AGLI Recortes de Prensa   Viernes 15  Mayo  2020

El dato que ocultaba Sanidad: los contagios se dispararon un 2.064% en Madrid tras el 8-M
Así consta en el registro de "agregados notificados por las comunidades" que el Ejecutivo acaba de hacer público
Segundo Sanz okdiario 15  Mayo 2020

El Ministerio de Sanidad ha subido a la página web del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) un registro de datos de contagios «agregados notificados por las comunidades autónomas» que hasta ahora se desconocían. Así, el departamento de Salvador Illa ha revelado que el número de casos confirmados por las regiones, tal y como ha publicado OKDIARIO, ascendió a 995 en Madrid el pasado 8-M, día de centenares de manifestaciones feministas en toda España. Pero, ¿qué consecuencias tuvo aquella jornada? El mismo registro que Sanidad ha hecho ahora público indica que el 23 de marzo los contagios en Madrid se dispararon a 21.531, un aumento del 2.064% con respecto al 8 de marzo.

El día 23 de marzo es la fecha que refleja la situación real de los contagios en torno al 8-M, según los cálculos realizados por el propio portavoz técnico del Ministerio de Sanidad y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. «Lo que vemos actualmente podría estar reflejando una situación de hace 7-10 días en cuanto a aparición de síntomas», declaró Simón el martes 24 de marzo en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.

Las personas que se contagiaron el 8-M, día de las marchas multitudinarias permitidas por el Gobierno de Pedro Sánchez pese a la alerta de la UE, incubaron el virus durante cinco días (según el periodo medio detectado por los expertos), de forma que experimentaron síntomas evidentes como muy tarde el viernes 13 de marzo.

A partir de esta fecha, el desfase de 7-10 días conduce al periodo que va del 20 al 23 de marzo como reflejo real de la expansión del coronavirus. Aquel 20 de marzo, según los datos que dio entonces del Ministerio de Sanidad se computaron un total de 8.921 contagiados, llegando el día 23, en la horquilla máxima, a 12.352 (1.535 fallecidos). Sin embargo, el departamento de Illa ha actualizado ahora los registros con los «agregados notificados por las comunidades autónomas» y ha cifrado los contagios confirmados en 15.686 el 20 de marzo y en 21.531 casos el 23 de marzo.

41 marchas en Madrid
OKDIARIO publicó el pasado lunes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de las distintas Delegaciones del Gobierno, permitió el pasado 8 de marzo la celebración de 480 manifestaciones en toda España (sin contar Cataluña) que reunieron a más de 600.000 personas. Y ello, pese a que para entonces el coronavirus ya se encontraba propagado por el país y especialmente desbocado en la Comunidad de Madrid, donde hubo 41 manifestaciones feministas que reunieron a 136.430 personas, de las cuales 120.000 en la convocatoria principal. Así lo recoge una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a instancia de un grupo de diputados del PP.

La orden de Moncloa a la Policía contra las protestas: «Inundar con antidisturbios las calles»
Carlos Cuesta okdiario 15  Mayo 2020

Los agentes de Policía no están por la labor de ir más allá de sus deberes legales y constitucionales. Y ello, pese a que Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska no dejan de presionar a sus mandos para que intimiden a la gente que, cada vez en mayor medida, participa en las caceroladas, desde los balcones o a pie de calle. Por ello, la última orden del Gobierno a los agentes ha decidido usar su presencia, más que la actitud de los policías, que no es connivente con los fines censores del Ejecutivo socialcomunista.

La orden se basa precisamente en eso, en llenar las calles y zonas de las principales protestas: «Incrementar la presencia policial en las calles para que no acuda gente».

La última de las protestas en la madrileña calle de Núñez de Balboa ha dejado claro que los policías son respetuosos, no sólo de sus obligaciones de control del orden público en un estado de alarma, sino también de los derechos fundamentales de los ciudadanos: entre ellos, los de libertad de expresión y manifestación.

Por ello, el Gobierno, pese a llevar semanas buscando una complicidad política en la Policía, ha tenido que optar por una orden injustificable desde el punto de vista político, pero que no necesitará de acciones policiales difícilmente defendibles y que son los propios agentes los que no las aceptan: la de llenar las calles de agentes con un único fin intimidatorio.

De este modo, la orden de Moncloa pasa por un envío totalmente exagerado de efectivos antidisturbios (UIP) de la Policía Nacional a calles plenamente pacíficas que únicamente se han caracterizado por realizar protestas tranquilas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Una presencia que busca impedir que se congregue gente. Pero que no podrá pasar de ahí.

De hecho, los propios mandos de las UIP han empezado a incluir en sus órdenes personales a los agentes explicaciones como que «bajo ningún concepto se subirá a los domicilios». Una indicación que surge justo cuando se acaba de generar una enorme polémica por la entrada en un domicilio de unos jóvenes en Palma de Mallorca.

Dotaciones
El Ministerio del Interior, pese a esta híper dotación de efectivos, difícilmente justificable, sigue asegurando que no ha dado órdenes excepcionales para el control de las caceroladas y, en especial, de las concentraciones en la madrileña calle Núñez de Balboa. Pero las órdenes que se han cursado son contundentes y exigen un refuerzo excepcional de las zonas que están protagonizando las protestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este pasado jueves, de hecho, OKDIARIO desvelaba las órdenes de actuación frente a la cacerolada de esa noche. Y consistían en «ocupar» la «calle Núñez de Balboa» con cerca de 100 efectivos de la UIP; la «calle Conde de Triviño» con cerca de 12 agentes UPR; la «avda. de los Madroños» con otros 12 UPR; y la «avda. Ventisquero de la Condesa, junto a gasolinera» con un refuerzo similar de UPR.

Pero los mandos policiales directos dejaron claro que el objetivo era el «cumplimiento del Real Decreto del Estado de Alarma. Paseos SÍ, PRÁCTICA DEPORTIVA SÍ, pero CONCENTRACIONES NO». Todo ello con «mucha pedagogía y convicción. Fomentar el uso de la megafonía».

Moncloa quiere que este dispositivo se mantenga «en principio, desde esta misma tarde, hasta el domingo 17 de mayo».

Presencia extra en las calles
Y es que el Plan de Desescalada Covid-19, remitido internamente a la Policía por la Dirección General del Cuerpo y el Ministerio del Interior -que ya ha publicado OKDIARIO-, recogía una doble orden expresa: de presencia extra de dotación policial, y de una actitud especialmente activa de los policías en las calles en las horas destinadas a hacer deporte. Justo las que coinciden con las caceroladas contra el Gobierno que se celebran a las 21:00 horas de cada noche.

La orden exige ese refuerzo extra. Y a todos los agentes se les ha comunicado igualmente la prohibición expresa de manifestaciones en las calles. Ambas instrucciones unidas implican que esos grupos reforzados de agentes no tienen más remedio que actuar frente a cualquier indicio de un posible foco de manifestación. Justo lo que busca Sánchez para disuadir de las protestas en las calles.

Ejemplar respuesta ciudadana a la prepotencia de Sánchez
OKDIARIO 15  Mayo 2020

La impresionante presencia policial en el madrileño barrio de Salamanca no consiguió acallar las voces críticas contra el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Las personas que se concentran cada día en Núñez de Balboa no son ciudadanos incívicos, sino gente harta de la incompetente gestión de un Ejecutivo que pretende estigmatizarles con la etiqueta de pudientes insolidarios con banderas de España. Ese cliché revela hasta qué punto el Gobierno pretende doblegar con falsedades el derecho a expresarse de ciudadanos que no son un peligro público y que manifiestan su indignación con un civismo que para sí quisieran los independentistas que toman las calles y se enfrentan violentamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los socios separatistas del Gobierno socialcomunista son quienes amparan las violentas algaradas de quienes pretenden romper el marco constitucional. La gente que se manifiesta en Madrid en contra de Pedro Sánchez son españoles concernidos con el Estado de Derecho y la unidad nacional. Que el Gobierno no se equivoque: las protestas de Núñez de Balboa son la expresión primeriza de una indignación creciente que se irá extendiendo por el resto de España a medida que el Ejecutivo socialcomunista siga dando muestras de desprecio a la libertad.

Si el Gobierno piensa que las protestas responden exclusivamente a motivos ideológicos -lo que sería perfectamente legítimo, en cualquier caso- es que no entiende nada. A estas alturas son millones de españoles los que están hartos de la incompetencia y tics totalitarios de un Gobierno que se ha parapetado tras el estado de alarma para cercenar derechos fundamentales.

Mucho mando y poco único
Editorial ABC 15  Mayo 2020

El resultado de la reunión que ayer mantuvo la ministra de Educación, Isabel Celaá, con los consejeros autonómicos, evidenció las dudas sobre el «mando único» que ejerce el Gobierno en la gestión de la pandemia del Covid-19. Al final, la conclusión fue que cada Comunidad Autónoma decida cuándo quiere reiniciar la educación infantil. Para este viaje no hacen falta las alforjas del estado de alarma, ni para otros similares en los que el Gobierno anuncia una cosa, incluso la publica en el BOE, y luego la deja sin efecto. O la enfrenta a las recomendaciones de la Unión Europea. En el caso de los niños de 0 a 6 años, el Ejecutivo quería que, ya en la Fase 2 de la «desescalada», volvieran a las aulas a finales de mayo, especialmente en los casos en que los padres tuvieran que reincorporarse a sus puestos de trabajo. La mayoría de los gobiernos autonómicos se negaron a secundar esta medida, por las incertidumbres que existen sobre la seguridad en los centros educativos. Tampoco despeja los temores el incremento de contagios entre niños desde que se autorizó su salida temporal acompañados por sus padres.

Más allá de la diferencia de criterio entre gobiernos, el dato relevante es que se produce en una situación de alarma que ha concentrado en el Ejecutivo de Pedro Sánchez poderes extraordinarios que no están siendo utilizados eficazmente para la reapertura de la vida social y económica. Sí para mandar mucho. La asignación del «mando único» al Gobierno y su delegación en cuatro de sus ministros se justificó para que cada Comunidad Autónoma no hiciera lo que quisiera. Llega el envite de la educación infantil y cada gobierno autonómico hará exactamente eso, lo que quiera, y la ministra de Educación se conformará con una comisión de seguimiento, que es lo que se suele acordar cuando no se acuerda nada eficaz. Y a esto lo llaman «mando único».

España, dos meses alarmada
Editorial ABC 15  Mayo 2020

El estado de alarma carece ya de sentido y va siendo hora de devolver a los ciudadanos los derechos a los que responsablemente han renunciado para combatir la pandemia

España ya ha cumplido dos meses bajo un decreto extraordinario de alarma que si bien ha sido tardíamente útil para mitigar la pandemia, también está siendo utilizado como coartada para imponer prácticas gubernativas de dudosa constitucionalidad. Sesenta días después, el Gobierno pretende prorrogarlo durante un mes más sin una justificación jurídico-legal definitiva. La excepcionalidad se ha instalado en nuestro país como nunca antes en democracia. Hasta ahora fue asumible una restricción de garantías y libertades, un sacrificio en la normalidad de nuestras vidas, porque el objetivo esencial era contener la letalidad. Sin embargo, el estado de alarma empieza a carecer de sentido. No es compatible que el «comité de expertos» de Sánchez afirme que la epidemia parece ya controlada, y que a su vez Moncloa pretenda prorrogar lo que en la práctica es un estado de excepción. Es hora de devolver a los ciudadanos los derechos a los que han renunciado por responsabilidad y espíritu democrático. Lo que ocurre es que empieza a extenderse la sensación de que ese espíritu democrático es el que Sánchez e Iglesias nos hurtan para consagrar un modelo de gobierno por decreto. Sin ir más lejos, se están perturbando los derechos de manifestación, reunión y expresión bajo la excusa de un estado de alarma que solo permite aplaudir desde el balcón. En España hay unas restricciones aprobadas por el Gobierno y avaladas por el Congreso. Bien. Limítense en lo que establezcan los decretos en virtud de criterios sanitarios, asegurando distancias físicas o tiempos específicos de protesta, evitando masificaciones. Y que quien salga sea consciente siempre de que esas normas y ese distanciamiento son de momento esenciales, aunque se trate de «recomendaciones» y Sanidad no las considere obligatorias. La responsabilidad individual es muy importante. Pero no es democrático identificar a discrepantes del sanchismo por expresarse en la calle contra sus abusos. Nadie delinque por protestar aunque Sánchez quiera penalizarlo.

El presidente del TSJ de Castilla y León se unió ayer a otros juristas que alertan del peligro de una prórroga injustificada de la alarma. No se está restringiendo o limitando ocasionalmente algún derecho en interés general con el objetivo de frenar una pandemia, se están suspendiendo derechos fundamentales. El Gobierno ha paralizado el país, ha permitido el colapso económico con medidas improvisadas y chapuceras y está generando una regresión democrática. Un vicepresidente puede ufanarse de burlar el confinamiento pese a ser un riesgo para el contagio, pero un ciudadano no puede detenerse en su paseo a silbar al Gobierno. En 40 años de democracia, nadie salió a las calles a pedir «libertad». Hoy ocurre porque hay una regresión en los derechos y crece el temor a convertirnos en una nación arruinada.

Oposición a la oposición
José Manuel Maza okdiario 15  Mayo 2020

Durante las últimas semanas, el Gobierno ha desplegado la estrategia de hacer oposición a la oposición. Con la inestimable ayuda de sus satélites de opinión, que cuida meticulosamente, se ha venido cocinando un argumentario político artificial en contra de la oposición y de algunos gobiernos autonómicos, siendo la Comunidad de Madrid el mejor ejemplo de ello.

Pero, ¿por qué un Gobierno, elegido hace apenas unos meses y que cuenta con poderes excepcionales, haría esto? Es muy sencillo: viéndose absolutamente superado por las circunstancias, como consecuencia de su incapacidad y negligencia, a partir de ahora hay que buscar un chivo expiatorio al que culpar de lo que ocurra en nuestro país en relación con la crisis sanitaria, social y económica. Y, con ese único fin, se unen a la perfección todas las fuerzas interesadas en ocultar cualquier atisbo de certidumbre sobre la actuación del Gobierno ante la pandemia del Covid-19.

Si no fuera por la gravedad de la situación que estamos viviendo, los argumentos utilizados por esta oposición de la oposición merecerían la carcajada por respuesta. Así, en su afán por justificar lo injustificable, escuchamos a voceros gubernamentales aludiendo a la «responsable oposición portuguesa», en supuesta contradicción con la española. Lo que nunca mencionan es que Portugal, pese a ser un país limítrofe con nosotros por el oeste (como diría una vicepresidenta del Gobierno), es una de las naciones que mejor ha gestionado la crisis sanitaria, dando su Gobierno un ejemplo de transparencia, seriedad y rigor.

Exactamente lo contrario a lo ocurrido aquí. Esto no es opinión, sino información, pues me remito a los datos y baremos objetivos que están a disposición de todos. También, en ese afán por confundir a la opinión pública, algunos portavoces de la oficialidad gubernamental han puesto de ejemplo a Francia, lo que no deja de llamar la atención, pues olvidan que el presidente Macron ha llevado al Senado una propuesta de medidas que ha sido rechazada por los senadores galos. Igual que aquí, ironía mediante, donde la supresión de derechos fundamentales no sólo no se vota por las Cortes Generales, sino que se materializa unilateralmente mediante orden ministerial. Por cierto, no deja de sorprender que los escuderos gubernamentales de pluma y antena, que otrora se llenaron la boca hablando de libertades y derechos, callen ahora frente al abuso gubernamental en relación con la suspensión de derechos fundamentales que estamos sufriendo los ciudadanos.

Vienen tiempos duros para la política española, de desgaste institucional sin precedentes, pues a este Gobierno lo único que le importa es mantenerse en La Moncloa, caiga quien caiga. Y, en este sentido, el Ejecutivo no dudará en utilizar las principales instituciones del Estado (llámense Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, etc.) con fines exclusivamente partidistas, saltándose no sólo la norma aplicable sino la esencia misma de cualquier Estado de Derecho. En este sentido, desde el Ejecutivo no pierden de vista su asedio al Poder Judicial, pues saben que sus actuaciones serán objeto de procedimientos judiciales, muchos de los cuales se encuentran ya en curso. Son ellos, los jueces y magistrados, que ejercen su función con arreglo exclusivo a la legalidad y sin atender a razones de oportunidad política, los guardianes últimos del Estado de Derecho y los ciudadanos debemos ser conscientes de que, al final, la existencia de un Poder Judicial independiente es la única diferencia entre una democracia fallida y otra plena.

Por todo lo anterior, es ahora más imprescindible que nunca que el Gobierno tenga enfrente a una oposición fuerte, responsable y unida, pues serán muchos los ámbitos donde, al margen de tácticas cortoplacistas, se deberá actuar en defensa del régimen constitucional y, en fin, de la libertad de todos los españoles.

La izquierda goebbelsiana, a muerte contra Ayuso
EDITORIAL Libertad Digital 15  Mayo 2020

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el Gobierno de la Vergüenza, sigue sin querer contar verdaderamente a los muertos que se está cobrando esta pandemia, de la que es terriblemente irresponsable por su escalofriante incompetencia. Todo lo que se ha gestionado bajo el mando único del calamitoso estado de alarma ha sido un desastre, desde el punto de vista sanitario y desde el económico; especialmente en las residencias de ancianos, en las que han muerto miles de personas pavorosamente desatendidas por el vicepresidente comunista.

Las mentiras, los errores, las rectificaciones, la improvisación y el desconcierto son la norma con el Gobierno de la Vergüenza, que está sumiendo a la Nación en una crisis de devastadoras consecuencias.

Sin embargo, el Gobierno que está en la picota en los últimos días es el de Isabel Díaz Ayuso, que siempre ha ido por delante del de Sánchez e Iglesias: Madrid fue una de las primeras autonomías en adoptar medidas efectivas para frenar la pandemia y es también una de las que pueden presumir de una gestión más eficaz, a pesar de enfrentarse a una situación especialmente dramática.

Pese al boicot socialcomunista, Madrid puede exhibir logros como el hospital de campaña de Ifema y la compra masiva de material sanitario de calidad. Además, se ha volcado en la atención a las víctimas y ha rendido tributo a los difuntos haciendo lo que el infame Gobierno de Sánchez e Iglesias ha remitido ad calendas graecas: decretando el luto oficial.

El problema de Ayuso es que deja en clamorosa evidencia a Sánchez e Iglesias, así como a la goebbelsiana izquierda mediática lacaya del peor Gobierno que haya padecido la España democrática.

Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid están siendo objeto de una repugnante campaña de intoxicación que tiene por objetivo tumbar al Gobierno regional madrileño y, por extensión, cortar las alas a un PP que según las encuestas está ya muy cerca o incluso por delante del PSOE.

Se trata de una campaña desarrollada por políticos sin escrúpulos y por periodistas con aún menos dignidad y vergüenza, que actúan de consuno para castigar a Ayuso por no comulgar con sus ruedas de molino liberticidas y a la Comunidad de Madrid por ser el máximo exponente de la alternativa que precisa España en esta hora decisiva, en que el Gobierno está en manos de un hatajo de incompetentes y enemigos implacables del orden constitucional.

La gestión de la crisis económica
José Luis Feito. vozpopuli 15  Mayo 2020

En tiempos de crisis es especialmente importante distinguir entre dos horizontes temporales de referencia para la política económica: el que transcurre entre el comienzo de la depresión y la plena afirmación de la recuperación económica y el que se iniciaría a partir de ese momento. En la primera de estas dos etapas la política económica ha de ser lo más certera y expansiva posible. En la segunda, cuyo análisis dejamos para otro momento, la política económica ha de ir girando para asegurar la estabilización y gradual reducción del endeudamiento público.

La gestión económica durante esta primera etapa es mejorable. Para ello se han de intensificar las cosas que se están haciendo bien, corregir lo que se ha hecho mal, evitar nuevos errores y adoptar algunas medidas imprescindibles para reducir la destrucción de empleo y alentar su recuperación. Entre las acciones más eficaces instrumentadas destaca la concesión de liquidez con avales del Estado a través de las líneas ICO. Aunque pueda resultar paradójico, cuanto antes y más aumenten hoy los pasivos contingentes en los que incurre el Estado por estos préstamos menor será mañana la deuda pública en proporción al PIB. Hay todavía un amplio margen para incrementar el montante de estas líneas de crédito y sería deseable que así se hiciera con la mayor rapidez posible. Igualmente acertadas, e igualmente tímidas también, han sido las medidas de aplazamiento o reducción de cuotas y obligaciones tributarias de autónomos y pymes.

Otra medida positiva ha sido la activación de los ERTE, que está impidiendo de momento la descomunal destrucción de tejido empresarial y empleo que habría ocurrido en su ausencia. Desgraciadamente, el desconocimiento del mundo de la empresa por parte de nuestras autoridades laborales, por no hablar de desconfianza e incluso animadversión, están generando una incertidumbre e inseguridad jurídica que pueden terminar ocasionando una destrucción de empleo mayor que la que ocurriría con una visión más informada de la realidad empresarial de nuestro país. Siempre resulta negativo para el empleo y el crecimiento económico, especialmente en tiempos de crisis, legislar desde concepciones marxistas que contemplan la economía como la arena donde se enfrentan el proletariado y el capital.

En cuanto a los errores que se deberían evitar en lo que quede de esta primera etapa, conviene empezar por uno que está a punto de perpetrarse: el establecimiento de un ingreso mínimo o renta básica permanente. Las medidas de sostenimiento de rentas durante la crisis son necesarias y de vital importancia, pero han de ser coyunturales y circunscritas a los hogares más necesitados y afectados por la crisis. Las medidas de complementar la renta y permitir la percepción del seguro de paro a las personas afectadas por los ERTE aunque no hayan cotizado lo suficiente para ello son perfectamente compatibles con este principio. Como también lo son las medidas para que empleadas/os del hogar puedan percibir ingresos del Estado si dejan de percibirlos de sus empleadores mientras persistan situaciones de confinamiento extremo. O las concernientes a las ayudas al pago de hipotecas y alquileres. Como también lo sería complementar temporalmente desde el Estado central las rentas de inserción que conceden las administraciones autonómicas y locales.

Economía sumergida
El establecimiento de un ingreso mínimo permanente, sin embargo, es de naturaleza completamente diferente. Esta medida, además de elevar permanentemente el gasto público y la presión fiscal latente, erosionará la creación de empleo y el vigor de la recuperación. Esto es así porque el incentivo que esta renta básica desencadenará en muchos individuos a vivir de las ayudas, reducirá la oferta de trabajo y el potencial de crecimiento económico, al tiempo que ensanchará la economía sumergida y mermará los ingresos públicos. En el mejor de los casos, se implantará una suerte de itinerancia permanente entre la renta básica, la economía sumergida y empleos ocasionales que se abandonaran cuando se haya ingresado lo suficiente para poder seguir viviendo de las ayudas.

Baste señalar, al respecto, lo acaecido con el PER y ayudas anejas en CCAA como Andalucía y Extremadura cuyas tasas de empleo y de renta per cápita son sustancialmente menores que la media nacional y menores de lo que serían si no se hubieran promulgado dichas ayudas. En un país con una tasa de paro permanente tan alta y una tasa de empleo tan baja como las nuestras, y un tamaño de la economía sumergida que supera con mucho el de casi todos los otros países europeos, establecer un ingreso mínimo permanente hará muy difícil estabilizar el ratio deuda pública en proporción al PIB. Es un colosal sinsentido que, con el nombre de sus autores, ilustrará los textos de economía futuros como ejemplo de cuándo y dónde no se debe adoptar una medida de este tipo.

Tampoco sería recomendable, en las circunstancias actuales, efectuar bajadas generales de los tipos del IRPF o del impuesto de sociedades o de los impuestos indirectos, si bien obviamente sería aún peor subirlos. La incertidumbre y el pesimismo reinantes sobre el devenir económico, así como la carga de devolver los créditos que se hayan contraído, están provocando un incremento estructural notable de la propensión al ahorro de familias y empresas. Bajadas indiscriminadas de los tipos impositivos ahora sólo servirían para alimentar esta elevada propensión al ahorro sin que dichas bajadas tuvieran impacto apreciable alguno sobre el consumo o la inversión.

Hoteles y restaurantes
Lo dicho no excluye la posibilidad de bajar los tipos efectivos actuando sobre las deducciones de la base o de la cuota del impuesto. Así, por ejemplo, en el caso del impuesto de sociedades, permitir aumentos de deducciones por amortización acelerada de activos sería mucho más eficaz que bajar tipos impositivos. Asimismo, permitir a los contribuyentes deducciones de la cuota o de la base del IRPF hasta cierto porcentaje por gastos realizados en bares, restaurantes, hoteles (los subsectores más afectados por la crisis) sería mucho más eficaz que bajadas del IVA.

Una medida que sería muy eficaz e imprescindible para frenar la destrucción de empleo y acelerar la creación del mismo cuando llegue la recuperación es la reducción de las cotizaciones mínimas a la Seguridad Social y la suspensión de la legislación sobre el salario mínimo, o al menos retrotraer lo uno y lo otro a los niveles de 2017. Esta crisis acarreará, ya lo está haciendo, reducciones salariales que serán más intensas en los salarios más elevados pero que también llegarán, en menor proporción, a los salarios bajos allí donde sea la única alternativa posible a la pérdida del empleo. Mantener los niveles vigentes de cotizaciones sociales y salario mínimo sólo servirá para acelerar la desaparición de empresas y multiplicar la ya de por sí masiva destrucción de empleo. No es una salida social a la crisis la que mantiene por ley salarios “dignos” que aumentan el paro y la economía sumergida sino la que minimiza las pérdidas de empleo y estimula su creación.

En suma, la gestión de la política económica en estos tiempos de pandemia es endiabladamente complicada tanto por la irreductible incertidumbre sobre la evolución del virus que ha provocado esta crisis como por la inaudita gravedad de la misma. La gestión puede resultar nefasta si a estas insuperables complicaciones se une la supeditación a idearios que se arrogan la representación de los trabajadores y de los más desfavorecidos pero que allí donde han gobernado sólo han conseguido hundir las condiciones de vida de los unos y de los otros.



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29-F, el 8-M catalán
Antonio Robles Libertad Digital 15  Mayo 2020

¿Qué conexión existe entre el 8-M y la concentración de Puigdemont del 29-F en Perpiñán?

Cuantos más datos se cruzan, más evidencias demuestran que la decisión de no prohibir las concentraciones humanas hasta un día después del 8-M estuvo motivada por el empeño del Gobierno español de coronar la aprobación de la Ley de Igualdad con la manifestación feminista. La ideología por encima de la seguridad sanitaria, la disputa por la autoría de la ley entre la ministra Montero y la vicepresidenta Calvo, por encima de la vida. Un claro ejemplo de la deriva reaccionaria de la izquierda, convertida en mero residuo de sus comités de comunicación y propaganda.

Idéntico marco mental, que llevó al nacionalista catalán Puigdemont a convocar la concentración del 29 de febrero en Perpiñán, con la colaboración activa del Gobierno de la Generalidad. Por entonces ya había indicios y recomendaciones evidentes del peligro de contagios colectivos, pero primó más agitar la charca estancada del secesionismo mediático que la salud de los ciudadanos.

La única diferencia entre quienes convocaron la manifestación del 8-M y la del 29-F fue la ideología. Unos representan a la izquierda reaccionaria plurinacional del Gobierno de España y otros a la derecha nacionalista más integrista y supremacista de Cataluña. Ambas son ficciones ideológicas, constructos mentales, infecciones del alma sin contacto ni contraste con la realidad. Les trae sin cuidado la reglas económicas, la previsión de fondos del tesoro público o garantizar los gastos sociales. Ellos viven del erario público… ignoran el origen de la riqueza y las dificultades para asegurarla, pero son expertos en disponer de ella para comprar la voluntad de los más necesitados.

Pero hay una diferencia aún más significativa. El Gobierno central no ha logrado impedir que otros medios hablen del fraude del 8-M. A pesar de su influencia en la mayoría de ellos. Mientras que el Gobierno de la Generalidad ha logrado que en Cataluña nadie hable del 29-F. Su control sobre los medios y demás estamentos sociales es total. Sólo el digital e-Notícies ha roto la omertà sobre este tema sin mayores apuros para el régimen. Nos quieren confinados y sumisos. Reparen a qué límites antidemocráticos hemos llegado en Cataluña.

Sin embargo, un estudio científico realizado por extranjeros que viven en Cataluña evidencia que la concentración del 29 de febrero en Perpiñán fue el origen de la expansión exponencial del virus por toda Cataluña, especialmente por las zonas del interior donde el nacionalismo tiene mayor militancia. Los datos son demoledores. Como el empeño de la Generalidad por ocultar la conexión necesaria entre el 29-F y la expansión del virus en Cataluña. Un acto intolerable del Gobierno de Torra y una sumisión mediática catalana vergonzosa.

El estudio concluye que del 17 al 29 de marzo de 2019, Cataluña saltó de 41 a 1.070 muertos, récord del mundo por delante de Nueva York, Madrid, Normandía y 256 lugares más. Una explosión sincronizada en toda Cataluña, debido al contagio masivo de la concentración convocada por Puigdemont y el Gobierno de la Generalidad el 29 de febrero en Perpiñán. La explicación epidemiológica determina que el periodo medio entre el contagio y una subida fuerte de fallecimientos es de 17 días, "exactamente el tiempo entre la manifestación del 29-F y la explosión de decesos que empieza el 17 de marzo". La madrugada del 29 de febrero salieron 583 autocares hacia Perpiñán, 12 de ellos desde Igualada. Muy pronto se convertiría en epicentro de la pandemia. Pero el Gobierno catalán nunca relacionó esa concentración de 100.000 personas con el contagio. ¿Cómo admitir que el había provocado una bomba biológica en Perpiñán en nombre de la república catalana?

Como ciudadanos europeos –se quejan los elaboradores del estudio–, encontramos muy preocupante que ningún epidemiólogo, científico, periodista o político catalán se cuestionen el 29-F públicamente, ni se hayan puesto en contacto con ellos a pesar de haberse brindado. "¿Tendrán que venir epidemiólogos y periodistas de fuera a investigar el 29-F, porque los actores de la sociedad catalana son incapaces de exigir un comportamiento democrático de transparencia a su Govern?", se preguntan.

Este artículo no tiene otro objeto que difundir tal estudio sobre el 29-F. Imprescindible contrastarlo.

El exhibir la bandera nacional ¿una infracción administrativa?
“Ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en el Reino Unido, ni en Francia, ni en ningún otro país normal sufren esa alergia que padece aquí la izquierda no sólo con la Historia de España sino hasta con el himno y la bandera.” J.Mª Aznar
Miguel Massanet diariosigloxxi 15  Mayo 2020

Bien, señores, hubo un tiempo en el que todo ciudadano decente, mínimamente patriota, con sentido claro de lo que era la nación española, era capaz de identificarse con sus símbolos, estimar el significado de la bandera nacional como señal de la unidad de toda España, entender que no se trataba de un mero trozo de tela de varios colores emblemáticos, sino que tiene (para todos aquellos que somos capaces de darle un significado simbólico) un excitante sentimental, un recordatorio patriótico y una representatividad de lo que significa el conjunto de la nación española y de todos los ciudadanos que la integran, capaz de despertar en nuestro fuero interno verdaderas oleadas de solidaridad, compañerismo, ayuda, avenencia y compromiso, como se ha demostrado a través de la Historia y de las gestas llevadas a cabo por tantos españoles que siempre se han guarecido bajo la bandera y, cuando ha sido necesario, han sabido morir por ella.

No podemos evitar, porque es superior a nuestra capacidad de entendimiento y comprensión, el sentir un irreprimible sentimiento de envidia, de sana envidia, de admiración y de respeto hacia aquellos ciudadanos de otros países que, fueren cuales fueren sus ideas políticas, su color, su rol en la sociedad, su situación económica, ya fueren urbanitas o campesinos u hombres o mujeres, sin embargo, todos ellos sienten un gran respeto, una veneración y una estima por su enseña nacional, hasta tal punto que nunca se pone en cuestión, en sus diferencias políticas, en sus reclamaciones y desencuentros, la posibilidad de exhibirla en cualquiera de sus propias moradas, en sus fiestas, en sus vestimentas o en cualquier manifestación pública, sin que nadie se sienta molesto por ello, lo considere un desacato, piense que es un insulto hacia sus ideas o sea capaz de atentar contra ella. Países como los EE.UU, Francia, el Reino Unido o la misma Italia tienen a orgullo el respeto por su insignia nacional, sin que a ninguna autoridad se le ocurra poner cortapisas a su uso, fuere en los domicilios particulares, en sus coches o en cualquier manifestación pública del signo que fuere. Forma parte, indudablemente, del acervo de cualquier ciudadano que tiene el derecho a hacer uso de un símbolo nacional del que todos se enorgullecen.

En contraste, como contrapunto a lo que suele ser común en casi todas las naciones, en nuestra nación, seguramente por aquello de que Spain it’s different , sin que podamos entender a qué se debe o cuál es, verdaderamente, el motivo de esa desafección contra nuestra bandera o los sentimientos de odio que pudieran despertar en alguna parte de nuestra sociedad, ni las causas políticas que pudieran motivar actitudes tan negativas respeto a nuestros símbolos nacionales; sin embargo la realidad, la evidencia de que sectores importante de nuestra ciudadanía y de que existen algunos políticos especialmente molestos por que hagamos uso de nuestra bandera nacional, la respetemos e, incluso, la tomemos como algo que nos pertenece y que forma parte de nuestro patrimonio espiritual, que, en consecuencia, ponen todos sus esfuerzos, sus influencias y los medios de que disponen para luchar contra el uso común de nuestra bandera, intenten prohibirlo y tengan la osadía de impedir e, incluso, sancionar a cualquier ciudadanos que la lleve consigo, la exhiba por la calle o, simplemente, lleve un pin con los colores nacionales.

Y es tal el desconcierto, la contradicción, la desfachatez y la cara dura de estas personas o colectivos que, no obstante, cuando ellos lo consideran conveniente porque les favorezca a sus fines ideológicos o electorales, no tienen el menor inconveniente en exhibir, sin ningún tipo de reservas, banderas inconstitucionales de la república o banderas comunistas con la hoz y el martillo o banderas separatistas, como sucede en Cataluña con la estelada y la estrella característica de la revolución cubana, de quienes la han imitado. Estos día pasados, en una manifestación en coche, los manifestantes exhibieron bandera españolas, las reglamentarias, y fueron recriminados por la policía municipal y sancionados por lo que, según aquellas autoridades municipales, constituía un motivo de denuncia administrativa, sin que ninguno de ellos supiera, aparte de balbucear, manifestar con claridad y conocimiento cuál era el delito o la infracción administrativa por circular con la bandera nacional.

Y es que hemos entrado en una nueva fase, una peligrosa y trascendental etapa de nuestra historia, un extraño y revolucionario intento de darle el cambiazo a nuestra actual democracia parlamentaria, un movimiento de una parte, seguramente marginal pero muy influyente, el resultado de un sistema electoral que desprecia el significado de cada voto para favorecer a las minorías que, en lugar de respetar a los partidos más votados para que fueran ellos los que gobernaran, lo que han conseguido es que, mediante el método D’Hont, los partidos que consiguen menos votos puedan salir beneficiados por sus reglas; lo que ha venido dando lugar a que, mediante lo que se pudieran denominar como “gobiernos frankestein”, los españoles acabemos, como es el caso actual, siendo gobernados por un partido comunista que apenas representa a una parte exigua de nuestra sociedad. Pero, no contentos con estar en manos de comunistas o filocomunistas, como son en la actualidad los socialistas dirigidos por Pedro Iglesias, tendremos que bregar con otra facción que, aparte de no respetar las reglas democráticas, de actuar impunemente despreciando las sentencias de nuestros tribunales de justicia, lo que están pretendiendo es conseguir que una de las regiones españolas situadas al Este de la península, Cataluña, se independice de España y, para más INRI, que se les den facilidades en su proceso hacia tal ignominioso fin.

En este estado de cosas no nos queda otro remedio que empezar a preguntarnos ¿qué está pasando con aquellos millones de españoles que, durante años, estuvieron votando a partidos conservadores y que ahora no se los ve por ninguna parte, ni se oyen sus quejas ni salen a las calles para hacerse notar cuando, precisamente, las circunstancias son las peores para nuestro país y sus gobernantes amenazan con acabar con nuestra democracia y sistema de gobierno?, ¿Qué pasa que hace semanas, si no meses, que no sabemos una palabra de la actividad del Rey?

¿Acaso está enclaustrado y sometido a una censura férrea por parte del actual Gobierno o es que, como pasó con su abuelo Alfonso XIII, ya no se atreve a contradecir a nuestro particular Lenín, el señor Presidente, para poder mantenerse en el trono? Por lo que respeta a otras instituciones, las castrenses, a las que la Constitución les reservaba la misión de vigilar por el cumplimiento de la Carta Magna y velar por que se mantuvieran y respetaran las leyes y, muy especialmente, la unidad de la nación española ¿Qué es lo que dicen al respeto de la cuestión catalana? ¿Acaso han advertido a nuestros gobernantes de que no van a consentir el despedazamiento de la nación española? ¿Realmente nuestro Ejército ha abjurado de sus obligaciones castrenses para convertirse en una ONG más o una institución semejante a la Cruz Roja?, ¿En qué país su ejército consentiría que ocurriera algo semejante?

Es obvio, señores, que estamos en manos de quienes han decidido que lo mejor para España es entregarse a las manos del progresismo de aquellos que piensan que un país puede depender el maná del Estado y que se va a poder tirar de la Tesorería y del Banco de España hasta que se hayan agotado nuestras reservas ( la inversión extrajera ha caído en un 40% como consecuencia de la pandemia), mientras que nuestra Deuda Pública ya no pueda aumentar más ( se dice que pronto alcanzaremos el 113% del PIB) y la avalancha de impuestos que se nos viene anunciando seguramente lo único que van a conseguir es acabar con la clase media, ahuyentar a las multinacionales, expulsar a las grandes fortunas de nuestro país y favorecer que se cumpla la maldición que ha venido pesando sobre nuestro país desde que llegó la nefasta II República, el infortunado anatema que siempre nos ha llevado al enfrentamiento entre los españoles y que nos ha impedido vivir en paz ( excepto cuando hemos estado gobernados por dictaduras): la envidia y el rencor, dos de nuestros inveterados pecados nacionales.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, por mucho que nos empeñemos en conseguir ver algún atisbo de esperanza en el futuro que se nos augura, las posibilidades que ahora mismo, honestamente, vemos para que el gravísimo problema que está afectando a nuestra nación, son pocas o ninguna; con la circunstancia añadida de que, contrariamente a lo que sucedió durante la II República y, en especial, cuando la llegada del Frente Popular en febrero de 1936 y de la ola de asesinatos que se produjo desde la 14 de Abril de1931; cuando hubo una parte muy importante del pueblo español que se rebeló contra aquella matanza popular; en la actualidad, la abulia de la que dan muestras las derechas, seguramente esperando que Dios mande un ángel del cielo para sacarles las castañas del fuego, no presume ninguna reacción, protesta colectiva, acciones de rechazo o actuaciones de franca oposición hacia un gobierno que, por lo visto, tiene ganado medio camino hacia lo que pudiera ser una dictadura de izquierdas para los próximos años. “Sólo nadando contra corriente alcanzarás la fuente” Proverbio chino.


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