AGLI Recortes de Prensa   Sábado 16  Mayo  2020

Sánchez mantiene el estado de alarma del coronavirus para "evitar el control judicial y parlamentario, es una dictadura"
Miguel Ángel Pérez Libertad Digital 16  Mayo 2020

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene el estado de alarma declarado por la pandemia del COVID-19 para "evitar el control judicial y parlamentario". Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital apuntan que el Ejecutivo del PSOE y Podemos puede "declarar el estado de excepción que requería mayor control parlamentario u optar por leyes menos restrictivas que el estado de alarma actual que requerirían el visto bueno de un juez".

"Al declarar estado de excepción, se suspenden derechos fundamentales oficialmente y las medidas se deben debatir en el Congreso. El estado de alarma está indebidamente aplicado con medidas propias de un estado de excepción. Se está instaurando una dictadura de facto, es un escándalo. Hay una suspensión de derechos fundamentales y excepcionalmente, te dejan ejercerlos. Lo único que se debate ahora es si se prorroga o no el estado de alarma, no hay consenso ninguno sobre las medidas que el Gobierno adopta", apuntan.

Las mismas fuentes consultadas por este diario sostienen que la otra opción es "la implementación de otras leyes, menos lesivas o restrictivas para los derechos fundamentales que necesitarían el visto bueno de un juez al estar enmarcadas en el orden jurídico de lo Contencioso-Administrativo. Claro que hay un plan B posible. Existen normativas que necesitan articular más consensos y por eso no las aplican".

En este contexto, aseguran que "se podría aplicar la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, que es la norma base y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en cuanto a la adopción de medidas sanitarias. Desde el punto de vista del control, al margen de la Ley de Seguridad Ciudadana para aplicar sanciones, existe la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Protección Civil".

"Estas leyes se pueden articular perfectamente, pero tienen que pasar por el visto bueno de un juez de lo Contencioso-Administrativo. Fuera del estado de alarma, un juez debe autorizar la imposición o continuación de medidas restrictivas de derechos fundamentales", argumentan.

El estado de excepción implica más control parlamentario
El estado de excepción es más complejo que el estado de alarma al suspenderse oficialmente derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ello, está sometido a un control parlamentario más exigente y se debe pedir permiso al Congreso para declararlo. El estado de alarma, sin embargo, lo declara el Gobierno.

El artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio establece que "cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción".

El Ejecutivo debería remitir al Congreso una solicitud de autorización con la "determinación de los efectos del estado de excepción, con mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita; relación de las medidas a adoptar referidas a los derechos cuya suspensión específicamente se solicita; o el ámbito territorial del estado de excepción, así como duración del mismo, que no podrá exceder de treinta días". El Congreso debatiría posteriormente la solicitud de autorización remitida por el Gobierno, pudiendo aprobarla en sus propios términos o introducir modificaciones en la misma.

En contraposición, la declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.

A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno y el Ejecutivo dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y le suministrará la información que le sea requerida y sobre los decretos que dicte durante la vigencia del estado de alarma en relación con éste.

Monumental protesta en Núñez de Balboa contra Sánchez por dejar a Madrid en la fase 0
Interior despliega una docena de furgonetas de las UIP y un centenar de agentes de la Policía Nacional
Estas son las órdenes de la Policía en Núñez de Balboa: "No pueden quedarse parados los presuntos concentrados"
Segundo Sanz okdiario 16  Mayo 2020

Los madrileños de la calle Núñez de Balboa y alrededores han protestado este viernes con una monumental cacerolada ante la decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez de dejar a la Comunidad en la fase 0 de la desescalada pese a cumplir los requisitos que le exigía Sanidad.

En medio de un fuerte dispositivo policial, con una docena de furgonetas de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y un centenar de agentes desplegados entre la calle Ramón de la Cruz y la calle Goya, los vecinos de esta zona de la capital han sacado sus cacerolas y desde sus balcones y a pie de calle las han hecho sonar contra el Ejecutivo socialcomunista al grito de «Libertad, libertad», «Gobierno, dimisión» y «Comunistas, narcoterroristas».

Según el relato de vecinos del lugar, la presencia policial de este viernes era más visible que el día anterior. Los agentes de la Policía Nacional estaba distribuidos en cada esquina y cada 50 metros evitando que hubiera personas que se detuvieran para realizar sus protestas. La consigna era que circularan por las aceras y ello pese a que tal orden obligara a los viandantes a no cumplir la distancia de seguridad. Y es que la Policía Nacional no ha cortado en ningún momento el tráfico ni en la estrecha calle de Núñez de Balboa ni en las aledañas, confinando a los ciudadanos en las aceras.

Un amplio dispositivo policial, planificado al detalle, pese a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este viernes en una entrevista en la Cadena SER que «no hay dispositivos policiales en barrios en concreto».

Los hechos lo desmienten. Con esta amplia presencia de Policía Nacional se ha puesto en riesgo la salud de los madrileños al emplazarles a pasear por las estrechas aceras, impidiendo que hicieran uso de la carretera para guardar la debida distancia de seguridad.

Con todo, hileras de madrileños se han echado a las calles de esta zona del centro de la capital para denunciar el estado de excepción encubierto del Gobierno de PSOE-Podemos y su bloqueo económico a la Comunidad de Madrid.

El asedio del Gobierno a Madrid
José María Rotellar García okdiario 16  Mayo 2020

Hace unos días se iniciaba una campaña con la que el Gobierno estaba intentando desviar la atención de su mala gestión en la doble crisis del coronavirus -sanitaria y económica- al señalar a la Comunidad de Madrid como si fuese el origen de todos los males. Iglesias anunciaba que Madrid no pasaría de fase horas antes de que se reuniese el secreto comité de expertos monclovita. Lastra, momentos después de que dicho comité no defraudase al vicepresidente podemita, decía que estaban protegiendo la salud de los madrileños. Es decir, venía a reconocer que la decisión había sido política, no técnica del grupo secreto. El PSOE se lanzaba a difundir mensajes criticando la gestión de la Comunidad de Madrid -debe de ser que levantar un hospital de campaña, como el de Ifema, en dieciocho horas es gestionar mal, pero que no conseguir test para realizar a la población y que los pocos que se compran sean defectuosos, es hacerlo bien: sorprendente patrón de medida el socialista- y lo remataba Simancas diciendo que si España tenía tantos fallecidos y contagios se debía a que Madrid estaba en España, que era la culpable del descalabro patrio. Curiosa reflexión la del antiguo secretario general de los socialistas madrileños. Probablemente, lo hace desde la amargura y frustración por quien se creía ya presidente regional hasta el punto de encargarse una docena de trajes y verse después dejado en la estacada por la venganza de dos diputados de su partido como consecuencia del reparto de carteras que Simancas ofrecía entonces a IU, en concreto, la consejería de Justicia, tal y como apareció entonces en la prensa.

En el momento en el que escribo todavía no se sabe con seguridad si el Gobierno va a autorizar que la Comunidad de Madrid pase a la fase I del plan de reapertura (que el Gobierno llama de “desescalada”), aunque todo apunta a que no lo va a hacer por lo que ha trascendido de la primera reunión. Si al final pasase Madrid -que se sabrá ya cuando se publique este artículo- sería una sorpresa, no porque no reúna sobradamente los requisitos para pasar de fase, sino porque desde el principio ha quedado claro que los criterios no son técnicos, sino políticos.

Así, mientras se dejaba fuera a Granada, se le permitía a Vizcaya pasar de fase, pese a contar con mejores guarismos la provincia andaluza que la vasca. A Madrid se le impedía el pase porque le exigían reforzar la asistencia en atención primaria e incrementar la capacidad de la realización diaria de test. Madrid registra un importante descenso en el número de hospitalizados (casi un 90%) y en el de ingresados en UCI’s (un descenso de casi el 75%) y con una inmunidad mayor que en el resto de España. Adicionalmente, Madrid cuenta con una amplia red de hospitales públicos -con una gran red de refuerzo privada si es necesario-, y una capilaridad incomparable en toda España en centros de salud de atención primaria -por cierto, Esperanza Aguirre construyó 12 hospitales nuevos y 100 nuevos centros de salud; imaginemos qué habría pasado ahora si no existiesen-. La región madrileña pudo levantar un hospital de campaña en menos de un día con capacidad para atender a más de cinco mil pacientes. Tiene una sanidad puntera en el mundo, a la que acuden ciudadanos de toda España para tratarse las más complicadas enfermedades. ¿De verdad el Gobierno puede hacer creer que Madrid tiene debilidades sanitarias? No hay ninguna otra comunidad autónoma que cuente con tan sólida infraestructura sanitaria, y mucho menos una provincia, que es el ámbito administrativo en el que se mide todo esto. Si se habla de capacidad de reacción, ninguna otra provincia en España tiene la capacidad que tiene Madrid, ni de lejos.

Por tanto, son criterios políticos, no técnicos, los que impidieron que Madrid pasase de fase hace una semana. Y si cuando el lector lea este artículo se ha vuelto a dejar fuera a Madrid, se deberá, de nuevo y con más fuerza, a motivos políticos, pues si hace una semana podía pasar, ahora todavía más, ya que la situación madrileña ha seguido mejorando.

El Gobierno asedia a la Comunidad de Madrid. Al igual que no tiene ningún plan sensato, racional o moderno para la crisis sanitaria y para la económica, al seguir las prácticas medievales del encierro en casa como única medida contra el virus, mientras arruina la economía a cada instante, con Madrid también parece querer aplicar más medidas medievales, como el cerco y asedio. Como la región madrileña es incómoda porque demuestra que hay otra gestión posible, no sólo atacan a la presidenta Ayuso, sino que quieren rendir Madrid por hambre, pues el impedir que se reactive la economía madrileña todavía menos que la del resto de España provocará una destrucción del tejido empresarial madrileño muy intensa, con la eliminación de muchos puestos de trabajo.

Hay un abanico de cuatro escenarios según el Gobierno de la Nación reabra la economía, tanto a nivel nacional como madrileño, parecidos, lógicamente, pues la región madrileña es casi una quinta parte de la economía nacional. En el primero, siendo la caída intensa se podría rebotar con fuerza y caer en 2020 un 5,6%, que dadas las circunstancias sería hasta una cifra que minimizaría el quebranto. Para eso, habría que abrir ya todo, cosa que no parece que vaya a suceder. Otro escenario, con una caída de algo más del 8% se alcanzaría abriendo el turismo, comercio, ocio y hostelería en junio, que si se fuese a septiembre haría descender a la economía algo por encima del 12%, y si se cumpliese lo dicho por la ministra de Trabajo y no se reabriesen esas ramas de actividad hasta diciembre, la caída se quedaría cerca del 18%.

Pues bien, sin ser exactos la destrucción de actividad y empleo por semana, pues hay que manejar en las estimaciones períodos más amplios, ya que no se trata sólo de una cuestión de días, sino de si la resistencia de las empresas ha llegado ya al límite, con lo que un simple día puede ser determinante, o a lo mejor tres semanas, sí que sabemos que cuanto más se retrase la reapertura más se deteriorará la economía y más puestos de trabajo se perderán. Como digo, aunque no es exacto, si podemos extrapolar una media semanal, siempre como media: si el retraso hace que se pase del escenario 2 (-8,18% de PIB) al 3 (-12,26%), por cada semana adicional de retraso en la reapertura, siempre en media, se perderían 750 millones de PIB y 19.000 empleos (ó 107 millones y 2.700 empleos en media al día). Y si el Gobierno intensifica su asedio a Madrid, entonces se abandonaría toda esperanza de que la economía se moviese en el segundo escenario y pasase a moverse entre el tercero (-12,26% de PIB) y el cuarto (-17,81% de PIB), de manera que cada semana adicional de retraso en la reapertura provocaría que Madrid perdiese semanalmente, siempre en media, insisto, 1.025 millones de actividad y 27.000 empleos (ó 146 millones y 3.900 empleos en media al día).

Antes, en el medievo, se cercaba una plaza para rendir por hambre y por sed, y ahora el Gobierno asedia a Madrid para rendirla por estrangulamiento económico y financiero que, al fin y al cabo, desembocará en pérdida de actividad económica, prosperidad y empleo, causando dramáticas situaciones de necesidad en los madrileños y, por el efecto tractor de la economía madrileña, en todos los españoles, que puede llevar a que muchas familias no puedan ni siquiera comprar alimentos.

El Gobierno debe rectificar y permitir que Madrid reabra y, además, debe acelerar la reapertura de toda España, incluyendo Madrid, porque al ritmo propuesto por el Gobierno, tras el virus va a venir, entonces, la ruina.

Sánchez condena a Madrid a seguir en fase 0
OKDIARIO 16  Mayo 2020

La decisión del comité de expertos de mantener a Madrid en la fase 0 de la desescalada, en contra de la petición realizada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha generado una notable polémica y extendido las sospechas de que estamos ante una medida arbitraria de carácter político. Las razones para dudar de la objetividad del Ministerio de Sanidad se fundamentan en una serie de motivos fácilmente comprensibles. Cualquier comité científico encargado de hacer una evaluación de riesgos sanitarios tiene que cumplir necesariamente con los principios de objetividad, independencia y transparencia. No son requisitos opcionales, sino imprescindibles.

En un Estado de Derecho, incluso durante la situación excepcional del estado de alarma en la que nos encontramos, el Gobierno tiene el deber de actuar con objetividad conforme a criterios que no pueden ser discrecionales. En el caso que nos ocupa, la decisión de negar a Madrid el pase a la siguiente fase la adopta un supuesto comité cuyos miembros no se conocen, motivo suficiente para dudar de su independencia. La falta de transparencia del Ejecutivo socialcomunista hace sencillamente imposible confiar en los criterios técnicos de un órgano cuya composición es ignota. No es una duda gratuita, sino derivada del hecho mismo de que es el Gobierno de Pedro Sánchez quien extiende la sospecha al negarse de forma reiterada e ilegal a dar cuenta de quienes son los miembros que integran el comité de expertos.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, dispuso que las Administraciones sanitarias exigirían transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y a los expertos con quienes colaborasen en las actuaciones de salud pública. Por eso, se obligó a que fuera pública la composición de los comités o grupos que evaluasen acciones o realizasen recomendaciones, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes.

Ninguno de estos requisitos se cumplen en este caso, de modo que sospechar que detrás de la decisión de mantener a Madrid en la fase 0 está la mano partidista del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez es perfectamente lógico. No hacerlo, en estas condiciones, sería un acto de candidez supina.

El Gobierno dice que Madrid no pasa a la fase 1 por falta de test mientras prohíbe más de 10.000 diarios
Carlos Cuesta okdiario 16  Mayo 2020

Pedro Sánchez ha impedido que Madrid entre en la fase 1. Y entre algunos de los argumentos esgrimidos por el Gobierno socialcomunista se encuentra, según su versión, la falta de tests PCR en la comunidad ‘popular’. Los propios datos de Madrid desmienten esa afirmación, pero lo más llamativo es que son las propias decisiones del Gobierno de Sánchez las que han impedido una mayor realización de test PCR en toda España. Y en el caso de Madrid, en un volumen que supera los 10.000 test PCR diarios.

La OMS no ha dejado de exigir esos test y de forma masiva. Lo ha hecho durante toda la crisis del coronavirus. Y el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dejado de bloquear la capacidad española de realizar ese tipo de test, los más fiables. Porque el Ejecutivo durante semanas ha decidido mantener bloqueados, total o parcialmente, los 350 centros-laboratorios que se le ofrecieron voluntariamente desde el inicio para realizar test PCR.

En estos momentos, pocos más de 50 de esos 350 centros han logrado la habilitación, pese a contar todos ellos con máquinas de PCR, especialistas en la realización de estos test, y toda la infraestructura necesaria para realizar cerca de 20.000 test diarios. La capacidad de realizar la mitad de ese potencial -10.000 PCR diarios- se encuentra en Madrid.

Fuentes conocedoras de la situación de estos centros han confirmado a OKDIARIO esas cifras. Pero añaden que, pese a la homologación lograda, problemas esgrimidos de diversa índole han hecho que ni siquiera estén a pleno rendimiento los admitidos por el Ministerio de Sanidad: muchos de los pocos más de 50 centros habilitados están sin operatividad o, al menos con elaboración parcial de test PCR.

Más de 350 instalaciones
Esos 350 centros-laboratorios se ofrecieron el muy pasado 17 de marzo. Un total de 350 instalaciones entre las que se encontraban los centros de la red de centros SOMMa (25 centros de investigación y 23 unidades universitarias) y la CRUE (rectores de las universidades españolas, con sus 76 campus).

Entre todos los centros mencionados suman más de 350 laboratorios con máquinas de análisis PCR. Y todas esas instituciones juntas eran capaces de haber incrementado el número de test, desde el primer día. Y los test son y han sido, precisamente, el gran punto débil de España en el control de la escalada y letalidad del coronavirus.

Todos esos laboratorios eran capaces de ampliar, además, los test más fiables: los PCR. El ofrecimiento fue plasmado, entre otros, por la red de Centros Severo Ochoa y las Unidades María de Maeztu, el 17 marzo de 2020.

Y entre los centros que siguen sin estar homologados se encuentran algunos de los principales laboratorios del CSIC, categoría en la que se encuentra uno de los centros de investigación más preparados y con capacidad de Madrid, el CNIO, e incluso algunos laboratorios universitarios y veterinarios cuya capacidad para hacer tests PCR es plena.

En resumen, Madrid funciona en estos momentos con, al menos, 10.000 test PCR por días menos de los que podría tener. Y el responsable de esa privación es el mismo Gobierno que acaba de negar a Madrid el pase a la fase 1 señalando entre los problemas la falta de PCR.

¡A las kacerolas!
Javier Somalo Libertad Digital 16  Mayo 2020

Mientras unos se deciden a que los otros no nos tomen por imbéciles, ¡a las kacerolas!, versión sonora del cine mudo del CIS, y que llegue el estruendo hasta Galapagar pasando por la Moncloa.

Desde los altavoces de los coches patrulla se escucha un metálico y algo retrógrado "¡Circulen!", dirigido a los que protestan en la calle Núñez de Balboa de Madrid. La mayoría lo hace desde el mismo balcón de los aplausos pero los hay que aprovechan el paseo vigilado de la fase cero para sumarse. El estado de alarma permite deambular sin rumbo fijo… de todas formas, tampoco hay sitio al que ir porque están prohibidas las visitas y las tiendas son escaparates muertos que no tardarán en colgar un cartel de cese de negocio.

Los que protestan mientras andan –no puedes pararte– están desacreditados por pijos, como si allí todos se quejaran de vicio. Los "cayetanos", los "borjamaris", dicen de ellos en la prensa, y no precisamente en El País sino ya en El Mundo, además de en los de siempre. Nos cuentan que en esa calle es donde viven los más ricos y que la mayoría vota a PP y Vox. Cabe deducir pues, que carecen del derecho a la protesta porque su dinero es de procedencia dudosa, no como el de los proletarios Wyoming y Ferreras o como el de los nuevos ricos que defienden un proyecto de familia en el campo al estilo Iglesias.

Estos de la "milla de oro" –otro estigma– no crean empleo, sólo despiden, no pagan impuestos para la Sanidad Pública porque prefieren la Ruber de Calvo y se lo quedan todo para ellos, para sus tapices, sus subastas y sus 'teslas'. No hay más que verlos, así vestidos y protestando… Por tanto, habrá que proceder a una "desbalboización" de Madrid como se hizo con los kulaks ucranianos y rusos de hace 100 años –y 100 millones de muertos– que eran "propietarios", o sea, que tenían un puñetero granero o una vaca y fastidiaban la colectivización. Luego llegó la planificación de la hambruna, ingenioso genocidio que se resiste a pasar como tal a los libros de texto de los niños y jóvenes confinados. Además, los revoltosos propietarios de Núñez de Balboa llevan banderas de España. Tener una bandera o una cacerola en casa empieza a ser un peligroso síntoma de desafección. En ruso, el remedio podría también ser algo así como la deskazerolización.

Pues no queda otra, ¡A las Kacerolas! A lo mejor si lo escribimos con k queda menos cayetano, menos borjamari o menos facha y los medios de comunicación les dan permiso para protestar de siete a siete y cinco de la mañana, casi como si fueran personas comunes con algún derecho.

En la rueda de prensa de Illa y Simón para anunciar que Madrid se queda en la fase cero –que es la primera aunque luego llegue la fase uno– nos dijeron que como los capitalinos han sido buenos y ejemplares podrán ir un poco a misa o un poco a entierros o pedir libros a una biblioteca sin pasarse. Uno de los periodistas que intervino en la farsa de prensa, el del Huffington Post, fue al grano y preguntó por el madrileño barrio de Salamanca y por Ayuso, señalándolos como los violadores de la fase cero y primeros sospechosos de cualquier posible rebrote letal. Una, por estar en un hotel cuando no se puede y los otros, por juntarse demasiado para protestar con tanto dinero como tienen. El ministro y el doctor se escabulleron un poco al principio pero Illa no tardó demasiado en sumarse al señalamiento: "No es tolerable que una minoría ponga en peligro todo lo que hemos conseguido". Brillante acusación si la dirigimos los ciudadanos contra el Gobierno de Iglesias y Sánchez. Eso sí, de criterios técnicos o de documentación clara y concisa sobre la pandemia, no quisieron hablar. La prueba de trasparencia, dijo Illa señalando el atril, es "que estamos aquí informando".

Ante la descarada ofensiva contra Madrid, pieza a cobrar por la izquierda, los "gobiernos en la sombra" sirven de poco, más allá de dar ideas a los comunistas sobre el tipo de sombra que pueda merecer el PP. Hará bien Pablo Casado en escuchar el eco de las cacerolas y apoyarse en Madrid, que es un gobierno a plena luz, haciendo todo lo posible por contrarrestar las políticas liberticidas de un gobierno tan social-comunista como inútil. Si Díaz Ayuso es la pieza a batir es por algo. Si el diario con más tirada de España, El País, dedica la apertura de su portada y algún añadido más a Díaz Ayuso es por algo. Si preocupa más un hotel que 27.000 muertos es, asquerosamente, por algo. Y ese algo es que la alternativa a la pandilla de ineptos que nos gobierna se ha dejado ver por el Madrid de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, que lo es también de Ciudadanos y de Vox si esta vez no pierden el tiempo en mirarse de los pies a la cabeza. La izquierda no soporta haber perdido el Ayuntamiento y seguir lejos de la Comunidad y buscarán toda falta de escrúpulos –que puede haberla– para conseguirlo.

Pues eso, mientras unos se deciden a que los otros no nos tomen por imbéciles, ¡a las kacerolas!, versión sonora del cine mudo del CIS, y que llegue el estruendo hasta Galapagar pasando por la Moncloa. Y nada en la sombra, todo a plena luz.

Arbitrariedad política en la desescalada
Editorial El Mundo 16  Mayo 2020

El capítulo vivido ayer al hilo del avance de fase de la Comunidad de Madrid es la peligrosa constatación de que la desescalada no está condicionada a requisitos técnicos, sino a contemporizaciones y estrategias políticas. El rigor y la transparencia debieran ser dos de los pilares sobre los que el Gobierno erigiera su actuación en la pandemia, pero habiendo ya gestionado los peores momentos a base de improvisación y opacidad no hay visos de que ahora vaya a primar la responsabilidad en la coalición, sino la más partidista arbitrariedad. Lo ocurrido ayer fue absurdo y es muy preocupante.

La Comunidad volvió a solicitar pasar a la fase 1 exhibiendo las mejoras conseguidas esta semana en términos epidemiológicos y de infraestructuras sanitarias. Y el Gobierno, en lugar de responder como debiera, es decir, aceptando o negando la solicitud basándose en los criterios objetivos que asegura que rigen la desescalada, se sacó de la manga una nueva fase a la que considera que sí podría acceder Madrid: la fase 0,5. Se trata de un estadio que nadie conocía y que bien parece una respuesta improvisada más que parte de un plan riguroso según el cual ir recuperando la normalidad. La denominada fase 0,5 ni se le había comunicado a Isabel Díaz Ayuso en la reunión que había mantenido horas antes con el Gobierno central. Ante la furibunda y justificada negativa de la presidenta autonómica de aceptar una oferta que parece reducir la desescalada a un juego de trileros en el que siempre se engaña al ciudadano, Madrid quedará en fase 0.

La realidad es evidente: a estas alturas no hay un conjunto de normas transparentes al que atenerse para tratar de proteger vidas al tiempo que se va reactivando la economía. Este episodio corrobora que no prima lo técnico, sino la discrecionalidad política. Ya vimos la semana pasada cómo el conchabeo entre PNV y Sánchez en el Congreso se tradujo en una desescalada vasca a la carta y lo mismo negocia ERC. El Ejecutivo hace uso de esa arbitrariedad con Madrid, sólo que en vez de privilegiar a sus socios trata de desgastar con movimientos incomprensibles a quien no comparte su gestión. Que los criterios no sean objetivos y públicos genera inseguridad jurídica y social. Que estén atados a los intereses políticos y no al rigor sanitario es intolerable.

Madrid no merece más castigos
Editorial ABC 16  Mayo 2020

El Gobierno volvió a hurtar ayer a Madrid la posibilidad de convencer al oscuro comité de expertos, que La Moncloa sigue sin dar a conocer, de que la Comunidad podía dar ya el salto a la fase 1 de «desescalada». A mitad de semana ya se especulaba con ello y lo cierto es que el Ejecutivo de Sánchez nunca lo negó. A cambio, se le ha concedido a Madrid, como a Barcelona, un régimen híbrido entre las dos primeras fases. La mercadotecnia de La Moncloa ha dado en llamarlo «fase 0,5», lo que no deja de ser otro eufemismo adoctrinador y una metáfora demagógica para acallar críticas, no ofender al nacionalismo catalán y vasco, y acompasar todo a conveniencia de Sánchez y de su improvisación. Sánchez nunca habló de mini-fases intermedias entre fases centrales, lo cual demuestra que es una veleta caprichosa: es solo un inventor de coartadas para tranquilizar conciencias bajo la excusa de que, casi 30.000 muertos después, protege la salud pública.

Madrid debe recuperar la normalidad cuanto antes. Y no solo porque residen casi siete millones de personas convertidas en rehenes de un estado de alarma abusivo, sino porque es el pulmón económico de España. Cada semana que permanece cerrada, el PIB pierde mil millones de euros. No se trata de decidir entre salud y economía. Ese es el anzuelo que Sánchez lanzó a nuestra democracia hace ya sesenta días con la idea de apresar ideológicamente a los ciudadanos. Bastante miedo causa ya el virus como para seguir utilizándolo como coartada para pervertir nuestro régimen de libertades. Se hace impensable sostener que Madrid no avanza de fase porque Sánchez está castigando a sus ciudadanos, pero hoy Madrid tiene mejores cifras objetivas que otras autonomías. Puede no ser una persecución, pero sí es un juego de agravios porque nadie conoce con qué criterios concretos se maneja Sanidad. Es el Gobierno, no el ciudadano, quien convierte este proceso en una carrera, y es La Moncloa quien alienta una fractura social sin dar a conocer quién decide algo y por qué.

Fernando Simón reconoció ayer que Sanidad modifica subjetivamente a diario los «indicadores» para determinar qué comunidad avanza. Los criterios no deberían ser arbitrarios, y mucho menos políticos, pero la apariencia de que eso ocurre empieza a ser sospechosa. ¿Qué intereses se ponderan en La Moncloa para que el PNV en el País Vasco, con «indicadores» mucho más preocupantes que otras autonomías, goce de absoluta libertad para reabrir los colegios? Si eso lo hubiese acordado el PP en Madrid, el acoso mediático y social sería irreversible. Sánchez debe aclarar si lo que teme es una euforia social que aumente de modo irresponsable los contagios, o si le es más cómodo políticamente prolongar un confinamiento tan atípico en Madrid para mantener a su sociedad anestesiada, para cercenar la capacidad de protesta, o para restringir libertades.

Pablo Iglesias, residuo nocivo
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 16  Mayo 2020

Está claro. El socialcomunismo de Sánchez e Iglesias plagia -al pie de la letra- la aterradora fórmula que Lenin inventó para subyugar a la plebe. Tanto el presidente, como su vicepresidente de pega, están aplicando las mismas herramientas políticas con tal de someternos a todos. Las armas que empleó el ruso contra su nación fueron cuatro, a saber: 1- La mentira, más sinónimos, desde el bulo a la calumnia. 2- Una cobertura mediática y servil, que vitoreaba las atrocidades. 3- El “reparto equitativo de la miseria”, salvo para los ya abducidos por su Nomenklatura, enriqueciendo al 5% que se arrastraba ante él y se deshacía, cuando no condenaba al hambre a los insumisos, el 95%. Y 4- La quema del Conocimiento o destrucción de las Almas libres que no comulgaban con la fórmula. ¿Les suena el estribillo?

Por supuesto que les suena. Es el son bolivariano que predomina en Moncloa desde que Iglesias, residuo nocivo e inútil total, sedujo a Sánchez con melodías de odio qua atentan contra nuestro futuro. El presidente debería deshacerse de su vicepresidente si pretende seguir en palacio. Porque domesticar a una hiena, que no admite doma, por ser un animal traicionero, peligroso y reñido con la higiene personal y no digamos con las leyes de la democracia, resulta tarea imposible. Lo mejor que podría hacer es sacrificar a la bestia, por bien del bien común y de su propio bien, señor presidente. Ud, no debe, ni puede presentarse ante la Comisión Económica Europea con una fiera, los depredadores están mal vistos por la gente civilizada y, de hacerlo, le van a mandar a tomar vientos.

La única cosa que los comunistas aprendieron de la Historia es que son incapaces de aprender nada de ella. Noticias recientes nos dicen que la autocracia de Sánchez hace aguas… El PSC acaba de irse a pique frente a la costa de Albiol, que con toda justicia ha recuperado la Alcaldía de Badalona. Las Comunidades Autónomas se le rebelan al César. La inteligente Arrimadas crea distensión entre sus socios paganos. Los partidos constitucionalistas suben como la espuma en las encuestas. Señor presidente, sacrifique a la hiena o su tiempo en Moncloa toca a su fin. El socialismo, para sobrevivir y poder seguir trincando, ha de desprenderse del comunismo caduco que le impone el de Galapagar. Basta recordar la última gilipollez que soltó el mindundi: “Los ricos están deseando pagar más impuestos”.

Sí, como tú, nuevo rico, hortera, que aceptas donaciones de Maduro e Irán. Sánchez, saque de su vida a este revolucionario de mercadillo que no da más de sí. Mándale a hacer gárgaras y verá más de un amanecer en Moncloa. Respete al Rey, a los españoles y logrará dormir en paz, sin que un bolivariano le quite el sueño. Aunque mi deseo es que desaparezca del mapa político para siempre, pues no se puede gobernar peor a un país y con más mentiras, que como lo está haciendo Ud, señor Sánchez.

Estado de alarma: Lesmes reactiva sin publicidad el nombramiento ‘a dedo’ de jueces por el CGPJ
María Jamardo okdiario 16  Mayo 2020

En pleno estado de alarma y sin publicidad. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dado por finalizada la suspensión de los nombramientos discrecionales de jueces y magistrados para cubrir las vacantes judiciales que quedaron en suspenso a comienzos de este mismo año, tal y como avanzó OKDIARIO. Un acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ que todavía no ha sido publicado en el Portal de Transparencia, reactivó este jueves los procesos de selección para las designaciones ‘a dedo’ de los jueces.

Dicha decisión afectará al proceso de renovación, entre otras, de tres plazas de magistrado en la Sala de lo Penal del Supremo, encargada de juzgar a los aforados, en su mayoría responsables políticos -algunos de los cuales ya están recibiendo querellas por su papel en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus- ha advertido la asociación profesional Foro Judicial Independiente (FJI).

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó, el pasado 16 de enero, paralizar el nombramiento de cargos judiciales confiando en que la institución sería renovada una vez constituido el Gobierno y conformadas las nuevas Cortes Generales tras las elecciones del 10-N. Ante la aparente ausencia de acuerdo entre el PSOE y el PP para abordar una negociación sobre los nombres que habrán de conformar el futuro órgano de gobierno de los jueces, una vez superado el actual estado de alarma, Carlos Lesmes ha revocado la decisión, tal y como avanzó OKDIARIO.

Fuentes jurídicas han confirmado a este diario que el presidente del Tribunal Supremo asume que la renovación del Consejo va para largo y, por ello, ha tomado la iniciativa. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial tendrá que recuperar los trámites, muy avanzados, para designar a los titulares de las cinco últimas plazas convocadas cuyos nombramientos no llegaron a materializarse: tres magistrados para la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo -que preside el juez Manuel Marchena- la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Presidencia de la Audiencia Provincial de Orense.

El propio Marchena advirtió durante su comparecencia ante Lesmes que de prolongarse en el tiempo las tres vacantes del Supremo –el 20% del total de los 15 miembros que la conforman- el normal funcionamiento de la misma se vería gravemente afectado.

Duras críticas
La decisión no ha tardado en suscitar las críticas de los jueces y magistrados sobre cómo las actuaciones del CGPJ pueden dar lugar «a sospechas de arbitrariedad y espolean las elucubraciones acerca de intereses personales en juego».

Así lo ha manifestado Foro Judicial Independiente (FJI), en un comunicado público: «Que exista transparencia en las decisiones que afectan a los
nombramientos de cargos clave del Poder Judicial es crucial para la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Consideramos que, por razones de interés público, es necesario conocer qué criterios de índole jurídico motivaron la decisión adoptada el día 16 de enero, así como la mayoría con la que se contó y la existencia o no de votos particulares».

El proceso de nombramiento de los altos cargos judiciales «es una cuestión
vinculada al derecho a un juez independiente y a un juicio justo«, continúa el texto. «Las Instituciones de la Unión Europea, en particular la Comisión Europea y el TJUE, así como, por otra parte, el Consejo de Europa (GRECO), están interviniendo decididamente para garantizar estos derechos, cuando son puestos en cuestión por decisiones que revelan la capacidad de influencia directa o indirecta de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en el Poder Judicial», concluye.

Por ello, Foro Judicial Independiente ha solicitado, por segunda vez, «que de forma inmediata se publique el mencionado Acuerdo de enero de suspensión de nombramientos judiciales» -así como el actual que lo deja sin efecto- sin perjuicio de los «recursos que pudieran ejercitarse para el caso de que el CGPJ persista en su negativa».

Ocho autonomías gastan la mitad de su presupuesto en pagar nóminas públicas
Francisco Núñez vozpopuli.es 16  Mayo 2020

Sin un ajuste o una mejor distribución de recursos y efectivos en las Administraciones Públicas no cabe pensar en un Plan de Reconstrucción Nacional eficiente para intentar salir de la segura recesión en que entrará la economía en este segundo trimestre del año.

Mientras el sector privado se desangra por todos los costados, sobre todo el laboral, el sector público no parece afectado por los efectos de la pandemia (a costa de un mayor déficit y deuda) y emplea el 26% de su gasto total y el 28% de sus ingresos (134.000 millones en 2019 y prevé más de 140.000 millones en 2020) en pagar las nóminas a más de 3,2 millones de empleados y cargos políticos. Se trata de porcentajes muy superiores a los de las Administraciones de los 37 países más desarrollados (OCDE), que se sitúan levemente por encima del 22% de su gasto presupuestario. De esta forma, España ocupa el cuarto lugar en el ranking de los países europeos (y el octavo del mundo) que más dinero dedica a pagar nóminas públicas respecto a sus presupuestos.

Lo que es evidente es que sin una reestructuración de las Administraciones Públicas es imposible un Plan Económico serio de salida futura de la crisis, sobre todo cuando, por ejemplo, hay ocho comunidades autónomas que emplean más de la mitad de su presupuesto en pagar a su personal. Es decir, las Administraciones, cargadas de ingentes partidas de gasto estructural e improductivo, no disponen de recursos para activar la economía, que necesitaría más inversión pública y, por ejemplo, incrementar el aumento presupuestario que demanda la situación sanitaria. Ninguna empresa privada podría sobrevivir a esta acumulación de nóminas y costes fijos de que dispone el sector público tanto en sus administraciones generales como en sus miles de organismos satélites sin que se sepa en muchos casos su función (hay casi 20.000 entes en total).

Este elevado coste estructural, que sigue creciendo a pesar de las advertencias de Bruselas, reduce sustancialmente el margen de maniobra de posibles actuaciones públicas para activar la economía nacional. De momento, Sánchez rehuye cualquier pregunta sobre posibles ajustes, reformas o reducción de sueldos, al menos para fomentar la ejemplaridad, de los altos cargos.

Según los datos de la Contabilidad Nacional, las autonomías, que disponen de las transferencias de sanidad y educación que soportaron los ajustes a partir de 2011, dispararon en 2019 sus gastos de personal hasta los 81.773 millones, que representa el 61% del gasto total del sector público. El incremento es del 5,5%, de 4.235 millones más, una cifra muy superior a la que el Gobierno podría destinar al pago de la Renta Básica. Todo esto significa que el año pasado las regiones utilizaron el 43% de sus presupuestos para pagar a su creciente personal y equivale a más del 44% de sus ingresos (impositivos y transferencias del Estado). Y en lo que va de año, es decir, hasta febrero (últimos datos disponibles) ese incremento supera ya el 5% como consecuencia de un gasto de 12.285 millones frente a los 11.697 millones de hace un año (casi 600 millones más) en el mismo periodo. Se debe al aumento de empleados y a la subida salaria por encima del 2%. Este aumento de la masa salarial del 5% se produce frente al alza de los ingresos del 1,6%, todavía no afectados por los efectos del virus, y del 3,3% de los gastos.

El color político no importa
Da lo mismo el color político a la hora de computar nóminas y más gasto público. Castilla La Mancha empleó en 2019 el 51,2% (3.843 millones, unos 173 millones más que el año anterior) de su presupuesto de gasto total (7.504 millones) a pagar nóminas. En términos de ingresos, esta cifra representa el 55% y es el 111% superior a la recaudación impositiva (1.820 millones) que registró en ese año (tanto de impuestos propios como por su participación estatal).

En este ranking de mayor gasto porcentual destinado a personal le sigue Andalucía. Parece que el nuevo Gobierno (PP y Ciudadanos con el respaldo de Vox) no da con la techa del ajuste anunciado de nóminas y organismos. En 2019 empleó 14.379 millones en pagar a sus funcionarios frente 13.803 millones del año anterior (unos 600 millones más). Lo que significa que esta comunidad se gastó en pagar nóminas públicas el 50,6% de su presupuesto (28.413 millones), que representa el 62,1% de sus ingresos totales (27.967 millones). El incremento del gasto de personal porcentual fue del 4,2%, superior al alza de los gastos totales de esta Administración regional (3,2%) y de los ingresos (3,5%). Esta comunidad se gasta en remunerar a sus empleados casi el doble de sus ingresos impositivos (7.804 millones). Y, en lo que va de 2020, las cifras han empeorado, ya que hasta febrero su gasto de personal ha crecido un 7,6% (2020 millones frente a los 1.878 de hace un año).

Por su parte, Extremadura empleo el 50,5% de su presupuesto a abonar sueldos públicos. Esos 2.388 millones empleados en 2019 representan el 53,4% de sus ingresos y es casi el triple de la recaudación impositiva obtenida (884 millones). En este listado figura en cuarto lugar Murcia, que dedicó a sueldos (2.782 millones) el 49,1% de su presupuesto de gastos y el 54,5% de sus ingresos totales. Si comparamos la cifra destinada a sueldos con sus ingresos tributarios, sale que empleó el doble de la recaudación obtenida. Lo que evidencia que las comunidades dependen exclusivamente de las subvenciones estatales.

Por su parte, Aragón se gasto en nóminas el 48,8% de su presupuesto total así como el 52,5% de sus ingresos. Mientras, el País Vasco figura en sexto lugar, ya que se gastó en personal el 48,6% de su presupuesto y el 47,2% de sus ingresos; Castilla y León utilizó el 47,3% de su gasto y el 49,5 de sus recursos totales; y Asturias se gastó en nóminas el 47,1% de su presupuesto y el 49,2% de sus ingresos. Mientras, Baleares (35,6% de su presupuesto) y Navarra (34,2%) fueron las comunidades que menos gasto emplearon en nóminas, pero su masa salarial sobrepasa el tercio del gasto total.

Situación en los ayuntamientos
Algo similar ocurre con los ayuntamientos, que emplean un tercio de su gasto a atender nóminas (24.656 millones de 73.896 de presupuesto). Por su parte, la Administración Central dedicó 25.072 millones a nóminas, es decir, el 11% de su presupuesto total. Todo esto lleva a que el Estado en su conjunto dedique ese 26% de su gasto público a funcionarios (28% de los ingresos). Pero, si extraemos las cuentas de la Seguridad Social, ya que sus ingresos (cotizaciones) y gastos (pensiones) son finalistas (constan en cuentas separadas) y apenas representa el 1,9% del gasto total en personal, sale que las Administraciones Públicas dedican de media casi el 40% de todo su gasto a nóminas.

Estas cifras son importantes ya que la Constitución determina que es el sector público, mediante la política presupuestaria, quien debe tirar del carro para activar la economía productiva nacional. No hay que olvidar que ya representa el 17% del PIB, muy por encima por ejemplo del sector industrial, y que en su conjunto gasta anualmente el 42% de la producción nacional mientras ingresa el 39% (datos anteriores al virus). Pero, hasta ahora no ha sido un ejemplo para contener la pandemia económica. Ya ocurrió en crisis anteriores.

Se han registrado más de 450.000 ERTEs en el sector privado y ni uno sólo en el sector público mientras los ciudadanos contemplan atónitos los escaños vacíos del Congreso y de los parlamentos autonómicos, y del Senado no hay noticias de actividad alguna"

El caso es que, salvo los colectivos en la memoria de todos, gran parte de las Administraciones no parecen un servicio esencial para los españoles ante el coronavirus. El sector público ha sido el primero en confinarse en sus domicilios (salvo las ejemplares excepciones sobre todo de la sanidad y de las fuerzas de seguridad), en muchos casos con el argumento no contrastado del teletrabajo. Y será el último en abrir sus dependencias y registros (a partir del 25 de mayo y de manera paulatina) dónde se pueda solicitar de forma presencial, por ejemplo, una prestación de paro, una pensión de viudedad (cuya demanda ha crecido por los efectos del virus), una pensión o que se abra una ventanilla, con metacrilato y distanciamiento social, para que el contribuyente menos avezado en técnicas tributarias e informáticas (sólo el 60% de la población española tiene Internet) pueda hacer y presentar su complicada declaración de la renta en plena campaña.

Mientras, el sector privado (los supermercados y el sector alimentario son los que más se han expuesto) ha tenido que levantar el obligado cierre de sus actividades ante el temor de la quiebra absoluta de los negocios y de la economía a costa del riesgo sanitario. El resultado es evidente: hay un millón de trabajadores menos y 600.000 parados más que al inicio del confinamiento, y 120.000 empresas con código de cotización a la Seguridad Social han cerrado sólo en marzo. Todo ello, sin contar los 3,4 millones asalariados de empresas privadas inmersos en un ERTE, que representan el 20% de los ocupados. El balance es el siguiente: se han registrado más de 450.000 ERTEs en el sector privado y ni uno sólo en el sector público (que ahorre recursos necesarios para atender la demanda de otros servicios) mientras los ciudadanos contemplan atónitos los escaños vacíos del Congreso y de los parlamentos autonómicos, y del Senado no hay noticias de actividad alguna.

Todo ello sucede mientras el empleo y el gasto público en personal no dejan de aumentar. En 20 años se ha duplicado ese gasto y desde que comenzó la última crisis financiera e inmobiliaria el alza es del 25%. En 25 años ha crecido un 167%, (en casi 85.000 millones), sobre todo en las autonomías. Han duplicado su presupuesto en nóminas desde que el Estado le realizó casi 3.000 transferencias en los primeros años del actual siglo y ha subido un 27% desde la crisis de 2007. Después de este reparto parece que queda poco margen para los demás y facilitar la economía productiva y competitiva que figura en todos los programas económicos, aunque siempre les queda a los políticos el recurso de subir los impuestos y aumentar el agujero de la recesión y el paro privado como sucedió, por ejemplo, en 2012.

Se ha instalado la hecatombe
Amando de Miguel Libertad Digital 16  Mayo 2020

Cunde ahora un método de escribir artículos. Consiste en cortar y pegar (casi) todo lo que se ha publicado en la internet sobre el asunto. El resultado es lo que se llama blurring in complexity, es decir, confundir a base de aportar la mayor complejidad posible. Es todo lo contrario de lo que aconsejaba Guillermo de Occam (quien, por cierto, pereció en la peste de 1350). El método que digo es muy fácil de seguir, pero no es precisamente el que yo practico; entre otras cosas, porque con el corta y pega todo adquiere la misma relevancia. A través de él se cuelan perfectamente todas las propagandas y mendacidades. Lo mío es más simple. Consiste en dar mi impresión personal sobre el asunto del que se trate, aunque pueda estar equivocado.

Al parecer, entramos en una profunda desaceleración de la economía mundial. Se trata de un eufemismo tranquilizante, pues si se desacelera es que todavía mantiene una alta velocidad; y no es eso. Tampoco vale lo del crack (colapso) de 1929, pues ahora es mucho más rotundo. Desde luego, sus efectos superan con mucho a la crisis del petróleo de 1973 o a la crisis financiera de 2007 (que en España decimos de 2008, pues el Gobierno español tardó en reconocerla). La consecuencia es ahora tan estremecedora que mejor podríamos hablar de hecatombe (el gran sacrificio para los antiguos griegos). No creo exagerar si digo que pronto nos recordará a los españoles los años del hambre del periodo subsiguiente a la guerra civil de 1936.

Hace un mes, en esta misma página, pronostiqué que pronto se comprobaría que estarían en el paro o en la quiebra la tercera parte de los efectivos de la población activa. Todavía no hemos llegado a esa situación, pero más bien por un artificio estadístico. El Gobierno que soportamos (en el doble sentido, moral y fiscal) es un artífice de la propaganda; preciso es reconocerlo. Lo de Goebbels era poca cosa.

Nos llegan noticias inquietantes, aunque se venden como triunfalistas. Alemania ha decidido levantar un maratón televisivo a través de la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, o como se llame. El Gobierno español, tan complaciente, ha aportado 125 millones de euros. ¡Pues vaya un Plan Marshall que nos espera! Ahora son los países pobres de Europa los que deben ayudar a la próspera Alemania. En este caso se trata de allegar fondos para que los laboratorios alemanes investiguen sobre una posible vacuna contra el virus chino. Es inútil; lo más probable es que la vacuna, o mejor, el tratamiento, se desarrolle en la propia China, quizá en Israel o en los Estados Unidos. Desde luego, no veo a los científicos españoles de la comisión de expertos patentando la ansiada vacuna. Ojalá me equivoque.

Aquí estamos a otra cosa. Ante la pavorosa hecatombe económica, se ha constituido una comisión parlamentaria de reconstrucción. Ya dije que la palabreja la empleó Stalin hace casi un siglo. La cabra tira al monte, pues el secretario de la citada comisión es un comunista de la rama latinoamericana. Hay que imaginarse, pues, en qué va a consistir la reconstrucción. Antes habrá que destruir el país, como hizo Stalin. No digo nada del presidente de la comisión, un tal Pachi López, un apparatchik sin ningún contacto con la economía productiva, que ni siquiera concluyó la carrera de perito industrial. Habían comparado la citada comisión con los Pactos de la Moncloa de 1977. No hay más que contrastar el apabullante currículo del economista Enrique Fuentes Quintana, el artífice de los Pactos de la Moncloa, con el del tal Pachi López.

Ante la pavorosa hecatombe que ya se otea, cabe una primera opción, por lo que a mí me corresponde opinar. Habría que dibujar una gran encuesta nacional para averiguar cómo se van bandeando los distintos estratos: empresarios, directivos, profesionales, trabajadores, funcionarios, amas de casa, jóvenes, jubilados, etc. No tenemos mucha idea de cómo nos vamos a defender todos de la gran adversidad que se nos echa encima. ¿Cómo va a afectar a las relaciones interpersonales, a la familia, a la economía sumergida, etc.? ¿Cómo hemos quedado de malheridos económica y vitalmente los supervivientes de la pandemia del virus chino? Es un dato imprescindible para que pueda operar la citada comisión. No sería conveniente que la encuesta la levantara algunos de los institutos que hacen encuestas electorales, pues se requiere un método mucho más interpretativo. No se trata de inferir una conducta general, como la típica de un comportamiento ante unos comicios. Nada de porcentajes con un decimal. Sostengo que la iniciativa de la gran encuesta la debería tomar algún partido de la oposición para que no hubiera sospechas de propaganda. Se tendría que hacer con la máxima independencia profesional. Sin un instrumento así, y otros parecidos, todo lo que se diga no va a pasar de farfolla.

Condenan al sindicalista que destapó la corrupción de UGT-Andalucía a 2 años de cárcel por revelación de secretos
Miguel Ángel Pérez Libertad Digital

El Juzgado de lo Penal nº 15 de Sevilla condena a Roberto Macías a 2 años de cárcel por delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El Juzgado de lo Penal nº 15 de Sevilla ha condenado al sindicalista que reveló la corrupción de UGT-Andalucía, Roberto Macías, a 2 años de cárcel por delito de descubrimiento y revelación de secretos. Macías destapó la trama de facturas falsas presentadas por la federación andaluza de UGT para "justificar" las subvenciones millonarias destinadas a cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía.

El sindicalista condenado trabajó en UGT-Andalucía desde diciembre de 2008 hasta su despido en diciembre de 2012 como administrativo en el Departamento denominado Central de Compras. En dicho departamento se coordinaban y centralizaban los pedidos, compras, facturación y gestión del gasto, así como el control de existencias del sindicato. Para el desempeño de sus funciones el acusado hacía uso de un ordenador.

Según la sentencia de 9 páginas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, "el 7 de noviembre de 2012, sobre las 17.02 horas, el acusado se conectó al PC, cuando se hallaba en horario laboral, conectando el dispositivo de almacenamiento masivo USB, en el que volcó o copió al menos 374 elementos (342 ficheros y 32 carpetas), lo que supone un total de 22.500 archivos o ficheros informáticos, extraídos del Servidor de datos de UGT-A, en concreto de una carpeta denominada 'COMPRAS' y que a su vez se hallaba dentro de otra denominada 'CONFIDENCIAL/COMPRAS'".

"Dichos archivos o ficheros contenían información reservada y sensible del referido Sindicato, entre la que se encontraban facturas emitidas por diversos proveedores de UGT-A, como las mercantiles PINEDA, ASESORES DE VIAJES, LIENZO GRÁFICO, CHAVSA, PUBLICAR, SIOSA y VIAJES MACARENA, documentación relativa a los denominados "RAPEL" y "BOTES", figuras éstas que hacían referencia a determinados porcentajes repercutidos a proveedores y no declarados ante la Administración por el Sindicato y el encargo de facturas simuladas, que estaban siendo objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción nº 9 de esta capital, por la presunta financiación ilegal del Sindicato, así como datos personales de alguno de sus integrantes contenidos en una agenda de teléfonos", apunta la sentencia.

"Información", añade, "de la que el acusado se apoderó sin consentimiento alguno de UGT-A y dispuso para fines ajeno al desempeño de sus funciones, suministrándola, al menos parcialmente, a diversos medios de comunicación, lo que permitió que desde el mes de abril de 2013 y hasta noviembre de ese mismo año, la opinión pública se hiciera eco de ella, en publicaciones de prensa tanto digital como en papel escrito".

Según el Juzgado de lo Penal nº 15 de Sevilla, "resulta decisivo para apreciar la comisión del delito perseguido (descubrimiento y revelación de secretos), considerar que ha sido también el propio acusado, quien ha manifestado en el acto del plenario de forma reiterativa, a preguntas del Ministerio Público, que su intención era 'denunciar públicamente' esos delitos, motivo por el que ofreció dicha información a los medios de comunicación, si bien no a la Policía, Juzgados o Fiscalía, ya que sólo aquéllos le merecían confianza, según sus propias palabras y para 'evitar posibles represalias' de la que considera 'es una organización criminal'".

El pasado 29 de abril, el Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla abría juicio oral contra el ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, tras la información denunciada por el sindicalista condenado ahora. Además, se fijaba una fianza de 40 millones de euros para los acusados y se designaba a UGT como responsable civil subsidiario.

La directiva de la UE para proteger a los denunciantes
La magistrada Ana María León Gallego señala en la sentencia que "el delito de descubrimiento y revelación de secretos se configura como un límite a la libertad de expresión y la libertad de información y en concreto parece que pudiera entrar en conflicto con el derecho que pretende salvaguardar y proteger la Directiva (UE) 2019/1937 de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que busca la protección de los denunciantes".

"Sin embargo, ha de tenerse en cuenta de un lado, que la referida Directiva aún no forma parte propiamente de nuestro derecho interno, pues está pendiente su transposición al derecho nacional de manera que habrá de estarse a lo que resulte de dicha transposición y de otro, que la misma prevé unos concretos canales de denuncia, que pueden en ser internos, esto es, dentro de propia entidad o externos, ante las autoridades competentes, debiendo garantizarse que el denunciante pueda eligir el canal de denuncia y que en uno y otro caso, se arbitren los mecanismos precisos para su salvaguarda", concluye la magistrada.



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Tres trileros traman trolas
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 16  Mayo 2020

Tres trileros traman trolas para dinamitar la Nación española. La Nación que se encarriló en 1978 por la vía de la convivencia civilizada, cuando sus ciudadanos aprobaron una nueva Constitución que sentaba las bases de la Monarquía parlamentaria. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Oriol Junqueras –los protagonistas del trabalenguas– manipulan los dados cargados de odio en los cubiletes amañados, aplaudidos por una corte variopinta de felones de su misma calaña aunque conchabados en distintas bandas. Lo más siniestro de la operación es que ni siquiera la suspenden mientras se cuentan las víctimas de la pandemia.

Argumentos racionales
Pero cuando el timo llegaba a una de sus etapas culminantes entró en escena Inés Arrimadas. Su aparición desconcertó no solo a los tahúres sino también a quienes presenciaban el abuso con espíritu crítico, para denunciarlo. La aguafiestas argumentó, con impostada ingenuidad, que estaba dispuesta a colaborar en el juego si se cambiaban las reglas para proteger los intereses de los participantes. Y el capo de la timba dio su muy devaluada palabra de que lo haría. Dudo que la misma Arrimadas apueste a que el falsario cumpla lo prometido, aunque lo que sí logró con su intervención fue neutralizar el chantaje del ‘o yo o el caos’.

No me adelanto a juzgar si Arrimadas obró bien o mal al votar a favor de la prolongación del estado de alarma. A primera vista, me parecieron estrictamente racionales y cargados de sentido común los argumentos con que justificó su decisión. El veredicto dependerá de los resultados que se obtengan en los planos epidemiológico, económico y político de la lucha contra la pandemia, resultados estos que nadie sabe cuándo estarán a la vista.

Infiel consuetudinario
La novedad, sin embargo, reside en los conflictos que los coqueteos del infiel consuetudinario Sánchez generó dentro del bloque anticonstitucional. Este solo hecho debería contabilizarse como un punto a favor de la decisión de Arrimadas. Porque los trileros, lejos de aparcar sus planes rupturistas mientras dure la pandemia, aprovechaban la circunstancia de que toda la atención de la buena gente estaba enfocada en la lucha contra el virus para tramar sus trolas. Si el voto de Cs ayuda a frustrar estos planes, bienvenido sea.

Los planes los había destapado la portavoz Meritxell Budó, quien advirtió que sus emisarios "llevarán el derecho a la autodeterminación a esas conversaciones y subrayó la línea roja del independentismo para participar en los pactos de reconstrucción: ‘Que no sean en clave española’" (LV, 18/4). Y el padrino Oriol Junqueras fue tajante cuando amenazó a su retoño Sánchez: "Debe decidir si se lanza a los brazos de Ciudadanos o si quiere mantener las mayorías de la investidura" (LV, 8/5). Las prioridades de este contubernio son la torticera mesa de diálogo de la minoría endogámica en pie de igualdad con el Gobierno de España y las mamandurrias de los parásitos antiespañoles del Diplocat, y no las residencias de ancianos y las plazas de UCI.

Escoria totalitaria
"Las mayorías de la investidura", alardea Junqueras. Pura escoria totalitaria. El candidato in pectore de ERC, Pere Aragonès, y el bilduetarra Arnaldo Otegi dialogaron en Instagram Live sobre la visión que comparten para el futuro de sus feudos catalán y vasco en la post pandemia, y el segundo dio vía libre a sus detritos mentales (LV, 8/5):

"Ver a médicos de Cuba llegar a Roma y a aviones de China y Rusia aterrizar en el corazón de una UE que se muestra como un proyecto en crisis no deja de ser una cierta justicia poética", proclamó Otegi apelando a su condición de "viejo rockero" (61 años) forjado en el marxismo.

La meta final
Seamos realistas. Pedro Sánchez no se cansa de repetir que sigue teniendo la mano tendida a ERC, lo que equivale a decir que el acuerdo con Cs es coyuntural y que la meta final es la creación de una recauchutada unión de republiquetas socialistas soviéticas. Y ahí está el aborto de Lenin para empuñar el timón. Con su habitual desfachatez, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias arengó a sus fieles en el primer Congreso Ciudadano Estatal de su partido y les endilgó esta tergiversación de la historia elaborada para engatusar almas cándidas (LV, 8/5):

La Europa que hoy conocemos fue el resultado precisamente de este proceso de reconstrucción tras la última gran catástrofe, que fue la Segunda Guerra Mundial, una reconstrucción de lo común, de la democracia, de las libertades civiles, de los derechos laborales y sociales, de los servicios públicos, que se hizo en oposición a lo que habían representado los movimientos reaccionarios y fascistas.

¡Vaya bulo! La reconstrucción de los valores que enumera el gran falsario la emprendieron los países democráticos para contener la expansión del Leviatán comunista, de cuyos albaceas Iglesias es un descarado servidor. Aquella Guerra Fría contra la amenaza comunista fue tan perentoria para salvaguardar el bienestar y las libertades de nuestra civilización que incluso obligó a repescar a algunos supervivientes del régimen derrotado, como el general de las SS Reinhard Gehlen, convertido en jefe de los servicios de espionaje de la República Federal Alemana, y el ingeniero Wernher von Braun, que pasó de diseñar los misiles V-2 de Hitler a trabajar para la NASA. Fue la operación Paperclip, programada por Estados Unidos, que blanqueó y cooptó a centenares de jerarcas nazis, sobre todo científicos. Los exterminadores estalinistas y maoístas eran tan peligrosos que el presidente Eisenhower no vaciló en incorporar con buen criterio la España de Franco al sistema de defensa occidental. Era el mal menor.
Ni un paso atrás

Hoy es España la que necesita un sistema de defensa invulnerable, a prueba de virus patógenos y de renegados guerracivilistas. De los virus se ocuparán los científicos y el personal sanitario que ya lo está combatiendo con conmovedora abnegación. El control de los renegados guerracivilistas es más complicado porque forman parte de nuestra especie y de nuestro entorno social y político. Peor aun: algunos de ellos nos gobiernan.

Está claro, entonces, que el Frente de Salvación Nacional, compuesto por todas las fuerzas políticas y sociales constitucionalistas, debe ser tan implacable en la defensa de la Monarquía parlamentaria embestida por los tres trileros cainitas como la Alianza Atlántica lo fue en la defensa de la civilización occidental atacada por los bárbaros comunistas. Ni un paso atrás.

PS: Pablo Iglesias no se cansa de despotricar contra el hoy difunto Billy el Niño, pero este no habría pasado de ser un mediocre aprendiz en la tropa de psicópatas asesinos y torturadores que sembraba el terror al servicio de los regímenes comunistas que Iglesias mitifica y quiere copiar. ¿Se acuerdan del depravado Lavrenti Beria? ¿Imaginan al engendro de esa serpiente comandando nuestras fuerzas de seguridad del Estado con el beneplácito de Unidas Podemos? Pues eso.

Manipulados y acojonados
Gregorio Morán vozpopuli.es 16  Mayo 2020

La gran batalla que se dirime en esta España del coronavirus no está en el frente de la epidemia sino en los vericuetos de la hegemonía por dominar la información. Una lucha a muerte por la victoria en ese titular que sea eficaz entre la morralla de las redes y consiga confundir al enemigo y le implique en defensas numantinas de las cosas más pedestres. Así, dónde pernocta, con quién y hasta a qué horas, se han convertido en tema de alta política, no digamos ya quién paga su derecho a almohada. La izquierda institucional se ha lanzado a la caza y captura de titulares que cubran al oponente de todas las corruptelas, en la confianza de que el espectáculo tendrá contenta a la parroquia. Prohibido hacer preguntas. Los allegados, que no otra cosa son los hooligans del equipo gubernamental, deben asumir que su papel en esta historia es la de servir de mercenarios involuntarios.

En esta transmutación de valores en la que nos han metido, la vieja querencia de la derecha ha ido empapándolo todo y hoy constituye el único asidero de una izquierda “por la gracia de Dios”, la única existente y cuyo ejército gana las más pírricas batallas, que son las que se dan en el BOE y en los medios afines. Conozco supuestos periodistas, hoy corta cabelleras, que pueden jactarse de haberse cobrado ya media docena de víctimas.

Cuando en una rueda de prensa el acoquinado plumilla con derecho a titular pregunta al presidente Sánchez si no es menos cierto que tenemos en él la garantía del futuro de la izquierda, se observa al preclaro jefe del clan de los mentirosos que inicia su respuesta tuteándole y anteponiendo un “Carlos” como señal de confianza.

Porque se está refiriendo al portavoz adjunto de la Moncloa misionado en el periódico que lleva compartiendo los azares del poder desde que se creó, aún caliente el cadáver de Franco. En ese momento no se trata de El País, ni de Carlos (Elordi) Cué, sino de quien ha sido señalado por el omnímodo dedo del jefe disfrazado de pagafantas como el más querido de los amigos, ariete frente a enemigos despreciables en la defensa de la buena causa que, como es sabido, es la de Sánchez y cierra España. Pueden inquirir lo que desean, que luego el Poder, el Mando Único, le responderá lo que le pete, sin derecho a réplica, porque él y sólo él sabe que nadie cuestionará lo que afirme. y si lo hiciera, que los dioses le cojan confesado; será la última vez que podrá chupar cámara y menos aún tener la honra de vasallo ennoblecido con derecho a ser incluido en la primera palabra cuasi evangélica…”Carlos…”

Lo que viene luego no cuenta, sólo ese Carlos que le otorga la categoría de amigo, empleado, siervo, o lo que sea, digno de compartir las migajas de la mesa del señor. “Carlos…” Presidente, a sus órdenes siempre, que soy de familia de viejos vasallos ya curtidos en los arrumacos y el pelotilleo. No es únicamente un periodista de los nuevos o viejos tiempos sino un paradigma, que dirían los pedantes. Vino viejo en odres nuevos. Eso que la gente llana tiende a simplificar con un “es lo que hay”.

Ni Sánchez desea un acuerdo entre socios e iguales porque desharía sus pactos de minorías y su papel de rey de la mesa de juego. Tampoco Casado, que entiende su propio linchamiento como un precio que hay que pagar para ganar tiempo en el desmoronamiento del adversario"

La batalla por el titular exige, como en las novelas de crímenes y hampones, que haya como mínimo un muerto. De un tiempo a esta parte no hay gran titular, ni tema adictivo sin un cadáver insepulto o enterrado en el silencio. Es obligado liquidarle a golpe de manipulaciones que hagan el efecto de un escándalo. Y exigen la parcialidad, no son comparables las situaciones porque cada cual es diferente, baste decir que unos son los compadres y otros los enemigos. La vicepresidenta Carmen Calvo puede vivir durante un mes en un piso de esos que se miden por centenares de metros en el purito centro de Madrid, que bastante tiene con la infección de coronavirus, y me parece legítimo que no pague precio alguno por ello, ni siquiera en negritas de titular. Silencio. Pero no es lo mismo que la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, cuya capacidad para meterse en charcos no tiene límites y cuya voracidad para la torpeza verbal está probada, que ejerce de Esperanza Aguirre en la medida en que la empleada de hogar imita a la propietaria, pero como no hay más cera que la que arde y además se ablanda con el manoseo, hete aquí que le ha caído la del pulpo por un quítame allá 80 euros. Partiendo de que me la bufa Díaz Ayuso, de que no la votaría nunca ni por exclusión, de que soy alérgico a su tonillo de niña bien de casa mal, añado que tiene razón para indignarse por el linchamiento.

Descubrir ahora que existen dos pesos y dos medidas era una práctica habitual de la derecha en otros tiempos borrascosos. Ahora es verdad de fe también en la izquierda institucional. Esquerra Republicana de Cataluña le dice que 'no' a Sánchez en ese ejercicio de prestidigitación en el que se ha convertido el confinamiento y nadie del mercenariado osa desacreditarles por frívolos y funambulistas de la política, siempre haciendo malabares sobre la cuerda floja de una militancia conservadora y xenófoba. Pero el PP de Casado opta por la abstención y le caen chuzos de punta por insolidario y cómplice de las muertes por coronavirus. ¿Alguien lograría entenderlo sin apelar al vasallaje y la manipulación de la realidad? Ocurrió con el alcalde de Badalona, García Albiol, beneficiario durante años de las artes, malas artes, de Iván Redondo. Fue su jefe de campaña, el mismo que pechó con las manifestaciones que encabezaban Pilar Rahola y Enric Juliana tildándole de xenófobo, racista y otras menudencias. Ahí sigue todos, al servicio de los adversarios de ayer; en la misma trinchera, pero cobrando en otra ventanilla.

Aclarémonos. Ni Sánchez desea un acuerdo entre socios e iguales porque desharía sus pactos de minorías y su papel de rey de la mesa de juego. Tampoco Casado, que entiende su propio linchamiento como un precio que hay que pagar para ganar tiempo en el desmoronamiento del adversario. Lo que manipuladores y enquistados no podrán negar es que el vapor social está aumentando tanto que anuncia explosiones en cadena.

Pronto se desactivará el miedo y perderá eficacia la fábrica de mentiras. En el fondo no son más que paliativos que sirven de alivio para los optimistas del Séptimo Día. Sucede con la fe, que sólo la tienen los que la buscan.


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