AGLI Recortes de Prensa   Sábado 2 Mayo  2020

El Gobierno nos hunde y nos condena al rescate o a la quiebra
EDITORIAL Libertad Digital 2 Mayo 2020

España se enfrenta a la disyuntiva de pedir el rescate y ponerse bajo la tutela de Bruselas o exponerse a la quiebra. Este es el terrible panorama.

El Gobierno por fin ha puesto cifras a la recesión. Desde la aprobación del estado de alarma, el Ejecutivo social-comunista no había sido capaz de dar un solo dato que permitiera calibrar la magnitud del desastre. Es más, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se atrevía a asegurar, el pasado 9 de marzo, que el impacto del coronavirus sería "poco significativo y transitorio" para nuestro país. No han pasado dos meses y España ya está hundida en una de sus peores crisis de los últimos cien años. Y la insensata Calviño sigue ahí, sin siquiera pedir perdón. Esta era la que iba a aportar sentido común y prestigio al Gobierno del fraudulento doctor en Economía Pedro Sánchez Castejón.

España se hunde. Así se lo hizo ver en la noche de este jueves –in extremis– el Gobierno de Sánchez a Bruselas por medio de un nuevo Programa de Estabilidad y un demoledor cuadro macroeconómico. El Ejecutivo ha tenido que revisar todas sus estimaciones, sin excepción, por el impacto del coronavirus. Y lo ha hecho con unos números muy poco creíbles.

El pronóstico oficial es que el PIB se desplome un 9,2% este año y que tasa de paro se dispare hasta el 19%. Y aunque estas cifras ya resulten devastadoras para cualquier país, lo cierto es que todo apunta a que la España desgobernada por los social-comunistas va a ser uno de los más perjudicados por la debacle, por lo que el descalabro será seguramente aún mayor. Hasta la Airef, que era la que avalaba esas cuentas, ha tenido que sonrojar al Gobierno esta misma mañana apuntando que su escenario era perfectamente empeorable.

A la hora de presentar las previsiones, María Jesús Montero y Nadia Calviño se arrancaron con la estupefaciente afirmación de que la recuperación será en forma de "V asimétrica". Sin vergüenza, las incompetentes ministras intoxicadoras se han atrevido a avanzar que la remontada comenzará en verano, ignorando a conciencia que los absolutamente cruciales sectores hostelero y turístico se ven incapaces de retomar la actividad por el descabellado del plan de desescalada del Gobierno. Pretender que abran los hoteles cuando ni siquiera rige la libertad de circulación por el territorio nacional –para qué hablar del determinante turismo internacional– o que los bares se apañen con restricciones draconianas sobre sus espacios disponibles es una afrenta para todos aquellos empresarios que están viendo cómo se les condena a la miseria. Para colmo, la impresentable ministra de Transición Ecológica (sic), Teresa Ribera, ha tenido la desfachatez de decir a los hosteleros que si "no se sienten cómodos" con el plan miserabilizador y liberticida de su Gobierno "no abran". Esta es la indecente solución que da el Ejecutivo a los propietarios de 300.000 negocios indispensables para la economía nacional. Los 1,7 millones de trabajadores que emplea un sector que representa al 6,2% del PIB no están para chulerías de gente que nada arriesga y vive encima de los chuleados, señora Ribera. Usted, sencillamente, no es digna de ser ministra.

El Gobierno prevé que el déficit alcance el 10,34% del PIB, lo que supondría el mayor descuadre de cuentas desde el año 2012. Está insólita cifra se acerca al máximo histórico del 11,3%, logrado por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2009, por lo que estaríamos volviendo a uno de los periodos más ruinosos de la historia reciente. Además, la deuda pública se disparará hasta al 115,5% este año.

Con los Presupuestos tensionados de esta manera, la pregunta ahora es de dónde van a sacar los social-comunistas el dinero para sufragar el brutal aumento del gasto. María Jesús Montero ya apunta a la Tasa Google, la Tasa Tobin, Sucesiones y Patrimonio. En una palabra, al saqueo. Pero no será suficiente. España se enfrenta a la disyuntiva de pedir el rescate y ponerse bajo la tutela de Bruselas o exponerse a la quiebra. Este es el terrible panorama.

Sánchez nos lleva a la ruina: un Gobierno incompetente
José María Rotellar okdiario 2 Mayo 2020

Todos los datos económicos publicados durante esta semana dibujan un panorama todavía más desolador que el que ya preveíamos, aunque en gran parte habíamos venido anunciando. Estos datos -caída de la economía y desempleo- son pésimos, pero su peor cara es la que todavía no ha aparecido, que no es otra que la del futuro que nos puede esperar si no se abre de inmediato la economía. Con los planes del Gobierno de mantener atada la actividad económica, con el propósito de que abran los hoteles durante más de dos meses sin que se puedan mover los turistas nacionales a lo largo de España, y con el tope que impone al comercio y hostelería, especialmente a esta última, de aforo, que hace inviable su rentabilidad, todo apunta a que estos datos publicados no son más que el triste prólogo del desastre y que impedirán una recuperación fuerte y robusta, condenándonos, después de la caída de 2020, a un largo estancamiento, por mucho que la vicepresidenta Calviño venda una recuperación en uve asimétrica, que ojalá que se produjese.

Si esos datos recogen el efecto de quince días de cierre productivo por decreto, ¿qué magnitud tendrá la caída de la economía y del empleo cuando el segundo trimestre englobe por completo el freno que se le ha impuesto a la actividad productiva? ¿Hasta dónde va a caer el PIB? ¿Y el empleo? A buen seguro que en el segundo trimestre la cifra de retroceso del PIB puede rondar entre el 12% y el 17%, con una pérdida añadida de puestos de trabajo. Si la destrucción de empleo no ha sido mayor se debe a que el Gobierno ha estrangulado más a las empresas prohibiendo el despido, a lo que hay que sumar la anestesia que se deriva de los ERTE’s, en los que están afectados más de cuatro millones de personas, muchas de las cuales pueden acabar en el paro si la situación no mejora.

Ante esto, el Gobierno no hace nada. Se queda cruzado de brazos, esperando que el encierro resuelva por sí mismo el problema sanitario, mientras lleva a la ruina a la economía española, que generará un grandísimo problema de supervivencia en los españoles. Si el Gobierno se niega a reabrir la economía, muchas familias pueden empezar a pasar hambre, máxime cuando el pago de las prestaciones por ERTE no llegan a los afectados y los empresarios no pueden seguir soportando todos sus gastos, sin ingresos para su sustento. No sirve de nada que la ministra Montero diga que los servicios públicos de empleo están tramitando las prestaciones tan rápido como pueden. No basta con anunciar liquidez si ésta después no llega. Eso no es suficiente, pues las personas tienen que comer todos los días. El Gobierno debe agilizar dichos pagos y la liquidez y permitir que la actividad económica vuelva a la normalidad, sin adjetivos.

Debe realizar test masivos a la población que permita que el grueso de los ciudadanos vuelva a trabajar. Debe dotar de liquidez ilimitada a las empresas para que puedan aguantar tras este proceso de cierre, y no con las limitaciones y burocracia que han hecho que hasta ahora sólo se hayan tramitado poco más de 25.000 millones en avales, sólo el 25% de lo prometido. Debe generar confianza para que la inversión y el consumo vuelvan a despegar. Y, para ello, debe reabrir la economía sin esperar más, con ciertas precauciones -la primera es realizar los test-, pero con determinación.

Sin embargo, el Gobierno sigue sin un plan eficiente para salir de esta terrible situación, sino que muestra todo lo contrario: incompetencia en la gestión sanitaria que se extiende a la gestión económica, sin dotar de liquidez suficiente a las empresas para que resistan y condenando al turismo, al comercio, a la hostelería y al ocio al cierre de una gran parte de sus establecimientos. Muchos no abrirán porque el cierre impuesto los habrá asfixiado, al no llegar la liquidez a tiempo. Y otros no podrán abrir porque con las limitaciones del 30% del aforo en hostelería, cafeterías y bares, y la imposibilidad de que durante dos meses el turismo nacional pueda existir, así como el cierre sin horizonte del turismo internacional, condena también a los hoteles a la quiebra.

En medio, la desvergüenza de la vicepresidenta cuarta, la señora Ribera, contra los hosteleros, que ha llegado a decir, en relación con las quejas de este sector, que “quien no se sienta cómodo, que no abra”. Mal está que no sepan gestionar y que estén provocando la ruina de España, pero peor está todavía que se rían de los empresarios y trabajadores a los que les cuesta mucho llevar un plato de sopa a casa y que el Gobierno, con esa restricción, les condena a la miseria. No se trata de comodidad, sino de imposibilidad de cubrir ni siquiera los costes fijos con esos porcentajes de ocupación establecidos por el Ejecutivo. Si los miembros del Gobierno no son competentes, al menos deberían ser educados y respetuosos, pero se ve que la señora Ribera ni lo uno ni lo otro.

En miles de años, la Humanidad ha pasado por todo tipo de innumerables guerras, pestes, pandemias, epidemias, atentados y desastres naturales. Hasta el coronavirus, nunca, jamás, se ha cerrado por completo toda la actividad, y mucho menos de la manera y forma letales en las que el Gobierno español las ha llevado a cabo y en las que pretende mantenerlas con su plan de reapertura, que ellos llaman de “desescalada”, ni en la antigüedad ni en los últimos cien años; nunca. Se sirve el Gobierno del miedo que, lógicamente, tiene la población ante la saturación de la sanidad por la imprevisión del Ejecutivo y las cifras horribles de fallecimientos y contagios, para imponer una paralización completa de la actividad económica y el empleo y una reactivación lentísima que será la puntilla de la economía española, mientras se niega a realizar test masivos y a reabrir la economía, que nunca debió cerrarse de esta manera. Fueron malos previsores ante la enfermedad y ahora son pésimos gestores para la economía. Están condenando a los españoles a un empobrecimiento por decreto, al desempleo forzoso, a la ruina provocada.

No se trata de perder el tiempo en los ensayos de renta mínima clientelar que quiere poner el Gobierno sobre la mesa, sino que se trata de dejar que empresas y trabajadores produzcan, porque, si no, con toda la gravedad y tristeza provocada por el coronavirus en el ámbito sanitario, va a ser todavía mucho peor el drama humano en términos de paro, hambre e incluso mortalidad por empeoramiento de condiciones de vida y servicios sanitarios, lo que va a suceder en el ámbito económico si se siguen los planes del Gobierno. No se puede seguir así. El Gobierno tiene que hacer test masivos y ayudar a que se puedan tomar las precauciones necesarias, pero al mismo tiempo tiene que dejar abrir ya por completo la economía o el desastre está garantizado, y de eso será el Ejecutivo total y completamente responsable, porque habrá sido incompetente y nos habrá llevado a la ruina.

Que Sánchez reconozca su fracaso y deje de ahogar a la empresa
Daniel Lacalle elespanol 2 Mayo 2020

"That’s the rule around here, said the king of sunset town", Steve Hogarth

Adiós recuperación en 'V'. El Gobierno, en un nuevo ejercicio de creatividad comunicativa, ahora lo llama “V asimétrica", es decir, 'L'.

El Gobierno ha sobrepasado todas las expectativas más negativas, y eso que hace un mes y medio intentaba silenciar a toda costa a quienes alertábamos de una crisis profunda y de altísimo paro. ¿Qué decía entonces? Que este paréntesis iba a ser "como unas vacaciones" para recuperarnos rápidamente.

España, en el primer trimestre caía un 10% más que Italia, un 37% más que la Eurozona y un 50% más que la media de la Unión Europea. España, en datos trimestrales anualizados, sufre un desplome que duplica el de Estados Unidos. Y lo peor está por llegar.

Ayer explicábamos en esta columna que estos datos solo muestran dos semanas de cierre forzoso. Las estimaciones de Bloomberg anticipan una caída en el segundo trimestre de 2020 del 20-22%, con una caída del PIB en el año completo del 11%. Una cifra muy superior al 9,2% que anuncia el Gobierno, de nuevo, de manera innecesariamente optimista. Ojo, que esa caída del 11% asume la recuperación en el tercer y cuarto trimestre de 2020.

El paro es ya un drama internacional. Según Adecco, más de 9 millones de personas se encuentran en situación de desempleo, incluyendo autónomos y ERTE, una tasa de paro total de entre el 35 y el 40%. En la media de la eurozona el paro total, calculado de la misma manera, no llega al 15%, y en Estados Unidos al 12%, como explican CEBR y Bloomberg.

La estimación de Moncloa es que habrá un paro del 19% en 2020 sin contar ERTE ni autónomos en cese de actividad, es decir, un aumento del paro entre marzo y diciembre de casi 5 puntos. Ni siquiera en las más que optimistas expectativas del Gobierno se recupera el empleo. Asumen un 17% de paro oficial en 2021. Difícil de creer cuando una mayoría de ERTE y autónomos en cese de actividad van a pasar a entrar en la cifra oficial de paro.

El Gobierno, en mes y medio, ha sido incapaz de estimar el desplome de 2020. Por eso las previsiones para 2021 carecen de credibilidad. En cualquier caso, lo que las estimaciones gubernamentales nos han mostrado durante la historia y en la crisis de 2008 en particular es que siempre se equivocan por optimistas.

El cuadro macroeconómico anunciado por Calviño hace aguas en su exceso de voluntarismo y en unas previsiones que ya nacen erradas. No tiene ningún sentido creerse la expectativa para 2021 cuando sectores de toda España, que suman hasta un 40% del PIB, alertan de un impacto mucho mayor.

El déficit público escalará hasta los 115.000 millones de euros, con lo que se situará en el 10,34% del PIB, el mayor desde 2012. Por su parte, la deuda pública se disparará hasta el 115,5% en 2020.

Se estima una caída de los ingresos públicos de algo más de 25.000 millones de euros, que es, como mínimo, optimista cuando solo en marzo ya se han perdido unos 12.000 millones de euros de ingresos por el cierre de empresas.

También calcula una poco creíble recuperación de más del 6,8% en 2021 cuando el FMI, que suele equivocarse por optimista, augura una recuperación del 4,3% en 2021. Además, analistas internacionales como CEBR o Capital Economics rebajan la recuperación de España a un 2,2%-2,5%.

La inversión en 2020 se desplomará un 25,5%, pero el Gobierno estima una casi imposible subida de la misma del 11,6% el próximo año -sobre todo si se mantiene la fiscalidad extractiva actual o se aumentan impuestos-.

El gasto público se dispara hasta el 51,5% del PIB, hasta los 576.714 millones de euros, lo que hace casi imposible que las previsiones de déficit de 2021 se cumplan, ya que no se ha tomado una sola medida de reducción de desequilibrios que ya aumentaron en 2019.

El Gobierno espera que exportaciones e importaciones se desplomen en 2020 un 27,1% y un 31%, respectivamente. He aquí un truco típico de las previsiones gubernamentales. Al estimar caídas superiores de las importaciones, el efecto en el PIB es ¡positivo!

Para 2021 el Gobierno vuelve a usar el mismo truco con sus previsiones. Las exportaciones crecerían un 11,6% y las importaciones, solo un 9,3%... Así el efecto en el PIB vuelve a ser positivo. Es más que dudoso que España entre en un masivo superávit comercial en medio de una crisis. Recuerden que en la crisis anterior el déficit comercial aumentó masivamente hasta un 10% del PIB.

Todos estos datos desmontan el falso argumentario del Gobierno que nos intenta decir que esto es un problema sobrevenido, generalizado y simétrico. No lo es.

Hay que actuar ya. Sánchez y su equipo deben reconocer el absoluto fracaso de su plan y sus estimaciones y dejar a las empresas y comunidades autónomas tomar las decisiones sobre el plan de normalización. El plan de “desescalada” (odio la palabra) nace muerto, como el plan económico de hace mes y medio, porque el diagnóstico es equivocado y está diseñado sin contar con los que conocen el terreno y la realidad económica.

El Gobierno debe romper su plan económico, diseñado para un paréntesis corto e indoloro, por errado y obsoleto. Con una destrucción de 122.000 empresas y casi 900.000 empleos en pocas semanas de marzo, está demostrado que no funciona.

Ya explicamos hace un par de semanas lo que se debería hacer con un plan económico para evitar el rescate y fortalecer la economía. Les ruego que lean Salir fortalecidos de la crisis sin sufrir un rescate.

Decía el ministro de Sanidad, filósofo de carrera, que el plan de desescalada es similar al de otros países en un 80%. El problema es que el 20% “creativo” que ha diseñado el Gobierno pone a decenas de miles de empresas en situación de quiebra.

Exceltur estima pérdidas de 92.000 millones y destrucción de empleo superior a la de 2008, y Hostelería de España espera el cierre de hasta 85.000 establecimientos, un 30% del total. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno? “Si alguien se siente incómodo, que no abra”, nos explicaba la ministra encargada, ofreciendo soluciones eficaces.

Una empresa media en el sector servicios dedica alrededor del 30% de su facturación normal a pagar salarios, a ello hay que añadir costes de suministro, impuestos y otras cargas. En media, una empresa española de este sector tiene una rentabilidad de menos de un 10%, cuando genera beneficios, ya que la inmensa mayoría, según los datos de AEAT, estaban ya en pérdidas en el último año calculado.

Una pyme con beneficios tiene una rentabilidad del 7,5%, y una microempresa -la mayoría de empresas españolas- de menos del 5%. Esto significa que, si el Gobierno les cercena el 70% de su capacidad máxima de generar ingresos, las aboca a un dominó de quiebras, porque la inmensa mayoría simplemente no cubrirán los costes al abrir las puertas.

Un negocio de hostelería y restauración medio abriría con pérdidas del 15% con este plan, llevándolo al cierre y al despido de todos los trabajadores.

La inmensa mayoría de las empresas en España son pymes o microempresas. Una normalización en la que el Gobierno, por decreto y sin dar protocolos y equipos a los empresarios, envía a las corporaciones a la ruina no es una normalización, es un despropósito.

El Gobierno central debe dejar de hacer planes iguales para todos cuando las circunstancias son completamente distintas en cada comunidad autónoma. Son precisamente ellas las que saben mejor cómo y de qué manera llevar a cabo la gestión de la seguridad y preservar el tejido productivo, que es lo que hacen los países líderes.

Solo a un burócrata se le ocurre la sandez de la falsa disyuntiva “o vidas o economía”. Todas las economías líderes están gestionando la pandemia con protocolos serios, tests masivos -no cifras falsas dictadas a la OCDE-, coordinando con empresas y autónomos la mejor manera de preservar el tejido productivo y dotando de ayudas serias.

El Gobierno de España está ahogando a la economía en un mar de liquidez. El Estado central dispone del apoyo absoluto del BCE, se financia a tipos reales negativos y se endeuda a un nivel que duplicará el nivel del año 2018… Sin embargo, ahoga a las comunidades autónomas que son las que soportan el gasto en Sanidad, no permite a los ayuntamientos gestionar su caja y cercena el acceso a liquidez a empresas y autónomos con un endiablado sistema burocrático, lento e ineficaz. Es como tener un jardín al que le llega todo el agua y nutrientes necesario, pero donde el Gobierno central funciona como tapón.

Es momento de reconocer los inmensos y graves errores y dejar a los creadores de empleo e inversores recapitalizar España y recuperar el empleo, a las comunidades autónomas y a las empresas coordinar un plan de normalización serio, y no convertirnos en el país que más caiga en 2020 y el que peor se recupere en 2021.

El Gobierno nos dice que no va a dejar a nadie atrás. Está dejando atrás a los autónomos, a las empresas, a los contribuyentes y, hundiéndolos, deja atrás a todos los demás porque sin contribuyentes, empresas y empleo no hay estado de bienestar.

Destruir la economía no es una política social. Es la más antisocial. Por favor, rectifiquen ya.

La solución no es más Estado
Editorial ABC 2 Mayo 2020

El bulo más recurrente de cuantos circulan es el que califica como liberal el modelo laboral y productivo de la economía española. En España, como en el resto de Europa, la vida cotidiana, en todos sus ámbitos, está sometida a un alto nivel de intervencionismo estatal y autonómico, como se refleja no sólo en las cifras de gasto público, sino también en la ingente producción de normas administrativas. Esta reflexión es una advertencia para prevenirse frente a los cantos de sirena de los oportunistas de izquierda, que cargan contra el libre mercado ya sea por el Covid-19, una cadena de incendios forestales o una fase de sequía. El descalabro económico que ayer describió el Ministerio de Hacienda, con una previsión del 19% de paro (sumados los afectados por un ERTE señalan un 30 por ciento de los trabajadores mano sobre mano) y una caída del PIB del 9,2% en 2020, ya se ha convertido en el caldo de cultivo de las viejas recetas socialistas.

Para la izquierda populista, esta crisis parece la ocasión propicia para subsidiar al país y secuestrar el emprendimiento de los ciudadanos con una renta disuasoria. Lo que proponen los ministros de Podemos -con Sánchez al frente- no es una política de reacción a la crisis, sino de aprovechamiento de la crisis para narcotizar a la sociedad al más puro modelo socialista. Nadie discute que el Estado debe inyectar dinero y seguridad en las venas de la economía, pero para que se quede en su estructura productiva, no para financiar el pago de subsidios permanentes cuando los ingresos han caído en picado. Además, el Estado no está haciendo nada que justifique una política fiscal que carga sin contemplaciones a empresas, autónomos, trabajadores y profesionales. Sin el sector privado, es imposible que el Estado pueda sacar a España de la crisis, como tampoco habría podido afrontar la respuesta a la pandemia. El debate real que hoy hay que plantearse es cómo evitar que un Gobierno socialista empeore las consecuencias de la crisis con su política fiscal y económica, con sus ofertas populistas -esas que se anuncian sin saber cómo se van a pagar-, con su descarada pulsión por implantar un régimen paternalista tras una quiebra socio-económica.

Rodríguez Zapatero no fue responsable de la crisis de 2007, ni Sánchez es responsable de la pandemia del Covid-19. Pero un ministro de Zapatero dijo entonces que «la crisis nos pasaría rozando el larguero» y el asesor preferente de Sánchez afirmó el 31 de enero que «creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso aislado». Esta incapacidad de los gobiernos socialistas para llegar a tiempo a los problemas es donde radica su responsabilidad. Y los datos críticos de PIB y desempleo adelantados ayer también tienen su cuota de origen en la incompetente gestión socialista de la pandemia.


El hachazo a los vivos
Segundo Sanz okdiario 2 Mayo 2020

A este Gobierno frentepopulista no lo tumbarán los 40.000-50.000 muertos reales que deje la pandemia en España por haber reaccionado tarde y mal. Tampoco el haber contribuido a la propagación del virus agitando la convocatoria del infectódromo del 8-M. Menos aún la negligente gestión de las residencias de ancianos, foco de miles de fallecidos y competencia del seminarista Iglesias en el mando único de la alarma. Ni siquiera la desprotección de los héroes sanitarios, más del 20% de los contagios, o los bulos gubernamentales —como el pastel de los test insuficientes destapado por la OCDE— harán tambalear lo más mínimo a esta banda de mequetrefes, ajenos al luto nacional.

A este Gobierno guerracivilista que amenaza a la oposición por el simple hecho de ejercerla lo tumbará el bolsillo de los vivos. Y eso lo saben hasta los mayas, con todo el respeto para la cultura indígena. El bipartidismo en España tras la llegada de Felipe González al Gobierno ha estado marcado en menor o mayor medida por una alternancia cíclica que siempre ha desbancado a los socialistas por su incompetencia para hacer frente a las crisis económicas. Así, ocurrió con la de 1993, que terminó desalojando a un Isidoro salpicado de corrupción hasta el mismísimo Laos, y con la de 2008 que tocó techo en 2010 con el mayor tijeretazo social de la historia reciente, obra de José Luis Rodríguez Zapatero.

Y ahora, con el terrible horizonte macroeconómico que arroja para España la epidemia del coronavirus, el destino no pinta menos negro para el Gobierno socialista de Sánchez. Las previsiones remitidas por Moncloa a Bruselas auguran un desplome del PIB del 9,2% en 2020 y un fuerte incremento del paro al 19%. Y eso, tirando por lo bajo. Todo indica que el Ejecutivo socialista terminará abocado al rescate total para afrontar la deuda, con la intervención europea de nuestra cuentas que evitó De Guindos. Los más optimistas del ala salmón de la Moncloa lo niegan. Sea como sea y haya finalmente rescate o no, resulta incontestable, pues así coincide la mayoría de expertos, que el Gobierno bipartito tendrá que realizar severos recortes al dispararse la deuda pública. Por no hablar del déficit. Y aquí está el momento clave de la legislatura. Eso será fundamentalmente en torno a 2021 porque el desastre de este ejercicio ya está descontado.

De momento, el Doctor Cum Fraude dice que quiere presentar sus Presupuestos el próximo otoño, mientras seguimos con los eternos cuadros del popular Montoro. Sin embargo, tales cuentas, si es que llega a presentarlas tras recabar apoyos suficientes, no valdrán por sí solas y requerirán de drásticos ajustes. En la manera en que el Gobierno sociopodemita administre esta delicada fase, irá su futuro. Pero los precedentes no son nada halagüeños. Máxime compartiendo Consejos de Ministros con el vicepresidente Pablenin y sus secuaces como amantes del derroche de gasto público y el sablazo fiscal a las clases medias. Si lo de Zapatero fue un tijeretazo histórico, rebajando por primera vez el sueldo de los funcionarios y congelando las pensiones, lo del dúo Sánchez-Iglesias apunta al hachazo del siglo. Jóvenes y mayores de la era post-covid, preparen la cartera.

El Gobierno peca de optimista: la recesión podría superar el 10% del PIB y el paro el 20%
M. Llamas Libertad Digital 2 Mayo 2020

El Ejecutivo prevé que el PIB caiga un 9,2% y el paro escale al 19% en 2020, pero los indicadores disponibles avanzan un escenario peor.

"Las estimaciones apuntan a un impacto poco significativo y transitorio". Esto es lo que decía la ministra de Economía, Nadia Calviño, a mediados de marzo, hace apenas un mes y medio. Este viernes, sin embargo, se ha tenido que desdecir, tal y como avanzó Libre Mercado.

Las nuevas previsiones económicas que acaba de remitir a Bruselas incluyen una caída del PIB del 9,2% y una tasa de paro del 19% en 2020 como consecuencia de la crisis del coronavirus. Se trata de la mayor recesión de la historia de España en tiempos de paz. Entre otras variables, contempla un descenso del consumo privado del 8,8% y un desplome de la inversión del 25,5% interanual, al tiempo que las exportaciones y las importaciones bajarán entre un 27% y un 31%, frente a un consumo público que, por el contrario, aumentará un 2,5% este año.

Pese a ello, el Gobierno confía en que se produzca una recuperación en forma "de V asimétrica", con un descenso muy pronunciado en la primera mitad del año y una recuperación más gradual en la segunda. Y, si bien la ministra reconoce que el grado de incertidumbre sigue siendo muy alto,considera que se trata de una estimación prudente, escorándose incluso hacia la banda más pesimista que baraja el Gobierno.

El problema es que la realidad de la economía española podría ser peor. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por ejemplo, avala como "razonable" las nuevas previsiones de Calviño, pero no descarta "escenarios más adversos" ante el riesgo de rebrotes que ralenticen la recuperación.

Todos los expertos coinciden en que resulta extremadamente difícil ofrecer una estimación certera sobre la profundidad que alcanzará la recesión en 2020, ya que está sujeta a multitud de variables, muchas de ellas sanitarias, imposibles de predecir, aunque, por el momento, la mayoría de analistas se inclinan por una caída que oscilaría entre el 8% y el 12,5% del PIB. Así pues, el cálculo oficial del Gobierno se situaría más bien en el lado optimista de la horquilla.

Pero, con independencia de unos u otros pronósticos, lo único cierto a día de hoy es que los indicadores disponibles avanzan un desplome superior al estimado inicialmente, empeorando, por tanto, los cálculos que acaba de publicar el Gobierno. Y la mayor prueba de ello es la contracción que registró el PIB en el primer trimestre.

La economía española cayó un 5,2% intertrimestral y un 4,1% interanual, debido, especialmente, al hundimiento del consumo de los hogares (-7,5%) y la inversión, mientras que, por el lado de la oferta, destaca el deterioro de la construcción, cuyo valor añadido bruto se reduce un 8,6%, y de los servicios (-4,1%), con fuerte incidencia en comercio, transporte y hostelería (-9,7%), así como en actividades artísticas y recreativas (-10,7%).

Se trata de algo inédito. Nunca antes se había registrado un hundimiento tan brusco en tan poco tiempo. No en vano, una caída del 5,2% trimestral arroja un descenso del 20% anualizado…

Y eso teniendo en cuenta que esta caída es fruto de los 15 días de confinamiento que tuvieron lugar en la segunda quincena de marzo tras la declaración del estado de alarma. Esto significa que, durante esas dos semanas, desapareció el 40% de la actividad económica. Es decir, se paró medio país, tal y como reflejan los siguientes gráficos.

Y si el PIB cayó a plomo con 15 días de confinamiento, el mes y medio de estricto cierre empresarial sufrido en abril y buena parte de mayo avanza una caída mucho mayor en el segundo trimestre, del orden del 15% trimestral (-60% anualizado).

Tomando como referencia estos datos y dando por hecho que el desconfinamiento será gradual, especialmente en Madrid y Cataluña, dos de las regiones más afectadas por la pandemia, la caída del 9,2% del PIB avanzada este viernes por el Ejecutivo corre el riesgo de quedarse corta.

No en vano, BBVA Research estimaba hace escasos días una recesión del 8% en el conjunto de 2020, con una tasa de paro del 20,5%, partiendo -y esta es la clave- de una caída de apenas el 3% en el primer trimestre, muy inferior, por tanto, a la reportada inicialmente por el Instituto Nacional de Estadística (-5,2%). Así pues, tras el descenso registrado hasta marzo, y siempre y cuando se mantenga esta tendencia agravada en el segundo trimestre, todo apunta a que el PIB caerá más de un 10% este año.

Y lo mismo sucede en materia de empleo. Partiendo de esa misma base, la tasa de paro se situaría por encima del 20%, sobre todo si se tiene en cuenta que España es el tercer país de la OCDE con mayor exposición laboral a los sectores productivos más afectados por las medidas de confinamiento. Las estimaciones elaboradas por el Gobierno son ya de por sí dramáticas, pero, según los datos disponibles hasta la fecha, todavía escasos y preliminares, el horizonte que se cierne sobre España será aún peor.

Cuanto peor, mejor para Sánchez
Fernando Díaz Villanueva. vozpopuli  2 Mayo 2020

En abril de 1999, sólo unos meses después de llegar al poder, Hugo Chávez introdujo una solicitud de ley habilitante ante el entonces Congreso de la República. Necesitaba poderes extraordinarios en materia económica y financiera y los diputados, aún en plena luna de miel con el joven militar que traía bajo el brazo un ambicioso programa de regeneración nacional, se los concedieron. Una vez expirado el plazo solicitó otro periodo especial, esta vez duró un año y provocó que se encendiesen las alarmas ante lo que muchos interpretaron como una deriva autoritaria de un Gobierno al que, curiosamente, no se le caía la palabra democracia de la boca.

Sin pacto posible
Vendrían más leyes habilitantes en 2007, 2010, 2013, 2014 y 2015. La constitución bolivariana del 99 lo contemplaba y el chavismo simplemente se limitó a aprovechar la ventaja que se había auto otorgado. Aquello formaba parte de la nueva normalidad venezolana, algo tan anormal que nunca imaginamos que pudiese implantarse en España. Nuestro sistema no es presidencialista, es parlamentario y eso significa que son las Cortes las encargadas no sólo de fiscalizar al Ejecutivo, sino también de elaborar y tramitar las leyes. Algo como lo de Venezuela no podía pasar porque la naturaleza del sistema lo impedía.

La crisis del coronavirus y, especialmente, lo tarde que reaccionó el Gobierno nos llevaron de cabeza a una figura conocida como estado de alarma, algo contemplado en la Constitución junto a los de sitio y excepción. El de alarma es el más suave de los tres. No implica suspensión de los derechos fundamentales y viene motivado por catástrofes naturales o epidemias. Encajaba, pues, como un guante, pero la realidad es que nuestro estado de alarma se parecía mucho desde el principio a un estado de excepción en todo lo relativo a la libertad de circulación y reunión.

Pero a mediados de marzo las circunstancias eran las que eran por lo que, mientras pasase rápido, la mayor parte de la población estaba dispuesta a soportarlo. El problema es que llevamos ya mes y medio de estado de alarma, el Gobierno hace y deshace a su antojo, el Congreso es un elemento puramente decorativo y libertades fundamentales como la de circulación permanecen cercenadas. En nuestra incorregible ingenuidad pensábamos que, tan pronto como diese comienzo el desconfinamiento, el estado de alarma quedaría suspendido y España volvería a ser un país normal. Pero no, Sánchez y sus socios le han tomado cariño a esto.

El desconfinamiento como tal arrancó el pasado domingo con el permiso para poder sacar de paseo a los niños menores de 14 años y continúa este fin de semana con el levantamiento de algunas -no muchas- limitaciones de circulación. en este momento debería darse por concluido el estado de alarma aún manteniendo ciertas restricciones. En Portugal, donde hace un mes decretaron el estado de emergencia, equivalente al nuestro de alarma, lo han suspendido en el mismo momento en el que han empezado a aflojar los criterios de cuarentena obligatoria. El país irá recuperando de manera progresiva la normalidad empezando por las instituciones.

Una anomalía española
Nada impide que aquí hagamos exactamente lo mismo. El Gobierno disfruta ahora de una serie de competencias y poderes extraordinarios que sólo se justifican en momentos muy excepcionales que a partir de esta semana habrán dejado de serlo. Hoy por hoy, y así hasta el próximo 22 de junio, Sánchez gobierna con poderes semiabsolutos mediante decretos de los que el Congreso se limita a darse por enterado pero que no puede tumbar. Una ley habilitante disfrazada de estado de alarma aplicado con criterios de estado de excepción. Esta es la anomalía española que no debería durar ni un minuto más allá de este fin de semana.

Cuestión aparte sería el desconfinamiento propiamente dicho, cuyos plazos son demasiado largos y sus criterios muy estrictos y arbitrarios. Un plan que el Gobierno no se ha dignado, no ya a consensuar, sino siquiera a informar a los tres partidos de la oposición, que obtuvieron más de 10 millones de votos en noviembre y que cuentan con 151 escaños en el Congreso, sólo 4 menos que el bipartito gobernante. Sánchez y su socio, en definitiva, han convertido la crisis sanitaria en un implacable rodillo parlamentario.

Sucede, además, que no todas las partes de España están afectadas del mismo modo. Las zonas rurales podrían desconfinarse a mucha más velocidad que las ciudades y, entre estas últimas, la epidemia no ha impactado del mismo modo enMadrid que en Santander o en Oviedo. El empleo de la provincia como unidad territorial básica para el desconfinamiento progresivo es otro patinazo. Las provincias en España son cualquier cosa menos uniformes. La más extensa, Badajoz, es diez veces y media más grande que Guipúzcoa, la más pequeña del país. La más poblada, Madrid, tiene 65 veces más población que la menos poblada, Soria. A esto habría que sumar las particularidades propias de cada una de las doce islas habitadas de los archipiélagos balear y canario, y de las dos ciudades autónomas del norte de África. Ahí van dos datos muy ilustrativos. Tenerife o Mallorca superan los 800.000 habitantes mientras que la Graciosa tiene sólo 720. Las ciudades de Ceuta y Melilla tienen mucha más población en 30 kilómetros cuadrados que toda la provincia de Teruel en casi 15.000 kilómetros cuadrados.

Sin rendir cuentas
Si bien para contener el desbordamiento de los primeros días podía estar justificado el mando único, no lo está en absoluto para el desconfinamiento, más aún cuando queda al albur del Gobierno cambiar los criterios o los plazos cuando lo crea oportuno en función de sus necesidades políticas. La prolongación del estado de alarma se lo permite, no tiene que rendir cuentas a nadie y puede modular las medidas a su antojo o al de sus socios de investidura, a los que necesita para seguir en la Moncloa. Todo está supeditado a eso, tiene que dejar el asunto bien atado antes de que se presente, como decía José Alejandro Vara en estas mismas páginas el pasado miércoles, el general invierno con una depresión económica, un 25% de desempleo y la consiguiente inestabilidad social.

Para entonces es posible que la covid-19 se haya esfumado para no volver o que tengamos otro brote que colapse nuevamente las urgencias hospitalarias. Eso, evidentemente, aún no lo sabemos, lo que si tenemos claro ya es que el Gobierno ejerce de oposición y se ha abonado al cuanto peor, mejor.

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Esto no es China, Sánchez
Carlos Dávila okdiario 2 Mayo 2020

Decretazos, mentiras, leninismo y censura. Salvo en lo del leninismo, que los chinos practican en modo ‘light’, la gobernación del dúo Sánchez-Iglesias imita impecablemente a la del Partido Comunista de Xi Jinping, que va a ser reelegido en unos días como mandamás de un país con 1.400 millones de habitantes. El dúo en cuestión quisiera, sobre todo desde su ala más bolchevique, pastorear al personal en España como lo hace su colega (sí, ese que se ha hinchado a vendernos material ajado) y no tener, por ejemplo, que explicar, en horas, los terroríficos datos del paro de marzo.

La pregunta es ésta: ¿comparecerá Sánchez este fin de semana en la enésima y soporífera alocución televisiva a contarnos a todos (¡y a todas, por favor!) cuántos compatriotas se han quedado sin trabajo? ¿O quizá aplazará los datos hasta el lunes para que no le estropeen su insoportable perorata? A lo mejor, se fuma la tragedia del desempleo y se dedica a felicitarnos a los adultos porque ya hemos podido salir un poquito a la calle. Este modelo -me recuerda un médico facundo- se parece al de los sanatorios antituberculosos de antaño que dejaban a los enfermos tomar el aire por las tardes, pero, eso sí, ataviados con batas blancas para no ser confundidos con las gentes sin cavernas. A los mayores de edad ya no nos falta otra cosa que marcar el paso, vigilados, naturalmente, por guardias de asalto (por los que tanto suspira Iglesias) que nos enmendarán severamente sin perdemos la fila.

Seriamente: esta semana venidera, el Gobierno de este individuo llevará al Congreso su quinta prórroga del estado de excepción vigente, llamado generosamente todavía «de alarma». Sábado y domingo, otro dúo malquisto en La Moncloa, la pareja formada por el gurucillo Redondo y el ex general caribeño Rodríguez, se van a ocupar de constituir un grupo de votantes a favor del engendro, la alarma permanente, promovido por sus dos jefes. Sánchez e Iglesias nos quieren tener internados en nuestros zulos hasta que aquí no se muera nadie, ni de coranavirus, ni del cáncer más asesino, así nos controlan con artilugios geoestrátégicos y si nos desmandamos medio centímetro más allá de nuestros portales, atizarnos una multa como la de Rajoy.

Consultado el Partido Popular sobre si va a sobreabundar su apoyo a Sánchez o restarle el voto, se transmite una cierta dubitación: los más acreditados dirigentes le dicen a Casado que le arree un trompazo a un presidente que, encima de llevar aprovechándose de su benéfica comprensión un par de meses, se permite la licencia de escupir a la mano que le da de comer. Esto es así, pero a Casado le asaltará un nuevo ataque de responsabilidad y, «por las víctimas», me dicen, ayudará de nuevo. Otra cosa es lo que hagan por ejemplo los peneuvistas, cuyo medio de comunicación, ‘DEIA’, viene anunciando que ya se han cansado y que no le proporcionarán a su mantenido más prórrogas. Lo mismo anuncia el independentista rabioso Rufián, al que, por lo demás, conviene no hacer el menor un caso porque es especialista en venderse por un plato de lentejas. Sánchez puede quedarse solo con los leninistas, le daría igual; otro en su lugar, con dignidad, se volvería su casa de donde nunca debió salir.

Los leninistas de Iglesias están sirviéndose y aprovechándose de este largo tiempo de democracia suspendida, para ir colando, partido a partido, sus especies envenenadas. En unos días y otra vez con el timbre de alarma sonando en nuestras orejas, la conjunción del Frente Popular alumbrará su proyecto-estrella de la renta que el comunista denomina «social», pero que es simplemente un ‘Per’ (el Plan de Empleo Rural de Andalucía) que va a convertir España en un abrevadero de subvencionados. Y a la par, el dúo se dispone a ahogar fiscalmente a los españoles con una pléyade de impuestos al alza: sucesiones, sociedades, IRPF, tasa vengativa a los supuestos ricos y hasta -esto es lo último- un posible gravamen a nuestros escuálidos depósitos bancarios. Eso sí, tal acumulación de tasas abusivas será expandida por el conglomerado mediático del Frente Popular como un trozo más del escudo social con que nos está protegiendo el Gobierno, un imprescindible reparto de responsabilidades económicas para que paguen más los que más tienen, que, por cierto, a este paso no van a quedar. Todo para que se fastidie la derecha liberal porque, como dice el simpar Echenique: «Estos son tiempos para que la derecha nos devuelva lo que nos ha quitado».

Mentiras a go gó dichas en momentos en que las gentes se nos mueren a chorros por la inepcia de una Administración sectaria cuyo modelo no es el que se lleva por Europa, en países que sufren la mitad de nuestros muertos. La falsilla es la que se usa por la Iberoamérica más pobre, y, en muchas apreciaciones, la que rige en la nación pantagruélica que gobierna Xin Jinping. Pero esto no es China, aunque el furioso converso, Baltasar Garzón, crea que sí, que lo conveniente es perseguir fascistas, porque el coronavirus es únicamente un bichito simpático que en cuando lleguen los calores sostenidos se irá con el aguijón a otros lares. España no es China, Sánchez. España es cosa seria, como dejó escrito Madariaga que fue para esta tropa de la ultraizquierda un liberal candidato al paredón. «Una Nación -advirtió- es un carácter y a España le sobra el carácter». Sánchez lo comprobará más pronto que tarde.

El Estado y no el Gobierno
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 2 Mayo 2020

La clave del desbarajuste actual consiste en que es ni más ni menos el Gobierno el que embiste contra los pilares del Estado.

Recuerdo que, en los buenos tiempos en que estaba al frente del Partido Popular de Cataluña, Alejo (entonces Aleix) Vidal-Quadras sostuvo con su habitual desinhibición que cuando circulaba por esta región (que colonizaban el nada honorable Jordi Pujol y su corte de los milagros, agrego yo) y veía una pareja de la Guardia Civil, respiraba tranquilo porque se convencía de que seguía estando en España. Hice mía aquella convicción y no me canso de repetirla cada vez que se presenta la oportunidad, citando siempre al autor como hago ahora. Con un añadido: respiro tranquilo cuando circulo por esta Cataluña aborregada y veo una pareja de la Guardia Civil, o un uniforme o un vehículo del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Policía Nacional, porque compruebo que sigo estando en España, amparado por su Constitución y sus leyes.

La mano del contubernio
Estas ideas me vinieron a la cabeza cuando se montó un revuelo porque el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, dio a entender que, como después lo confirmó una circular de dicho Estado Mayor, todas las comandancias debían identificar las campañas de desinformación y bulos "susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno". ¿La Guardia Civil, que los devotos del sistema constitucional juzgamos una garante insobornable de la ley y el orden, convertida en maquilladora de las taras del contubernio sanchista-comunista y en azote de sus críticos? ¡Imposible! Detrás de la tentativa de adulterar las funciones de la Benemérita se ocultaba, precisamente, la mano de ese contubernio.

Sin embargo, bastaría que en la orden arriba citada se cambiara una sola palabra para poner las cosas en su sitio. Leámosla corregida: todas las comandancias debían identificar las campañas de desinformación y bulos susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Estado. Repito: del Estado. Son las instituciones del Estado las que están amenazadas y no las del Gobierno. Y en ello reside el verdadero peligro que la Guardia Civil debe desenmascarar y contrarrestar.

Pruebas al canto
Peor aun. La clave del desbarajuste actual consiste en que es ni más ni menos el Gobierno el que embiste contra los pilares del Estado. Pruebas al canto. Pablo Iglesias, fiel a una ideología necrófila que se inauguró con las masacres de Rusia y China y que da sus últimos coletazos en el Tercer Mundo, se conjura desde la vicepresidencia segunda del Gobierno contra las instituciones del Estado encarnadas en la Monarquía parlamentaria, estimula la fragmentación del Estado en un mosaico de repúblikas étnicas, socava las defensas del Estado desde el interior de los servicios de inteligencia donde lo ha infiltrado su socio felón, y siembra las semillas de la lucha de clases, de sexos y de generaciones dentro del Estado. Su última andanada contra las instituciones del Estado la ha disparado con el Poder Judicial en la mira.

El trabajo encomendado a la Guardia Civil en la orden del Estado Mayor de la Guardia Civil, corregida y aumentada para investigar y combatir los bulos, la desinformación y las actividades contra las instituciones del Estado –y no del Gobierno, responsable de muchos de estos desafueros– será titánico. Porque al entramado totalitario sanchista-comunista lo acompaña un conglomerado de fuerzas que se han alzado contra España, dentro de sus fronteras, para amputarle esta porción de su territorio llamada Cataluña.
Falacias sin límites

Los enemigos interiores de España son campeones en las malas artes de montar "campañas de desinformación y bulos susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Estado". Es lo que viene haciendo la Generalitat de Cataluña desde 1980 a través del sistema de enseñanza, la televisión y la radio públicas o sobornadas, los plumillas sectarios y las redes sociales propagadoras de odio fratricida.

Las falacias de los caciques ensoberbecidos no conocen límites. Ahí están el president putativo Quim Torra y la portavoz Meritxell Budó fabulando que en una ficticia Cataluña independiente habría habido menos víctimas del coronavirus… cuando los miles de ancianos muertos por desidia en las residencias que debía supervisar la Generalitat pesa como una lápida sobre esos dos timadores y su entorno sedicioso.

Y Pere Aragonès, vicepresidente del Govern y esperanza blanca de los embaucadores de ERC, alardea (LV, 26/4):

Los independentistas catalanes no renunciamos a la independencia de Catalunya para acordar medidas de reconstrucción. (…) Ahora tenemos mejores razones para poder decidir como un Estado. (…) La centralidad política de Catalunya pasa por el independentismo y la defensa de la autodeterminación. Eso no cambiará.

Presas tentadoras
Los enemigos del Estado contra cuyas agresiones debemos precavernos pueden estar incrustados en el Gobierno, como hemos visto, con la intención explícita de sustituir la Monarquía parlamentaria por una dictadura comunista, o pueden aprovechar esta subversión para desmembrar España y convertir una franja de su territorio en un bantustán étnico. Pero hay que ser muy ingenuo o muy corrupto para no reconocer que son muchos los buitres que miran con codicia estas presas tentadoras administradas por rufianes de tres al cuarto. Un ejemplo (LV, 27/4):

España detecta 200 acciones de desinformación bajo la alarma – El origen de la mayoría de los bulos se encuentra en servidores rusos.

Enric Juliana rescata (LV, 22/4) una reflexión muy apropiada para el día de hoy, que formuló la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, cuando se celebró la Pascua Militar del 2018:

La lucha contra la desinformación es el nuevo campo de batalla. La proliferación de desinformación y noticias falsas distribuidas de forma masiva buscan manipular la percepción del ciudadano para orientarla a favor de intereses de terceros, divergentes de los nuestros. No debemos llamarnos a engaño: esas injerencias externas solo pretenden desestabilizar los países y llevarlos al clima más propicio a intereses geopolíticos y geoestratégicos que no son los propios de las naciones afectadas. Este será uno de los retos más importantes que tendremos que abordar.

Nada que ocultar
El reto lo están abordando la Guardia Civil y los organismos de ciberseguridad con que cuenta el Estado para defenderse de los ataques que le asestan sus enemigos internos y externos. Nada que deban ocultar nuestros protectores o de lo que deban disculparse.

Y, volviendo al comienzo, cuando nos crucemos con una pareja de guardias civiles en Cataluña, la Comunidad Vasca y Navarra, respiraremos tranquilos: estamos en España.

Los 360 chiringuitos de la Generalitat siguen intocables por duras que sean las crisis
El monumental entramado de empresas, consorcios y fundaciones es inmune a los recortes incluso en los nuevos presupuestos catalanes de 2020, desfasados ante la crisis del coronavirus
María Jesús Cañizares cronicaglobal 2 Mayo 2020

Cataluña es la comunidad autónoma española con más “chiringuitos” dependientes de la Administración. Un laberinto de empresas, consorcios y fundaciones cuyo inventario arroja cifras dispares, pero lo que permanece prácticamente inmutable es su presupuesto y su plantilla. Una estructura faraónica blindada ante los recortes derivados de la crisis económica del 2008 y que sigue intacta en los nuevos presupuestos de la Generalitat de 2020.

Dicho de otra manera, los sucesivos gobiernos catalanes han perdido la oportunidad de simplificar y, por tanto, recortar el gasto en un monumental entramado, mientras otras partidas sociales no han revertido el tijeretazo de Artur Mas. Un factor que añade desfase a unas cuentas que no pueden hacer frente a las consecuencias económicas y sociales del coronavirus.

Reasignación de partidas presupuestarias
La racionalización de esos entes satélites --sus competencias podrían ser gestionadas por los propios departamentos de la Generalitat--, un excelente sistema de colocación de altos cargos y personal de confianza del gobierno de turno, es precisamente una de las vías apuntadas por el PSC y Ciudadanos para reasignar partidas. Entre los ejemplos citados figuran los 240 millones que se llevan las empresas que gestionan TV3 o los 530 millones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), el cerebro digital de la Generalitat.

Muchas de esas empresas carecen de viabilidad, por lo que los gobiernos autonómicos han optado por integrarlas dentro de su estructura --una veintena en el caso catalán, según datos del Banco de España--, lo que ha contribudo a aumentar la deuda, cifrada en 80.000 millones.

Empresas satélite
A juzgar por el inventario realizado por el Gobierno y por la propia Generalitat, resulta difícil determinar el número exacto de empresas satélite. El Ministerio de Hacienda hace informes periódicos sobre el impacto del sector público autonómico en la actividad económico-financiera de las comunidades. El último sitúa a Cataluña como la autonomía con más entes vinculados a la Generalitat, un total de 363, seguida de Andalucía, con 276; País Vasco, con 154; Comunidad de Madrid, con 145; y Comunidad Valenciana, con 129. La cifra catalana es muy similar a la de 2003, cuando se contabilizaron 366 empresas, siendo 2015 --bajo el mandato de Artur Mas y en pleno recortes de gasto-- el año en que se registró el pico más alto, con 421.

Por tipología, destacan 116 consorcios dependientes de la Generalitat, 97 fundaciones, 61 sociedades mercantiles, 51 entes públicos, entre otros. Cataluña se sitúa entre las principales comunidades donde la naturaleza jurídica privada de esas empresas es mayor, casi un 50%, con un tercer puesto por debajo de Murcia y las Islas Baleares.

Las estadísticas del Govern
El Govern tiene sus propias estadísticas, aunque son dispares. Según el informe elaborado sobre los nuevos presupuestos de 2020, el número total de entidades asciende a 205 --incluye entidades autónomas administrativas y CatSalut, entidades comerciales y financieras, de derecho público, mercantiles, así como consorcios y fundaciones--, una cifra inferior a los 254 de 2012, pero prácticamente inalterable desde 2014, con 209, lo que demuestra el anquilosamiento de esa colosal estructura.

La Generalitat también analiza el presupuesto y el personal asignado a ese sector público institucional. Así, a fecha 31 de enero de 2020, la Oficina de Asesoramiento y Supervisión Continua del Sector Público Institucional del Govern había contabilizado 193 entidades y 13 departamentos. Esos entes (consorcios, entidades autónomas, fundaciones, sociedades mercantiles…) suponían un gasto de 21.172 millones, prácticamente la misma cifra que 2014, con 21.557 millones, aunque inferior a las de 2010, con 28.231 millones.

Los costes de personal ascienden a 4.339 millones, cifra superior a los 3.952 millones de 2014. La plantilla, fijada en 96.778 --el total de empleados públicos de la Generalitat asciende a 174.000--, es superior a la de 2014, que era de 93.035 trabajadores

 


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