AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 27  Mayo  2020

Un presidente despótico que solo quiere más Estado de Alarma para protegerse él
ESdiario 27  Mayo 2020

Sánchez ha llevado la política, la sanidad y el Estado de Derecho hasta los límites para tapar su mayúsculo fracaso, dotándose de un poder ilimitado que ya urge evitar.

La vicepresidenta Calvo reconoció que el Gobierno quiere una sexta prórroga del Estado de Alarma, que básicamente consiste ya en que cada uno haga un poco lo que le apetezca, con la más variada gama de excusas y con independencia de la Comunidad de residencia, a excepción de actividades políticas en el ejercicio individual y colectivo de derechos constitucionales.

Que el Estado de Alarma ya es más una medida política más que sanitaria ya lo sabe todo el mundo. Y que tenía y tiene alternativa, ya lo dice hasta el Gobierno: si no consiguen apoyos suficientes, no pedirán su extensión. Lo dijo ayer Carmen Calvo, que añadió que en ese caso utilizarán las leyes vigentes para mantener el control de lo que haga falta.

Eso que no valía ayer, cuando lo propuso y detalló en reiteradas ocasiones el PP; será suficiente mañana: las leyes de Salud Pública, de Sanidad y de Seguridad Ciudadana. Que sirven para proteger vidas pero no, claro, para lo que ha servido el Estado de Alarma.

Esto es, para meter a Pablo Iglesias en el CNI por la puerta de atrás, suspender el portal de Transparencia o, entre otros excesos, mantener vivo el procedimiento de indultos mientras se suspendían el resto de plazos administrativos y judiciales.

Sánchez no estará la semana que viene en la sesión de control al Gobierno en el Senado. Se va al extranjero en el Falcon, incumpliendo de nuevo por enésima vez su obligación de someterse a la fiscalización de la Cámara.

Nada le vale a un presidente despótico que, tras amplificar un problema sanitario mundial hasta llevarlo a límites sin igual en el mundo, ahora quiere esconderlo al precio que sea. Incluso al de intentar someter a la Guardia Civil o al poder judicial a sus caprichos y falsedades.

Las tácticas chavistas de Marlaska para acallar las protestas
OKDIARIO 27  Mayo 2020

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha erigido en el látigo de un Gobierno que no cesa en su ataque a los derechos y libertades. A medida que crecen las protestas por la negligente gestión del Ejecutivo socialcomunista durante la crisis del coronavirus, más se intensifica el acoso. El objetivo no es otro que neutralizar el descontento social y para ello el ministro de Interior ha dado órdenes a la Policía para sofocar el más mínimo conato de indignación en las calles.

Marlaska ha dado órdenes a los delegados del Gobierno sobre el procedimiento a seguir por infracciones durante el estado de alarma. Es decir, el manual que tienen que seguir los policías durante las protestas que desde hace semanas se vienen sucediendo en distintas ciudades españolas. Y no tiene desperdicio: todo lo que no sea «una actitud de aceptación resignada de la denuncia» por parte del supuesto infractor será castigado con una multa que va de los 2.000 a los 10.400 euros.

Basta con que el denunciado muestre, según el agente, «menosprecio» «jactancia» o «mala educación» para que la Policía proponga una de sanción de 2.000 euros. Si la respuesta del infractor es la de intimidación será de 3.000 euros y cuando medie amenaza al agente, la sanción será de 10.400. Eso siempre que el comportamiento del sancionado no sea susceptible de una infracción penal. O sea, que no suponga delito.

Parece obvio que Marlaska quiere neutralizar la calle imponiendo multas desorbitadas a todo aquel que se atreva a cuestionar al Gobierno socialcomunista. El ministro de Interior pretende someter a quienes protestan contra Sánchez por la vía de meterles la mano en el bolsillo. Si uno no acepta de forma «resignada» la propuesta de sanción, el «estacazo» vendrá de forma automática.

En el tiempo que lleva en el cargo, Marlaska se ha inspirado en las tácticas sancionadoras chavistas (seguramente por el contacto con Pablo Iglesias y su equipo de ministros). Su consigna para mantener la calle en orden es clara: te resignas o te busco la ruina.

El socialcomunismo rabia y se revuelve contra la Guardia Civil
OKDIARIO 27  Mayo 2020

Mientras el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, trata de apagar los ecos de la polémica por la destitución sectaria del coronel Pérez de los Cobos anunciando una subida salarial para la Guardia Civil, el socialcomunismo se retrata saliendo en tromba contra el informe de la Benemérita que desnuda los argumentos del Gobierno de que no conocía en vísperas del 8-M los demoledores efectos del coronavirus. La consigna es clara: calificar el informe del Instituto Armado de «fake» o de cúmulo de «medias verdades», sugiriendo que la Guardia Civil presentó a la juez que investiga la celebración de manifestaciones en Madrid durante los primeros días de marzo datos manipulados con intención de perjudicar al Ejecutivo. A esa estrategia mezquina se han sumado las terminales mediáticas de la izquierda, que de forma machacona insisten en descalificar la actuación del Instituto Armado.

Estamos ante una operación de deslegitimación del papel de la Guardia Civil, un intento desesperado de desacreditar a un Cuerpo que se ha caracterizado siempre por su independencia de criterio y de actuación respecto al poder político y su defensa del Estado de Derecho. El coronel Pérez de los Cobos es sólo una pieza más de una estrategia de amplio espectro que pretende demoler la institución, al convertirse en dique de contención de un Gobierno que ha mostrado su rostro más totalitario y sectario. La Guardia Civil es el objetivo a batir, la pieza que la extrema izquierda quiere cobrarse para que el socialcomunismo pueda ejercer el poder sin límites.

Cuando la misma Guardia Civil que ahora critican realizaba informes que apuntaban a la corrupción del PP, la Benemérita era para el socialcomunismo un ejemplo de independencia y rigor profesional, pero ahora que apunta a la actuación negligente, falaz y arbitraria del Gobierno, el socialcomunismo y sus terminales mediáticas rabian y se lanzan a una nauseabunda campaña de descrédito de la Benemérita. Son así y sus actos les delatan. No cabe mayor hipocresía.

La dimisión de Marlaska es obligada
Editorial larazon 27  Mayo 2020

Dados los antecedentes de los gobiernos que ha presidido Pedro Sánchez, se antojará un mero brindis al sol que se demande la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por su incalificable intromisión en unas actuaciones judiciales de la Guardia Civil que, por los indicios que se van conociendo, pueden llegar a nublar, incluso, el horizonte procesal de algún miembro del Gabinete de coalición, como es el caso del titular de Sanidad, Salvador Illa. Sin embargo, nos hallamos ante unas conductas que no sólo han pasado por encima del buen nombre y de la dignidad profesional de un servidor del Estado con una hoja de servicios impecable, como es la del coronel Diego Pérez de los Cobos, sino que ponen en entredicho la independencia del Poder Judicial, cuestión que no admite justificación posible en un país democrático que se precie.

Tal es así, que no existen precedentes, al menos, que conozcamos, de que una magistrada en ejercicio haya tenido que remitir una carta de oficio a un miembro de un gobierno para recordarle el deber de secreto de las actuaciones judiciales y el respeto que cabe exigir de los representantes públicos hacia la labor de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente, cuando estás actúan bajo las órdenes de jueces y magistrados. Pero, si nada de esto, que es verdaderamente grave, sirviera a efectos argumentales, debería bastar con la muestra de incompetencia de Fernando Grande Marlaska, cuyo desempeño público ha provocado una convulsión de enormes dimensiones en el seno de la Guardia Civil, un Instituto querido y respetado por los españoles; que ha elevado la crispación política y que ha producido intranquilidad en la opinión pública en unos momentos críticos para España, acosada por las consecuencias de la pandemia, en los que se espera de sus gobernantes que aporten sosiego y calma.

Sin duda, es consciente el todavía ministro del Interior de la magnitud del daño causado cuando, ayer, sin previo aviso, decidió comparecer tras el Consejo del Gabinete para anunciar un nuevo tramo financiero en la equiparación salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Que las asociaciones profesionales de la Benemérita hayan reaccionado indignadas ante lo que, con toda la razón, consideran un insulto, demuestra, como decimos, la conciencia de la gravedad de lo hecho, pero, también, la insólita incomprensión de cómo funciona la fibra moral de unos servidores públicos a quienes cualquier juez, y Grande Marlaska lo es, debería conocer y respetar. Tal vez así, no hubiera cometido la iniquidad de destituir por «pérdida de confianza» a un oficial de la Guardia Civil que, orgánicamente, no dependen de él, obligando a su inmediato superior, al teniente general Laurentino Ceña, a presentar su dimisión por dignidad. Y, tampoco, hubiera puesto en una situación de incomodidad personal al sucesor designado, el general Pablo Salas, llamativamente ascendido de grado en la misma sesión del Consejo de Ministros.

Hay actuaciones que incapacitan a un representante público y éstas, a todas luces, lo son. Ni un derecho legítimo y debido, como es la equiparación salarial de nuestros policías y guardias civiles, víctimas durante demasiado tiempo de una discriminación totalmente injustificable y vergonzosa, puede ser manipulado a efectos de la corta política ni el poder ministerial puede ejercerse arbitrariamente sobre cualquier funcionario del Estado que tenga la dignidad de cumplir con su deber por encima de las conveniencias del político de turno, como bien recordaron ayer los jueces. Muy preocupados deben estar en La Moncloa ante las investigaciones sobre la gestión de la pandemia de la magistrada Carmen Rodríguez Medel para caer en este absoluto disparate.

Perdiendo el sueño
Emilio Campmany Libertad Digital 27  Mayo 2020

A pocos habrá sorprendido el inmediato rayo con que el ministro del Interior ha fulminado al guardia civil que informó de la conducta presuntamente negligente del delegado del Gobierno en Madrid. Evidentemente, se trata del típico aviso mafioso para que todos vean qué les ocurre a quienes prefieren ser leales a la Ley antes que al Gobierno. El empujón con el que ha sido ascendido el urgente sustituto del número dos de la Guardia Civil está igualmente sacado del manual de la Ndrangheta. Se le asciende de general de brigada a teniente general sin pasar por general de división para que todos vean la generosidad con la que se premia a los fieles. Negar la evidencia es también técnica de manual de la Camorra, pues nunca hay que perder la esperanza de que un juez se niegue a admitir las pruebas, por abrumadoras que sean. Que se lo digan si no a Felipe González o a Rubalcaba.

Sin embargo, en esta ocasión hay más. No sabemos si el delegado del Gobierno en Madrid, investigado por haber autorizado la manifestación del 8-M no obstante los informes previos del virus, guarda órdenes recibidas por escrito del ministro del Interior. Pero, aunque no las tenga, podría alegar que se le cursaron y obligar a su superior a comparecer y tener que negar haberlas dado. El arcón que ha abierto la juez Rodríguez-Medel está infestado de sapos y culebras que, de llegar a salir, envenenarán el futuro de algunos de los integrantes del Gobierno, incluido su presidente. Marlaska necesita, para él, para su jefe y para sus compañeros, evitar a toda costa que el arca se abra.

Antaño se podría haber aventurado con grandes probabilidades de acierto que lo lograría. Sin embargo, hoy el Ejecutivo, desde la intentona golpista en Cataluña, ya no tiene sobre el Poder Judicial el control que ostentó. Se ha comprobado recientemente con la revocación de las prohibiciones de las manifestaciones de Vox en Castilla-León y en Cataluña, pese a tener el Gobierno, en estos dos casos, razones de cierto peso que alegar. De manera que hoy Sánchez no puede estar seguro de que atajará la hemorragia que acaba de declararse en su Gabinete. Y sin embargo lo tiene que intentar, porque, de no hacerlo, las condenas de algunos miembros de su Ejecutivo, y quién sabe si de él mismo, podrían perfectamente llegar. En España llevamos mucho tiempo incorporando al catálogo de delitos conductas negligentes que, sin causar ningún daño, implican en sí mismas un riesgo. Se trata de comportamientos que antes, no habiendo percances, sólo se castigaban con una sanción administrativa. Entonces, si conducir ebrio, a alta velocidad o temerariamente es un delito, aunque no se cause daño a nadie, ¿cómo ha de calificarse la autorización de manifestaciones multitudinarias con conocimiento de la presencia de un virus muy contagioso que es letal para un porcentaje considerable de infectados y a consecuencia del cual han fallecido decenas de miles de personas? No lo dirán, pero es ahora cuando de verdad a Sánchez, Illa y Marlaska les costará conciliar el sueño.

El motín general pacífico
Amando de Miguel Libertad Digital 27  Mayo 2020

Hay que reivindicar la grandeza democrática de la institución del motín. Se define en el diccionario como "un movimiento colectivo de protesta, de ámbito limitado, en forma tumultuosa y violenta, espontáneo, contra una autoridad". Podría mejorarse la definición si el tumulto no es violento y si la autoridad pierde la facultad de ser legítima por el ejercicio. El motín no llega a ser una revolución o una insurrección, pero puede precipitar cambios políticos de alguna entidad. Digamos que es una especie de ultima ratio cuando las otras instancias de cambio democrático resultan fallidas.

Estalla el motín cuando la autoridad competente (por ejemplo, un Gobierno democrático) ejerce el poder con demasiados tics autoritarios. Históricamente, el caso más sonado fue el motín de Esquilache (‘el sombrero de tres picos’, inmortalizado en la literatura y en la música). La demasía no tiene por qué llegar al recurso de la represión extrema; basta con la persuasión desmedida a través de la propaganda, del control sobre los periodistas lacayos.

Un motín actual puede empezar por algo tan anecdótico, liviano y pacífico como una cacerolada. Se utilizan estos dos símbolos de protesta: (a) el ruido sistemático con la percusión de objetos contundentes sobre las cacerolas u otros objetos de metal: nuestros mayores utilizaban cencerros para fines parecidos; b) la exhibición de la bandera nacional, que, por lo visto, irrita a la izquierda.

Lo de la bandera nacional como protesta es cosa única en España, donde se puede lucir la bandera de la II República o la de la Unión Soviética sin que nadie se altere. Sin embargo, llevar la bandera nacional puede resultar provocativo. El hecho es que oficialmente no hacen uso de ella las autoridades de Cataluña o del País Vasco; tampoco la lucen la mayor parte de los partidos políticos en sus asambleas. Ahí se ve por qué una manifestación motorizada con banderas nacionales puede llegar a ser una provocación para un Gobierno de izquierdas. La propaganda oficial podrá silenciar el hecho, pero entonces se repetirá una y otra vez con creciente participación.

La verdad es que la Historia se repite como farsa, como dijo el clásico. El Gobierno que padecemos hoy (no hace falta decir "a día de hoy", como tantas veces se oye) es una mímesis del Frente Popular de 1936. Esto es, la conjunción de socialistas, comunistas y separatistas. No habrá que extrañarse, pues, de que las caceroladas y las caravanas motorizadas, agitando banderas españolas, constituyan un nuevo género de protesta política, un motín pacífico.

Es una lástima que la iniciativa de Vox para la manifestación motorizada contra el Gobierno no haya sido secundada por el PP y Ciudadanos. En cuyo caso, como a la naturaleza política le horroriza el vacío, Vox queda simbólicamente como la única oposición al Gobierno. Es un Gobierno en extremo ineficiente, tanto en la gestión de la pandemia del virus chino como en la prevención del paro gigantesco que se nos amenaza. Es también un Gobierno mendaz (no simplemente mentiroso, que esa es cualidad individual), por el abuso de la propaganda desplegada a través de los numerosos medios subvencionados. Es, por último, un Gobierno antiespañol, dispuesto a desmembrar del todo la ya debilitada unidad nacional.

Esperemos que el Gobierno tome nota y al menos decida transformarse en una suerte de Gobierno de concentración nacional o algo parecido. Será la única manera de resolver un poco la hecatombe económica que se nos echa encima. Lo de la pandemia ha sido solo el preludio de la magna sinfonía heroica que nos espera.

Sánchez negó oficialmente que hubiera hospitalizados en Madrid para permitir el 8-M cuando había 61 en UCI
Carlos Cuesta okdiario 27  Mayo 2020

Mientras la juez Rodríguez Medel sigue adelante con la investigación judicial del 8-M, no dejan de salir a la luz nuevas trampas realizadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el objetivo de ocultar el estallido previo del coronavirus en España y permitir, de ese modo, la celebración de la manifestación feminista de aquel día. Sánchez negó en sus estadísticas oficiales que hubiera ni un sólo hospitalizado en Madrid para permitir el 8-M. Pero lo cierto es que tenía 61 enfermos de Covid-19 en UCI, según los propios datos comunicados por los hospitales.

La Justicia va a tener mucho material que revisar. Y es que las estadísticas oficiales que atesora el Ministerio de Sanidad son todo un festival de trampas. El Gobierno quería ofrecer una fotografía de que todo el estallido del coronavirus se descubrió pasado el 8-M.

El pequeño problema de esta versión es que va en contra de la realidad: incluso de la que se puede ver en las bases de datos oficiales, pese a los intentos de manipulación.

De este modo, los datos del 8-M en Madrid -principal plaza en la que se celebraba la manifestación feminista- revelan innumerables datos que contradicen la versión oficial.

Ese día, las bases de datos del Ministerio de Sanidad del Gabinete de Pedro Sánchez recogen un número de hospitalizados en toda la Comunidad de Madrid igual a cero. Y ello, con un total de 1.003 casos de contagio reconocidos por test PCR. Sin embargo, en los archivos a los que ha podido acceder OKDIARIO y que hoy reproduce, se puede leer que en la casilla contigua figura otro dato: el de hospitalizados directamente en grado de unidad de cuidados intensivos. Y en ese dato figuran nada menos que 61 personas.

También es llamativo que el número de hospitalizados en Madrid permanece en cero durante el 9 de marzo: y ello pese a reconocer en esa misma fecha 1.508 contagiados confirmados por test PCR, 21 fallecidos por coronavirus, y admitir que el número de ingresados en UCI hospitalarias se había duplicado en un sólo día hasta alcanzar los 120 casos.

De pronto, el 10 de marzo surgen de golpe todos los hospitalizados reconocidos hasta esa fecha por el Ministerio de Sanidad: 571 casos de ingresos en centros hospitalarios, con 184 en UCI.

Se trata del último capítulo de unas manipulaciones estadísticas del Gobierno de Sánchez que han llegado ya al esperpento. Y es que los datos oficiales elaborados por el Ministerio de Sanidad desvelan también que el Ejecutivo ha atrasado la anotación de los primeros 28 muertos por coronavirus para hacerlos aparecer de golpe el mismo 8-M en el que se celebró la manifestación feminista.

La movilización se celebró por la tarde, pero los datos del conjunto del día, obviamente, no llegaron hasta haber finalizado la jornada y poder comunicar el recuento de víctimas. Traducido: al anotarlos el mismo 8-M, el Gobierno puede justificar que no tenía conocimiento en los momentos previos a la manifestación estrella del PSOE y Podemos, con lo que se cubre frente a reclamaciones judiciales derivadas de la negligencia oficial de haber permitido la concentración multitudinaria feminista en plena pandemia.

El problema es que todos esos muertos fueron comunicados a la prensa previamente, día a día, desde la jornada del 3 de marzo, con lo que el engaño estadístico se convierte en la manipulación más tosca y burda que nadie se pueda imaginar.

Los datos oficiales agregados del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez reflejan una aparición de golpe de 28 muertos. Los primeros 28 causados por el coronavirus. Y esos documentos oficiales fechan esa aparición justo el mismo día 8-M. Se trata de víctimas que fallecieron desde el día 3 de marzo y cuya cifra fue creciendo paulatinamente día a día, tal y como reflejó toda la prensa porque todos ellos se fueron comunicando de forma oficial y desde el mismo Ministerio de Sanidad.

La directora de Salud Pública admitió 6 días antes del 8-M que estaban alertados del Covid desde Nochevieja
Carlos Cuesta okdiario 27  Mayo 2020

Una grabación en unas conferencias acaba de adelantar aún más la fecha de las alertas internacionales que recibió el Gobierno para actuar contra el coronavirus: nada menos que hasta el 31 de diciembre. La interviniente en esas charlas era la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio. Una de las personas decisivas en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

En esas charlas, grabadas el 2 de marzo -seis días antes de la manifestación feminista del 8-M y doce días antes del decreto del estado de alarma– ella admitió que tuvieron conocimiento de la gravedad de la enfermedad y de la necesidad de evitar la diseminación del virus «desde que se declaró el 31 de diciembre esta epidemia», tal y como se puede ver en el vídeo que hoy reproduce OKDIARIO.

Pilar Aparicio aseguró allí que «la preocupación para el Ministerio desde que se declaró el 31 de diciembre esta epidemia de este nuevo coronavirus es fundamentalmente hacer que no se instale entre nosotros, es decir, que no tengamos un nuevo virus además de todos los que ya tenemos».

La directora general de Pedro Sánchez para la Salud Pública afirmó que «en ese sentido, desde que se inició esta epidemia, que se inició a nivel internacional y particularmente en China», el Gobierno implantó «medidas para intentar evitar la diseminación, la extensión de este nuevo virus».

Y todo ello porque, «a nuestro país nos preocupa evidentemente lo que preocupa a nivel internacional, que este virus se disemine, que se establezca en nuestra sociedad. Nos preocupa cuando vemos situaciones como la de Italia, más cerca de casa, un país que tiene muchísimo de intercambio con nosotros y nos preocupa, en concreto, ahora en nuestro país no solamente el aumento del número de casos, el aumento del número de comunidades implicadas, también estos casos en los que no podemos encontrar un vínculo claro de dónde se ha originado el contacto con esta infección».

Todo ello, con esa enorme preocupación, a seis días de la manifestación feminista.

¿Por qué esa preocupación no llevó a impedir ese acto? Esa es la pregunta, de hecho, que en estos momentos intenta resolver la Justicia.

Evidencias
Hay que recordar que las evidencias de que tenían pleno conocimiento de la gravedad del coronavirus antes del 8-M crecen por momentos. Pedro Sánchez aseguró ante la opinión pública siempre que la escalada de contagios de coronavirus no se supo hasta pasado el 8-M, el día de la manifestación feminista.

De hecho, las primeras medidas serias de combate al coronavirus se hablaron a partir del día siguiente, el 9-M, y el estado de alarma no se decretó por el Gobierno socialcomunista hasta el 14-M. Pues bien, el Ministerio de Sanidad ha abierto su base de datos con los envíos de notificaciones de contagios y muertes diarios remitidos por las comunidades autónomas.

OKDIARIO ha descargado y analizado esos archivos territorio a territorio y jornada a jornada. Y la realidad es que los días previos a la manifestación, la escalada de contagios fue brutal. Esas estadísticas desvelan que el 28 de febrero ya habían sido comunicados por la Comunidad de Madrid 20 casos de contagio plenamente confirmados por test PCR.

El día 29 de febrero se pasó a 27. Marzo comenzó casi duplicando esa cifra y llegando a los 53 contagios. Los 96 se alcanzaron el día 2 de la manifestación. Y la escalada no cesó durante todas las jornadas posteriores: se alcanzaron los 142 casos el día 3; los 199 el día 4 de marzo; 311 el día 5; 515 contagios el día 6; 738 el día previo a la cita feminista; y el nivel llegó a los 1003 contagios el mismo día 8-M.

Por cierto, para colmo, el mismo día 8-M se cerró con 16 fallecidos en Madrid y 61 personas en unidades de cuidados intensivos (UCI) de la provincias. Evidentemente, sus muertes fueron paulatinas. No esperaron a morir a que finalizara la manifestación. Por lo que el Gobierno debió tener acceso, no sólo a los contagios, sino también a las muertes.

Covid-19: sobrevaloración del riesgo
«La sobrevaloración del riesgo, si bien explicable por el instinto evolutivo de supervivencia, puede perjudicar gravemente a la sociedad cuando se aplica sin rigor a la gestión sanitaria. Respecto a la Covid-19, las medidas de confinamiento fueron innecesarias habida cuenta que el crecimiento exponencial de contagios diarios se frenó antes del 15 de marzo»
Juan José R. Calaza ABC 27  Mayo 2020

Todo el mundo se sirve de heurísticas, formas de razonamiento práctico y rápido, a veces muy útil con mínimo esfuerzo cognitivo. En situaciones de evaluación complicada el atajo heurístico casi siempre conduce al error.

Los errores que cometemos al evaluar heurísticamente las probabilidades provienen, al parecer, de lo que los sicólogos llaman «probabilidades subjetivas» para describir intuiciones erróneas, justificadas evolutivamente ya que estimulaban la prudencia o desconfianza del Homo sapiens en un entorno hostil. Resulta más prudente suponer que una serie negra oculta una relación entre los eventos -peligrosa si la subestimamos- que intuirla fruto del azar. Ha sido crucial para nuestra supervivencia como especie la capacidad de anticipar situaciones potencialmente graves asociándolas a signos precursores de peligros. Probabilidades subjetivas erróneas, en este contexto, y sobrevaloración del riesgo son, simplemente, poso evolutivo.

En lo que concierne a la salud pública, la sobrevaloración del riesgo hoy día no debe interpretarse como prudencia sujeta al principio de precaución sino grave incomprensión de la situación objetiva, exacerbando la tendencia de algunos profesionales a practicar la «medicina defensiva» en previsión de ser acusados de negligentes. Gerd Gigerenzer, en «Risk Savvy» (2014), cita un estudio (García-Retamero y Galesic, 2012) apuntando al desfase, con parecido diagnóstico, entre el tratamiento que dispensan los médicos a los pacientes en España y el que se aplican a sí mismos o a sus familias, menos agresivo e igualmente eficaz. Caso de manual de medicina defensiva en evitación de litigios. A todo ello hay que añadir el conflicto de intereses entre una medicina virtuosa y la maximización del beneficio que lleva a sobreactuar en el sistema sanitario. Así se prescriben excesivamente medicamentos, exámenes, intervenciones quirúrgicas, etc., despilfarrando recursos y perjudicando al paciente. Que nadie dude, por tanto, de la obligatoria prescripción de antivirales y vacunas contra la Covid-19 llegado el momento. Quien se niegue a vacunarse no podrá salir a la calle.

Gigerenzer da el siguiente ejemplo de sobrevaloración del riesgo, efecto colateral del 11-S. Al analizar estadísticamente el aumento del tráfico rodado, EE.UU. (2001), se constataron 1.600 muertos en accidentes que no se habrían producido si los viajes hubieran sido en avión. Los atentados hicieron creer a muchos estadounidenses que el automóvil era más seguro que volar. Evaluaron mal el riesgo. Por otra parte, según Gigerenzer, los médicos están mal preparados para comprender lo que es el riesgo/incertidumbre y menos aún para evaluarlo probabilísticamente. En tanto ilustración de «anumerismo» (concepto popularizado por el matemático John Allen Paulos en «Innumeracy» (1988), Gigerenzer considera que el 80% de médicos son incapaces de entender verdaderamente el significado de un test de detección en su propia especialidad. Generalmente confunden riesgo absoluto y relativo, falso positivo y falso negativo, prevalencia e incidencia, etc. Ante un test de diagnóstico frecuentemente sobrestiman la probabilidad de que el paciente esté enfermo y la intensidad de la enfermedad. Un millón de escáneres innecesarios se prescriben anualmente a niños en EE.UU., induciendo número importante de cánceres al ser los tejidos de las criaturas muy vulnerables.

Por lo que respecta a la Covid-19, considerar imprudencia relajar algunas medidas de distanciamiento social es muy sintomático de los escasos recursos mentales que tenemos los humanos para evaluar probabilísticamente el riesgo/incertidumbre. Las lastimeras peticiones de los pediatras para que los niños entre 0 y 6 años no vuelvan a guarderías y escuelas este curso, en aras de proteger su salud, es como ir a la playa con paraguas en previsión de que llueva. El confinamiento ha sido nefasto para la salud de la población (niños incluidos) habida cuenta del demoledor impacto físico, síquico y económico. Otras consideraciones aparte, el 1% de aumento del desempleo dispara el 2% de enfermedades crónicas en el medio plazo. Más importante, si cabe, si el pico de fallecimientos diarios se dio el 1 de abril (950 muertos), el pico de infecciones diarias (reales, no reportadas) tuvo que producirse entre el 5 y el 10 de marzo (quizás el 8-M en Madrid) al restar la media de días que tarda en fallecer una persona infectada. No se necesita ningún modelo matemático para calcularlo backward-induction, con la simple aritmética llega. Dicha media se sitúa entre 23 y 26 días (cuatro o cinco para la incubación y entre diecinueve y veintidós días desde que se manifiestan los síntomas). Sucede que, arrancando el confinamiento el 15 de marzo es evidente que el punto de inflexión que marca el fin del crecimiento exponencial de la infección diaria (casos reales) se produjo con anterioridad gracias a que la población empezó a tomar sencillas medidas de higiene personal (lavarse las manos, por ejemplo) y distanciamiento a principios de marzo. Al hilo de lo dicho, en una sencilla función de Verhulst (o Gompertz) se observa perfectamente el punto de inflexión que marca el fin del crecimiento exponencial de infecciones. Toda vez que con crecimiento exponencial el número de infectados doblaba cada cinco o seis días, la mitad de infectados reales, antes del 15-M, tuvo que producirse dentro de la semana anterior al confinamiento.

Con los anteriores datos en mano, el «arresto domiciliario» draconiano fue y es inútil epidémicamente y letal económicamente. Razón por la que gobiernos más competentes que el español, y menos necesitados de mostrar implacable autoritarismo, no aplicaron drásticas medidas de distanciamiento social: por innecesarias epidémicamente y devastadoras económicamente. Quiere decirse, si en España el Gobierno hubiera desarrollado cierta pedagogía inculcando concienciación de la situación y asunción de responsabilidades individuales se habría minimizado el cataclismo económico en curso. Por si fuera poco, el confinamiento no impide que eventualmente se produzcan rebrotes de menor alcance.

El alarmismo propagado conscientemente es fruto de la incompetencia y sobrevaloración del riesgo por un gobierno que ha aterrorizado a España entera -oposición incluida- sin haber protegido a quienes más necesitaron amparo. También es cierto que han contado con la complicidad necesaria de un sistema de salud que practica sin sonrojo la medicina defensiva y estimaciones de modelos matemáticos tremendamente coactivos -verbigracia, la chapuza del Imperial College- pero que fallan más que escopetas de feria.
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Juan José R. Calaza es economista y matemático

Guerra Civil
La vergüenza del Frente Popular: los asesinatos de presos «derechistas» que aterraron a Madrid
Entre el 22 y el 23 de agosto de 1936, milicianos descontrolados tomaron el control de la cárcel y acabaron con la vida de una treintena de reos políticos, miembros de falange y hasta un amigo de Manuel Azaña
Manuel P. Villatoro ABC 27  Mayo 2020

El levantamiento militar del 18 de julio de 1936 no afectó solo al norte de África. En la Península, fueron muchas las ciudades en las que se desarrollaron combates entre tropas del bando Nacional y los soldados leales a la Segunda República. Madrid, sin ir más lejos, fue testigo del alzamiento acaecido en el Cuartel de la Montaña, a la postre apaciguado por la Guardia de Asalto. Como resultado, se generó un clima de tensión en la capital que derivó, el 22 de agosto, en la toma de la cárcel Modelo por parte de las milicias anarquistas de la CNT. Su objetivo: acabar con la vida de los reos «derechistas y fascistas», como los llamaban. El triste ataque, imposible de detener por un Frente Popular sobrepasado, costó la vida a una treintena de políticos.

Los sucesos acontecidos en la Modelo aquellos días de agosto están rodeados, todavía hoy, de cierto halo de misterio. Por entonces, este centro penitenciario contaba con un número de presos que varía atendiendo a las fuentes. El diario «Política», portavoz de la Izquierda Republicana, los cifró el 4 de agosto en «más de 1.000 fascistas, entre curas, frailes, militares, burócratas o empleados». Aunque, apenas cuatro jornadas después, rectificó sus cálculos y confirmó «más de 400 jefes de Ejército; 700 oficiales y 700 fascistas». A todos ellos habría que añadir los miles de delincuentes comunes encerrados entre sus muros.

Es un hecho que, desde la sublevación militar del 18 de julio, algunos periódicos de la capital habían llamado a tomar las armas y a perpetrar todo tipo de tropelías contra aquellos que pudieran ser considerados rebeldes. Uno de ellos fue el diario «Milicia Popular», editado por el famoso Quinto Regimiento. Un día antes del comienzo de los sucesos sus autores habían clamado por la violencia: «El enemigo fusila en masa. No se respeta a niños, ni viejos, ni mujeres… En esta situación, destruir a un puñado de canallas es una obra humanitaria. Sí, altamente humanitaria. No pedimos pues piedad, sino dureza».

Algo similar había publicado el diario socialista «Claridad», portavoz de Francisco Largo Caballero. Sus palabras eran todavía más directas contra los reos encarcelados en la prisión de Madrid: «La cárcel Modelo es un nido de fascistas y el Pueblo tiene derecho a entrar en todas partes, y en la cárcel Modelo con mayor razón». La tensión iba en aumento y estaba motivada por actos de violencia cometidos por las tropas Nacionales en el frente de Teruel, y aireados por la propaganda de la Segunda República.

La pesadilla comenzó el 22 de agosto con el triste preludio de un bombardeo del bando Nacional sobre el barrio de Argüelles, en el que se hallaba la prisión. Pero eso no era nada para lo que se avecinaba. Según explica Paul Preston en «El Holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después», aquella misma tarde, mientras el Comité Provincial de Investigación Pública (uno de los organismos encargados de mantener el orden y conocido como la «Checa de Bellas Artes») llevaba a cabo un registro en el interior de la Modelo, los presos comunes se amotinaron y tomaron el control.

Al instante, exigieron ser liberados y amenazaron con acabar con la vida de los presos políticos relacionados con los partidos liberales y la Falange. Narra Payne que la solución que ofrecieron Felipe Sandoval y Santiago Aliques Bermúdez, al frente del Comité Provincial de Investigación Pública, fue soltarles a cambio de que se unieran a la CNT. Por si fuera poca la tensión de aquellos momentos, un error provocó que una ametralladora cercana disparara contra los reos «derechistas» y acabara con seis de ellos.

Extraño incendio
Durante aquella vorágine se desató, además, un incendio en mitad de la Modelo. En este punto es donde radica cierto misterio. En su momento se extendió que el fuego había sido provocado por presos falangistas que pretendían escapar en mitad del caos. La segunda versión, defendida por el juez Mariano Gómez (que llegó poco después al lugar de los hechos), sentencia que los reos comunes atacaron a los funcionarios con colchones que ardían en llamas. Payne, por su parte, cree que «algunos de los prisioneros prendieron fuego a la leñera de la tahona».

En todo caso, y según desvela el historiador Hugh Thomas en su ya clásica obra «La Guerra Civil española», la noticia de la revuelta y el incendio se extendió a toda velocidad por Madrid. El mismo diario «El Socialista» se hizo eco de ella poco después: «Hacia las cuatro de la tarde y coincidiendo con una requisa-registro realizada en la galería tercera de la cárcel Modelo, donde se encuentran la mayoría de fascistas detenidos, se inició un incendio en un almacén de leña. Con toda rapidez acudieron los bomberos. También acudieron gran número de fuerzas de Seguridad, Asalto y Milicias. Estas incluso ocuparon las casas cercanas».

El Frente Popular movió ficha y una delegación fue enviada a la zona para calmar los ánimos. Los primeros en llegar fueron el general Sebastián Pozas y el concejal Ángel Galarza. Pero su estancia duró poco… Exactamente hasta que se percataron de que la situación era incontrolable y se fueron por donde habían venido. A continuación arribó el director de Seguridad, Manuel Muñoz, a quien el panorama no le pareció demasiado halagüeño. Ya no solo por la revuelta en el interior de la Modelo, sino porque, en el exterior, cientos de milicianos clamaban por la liberación de los presos comunes y amenazaban con asaltar el centro y asesinar a los «fascistas».

Muñoz solicitó al Gobierno que liberara a los reos para evitar el linchamiento de los presos de derechas, y lo cierto es que se lo permitieron. Pero para entonces era tarde, pues Sandoval había soltado ya a 200 de ellos. El director de seguridad, al prever lo que se le venía encima, prefirió excusarse (adujo que se sentía indispuesto) y volver a su despacho. Mientras, decenas de milicianos anarquistas de la CNT cumplieron con lo prometido y asaltaron el edificio.

Baño de sangre
Esa misma tarde, los milicianos sacaron de sus celdas a treinta presos políticos y los llevaron al patio de la Modelo (o a los sótanos, atendiendo a las fuentes). Entre ellos había miembros del Partido Liberal, políticos conservadores, oficiales del Ejército (hacia el que se había generado una gran animadversión tras los sucesos del 18 de julio) y varios falangistas. Según Payne, se sucedió a continuación un juicio rápido ante un tribunal improvisado y todos ellos fueron ejecutados a sangre fría. Otros autores son partidarios de que el supuesto proceso no existió.

Entre aquella treintena de presos había nombres más que famosos. Uno de los más destacados fue el aviador y aventurero Julio Ruiz de Alda, quien había participado, junto a Ramón Franco, en la gesta aérea del «Plus Ultra». También se hallaban Fernando Primo de Rivera (hermano de José Antonio); José María Albiñana (fundador del Partido Nacioanalista Español); los ministros del gobierno de Alejandro Lerroux Ramón Álvarez Valdés y Manuel Rico Avello o, entre otros, Melquíades Álvarez (amigo personal de Manuel Azaña y presidente del Congreso de los Diputados durante la Restauración Borbónica).

«También pusieron cuidado en elegir a 4 antiguos izquierdistas que se habían pasado a la Falange […] y 2 ex pistoleros de la CNT, un tal Ribagorza y Pedro Durruti, hermano de Buenaventura, el fundador de la FAI», añade el autor anglosajón.

Mientras se sucedía aquella matanza, el presidente del Consejo de Ministros José Giral envió a Juan Negrín, futura cabeza de la Segunda República durante la Guerra Civil, para que intentara evitar que se sucediera un baño de sangre todavía mayor. Según el testimonio del doctor Francisco García Valdecasas, presente durante el asalto, intentó de forma insistente cumplir la tarea que se le había encomendado:

«Negrín corrió a frenar la furia homicida y, al mismo tiempo, a intervenir para poner a salvo la vida del que había hecho de padre del bedel del laboratorio, persona muy apreciada por todos cuantos le tratábamos. El tío (y padre de hecho) de Elías Delgado era militar “de cuchara” al que las circunstancias del momento le habían llevado a ser uno de los detenidos recluidos en la Modelo con el consiguiente peligro de ser una de las víctimas. La enérgica intervención del doctor Negrín para impedir lo que ya era inevitable resultó inútil, pues a su llegada el padre de Elías ya había sido ejecutado. La indignación espontánea de don Juan al exteriorizar enérgicamente sus protestas contra cuanto estaba ocurriendo, le hizo correr el riesgo de perder su propia vida».

Algunos políticos que arribaron poco después incidieron en que era imposible calmar a la turba. Las milicias anarquistas estaban cejadas en acabar con más presos políticos. El Ministro de Asuntos Exteriores, Augusto Barcia Trelles así lo confirmó sobre el terreno y entre lágrimas. A la mañana siguiente, según narra Thomas, otra treintena de reos fueron fusilados, algo que no comparten Payne y otros autores. La versión más extendida es que, a lo largo de aquella fatídica noche, un grupo de combatientes de la policía motorizada del PSOE y una columna de la Guardia de Asalto consiguieron retomar el control de la Modelo.

Para el Frente Popular, el suceso supuso un verdadero mazazo. No ya porque fueran o no culpables o instigadores del mismo, sino por la imposibilidad de evitar una debacle que los reporteros del periódico «El Socialista» (a quienes se les permitió acceder a la prisión) describieron de esta forma: «El interior de la prisión, cuando la visitaron nuestros redactores, admitidos en ella a título excepcional, trascendía a matadero. En uno de los patios había varios cadáveres, algunos de personalidades políticas conocidas».

Uno de los más afectados por la tragedia fue Manuel Azaña. El presidente de la República, amigo personal de Melquíades Álvarez, se deshizo en lágrimas cuando conoció su muerte. Así lo corroboró su cuñado, Cipriano Rivas Cherif: «Lo encontré sentado junto a una mesa, la cabeza apretada entre las manos. Levantó el rostro y me miró como nunca lo había yo visto. Estaba desencajado». «El Socialista», por su parte, publicó un articulo poco después en el que condenó la violencia de las milicias y llamó a la calma.
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¿Es constitutiva de delito la ruindad de Grande-Marlaska?
EDITORIAL Libertad Digital 27  Mayo 2020

Es muy ruin por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que sólo se haya acordado de la propuesta del PP de subir el sueldo a los guardias civiles como forma de aplacar el clamoroso malestar en la Benemérita después de su ominosa decisión de destituir fulminantemente al jefe del Instituto Armado en la Comunidad de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, justo después de que se conociera que la Guardia Civil había remitido un informe al juzgado que investiga al delegado del Gobierno en Madrid por autorizar las manifestaciones feministas del 8-M, cuando ya había casos de coronavirus.

Ese profundo malestar, que ha llevado este martes al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña, a presentar su dimisión en solidaridad con el coronel fulminado, es perfectamente lógico si se tiene en cuenta que, tal y como la juez Carmen Rodríguez-Medel ha tratado de explicar en una carta a Grande-Marlaska, el hecho de que Pérez de los Cobos no informara al ministro del Interior de que había remitido dicho informe al juzgado sólo demuestra hasta qué punto el coronel, como responsable de la Guardia Civil, que actuaba como policía judicial en la causa, cumplió con su deber de "guardar rigurosa reserva" sobre la evolución y el resultado de las investigaciones.

A este respecto, conviene recordar que el artículo 550.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece:

Los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta dentro de las competencias a que se refiere el artículo 547 de esta ley no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente.

Un informe como el remitido por orden de Pérez de los Cobos a la juez Rodríguez Medel habrá sentado fatal al Gobierno de Sánchez, pues de él claramente se desprende que no solo el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, sino el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, eran perfectos conocedores del riesgo de contagio masivo que entrañaban manifestaciones como las que se celebrarían el 8-M, como demuestra el hecho de que prohibieran a los representantes de la Iglesia Evangélica celebrar cualquier tipo de evento multitudinario en una reunión celebrada el 5 de marzo.

Aunque este demoledor informe de la Benemérita venga a confirmar la temeridad del Gobierno al promover las manifestaciones feministas del 8-M, la venganza de Grande-Marlaska contra Pérez de los Cobos no viene sino a reforzar la idea de que unos presuntos delincuentes habrían preferido poner en riesgo a la población antes que renunciar a unas concentraciones destinadas a dar cobertura propagandística al bodrio legislativo del 'sólo sí es sí'.

Es lógico que un Gobierno que va camino de sentarse en el banquillo por su clamorosa negligencia –presuntamente criminal– a la hora de prevenir la expansión del coronavirus, y, que para colmo, busca sus apoyos en formaciones golpistas y proetarras como ERC o Bildu, pierda la confianza en un guardia civil ejemplar, destacado por su labor contra el golpismo sesesionista catalán tanto como por su lucha contra el terrorismo etarra. De hecho, la única objeción que –sólo hasta cierto punto– se podría hacer a Pérez de los Cobos es la ciega obediencia con la que ordenó una protección sobredimensionada del domicilio del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para impedir que se celebraran en sus inmediaciones protestas por la pésima gestión gubernamental de la pandemia.

En cualquier caso, sea o no constitutiva de delito, la bajeza moral de Grande-Marlaska al defenestrar a Pérez de los Cobos cuando ni siquiera ha concluido la fase judicial por las manifestaciones del 8-M es razón más que suficiente para pedir su dimisión, tal y como ya han hecho Vox, PP y Ciudadanos.

Sea como fuere, si el lema de la Guardia Civil es "El honor es mi divisa", para Pérez de los Cobos habrá sido un auténtico honor ser destituido por este Gobierno infame.

Es Marlaska el que debe dimitir
Editorial El Mundo 27  Mayo 2020

La única comparecencia que esperamos ya de Marlaska es esa en la que anuncia su dimisión. De un Gobierno abonado a la mentira como estrategia de supervivencia a cortísimo plazo no cabe esperar autocrítica ni veracidad en una rueda de prensa de preguntas filtradas y argumentarios retorcidos hasta el bochorno, como llamar "nuevo impulso" a una purga. Es difícil concebir un ministro del Interior que haya hecho tanto en tan poco tiempo por destruir su propio prestigio como juez a medida que erosiona el principio axial de la separación de poderes. Para definir el desprecio al decoro democrático de Marlaska solo se nos ocurre el ejemplo de Baltasar Garzón, y eso que Felipe González finalmente tuvo el buen sentido de no nombrarle ministro.

De la ambición política de Marlaska habla su ofrecimiento al PP de Rajoy para ser su fiscal general y su final acomodo en el Gobierno de Sánchez, donde tardó muy poco tiempo en convertirse en el más solícito cancerbero. Pronto chocó con las asociaciones policiales que reclamaban la equiparación salarial -la misma que ahora esgrime para comprar la paz interna- y con las de funcionarios de prisiones que exigían mejores condiciones de seguridad. Debutó destituyendo a Manuel Sánchez Corbí, jefe de la UCO e icono de la lucha contra ETA, alegando pérdida de confianza. Protagonizó su primer descenso a la indignidad cuando en vísperas de la manifestación del Orgullo Gay del año pasado no solo no desautorizó las amenazas a la delegación de Cs, sino que las amparó y excusó; y consumadas las agresiones, ordenó a toda prisa fabricar un informe ad hoc para desacreditar las denuncias de las diputadas agredidas, informe plagado de irregularidades y filtrado a un medio afín que ningún policía quiso avalar con su firma y que hoy se encuentra bajo investigación judicial. Su gestión durante los disturbios violentos en Barcelona le acarreó críticas unánimes de falta de previsión y de medios por parte de las distintas fuerzas policiales, cuyos efectivos arriesgaron la vida en la defensa de la comisaría de Vía Laietana o en la plaza de Urquinaona. Cuando llegó la pandemia ordenó la monitorización de las redes para vigilar la desafección al Gobierno. Y cuando un coronel de intachable hoja de servicios -salvo para ERC, PNV y Bildu- cumple con su deber y con la ley negándose a traicionar el encargo de la juez a la que sirven sus hombres en una investigación sujeta a secreto, lo fulmina como escarmiento. Lo que a su vez motiva la dimisión del director adjunto de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, incapaz de aguantar más las groseras injerencias del ministro. Desde Luis Roldán no se caía tan bajo.

Con su arbitrariedad, su sectarismo y su doblez, Marlaska ha degradado el cargo de ministro del Interior. Es un hombre inhabilitado para la política. Y seguramente también lo está ya para la Justicia. Marlaska debe irse ya.

Indignidad política de Marlaska
Editorial ABC 27  Mayo 2020

Fernando Grande-Marlaska es quizás el ministro que más decepción está causando desde el primer día de su mandato. Llegaba a Interior precedido de un reconocible prestigio en los tribunales, como vocal del CGPJ o como magistrado. A izquierda y derecha, era elogiado en su labor, salvo por su excompañera en la Audiencia Nacional y ahora fiscal general, Dolores Delgado, que hasta se mofaba de su condición sexual. Sin embargo, como ministro se ha revelado como un profesional del sectarismo al servicio de la extrema izquierda. Es un manipulador de la información, un perseguidor de la libertad de expresión y, sobre todo, un enterrador de la separación de poderes. De hecho, sorprende que sea un magistrado de carrera quien pretenda imponer la domesticación de los jueces para proteger a Sánchez de sus errores con el coronavirus. Si hoy acreditara solo una parte de la dignidad que demostró como juez, Marlaska ya habría dimitido. Aprovechar el estado de alarma para invadir la independencia judicial desde su despacho de ministro y aplaudir un acuerdo de su Gobierno con Bildu mientras intenta erosionar el prestigio de la Benemérita, de la que es jefe, refleja dramáticamente cuál es el objetivo de Sánchez. Y ser acólito de semejante operación es algo que Marlaska deberá llevar siempre en su conciencia. Por eso es lógica la dimisión del «número dos» del Cuerpo, el general Laurentino Ceña, que adelanta su retiro ante la injusta acometida contra su compañero. Porque la fulminación del coronel Pérez de los Cobos por negarse a informar a Marlaska -cumpliendo órdenes judiciales- de su investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid es una venganza política y una purga de corte soviético, no una simple renovación ministerial. El ministro ha tratado de salvar a José Manuel Franco de una acusación por prevaricación que podría ser extensiva a Illa y a Simón. Todos acallaron informes oficiales que alertaban de que las manifestaciones del 8-M eran un peligro, y ahora pretenden silenciar la investigación. Por eso es crucial que el poder judicial defienda a la instructora, e incluso que esta advierta al Gobierno de que su abuso de poder puede acarrear responsabilidad penal.

Lo ocurrido demuestra que el sanchismo usa el poder a capricho para socavar la democracia. Es evidente que Sánchez intenta salvar su legislatura a toda costa, y por eso ofrece al separatismo catalán la cabeza de Pérez de los Cobos, y al PNV y a Bildu, un acercamiento de 300 presos de ETA al País Vasco. Además, para apagar el profundo malestar interno, Marlaska recurre ahora, a la carrera y solo cuando él se ve en apuros, a su incumplida promesa de subir el sueldo a los guardias civiles. Es casi una insulto intentar tapar con dinero el malestar que sus trapacerías han generado en un Cuerpo que tiene «el honor como divisa».

El honor es mi divisa
Agustín García okdiario 27  Mayo 2020

“El honor ha de ser la principal divisa del guardia civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás”. Así empieza la cartilla fundacional de la Guardia Civil, y con eso se ha ido el coronel Pérez de los Cobos, con su honor.

El coronel cesado ha dado muestra de ello y, solo 24 horas después, su superior, el general Laurentino Ceña, con su dimisión ante el Ministro, da muestra de otra virtud, la dignidad. Honor y dignidad frente a la mentira y el miedo de un gobierno desbordado.

Por si Sánchez nunca lo supo o Marlaska lo ha olvidado, el honor es, según el diccionario, la “cualidad moral, que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo”. Y eso ha hecho el coronel, cumplir con su deber, ante la juez, conforme a la ley y pese a las consecuencias.

Ambos mandos podrán seguir vistiendo erguidos su uniforme mientras Marlaska quizá alcance, sin poder mirarse al espejo y tembloroso, a ponerse la toga. Todo por un gobierno que hace tiempo que perdió el honor en manos de golpistas y bildutarras. ¿De verdad le merece la pena, Sr. Marlaska?

Para que le merezca la pena hay que valer, como Sánchez, y creo que usted, Sr. Ministro, no es de esa pasta. El Presidente sí que sabe, le basta confundir honor con imagen y mentira con estrategia y ya puede uno dormir tranquilo a pesar de Iglesias. Así, da igual enmerdar todo lo que se toca, como un rey Midas que, en vez oro, la convierte en detritos toda institución que toca.

Primero fue la Abogacía del Estado, molestaba a sus nuevos amigos del Palau y Dolores delgado se encargó de cesar a Edmundo Val antes de que empezase el juicio por rebelión (perdón, sedición). Todo un apoyo a la profesionalidad de la Abogacía del Estado.

Y lo último ha sido la Comisión de Reconstrucción. El primer insulto es nombrar a Patxi López como su presidente, pero como no es políticamente correcto criticar la mediocridad, voy al segundo insulto al Parlamento: mientras con una mano (la del Gobierno) propone una comisión para debatir y acordar medidas para la reconstrucción social y económica, con la otra mano (la del PSOE) firma un acuerdo sobre uno de los principales pilares a tratar en esa comisión, el régimen laboral. No nos haga perder el tiempo, Presidente.

Y entre tanto la Fiscalía General. Sorprendido de que no dependiera del Gobierno, consideró su independencia un detalle sin importancia y nombró Fiscal General a la exministra Dolores Delgado. ¡Toma ya!

Algunos, ante muchas noticias en los medios o decisiones en el BOE, nos preguntamos dónde está la Fiscalía, pero ya lo sabemos. Está en manos de Dolores Delgado, o, como diría Sánchez, dejando la pregunta en el aire, ¿o no…?

Pero con una jueza que se cree su trabajo y con la Guardia Civil hemos topado. Quizá todo acabe en nada pero en eso consiste el Estado de Derecho y la separación de poderes, en poder investigar y controlar, en empezar y actuar, independientemente del fin de esas investigaciones.

E interferir en ello muestra una sospechosa inquietud. No se equivoca aquella cartilla de nuestra Guardia Civil cuando continúa diciendo (artículo 6): “El Guardia Civil no debe ser temido sino por los malhechores; ni temible, sino a los enemigos del orden…”.
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