Bolivia», que había puesto en marcha el presidente boliviano.

Ese mismo día, Morales le respondía a su protegido: «Saludamos al hermano Pablo Iglesias, que de manera nítida y contundente respalda la demanda #MarParaBolivia como derecho que saldará la deuda histórica más grande de América Latina».

En su encuentro oficial con Morales en el Palacio Quemado, sede de la Presidencia, el mandatario bolivariano le hizo entrega al secretario general de Podemos de un ejemplar del Libro del Mar. La edición, encuadernada con tapas azules, recogía los argumentos de Bolivia para reclamar en la Corte Internacional de Justicia de la Haya una salida al océano Pacífico, que perdió en la guerra con Chile en 1879.

De aquella reunión las hemerotecas contienen una fotografía en la que se ve a Iglesias, junto a Irene Montero y Evo Morales, mostrando la portada del libro reivindicativo. La amplia sonrisa de Iglesias delataba su pleno alineamiento con las tesis del presidente de Bolivia.

El líder podemita, que ya había visitado a Morales en 2014 tras la creación de la coalición morada, ingresaba en el lobby bolivariano. Ese mismo clan lanzaba después la campaña contra Chile para que Bolivia recobrara el territorio que reclamaba desde hacía más de 110 años.

Entre los muchos acuerdos a los que llegó con Morales, el líder podemita se comprometió a presentar el Libro del Mar en Madrid. Y cumplió la promesa. El 12 de marzo de 2018, Morales presentaba su libro arropado por Pablo Iglesias, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono y el coordinador de IU Alberto Garzón.

El Ministerio de Comunicación de Bolivia informó profusamente del acto en la capital de España, recogiendo las palabras de Pablo Iglesias: «Espero una resolución favorable del Tribunal de la Haya al pueblo boliviano para que cuente con una salida soberana al Pacífico».

Un mes antes, Iglesias y Garzón ya habían participado junto a Zapatero en otro acto electoralista en el que apoyaban la candidatura de Morales a la Presidencia de Bolivia. El evento organizado por la Asamblea de Apoyo a Bolivia, bajo el título «Por Bolivia, por Evo», formaba parte de la campaña internacional del lobby bolivariano para respaldar un cuarto mandato del presidente boliviano. Morales logró su reelección en las elecciones de 2019 pero fue apartado de la Presidencia por la OEA por fraude electoral.

Neurona pasa por caja
Pero el activismo en aquellos actos de Iglesias y de otros podemitas como Juan Carlos Monedero -compañero de viaje de los asesores mexicanos- no le salía gratis a Evo Morales. Días después de la presentación del libro en Madrid, la consultora de referencia de Podemos, Neurona Consulting, pasaba por caja y obtenía tres contratos del Gobierno boliviano por un importe de 171.780 euros. El más abultado presentaba el título «Campaña Mar para Bolivia» y conllevaba el ingreso de 109.422 euros. Su objeto era el siguiente: «Posicionar la trascendencia histórica de la demanda marítima contra Chile junto con la unidad del pueblo boliviano a nivel nacional e internacional y la generación de un posible fallo de un acceso al mar de Bolivia».

Iglesias apoyó a Evo Morales en la campaña ‘Mar para Bolivia’ tras cobrar Neurona 1,6 millones
Contrato de servicios audiovisuales y artes gráficas para redes sociales para la campaña «Mar para Bolivia» por 120.000,00 dólares americanos lo que equivalen a 109.422 euros.

El contrato reconocía que era «imprescindible la contratación de una empresa especializada con equipamiento de alta tecnología y de última generación, servicio que no existe en el país y no puede ser prestado por empresas constituidas en el mismo». Algo que era incierto como investiga actualmente la Fiscalía de Bolivia.

El contrato fue firmado por Nery Alejandra Ríos, como responsable de los Procesos de Contratación en el Extranjero, y la mexicana Vianeth López Hernández, como representante legal de Neurona Consulting.

Los socios mexicanos de Podemos firmaron ese mismo día otro acuerdo comercial por un importe de 47.039 euros con lema: «Video clip sobre la reivindicación marítima». Los firmantes del acuerdo eran los mismos que figuraban en los demás contratos.

Iglesias apoyó a Evo Morales en la campaña ‘Mar para Bolivia’ tras cobrar Neurona 1,6 millones
Contrato firmado el 23 de marzo de 2018 por Nery Alejandra Ríos y Vianeth López Hernández por un importe de 47.039 euros.

Pero la parte mollar para Neurona Consulting llegó el 20 de agosto de 2018 con un nuevo contrato por 1.153.854 de euros (8,8 millones de bolivianos) para posicionar en las redes sociales las actuaciones del Gobierno de Evo Morales. En el objeto del acuerdo se destaca: «A fin de promocionar en las diferentes plataformas las actividades que desde el Estado se realiza, mostrando a la población los avances de gestión gubernativa, tanto del Ministerio de Comunicación como de las demás entidades estatales».

Iglesias apoyó a Evo Morales en la campaña ‘Mar para Bolivia’ tras cobrar Neurona 1,6 millones
Contrato de 1.265.403,7 dólares americanos (que equivalen a 1.153.864 euros), firmado el 20 de agosto de 2018.

En esa millonaria campaña de propaganda, que duró hasta diciembre de 2018, los consultores aliados de Podemos también incluyeron los esfuerzos de Morales para conseguir la devolución de la antigua costa del Pacífico boliviano.

La inversión de Morales sirvió de poco porque, en octubre de 2018, la Corte Internacional de la Haya determinó que el Gobierno de Chile no tenía ninguna obligación de negociar con Bolivia los terrenos a fin de recuperar su salida al mar. Tal decisión fue dictada por el magistrado Abdylqawi Ahmed Yusuf.

El contrato del mes de agosto era el último que firmaba Neurona Consulting con Evo Morales. La presión del lobby bolivariano, con Pablo Iglesias y Alberto Garzón de aliados, no fue suficiente para modular el dictamen de la Corte Internacional.

Podemos contrata a Neurona
Cuatro meses después de que Neurona Consulting concluyera sus compromisos con el Gobierno de Bolivia, Iglesias contrató a la filial española de los asesores mexicanos en comunicación. La sociedad Neurona Comunidad, había sido constituida en Sevilla, exclusivamente, para gestionar la campaña de Podemos en las Elecciones Generales del 28 de abril de 2019.

La responsable de Neurona Comunidad, que figura en el registro mercantil de España, es la mexicana Andrea Edlin López Hernández, la misma que firmó los contratos en Bolivia con la Administración de Morales.

Ni con la apertura de una investigación por corrupción abierta contra Evo Morales en su país, Iglesias retrocedió un ápice en su lucha a favor del camarada bolivariano. Su respaldo quedaba plasmado en un tuit que publicó el 11 de noviembre de 2019, cuando ya sabía que iba a formar un Gobierno de coalición con Sánchez: «En los últimos 14 años Bolivia ha mejorado todos sus indicadores sociales y económicos. Todo nuestro apoyo al pueblo boliviano y a Evo Morales».

Los vínculos de Iglesias con Morales y sus colaboradores siguieron vigentes después de acceder a la Vicepresidencia segunda del Gobierno de Pedro Sánchez. El pasado 3 de marzo, el ex presidente boliviano Álvaro García Linera, exiliado como Morales en Buenos Aires, participó en un coloquio con el líder podemita en la Universidad Complutense.

Las estrechas relaciones de Linera con Podemos también se reflejaban en la presentación de un libro escrito a medias con el diputado Íñigo Errejón, otros de los beneficiados económicamente por el régimen de Morales.

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La hipocresía no sirve para unir
Editorial El Mundo 16 Abril 2020

La sesión de control de ayer sirvió para lo que no debería: corroborar la distancia social que guarda el Gobierno con la oposición por debajo de las apelaciones retóricas a la unidad. Y no sirvió para lo que debería: levantar acta de defunción de la legislatura inaugurada en enero con el abrazo entre Sánchez e Iglesias por culpa del efecto singularmente destructivo que la pandemia del coronavirus tendrá en España. La previsión, publicada la víspera, de una caída del 8% del PIB a cargo del Fondo Monetario Internacional no ha provocado de momento el imprescindible cambio de actitud hacia la genuina colaboración que debe liderar el Gobierno. Sin reconocer error alguno, sin responder a las preguntas básicas que, por boca de la oposición, se hacen todos los españoles estos días -por qué tenemos el mayor número de muertos por habitante del mundo y por qué tenemos el mayor número de contagiados sanitarios del mundo-, los portavoces gubernamentales se ciñeron al guion de la factoría de propaganda: interpretar con mucho sentimiento el papel de la mano tendida a la oposición y humillarla al mismo tiempo permitiendo que se entere por la prensa de que iba a ser convocada.

De igual modo que confunde con su persona la representación de la soberanía nacional, que reside en el Parlamento, Sánchez parece confundir Moncloa con Zarzuela y al presidente con el Rey. Lo que hoy comienza, los contactos con los partidos, no son ni pueden ser una ronda de audiencias. Urdir unos verdaderos pactos que alineen a las mejores fuerzas del país -partidos, agentes sociales, autonomías- para diseñar juntos la respuesta a una recesión salvaje no puede empezar por el enésimo ejercicio de propaganda. Ya basta de dobles juegos. Basta de diseñar emboscadas a la oposición para ganar tiempo cargando sobre ella la consabida acusación de bloqueo. Sánchez no solo se está quedando sin tiempo -y con él todos los españoles-, sino también sin aliados. Ya advertimos antes de su investidura de que entregar la llave del Gobierno a ERC o Bildu, además de inmoral, era un error. Ahora la izquierda antisistema le exige nacionalizaciones mientras el nacionalismo mira por su interés estrictamente territorial; pero en lugar de plantear una oferta honesta al PP que pudiera salvarle de su soledad y su escora suicida a ojos de Bruselas, persiste en la hipocresía de acusar al PP de resistirse a hacer lo que el propio Gobierno le pone imposible hacer.

El valor de la palabra de Sánchez quedó dilapidado desde que consumó todo aquello que había prometido no hacer. Es lógico que la oposición no se fíe: corresponde a Sánchez demostrar que ha cambiado. Pero a juzgar por la grosera desfachatez del CIS de Tezanos, que ya trata de normalizar la censura mediante un uso totalitario de la pregunta capciosa, no parece que su jefe quiera abrirse a la humildad de reconocer errores y concertar voluntades.

125 AÑOS DEL PNV (V)
"Con hierro y sangre": De cómo Sabino Arana invocó a ETA
En esta quinta entrega, el autor recoge escritos del fundador del PNV en los que aboga abiertamente por el empleo de la violencia contra el "invasor" español.
Pedro José Chacón Delgado elespanol 16 Abril 2020

Toda la obra política de Sabino Arana podría encabezarse con esta frase que emplea en Bizkaitarra: “Esto no debe escribirse con tinta y pluma. Esto lo debiéramos escribir con hierro y sangre”. Porque, en efecto, el fundador del nacionalismo vasco, desde su primer libro Bizkaya por su independencia, de 1892, construye una apología del derramamiento de sangre de los antepasados de los vascos, que habrían obtenido así su independencia frente a los españoles. Y descartamos desde ahora el ascendiente carlista para explicar ese belicismo originario, ya que Sabino Arana siempre rechazó al carlismo por españolista: “lo maketófilo que es el carlismo”.

En ese su primer libro, el fundador del nacionalismo vasco se remonta a la Edad Media para mostrar cómo los vizcaínos se habrían librado del invasor español. Dejamos para otro artículo la superlativa tergiversación histórica en que se basa todo esto. Nos centramos ahora en que esta obra, que no llega a cincuenta páginas de sus obras completas, repite la palabra “sangre” en treinta ocasiones.

Derramar la sangre será la condición para obtener la libertad de los vascos, simbolizada en el Árbol de Guernica: “La libertad de Bizkaya bien vale la sangre de sus hijos. ¡Oh sangre bizkaina, que bulles en las venas y saltas copiosa al suelo, regándolo por sustentar al Roble de tus libertades! El Árbol de su libertad no tiene más savia que la sangre de sus hijos”.

En su primera empresa periodística, Bizkaitarra, aparecerá otras cincuenta veces el término “sangre” con el mismo significado: “Tengan presente de continuo el recuerdo de la sangre vertida por nuestros antepasados en defensa de la independencia patria”. Y en Baserritarra proporcionalmente lo mismo: “Pero dime, pueblo euskeriano, ¿has olvidado la tradición de tu independencia? ¿Has renegado de la tradición escrita con la sangre de tus antepasados?”.

Este motivo sangriento, central en su programa político, lo argumenta y apuntala comparando a los musulmanes, expulsados finalmente de la península tras ocho largos siglos de lucha, con los españoles que, según él, habrían invadido a los vascos: “Cuando el pueblo español se alzó en armas contra el agareno invasor, y regó su suelo con sangre musulmana para expulsarlo, obró en caridad. Pues el nacionalismo bizkaino se funda en la misma caridad”. La consecuencia de dicho paralelismo, para el fundador del nacionalismo vasco hace ahora 125 años, será esta sentencia lapidaria: “Los maketos. Esos son nuestros moros”.

Pero la declaración de guerra que encierra esta afirmación, Sabino Arana nunca la hará explícita. Esa será su táctica de siempre, con la que fabula unos antecedentes, señala al enemigo y que sea otro el que actúe.

Un ejemplo antológico es el siguiente: “Si a los bizkainos de aquellos tiempos de la antigüedad no se les ocurrió llamar maketos a los españoles, fue simplemente porque éstos no invadieron su territorio como hoy lo tienen invadido. Siempre que lo intentaron (que no fue pocas veces), los bizkainos emplearon un término mucho más elocuente y significativo que el mote de maketo, y fue el de las armas. Hoy nos contentamos con menos: en vez de recibirlos como nuestros padres los recibían, los llamamos maketos. Es que estamos españolizados, y así como del bizkaino de entonces decían los españoles que era corto en palabras pero en obras largo, hoy parece que se nos van las energías por la boca.” Esto es Sabino Arana en estado puro.

En el que pasa por ser su texto más explícito sobre el empleo de la violencia, el fundador del nacionalismo vasco ejemplifica de nuevo ese refrán castellano que dice es costumbre de villanos tirar la piedra y esconder la mano: “Me cuidaré bien, en las circunstancias actuales, de llamar a los bizkainos a las armas para rechazar la dominación española; porque ni hoy, gracias a la interna división, está Bizkaya, ni aun Euskeria entera, en disposición de hacer la guerra a nación alguna, ni nunca el dictamen natural de la razón nos permite hacerla más que en último caso. Por lo tanto, sufriremos, ya que no de buen grado, por fuerza, el yugo de la esclavitud, trabajando (dentro de lo lícito y legal) por el bien de nuestra Patria. Si llega día en que se les haga justicia a los bizkainos, éstos se ahorrarán sangre y dinero”.

Empieza con lo de “me cuidaré bien de llamar a las armas”, cuando ya sabemos que lo suyo era sembrar el odio a España y esperar a recoger la cosecha. Las armas no son convenientes “en las circunstancias actuales”, dice, como quitándose de en medio, pero sí lo fueron en las pasadas. Y en cuanto a las futuras, Sabino Arana vuelve a cubrirse con lo del “dictamen natural de la razón” y lo del “último caso”, pero todo dependerá de si se hace “justicia a los bizkainos”, es decir si se les da la independencia, ya que entonces “estos se ahorrarán sangre y dinero”. El pronóstico no admite dudas: si no se vislumbra la independencia habrá que emplear “sangre y dinero”, que es lo que luego ETA tradujo por asesinatos y secuestros.

Invocar, según la primera acepción del diccionario de la RAE es “llamar en solicitud de ayuda de manera formal o ritual”. Sabino Arana le dejó al PNV el legado y la marca de la hipocresía y el ventajismo, de manera que, justificando una violencia independentista imaginaria en el pasado, eso le permitía invocar una posible y real en el futuro: “Sospecho como historiador que puede llegar época en que esta antigua República se fortalezca suficientemente para romper las cadenas que la oprimen”. Cuando la violencia apareció, en forma de ETA, el PNV no tuvo nada que reprocharse a sí mismo y encima se erigió en su principal beneficiario.

ETA fue el resultado de décadas de manipulación de la historia y de odio a España, a partir de los escritos del fundador del nacionalismo vasco, a quien se debe también el acomplejamiento inculcado por no tener apellidos eusquéricos, que hizo del tercio largo de maquetos y otro tanto de mestizos que tomaron entonces las armas, un colectivo fanatizado en extremo contra España, erigida en culpable de todo.

La violencia de ETA fue debidamente justificada y contextualizada por un PNV que, mientras tanto, siguió “trabajando dentro de lo lícito y legal”, cubriéndose con la careta victimista del “yugo de la esclavitud” y sacando todos los réditos que pudo del Estado.

*** Pedro José Chacón Delgado es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU.
 


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