AGLI Recortes de Prensa   Viernes 8  Mayo  2020

Este Gobierno es un peligro público
OKDIARIO  8 Mayo 2020

El galimatías de la «desescalada» podía aclararse bastante si, en lugar de hacerlo a ciegas, se realizaran test masivos entre la población para rastrear los posibles focos de contagio. Y, sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha excluido de la realización de test a los asintomáticos, pues las pruebas se concentrarán expresamente en los test PCR en las personas que presenten síntomas. Un disparate, pues eso supone dejar fuera a una buena parte de la población. Es como si a la hora de hacer una encuesta se dejara fuera a determinados segmentos de la sociedad.

En el documento del Ministerio de Sanidad fechado el pasado 6 de mayo y en el apartado denominado “Detección de casos de infección activa por Sars-Cov-2″ se señala que “el objetivo de la vigilancia en la etapa de transición es la detección precoz de cualquier caso que pueda tener infección activa y que, por tanto, pueda transmitir la enfermedad”. Y a continuación se asegura que “se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico”.

O sea, que los asintomáticos, que pueden superar la mitad de los casos totales, quedan fuera del control y seguimiento. Es una aberración científica que tendrá consecuencias, porque el «rastreo» estará limitado y la fotografía real del estado de la población saldrá velada, impidiendo así que las medidas que se vayan adoptando en las distintas fases de «desescalada» respondan al auténtico estado de la realidad.

El Gobierno justifica su postura asegurando que “según la evidencia actual, la OMS recomienda el uso de test rápidos para determinadas situaciones, estudios y con fines de investigación. En general, estos no deben usarse para el diagnóstico ni para la toma de decisiones clínicas, hasta que esté disponible la evidencia que respalde su uso para estas indicaciones”.

La incompetencia del Ejecutivo socialcomunista no tiene límites. «Desescalar» en estas condiciones es un peligro mortal.

El accidente Simón
EDITORIAL LD  8 Mayo 2020

Que Fernando Simón no ha estado a la altura de las circunstancias en la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus es algo que los hechos han demostrado con una contundencia formidable.

Habría sido maravilloso que todo se hubiera desarrollado como Simón predijo con sobrada calma. Es decir, que apenas hubiera habido contagios y que el sistema sanitario no se hubiera resentido en lo más mínimo ante esta suerte de nueva gripe que no precisaba de mayores medidas de prevención. Pero no: la realidad, la pavorosa realidad es que el covid-19 ha segado la vida de decenas de miles de españoles, colapsado los hospitales y arrasado con la economía nacional.

Simón no supo o no quiso darse cuenta de la gravedad de lo que se nos venía encima, no alertó a las autoridades pertinentes o no se hizo valer y, de hecho, se convirtió en la coartada científica para el Gobierno del 8-M, tremendamente responsable de que hayamos sido uno de los países más azotados por la pandemia.

Tanto si de verdad no se enteraba de nada como si, aun peor, se dejaba utilizar por el Gobierno Potemkin de la incesante propaganda, la responsabilidad de Simón por lo clamorosamente mal que se actuó en las primeras fases de la pandemia es insoslayable, y debió haberle costado el puesto hace ya mucho, llevado a dimitir luego de pedir perdón públicamente.

Lo perturbador es que su gestión posterior ha sido igual de patética y peligrosa, con sus cambios injustificados de criterio, la ocultación sistemática de datos, las contradicciones, las mentiras… Para colmo, a todo lo anterior hay que sumarle una actitud entre atolondrada y soberbia que le lleva a protagonizar anécdotas grotescas que revelan una intolerable falta de respeto hacia una ciudadanía a la que parece tomar por idiota. Así, este jueves ha tenido el cuajo de decir que las dramáticas cifras de fallecimientos que desvelan los informes de excesos de mortalidad se pueden atribuir a varias causas, como "un accidente de tráfico enorme".

Como en cada ocasión en que ha tenido la oportunidad de dar información de calidad a los españoles, Simón ha preferido este jueves ocultar la verdad y hacerlo además con comentarios fuerísima de lugar en un país donde ni siquiera se sabe cuánta gente ha muerto por el covid-19. Y no se sabe en gran medida por culpa de un Simón que maldita la gracia que tiene.

Para accidente, pues, este Simón impresentable que sirve lacayunamente al Gobierno más incompetente. Maldita la gracia que tienen.

Hasta los expertos del Gobierno desconfían: vamos al precipicio
OKDIARIO  8 Mayo 2020

Si los propios asesores del Gobierno que forman parte del comité multidisciplinar encargado de aconsejar sobre el desconfinamiento -eso de la «desescalada» es un palabro que atenta contra el diccionario de la RAE- sugieren que España se dirige hacia el precipicio con las fases marcadas por el Ejecutivo, es para echarse a temblar.

Miguel Otero Iglesias es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor en el Instituto de Empresa, un reputado economista cuya opinión no es baladí. En su perfil de Twitter Otero ha compartido una viñeta que no admite muchas dudas. El desconfinamiento del Gobierno conduce al abismo. La viñeta que comparte el experto del Gobierno Sánchez indica que para la desescalada ideal hace falta «equipación adecuada y tests al 100% de sanitarios, disponibilidad absoluta de PCR y serología, datos de transmisión comunitaria, criterios de evolución de etapas, refuerzo de primaria y urgencias, planes para población de riesgo, campaña de educación sanitaria masiva, apps de monitorización y disponibilidad de mascarillas FFP2 y 3».

De todo lo que este especialista que asesora al Ejecutivo considera como esencial para tener una desescalada perfecta, el Ministerio de Sanidad no cumple prácticamente nada. A día de hoy los sanitarios no cuentan ni con los equipos de protección individual necesarios ni se les han hecho tests masivos. Más de 45.000 se han contagiado. Los servicios de atención primaria encargados de rastrear a las personas en riesgo no han recibido refuerzos, lo que hace inviable la medida del Ejecutivo. La sensación es que todo está cogido por los pelos y que el Gobierno ha diseñado un plan para alcanzar la «nueva normalidad»sin datos que avalen el proceso. O sea, que vamos a ciegas.

La viñeta del experto Miguel Otero es suficientemente gráfica. Lo dice todo. Y lo que dice es que el plan del Ejecutivo socialcomunista es un ejercicio de alto riesgo. Llevamos dos meses comprobando la incompetencia del Gobierno en la gestión del coronavirus y ahora se nos pide que confiemos en un plan que presenta multitud de interrogantes y carece de estudios e informes que avalen su procedencia en estos momentos. Ojalá que el profesor Otero se equivoque, pero su análisis parece bastante certero.

El barullo del BOE retrata al Gobierno
Editorial larazon  8 Mayo 2020

Detrás de las quejas de los funcionarios que trabajan en Boletín Oficial del Estado, cuyos derechos laborales, por otra parte, están constreñidos por un deber de confidencialidad de interpretación de parte que favorece la falta de transparencia y de crítica pública, no es difícil advertir un rasgo común en toda la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez, como es la improvisación. Esa es la impresión, al menos, que cualquier ciudadano extraería de las denuncias de unos trabajadores, obligados a trabajar en turnos nocturnos, incluso los domingos, para dar salida a la ingente labor legislativa emprendida desde un Ejecutivo hipertrofiado, con docenas de decretos leyes y órdenes ministeriales redactadas a toda prisa, plagadas de faltas de ortografía y de sintaxis y, casi siempre, bajo el sello de la urgencia más absoluta, puesto que la fecha de publicación determina la entrada en vigor de las nuevas normas y disposiciones, algunas presentadas a los correctores del BOE con menos de 45 minutos de margen.

Nos hallamos, pues, ante un caso insólito de legislación reactiva, que no puede justificarse sólo en lo extraordinario de la situación, aceptable exclusivamente para los primeros días, cuando la extensión de la infección parecía imparable, y que explica la confusión que viven muchos sectores empresariales, incapaces de interpretar el vaivén de nuevas disposiciones, adendas y correcciones. Ciertamente, entre el barullo de la normativa, los anuncios de medidas hechas a bombo y platillo por la pléyade de ministros y subsecretarios que pueblan este Gobierno que parece estar siempre en expansión y los «globos sonda» con los que se pretende calibrar el ambiente social, no es de extrañar que cada vez haya más empresarios y autónomos que, sin saber a qué atenerse, decidan no abrir sus negocios o retomar la actividad. El principio jurisprudencial de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento opera, aquí, en su exacto sentido y puede llevar a la ruina, porque en España la entidad de las multas y sanciones son un despropósito, a cualquier negocio, en especial los que trabajan de cara al público. Por no entrar, como también denuncian los funcionarios, en los «boes fakes» que circulan por las redes y que contribuyen a aumentar la confusión general. O, lo que es muy significativo, que decisiones gubernamentales de calado, como el cambio de régimen de clases pasivas, que se ha trasladado a la Seguridad Social y afecta a miles de empleados públicos, pasen inadvertidas en medio del tráfago legislativo.

En realidad, como señalábamos al principio, la enorme carga de trabajo que ha caído sobre los funcionarios del BOE, que, dicho sea de paso, dependen de la vicepresidenta Carmen Calvo y ni siquiera saben si van a poder cobrar las horas extras o los festivos, nos sitúa, lamentablemente, en el peor de los escenarios de esta crisis. No es sólo la descoordinación vivida a la hora de certificar empresas de suministros médicos, ni las continuas rectificaciones sobre permisos de trabajo y sectores considerados esenciales, sino que plantea serias dudas sobre la eficacia de unas medidas que deben paliar la gravedad de las situación económica, elaboradas con más prisas que urgencias y cuyos efectos a medio plazo es imposible calibrar. Más valdría que nuestros gobernantes, muchos de ellos sin experiencia previa en la gestión pública, mantuvieran la calma y se prestaran a un examen concienzudo, respaldado por funcionarios expertos, antes de lanzarse a esta vorágine legislativa de cortos vuelos, que amenaza, incluso, con colapsar servicios esenciales de la Administración. Si España pretende salir con bien de la crisis será desde la reflexión, no llenando a mansalva las páginas del Boletín Oficial del Estado.



******************* Sección "bilingüe" ***********************


 


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