AGLI Recortes de Prensa   Jueves 28  Mayo  2020

Todo es terrorismo menos el terrorismo
Daniel Rodríguez Herrera Libertad Digital 28  Mayo 2020

Nunca me interesó demasiado el pasado del padre de Pablo Iglesias. Los hijos no heredan los pecados de los padres. Sería relevante que fuera miembro de la banda terrorista FRAP, autora de tres asesinatos, si su hijo estuviera orgulloso de él precisamente por esa militancia y no a pesar de ella. Porque una cosa es mostrar el respeto a nuestros padres al margen de sus acciones y nuestras ideas, como hiciera José Bono respecto al suyo, alcalde franquista, y otra estar de acuerdo con todo lo que hicieran, especialmente si esos actos incluyen un pasado criminal. Pero lo que es indudable es que el padre de Pablo Iglesias perteneció a una banda terrorista. Y en estos tiempos en que se llama terrorismo a cualquier cosa, parece que lo único a lo que no podemos llamar terrorismo es al terrorismo.

Desde hace años nos hemos acostumbrado a que la izquierda trivialice el concepto llamando terrorismo energético a la factura de la luz, terrorismo laboral al teletrabajo, terrorismo financiero a que un banco ejecute una hipoteca, terrorismo vial a los accidentes de tráfico, terrorismo inmobiliario a que se desaloje a unos okupas, terrorismo ecológico a construir una urbanización o terrorismo mediático a criticar al macho alfa de Unidas Podemos. El propio Pablo Iglesias ha deslizado la acusación de terrorista contra Juan Roig, presidente de Mercadona, por decir que "si no se trabaja más, habrá intervención", a Rato por dar conferencias o a Amancio Ortega por ser rico en un país con mucho paro. Y no empecemos a hablar del terrorismo machista, que nos meteríamos en un agujero del que sería difícil emerger de nuevo.

En unos casos, la idea ha sido intentar aprovecharse de la condena general al terrorismo en España para elevar la categoría de otros muchos problemas. En otros, como en el del propio Pablo Iglesias, echar agua al vino de modo que la gravedad del terrorismo real quede diluida por el uso bastardo de la misma para definir otras realidades que nada tienen que ver con el terrorismo. En todo caso, el resultado ha sido el mismo: aquí cualquiera podía llamar terrorismo a cualquier cosa sin ningún problema, hasta el extremo de que el Tribunal Supremo ha llegado a considerar legítimo hablar de terrorismo empresarial porque la expresión se ha convertido en lugar común en nuestra sociedad.

Que Cayetana Álvarez de Toledo haya recordado la militancia en el FRAP del padre de Pablo Iglesias ha vuelto a demostrar que su partido necesita a muchas más como ella. Porque no se ha limitado a soportar, una vez más, el intento del vicepresidente de despreciar sus argumentos con el epíteto de "marquesa" que, en caso de que fuera empleado en un debate público contra una mujer de izquierdas sería naturalmente calificado de insulto machista. No, Álvarez de Toledo ha contraatacado usando las mismas armas. Y se equivocan quienes piensen que la derecha que vota no quiere eso. Si el PP se hubiera defendido a sí mismo y a sus votantes con la resolución con que lo hace ella, Vox no existiría ahora mismo o sería irrelevante, incluso sin tocar ni una coma de las políticas en el Gobierno de Rajoy.

Pero parece que en España, como en tantos otros países, no le está permitido a la derecha ni el uno por ciento de lo que se le permite a la izquierda. De eso se encarga el invierno mediático que los ratos y las sorayas han alentado desde el poder. Así, es inaceptable que una diputada de derechas recuerde el pasado terrorista del padre del mismo vicepresidente que llamaba patriotas vascos a los terroristas de ETA, pero no que ocupe una de las infinitas vicepresidencias del Gobierno un señor que llamaba patriotas vascos a los terroristas de ETA.

Democracia ¿dónde? Terrorismo ¿quién?

Podemos orquestó el «infectódromo» del 8-M
OKDIARIO 28  Mayo 2020

Si alguien, llevado por un arrebato de candidez superlativa, pensaba que la multitudinaria concentración feminista del 8-M fue la expresión de un movimiento ciudadano apartidista, se equivoca. La convocante del 8-M, a la que asistieron más de 120.000 personas, es de Podemos, uno de los dos partidos que sustenta al Gobierno. Alicia López Hernando fue candidata del partido de Pablo Iglesias en las elecciones municipales de 2019. Su nombre figura como máxima responsable de la marcha central de la capital del 8 de marzo en los expedientes analizados por la Guardia Civil en su informe sobre la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid remitido por la Guardia Civil a la juez Carmen Rodríguez-Medel.

Se da la circunstancia de que la convocante del 8-M no prestó testimonio ante el Instituto Armado en el marco de la investigación judicial, según el propio atestado al que ha tenido acceso OKDIARIO. «Se ha contactado con el personal de las asociaciones convocantes y promotoras del acto para comparecer igualmente en dependencias oficiales, habiéndose negado y significando que prestarían declaración ante su señoría».

La presencia de una candidata de Podemos entre las convocantes de una manifestación que se convirtió en una bomba biológica, en plena expansión del coronavirus, es la prueba del nueve de que el socialcomunismo gobernante no sólo autorizó la manifestación, sino que instó a su celebración por convertirse el 8-M en una de sus señas de identidad ideológica. En su hoja de presentación a las primarias de Podemos para las pasadas municipales, Alicia López Hernando se definió así. «Soy de Podemos desde su creación, hace cinco años, participando en el círculo desde entonces. Feminista, anticapitalista, ecologista», aseguró.

Está en su derecho de ser lo que quiera, pero las evidencias demuestran que el Gobierno orquestó una manifestación que, como señala el informe de la Guardia Civil ,» a partir del 5 de marzo no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19″.

¿Por qué se autorizó el 8-M (el «infectódromo», según Isabel Díaz-Ayuso), pese al estallido de la pandemia? Pues muy sencillo, porque era la manifestación del Gobierno. Su 8-M.

A la injerencia se le añade el acoso a la Justicia
Editorial El Mundo 28  Mayo 2020

El ministro del Interior fue incapaz ayer, en sede parlamentaria, de ofrecer explicaciones aceptables para justificar el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Porque no las hay. Marlaska despachó las preguntas de la oposición con una mezcla de victimismo e hipocresía. Ni aclaró los verdaderos motivos de una destitución arbitraria ni asumió sus responsabilidades por un escándalo que ha provocado el mayor incendio en el Instituto Armado desde la infausta época de Luis Roldán. Ejercer presiones sobre agentes que operan en calidad de policía judicial atenta contra la separación de poderes y constituye una injerencia inadmisible, agravada por la voluntad indisimulada del Gobierno de usar a la Abogacía del Estado para torpedear la instrucción de la juez Carmen Rodríguez-Medel, que dirige la investigación por un presunto delito de prevaricación del delegado del Gobierno en Madrid al permitir el 8-M.

A la divisa del honor propia de un servidor público intachable como Pérez de los Cobos, Marlaska opone el deshonor de entender la confianza como algo completamente ajeno al buen desempeño profesional. La realidad es que el informe que provocó el cese del coronel revela que la Delegación del Gobierno en Madrid se resistió a entregar información sobre el 8-M, lo que hace sospechar a la Guardia Civil -tal como reveló este periódico- que el Gobierno oculta datos de una manifestación autorizada de forma negligente. Las represalias del ministro del Interior no tapan la corrupción política que supone destituir a De los Cobos por negarse a incumplir la ley en un asunto que afecta directamente al Gobierno. Tal atropello a las libertades, que exige la renuncia de Marlaska, es epítome de la prematura degradación de un Ejecutivo desarbolado que huye hacia delante.

Lanzar a la Abogacía del Estado a sabotear la instrucción de Rodríguez-Medel, presentando un recurso de apelación contra el auto de la magistrada que dio lugar al inicio del procedimiento penal, es la enésima constatación de la falta de escrúpulos de Sánchez, empecinado en erosionar las instituciones hasta la náusea. En lugar de respetar la labor de la juez, el Gobierno alienta un acoso injustificable a la Justicia, al más puro estilo del manual populista de Podemos. Causa bochorno que el mismo presidente que alardeó de tener bajo control a la Fiscalía, ahora finja ser víctima de una "causa general" en los tribunales. Por mucho que sus adláteres pretendan convertir a Sánchez en émulo de Lula, no asistimos a ninguna pretendida persecución sino a la acción del Estado de derecho velando por el cumplimiento de la ley. Ningún Gobierno, por trapacero y desleal que sea, podrá impedirlo.

Lección de honor de la Guardia Civil al sectario Marlaska
OKDIARIO 28  Mayo 2020

El Gobierno socialcomunista, con el apoyo de sus terminales mediáticas, pretende, a la desesperada, desviar la atención descalificando el informe que la Guardia Civil presentó a la juez del 8-M, para que no vayamos a la cuestión de fondo: que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó al coronel Pérez de los Cobos por cumplir la ley. Lo que pretendía el ministro era eso: que un coronel de la Guarcia Civil desobedeciera un mandato judicial. Es de tal gravedad que en cualquier democracia medianamente asentada, Marlaska no podría seguir siendo ministro ni tampoco juez.

La prueba evidente de que la destitución de Pérez de los Cobos fue una arbitrariedad fruto del sectarismo más recalcitrante es que los cargos militares de la cúpula de la Guardia Civil han abandonado sus puestos: el teniente general Laurentino Ceña y el teniente general Fernando Santafé, números dos y tres del Instituto Armado, por detrás del puesto político de la directora general, María Gámez. ¿Alguien cree que si fuera cierto que la destitución del coronel Pérez de los Cobos obedeciera, como dijo el ministro, a una mera «redistribución de equipos», habrían abandonado sus cargos dos tenientes generales de la Guardia Civil? La purga de Marlaska ha provocado un terremoto de imprevisibles consecuencias.

Fernando Grande-Marlaska pasará a la historia como el ministro de Interior más sectario que ha conocido la democracia española. Su paso por el Gobierno ha triturado la imagen de hombre justo y recto que cosechó en su etapa de juez. En cualquier democracia, ya no podría ser ni una cosa ni la otra, porque su comportamiento revela una falta de ética clamorosa. Ha jugado con el honor de militares de impecable trayectoria y entrega y ha provocado un polvorín sin precedentes en la Benemérita al tratar de instrumentalizarla de forma miserable con fines partidistas. La Guardia Civil no trabaja para favorecer a ningún Gobierno, sino al servicicio de España y de los españoles. Marlaska ya sabe que la Benemérita ni se compra ni se vende. No todos pueden decir lo mismo.

Detrás de los movimientos de Marlaska se oculta la intención del socialcomunismo de desmilitarizar un Cuerpo que le ha dado al ministro una lección de honor y patriotismo.

Acoso y derribo para amedrentar a la juez
Editorial ABC 28  Mayo 2020

Fiel a su cita con la manipulación y el barullo cuando vienen mal dadas, el Gobierno, y con él toda la izquierda, apuntaron ayer sus baterías contra la independencia judicial. Nada distinto de lo que el PSOE y Podemos llevan haciendo desde que crearon el peor Ejecutivo de la democracia y el más destructivo contra la separación de poderes. El objetivo de su ataque ha sido ahora la magistrada que investiga al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8-M a sabiendas del riesgo de un contagio masivo por coronavirus. En cuatro meses, el Gobierno ya ha dado sobradas muestras de desprecio a la magistratura para someterla, y hasta en dos ocasiones el CGPJ ha tenido que reaccionar frente a intromisiones e injerencias obscenas. Ayer, la Abogacía del Estado acusó a la juez Rodríguez Medel de abrir una «causa general» contra el Gobierno por investigar a su delegado en Madrid en periodo de alarma. Falso. Si hubiese una causa general, Salvador Illa ya estaría ante el Tribunal Supremo.

Además, la operación puesta en marcha por Moncloa para deslegitimar el informe de la Guardia Civil sobre la supuesta conducta prevaricadora de Franco es absurda. El informe podrá contener errores o no. Podrá ser combatido jurídicamente o no. Pero quien debe darle valor jurídico es la juez, no el ministro de turno. Lo mínimo exigible es el respeto a las decisiones judiciales, no la estigmatización de los Tribunales si no satisface a Moncloa. Y si tan inútil es ese informe y tan beneficioso es para el Gobierno, ¿a qué vienen la destitución del coronel Pérez de los Cobos y una crisis en la Guardia Civil? ¿Y por qué ha habido dos dimisiones ya dentro de la cúpula de la Benemérita? Lo relevante para destrozar la democracia no es un informe contundente y rebatible, sino el abuso de Grande-Marlaska en su pretensión de entrar hasta la cocina de una investigación para amedrentar a una juez. Pero el PSOE ya lo hizo antes con Mercedes Alaya. La Abogacía del Estado ya no puede quedar más desprestigiada; no basta con insinuar que la juez ha prevaricado por actuar contra el PSOE: hay que amordazarla. Sanchismo químicamente puro.

Abogacía del Estado, no del Gobierno
Editorial larazon 28  Mayo 2020

La jefa de la sección Penal de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane, –que ocupa el cargo desde que fuera fulminantemente destituido su antecesor, Edmundo Bal, por negarse a rebajar el tipo penal a los, luego, condenados por la intentona golpista en Cataluña– ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto de procesamiento incoado por la juez Carmen Rodríguez-Medel, en el que está penalmente imputado por prevaricación el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. El asunto tendría la normal relevancia si no fuera porque en el escrito de la abogada del Estado se vierten afirmaciones que suponen un inaceptable juicio de intenciones contra la magistrada actuante, a la que se acusa no sólo de promover, nada menos, que una «causa general contra el Gobierno» por la gestión de la pandemia, sino de llevar a cabo un procedimiento prospectivo, en lugar de partir de indicios preexistentes de delito.

Dado que, por el momento, no figuran en la instrucción exhortos o diligencias que permitan aventurar otras imputaciones de cargos públicos que la del investigado, y dado que el delito de «prevaricación por omisión» se encuentra ampliamente respaldado por la jurisprudencia, es lícito interpretar que la abogada Seoane no defiende tanto a su cliente, como establece una defensa preventiva, muy precoz, de los miembros del Ejecutivo, a los que, suponemos que por intuición profesional, considera en peligro de ulteriores imputaciones penales.

Aunque forma parte de las reglas del juego que la Abogacía del Estado actúe como un mero instrumento jurídico del gobierno de turno, lo cierto es que el escrito de apelación de la letrada Seoane roza peligrosamente la descalificación profesional de la magistrada, que se halla en pleno procedimiento instructor, reclamando los informes, documentos y testimonios que considera imprescindibles, para mejor servicio de la Justicia. Que la abogada Seoane insinúe un exceso de celo, ¿doloso?, en la celeridad de la actuación de la juez, sería risible, sino fuera por la realidad de la tragedia que está viviendo la sociedad española. Con todo, lo peor es ver cómo el Gobierno que preside Pedro Sánchez no duda en utilizar todos los medios a su alcance para deslegitimar unas actuaciones judiciales que, sin prejuzgar responsabilidades, responden a unos hechos de la máxima gravedad para el conjunto de la sociedad española.

No sólo lo hemos visto en la feroz campaña desatada contra la magistrada Rodríguez-Medel, sino en el esfuerzo, digno de mejor causa, con que los medios gubernamentales y afines tratan de desvirtuar el contenido de supuestos informes de la Guardia Civil, que, por otro lado, no son más que uno de los elementos de juicio que ayudarán a conformar el criterio de la magistrada. La inicua destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, precisamente, por negarse a incumplir la ley, ejecutada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, escudado tras excusas pueriles, cuando no ofensivas contra la inteligencia natural de la población, desvela, sin embargo, la mala conciencia de un Gobierno que, pese a contar con avisos tempranos y con la información adecuada por parte de los servicios de alerta sanitarios, prefirió dejarse llevar por sus prejuicios ideológicos e impulsó las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Serán, a la postre, las distintas actuaciones judiciales abiertas las que establecerán la verdad procesal, neutral por definición, de las conductas de nuestros gobernantes. Pero, para la inmensa mayoría de la opinión pública, el veredicto de aquellos días ya está dictado y, por supuesto, no es muy favorecedor de la actuación del Gobierno, que, en lugar de procurarse el silencio de los servidores del Estado, debería pedir disculpas.

El rescate "light" de Europa a España no puede pagar el delirio del Gobierno

ESdiario 28  Mayo 2020

El dinero máximo al que aspira España, entre créditos y subvenciones, o es muy superior al del déficit previsto para un solo año: o se implantan reformar, o no servirá de gran cosa.

Europa ya ha decidido cómo ayudará a paliar la crisis económica derivada de la terrible pandemia de coronavirus. Liberará hasta 750.000 millones de euros: 500.000 en una suerte de subvenciones directas salidas del presupuesto europeo y 250.000 en créditos, aparte de los 500.000 ya consignados en el MEDE.

A España según las previsiones conocidas, le corresponden hasta 77.324 millones de euros en transferencias y 63.122 en préstamos, para un total de 140.446 millones, en torno al 11% del PIB, que caerá al menos ese mismo porcentaje en 2020.

Con todos esos datos, conviene hacer varias puntualizaciones. La primera, aún tienen que aprobarlo el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, donde están representados todos los países, en una reunión prevista para el 19 de junio. Alemania quiere, y eso seguramente debilitará la oposición de los “Cuatro Frugales” (Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia), partidarios de la austeridad y detractores de los "regalos", y hará más viable el acuerdo.

La segunda: en el mejor de los casos, España podrá acceder a una cifra algo superior al déficit anual que el Gobierno ya ha anunciado para 2020, de 115.000 millones: es decir, con todo el plan multianual de Europa tendríamos dinero para pagar el exceso de gasto de un solo año. Y al menos la mitad habría que devolverlo, algo difícil con una caída del PIB de al menos el 10.5% y una deuda pública de como poco el 113%.

Y la tercera: la recesión también ha llegado a Europa, que ayer reconoció una caída del doble de lo previsto para la Unión, que intentará compensar con nuevas tasas e impuestos, de dudosa oportunidad y de probable inutilidad: nunca es buena idea transferir demasiados fondos del bolsillo de las empresas y los ciudadanos a las Administraciones Públicas, que generan mucha menos prosperidad siempre.

La conclusión: vamos a tener un rescate “light” que solo servirá para superar el primer obstáculo si no va acompañado de reformas muy profundas que el Gobierno no parece dispuesto a hacer: si con estos préstamos se opta por anular la reforma laboral, ahondar en el catálogo de subsidios, mantener el gasto corriente de la Administración Pública y subir los impuestos; tendremos un país muy empobrecido que habrá agotado la ayuda europea en salvar el plan económico e ideológico de Sánchez e Iglesias a costa de los ciudadanos, el tejido productivo y el futuro de España.

Crisis del coronavirus
La jefa de la Guardia Civil jaleó y participó en las manifestaciones del 8-M
Teresa Gómez y Pelayo Barro okdiario 28  Mayo 2020

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha jugado un papel importante en la promoción institucional del 8-M. Tres días antes de la marcha que ahora investiga la juez Carmen Rodríguez-Medel en Madrid por si hubo prevaricación del Gobierno al autorizarla con riesgo del contagio del coronavirus, la hoy jefa de la Benemérita animó a los manifestantes a participar en las concentraciones del Día de la Mujer. De hecho, ella lo hizo en Málaga tras la pancarta del PSOE.

Gámez se encuentra en el punto de mira tras destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid, cuyos agentes ejercían como Policía Judicial de la juez madrileña, y la posterior dimisión de Laurentino Ceña, hasta este lunes al mando de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil.

En un vídeo publicado en El Periódico el 5 de marzo Gámez aseguraba que ha podido «comprobar la dureza» de la violencia machista e insistía en que «convive con micromachismos», que a veces es a través del «lenguaje verbal y otras del no verbal». Explicaba que el machismo lo vive «con pequeñas cosas cotidianas que normalmente están asociadas a la caballerosidad o con un trato amable, pero que a veces tienen un tinte o un sesgo que hoy –en día en los parámetros que nos movemos de igualdad– no deberían existir».

La directora de la Guardia Civil, que representa a los más de 79.000 guardias civiles, decía haberse sentido acosada porque el machismo «está a la orden del día». De esta manera, animaba a los manifestantes a que se sumaran a las marchas feministas, que congregaron a 600.000 personas en 480 actos celebrados por toda España, donde lucían pancartas con el lema: «El patriarcado mata más que el coronavirus». Unos días después se decretó el estado de alarma debido a la crisis sanitaria. En España ya han fallecido casi 40.000 personas por el virus.

Madrid, el epicentro de los actos del Día de la Mujer, fue escenario de 41 manifestaciones con una afluencia total de 136.430 personas. Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, investiga ahora si el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, cometió un delito de prevaricación al permitir estas aglomeraciones durante la crisis por la Covid-19, pese al alto riesgo de contagio que en ese momento ya existía.

Asistió en Málaga
Gámez asistió a la marcha del 8-M celebrada en Málaga. En esta ciudad, la ahora directora de la Benemérita, nombrada por el ministro Fernando Grande-Marlaska, era subdelegada del Gobierno y se enfrentó al triste episodio del rescate de Julen, el pequeño de dos años que cayó el 13 de enero de 2018 en un pozo de casi 110 metros de profundidad en la localidad malagueña de Totalán.

Unas 15.000 personas recorrían las calles del centro de esta ciudad costera y entre ellas se encontraba la directora general de la Guardia Civil. María Gámez compartía pancarta con los socialistas José Luis Ruiz Espejo, secretario general del PSOE en Málaga, el senador Miguel Ángel Heredia y Daniel Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga.

Fue la primera vez que la directora de la Benemérita participó en un acto feminista ocupando el cargo de representante de la Guardia Civil. Pero es una asidua a las manifestaciones feministas. El 25 de noviembre de 2019 participó en las movilizaciones contra la violencia de género, como manifestó a través de su cuenta de Twitter, asegurando sentir «satisfacción por ver que miles de mujeres salieron a gritar».

El 19 de septiembre de ese mismo año también se celebraron por toda España decenas de movilizaciones para reclamar los derechos de las mujeres. En esta ocasión Gámez hacía referencia a la misma cifra de asistentes: «Unas 1.000 personas hemos participado en la caminata feminista». Y aludía: «Porque nos siguen matando».

En su toma de posesión en el cargo, Gámez se declaró feminista.

Destituyó a De los Cobos
La causa por el 8-M, que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción Nº 51 de Madrid, es secreta y la juez Carmen Rodríguez-Medel ha exigido a la Guardia Civil que no se produzca ninguna filtración. Desde Interior se solicitó a De los Cobos que aportase información sobre el informe de diligencias preparado por la Guardia Civil de Madrid y, al negarse, el ministro de Interior ordenó su destitución.

Horas después, la juez anunciaba la citación como investigado del delegado del Gobierno en Madrid, José Luis Franco y responsable de autorizar las marchas del 8-M en la capital, en las que participaron 120.000 personas.

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El pestilente servilismo de la Abogacía del Estado
EDITORIAL Libertad Digital 28  Mayo 2020

Ya resulta una vergüenza que el Ministerio Fiscal no haya acompañado una sola de las numerosísimas denuncias que se han presentado contra el Gobierno y las autoridades sanitarias por su nefasta decisión de permitir y alentar manifestaciones cuando ya disponían de informes que les advertían del riesgo de contagio por el coronavirus, así como por la negligente y presuntamente corrupta adquisición de material sanitario una vez declarado el estado de alarma. Claro que si se tiene en cuenta algo tan sumamente escandaloso como el hecho de que el cargo de fiscal general del Estado lo ocupe una exministra del anterior Gobierno de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, reprobada además en su día en el Congreso por sus nauseabundas conversaciones con el comisario Villarejo, no ha de extrañar tanta pasividad y condescendencia ante lo acontecido y denunciado.

Pero todavía más bochornoso resulta el recurso de apelación que acaba de presentar la Abogacía del Estado contra el auto de la magistrada Rodríguez-Medel que dio inicio al procedimiento contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación feminista del 8-M en la capital, en plena expansión del coronavirus. Como si de una abogada del Gobierno –que no del Estado– se tratara, la firmante del recurso de apelación, Rosa María Seonae, arremete contra la juez acusándola de abrir una "causa general" contra el Ejecutivo en la que se "vulneran las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma" con el fin de recabar indicios, así como de iniciar un proceso penal movida por meras "sospechas" e "hipótesis".

Si se considera que fue la propia juez quien, en el auto de admisión a trámite de parte de la denuncia, rechazó parte de la misma por ir dirigida no sólo contra el delegado en Madrid, sino contra el presidente del Gobierno (como tal, aforado ante la Sala de lo Penal del Supremo) y contra los demás delegados del Gobierno, sobre los que tampoco tenía competencia –en este caso, territorial–, cabe hacerse una ajustada idea de lo injusto que es el reproche de la abogada del Estado que no se comporta como tal.

Si Rodríguez-Medel admitió a trámite la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, sobre el que sí tenia competencia por no estar aforado, fue por la multitud y no por la falta de indicios de posible prevaricación administrativa en la no desautorización de la manifestación del 8-M, teniendo presente el informe sobre el covid-19 de fecha 2 de marzo emitido por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, en el que claramente se advertía contra ese tipo de concentraciones.

Este procedimiento, las múltiples querellas que ya se han presentado contra el presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo y la que el Consejo de Enfermería ha interpuesto contra el Ejecutivo y las autoridades sanitarias tienen todos los visos de ser refundidos en el futuro en un único procedimiento, que podría ser mal entendido como una 'causa general contra el Gobierno'; pero en caso de que así fuese no sería por voluntad de la juez Rodríguez-Medel, sino por razones procesales y porque así lo quieran los denunciantes, que se sienten víctimas de la negligencia del Ejecutivo.

Lo que no se puede pedir a una juez que investiga un comportamiento presuntamente ilegal de un acusado en su labor como delegado del Gobierno es que no investigue ni le pregunte qué información disponía del Gobierno en torno al riesgo que podrían entrañar manifestaciones como la que recorrió la capital el 8-M. Eso sería tanto como extender el aforamiento del presidente del Gobierno al delegado del Gobierno en Madrid.

En cualquier caso, tampoco ha de sorprender este bochornoso recurso de apelación de la Abogacía del Estado, pues lo firma Rosa María Seonae, la abogada del Estado del procés tras la destitución de Edmundo Bal, por no haberse plegado este a las directrices del Gobierno destinadas a retirar los cargos por rebelión contra los acusados del 1-O.

Con todo, confiemos en que, por el bien de la Nación y su Estado de Derecho, lo que quede de independencia judicial proceda en consecuencia; para que nadie se crea que está por encima de la Ley. Empezando por el Gobierno.

¡Salimos peor, oprobiosos!
Carlos Dávila okdiario 28  Mayo 2020

No hará más de una semana que la ministra de Defensa, Margarita Robles, le confesaba a un periodista amigo: “No os preocupéis tanto con lo de Bildu, la próxima semana habrá otro escándalo más gordo”. Pues a la vista está: el abyecto pacto de Sánchez con los filoetarras de Bildu, no ha decrecido en intensidad, pero ya corre paralelo con la destitución ordenada por el aún ministro Grande Marlaska (cada vez menos grande y más Marlaska) de coronel Pérez de los Cobos, fulminado por no cometer un delito: el de revelar al todavía ministro, como agente judicial que era, la investigación sobre lo acontecido el 8 de marzo con la manifestación de las furiosas feministas. La crisis que ha creado el ministro está descuartizando el prestigio y la jerarquía de una de las instituciones mejor valoradas de la Nación, al tiempo que resume a las claras como este Gobierno del Frente Popular, ejerce un totalitarismo comunista ya no parecido sino igual al de monstruos como Maduro, los Castro Daniel Ortega. La Guardia Civil, tan disciplinada siempre, no va sacar los pies del plato como el Gobierno quisiera, para volcar sobre ella acusaciones de golpismo, pero ¿se ha molestado el ministro en saber qué opinan los agentes que multitudinariamente tienen que guardar la casona del leninista Iglesias y de su señora ministra? Están que trinan. Y lo escribo con algún conocimiento, porque en los pueblos, también en los de la Sierra de Madrid, se termina sabiendo todo. Pérez de los Cobos ha sido laminado y el director operativo de la Benemérita, que tampoco soportaba más tanta incuria, se ha ido a su casa con viento fresco; el viento de la dignidad. Me resisto a ofrecer muchos detalles por temor a que el protagonista sufra la incuria de Marlaska, pero ¿saben ustedes cómo, entre los agentes que vigilan la seguridad de algún ministro, se califican las actuaciones de su ministro? Literalmente: oprobiosas.

Margarita Robles, codirectora del mando en la Guardia Civil, es magistrada del Supremo en excedencia especial y nunca ha dicho que cuando termine su carrera política, si es que acaba alguna vez, no regresará al Tribunal. Pero ahora, aparte de confesar, como lo hace, que todo escándalo es susceptible de menguar por otro mayor, tiene que estar sobrecogida por esta intromisión en la Justicia perpetrada por su doble colega. Ella, como Marlaska que aún tiene la desvergüenza de afirmar que no lo conoce, a estas horas ya ha leído el concluyente informe del equipo de Pérez de los Cobos: “El 8-M no debería haberse realizado”, y sabe también de las excusas cantinflescas del pobre hombre, Simón, al que el Gobierno le ha colocado como sumo hacedor de un fraude sanitario, social y político sin precedentes. Simón, que aparece siempre como el desvalido vendedor de El Ocaso, se ha refugiado en que también en aquella fecha se celebraron otros acontecimientos tan numerosos, o incluso más, que la concentración de las “enragés” al mando de las contagiadas Carmen Calvo y Montero. Démosle la razón a este hombre que concurre a las Ruedas de Prensa como si acabara de dormir, por quinto día consecutivo, en un Mini, pero entonces, ¿por qué no desaconsejó aquellos sucesos? Es tan torpe este científico que no ha recaído en que sus subterfugios, lejos de aliviar su responsabilidad la hacen doble, triple o cuádruplemente dolosa.

Este Gobierno todo lo que toca lo convierte en escoria. Sánchez ya tiene ante sí un panorama judicial de cuarenta y tantas querellas que no son sino el aperitivo de las muchas más que le van a caer encima. Al final -lo comprobaremos- su soviética propaganda (“Del coranovirus salimos más fuertes”) se va a volver contra él y contra la tribu de ministros, cargos ejecutivos y asesores que cobran de nuestros confiscados impuestos. Hace también una semana el gurucillo Redondo, un mercenario según él mismo se define, confesaba a un par de periodistas pertenecientes al reducidísimo círculo que le baila el agua, que ya estaba dispuesta la contrapropaganda del régimen social comunista y que su primer alegato coincidiría en el tiempo con la apertura de fronteras para el turismo. Es decir que a la misma hora en que Sánchez anunciaba el cierre ya estaba programada la liberación. O sea, mentira tras mentira en una España donde la verdad ya no cotiza en Bolsa. Con todo el dinero del mundo por adelantado, los medios no han tenido otro remedio que divulgar el estrepitoso embuste de los aliados de Bildu. No podían hacer otra cosa porque, en estos tiempos de penuria publicitaria, se recogen hasta las rosquillas milagrosas de las hermanitas de Sotresgudo, pongamos por caso. Hay sin embargo gentes, a lo mejor de buena fe, que critican las manifestaciones heterodoxas de Vox que se asemejan a las concentraciones de los moteros de la Harley Davidson, pero que no son más que la respuesta al sistema totalitario que ha implantado Sánchez prórroga tras prórroga. Su engañosa virtud (“lo hacemos todo para proteger la vida de nuestros compatriotas”) ha impedido el ejercicio de un derecho básico de la democracia: el de manifestación, por eso se ingenian métodos que de otro modo no tendrían espacio alguno. De aquí, no salimos más fuertes; todo lo contrario, salimos menos salubres, más pobres, menos seguros y menos libres, aunque esto último al público en general le traiga por una higa.

Primero, detener la degeneración
Juan Carlos Girauta ABC 28  Mayo 2020

Entre 2002 y 2018 muchos reclamamos la regeneración de la democracia española. Resumo el empeño: que los valores fundacionales recuperaran su significado. El uso y el tiempo habían pervertido las relaciones entre poderes, y las instituciones traducían sin más, en su composición, los designios de dos cúpulas partidarias. Por fortuna, no siempre su voluntad.

Cuando las mayorías se completaban con muletas nacionalistas, a la pérdida de calidad democrática se unía el temerario avance en una carrera de ventajas territoriales y de transferencias sin fin, cuando apenas quedaban los meros atributos de soberanía para chalanear. Esa dinámica impedía cerrar el proceso autonómico. Una anomalía permanente.

Al deterioro de los controles y equilibrios entre poderes, y a los groseros cambios de color

de instituciones con vocación de neutralidad, vino a unirse en 2012 el «procés», un diseño de reforma de la Constitución por vía diferente a la que esta prevé (definición canónica de golpe de Estado). El plan fue creciendo y cristalizando a la vista de todos sin que casi nadie reaccionara.

La causa última del proceso golpista estaba en la imposibilidad de mantener la inmensa red clientelar de CiU: las arcas catalanas estaban vacías por la crisis y la deuda autonómica se había convertido en basura innegociable. Por eso el pulso al Estado de Derecho lo inició Artur Mas -que se creía un excelente estratega- en forma de ultimátum: o Cataluña tenía un sistema de financiación como el vasco, o exigirían un Estado propio. Ni podía ni quería Rajoy ceder a ese chantaje. Y no cedió.

La causa última de la gran movilización social que acompañó a aquel movimiento hay que buscarla en el borrado de España en Cataluña, en su liquidación simbólica. Hacía demasiado tiempo que los catalanes percibían la Generalidad como algo diferente (y enfrentado) al Estado, que su prensa distinguía entre Cataluña y España, que el nombre de la nación común solo se pronunciaba en público para el escarnio o el insulto. Cuando un catalán se preguntaba «¿quién manda?» veía la plaza de San Jaime. Hubo golpe, y resultó que el Estado existía. Bien.

Y en eso llegó Sánchez, enseñó los dientes y las élites se rindieron de inmediato. Resucitó al secesionismo, inventó una mesa ajena a las instituciones para recuperar la parte inconstitucional del Estatut (sin reforma constitucional) y hablar de autodeterminación.

Elipsis: dos meses largos de estado de alarma. Se ha impuesto la arbitrariedad. Se ha borrado al Rey. Las instituciones están colonizadas por el PSOE más una fuerza cuya misión declarada es acabar con el sistema del 78. Se han violado masivamente derechos y libertades fundamentales. La economía se asoma al abismo. Las intromisiones en el Poder Judicial son la norma. Los que perseguíamos la regeneración de una democracia deteriorada hemos moderado nuestra ambición: ahora nos basta con que no la maten.

Un Gobierno para destruir España
Pablo Planas Libertad Digital 28  Mayo 2020

¿Qué se puede esperar de un Gobierno que pacta con ERC y con Bildu? ¿Respeto a las resoluciones judiciales? ¿Respeto por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado? Habría que ser muy ingenuo porque la sustancia de ERC consiste en socavar el crédito de la Justicia por la obvia razón de que su líder está en la cárcel por golpista. Y la sustancia de Bildu es representar a aquellos que ejercieron la violencia terrorista, que se cebó especialmente con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Que con esos bueyes Sánchez y sus ministros mostraran una cierta empatía hacia jueces y agentes sería un auténtico milagro.

Con el PSOE y Podemos, que ni siquiera se molestan en disimular, la independencia judicial y la existencia de la Guardia Civil corren un serio peligro. El informe elaborado por agentes del Instituto Armado sobre la manifestación del 8 de Marzo y el coronavirus forma parte de un sumario en teoría secreto, pero campa por las redacciones de los medios afines al Gobierno para tratar de condicionar la actuación de la juez Carmen Rodríguez Medel. La jugada sucia es manifiesta. Atacan la profesionalidad de la Guardia Civil y advierten a la magistrada sobre las consecuencias de investigar al Gobierno con la cabeza del coronel Diego Pérez de los Cobos expuesta en una picota. Funcionan como la mafia.

Las descontroladas reacciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los alardes de matonismo chuleta de Pablo Iglesias (que lo mismo presume de que su padre militó en un grupo terrorista como que amenaza a Cayetana Álvarez de Toledo por ponerlo de manifiesto) y la frenética y compulsiva relación de Pedro Sánchez con la mentira revelan a las claras que este Gobierno está dispuesto a llegar hasta donde haga falta para no asumir ninguna responsabilidad por los miles de muertos que se pueden atribuir a su frívola irresponsabilidad, rabiosa incompetencia y pavorosa inconsistencia, que está dispuesto a hacer lo que sea para aferrarse al poder. Y ese lo que sea incluye satisfacer las vengativas demandas de golpistas y exterroristas que no arrepienten precisamente de su pasado sino que lo exhiben con amenazante orgullo.

Un Gobierno de personas decentes no aceptaría los votos de según qué partidos, ni jugaría a la contabilidad creativa con los muertos por coronavirus, ni les habría dicho a sus ciudadanos que las mascarillas no valen para nada, ni destituiría a un guardia civil por preservar el secreto de las investigaciones judiciales. Estamos, sin embargo, ante otro tipo de Gobierno, un Ejecutivo sustentado por unas minorías que lo que quieren es cambiar de régimen como paso previo a destruir España. De ahí los ataques a la Corona, al Poder Judicial y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de ahí el intento de socavar los cimientos de la democracia en España para convertir el país en una cochiquera al gusto de Podemos, ERC y Bildu, a fin de que Sánchez se perpetúe los sábados en Radio Televisión Espantosa. Y ni siquiera les da vergüenza. Es más, dicen que los golpistas son los otros.

De Carrillo a Iglesias, pasando por el FRAP
Santiago Navajas Libertad Digital 28  Mayo 2020

La anécdota personal de que Cayetana Álvarez de Toledo se acordase del pasado del padre de Pablo Iglesias, perteneciente a una organización terrorista, tiene que elevarse a categoría política: el compromiso de buena parte de la izquierda con la violencia y la destrucción del Estado de Derecho, la sociedad abierta y el capitalismo liberal.

En su obituario sobre Santiago Carrillo, el propio Pablo Iglesias escribió:

Créanme si les digo que, siendo hijo de un militante del FRAP y habiendo militado donde milité, tiene su mérito admirar a Carrillo.

¿Por qué debería parecernos extraño que admirase a Carrillo? Permítanme algo de memoria histórica. De la que se ocupa de la verdad, no de falsear la Historia construyendo leyendas.

Desde Robespierre y Marx, la extrema izquierda tiene grabado en su ADN ideológico que la violencia es el camino para derrocar el orden social existente. De ahí los atentados que acabaron, en España, con la vida de Cánovas del Castillo, Canalejas y Dato, o la quema de instituciones religiosas y los asesinatos durante la II República. Pablo Iglesias llegó a reivindicar en su programa de televisión la guillotina de la Revolución Francesa como madre de la democracia. De la democracia al estilo de Corea del Norte y Venezuela, se entiende.

Este camino de violencia política, que hizo que Habermas tachase a sus estudiantes que asaltaron la Escuela de Frankfurt de "fascistas de izquierda", siguió a través del maoísmo y el guevarismo en las revoluciones china y cubana. Si hay un principio marxista que une a leninistas y maoístas es el de la violencia armada como método connatural al postulado de la lucha de clases. Si abjuras de este principio te conviertes en un revisionista y, lo que es peor, un socialdemócrata.

Y esto, un revisionismo socialdemócrata, es lo que comenzó a tomar forma en la extrema izquierda cuando en 1963 Kruschev denunció los crímenes de Stalin. En esas mismas fechas Santiago Carrillo también giró en su estrategia y optó por la reconciliación nacional pacífica en lugar de la lucha armada. Esto fue interpretado por gran parte del aparato y los militantes comunistas como una traición y un compromiso derrotista, ya que ellos seguían apostando por la violencia, el terrorismo y el derramamiento de sangre.

Los herederos de los que pretendían implantar una república dictatorial comunista están ahora en el Gobierno.

Frente a Carrillo, al que veían como un "antifascista institucional", organizaciones como el Frente Revolucionario Antifascista Patriota (FRAP), al que el propio Iglesias reconoce que pertenecía su padre, se consideraban revolucionarios cuya violencia estaba legitimada. Los verdaderos terroristas, según su punto de vista, eran las Fuerzas de Seguridad del Estado, contra las que cabía ejecutar, nunca mejor dicho, atentados de guerrilla urbana. En su imaginación, los miembros del FRAP y otros criminales ideológicos se veían como heroicos resistentes contra el fascismo cantando Bella Ciao y La Internacional, bajo retratos del Che Guevara y Mao, fumando porros y leyendo a Marcuse o a Frantz Fanon. Es decir, como si fuesen Paul Henried en Casablanca pero en cutre. En realidad, eran calcados al sucio asesino nihilista interpretado por Robin Williams en El agente secreto.

Entiéndase, para el FRAP los terroristas eran luchadores que actuaban en defensa propia contra la violencia institucionalizada. Mientras, Santiago Carrillo, sostenían los comunistas auténticos, se vendía por un plato de lentejas a los franquistas que habían organizado la Transición. Carrillo se habría pasado al reverso tenebroso de la fuerza democrática, mientras que los marxistas-leninistas adictos a la violencia presumían de ser Jedis. Como ocurrió con otros grupos de extrema izquierda, empezando por la ETA, el FRAP empezó ejerciendo violencia de baja intensidad, hasta llegar al atentado con víctimas mortales. Carrillo era un "comunista de derechas", como con desprecio lo cataloga Pablo Iglesias, porque optaba por la reforma del sistema liberal a través de vías pacíficas. El FRAP, por el contrario, era comunismo puro porque pretendía destruir el "orden burgués" a través de la violencia armada. Esto es lo que había aprendido en casa Pablo Iglesias y era por lo que consideraba a Carrillo un traidor a la causa al que admirar una vez convertido en inofensiva momia egipcia.

Leer hoy día un documento de aquellos izquierdistas recuerda la retórica entre cursi y estupefaciente, simulando ser técnica, que acostumbran a emplear Pablo Iglesias, Irene Montero y su principal muñidor de lirismos filosóficos, Íñigo Errejón.

Si bien es cierto que aún la forma principal de lucha del FRAP es la lucha de masas política, sin embargo, ya hay manifestaciones del cambio cualitativo que se está produciendo, como son los enfrentamientos violentos con las fuerzas represivas (...) formas embrionarias de la lucha armada, las cuales tenemos que, no sólo popularizar y generalizar, sino desarrollar hacia formas superiores de lucha armada.

En la exculpación que hace Iglesias de las actividades de su padre en el FRAP, o las complicidades del dirigente de Podemos con el entorno de Otegi o las dictaduras sudamericanas, subyace la idea de que la violencia de extrema izquierda está justificada. Este es gran pecado original de la izquierda, incluyendo al PSOE. Un pecado original que sólo será borrado cuando reconozcan a los criminales revolucionarios y golpistas dentro de su tradición que han causado tanto daño, sufrimiento y terror. La izquierda ha de purgar, tradición no le falta en cuanto a purgas, a la Pasionaria, a Largo Caballero, a Durruti... De esa tradición se derivó que mucha gente en la izquierda, incluso durante la Transición, sintiera más empatía por los terroristas que por la policía, por los etarras que por la Guardia Civil, por Txabi Etxebarrieta que por José Pardines. Querían acabar con la dictadura, sí, pero para implantar su república dictatorial.

Los herederos de los que pretendían implantar dicha república dictatorial están ahora en el Gobierno. Sus objetivos para destruir: la policía profesional, la judicatura independiente y el sistema educativo objetivo. Donde no alcanzó la violencia armada puede que triunfe la astucia retórica. No hay duda de que el padre de Pablo Iglesias tiene que estar orgulloso de un hijo al que enseñó adecuadamente. Aunque quizás el dirigente podemita alcance la lucidez de aquel verso de Kipling para explicar la debacle de su país en la violencia:

Nuestros padres mintieron, eso es todo

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