AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 29  Abril  2020

Dejad ya de aplaudir y empezad a protestar
Liberal Enfurruñada okdiario 29 Abril 2020

El pasado domingo el peor Gobierno de la historia de España ha permitido salir por primera vez en 42 días, de golpe, a todos los niños de España, sin importarle que eso provocaría pequeñas situaciones de masificación que luego serían usadas por sus palmeros y por muchos pardillos para culpar a todos los padres españoles si acaso algo sale mal y hay que dar marcha atrás. Y también el domingo 48.000 sanitarios llevaron a cabo una manifestación virtual en redes sociales para hacer pública su queja por la desprotección y pésima gestión que ha provocado el contagio de casi 40.000 de ellos y que tengamos que lamentar la muerte de unos 50 profesionales sanitarios. España se ha convertido, con mucha diferencia, en el país del mundo con mayor número de muertos por habitantes y de contagios entre los sanitarios que luchan contra el coronavirus, y la tendencia al alza se mantiene. Y seremos los que más parados tendremos por el virus.

En palabras de la Organización Médica Colegial y del Consejo General de Enfermería esta desgracia ha sido causada por la ausencia de las imprescindibles medidas de seguridad que deberían haber preservado la salud de los profesionales. Han trabajado sin equipos de protección durante muchas semanas y cuando finalmente estos llegaron, en demasiados casos lo que les dieron fue materiales defectuosos que no cumplían su función. Prácticamente mes y medio después de decretarse el estado de alarma, aún hay que ver cómo algunos sanitarios siguen teniendo que tirar de bolsas de basura para luchar contra el coronavirus. Y a estas alturas aún a muchos de ellos no se les han practicado los imprescindibles test para saber si están infectados con lo que en vez de sanar, pueden estar contagiando a los demás. Nuestros sanitarios quieren que sepamos que no son “héroes ni mártires” y gritan “basta ya” de trabajar sin recursos y sin respeto “por un Gobierno incapaz, irresponsable y despreocupado”.

Hasta este domingo muchos de vosotros salíais a vuestros balcones a las 20:00h para mostrar vuestro agradecimiento a todos los profesionales que están luchando contra el coronavirus, mientras vosotros estáis seguros y protegidos en vuestros hogares, yo también lo hice hasta hace algunas semanas. Era también una forma de levantar el ánimo de los más pequeños de nuestras casas, porque veíamos en estos minutos la manera de ponerlos a cantar y a aplaudir todos juntos, ya que en muchas esquinas aparecieron pinchadiscos aficionados que aprovechan los aplausos para montar después una pequeña verbena popular en la que participan niños y mayores. Pues bien, desde este pasado domingo nuestros hijos ya pueden salir de casa y no necesitan que les animemos y nuestros profesionales sanitarios nos han dicho claramente que ellos quieren “más medios y menos aplausos”.

NO HAY NADA QUE CELEBRAR, España debería estar de luto. No tenemos forma de saber cuántos miles de compatriotas han fallecido ya a causa del coronavirus, pero seguramente sean cerca de 45.000, si no más, y aún siguen muriendo más de 300 personas cada día. Hasta el 31 de marzo se habían destruido ya 285.000 empleos sin contar con los ERTE y esa cifra no va a parar de crecer. ¿Qué hacemos cantando? ¿Qué hacemos bailando? ¿Qué hacemos aplaudiendo? El nefasto desgobierno socialcomunista muestra esas imágenes en sus telediarios haciendo creer que les estáis aplaudiendo a ellos, ¿hasta cuándo se lo vais a permitir? Han pasado 45 días desde que se decretó el estado de alarma y aún nos mantienen a todos encerrados sin poder salir a manifestarnos, porque no han sabido o no han querido poner los medios que habrían puesto fin a tanta muerte y empobrecimiento. Pero hasta encerrados podemos gritarles, ¡¡BASTA YA!!

La gran cacerolada: cada día se grita “Sánchez vete ya” desde más balcones
Antonio Martín Beaumont esdiario 29 Abril 2020

España está confinada. Los muertos son un drama. El paro aumenta vertiginosamente. La angustia de las familias se desata. Los españoles están indignados con la ineficacia y bulos.

Pedro Sánchez ha empezado el proceso de “desescalada” mirando de reojo a su Consejo de Ministros, entretenido en un constante Juego de Tronos. Ni siquiera sus rimbombantes citas televisivas, colándose insolentemente en las casas, pueden maquillar semejante lastre.

El Gobierno une, a su descoordinación (ha hecho mucho daño la ausencia por enfermedad de Carmen Calvo) y a la incompetencia de una parte de sus ministros (nombrados más por cuotas territoriales o partidistas que por sus cualidades para el cargo), la deslealtad interna. “Los choques de la coalición han triturado a piezas imprescindibles del tablero de Sánchez”, me asegura un monclovita conocedor de lo que se cuece.

Pesos pesados del sanchismo se han retirado a sus cuarteles de invierno por sentirse desautorizados por el jefe filas socialista, con lo que Pablo Iglesias ha aprovechado la crisis para ganar terreno político. La última víctima del vicepresidente morado ha sido la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, por el desconfinamiento de los niños.

“Somos un Gobierno cohesionado, un Gobierno que está trabajando sin descanso, desde la noche hasta el final del día”, proclamó, malherida tras la cornada de Iglesias. Excusa no pedida, culpa manifiesta. “Aquí ya todos miran a Pedro y Pablo para ver cuál de los dos manda primero la carta de divorcio”, liquida la misma fuente en La Moncloa.

A la falta de unidad interna del Gabinete Sánchez, agravada por la parálisis parlamentaria debida a los debilitados -y malgastados- respaldos con los que cuenta en el Congreso, se suma la falta de unidad externa. Y ello, a pesar de que pocas veces habrá podido contar un presidente con una oposición tan responsable.

El presidente debe estar muy agradecido a Pablo Casado por su apoyo a las sucesivas prórrogas del estado de alarma, aunque el líder del PP se levante de su escaño en la Carrera de San Jerónimo una vez tras otra sin saber qué se va a hacer con los poderes extraordinarios concedidos. Se entera de los planes por televisión, al mismo tiempo que los demás españoles.

En estas circunstancias, el diálogo que Sánchez “teatraliza” sin descolgar el teléfono para llamarle parece una mera huida hacia adelante, otra operación más de maquillaje. En épocas de normalidad, el marketing de Iván Redondo podría incluso resultar entretenido... aunque ya se verá si, a la larga, rentable. Pero en la dramática situación actual sería mejor encontrar en La Moncloa unos guionistas que pisaran el suelo.

El relato de la desescalada del hombre que no se ha puesto aún corbata negra
Con 23.000 muertos por Covid19, no es de recibo tener a un presidente entregado a campañitas de opinión: ya sea enredando para meter presión al líder de los populares, a ver si acepta “sin condiciones” un gran acuerdo nacional; ya sea metiendo cuñas entre PP y Cs allí donde gobiernan juntos; ya sea descafeinando la comisión del Congreso para la Reconstrucción que Casado logró arrancarle y que no gusta a los costaleros más radicales del Ejecutivo.

La gran cacerolada
Sánchez debe asumir, de una vez por todas, que son sus acciones las que lo han colocado ante una cacerolada cada día mayor. Es la gente harta que llena los balcones de España la que ya no le ríe las gracias. Sus rimbombantes intentos propagandísticos, sus escenas bien orquestadas con las que “seguir tirando” por si el panorama vuelve a sonreírle, son una desfachatez, visto lo que tenemos y lo que se nos viene encima.

Únicamente hay una forma de evitar la desafección del español de a pie: la eficacia. El problema del Gobierno no es su mala comunicación, como Iglesias dijo. Nada de eso. La mala gestión no puede enmascararse, por mucho argumentario partidista se elabore.

La "nueva normalidad" será la miseria
Carmelo Jordá Libertad Digital 29 Abril 2020

En una situación rutinaria y en un país normal, que te gobernase el mayor farsante de la historia de la política occidental –no se merece otro título un político capaz de presumir de un dato de la OCDE que la propia OCDE había rectificado unas horas antes– probablemente acabaría siendo dramático.

Pero en un país como España, que ya antes de la epidemia del coronavirus estaba sometido a una tensión institucional tremenda, tener como presidente al mayor farsante de la historia de la política occidental va camino no de ser dramático, sino directamente letal.

Este martes le hemos visto, campanudo como siempre, planteando lo que será el camino que seguiremos hasta lo que él mismo ha bautizado, puedo imaginarme la reunión de gurús de la comunicación política para elegir el nombre, como "nueva normalidad". Y será un confuso trayecto de unos dos meses, quizá más, en el que el país irá avanzando a trompicones y casi a ciegas, mientras seguimos sufriendo unas restricciones descomunales a la libertad individual y a la actividad económica.

Es el plan de un Gobierno totalmente incapaz, cuya imprevisión, ceguera y sectarismo nos ha hecho ser el país que más está sufriendo la crisis sanitaria en todo el mundo; y cuya incompetencia, desconocimiento y sectarismo hará que seamos también el que más sufra la crisis económica.

No se puede tener a un país encerrado tres meses y medio porque no se es capaz ni de prevenir antes ni de organizar después, el abismo de paro al que nos están abocando Sánchez y los suyos va a hacer que la crisis del año 2008 y posteriores nos parezcan Jauja, un recuerdo entrañable al lado de la "nueva normalidad", que será la miseria.

Y aún entonces, cuando decenas de miles de compatriotas hayan muerto, millones de españoles estén en el paro y el nivel de vida de todos se haya depauperado de una forma que hasta hace nada nos habría parecido propia de una increíble película de ciencia ficción, aún entonces nos dirán que "no vamos a dejar a nadie atrás".

Otro bulo, quizá el peor, de este Gobierno 'fake': no es que nos dejarán atrás, es que ya nos han dejado tirados.

Una desescalada despótica y autodestructiva
 vozpopuli.es 29 Abril 2020

El plan de Sánchez no fija el fin de la excepcionalidad y puede tener efectos aún más demoledores en la economía

En una nueva comparecencia con más dudas que certidumbres, Pedro Sánchez informaba este martes de los detalles del plan de desescalada aprobado por el Consejo de Ministros. Un plan que, a pesar de que, al parecer, lleva gestándose varias semanas, transmite serias dudas sobre su conveniencia y eficacia, por cuanto su aplicación va a depender de factores que el Ejecutivo dista mucho de poder controlar. La única certeza que se desprende de lo anunciado por Sánchez es la pretensión de ampliar, hasta al menos el 22 de junio, el estado de alarma, mientras los países de nuestro entorno ultiman planes para clausurarlo y volver cuanto antes a la normalidad; a la normalidad política e institucional, pero también, y cuanto antes, a la económica, para así atenuar las graves consecuencias sociales de la pandemia.

Resulta además paradójico que el Ejecutivo presente un plan de desescalada mucho más estricto que las propias comunidades autónomas, que pretendían poner fin al confinamiento durante el mes de mayo. Es también irritante el hecho de que, en lugar de pactar con estas los términos del calendario, Sánchez pretenda imponer un sistema que parece diseñado sólo y exclusivamente para contentar a sus socios de investidura, especialmente al PNV, que ya ha manifestado su intención de celebrar elecciones en julio y evitar así el impacto que puedan tener en las urnas los demoledores efectos otoñales de la crisis económica.

PP, Ciudadanos y PNV no pueden apoyar un plan no consensuado que da la puntilla al tejido productivo

Se trata, por tanto, de un plan no consensuado, opaco en su elaboración y arbitrario, que confirma la escasa voluntad de acuerdo de Sánchez y dilata la anómala situación de concentración de poder en la que el presidente del Gobierno parece moverse como pez en el agua. No hay razones de peso, ni sociales, ni tampoco sanitarias, ni desde luego económicas, que a fecha de hoy justifiquen la decisión de ampliar prácticamente dos meses más una excepcionalidad que afecta de forma severa a nuestras libertades. Y menos aún hacerlo de manera unilateral y, en el peor de los casos, atendiendo únicamente los intereses de minorías cuya preocupación por el interés del conjunto de los españoles es perfectamente descriptible.

Por ello, los partidos decisivos, empezando por el PNV, íntimamente ligado al empresariado vasco y socio de investidura de Sánchez, y siguiendo por el PP, que gobierna en seis comunidades autónomas, deberían oponerse a este plan de desescalada, tendiendo a la vez la mano al presidente para, desde una posición de colaboración leal, pactar unas condiciones de salida mucho más sensatas, ajustadas a la realidad de cada territorio y a sus urgencias sociales y económicas, y al tiempo compatibles con poner punto final cuanto antes a esta situación de insólita y, a poco que nos descuidemos, despótica excepcionalidad.

En este sentido, esperamos que la pretensión apuntada por Sánchez de mantener ciertas medidas extraordinarias “hasta que llegue la vacuna” tenga exclusivamente que ver con la faceta sanitaria de la crisis o, en el peor de los casos, solo sea otro desliz de esos a los que tan acostumbrados nos tienen los portavoces gubernamentales. De otro modo, estaríamos ante un intento tan grave como extravagante de perpetuar una situación de excepcionalidad cuyo único propósito no podría ser otro que el de mantener parcialmente limitadas las atribuciones constitucionales del Parlamento y otras instituciones del Estado, para así condicionar la agenda política y amortiguar las reacciones políticas, sociales y judiciales a la muy deficiente gestión de la pandemia.

El bulócrata Sánchez sigue incautándose de nuestras libertades y poniéndonos en peligro
EDITORIAL Libertad Digital 29 Abril 2020

Una cosa no se le puede negar al infausto presidente del Gobierno, y es su asombrosa capacidad para hablar durante una enorme cantidad de tiempo sin decir absolutamente nada; nada que no sea mentir o repetir algo ya sabido. Sirva como ejemplo su comparecencia de este martes, en la que desplegó su hueca palabrería para anunciar su en parte ya conocida intención de llevar a cabo un "plan de desescalada" por fases, desde el 4 de mayo hasta "finales de junio".

Pedro Sánchez tuvo incluso la desfachatez de insistir en que España es uno de los países que más test anticoronavirus ha hecho, después de que la OCDE, tan diplomática como contundentemente, corrigiera las maquilladas cifras que le había facilitado el manipulador Gobierno social-comunista; corrección por la cual España ha pasado de la 8ª posición a la 17ª entre los países miembros de dicha organización.

La verdad es que no hacía falta que la OCDE les dejara en evidencia para hacerse una idea de la falsedad de los datos ofrecidos por el Gobierno, dada la práctica imposibilidad del ciudadano español medio de someterse a ese tipo de analítica; dificultad que afrontan también los abrumados profesionales del sector sanitario: precisamente este martes se supo de una nueva denuncia contra el Gobierno por este asunto y por la falta de medios de protección contra el contagio, que se suma a las ya anunciadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y por el Consejo de Enfermería.

En el Grupo Libertad Digital sabemos perfecta y sangrantemente lo incompetente, perturbador y peligroso que es este Gobierno liberticida, indigno de la menor confianza; y es que este mismo martes se nos informó de que el Ejecutivo social-comunista había intervenido el laboratorio al que habíamos encargado la realización de test serológicos a nuestra plantilla incautándose de los reactivos necesarios para realizar las pruebas. En estas manos estamos.

Sin una masiva realización de test, el improvisado y chapucero plan de desescalada anunciado por el infame Sánchez puede resultar una quimera o una temeridad de consecuencias gravísimas. Y, de nuevo, y pese a lo que diga su repulsivo aparato goebbelsiano de agitprop, el culpable será este Gobierno bueno para nada, pavorosamente incapaz.

Por otro lado, el número oficial de contagiados en nuestro país es tan poco fiable como el de fallecidos, que ya ha sido puesto en cuestión por los tribunales. Otro tanto se podría decir del no menos infundado número oficial de parados, en el que, por arbitraria decisión del Gobierno, no se incluye a quienes han dejado de trabajar y pasado a cobrar del Estado por estar incluidos en un ERTE. Lo lógico, desde todo punto de vista, es que estos individuos pasaran a tener la misma consideración que cualquier otro parado con derecho a subsidio por desempleo. Aun así, y dando por válido el burdo maquillaje gubernamental, el INE informaba este martes de una caída de 285.000 ocupados en el primer trimestre respecto de finales de año, lo que nos sitúa a la cabeza de destrucción de empleo en Europa y no evita un dato tan escalofriante como éste: ya son 21 millones los ciudadanos que cobran del Estado, el 44% de la población.

Los bulos que con total desfachatez difunde el Gobierno no van a resucitar a las decenas de miles muertos que se ha cobrado ya la covid-19 –y a las que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siguen teniendo la indignidad de negar el luto nacional–, no van a evitar nuevos contagios y no van a dar un puesto de trabajo a los que han perdido o van a perder el suyo.

Hay que poner fin cuanto antes a esta bulocracia. Y para ello lo primero que deben hacer PP y Cs es seguir los pasos de Vox y plantarse de una vez frente a un Gobierno al que hay que frenar y vigilar exhaustivamente, no extenderle cheques en blanco o darle reluctantes apoyos jeremíacos harto susceptibles de degenerar en complicidad.

Vivan las cadenas
Emilio Campmany Libertad Digital 29 Abril 2020

Los comunistas defienden que, desaparecida la URSS, Occidente se ha ido despeñando por la sima del capitalismo salvaje a lomos de un neoliberalismo cruel. Se supone que la pandemia ha servido para darnos cuenta de lo mucho que nos hace falta el Estado y de qué mal hicimos cuando consentimos reducirlo a su mínima expresión. Lo público es bueno y lo privado, malo.

La verdad es que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Estado en Europa Occidental no ha hecho más que crecer. Y la caída de la URSS no impidió que siguiera haciéndolo. Lo que ha ocurrido es que el Estado ha dejado de ser el ineficaz empresario público que fue. Pero no ha sido sustituido por empresarios privados que se hayan disputado el mercado en buena lid. El Gobierno, abusando de las muchas competencias que tiene, decide quién gana y quién pierde. Y casi siempre llena los bolsillos de los mismos. Por un empresario que triunfa gracias a su talento y esfuerzo, hay nueve que se forran merced a subvenciones y ayudas. Por otra parte, la maraña legislativa en la que se desenvuelve cada sector hace que sólo pueda tener éxito quien cuente con la benevolencia de las autoridades encargadas de aplicar esa legislación. Las grandes empresas españolas son en general complacientes hetairas del poder político, siempre dispuestas a la lisonja y la coima a cambio de concesiones, autorizaciones y vista gorda. Bancos, empresas inmobiliarias y no digamos grandes medios de comunicación o productoras cinematográficas dependen del Gobierno. La sana competencia apenas se da en ningún sector. Las petroleras, eléctricas y empresas de telecomunicaciones fingen que compiten sin realmente hacerlo. Los consejos de administración están henchidos de antiguos altos cargos. Y todo eso por no hablar de la romería de institutos, fundaciones, observatorios y asociaciones donde sestea la inmensa clientela que come a costa de partidos, sindicatos y patronales, cosa que no sería posible si el Estado no tuviera el inmenso tamaño que tiene. ¿Y necesitamos más Estado? ¿Más impuestos? ¿Más intervencionismo?

Es lógico que una situación de emergencia el Gobierno tenga poderes excepcionales. Sin embargo, cuando el húngaro Viktor Orbán, de derechas, aprovecha la pandemia para atribuirse la facultad de gobernar por decreto, todos se escandalizan. Cuando es Sánchez, de izquierdas, el que hace poco más o menos lo mismo, nadie, ni siquiera en España, dice ni pío. Y si al menos el Gobierno sólo tomara medidas para combatir el virus, sería comprensible. Pero lo que está haciendo Sánchez en economía, educación, justicia y trabajo, por citar sólo algunas áreas, es darle la vuelta al ordenamiento jurídico español soslayando todo control parlamentario.

Es evidente que no necesitamos más Estado, necesitamos una economía que de verdad sea de libre mercado y no un mercado para los amigos del Gobierno donde la moneda de curso sea la corrupción. Pero como la codicia de los políticos no tiene límites, todavía quieren más y más. Y nosotros, que tras tantos días confinados empezamos a dar síntomas de síndrome de Estocolmo, estamos dispuestos a tolerar que nos estrujen con la enésima vuelta de tuerca. Vivan las cadenas.

La cadena se llama nómina
Juan Ángel Soto okdiario 29 Abril 2020

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado hoy unos datos que reflejan el comienzo de una escalofriante pérdida de empleos en nuestra economía. Un pistoletazo de salida que ya resulta abrumador: España ha tenido, durante el primer trimestre de 2020, 285.000 ocupados menos que al final de 2019. Todo ello sin contar con el número de trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE): la EPA señala que, solo en la última semana de marzo, los ocupados que no trabajaron en el periodo de referencia aumentaron en 509.800 este trimestre.

Estas cifras, aunque alarmantes, no revelan la magnitud de los efectos económicos derivados de la pandemia y de la desastrosa gestión del Gobierno, pues la EPA únicamente recoge los 17 primeros días (los correspondientes a marzo) de la que ya muchos catalogan como la crisis más severa en nuestro país desde la Guerra Civil. Así, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo estima ya en 4,1 millones de personas las afectadas por los ERTE.

El número de ocupados es de 19.681.300, y la tasa de paro ha subido hasta el 14,41%, los peores registros desde 2013. Otro dato para tomar en consideración y, a mi juicio muy relevante, lo encontramos en la cantidad de parados, que se ha incrementado en 121.000 entre enero y marzo. Por otro lado, en la comparativa entre el sector público y el privado, destaca que haya 3.248.000 personas que perciben su sueldo del Estado (funcionarios, personal laboral, etc.); esto es, el 6,8% de los ocupados. Por otra parte, en lo relativo al privado, los trabajadores por cuenta ajena suponen 13.323.400 (28,1%), y los autónomos, 3.109.800 (6,56%): ya suman menos que los que reciben una nómina del Estado.

De estas estadísticas, pueden extraerse dos conclusiones muy preocupantes. En primer lugar, que el 35% de los españoles sostiene al 65% restante (menores de 16 años, población inactiva, a sueldo del Estado…). Exiguo porcentaje que está pagando el precio de la crisis, como pone de manifiesto el hecho de que, en ese ámbito, se hayan perdido 280.000 puestos de trabajo, mientras que las administraciones públicas solo han encajado 5.400 empleados menos. En otras palabras, el sector privado está menguando rápidamente, lo que hace que un sistema con tamaña preponderancia de lo público tenga la fecha de caducidad ya próxima. La viabilidad en el medio plazo se ve seriamente comprometida sin una reforma sustancial. Una que, sin embargo, el actual Ejecutivo seguramente rehuirá, echándose en brazos del endeudamiento público.

En segundo lugar, y más inquietante aún, es el hecho de que haya más de 3,2 millones de personas que perciben su salario del Estado, lo que convierte a España en uno de los países con, en proporción, más empleados públicos de los de nuestro entorno. Además, si se agrega a los que reciben subsidios por desempleo, los casi 9 millones de personas beneficiarias de algún tipo de pensión pública, y los más de 2 millones de parados destinatarios de alguna prestación, nos hallamos ante unas cifras absolutamente inconcebibles: hay más personas dependientes del buen hacer del sector privado que quienes posibilitan esta dependencia. Casi 21 millones de personas dependen hoy de los impuestos de otros 16,4 millones. Y todo ello sin contar los 3 millones de personas a las que, se estima, se dirigirá el ingreso mínimo vital. Un panorama inaudito y que daña gravemente la salud de nuestro sistema democrático, debido al voto cautivo que previsiblemente podría generar. En definitiva, la crisis del coronavirus ha supuesto la aceleración de un proceso absolutamente insostenible. La música hace ya tiempo que dejó de sonar. Paremos de bailar.

Juan Ángel Soto
Director de la Fundación Civismo

Castañazo con Pedro y Pablo
El PSOE lleva todo el siglo XXI desentendiéndose de la economía, y ahora...
Luis Ventoso ABC 29 Abril 2020

La crisis de 2008 fue un rejón para Occidente, del que nunca se ha recuperado del todo mientras Asia despegaba. Aparentemente, las cifras de crecimiento acabaron retornando. Pero la fotografía del interior de los hogares cuenta otra historia. Por ejemplo, en España los sueldos cayeron un 1,9% entre 2008 y 2017, período en el que los precios subieron un 15%. Traducción: perdimos casi un 17% de poder adquisitivo. Nos volvimos más pobres.

En el siglo XX, existía en Estados Unidos una máxima infalible: «Lo que es bueno para General Motors es bueno para América». Si el PIB crecía, los salarios lo hacían a la par. Pero lo que es bueno para Alphabet, Apple, Facebook y Amazon ya no es bueno para toda América. A pesar de que el paro estaba en mínimos históricos en Estados Unidos antes del Covid-19, lo cierto es que el ingreso medio de los estadounidenses seguía por debajo del que disfrutaban a comienzos del siglo XXI. Eran más pobres, como nosotros. Occidente superó el batacazo de 2008, una gran crisis de deuda, parcheando... ¡con más deuda! La efervescencia económica del arranque de siglo jamás retornó.

«Las cosas ya no son como solían ser», se lamentan las clases medias occidentales, abatidas ante la inédita y deprimente perspectiva de que sus hijos vivirán peor que ellos. Un malestar así siempre tiene traducción política. En el siglo XX, tras el crack del 29, fueron los radicalismos totalitarios, que provocaron la Segunda Guerra Mundial. En el siglo XXI, repitiendo la tragedia como farsa, hemos pasado a los actuales populismos. Son movimientos «antiestablisment», que cuestionan con dureza la democracia liberal, pero que no declaran un deseo de destruirla. Los populismos han traído las políticas de la emoción y la identidad. Ante el malestar por una economía que ya no funciona para todos y el desconcierto frente a la globalización, una de sus respuestas consiste en ofrecer una redención nacionalista mediante el repliegue en el terruño (Trump, Brexit, Cataluña, Escocia). La otra, la de la izquierda populista, pasa por cultivar a minorías que se sienten agraviadas. Los populismos de derecha e izquierda infravaloran la gestión. Arrumban la economía en un segundo plano. O la despachan con topicazos.

El PSOE fue pionero del populismo progresista. Empezó con Zapatero. De manera ilusa, el contador de nubes creía que la economía siempre iría bien. Así que olvidó los números y se dedicó a la ideología: ingeniería social y cancha para los nacionalismos disgregadores. Desde entonces, el PSOE ha sido un partido anumérico. Ahí está Sánchez: en el poder desde 2018 e incapaz de aprobar unos presupuestos. Sus prioridades eran Franco, la eutanasia, el feminismo, indultar de tapadillo a Junqueras y arreglar el cambio climático desde un país de 47 millones de habitantes en un mundo de 7.700 millones. En economía, solo un tic: más impuestos «a los poderosos». Ahora llega una recesión de caballo. La gestión económica vuelve a ser vital. Pero nos pilla con el PSOE, romo en la materia, empeorado por el populismo populachero y colectivista de Iglesias

Más confusión, alarma y deslealtad
Editorial ABC 29 Abril 2020

Pedro Sánchez se reservó ayer la comparecencia del Consejo de Ministros para anunciar personalmente su «Plan para la transición hacia una nueva normalidad». Más allá de lo peligroso -y pretencioso- de esa terminología tan típica del afán agit-prop de La Moncloa, lo cierto es que Sánchez presentó a los ciudadanos un proyecto de retorno progresivo a la rutina dividido en cuatro fases, con un mínimo de duración de seis semanas y un máximo de ocho, durante las cuales seguiremos en estado de alarma. Aparte de estos datos, y de que sea una noticia satisfactoria, Sánchez no ofreció concreción de nada más, dejando de nuevo a los ciudadanos más dudas, más confusión y más indefinición que garantías. El Gobierno no dio fechas de entrada en vigor de cada fase, especuló con estimaciones, no especificó cómo debe acometerse la reactivación de la normalidad laboral con las plantillas de trabajadores, y tampoco dio detalles sobre cómo se prohibirá el tránsito entre poblaciones confinadas y liberadas. Presumir que la intención del Gobierno siempre es buena no es suficiente, sobre todo porque la vulneración de garantías y los abusos contra las libertades, amparados en este estado excepcional, deben tener un límite.

Sánchez ha actuado de modo unilateral y desprecia a las autonomías y a la oposición, aunque dependa de ella para prorrogar la alarma. Moncloa simula que consulta, pero después ejecuta sus decisiones en un círculo de poder endogámico diseñado solo para su protección y lucimiento. Sánchez es la deslealtad personificada y realmente cree que España puede depender de un pequeño sanedrín cada vez más ideologizado y sectario. ¿Cómo puede plantear con un mínimo de sinceridad un «plan de reconstrucción» a los partidos, si después hace y deshace sin pactar nada con nadie? En Francia, Macron anunció su plan en la Asamblea Nacional; en España, Sánchez lo hizo durante otro mitin interminable en La Moncloa, y en ese matiz reside la diferencia entre una democracia solvente y otra decadente. Pero sobre todo Sánchez es desleal con los ciudadanos, y esto es lo más peligroso. Ayer habló de «patriotismo», pero solo él decide qué es patriotismo y qué no. Habló de «normalidad», pero nada es más atípico que el plan presentado, y nada es más anormal que el proyecto autoritario que esconde. No hay nada «normal» en nuestras vidas, porque lo «normal» habría sido debatir en el Congreso y no imponer a puerta cerrada en La Moncloa. El Gobierno se ha erigido en un poder autocrático que ha invalidado al legislativo y pretende derruir al judicial, y Sánchez se ha revelado como un presidente autoritario que cree poder manejar a España a golpe de decreto social-comunista. Y eso es tan grave para los derechos de los ciudadanos como la dramática pérdida de vidas humanas, porque para más de 23.800 personas, si creemos las cifras oficiales, ya no habrá ningún tipo de «normalidad».

Los comunistas preparan la mayor subida fiscal de la historia con la excusa del coronavirus
La "tasa covid" solo es la punta del iceberg. Unidas Podemos pretende subir el IRPF, Sucesiones, Sociedades e incluso gravar los depósitos.
M. Llamas Libertad Digital 29 Abril 2020

La "tasa covid" solo es la punta del iceberg. Unidas Podemos pretende subir el IRPF, Sucesiones, Sociedades e incluso gravar los depósitos.

Ahora que la crisis sanitaria amaina, tal y como evidencia el gradual desconfinamiento que acaba de anunciar el Gobierno, la crisis económica empieza a mostrar sus primeros efectos. La histórica caída del PIB y la intensa destrucción de empleo que registrará España en 2020 se traducirán también en un amento sustancial del déficit y la deuda pública. ¿Quién pagará, por tanto, la ingente factura presupuestaria del coronavirus?

En líneas generales, existen tres vías para tratar de reequilibrar las cuentas públicas, que, además, se pueden combinar en mayor o menor grado: austeridad (recortes de gasto público), reformas estructurales (para impulsar el crecimiento) o subidas de impuestos.

Podemos, el socio de gobierno de Pedro Sánchez, opta abiertamente por esta última y pretende aprovechar la crisis del coronavirus para imponer su programa fiscal en España. El líder de los comunistas y vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ya avanzó el pasado lunes su intención de implantar un nuevo impuesto para los ricos que, no por casualidad, lleva el nombre de "tasa covid". En realidad, no es más que el gravamen adicional sobre la riqueza que defiende Podemos desde su nacimiento como partido, allá por 2014, solo que ahora lo revisten con la excusa de la pandemia.

La cuestión, sin embargo, es que no se trata de una simple idea peregrina, sino que esta primera propuesta forma parte de un programa fiscal mucho más ambicioso que, en caso de aprobarse, supondrá, de lejos, la mayor subida de impuestos de la historia de España. De hecho, Izquierda Unida ya está trabajando en un documento específico, que, a priori, verá la luz a finales de este mes, a fin de ser debatido en la coalición que conforman con Podemos.

La elaboración de este particular "Plan de Reconstrucción", que lleva por título "Horizonte País", fue aprobada en la reunión de la Coordinadora Federal de IU que tuvo lugar el pasado 18 de abril, y, entre otras materias, destina un apartado específico a la fiscalidad, cuyos principales objetivos son, por un lado, subir el IRPF, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Sociedades, el Impuesto a los Depósitos y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); y, por otro, crear nuevas figuras, tales como la "tasa Covid" de Iglesias, un gravamen a las Transacciones Financieras o más impuestos verdes.

Aunque los detalles todavía se desconocen, todas estas medidas están recogidas en los respectivos programas electorales de IU y Podemos. La única diferencia es que, hasta ahora, habían sido aparcadas debido al rechazo inicial del PSOE, pero la crisis del coronavirus abre una nueva ventana de oportunidad para exigir su puesta en marcha en el seno del Gobierno.

A la espera de los cambios concretos que incorpore dicho "Plan de Reconstrucción", el grueso del programa fiscal que defendían IU y Podemos de cara a la presente legislatura se resume en los siguientes puntos:

Subir el IRPF a las rentas de más de 100.000 euros anuales, con un tipo marginal del 47%, que llegaría hasta el 55% para las de más de 300.000 euros.

Que las rentas del capital tributen en la misma base que las del trabajo, incluyendo las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a seis en el caso de inmuebles).

Eliminar las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones, cuyo límite actual se sitúa en 8.000 euros al año por contribuyente.

Crear un Impuesto sobre la Riqueza (ahora "tasa covid") sobre patrimonios de más de 1 millón de euros, con el fin de recaudar el 1% del PIB (más de 10.000 millones de euros). Tendría un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravaría con un 2% los patrimonios de más de 1 millón, con un 2,5% los de más de 10, con un 3% los superiores a 50 y con un 3,5os de más de 100 millones. Sustituiría al Impuesto de Patrimonio.

Elevar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, armonizándolo a escala estatal a partir de un mínimo de tributación para evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas.

Establecer un tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades para las bases imponibles superiores al millón de euros, introduciendo, además, un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable.

Aplicar un Impuesto sobre los Depósitos con un gravamen mínimo del 0,2%, con la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer recargos adicionales.

Crear un recargo específico en el IBI para viviendas desocupadas.

Y aprobar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras para gravar con un 0,3% la compra de acciones y derivados, quedando exenta la adquisición de deuda pública.

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¿Resistirá nuestra democracia?
Alfonso Pinilla. vozpopuli 29 Abril 2020

El proyecto de cambiar la democracia surgida de la Transición por un régimen donde sólo la izquierda gobernara, apoyada por el independentismo, queda bien plasmado en el “Pacto del Tinell”. Aquel acuerdo, firmado el 14 de diciembre de 2003 por Joan Saura (ICV), Josep-Lluís Carod Rovira (ERC) y PasqualMaragall (PSC) facilitaría el acceso de éste a la presidencia de la Generalitat como cabeza de un gobierno tripartito, acompañado por los partidos firmantes. El documento que establece los puntos principales del pacto recoge un anexo, dedicado a los “criterios sobre actuación política general”, cuyo comienzo es rotundo: “Ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP, ni en la Generalitat ni en el Estado”.

He ahí la esencia del arreglo, desarrollada más adelante, por si no quedaba claro: “Estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales”. La derecha, expulsada, postergada, arrinconada, aislada y asfixiada. He ahí el espíritu y la letra del plan: así en Cataluña como en España, así en la tierra como en el cielo. A cambio, la izquierda gobernante habría de asumir “el establecimiento de un nuevo marco legal donde se reconozca y se desarrolle el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del Estado”. La proa estaba puesta hacia la “España nación de naciones” donde palpita el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, pues ya se sabe que “a cada nación, ha de corresponder su Estado”.

El 'espíritu de la Cruzada'
La justificación de tal envite pasaba por deslegitimar la Transición, el origen de la democracia que ahora quería desmantelarse. Y, para ello, había que lanzar una campaña cultural, mediática y política contra la “reconciliación nacional”, el discurso esgrimido por el Partido Comunista desde 1956, defendido por Suárez durante la reforma política e inspirador de nuestra Carta Magna. El discurso que permitió superar la división entre “las dos Españas” y arrumbar la retórica de la “victoria en la Cruzada” que tanto utilizó la dictadura para su auto-legitimación.

Ese ataque a la reconciliación se envolvería en la defensa de la “memoria histórica”. Aupada sobre el loable y necesario objetivo de dar digna sepultura a los represaliados por el franquismo, “la lucha por la memoria histórica” fue utilizada por la izquierda como arma electoral para conquistar el poder y, también, como fuente legitimadora de un nuevo régimen que superara el de la Transición, sustituyendo la “reconciliación” por la “restitución” de una nueva República. Pero, sobre todo, la defensa de esta “memoria histórica” que sólo pretendía hacer “política de la historia” sirvió para señalar a todo aquél que osara oponerse, o tan siquiera matizar, tamaña simplificación del pasado, tildándolo de peligroso fascista al que debía aplicarse el “cordón sanitario” expresado en el Tinell.

Ya estaban los dos mimbres del “cambio de régimen” entretejidos: un pacto para echar a media España de las instituciones y la justificación de esa jugada antidemocrática, desacreditando al discrepante como “facha” merecedor de la expulsión. Recuerden, el PSOE llegó a identificar al PP de Rajoy como la “derecha extrema”. Hoy, PP, Ciudadanos y Vox ingresan el “trifachito” del que se ríe la izquierda en el Congreso de los Diputados. Y es que, como decía Cioran, “contra la risa no hay defensa”, por eso el humor es la mejor arma para el descrédito.

En medio del estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus se está acelerando el proceso arriba descrito. La consecuencia es que la democracia se halla en serio peligro mientras la mayor parte del país sufre una suerte de “arresto domiciliario”sine die. Pedro Sánchez gobierna España apoyado por el independentismo que atentó contra la Constitución el 1 de octubre de 2017 y por el populismo que defiende una autodeterminación no contemplada ni en el espíritu ni en la letra de la misma Carta Magna que Pablo Iglesias blande ahora con orgullo. La ineptitud del Gobierno a la hora de responder al drama que vivimos, su afán intervencionista y su autoritaria forma de ejercer el poder cubren de nubarrones el horizonte de nuestra democracia, necesitada antaño de una urgente regeneración y ahora de una perentoria defensa en medio de la tempestad.

La ultraderecha y los medios
El control que el Gobierno ejerce sobre las televisiones, vía subvenciones millonarias, dificulta que los ciudadanos puedan percatarse del serio peligro que amenaza sus libertades, resumido en el desiderátum de Iglesias en La Sexta: “Que la ultraderecha mediática no forme parte de la sociedad”. Entendiendo por “ultraderecha”, claro, lo que en el franquismo se entendía por “rojo”: un discrepante.

Ante esta tesitura, sólo cabe que la oposición, la sociedad civil, los millones de españoles que no comulgan con estas ruedas de molino, los medios de comunicación verdaderamente libres y las instituciones del Estado aún no corrompidas por el “espíritu del Tinell”, entonemos juntos el Resistiré de los balcones, para forjar con palabras y hechos un dique contra este sunami. Nos va la democracia en ello.
 


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