AGLI Recortes de Prensa   Lunes 18  Mayo  2020

Más de 18.000 ancianos han muerto en las residencias desde que Pablo Iglesias asumió su mando único
M.A. Ruiz Coll okdiario18  Mayo 2020

El vicepresidente Pablo Iglesias anunció el pasado 19 de marzo que asumía el mando único del área de Servicios Sociales para atajar la crisis sanitaria del coronavirus en las residencias de ancianos. Desde ese momento, más de 18.000 ancianos han fallecido en los centros asistenciales de toda España.

La cifra era de tan sólo 1.516 fallecidos el pasado 26 de marzo, una semana después de que Iglesias asumiera el mando, y desde entonces no ha dejado de crecer exponencialmente. Durante estos dos meses, las residencias no han tenido la menor noticia del vicepresidente Pablo Iglesias, ni han recibido ninguna ayuda del Gobierno salvo la que ofreció la ministra de Defensa, Margarita Robles.

«La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha acudido a desinfectar decenas de residencias, y en algunos casos también se ha ocupado de trasladar a los fallecidos hasta las dos morgues provisionales del Palacio de Hielo y la Ciudad de la Justicia de Madrid. En ocasiones también han asumido esta labor los bomberos», explica Jesús Cubero, secretario general de la La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE).

Las empresas del sector se muestran tranquilas ante las querellas que la Fiscalía ha presentado para esclarecer las muertes por coronavirus en las residencias. «Nos parece muy bien que se investigue para que salga a la luz la verdad. Las residencias no han fallado, ha fallado el sistema sanitario y desde el sector nos hemos sentido muy abandonados por las autoridades sanitarias», señala el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid.

El colapso de la sanidad y las funerarias
Dos factores han contribuido a que en los dos últimos meses de pandemia se hayan registrado más de 18.500 muertes en las residencias sanitarias: el colapso del sistema sanitario y de los servicios funerarios. «Cuando las residencias llamaban al 061 o al hospital para informar de que uno de los ancianos tenía síntomas de coronavirus, nos decían que no podían ingresarlo porque estaban desbordados», relata Fernández-Cid, que añade que «esas llamadas están grabadas, y también existen los correos electrónicos, como podrá comprobar en su momento la Fiscalía».

A su juicio se ha producido una discriminación entre los ancianos que enfermaron en sus casas, que sí fueron admitidos en los hospitales, y las personas mayores de las residencias: «A nuestros ancianos no les han permitido ingresar en el hospital«, señala.

A ello se ha sumado el colapso de los servicios funerarios: si habitualmente acudían a las residencias en apenas dos horas cuando se producía un fallecimiento, durante la crisis del coronavirus en ocasiones el aviso ha tardado hasta 72 horas en ser atendido, porque las empresas del sector estaban completamente desbordadas.

Las residencias de ancianos recibieron además un protocolo sanitario que advertía que los cadáveres de fallecidos por coronavirus son muy contagiosos: por lo tanto recibieron instrucciones de mantener aislado en una habituación el cuerpo de cualquier fallecido hasta que llegaran los servicios funerarios, en ocasiones tres días después, explica el secretario general de AESTE, Jesús Cubero.

«No son héroes, son ángeles»
La situación se agravó cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dictó una resolución que aconsejaba a todos los trabajadores quedarse en casa y pedir la baja, si notaban algún síntoma similar al Covid-19: «De repente algunas residencias se encontraron sin la tercera parte de su plantilla«.

Antes de que Pablo Iglesias asumiera el mando único, el Gobierno tampoco transmitió a las residencias de ancianos las alertas que recibió de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el mes de enero sobre la gravedad de la crisis del coronavirus que había surgido en China.

«Aunque nuestro interlocutor habitual son las comunidades autónomas, da la sensación de que ha costado mucho tomar decisiones», afirma Jesús Cubero. «En la mayoría de los casos las propias residencias se adelantaron a tomar medidas antes de que lo hiciera la Administración, por ejemplo prohibiendo las visitas de familiares, una decisión que resultó difícil pero que ahora se ha demostrado que era acertada», explica.

Cubero constata que la actuación de las distintas comunidades autónomas ha sido muy dispar, aunque destaca que la Junta de Andalucía «ha tomado las decisiones correctas y muy rápido, nos ha suministrado mascarillas y ha realizado el test a todos los ancianos y empleados de residencias, para evitar que se produzcan nuevos contagios».

Ignacio Fernández-Cid considera necesario que el reconocimiento social a los sanitarios se extienda también al personal de las residencias de ancianos: «No es que sean héroes, son ángeles, lo han dado todo. Los sanitarios se han llevado el aplauso de toda la sociedad. Nuestros empleados a menudo al llegar a casa tras una jornada agotadora veían que los medios les culpaban de las muertes en las residencias. ¿Cómo pueden decir que te has cargado a tus ancianos, con los que a menudo se establece una relación humana de cariño extraordinaria?».

Sánchez, paralizado frente a Europa
Editorial ABC18  Mayo 2020

Una de dos: o la mayoría de los gobiernos europeos son unos temerarios que juegan con la vida de sus ciudadanos o el Gobierno que preside Pedro Sánchez no tiene idea alguna de cómo conducir España para recuperar la actividad social y económica. Mientras en nuestro país, la transición hacia una mayor movilidad, en todos los sentidos, se hace trufada de polémica y envuelta en la desconfianza que merece el Ejecutivo de Sánchez, países como Francia, Alemania, Austria e Italia dan pasos concretos y firmes. No es posible esperar a un riesgo cero en la sociedad española, pero tampoco en ninguna otra europea. El horizonte inmediato depende de cómo la dinámica social, económica, cultural, deportiva y educativa pueda evitar nuevos brotes masivos de un virus que sigue presente entre nosotros. Pero hay que volver a esa dinámica.

Alemania ha abierto ya colegios y tiene un acuerdo con Austria y Francia para crear corredores turísticos seguros. En cambio, el Gobierno español condena al turismo con una cuarentena inexplicable a los visitantes europeos, a los que les resultará más sensato ir a Francia que encerrarse en su hotel español durante catorce días con sus noches. Turistas que tendrán abiertos solo seis de los cincuenta aeropuertos españoles. Imposible no recordar aquella indolencia del Gobierno español que no sometió a control ninguno a los pasajeros procedentes de Italia y China cuando ambos países sufrían con plena intensidad los golpes del Covid-19. Si Sánchez cree que los mercados turísticos que se pierdan este año se recuperarán por arte de magia en seis meses es que, además de ingenuo, es un peligro para el bienestar del país.

Las diferencias con Europa no acaban con el turismo. Alemania abre sus colegios e Italia, hoy, reabre su actividad para que a la pandemia no le siga la quiebra del país. Estos gobiernos asumen riesgos, sin duda, y es probable que España no pueda seguir ese ritmo, pero para eso tienen la responsabilidad de dirigir políticamente el país y para eso exigen a sus ciudadanos que cuiden de sí mismos y de sus compatriotas. El Gobierno de Sánchez se cruzó de brazos hasta la noche del 8-M, cuando de pronto se enteró -el último, al parecer- de que en España había un virus llamado Covid-19. Y ahora, yéndose al extremo del paternalismo presidencialista, sigue en una actitud políticamente opaca y temerosa de su propia incompetencia, que quiere tapar con una ampliación antidemocrática y probablemente inconstitucional del estado de alarma. El resultado es que el Gobierno de Sánchez e Iglesias está alejando -aún más- a España de Europa y condenando a la ruina a sectores esenciales para mantener la riqueza y el bienestar de los españoles.

La calle se calienta contra Sánchez: monumental cacerolada ante la sede del PSOE en Ferraz
OKDIARIO18  Mayo 2020

El clamor de la calle contra Pedro Sánchez va en aumento cada día que pasa. El cabreo de los ciudadanos con la errática gestión que el presidente socialista está haciendo de la crisis sanitaria -y también económica- provocada por el coronavirus ha hecho que Ferraz, la sede del PSOE, se convierta en uno de los centros neurálgicos de las manifestaciones.

Este domingo la concentración de ciudadanos en Ferraz ha alcanzado cifras de record. Una multitud de manifestantes ha acudido a la sede de los socialistas con cacerolas, carteles y gritos mostrando su malestar. Un nutrido grupo de ciudadanos, envueltos en banderas de España, han lanzado proclamas como ‘Sánchez dimisión’ o ‘Sánchez a prisión’ mientras estaban en movimiento para salvaguardar la distancia de seguridad.

Desde las 20.50 horas, los manifestantes comenzaron a llegar entre ruidos de cacerolas y gritos de ‘libertad’ y ‘Gobierno criminal’. En este tiempo, la Policía Municipal de Madrid tuvo que cortar esa parte de la calle Ferraz. También varias lecheras de la Policía Nacional reforzaron la seguridad y evitaban la gran acumulación de personas, llegando a la zona sobre las 19:30 horas. Unas 3.000 personas participaron en la manifestación.

Además, varios agentes cortaron la zona de la acera donde está la fachada de la sede del PSOE mientras que los protestantes continuaban exclamando sus consignas contra el presidente del Gobierno.

La protesta colectiva, como la han definido los vecinos, se ha replicado en otras zonas de Madrid como los barrios Chamartín, Mirasierra, Montecarlo o Aravaca, ninguna de las cuales cuenta con autorización por parte de la Delegación del Gobierno. También se han extendido a otras ciudades y pueblos de la Comunidad de Madrid, como Pozuelo de Alarcón, Majadahonda o Galapagar.

Las manifestaciones ciudadanas comenzaron el pasado domingo después de que un grupo de jóvenes se concentrara frente a una vivienda en la zona de Núñez de Balboa (Madrid) que tenía la música a todo volumen. El incidente derivó en que 12 personas fueran identificadas y sancionadas por incumplir el real decreto de estado de alarma.

A raíz de esto, durante toda la semana han sido decenas las personas que se han congregado en estas calles, entre Ramón de la Cruz y Ayala, ubicadas en pleno barrio de Salamanca, para protestar contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de que la declaración del estado de alarma prohíbe la aglomeración de personas.

En sucesivos días, los vecinos se han vuelto a manifestar en las aceras, en permanente movimiento, y con fuertes caceroladas desde los balcones y ventanas como respuesta crítica a la política del Ejecutivo central.

¿Por qué el Gobierno oculta que España va a ser rescatada por Europa?
ESdiario18  Mayo 2020

España ya es un infierno económico, maquillado por un Gobierno superado al que solo se le ocurre subir más los impuestos: el rescate es seguro y Sánchez debe explicarlo con urgencia.

El viernes hubo una reunión clave que ha pasado desapercibida. La de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con sus homólogos del Eurogrupo. Con un único punto del día: negociar el tipo de fondo de rescate al que países como España se adherirán para empezar a cerrar la profunda herida generada por la pandemia, especialmente en países como el nuestro donde se reaccionó tarde y mal a una amenaza que todos conocían pero algunos ignoraron.

La videoconferencia fue desde la misma sala en que, en junio de 2012, Luis de Guindos pidió en nombre de Mariano Rajoy el rescate de las entidades bancarias públicas, las que dirigían políticos y no ejecutivos profesionales.

Que España se va a acoger a un rescate es tan cierto como que el Gobierno no quiere reconocerlo y, cuando lo reconozca, lo llamará de otra manera: el segundo asunto más relevante, tras la propia emergencia sanitaria, ha sido hurtado del debate público de manera sistemática y, mientras ya se negocia, incluso se niega.

Pero los demoledores números son elocuentes: con un paro previsto del 20%, una deuda pública del 115%, un déficit estimado del 10%, un desplome del PIB de al menos el 9% y un desajuste mínimo en los ingresos anuales de entre 40.000 y 60.000 millones de euros; no hay otra alternativa.

No se puede maquillar el desastre
Esto no se arregla con los delirios confiscatorios de Pablo Iglesias ni maquillando las cuentas que se envían a Europa, como han detectado y señalado organismos de todo tipo incluida la AIREF. La realidad es que ya hasta se demora el abono de los ERTES hasta junio porque el Estado no tiene liquidez.

Habrá rescate, pues, y comportará condiciones exigentes y a largo plazo: los efectos económicos de esta crisis sanitaria pueden durar una década. Y viendo que las recetas de este Gobierno consisten en en seguir despilfarrando en la Administración mientras ataca hasta al ahorro y se niegan o esconden los hechos; lo menos malo que puede pasarnos en que alguien en Bruselas ponga algo de orden.

La guerra de Sánchez
Vida o muerte nunca cuentan mucho cuando el poder está en juego
Gabriel Albiac ABC 18  Mayo 2020

Ningún país de la Europa democrática ha recurrido a leyes de excepción contra el coronavirus. Salvo España. Han legislado alarmas ordinarias dentro de sus constituciones. ¿Por qué España es una excepción a eso? Es la pregunta política de verdad grave.

La excepcionalidad es un supuesto constitucional. Hay extremos en los cuales la ley queda desbordada. Ante la amenaza de muerte, al ciudadano lo acoge la legítima defensa. Ante una insurrección, no hay Estado que no suspenda derechos. La Constitución de 1978 contempla, en su artículo 116, tres escalones en ello: «alarma», «excepción» y «sitio». Para oponer eficaz resistencia a amenazas no conjurables de otro modo. La ley orgánica del 6 de junio del 81 los codifica: «Procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios».

Dos condiciones rigen, pues, ese eclipse constitucional: a) lo «extraordinario» del riesgo; b) la imposibilidad de combatirlo con los «poderes ordinarios», esto es, con las leyes y garantías habituales. Esa doble condición pone la ambigüedad que, en la «excepción», tanto atrajo a los ideólogos autoritarios. No sólo a los fascistas. Y la respuesta que el jurista de cabecera de Hitler, Carl Schmitt, da a la pregunta acerca de qué sea el soberano, fundamenta todas las lógicas totalitarias: «Soberano es aquel que tiene el poder de decidir acerca de la excepción», en los diversos grados que los textos constitucionales fijan bajo distintos nombres. En España: «alarma», «excepción», «sitio». La salvación del Estado se erige en prioritaria.

La pandemia actual cumple la condición a): «circunstancia extraordinaria». ¿Cumple igualmente la b): el «imposible mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios»? Es a esta doble interrogación a la que habremos de enfrentarnos. Bien entendido que no basta una sola de ambas determinaciones para legitimar la aplicación del artículo 116. Y que, en ausencia de una de ellas, su aplicación no pasaría de dar máscara constitucional a un golpe de Estado. No, no es imprescindible la atenuación constitucional que el estado de alarma impone, ni para regular el confinamiento ni para legislar ayudas económicas. Eso es mentira. Ninguna democracia europea lo ha hecho. Y ninguna ha tenido peores resultados que nosotros.

Y es que, si Sánchez ha sido el único gobernante que en la UE suspendió derechos constitucionales, no ha sido para luchar contra el coronavirus. Su guerra es otra. Que pasa por ocultar los miles de muertos que pesan sobre quienes, para no incomodar a las manifestantes del 8 de marzo, aplazaron dos semanas el confinamiento. Que pasa por amordazar a los medios de prensa. Que pasa por borrar el abandono de los viejos. Que pasa por bombardear a las autoridades locales -las de Madrid, sobre todo- que no se hayan plegado a su juego. Vida o muerte nunca cuentan mucho cuando el poder está en juego.

El Gobierno conocía el peligro del coronavirus en febrero y no hizo nada para evitarlo
M. Llamas Libertad Digital 18  Mayo 2020

"Nadie lo podía prever" o "hemos seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud" son algunos de los argumentos que ha empleado el Gobierno en las últimas semanas tanto para eludir su responsabilidad en el desastre sanitario que ha padecido España como para justificar la ausencia de medidas de prevención durante febrero y la primera mitad de marzo, hasta que, finalmente, se decretó el estado de alarma.

De hecho, pocos días después de imponer el confinamiento, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dijo en una de sus ya habituales intervenciones televisivas que "ya sabemos cosas del virus que antes no sabíamos", como, por ejemplo, que es mucho más contagioso y letal de lo que se pensaba inicialmente.

Lo cierto, sin embargo, es que el Gobierno ya conocía desde principios de febrero el enorme riesgo que representaba el coronavirus. Y prueba de ello es un informe elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) firmado, entre otros, por el propio Fernando Simón el 10 de febrero.

El documento en cuestión, que ha sido borrado de la web del Ministerio de Sanidad, demuestra que ya entonces se sabía que el coronavirus no sólo no es una gripe, sino que resulta muy contagioso, su tasa de letalidad es alta y causaba graves complicaciones a un porcentaje elevado de infectados. Pero, pese a conocer estos factores de riesgo, el Gobierno no recomendó el uso de mascarillas a la población ni la puesta en marcha de medidas de distanciamiento social, al tiempo que no estableció controles básicos en los aeropuertos ni se preparó mínimamente para una posible oleada de contagios. Tanto es así que los pocos que durante esas semanas advirtieron del peligro eran tachados de "alarmistas".

Los datos que incluye el citado informe, sin embargo, permitían anticipar buena parte de lo que estaba por venir, tal y como reflejan los siguientes extractos:

No es una gripe
El Gobierno sabía que la covid-19 era muy parecido al Sars y el Mers, dos de los coronavirus más peligrosos de las últimas décadas, pero lanzó el mensaje a la población de que era "como una gripe".

Una vez realizada la caracterización genómica y su secuenciación, se observó una alta homología con virus del género Betacoronavirus, concretamente un 88% de identidad con un virus SARS-like detectado en murciélagos, un 79% de identidad con el SARS-CoV y un 50% de identidad con el MERS-CoV.

Es muy contagioso
El Gobierno sabía que bastaban dos metros de distancia para que se contagiara de una persona a otra y que se transmitía con mucha facilidad debido al contacto cercano de personas, pero no recomendó el uso de mascarillas ni el distanciamiento social, permitiendo incluso grandes aglomeraciones de gente hasta mediados de marzo.

Sabía que su tasa de contagio era alta, con una R0 de dos-tres, de modo que cada infectado podía contagiar de media a otras tres personas, con lo que el crecimiento de la enfermedad corría el riesgo de ser exponencial en ausencia de medidas de control —como así ha sido—.

También conocía el período de incubación, de entre 2 y 14 días, clave para determinar el posible riesgo de expansión de la enfermedad.

Según los datos preliminares, el período de incubación más frecuente se ha estimado entre 4 y 7 días con un promedio de 5 días, habiéndose producido un 95% de los casos a los 12,5 días desde la exposición. Sin embargo, en base al conocimiento de otros Betacoronavirus, MERS-CoV y SARSCoV, y con los datos de los casos detectados en Europa en este brote, se considera que podría ser desde los 2 hasta los 14 días.

El documento destaca incluso la alta tasa de contagios entre personal sanitario registrado inicialmente en China.

En esta serie se ha descrito la transmisión a 40 trabajadores sanitarios (31 en servicios de medicina interna, cirugía y oncología, 7 de urgencias y 2 de UCI) y 17 pacientes que se encontraban ingresados por otras causas.

Existencia de asintomáticos
El Gobierno también conocía la existencia de infectados asintomáticos, otro factor de riesgo clave, si bien "hasta el momento" no existía evidencia respecto a su capacidad para contagiar a otras personas, según este informe.

Aunque de momento no hay ninguna serie clínica en la que se incluyan casos que no han requerido hospitalización, se conocen, a través de las actuaciones de Salud Pública, casos leves y asintomáticos en los que se ha detectado la presencia de 2019-nCoV en muestras clínicas.

Alta letalidad
El Gobierno conocía, según este informe, la gravedad de la enfermedad, puesto que un porcentaje importante de hospitalizados acababan requiriendo UCI, así como su alta letalidad.

Y añade…
En las dos series publicadas de casos hospitalizados (n=41 y n=99) se ha reflejado una letalidad de 15% y 11% respectivamente [...] También mediante modelización se ha estimado una letalidad entre los casos hospitalizados del 14%, lo cual concuerda con los datos publicados hasta la fecha referentes a casos graves.

De la serie de 99 casos hospitalizados en Wuhan, 23 requirieron ingreso en UCI, 17 sufrieron síndrome de distrés respiratorio del adulto, 3 fallo renal, 8 daño pulmonar agudo, 4 shock séptico y 1 neumonía asociada a ventilación mecánica. En el momento de publicar la serie, 11 había fallecido, 31 habían sido dados de alta y 58 permanecían ingresados.

Tratamiento: distanciamiento social
El Gobierno sabía que no había tratamiento específico y que la única solución posible era seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este caso y que, básicamente, consistía en guardar el distanciamiento social (los dos metros ya comentados), extremar las medidas de higiene (lavado de manos) y usar sistemas de protección (mascarillas, guantes, EPI…).

Debido a la ausencia de evidencia respecto al mecanismo de transmisión especifico del virus, se están considerando la mismas precauciones que para otros coronavirus como el SARS -CoV y el MERS-CoV (precauciones de transmisión por gotas y por contacto) y de infecciones respiratorias agudas en contexto epidémico.

Vigilar vuelos
El Gobierno también sabía la importancia de vigilar la llegada de viajeros procedente de países afectados como, por entonces, China e Italia, pero siguió permitiendo los vuelos sin establecer siquiera controles a los pasajeros.

La evidencia respecto a brotes previos refleja que la efectividad de la detección de casos nuevos al ingreso en países sin transmisión del virus es incierta […] Durante el brote actual con el nuevo coronavirus 2019-nCoV, según la OMS se han detectado varios casos exportados a través de la detección de entrada implementada por algunos países.

Los casos sintomáticos pueden detectarse a través de un control de temperatura en el punto de entrada. Sin embargo esta medida puede pasar por alto a los viajeros en periodo de incubación o a los viajeros que ocultan la fiebre durante el viaje y puede requerir inversiones sustanciales. Un enfoque centrado en los vuelos directos desde las zonas afectadas podría ser más efectivo y requerir menos recursos.

El informe, fechado el 10 de febrero, contiene datos clave que ponían de manifiesto la peligrosidad del coronavirus e incluso algunas de las medidas a adoptar para prevenir contagios, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas o el control de aeropuertos.

Algunos países, en base a estos mismos datos o similares, extraídos de la experiencia de China, actuaron antes y adoptaron ciertas medidas preventivas, otros, como España, no, explicando así la enorme diferencia en los resultados obtenidos, con la mayor tasa de fallecidos del mundo por cada 100.000 habitantes, tras Bélgica.

A más cargos, más insolvencia
Editorial El Mundo 18  Mayo 2020

El Gobierno más extenso de los últimos años se está revelando también el más ineficaz a la hora de gestionar la peor crisis de salud del último siglo. La estructura mastodóntica creada por Pedro Sánchez, forzado por su pacto con Pablo Iglesias y por el costoso equilibrio de familias dentro del PSOE, está convirtiéndose en este momento en un freno para la agilidad que requiere la lucha contra la pandemia. A ello se une la discrecionalidad en el nombramiento de cargos de libre designación. Tal como revelamos hoy, estamos ante el récord de cargos en el organigrama del Ejecutivo desde el mandato de Rodríguez Zapatero. El Gobierno de PSOE y Podemos registra el mayor número de directores generales a dedo de las dos últimas décadas, que es el periodo del que hay datos disponibles. A tenor de los decretos publicados en el BOE, el gabinete de Sánchez e Iglesias habilita 13 excepciones, frente a las siete de Zapatero en 2008 o las cinco de Rajoy en 2011. Y ello teniendo en cuenta que se trata de un Gobierno compuesto por 22 ministerios, incluidos departamentos -como Comercio- elevado de rango para satisfacer el cambalache de cargos entre los socialistas y la extrema izquierda.

Causa perplejidad y sonrojo que, justo en un momento en el que la crisis económica derivada de la pandemia está poniendo en jaque al conjunto de la actividad productiva de nuestro país, el Gobierno siga instalado en el despilfarro. Rechaza bajar el sueldo a sus miembros y practicar ajustes en el sector público, lo que resulta un auténtico escándalo dada la recesión económica y el golpe recibido por las empresas tras la caída abrupta de la producción y del consumo. El gasto en nóminas públicas ascenderá este año a 140.000 millones de euros, tras experimentar la mayor subida de la última década. En este contexto, resulta inaceptable para la ciudadanía que la coalición socialcomunista siga engordando una estructura a todas luces incapaz de hacerse con los galones, más allá de la liturgia de un mando único ineficiente. El bochornoso espectáculo de caos y confusión de los últimos dos meses se ve amplificado por la falta de coordinación en el seno del Ejecutivo, la división entre La Moncloa y el resto de carteras, y la brecha abierta entre el PSOE y Podemos a cuenta del relato con el que se intenta sostener un gobierno descompuesto, deslabazado y completamente superado por los acontecimientos.

Sánchez prometió nada más ser investido que éste sería un Gobierno que hablaría con varias voces, "pero siempre con una sola palabra". El tiempo ha demostrado que ni la retahíla de departamentos creados para saciar las exigencias de sus socios ni la descarada voluntad de ampliar el número de cargos a dedo sirven para cohesionar la tarea de gobierno. Al contrario, se trata de una estructura desorbitada, cara y contraproducente que, en lugar de facilitar la gestión, lo que hace es abonar aún más la descoordinación.

La alarma constitucional es Pedro Sánchez
Pablo Sebastián republica 18  Mayo 2020

No hacen falta más ‘estados de alarma’ para controlar la desescalada de la crisis sanitaria del país, tal y como se desprende del entusiasta optimismo del Gobierno y de sus buenas y últimas cifras ‘oficiales’ sobre el número de las personas fallecidas y contagiadas en las últimas horas. Aunque Sánchez, que ha disfrutado del inmenso poder de las ‘alarmas’, quiere más.

Pero hay otro estado de alarma y éste más preocupante, como es el que se desprende del pretendido regreso del presidente Pedro Sánchez y del PSOE al campo de soberanismo separatista y populista, de la mano de los que han han sido sus aliados en la investidura, los primeros dirigentes de Podemos, PNV y ERC, Pablo Iglesias, Andoni, Ortuzar y Oriol Junqueras.

Creímos que la crisis sanitaria, económica y social del país, sin duda la más igrave del tiempo de la Transición, era motivo más que suficiente para que Pedro Sánchez vistiendo la capa de un ‘estadista’ asumiera el liderazgo de España, uniera el país y pusiera delante de su ambición personal y maneras autocráticas de ejercer el poder el interés general de los españoles.

Pero, lejos de actuar con esa alta reponsabilidad que este dramático tiempo le otorgaba, Sánchez aprovechó la crisis para reforzar su poder utilizando los resortes excepcionales del ‘estado de alarma’ y el recorte de los derechos constitucionales de los españoles preocupados y confinados en sus casas.

Exigiendo Sánchez, por añadidura, a la Oposición, que se allanara a ciegas a sus pies a pesar de enormes errores y mentiras de su Gobierno en la lucha contra la epidemia. Errores que han costado vidas (miles en las residencias de ancianos, para oprobio de un Gobierno de izquierdas) y un caudal de enfermedades, pérdidas irreparables en familias, la economía y el empleo.

Sánchez no consultó ni consensuó con nadie sus decisiones unilaterales. Y cuando acabe lo peor de esta crisis querrá entonces ponerse el sólo todas las medallas posibles, subido en un pedestal erigido en un campo de Marte, de muerte (los fallecidos por el virus son 50.000 personas), de desolación y destrucción. Un ‘campo de soledad, mustio collado’.

Tuvo Sánchez, en la mano tendida de Inés Arrimadas que le permitió aprobar la cuarta prórroga de la alarma con apoyo de Cs, la oportunidad de rectificar el rumbo y regresar a la senda de la unidad constitucional. Algo que también debió de haberle ofrecido con generosidad el PP de Pablo Casado quien, al no hacerlo, también se equivocó.

Pero la tentación constitucional que le brindó Arrimadas y que tanto furor causó en el delincuente Junqueras, parece que durará bien poco porque ya están en marcha negociaciones entre el PSOE y ERC (que impulsa Iglesias) para el regreso de Sánchez al terreno baldío y temerario de los golpistas de Cataluña y de los soberanistas vascos del ‘cazo’ tendido, dejando de lado la senda de la unidad democrática y constitucional.

Sánchez no ve más allá de su propia soberbia y ambición, y quizás piensa desde la atalaya de su omnímodo poder que el tiempo juega a su favor. Y que con unas pocas manos de póker en la ‘mesa de diálogo’ catalana -en la que apuesta la soberanía nacional y los indultos- seguirá engañando a todos camino de sus Presupuestos de 2021, izquierdistas y pro nacionalistas, para asegurarse una buena parte de la legislatura.

Pero el espectáculo triunfalista de sus malas artes políticas, que jalea el gran aparato audiovisual y periodístico del que dispone, no podrá restañar en un tiempo récord las heridas y los destrozos causados. Pero cuando lleguen las urnas entonces los ciudadanos, por encima de ideologías y si la Oposición ha recuperado para esas fechas la cordura y el buen hacer, dictarán su gran veredicto desde su particular experiencia de sufrimiento, ruina y desolación que sin duda y durante mucho tiempo perdurará. Ya lo verán.

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Comunidad Valenciana
El Gobierno de Ximo Puig reparte un millón de € al entramado cultural pancatalanista en plena pandemia
Ximo Puig regala 437.840 € de los valencianos a un instituto pancatalanista que preside Torra
Cristina Seguí okdiario 18  Mayo 2020

En plena emergencia sanitaria por el Covid-19, y ante el evidente escenario de falta de material de protección para los sanitarios que se enfrentan a la pandemia, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana, en manos del pancatalanista Vicent Marzá (Compromís), ha destinado cerca de un millón de euros para la compra de libros en catalán, las «librerías de proximidad» y «galerías y creadores valencianos».

Así lo recoge el documento colgado en la página web. La secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, explicó que «las dos acciones suman 972.000 euros y queremos reafirmar nuestro compromiso de reactivar los sectores culturales valencianos, en este caso el sector del libro y el impulso de las galerías de obras de arte valencianas, porque es fundamental situar la cultura en el foco de acciones concretas para remontar las industrias culturales y creativas valencianas».

En cuanto al sector del libro, la Dirección General de Cultura y Patrimonio reembolsará hasta 472.000 euros a las editoriales de material escolar y cultural agrupadas en la Associació d’Editors del País Valencià, cuyos textos defienden la ficción histórica de los Países Catalanes de los que las tres provincias valencianas formarían parte. Idea política que también defiende la formación de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra.

La Comunidad Valenciana viene desde hace años siendo víctima del mismo proceso de catalanización excluyente que ha desarrollado el independentismo en Cataluña con la perfecta excusa del desarrollo cultural. Proceso que cuenta con una doble financiación: la proveniente de la Generalitat catalana y la que es inyectada desde el mismo Gobierno valenciano. El Consell ha engordado durante años el negocio editorial del pancatalanismo usando el concepto «valenciano» para disfrazar el hecho de que los verdaderos destinatarios de las subvenciones públicas son los editores que forman parte del entramado clientelar cultural catalán.

Instituto presidido por Torra
La Generalitat valenciana adquirirá 278 lotes de libros de todas las librerías de la comunidad para distribuirlas de la siguiente manera: 213 lotes para bibliotecas municipales, 56 lotes para los centros del Instituto Cervantes que imparten cursos de catalán por todo el mundo para nutrir de contenido las actividades de promoción de la lengua y cultura catalanas que este instituto promueve en el extranjero, y 6 lotes irán a parar a aquellas universidades en las que los estudiantes puedan realizar estudios del Instituto Ramon Llull, ente que estuvo presidido por el prófugo Carles Puigdemont hasta 2017, y que ahora preside Quim Torra.

Junto a la presidencia de Torra, en el organigrama del ente también figura la presidente de Baleares, Francina Armegol, como vicepresidenta primera del Instituto. Y, junto a ambos, la alcaldesa podemita de Barcelona, Ada Colau, como vicepresidenta segunda.
 


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