AGLI Recortes de Prensa   Domingo 24  Mayo  2020

Cientos de miles de coches colapsan las principales ciudades de España exigiendo a Sánchez que se vaya ya
Las caravanas de vehículos, con banderas de España y haciendo sonar el claxon, han reclamando "¡Libertad!"
Abascal desafía a "los comunistas de coletas largas" en la caravana por la libertad: "España prevalecerá"
Segundo Sanz okdiario 24  Mayo 2020

La caravana convocada por Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su nefasta gestión en la crisis del coronavirus, que deja ya casi 40.000 muertos en España, ha reunido a cientos de miles de coches en Madrid y en el resto de ciudades del país.

Hileras de vehículos, con banderas de España y haciendo sonar el claxon, han protestado en la calle reclamando «¡Libertad!» tras más de dos meses de un «estado de excepción encubierto» y han exigido la «dimisión» del presidente del Gobierno y de los principales responsables del Ejecutivo de PSOE y Podemos.

En Madrid, la concentración de coches y motos ha colapsado el centro de la capital desde mucho antes del arranque de la convocatoria, donde el líder de Vox, Santiago Abascal, ha llamado a continuar con las protestas en las próximas semanas. «Seguid en la calle como hoy habéis salido, no porque os llamara un partido sino porque sabéis que vuestro deber es proteger a España de quienes la quieren pobre y encarcelada», ha proclamado Abascal.

En Barcelona la caravana —más de 500 vehículos según la Guardia Urbana— ha transcurrido desde la plaza Francesc Macià hasta la Delegación del Gobierno, donde los ciudadanos han portado enseñas nacionales y han hecho sonar el himno español al grito de «País socialista, país tercermundista», recibiendo aplausos de viandantes que paseaban por las aceras. Vox obtuvo este viernes el permiso judicial para manifestarse en Barcelona, Tarragona, Lérida y Girona, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña enmendara el veto del Ministerio del Interior.

En Valencia, más de 1.000 coches, según los organizadores, han desfilado desde La Alameda hacia la Plaza de San Agustín, exigiendo «libertad» tras más de dos meses de estado de alarma. Y en las ciudades de Castilla y León, la asistencia también ha sido masiva. Precisamente, aquí el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad estimó los recursos interpuestos por Vox y declaró nulas las resoluciones de las subdelegaciones del Gobierno en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora que prohibían las manifestaciones convocadas por la formación de Abascal en forma de caravana, con vehículos cerrados particulares y motocicletas o bicicletas.

El Gobierno impidió el 5 de marzo llevar a los hospitales a los ancianos contagiados en residencias
Carlos Cuesta okdiario 24  Mayo 2020

El PSOE y Podemos no han dejado de culpar a las autonomías de las víctimas mortales de las residencias de mayores. Pero lo cierto es que el 5 de marzo y por medio de un documento técnico, el Gobierno exigió a las residencias que dejaran en sus cuartos a todos los mayores con «sintomatología respiratoria aguda».

El documento recogía las pautas a seguir en materia de lucha contra el Covid-19. Y ese texto fue emitido antes de la aprobación del estado de alarma y antes del disparo de los contagios por el brote del 8-M. De hecho, se emitió cuando no había problemas de colapso hospitalario. Pese a ello, y haciendo uso de la competencia constitucional exclusiva del Estado -por medio del Ministerio de Sanidad- para gestionar todo asunto de Sanidad Exterior, el Gobierno pidió a las residencias que dejaran a sus contagiados en los centros de mayores, en vez de enviarlos a los hospitales. El resto de la historia es conocido.

residencias
Extracto del documento de Sanidad donde consta que «todos aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda, deberán restringir sus movimientos lo máximo posible».

El texto fue emitido oficialmente con el nombre «Documento técnico. Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el Covid-19».

La fecha de emisión es el «5 de marzo de 2020», tal y como se puede leer en el documento que hoy publica OKDIARIO.

Allí se incluía un apartado sobre «Medidas generales de información y actuación dirigidas a los directores o responsables de los centros para protección de la salud de residentes». Y en ese apartado se señalaba que «como norma general, las estrategias que se recomiendan para prevenir la propagación de Covid-19 en los centros sociosanitarios no difieren de las estrategias que estos centros usan para detectar y prevenir la propagación de otros virus respiratorios como la gripe».

Gripe común
La comparación con la gripe común se hizo pese a que a esas alturas, Italia mostraba ya un cuadro dramático, España había reconocido su primera víctima mortal, y la OMS había advertido ya en dos ocasiones a España de los efectos devastadores del coronavirus.

Los detalles del texto señalaban que «los trabajadores con sintomatología respiratoria deberán consultar a los servicios sanitarios/servicios de prevención/mutuas para realizar una valoración individualizada sobre la pertinencia de la continuidad de sus actividades laborales».

Se añadía que «se contactará mediante mensajes o circulares con los visitantes, usuarios y familiares para indicarles que no deben acudir a estos centros si presentan síntomas de infección respiratoria aguda y que se pongan en contacto con el mismo para realizar una valoración individualizada en el caso de que sea imprescindible que acudan».

Sintomatología aguda
Pero, sobre los propios mayores residentes, se incluyó una exigencia altamente delicada: «Como norma general, todos aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda, deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio».

La nota no pedía el traslado a un hospital. Ni la preparación de unidades sanitarias especializadas dentro de las residencias. Reclamaba el confinamiento en sus cuartos.

El texto daba más indicaciones: «Las salidas a las zonas comunes deberán restringirse al mínimo posible y si estas fueran necesarias, deberán llevar una mascarilla quirúrgica. Se han de seguir estrictamente los protocolos que dispongan los centros sociosanitarios para la prevención de enfermedades transmitidas por vía aérea (como la gripe). Como medida de precaución, se recomienda que todo residente con sintomatología respiratoria que vaya a ser atendido por un trabajador lleve una mascarilla quirúrgica». Y fin.

El resto de indicaciones simplemente pedían disponer «en estas zonas dispensadores con solución hidroalcohólica, pañuelos desechables y contenedores de residuos, con tapa de apertura con pedal, para la higiene de manos e higiene respiratoria». Tener igualmente «dispensadores de solución hidroalcohólica para residentes (idealmente tanto dentro como fuera de la habitación). Se asegurará de que haya pañuelos de papel disponibles y todos los aseos cuenten con jabón y toallas de papel para lavarse las manos».

Y «se recomienda que los familiares, visitantes y usuarios que provengan o hayan estado en zonas o lugares considerados como zonas de riesgo en los últimos 14 días, no visiten los centros sociosanitarios a menos que sea absolutamente necesario».

MÁS DE 30 INTELECTUALES
Julio Ariza, entre los firmantes del manifiesto para la resistencia nacional
Redacción rebelionenlagranja 24  Mayo 2020

Más de una treintena de intelectuales, entre los que se encuentran el director de Rebelión en la Granja, Julio Ariza, y el escritor y presentador de El Gato al Agua, José Javier Esparza, han lanzado este viernes un manifiesto en apoyo de las caceroladas y pidiendo la dimisión del Gobierno.

En el “Manifiesto para la Resistencia Nacional, los firmantes -entre los que hay catedráticos de universidad, poetas, escritores, economistas y periodistas- abogan por la formación de un Ejecutivo técnico y de gestión que solvente la crisis provocada por el Covid-19 hasta que se celebren elecciones.

El texto, que se considera abierto a nuevas adhesiones, acusa al Gobierno de Sánchez de “imprevisión criminal” en una gestión que ha primado “sus intereses políticos e ideológicos”. Además, apoyan las caceroladas que se están produciendo en las calles por “la adulteración de las cifras gubernamentales de fallecimientos, que ocultan al menos un tercio de las muertes reales”, así como “la ineptitud del Gobierno para conseguir los test, mascarillas y material de protección”.

El texto, íntegro:

Manifiesto para la resistencia nacional
Desde hace días, miles de españoles nos hemos echado a la calle, con escrupuloso respeto de las indicaciones sanitarias contra la pandemia, para manifestar nuestro rechazo a este Gobierno mentiroso, incompetente, sectario y corrupto. Y somos millones los que, desde hace semanas, protestamos desde ventanas y balcones contra la desastrosa gestión sanitaria y contra el recorte de libertades fundamentales.

¿Por qué nos manifestamos?
– Por la pésima gestión de la crisis sanitaria, que nos ha llevado a los máximos mundiales de fallecidos, de enfermos y de personal sanitario infectado.

– Por la imprevisión criminal del Gobierno de PSOE-Unidas Podemos y la primacía de sus intereses políticos e ideológicos, que impidieron la respuesta cuando la pandemia aún podía ser contenida en la semana previa al 8 de marzo.

– Por la imposición de medidas económicas improvisadas y contraproducentes, responsables de una crisis laboral y empresarial que nos aboca a la ruina como nación, al empobrecimiento a todos, y al hambre a los más desfavorecidos.

– Por la adulteración de las cifras gubernamentales de fallecimientos, que ocultan al menos un tercio de las muertes reales y contradicen los datos oficiales de las Comunidades Autónomas.

– Por la ineptitud del Gobierno para conseguir los test, mascarillas y material de protección imprescindibles para una rápida reapertura de la economía.

– Por el recorte de derechos cívicos y constitucionales, que ha convertido el estado de alarma en un estado de excepción sin base legal. Sólo pueden manifestarse los amigos y aliados del Gobierno.

– Por el aprovechamiento político del estado de alarma para tramitar leyes que reforzarán el dominio ideológico de la extrema izquierda sobre la sociedad.

– Por la manipulación informativa en favor del Gobierno de los medios de comunicación públicos y de los subvencionados, la censura a las redes sociales y la criminalización de los opositores.

¿Qué queremos?
– Derogación inmediata del estado de alarma y mantenimiento de las medidas de prevención sanitaria que recomiende un comité de expertos solvente, transparente y de conocimiento público.

– Normalización de la vida familiar, social y económica, con especial atención a los grupos de riesgo.

– Pago inmediato de los ERTE y de las ayudas estipuladas para el mantenimiento de las pequeñas empresas y los autónomos.

– DIMISIÓN del Gobierno de Pedro Sánchez y encargo de la Presidencia por S. M. el Rey a una personalidad independiente con respaldo de todos los partidos constitucionalistas de las Cortes Generales. Gobierno técnico y de gestión que haga frente a la crisis sanitaria y a sus terribles consecuencias económicas y sociales. Convocatoria de elecciones nacionales un año después.

Llamamiento a los españoles
Españoles, nuestra nación y nuestro Estado de Derecho están siendo puestos en peligro por un Gobierno que ha demostrado su indiferencia ante el daño causado al pueblo. Os llamamos a manifestaros masiva y pacíficamente, siempre atentos a las normas sanitarias, para procurar el cambio que nos devuelva la libertad y la esperanza.

¡VIVA ESPAÑA!

Firmantes:
Alfonso Ussía, periodista y escritor.
Ángel Fernández, doctor en Economía.
Antonio Caballos Rufino, catedrático de Historia Antigua (U. de Sevilla)

Antonio de la Hoz, economista.
Aquilino Duque, poeta y escritor, premio nacional de Literatura.
Arnaud Imatz, hispanista.

Carlos Bustelo García del Real, economista y exministro.
Carlos López Díaz, asesor comercial y escritor.
Carlos Rodríguez Braun, escritor y catedrático de Hª del Pensamiento Económico (UCM)

Carlos Ruiz Miguel, catedrático de D. Constitucional (U. de Santiago de Compostela)
Dalmacio Negro Pavón, catedrático de Hª de las Ideas y las Formas Políticas (UCM)
Elio Gallego García, catedrático de Teoría y Filosofía del Derecho (U. San Pablo-CEU)

Emma Nogueiro, periodista y escritora.
Fernando Sánchez Dragó, escritor.
Francisco Javier García Alonso, catedrático de Química Inorgánica (U. de Oviedo)

Francisco José Fernández de la Cigoña, ingeniero y bloguero.
Francisco Saavedra, presidente de SCJ Vita
Jesús Cotta Lobato, poeta y escritor.

Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía Política (U. Rey Juan Carlos)
Jesús Palacios, periodista e historiador.
Joaquín Pintos de Mora, comandante de la Guardia Civil (r.)

José Francisco Serrano Oceja, profesor de Periodismo (U. San Pablo-CEU)
José Javier Esparza, periodista y escritor.
José Luis Cendejas, doctor en Economía.

Juan Manuel Cansino, catedrático de Economía (U. de Sevilla)
Julio Ariza, abogado y presidente de El Toro TV.
Manuel Bustos Rodríguez, catedrático de Historia Moderna (U. de Cádiz)

Miguel d’Ors, poeta.
Miguel Platón, periodista e historiador.
Pío Moa, historiador y escritor.

Rafael de la Guerra Gallego, doctor en Medicina.
Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval (U. de Cádiz)
Romualdo Maestre, periodista.

Sergio Fernández Riquelme, doctor en Sociología y Política Social.

El ERTE del Tribunal Constitucional
Editorial ABC 24  Mayo 2020

Basta mirar el papel del Tribunal Constitucional desde que se declaró el estado de alarma para constatar hasta qué punto el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido los poderes extraordinarios de esa medida en un presidencialismo hegemónico. El Parlamento recuperó algo de su tensión funcional en la votación de la última prórroga. El propio Gobierno es un caos interno, sin coordinación política, ni mensaje estratégico, anulando de hecho su funcionamiento colegiado. De los tres poderes del Estado, a los españoles solo les queda la esperanza de la Justicia. Y tampoco la respuesta está a la altura. La paralización de la actividad judicial ha llegado a ser radical. En todo caso, dado que el estado de alarma actual está inmerso en una sucesión de prórrogas más que discutibles desde el punto de vista constitucional, la ausencia inexcusable en esta crisis de libertades y derechos es la del Tribunal Constitucional.

El Consejo de Ministros se reúne de forma presencial y telemática. El Congreso de los Diputados celebra plenos y comisiones. Algunas salas del Tribunal Supremo siguen deliberando y sentenciando. Pero el TC, formado por doce magistrados, no ha celebrado una sola reunión física, pero tampoco telemática. Y la única resolución que ha dictado -confirmando la prohibición de una manifestación el 1 de Mayo- sembró la división y la confusión entre sus magistrados. Este tribunal tendría que estar en la primera línea de la actividad del Estado, precisamente porque el Estado se encuentra en alarma, las competencias autonómicas están en discusión y las libertades de expresión y reunión se hallan sometidas a una coerción gubernamental sin precedentes. El temor al contagio tiene solución con medidas de prevención que están aplicando ya millones de ciudadanos. No era el momento para que el TC hiciera un ERTE.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Peleas, rectificaciones, mentiras e incumplimientos: el descrédito económico del Gobierno en diez escenas

Calviño contra Díaz, Escrivá vs Iglesias, cifras enviadas a Bruselas que no cuadran... Y en juego la credibilidad del Estado español ante sus socios.
D. Soriano Libertad Digital 22  Mayo 2020

Nadia Calviño fue un fichaje sorpresa. Desconocida para el gran público, con un perfil muy técnico, experiencia en Bruselas y algunas posiciones más cercanas al programa del PP que al del PSOE, desde el principio fue vista como la excusa ortodoxa de Pedro Sánchez; la baza que jugar en Bruselas o ante los empresarios; la garantía de que, más allá de algunas declaraciones, el Gobierno mantendría una cierta racionalidad en el área económica. De hecho, cuando Podemos entró en el Ejecutivo, se planteó su ascenso a la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, responsable del Área Económica, como una forma de reafirmar ese papel de guardiana de la estabilidad.

Esta semana, todo eso ha saltado por los aires tras el pacto PSOE-Podemos-Bildu para conseguir el apoyo a la prórroga del Estado de Alarma de los cinco diputados de la coalición vasca que integra a Sortu, los herederos de Batasuna-ETA. Ese folio, con apenas cinco párrafos y las firmas de Pablo Echenique, Adriana Lastra y Mertxe Aizpurua, y que incluía la promesa de derogar, de "forma íntegra" y en las próximas semanas, la reforma laboral del PP de 2012, amenaza con romper el Gobierno.

Para empezar ha puesto en una posición muy complicada a Calviño: Pablo Iglesias, que no hay que olvidar que es vicepresidente Segundo, aseguraba que los pactos hay que cumplirlos y ratificaba el contenido del documento. Ni siquiera el puñetazo en la mesa de la vicepresidenta de Economía, con las declaraciones del jueves, en las que aseguraba que "sería absurdo y contraproducente" derogar la reforma laboral, ha logrado reconducir las cosas. En el momento de la publicación de este artículo (sábado 23 de mayo por la mañana) nadie ha dimitido: ni Calviño ni Iglesias, ni Adriana Lastra. Y tampoco está claro cuál es la postura oficial del Gobierno ni hasta dónde llegará la derogación, si la hay, de la reforma laboral.

Sánchez sabe que necesita a Calviño. En estos momentos, la prioridad número uno del presidente del Gobierno es lograr financiación barata desde Bruselas. Y para conseguirlo no puede prescindir de su ministra de Economía, con mucha experiencia en las instituciones comunitarias y buena imagen ante sus colegas. Para eso la trajo. La salida de Calviño del ministerio o la derogación plena de la reforma laboral de 2012 (la reforma aprobada en España más elogiada por las instituciones comunitarias de los últimos 15-20 años) podría abrir una crisis sin precedentes entre España y sus socios comunitarios. Es cierto que hasta ahora las condiciones macro del rescate (porque en ese escenario están Italia y España) son muy diferentes a las planteadas en 2010-2012, pero no lo es menos que, una vez que se pierde la confianza entre una capital y Bruselas, es muy complicado recuperarla. Nadie quiere decirlo en voz alta pero, sin el apoyo de nuestros socios de la Eurozona, la situación podría derivar rápidamente en un escenario a la griega: con la prima de riesgo disparada, problemas de acceso a los mercados y amenaza de ruptura del euro.

De Madrid en 2020 a Atenas en 2015 hay una distancia menor de la que a veces se piensa. Porque, no hay que olvidarlo, Grecia no estuvo al borde del colapso hace cinco años por un problema financiero (había dinero para rescatar al país, como se comprobó tras el acuerdo del 12-13 de julio), sino de confianza entre las instituciones comunitarias, los gobiernos alemán-austriaco-holandés y el Ejecutivo de Alexis Tsipras y Yanis Varoufakis.
La hemeroteca

El problema es que, incluso si se logra (que está por ver) calmar las aguas en el corto plazo, es complicado vender que lo ocurrido de esta semana ha sido simplemente un error, un fallo de comunicación, un incidente aislado. La credibilidad del Gobierno no está sólo dañada por lo que ha pasado en las últimas 72 horas. En los cinco meses de coalición PSOE-Podemos, el caos se ha adueñado del área económica: los choques entre los dos partidos, las peleas en la prensa entre ministros, las rectificaciones, los desmentidos, los enfrentamientos con los empresarios, las llamadas de atención de Bruselas… Todo esto va más allá de la crisis del Coronavirus, aunque es cierto que algunos de esos problemas se han intensificado con la aprobación de las medidas asociadas al Estado de Alarma.

El siguiente listado recoge diez (podrían ser algunos más) de las polémicas más sonadas. La hemeroteca es muy dura para este Gobierno. Y eso que sólo nos ceñiremos al área económica (dejamos a un lado, por ejemplo, el durísimo enfrentamiento entre Irene Montero y el Ministerio de Justicia por el proyecto de ley de Libertad Sexual que prepara el Ministerio de Igualdad).

- Reforma laboral: ¿la clave que lo decidirá quién gana el combate? No es casualidad que la reforma laboral de 2012 haya protagonizado los tres peores días del Gobierno Sánchez-Iglesias, PSOE-Podemos. De hecho, tan importante es el tema y tan profundas las discrepancias que la discusión sobre la cuestión económica casi ha ensombrecido el hecho de que el PSOE haya traspasado todas las líneas rojas políticas firmando un acuerdo con Bildu.

Y no, esto no es nuevo. En realidad, colea desde antes incluso de la entrada de Podemos en el Ejecutivo. Desde hace años, en los programas electorales del PSOE figura la promesa de derogación de la reforma de Fátima Báñez. Por una cuestión ideológica y por eliminar una de las normas más exitosas y reivindicadas del PP. Pero una y otra vez Calviño ha aguado esa promesa, diciendo que la idea era eliminar partes que podían generar "abusos" pero al mismo tiempo dejando claro que su objetivo era mantener lo sustancial de la reforma. Lo hizo cuando Magdalena Valerio era la ministra del ramo y lo ha hecho con Yolanda Díaz, matizando o directamente corrigiendo a sus compañeros del Consejo de Ministros.

Además, aquí hay dos aspectos: lo que finalmente se apruebe y eso que ahora se llama "la batalla del relato". Podemos forzará al máximo en este punto porque sabe que está ante un escenario que le favorece sea cual sea el resultado: si hay contrarreforma, dirán que han conseguido lo que el PSOE nunca habría hecho sin su presión; si no la hay, culparán ala troika, a Bruselas, a Merkel y a los grandes empresarios. De hecho, eso es lo que están haciendo desde el miércoles en las redes sociales los dirigentes de Podemos (aquí, Pablo Echenique, aunque hay muchos más ejemplos). Es una retórica en la que se sienten muy cómodos.

Y, por supuesto, si no hubiera contrarreforma, el Gobierno se rompiera y la crisis económica se agudizara, esa posición tendría mucho predicamento entre el electorado de izquierda. Eso es lo que no quiere Sánchez, que le roben a un votante al que también corteja. Es lo que tienen los gobiernos de coalición: los que se llaman socios en Moncloa son rivales despiadados en las urnas.

- Consejo de Ministros del 14 de marzo: de las nacionalizaciones de sectores a las amenazas de dimisión. La reunión del Gobierno del sábado 14 de marzo debió ser entretenida. Lo que se ha filtrado de aquel Consejo de Ministros apunta a un choque de trenes entre Calviño e Iglesias (que se saltaba la cuarentena a la que estaba, en teoría, obligado para acudir en persona a La Moncloa) que obligó a retrasar la comparecencia del presidente para explicar la aprobación del Estado de Alarma desde las 14.00 (era la hora prevista en un principio) hasta cerca de las 21.00. Según algunas informaciones, el líder de Podemos pidió nacionalizar eléctricas e intervenir los medios de comunicación y la vicepresidenta amenazó con dimitir si lo conseguía. Aquel pulso se saldó a favor de Calviño: las medidas más radicales se guardaron en un cajón y los ministros encargados de la gestión de la crisis eran todos del sector-PSOE.

- Consejo de Ministros del 29 de marzo: "Podemos arrasa". Si el 14 de marzo ganó Calviño, a partir de ahí casi todas los tantos se los está anotando el sector podemita.

El 29 de marzo Libertad Digital titulaba "El caos se apodera del Gobierno: Sánchez permite a Podemos ‘arrasar’ en la negociación", el choque vino por las medidas de confinamiento y el parón de la actividad económica, que la vicepresidenta quería que fuera más flexible, con más sectores autorizados a mantenerse abiertos y menos prolongado. No lo consiguió y desde entonces España no es sólo uno de los países con más muertos por millón de habitantes del mundo, sino también aquel que ha tomado medidas más duras, durante más tiempo y con más impacto en la economía. De nuevo, volvió a sonar la palabra "dimisión" asociada a Calviño. Aunque, de nuevo, aquello quedó en nada.

- Bronca por los alquileres. Calviño no se ha enfrentado sólo a Iglesias, Díaz o Garzón. Con José Luis Ábalos también tuvo sus más y sus menos, en febrero, a cuenta de la regulación sobre los alquileres. En este caso, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quería imponer precios máximos (a través de un índice de precios, sobre todo en las zonas con más presión sobre el mercado) y la vicepresidenta le recordó que este tipo de medidas no han funcionado nunca.

Eso sí, el enemigo se volvió aliado hace unas semanas, cuando hubo que aprobar medidas extraordinarias relacionadas con el Estado de Alarma y Podemos intentó una condonación generalizada de deudas para los inquilinos que no pudiesen pagar. Ábalos y Calviño se negaron en redondo a una medida como ésta, que habría dinamitado el mercado y la confianza de los inversores. Y Sánchez tomó una decisión que dejó aquella batalla en tablas: quita opcional a los grandes tenedores pero no condonaciones de deuda.

- Iglesias, Escrivá y la batalla de la renta mínima. El sector Podemos no se las ha tenido tiesas sólo con Calviño. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, y Pablo Iglesias libran desde hace unas semanas una batalla no del todo soterrada sobre la renta mínima. Ambos quieren apuntarse el tanto. Las discrepancias giran en torno al calendario (Iglesias presionó para adelantarse a los plazos previstos por Escrivá) y a la medida (en Podemos quieren que sea incondicional y Escrivá pretende asociarla a la búsqueda de empleo y a la mejora en las condiciones del receptor). El vodevil alcanzó su punto culminante el pasado 16 de abril, cuando Escrivá reconoció en una entrevista en la Cadena Ser que se había enterado por los medios de comunicación de que la medida estrella de su departamento iba a presentarse en el Consejo de Ministros.

- Iglesias vs los empresarios. Toma 1. Desde que se formó el nuevo Gobierno de coalición, quedó claro que la relación entre el sector de Podemos y los empresarios no sería sencilla. La retórica anti-empresarial, anti-ricos, anti-capitalismo… de los ministros morados no ayuda. Pero no es sólo una cuestión ideológica. Así, el pasado 9 de abril Iglesias abría un nuevo frente con la CEOE, filtrando desde su departamento una información en la que se aseguraba que la CEOE veía "adecuada y positiva" la renta mínima según el diseño planteado por Podemos. La realidad era bien distinta: la patronal lo negaba de forma rotunda, hablaba de "manipulación interesada y deslealtad" al diálogo social y daba plantón a Yolanda Díaz, con la que había prevista una reunión para el día siguiente.

- Iglesias y Díaz vs empresarios. Toma 2. Ni siquiera la firma del acuerdo del diálogo social para prorrogar los ERTE estuvo exenta de polémica. El Gobierno lo vendió como un éxito y reunió en Moncloa a Sánchez, Escrivá, Díaz, Iglesias, Montero y Calviño (para lograr esa foto tan rara, en la escalinata de Moncloa, con hasta diez personas separadas por la distancia de seguridad). Eso sí, los empresarios no salieron especialmente contentos. Se trataba más de limitar daños que de lograr un acuerdo en el que todos se sintieran cómodos. Como narraba al día siguiente Carlos Segovia en El Mundo, aquello se parecía más a un chantaje: "El órdago del Gobierno a CEOE: o firmaba el pacto o los ERTE serían más caros para las empresas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, envió un mensaje a Garamendi: si CEOE no firmaba el pacto, eliminaría las mejoras que le había arrancado". No parece el escenario más propicio para generar confianza en los agentes sociales.

- Díaz vs empresarios. Toma 3. El enfrentamiento con los empresarios no ha sido exclusiva de Iglesias. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha tenido varias polémicas sonadas con la CEOE y las organizaciones de autónomos. Empezó a comienzos de marzo, antes del Estado de Alarma, con la guía sobre cómo debían actuar las empresas ante el Coronavirus, que CEOE y Cepyme denunciaron por la "confusión" que generaba. Aquel episodio también provocó un enorme "enfado" en Moncloa, que acusó a Díaz de ir por libre. Luego vino el decreto que prohibía los despidos (y las declaraciones sobre el mismo, pidiendo "ejemplaridad" a los empresarios), a espaldas de la patronal; el caos en la tramitación de los ERTE; y el esperpento del domingo 29 de marzo, cuando se publicaba en el BOE de madrugada (apenas unas horas antes de su entrada en vigor) qué actividades eran esenciales y cuáles no, lo que obligó a retrasar su puesta en marcha 24 horas para permitir que empresas y trabajadores se ajustasen a sus disposiciones.

- La dimisión de Jordi Sevilla. Éste es el único episodio de la lista en el que no está involucrado el sector podemita el Gobierno. El exministro del PSOE Jordi Sevilla dimitía el pasado mes de enero como presidente de Red Eléctrica Española (una sociedad en la que el Estado tiene el 20% del capital) por sus discrepancias con Teresa Ribera (ministra y vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico) y las injerencias de ésta en la gestión de la compañía. Sevilla habló de "restricciones externas sobrevenidas" que podían afectar a la buena marcha del grupo.

- Bruselas y el déficit de 2019. Volvemos al primer punto, a Bruselas, Calviño, la credibilidad y la ayuda de nuestros socios. Al igual que ocurre con la reforma laboral, en lo que tiene que ver con el déficit, las idas y venidas del Gobierno tienen una doble importancia: por un lado, por lo que supone en sí mismo disparar los números rojos del Estado; por el otro, por lo que implica destrozar la credibilidad del Reino de España ante sus socios en un momento de máxima tensión y en el que necesitamos el apoyo de la UE más que nunca.

Pues bien, el relato de lo sucedido en este punto es elocuente: España comenzaba con un objetivo de déficit del 1,3% para 2019; nada más llegar a La Moncloa, Sánchez se negó a cumplirlo y pacto con Bruselas un nuevo objetivo del 1,8%. Según avanzaba el pasado ejercicio, quedó claro que no se lograría tampoco ese límite y se subió de nuevo el objetivo al 2% (hasta aquí, con el acuerdo con la Comisión). De hecho, hasta bien entrado el otoño el mensaje oficial era que cumpliríamos con ese 2% del PIB.

La realidad es que no nos quedamos ni cerca de esa cifra. Y lo que es casi peor, de nuevo España dio un auténtico espectáculo con los datos, en lo que supuso un nuevo golpe a la imagen de nuestro país ante nuestro socios: el Gobierno anunció en marzo que el déficit era del 2,64% del PIB… pero unos días después, Eurostar rectificaba esas cifras y situaba el agujero presupuestario en el 2,82%: más del doble del objetivo inicial y un punto del PIB superior al compromiso del Gobierno de Sánchez. Y, lo que es casi más increíble y difícil de explicar en Bruselas: ocho décimas (unos 10.000 millones) más de lo que Calviño le decía a sus socios en otoño. ¿Cuánta confianza más puede derrochar este Gobierno antes de llegar a un enfrentamiento abierto con la UE? ¿Será el episodio de esta semana a cuenta de la reforma laboral la gota que rebose el vaso de su paciencia? ¿Cómo le explicará lo ocurrido la vicepresidenta a sus colegas del Eurogrupo? Lo que está claro es que las próximas reuniones que tenga con ellos serán muy interesantes y no sólo por el Coronavirus.

El drama de millones de españoles
Editorial larazon 24  Mayo 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en su tradicional alocución semanal, que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Era una medida esperada de la que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quería apropiarse y presentar como una conquista exclusiva de Podemos. Uno y otro dicen que estaba en la raíz de aquel pacto, pero ni uno ni otro tenía en sus planes su aplicación. La crisis de Gobierno provocada por la negociación con Bildu de la derogación íntegra de la reforma laboral para conseguir su abstención en la prolongación del estado de alarma, provocó que ayer fuese Sánchez quien anunciase la puesta en marcha del IMV. Se trata de una prestación de la Seguridad Social cuyo coste anual se calcula en unos 3.000 millones de euros, aunque su cuantía dependerá de los miembros que componen cada hogar. De esta medida se beneficiarán cerca de 850.000 familias, de las que la mitad tienen niños a su cargo.

La oportunidad para presentar esta medida era obligada, en un momento en el que el Gobierno está roto como efecto incubado por el pacto entre PSOE y Unidas Podemos con el apoyo de los independentistas de ERC, cuyo principal dirigente cumple pena por sedición –no lo olvidemos– y el brazo político del terrorismo etarra –tampoco lo olvidemos– y la necesidad de Iglesias de forzar su protagonismo hasta que Sánchez reconozca que su supervivencia política depende de él exclusivamente. Para escenificar la nueva normalidad política, el presidente del Ejecutivo anunció la aprobación de este salario social bajo el principio de que «nadie se quede atrás». Como lema de marketing político puede funcionar, pero más necesario sería ser eficaces en la gestión de los recursos que ya se han puesto en marcha. El más necesario era el pago de los ERTE, principal apuntalamiento de la demoledora crisis que ha afectado a más de medio millón de empresas medianas y pequeñas y que se han visto obligadas a cerrar por la imposibilidad de mantener la producción o un mínimo servicio. En total, se han acogido a estos expedientes de regulación temporal de empleo más de cuatro millones de trabajadores desde el pasado mes de marzo, sin contar los 947.896 afiliados que han perdido la Seguridad Social, en su mayoría empleos temporales, desde que comenzó la crisis del coronavirus. Sin embargo, unos 300.000 trabajadores todavía no han cobrado dicho subsidio, en su mayoría porque no se han tramitado por cuestiones formales, aunque hay otras fuentes, como los gestores administrativos, que triplican la cifra hasta los 900.000. Es una situación dramática si, además, se tiene en cuenta que desde marzo la mayoría no percibe ningún salario. En esta situación, abunda negativamente el hecho de que todavía hoy no se sabe si a principios de junio cobrarán un solo mes –el 70% de su salario habitual– o los tres debidos. En cuatro meses, el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal) ha gastado más de 7.198 millones de euros de los 17.410 millones que tenía previsto destinar a desempleo en todo el año. Aunque hay que tener en cuenta que de los utilizados hasta ahora, unos 6.800 millones corresponden a las prestaciones ordinarias a parados antes de que se declarase la pandemia.

Aunque la situación es dramática para millones de trabajadores, la crisis abierta en el Gobierno entre Sánchez e Iglesias y la desconfianza provocada en los agentes sociales –principalmente, en empresarios– ha llevado a que la Comisión de Reconstrucción a un punto muerto. Todo indica que el Ejecutivo –o el núcleo duro instalado en La Moncloa– no es consciente del desastre económico causado por el coronavirus y un confinamiento extremo que ha llevado a la parálisis del país como única solución para remediar la falta de previsión del equipo de Sánchez. Hay un verdadero drama que el Gobierno debería tomarse en serio y no, como es habitual, con un nuevo ataque a la derecha. El que gobierno es, siempre, el mayor responsable.

Pan y circo ante una emergencia económica
Editorial El Mundo 24  Mayo 2020

Reconozcámoslo. Pedro Sánchez es un maestro del escapismo y la propaganda por más que cada vez menos españoles estén dispuestos a comprar su mercancía averiada. Después de una de las peores semanas para el Gobierno -más Frankenstein que nunca-, la pirueta del presidente ayer causa tanto sonrojo como inquietud, porque demuestra que a Sánchez le vale absolutamente todo. Ni disculpas a la ciudadanía, ni dimisiones, ni admisión de un error tan indecente que ha espantado hasta a los socialistas que llevan años tragando con todo en cómplice silencio. En un ejercicio de insoportable cinismo, el presidente aprovechó su programa televisivo semanal para echar la culpa de su ignominioso acuerdo con Bildu al Partido Popular por su negativa a secundarle en su carrera hacia al abismo. Pero aún tuvo tiempo de insistir en que la petición de prórrogas del estado de alarma en el Congreso es un asunto exclusivamente de emergencia sanitaria que "nada tiene que ver con competencias, financiación u otras cuestiones", cuando es su Gobierno el que lleva ya casi dos meses mercadeando con todas las formaciones parlamentarias y aceptando todo tipo de chantajes, como el de los proetarras, para ganar la votación. Provocaría hilaridad si nuestro país no se encontrara en un momento tan delicado.

Esta misma semana, el gobernador del Banco de España alertaba de que la crisis económica "va a ser más larga de lo inicialmente previsto". Hernández de Cos subraya que el impacto sanitario y el parón de la actividad económica han disparado el gasto público y hundido los ingresos del Estado, lo que elevará de forma alarmante el déficit y la deuda. En una demostración de responsabilidad y de liderazgo racional que tanto escasean entre los cargos de muchas instituciones, el gobernador del regulador español hizo un retrato de la realidad exactamente como es, sin artificios, y por ello instó al Ejecutivo a diseñar y publicar ya un plan de ajuste fiscal que se antoja improrrogable, al mismo tiempo que abogaba por pactos de Estado con altura de miras, que vayan mucho más allá de una mera legislatura, con el fin de sanear nuestras finanzas públicas a través de la revisión del gasto y de la estructura y capacidad impositivas. Con una probable caída del PIB este año de entre el 9,5 y el 12,4%, y un daño irreparable en sectores tan determinantes como el de la automoción o el turismo, los españoles no pueden permitirse ni que su Gobierno se eche en brazos de los proetarras y les ofrezca una derogación de la reforma laboral "absurda y contraproducente", en palabras de la ministra Calviño, ni que el presidente intente sacar la pata del agujero con anuncios de pan y circo como los de ayer sin estrategia ninguna ni credibilidad.

El fruto de la sociedad subsidiada
Jesús Cacho vozpopuli.es 24  Mayo 2020

Maniatados por un confinamiento que permite al Gobierno recortar derechos y tirar de Decreto-Ley a su gusto casi sin oposición, nadie ha reparado en la importancia de un anuncio hecho esta semana según el cual el Ejecutivo se dispone a cambiar el sistema de adjudicación de las becas universitarias eliminando cualquier requisito de excelencia académica para acceder a las mismas. Según lo sabido, las becas, cuyo presupuesto se eleva en un 22%, ¡será por dinero!, sólo dependerán de la renta y no estarán sujetas al mérito y al esfuerzo del alumno. La exigencia para disfrutar de la cuantía completa en el primer curso se rebajará de un 6,5 a un 5 pelado. Becas entendidas como subsidios al fracaso escolar. Becas para todos. En una semana agitada, en la que hemos asistido a esa explosión de amoralidad política e irracionalidad económica que ha sido el pacto firmado por la coalición gobernante con EH Bildu para la reforma laboral, el Gobierno de Pedro & Pablo sigue avanzando en todos los frentes, empeñado en una operación de ingeniería social destinada a dar una vuelta completa al modelo de sociedad y convertir este país en una granja de analfabetos empobrecidos y alienados dependientes de la caridad del Estado.

En 2013, el ministro Wert fijó en un 6,5 la nota exigida en el primer curso para poder acceder a las ayudas y en un 5,5 para disfrutar de la matrícula gratuita. También instauró un sistema que dividía la beca en una parte fija y otra variable, de modo que el alumno podía recibir más dinero de acuerdo con su nivel de renta y la calidad de sus calificaciones. Tanta exigencia debió parecer un exceso a ese socialdemócrata acomplejado apellidado Rajoy, de modo que en 2018 Íñigo Méndez de Vigo redujo del 5,5 al 5 la nota exigida para disponer de matrícula universitaria gratuita el primer año, aunque mantuvo en un 6,5 el requisito para recibir la cuantía económica. Ahora llegan Pedro & Pablo con las rebajas, dispuestos a usar la educación como alfombrilla sobre la que aterrizar su modelo de sociedad de titulados todos con derecho al seguro de desempleo.

La “beca” ha sido siempre un término asociado al reconocimiento del mérito y un mecanismo que permitía a los alumnos inteligentes y con menos recursos económicos salir adelante mediante el esfuerzo personal. Todo quedó arrasado con la llegada en los ochenta de las nuevas pedagogías y, sobre todo, con la obsesión igualitaria que está en la base de la ideología socialista: la de equiparar a todos los alumnos no en la excelencia sino en la mediocridad, mediante una pretendida “democratización de la enseñanza” que no ha conseguido sino convertir la educación pública en un recinto de presencia obligatoria para los estudiantes, arramblando con cualquier exigencia de disciplina académica y, naturalmente, de mérito. Con el paso de los años, esta aberración ideológica se ha terminado trasladando también a la financiación de los sistemas educativo y universitario y, en concreto, a la política de becas.

Los destrozos causados por la pretensión socialista de manipular la educación con fines ideológicos son cuantiosos y se concretan en estudios sectoriales como el informe Pisa. Lo que debería ser una fórmula para recompensar el esfuerzo de los mejores estudiantes y hacer posible el “ascensor social” de los pobres, se ha convertido, por culpa de esa obsesión igualitaria, en un sistema que premia e incentiva la mediocridad y/o en una mera ayuda social a familias con niveles bajos de renta, un subsidio de renta fija desconectado por completo de cualquier excelencia académica. Los fines más loables de un buen sistema de becas –promocionar a los estudiantes con menos recursos, recompensando el esfuerzo y mejorando la calidad de la enseñanza- han desaparecido.

El sistema tiene unos costes familiares importantes, por cuanto frustra la posibilidad de aflorar el talento y hacer posible el ascenso por la escalera social a los hijos de las familias menos favorecidas, razón por la cual los niños de los prebostes socialistas estudian como norma en los colegios privados más caros (será cosa digna de ver a los hijos del marqués de Galapagar matriculados en ICADE dentro de unos años), pero tiene, además, unos costes sociales que un país con unas cuentas públicas tan deficitarias como el nuestro no debería permitirse. No tiene sentido que alumnos que se “estabulan” en la universidad durante años, muchos más de los necesarios para completar una carrera, y que van aprobando asignaturas con “suficientes” raspados, gocen de estudios gratuitos cuyo coste sufragan religiosamente los contribuyentes. Un estudio realizado hace años por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada cifraba en 3.300 millones el coste anual del fracaso en la universidad española, una cifra que sin duda se queda muy corta.

Nada parece importar a los apóstoles del igualitarismo social comunista, que se disponen a completar la macabra tarea de la covid-19 con el aprobado general este curso (“la promoción será la regla general y la repetición la excepción”, Celaádixit), empeñados en la construcción de esa sociedad subvencionada, masa de adictos dependiente de las ayudas del Estado y dispuesta a votarles cada cuatro años con independencia de su desempeño económico. Por la vía estrecha de esa “sociedad de mantenidos” circula la idea de la Renta Mínima Vital (RMV) que el Gobierno quiere empezar a pagar en junio, con un coste muy superior a los 3.000 millones anunciados, renta que Pablo Iglesias se encargará de convertir en subsidio permanente por encima de la innegable necesidad actual de ayudar con urgencia a los más golpeados por la crisis sanitaria. Como días atrás escribía aquí José Luis Feito, “ese ingreso mínimo permanente, además de elevar el gasto público y la presión fiscal latente, erosionará la creación de empleo y el vigor de la recuperación. La renta básica desencadenará en muchos individuos la tentación de vivir de las ayudas, reducirá la oferta de trabajo y el potencial de crecimiento, al tiempo que ensanchará la economía sumergida y mermará los ingresos públicos”.

Camino de la bancarrota
Los copresidentes ignoran cualquier advertencia sobre los riesgos de tanto derroche. Este martes, el BOE publicaba el reparto entre las comunidades autónomas de 100 millones destinados a la lucha contra la violencia de género en 2020. No hay semana en que no aparezca un grupo social o una causa más o menos loable favorecida con la lotería de los millones caídos del cielo. El Banco de España se ha encargado de recordar la dramática situación de las cuentas públicas, hoy peor que ayer pero menos que mañana, al anunciar que la deuda del conjunto de las Administraciones se situó en marzo en 1.224.243 millones, nuevo récord histórico, tras sumar 22.473 millones más en marzo respecto a febrero. El ratio de endeudamiento público sobre el PIB se eleva ya al 98,3%, y seguimos gastando. El Tesoro ha anunciado también esta semana la emisión de deuda nueva por importe de 130.000 millones, básicamente destinados a financiar una Seguridad Social en quiebra y atender el pago de las pensiones, además de renovar deuda vencida por importe de otros 168.000 millones. En total casi 300.000 millones.

Cifras mareantes, capaces de provocar el pánico y llamar a la cordura en cualquier gobernante juicioso. Nada que hacer con Pedro & Pablo, aparentemente empeñados en arruinar un país que al término del año en curso experimentará una caída del PIB de entre el 11% y el 15%, un déficit que podría escalar hasta el 18%, una deuda pública del 120% y una tasa de paro aterradora (al servicio de la cual los copresidentes se han apresurado a pactar con Bildu la derogación de la reforma laboral); un país que tardará entre cuatro y seis años en volver a producir la riqueza que generó en 2019, y un país, sobre todo, mal pertrechado para embocar el futuro con un sector público gigantesco, un número de funcionarios que no deja de crecer, una población envejecida, una juventud echada a perder por culpa de un sistema educativo perverso (la riqueza de las naciones está en relación directa a la calidad de su capital humano); un país con crecientes capas de población dispuestas a vivir de la subvención y el cuento. Una sociedad que reniega del trabajo y aspira al todo me lo den gratis.

Todas las condiciones parecen dadas para acabar de forma drástica con las mejores décadas que, en términos de convivencia y progreso, ha conocido España a lo largo de su historia. Y tal vez sea precisamente eso lo que persiga la coalición social comunista: el cuanto peor, mejor. Es obvio, empero, que no podrán salirse con la suya, porque lo contrario supondría desafiar la inteligencia, la lógica económica y hasta las leyes de la física. Ningún país ha aceptado nunca perder mansamente su bienestar y sus libertades. El horizonte, sin embargo, no puede ser más negro. En lugar de mostrar signos de desgaste, el sanchismo parece haber consolidado un porcentaje de voto de entre el 25% y el 30% del electorado, un suelo que permanece inamovible, como el cemento armado, indiferente a cualquier tipo de desafuero gubernamental. El país partido en dos bloques irreconciliables. Es el fruto de la sociedad subsidiada.

Merkel contra Iglesias, esa es la batalla
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli 24  Mayo 2020

Hay acontecimientos que han marcado un antes y un después en el discurrir de la política española del último siglo, el asesinato de Calvo Sotelo, por poner un ejemplo. Esta pasada semana se ha producido uno de estos hechos que podría ser una divisoria de aguas, el pacto para derogar la reforma laboral entre los grupos parlamentarios del PSOE, de Podemos y de Bildu, acuerdo firmado con nocturnidad y secretismo a espaldas de todos los que debieran haber participado en su gestación y se enteraron de su existencia por los periódicos: la CEOE, los sindicatos, el Partido Socialista y gran parte del Gobierno, notablemente la ministra de Economía, la ministra de Trabajo y el ministro de la Seguridad Social. Una tropelía de tal calibre puede responder a que sus perpetradores han perdido el juicio o a todo lo contrario, que saben muy bien lo que se traen entre manos, aunque entre ellos no haya coincidencia de propósito.

Como viene ocurriendo invariablemente desde la Transición, la izquierda, la que en cada momento lleve la batuta, y los nacionalistas, los que se vayan poniendo al frente del secesionismo en su incansable marcha de relevos, tienen un plan, una estrategia y un objetivo y la derecha, representada por la fuerza hegemónica en este ámbito en cada etapa, está a por uvas. Las razones por las que las cosas son así son fáciles de dilucidar, pero no las voy a tratar hoy porque el tema que quiero destacar es otro.

Pese a su menguada representación en escaños, reducida a la mitad desde su arrolladora irrupción en el Congreso hace cuatro años, la iniciativa en el campo autodenominado “progresista” la desempeña Podemos porque el centenario partido socialista ha degenerado en un descarnado aventurerismo sin escrúpulos. Pues bien, Podemos tiene un diseño bien trazado de adónde quiere llevar a España, de cómo llevarla, con quién y a costa de quién. En su esquema, Pedro Sánchez es un simple instrumento, los separatistas unos eficaces compañeros de viaje y la oposición liberal-conservadora unos pipiolos que no aguantan dos bofetadas. En cuanto a Vox, le corresponde el papel del hombre del saco con el que asustar a los niños que no se dejan adormecer por sus susurrantes engaños.

El fin que persigue Podemos es diáfano y basta repasar las conferencias, los discursos y los tuits de sus dirigentes para conocerlo. Se trata, por una parte, de transformar el sistema productivo español de una economía de mercado en una economía colectivizada de planificación centralizada y, por otra, de pasar de una Monarquía constitucional y parlamentaria a una república confederal de corte totalitario. De ahí la permanente descalificación del orden del 78 y los ataques aviesos a la Monarquía, así como la adopción de medidas conducentes a destruir el tejido empresarial y a borrar del mapa a los autónomos.

Evitar la recuperación económica
De hecho, la aparición inesperada de la pandemia ha obligado a la formación morada a acelerar su calendario porque el rápido empobrecimiento de los españoles a causa de la brutal recesión y la desaparición de negocios en los más diversos sectores les ha abierto la oportunidad de incrementar considerablemente el número de personas dependientes del Estado. En este contexto, su labor se concentra en evitar la recuperación económica, lo que explica sus trabas a la reanudación de la actividad y su hostilidad al turismo, columna vertebral de nuestra prosperidad basada en los servicios. Desde esta perspectiva, la derogación de la reforma laboral en vigor es una puñalada en el corazón de nuestra creación de riqueza porque la combinación de la tremenda caída del PIB con una normativa laboral que impida a las empresas adaptarse a la coyuntura tan desfavorable que se avecina será letal para su supervivencia, arrojará al paro a siete o más millones de trabajadores y convertirá España en un erial en el que el socialismo del siglo XXI florecerá sobre los escombros.

Obviamente, Pablo Casado e Inés Arrimadas no se enteran de la película y siguen jugando gentilmente al croquet mientras Pablo Iglesias juega suciamente al rugby. El hecho de que tanto el PP como Cs sigan participando en la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Económica, sirviendo ingenuamente de coartada a la aviesa operación de destrucción que Podemos tiene en marcha, demuestra hasta qué punto no son enemigos para el implacable comunismo bolivariano.

Frente a los oscuros designios de Podemos, sólo se alza en el horizonte un obstáculo nada baladí. Para que el Gobierno pueda continuar pagando las pensiones, los sueldos de los funcionarios, el desempleo, los ERTEs y las ayudas a las PYMES y a los autónomos va a necesitar durante los próximos años no menos de 300.000 millones de euros extra que se los tiene que suministrar el Banco Central Europeo, el Eurogrupo, la Comisión y los mercados financieros. Una fracción de este volumen de dinero serán transferencias, pero el grueso serán créditos condicionados.
Desempleados desesperados

La mera suposición de que Alemania, Holanda, Bélgica, Austria y Finlandia o las Sras. Lagarde y Von der Leyen van a aflojar el bolsillo para que un partido comunista convierta un Estado Miembro de la UE de la envergadura económica y política de España en una Venezuela mediterránea entra en el delirio. Por consiguiente, la batalla de los meses venideros no se dará entre Sánchez contra Casado, sino entre Merkel e Iglesias. Como el terrateniente galapagareño es consciente de que en este combate con la canciller no aguanta ni un asalto, se prepara para hacer la revolución en la calle una vez la maquinaria europea lo obligue a dejar el Gobierno. Se trata, por tanto, de empobrecer a la sociedad española tanto como sea posible antes de que Bruselas imponga su férrea ley.

De ahí las prisas por derogar la reforma laboral, por provocar tanta huida de capitales como sea posible y la lentitud a la hora de autorizar los cambios de fase del desconfinamiento. Hay que disponer de una masa crítica suficiente de desempleados desesperados que le garanticen un puñado de escaños para continuar el asalto al paraíso pagado por el contribuyente, no faltaría más.

Sánchez y sus apaños con Bildu: una ruina sobre la ruina que padece ya España
ESdiario  24  Mayo 2020

Un Gobierno sin rumbo y fracturado, en el peor momento en décadas, añade incertidumbre y daños a un drama nacional que ya no se puede permitir más desastres.

Si Adriana Lastra firmó con Podemos y Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral sin leerse el documento, debe dimitir. Si se lo leyó y lo firmó sin pedir permiso a su jefe, debe dimitir también. Y si lo firmó, tenía el permiso de su jefe y luego se han tenido que desdecir viendo el incendio creado, tiene que dimitir igualmente. O ella o Pedro Sánchez.

Lo que no puede ser es que Moncloa y el PSOE monten este número, señalen como culpable a su portavoz parlamentaria y luego nadie pague la ronda. Si a una cajera del hipermercado no le cuadran las cuentas por 4 euros al final de día, la piden explicaciones y la despiden.

¿Y con millones de parados, millones de afectados por un ERTE y millones de empleados asustados por su futuro no pasa nada si se mete la pata en una cosa tan delicada como el empleo de los ciudadanos?

El problema de fondo es que España padece a un presidente que gestiona el país con el único criterio de anteponer su supervivencia a los intereses colectivos más elementales. De no estar la vicepresidenta económica Calviño de por medio, que es la gran referencia de Bruselas, este apaño con Otegi hubiera prosperado.

De este episodio podemos extraer varias conclusiones: con la economía en ruinas, estaba dispuesto a arruinarla más con tal de obtener el apoyo de Otegi. Y cuando el precio a pagar por ese bochorno era mayor que el beneficio de recular, ha reculado, echándole la culpa a una política que, con tal de seguir ahí, va a hacer siempre lo que le pidan.

Demoler el diálogo social, entregarse a Bildu, enfrentarse con Podemos y perder toda la credibilidad ante Europa es siempre un desastre. Pero hacerlo en pena crisis económica y sanitaria es, además, un abuso intolerable y un escándalo inadmisible.

Sánchez e Iglesias eligen como socio preferente a la ETA
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 24  Mayo 2020

El refuerzo de la ETA no sólo es una burla criminal a todos los españoles, sino la prueba de que el cambio de Régimen va, a toda prisa, hacia la Dictadura

El miércoles 20 de mayo de 2020 pasará a la Historia de España como el día en que el gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias, tras insultar al PP y a Vox, segunda y tercera fuerza nacionales, presentó a la ETA como socio de Gobierno. La excusa fue aprobar la quinta prórroga del Estado de Alarma, pero eso lo tenía asegurado ya con el apoyo de Ciudadanos, que añadió al deshonor del voto liberticida la sórdida compañía de la banda que, con el pistolero Otegui a la cabeza, no deja de actualizar su condición terrorista en el País Vasco y Navarra. Ese mismo día veíamos afrentosamente embadurnada de rojo la casa de Idoia Mendía y su marido, ambos dirigentes del PSE, atentado que no condenaron Otegui, Bildu ni su portavoz en el Congreso. Sánchez ni siquiera lamentó el ataque: elogió la buena disposición de Bildu y su portavoz le correspondió con su abstención… a cambio de derogar por completo la reforma laboral del PP.

El pacto con la ETA lo había hecho Sánchez
La mísera rendición de Ciudadanos quedó completamente apagada por el bombazo informativo. Si querían ser protagonistas exhibiendo un centrismo que consiste en situarse entre los defensores de la Nación y la Constitución y el bloque de Poder que forman socialistas, comunistas y separatistas, terroristas incluidos, quedaron bien retratados, pero sin foto. Los habían llamado cuando ERC no consiguió todo lo que había pedido para volver al pacto constituyente del Gobierno antiespañol y liberticida. Acudieron como chihuahuas de alquiler, y aceptaron el medio mes legal en vez del mes entero ilegal, tras ladrar un poquito su centrismo "por el bien de los españoles", sin cálculo electoral o personal, que eso queda, según Bal, para los partidos "de la vieja política". La nueva es pactar con la ETA.

Pero dejemos a los centristas miríficos enterrar su cadáver exquisito. Al día siguiente se supo que, lejos de sorprenderse por el documento para liquidar, con la excusa del Estado de Alarma, la reforma laboral de Báñez, Lastra había negociado y firmado lo que le mandó personalmente Sánchez. Que el lunes, dos días antes de anunciarlo en el Parlamento, el documento estaba firmado y que, además, lo había redactado Bildu. Iván el Horrible urdió su clásica trola diciendo que Sánchez no se había enterado de lo que Lastra, fidelísima a Sánchez, pero intelectualmente limitada, había firmado. Antes, el PSOE sacó una nota diciendo que lo firmado no era la derogación total. Pero lo era. Y por si acaso, al día siguiente salieron Iglesias y Otegui a decir que lo firmado era lo firmado y los pactos estaban para cumplirlos.

Ahora resulta que la ETA "salva vidas"
Que lo dijera el vicepresidente era grave; digno de El padrino que lo dijera el pistolero llamado "El Gordo", que según la policía participó en el secuestro de Javier Rupérez y en el atentado casi mortal contra Gabriel Cisneros, uno de los siete padres de la Constitución, justo cuando se estaba redactando, y tal vez delatado por alguno de los otros seis, como defensor de la soberanía nacional. El atentado fue a las puertas de las mismas Cortes en las que ahora reaparecían Otegui y su banda como socios del Gobierno.

El diputado soriano se salvó de que lo remataran por su delgadez, que le permitió meterse bajo un coche aparcado, con varias balas dentro. Ahora, en las mismas Cortes, el PP y Vox, que vienen de UCD o AP, son atacados mientras bildutarras o simplemente etarras, como Otegui, son alabados. La razón, dijo al otro día Simancas, y repitieron las grullas del Gobierno, es que se trata de "salvar vidas". Así que, empeñado el PP en el crimen, como repitió el sábado Sánchez, sin mover un músculo de su cara de mulo, ¿hay alguien mejor que la ETA para evitarlo? Bastantes muertos del PSOE dan fe en sus tumbas de la humanitaria condición de la orden pacifista etarra.

Es difícil encontrar un sarcasmo tan abyecto, un alarde tan criminal, un desprecio tan siniestro a las víctimas del terrorismo como los exhibidos por Sánchez, sus aliados políticos, los abajofirmantes del Estado de Alarma y la Potemkin mediática que ampara y difunde sus fechorías y atrocidades. ¿Alguien podía creer que esa alianza de sangre y oro iba a disolverse sola?

La Derecha biempensante, malmenorista, sesteante, miedica, creyó durante un par de días o tres en la crisis definitiva de Gobierno. No era para menos: ¿a quién se le ocurre dejar el mercado laboral, en plena crisis y negociación con la UE, a merced de comunistas y terroristas? Hasta El País hizo un editorial amenazando con "dejar sin cobertura" a Sánchez. Ja, ja y ja. Nadia Calviño dijo que era "absurdo e inconveniente" derogar ahora la reforma laboral, y se publicó que "se había plantado", "había dimitido" y "había frenado al Vicepresidente Segundo", o sea, al comunista Iglesias.

Los comunistas mandan en todos los ámbitos
Pero ni Calviño había dimitido, ni amenazó en serio con hacerlo. Libertad Digital contó que el Gobierno consiste en un núcleo duro político, formado por Sánchez Iglesias y Redondo: un núcleo técnico, con Calviño, Escribá y Yolanda Díaz; y dos trotaconventos: Carmen Calvo y Montero. El resto del interminable Consejo de Ministros está para aplaudir y punto.

La entrada de ETA en el núcleo duro del Poder -hasta ahora limitado al Gobierno, PNV y ERC- no es casual ni efímera. Todos los díscolos del gabinete, empezando por la ministra de Defensa, han tragado y tragarán. Otegui, con todo el prestigio del crimen, es el mejor aliado de Iglesias y su estrategia, que es la de la ETA y la Esquerra, el PNV y los catanazis, de aprovechar la crisis sanitaria y económica para cambiar de raíz el régimen constitucional, haciendo irreversibles las reformas legales que permite la excepcionalidad del Estado de Alarma. Por ejemplo, aprobar por Decreto-ley, sin tener que llevarla al Congreso como Ley Orgánica, la derogación de la reforma laboral del PP. Algo de lo que puede felicitarse Ciudadanos.

Bildu-PSE-Podemos, tripartito vasco y navarro
La estrategia política y electoral de Sánchez, que para él son lo mismo, se basaban en dos tripartitos, en Barcelona y Madrid, diseñados por Roures en su mansión: PSOE-Podemos-ERC, con la presidencia catalana para ERC y la nacional para el PSOE. Un tercer tripartito de extrema izquierda aparece como base para mantener en el Poder a Sánchez: Bildu-PSE-Podemos. Por supuesto, si salen los números. Si no salen, la negociación con el PNV será algo más onerosa, pero, ¿quién dijo dinero? Nunca les ha preocupado a los comunistas ni el trabajo ni la solvencia de los ciudadanos: sólo el Poder. El refuerzo de la ETA no sólo es una burla criminal a todos los españoles, sino la prueba de que el cambio de Régimen va, a toda prisa, hacia la Dictadura

El Frente Popular; una obviedad
Jaime Mayor Oreja ABC 24  Mayo 2020

El pensador francés Fabrice Hadjadj, en su excelente libro titulado «La suerte de haber nacido en nuestro tiempo», nos recuerda que, una de las manifestaciones más rotundas de la profundidad de la crisis reside en que defender lo obvio es lo más difícil en nuestra sociedad actual. Cuanto más obvia sea una realidad, mayor será la dificultad de su defensa. Este diagnóstico de Hadjadj se ajusta como anillo al dedo a la hora de analizar la naturaleza, la actitud, el comportamiento del actual Gobierno de España, un Frente Popular.

El acuerdo PSOE, Podemos y Bildu sobre la derogación de la reforma laboral ha producido sorpresa y conmoción en el escenario político y social. No tenemos el derecho a sorprendernos, porque

este acuerdo es absolutamente lógico y coherente con la naturaleza y evolución de un proceso que arrancó con un acuerdo marco Rodríguez Zapatero-ETA. Recordemos que en el mismo, ETA dejaba de matar y Rodríguez Zapatero, como contrapartida, ofrecía otra sociedad, un cambio radical y profundo en el orden social, territorial y moral de España.

Tres obviedades para el arranque de este artículo: hay un proceso, tenemos instalado un Frente Popular en el Gobierno y este acuerdo último nada tiene que ver con la pandemia, sino que exclusivamente hay que situarlo en el corazón del proceso descrito.

Cada día que transcurre es más obvio el carácter, el significado del Frente Popular que nos gobierna, pero, sin embargo, en cada expresión concreta del mismo, se pone de manifiesto la falta de un diagnóstico de la raíz, de la naturaleza y profundidad de aquel acuerdo marco en muchos de nosotros.

Cuando un frente de ruptura es capaz de emerger, de llegar a ser gobierno, para enterrar nuestra transición democrática y sobre todo para reemplazar un orden social por otro, nada se produce por casualidad ni por improvisación, ni mucho menos con una torpeza aparente.

Todas y cada una de las medidas forman parte de un todo, de un plan, de una estrategia. Los frentes, como no se pueden presentar en sociedad, porque son impresentables, son retorcidos, sinuosos, por su carácter opaco, y tienen siempre que, después de cada una de las acciones, tratar de disimular, esconder, en definitiva, engañar tras ellas.

Nunca debemos olvidar que este proceso está incubado en España por lo menos desde 2004, y ha madurado, ha superado situaciones ciertamente difíciles, como, por ejemplo, una derrota electoral en 2011. Pero ha resistido, y lejos de desaparecer, continúa más vivo que nunca, por lo que nuestro mayor error sería despreciarlo, tanto por su entidad como por su peligro, confiando simplemente en que la pésima gestión de la pandemia signifique su final.

No lo podemos enjuiciar y valorar como un Gobierno de coalición, ni como simplemente un Gobierno Frankenstein, porque no lo son.

Nos gobierna, mejor dicho, nos desgobierna, un proceso que nos ha conducido a la moción de censura de Mariano Rajoy en 2018, al procés catalán, al gobierno entre nacionalistas, podemitas y socialistas de muchas comunidades y ayuntamientos, y el actual gobierno del Frente Popular en España.

La pandemia, la tragedia que estamos sufriendo, esto es, un virus exterior, no estaba obviamente en sus planes y previsiones, pero no lo va a alterar en absoluto. Por el contrario, va a ser un catalizador y acelerador de un gran debate de modelo de sociedad, que es lo que realmente va a ser cuestionado tras la profundísima crisis social que vamos a vivir en el horizonte inmediato. A medida que nos alejemos del punto más elevado de muertos y contagios, más aparecerá el proceso descrito previo a la pandemia, que ciertamente era un auténtico virus interno que ya nos había instalado en el desorden.

Un Frente Popular que no ha dejado de operar, otra obviedad, porque es el único proyecto político y social asentado en nuestra sociedad, desde la dirección del presidente Sánchez como en su momento lo hizo Rodríguez Zapatero, no nos engañemos.

Las desavenencias entre miembros del Gobierno -que no niego que existan-, las dificultades con los históricos del Partido Socialista y los presidentes socialistas de comunidades autónomas, que tampoco niego, resultan anécdotas que no van a alterar el proceso que permanecerá inalterable. Todas y cada una de las piezas del Frente, sin excepción, necesitan la existencia del proceso, no pueden vivir sin él. Abandonemos toda esperanza en este terreno. Y a los que desde la política y fuera de ella nos angustia esta sinrazón, este nuevo disparate histórico, concentremos exclusivamente todos los esfuerzos en la búsqueda y definición de una alternativa, tanto en el ámbito político como cultural.

No es una casualidad que el líder y director de orquesta del Frente Popular, esto es, el presidente Sánchez, haya impulsado y facilitado el protagonismo de Bildu-ETA. No es casualidad el hecho de que, por el contrario, a Esquerra Republicana de Cataluña le convenía alejarse de esta nueva declaración de alarma por razones electoralistas, ante la competencia con el presidente Torra y su partido, Juntos por el Sí.

En esta ocasión, recordando el origen del proceso, se precisaba el protagonismo de Bildu-ETA y, de paso, reforzar el frente de izquierdas en el País Vasco, sobre todo pensando en la convocatoria electoral inmediata del 12 de julio.

Si en Cataluña parece que está muy instalado el Frente Popular, en el País Vasco resultaba indispensable para sus planes un reforzamiento del frente de izquierdas, esto es, la alternativa al Partido Nacionalista Vasco, desde Bildu, Podemos y el Partido Socialista.

El PNV está en el Frente, pero es de segundo nivel, ya que, obviamente, Bildu es su principal referente.

Resultan obvios todos y cada uno de los hechos que se han ido produciendo bajo la dirección de Sánchez, que encarna como nadie el proyecto del Frente Popular. Este Frente Popular, otra nueva obviedad, tiene el gran objetivo de socavar, reemplazar, sustituir un orden social, destruyendo la libertad así como los valores cristianos de nuestra sociedad. Nuestra primera obligación es comprender la naturaleza del mismo y actuar en consecuencia, porque de otro modo el carácter letal del mismo para España será definitivo.

La alternativa, no volvamos a engañarnos, no existe en la fecha de hoy. Hay partidos que están en la competencia entre sí. La alternativa no existirá hasta que se siga pensando que hay que hacer lo de siempre: abrazar el mal menor, esperar al error del contrario, olvidarnos de la existencia de un poderoso proyecto y proceso asentado en el Frente, sin presentar nada conjuntamente. Una alternativa a un Frente y a un proceso va a exigir mucho más, lo primero entenderlo, comprenderlo, reconocer el Frente Popular como obvio, y actuar en consecuencia con grandeza y generosidad, para generar un proyecto auténtico alternativo y que sirva para defender el orden histórico cultural de la nación española.
=================================================
Jaime Mayor Oreja es presidente de la plataforma «ONe of Us»

Las razones de una protesta
Editorial ABC 24  Mayo 2020

Es hora de que el Ejecutivo rinda cuentas, sin escudarse en la simplista categorización que hace de las protestas para ignorarlas

Las manifestaciones motorizadas que ayer colapsaron los centros urbanos de ciudades como Madrid no pueden ser despachadas, como pretenden el Gobierno y sus terminales, como una mera expresión de lo que denominan «ultraderecha». Para el pensamiento único, esta etiqueta lleva implícita una descalificación moral y que es utilizada para excluir a cualquier ciudadano de los estándares democráticos que la izquierda trata de imponer. El descontento político que aflora en la calles, parcialmente liberadas del cerrojazo impuesto desde mediados de marzo, obliga a reflexionar a un Gobierno que, en cambio, prefiere tachar de extrema derecha -fuera del sistema, o fuera de su particular sistema de valores- a quienes se manifiestan contra su gestión para no tener que dedicarles, como tantas veces ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, «ni un solo minuto». Se trata de una postura quizá cómoda para quien gobierna ensimismado y evita la autocrítica, pero irresponsable en un momento crucial para el futuro inmediato de España. En un falso y ya recurrente ejercicio de humildad, el Ejecutivo no deja de reconocer entre golpes de pecho y de forma abstracta sus errores, pero se niega a concretarlos, en busca de una absolución social -o indulgencia plenaria- que le evita pasar por el examen de conciencia, obligado en un sistema democrático en el que la gestión pública está sometida al escrutinio y la crítica de la opinión pública. Para el Ejecutivo que preside Sánchez, no es el momento. Cualquier error, como dijo ayer, incluido su pacto con Bildu, es responsabilidad del PP.

Aquella «desafección» que monitorizaba el Gobierno como un riesgo para la salud se ha visto acrecentada en las últimas semanas por la tardanza, la improvisación, la opacidad, el sectarismo y la arbitrariedad con que ha hecho frente a la pandemia, pero venía de lejos. Las indisimuladas cesiones del Ejecutivo al separatismo y las alertas económicas que desde 2019 trazaban la curva de un cambio de ciclo -ignorado por Sánchez y sus socios, más sensibles al gasto y el desbordamiento del déficit que a las reformas- están en la base de una protesta, hasta ahora silenciosa, de la que las manifestaciones de ayer no dejan de ser la punta del iceberg, explotada por Vox para rentabilizarla y capitalizarla electoralmente. El descontento, sin embargo, no tiene sesgos ideológicos y es proporcional a la tragedia que ha sufrido España. El Ejecutivo tendrá que asumir su responsabilidad en todo este sacrificio, primero humano y a partir de ahora económico, y es hora de que comience a rendir cuentas, sin escudarse en la simplista y calculada categorización que hace de la protesta para ignorarla. De momento es la única manera que ha encontrado para perpetuarse en el desgobierno y reincidir en unos vicios políticos, cada vez más lesivos para el interés general, que desafortunadamente no son nuevos.

Josep Bargalló: la escuela catalana, ¡segregación y abandono!
Josep Maria Cortés cronicaglobal 24  Mayo 2020

Un cero a la izquierda. Josep Bargalló, consejero de Educación de la Generalitat, fue un joven catedrático de instituto antes de instalarse en el vicio vitalicio de la política; hoy se ahoga en el dolce far niente de la inconsciencia soberanista. Su mandato ha incrementado los dos males de la escuela catalana: la segregación y el abandono (un 20% de los alumnos de secundaria dejan los estudios). Su Govern es un microclima de manos caídas e ideología arcaica. El conseller no participa en ninguno de los debates de la prestigiosa Fundación Bofill, experta en la materia, ni en ningún otro patronato o think tank educativo. Nuestra escuela, infectada de propaganda ideológica, está ya en la retaguardia europea. Arroja indicadores tercermundistas y no está preparada para “el golpe a la equidad que supondrá el coronavirus”, en palabras de Antón Costas, presidente de la Fundación Círculo de Economía.

Bargalló incumple su compromiso con la sociedad: ha abierto la educación a la carta porque no es capaz de garantizar una escolarización para todos y en igualdad de condiciones. En plena desescalada y a la vista del retorno a las escuelas, les ha pasado la responsabilidad a los ayuntamientos y a los mismos centros educativos, que esperaban en vano sus instrucciones. Se escurre, presa del miedo. Deja un vacío de poder, que acabará provocando un problema de orden público si los padres no perciben las soluciones pronto. No se ha rajado; es que nunca estuvo en otra cosa que no fueran el folclorismo y los castells. Es un emblema de lo fácil: gobernar sin gestionar, presionando a la sociedad con una propuesta radical (independencia ya), que crispa a la mayoría. Ahí muere el republicanismo catalán. El daño moral que inflige ERC a la comunidad educativa se ha convertido en dolor permanente; infunde un malestar comparable al griterío feo, que se profiere en las caceroladas de la España metafísica.

Como ciudadano de La Torre --el nombre entrañable de la localidad de Torredembarra-- es un miembro primerizo del clan de Esquerra en Tarragona, dominado por ceremoniosos, como Ernest Benach, expresident del Parlament de la época ya olvidada en que la cámara legislativa legislaba alguna cosa. Como hombre de letras y poeta, Bargalló fue diseñado por Maria Aurèlia Capmany y Jaume Vidal Alcover, los Sartre y Beauvoir de un altar levantado por jóvenes republicanos poco viajados. No hace su trabajo, aunque su palabra evoca, pensando tal vez en que la infancia de los poetas es más larga que su vida. Más que el curro, le tiran la errancia, la música del agua del claustro de Santes Creus o el jardín de Poblet que Ramon Berenguer entregó a los cistercienses de Fontfroide. Entró en la congregación republicana durante la transición entre Àngel Colom, el eterno adolescente, y Carod-Rovira, ideólogo, este sí, pero incapaz de conservar el mando. Desde entonces, ERC desvaría; proclama que sufre persecución y aspira a un lugar preminente en las grietas historiográficas del nacional catolicismo catalán (sus mayores, Carbonell o Heribert no lo aprobarían.

Es un hombre de sobremesa; pertenece a la amable confluencia dels nois de poble que un día entraron en casa de los Maragall, donde todo recuerda al gran poeta romántico y donde ha quedado la huella industrial de los Noble, fundadores de la Sociedad Anglo-Española de Electricidad. Semejante encuentro entre la cultura y el código mercantil no es poco. Ernest, vástago con pocas luces de la saga y traidor al socialismo elitista de Sant Gervasi y del Putxet, se acabó incorporando en las filas republicanas, después de la gran pifia de su reforma educativa (Tripartit). En la sombra de aquel estrambote se basa ahora el inconstante Bargalló para desmontar la poca cohesión que le queda a la escuela pública y reírle las gracias a los colegios que esgrimen el monolingüismo como único argumento educativo.

Justo en el momento en que el coronavirus agudiza las diferencias sociales, Bargalló flaquea. ¿Cómo se modificarán las ratios en las clases para garantizar la seguridad en las escuelas, al final de la pandemia? ¿Con qué armas cuenta el Departamento para atender a la escolarización obligatoria, ante la calamidad económica que se avecina? No contesta; si todavía se lo está estudiando, que se dé prisa, porque “tarde se aprende lo sencillo…. Lo sabréis cuando un río de espanto se desboque y arrastre vuestra luz, y la sepulte sin remedio” (José Hierro)

El tesoro mejor guardado del conseller es la memoria de los indianos de su tierra, que se hicieron ricos en las Américas, en los negocios del azúcar o del café. A Bargalló le hemos oído hablar muchas veces de Antoni Roig o Ramon Casas, el padre del pintor Casas i Carbó, el camarada de Rusiñol en el Cau Ferrat de Sitges. Pero sin lugar a dudas, el orgullo de los vecinos de La Torre es Joan Güell Ferrer, que salió de Torredembarra rumbo a Cuba y a su regreso se instaló en Barcelona; fundó la Maquinista y el Vapor Vell de Sants, origen de la gran algodonera de Santa Coloma de Cervelló. Ferrer implantó el arancel como presidente de Fomento del Trabajo Nacional, la gran patronal. Abrió una puerta al trabajo asalariado mal remunerado y arruinó a sus competidores al liquidar el librecambio. Bargalló, amante del miraguano que llegó de ultramar, suele olvidarse de esta parte de la hagiografía indiana; también desmemoria el comercio de esclavos.

El republicanismo del Sur defiende el origen de una casta cuya herencia se esparce sobre la toponimia de sus ciudades. Pero la escuela, bandera de país, es otro tema; no les interesa y no la entienden. Que lo sepa el contribuyente: al conseller de Educación se le paga religiosamente, pero él no sabe lo que ocurre en nuestras jóvenes aulas; se dedica a estampar articulitos presuntamente cultos en revistas de barrio y hoja parroquial. Dale a un hombre de letras el liderazgo en Educación y levantará el ministerio del Tiempo…del tiempo indefinido. Es el caso de Bargalló.

Recortes de Prensa   Página Inicial