AGLI Recortes de Prensa   Viernes 29  Mayo  2020

Las mentiras del Gobierno tienen las patas muy cortas
OKDIARIO 29  Mayo 2020

El 4 de marzo, el Foro Asesor del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades celebró una reunión por videoconferencia en la que su presidenta, Andrea Ammon, alertó ya desde el inicio del encuentro de la existencia de nuevos casos de coronavirus sin relación con áreas afectadas y consideradas de riesgo, lo que -advirtió- «podría ser indicativo de que el virus está en la comunidad». Ammon incidió en la posibilidad de una escasez de test de diagnóstico e instó a los países a presentar sus inquietudes al respecto en el Consejo de Sanidad, que se celebró dos días después. Pues bien, en el listado de participantes figuraban Fernando Simón y su suplente, Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología.

Aquel 4 de marzo, el balance del Ministerio de Sanidad reflejaba 198 infectados en España y un fallecido confirmado, pero la curva de infección apuntaba claramente hacia arriba. El Gobierno ha venido insistiendo desde el comienzo de la pandemia que siempre actuó guiándose del criterio de los expertos y que en las vísperas del 8-M, día de las multitudinarias manifestaciones feministas, no había indicios que hicieran pensar en un estallido del virus. Desde hace meses, OKDIARIO viene demostrando que el Gobierno miente, porque han sido infinidad los documentos que demuestran que el Ejecutivo socialista era plenamente consciente del riesgo que suponía autorizar concentraciones multitudinarias. Este último no hace sino ratificar que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha subido a lomos de la mentira para justificar la autorización de una manifestación que se convirtió -aunque el Ejecutivo lo niegue- en una bomba biológica.

Fernando Simón estaba al tanto de la evolución del virus, pero en lugar de recomendar al Gobierno la suspensión de la concentración del 8-M, se permitió incluso afirmar que «si mi hijo me preguntara si puede ir a la manifestación, le diría que hiciera lo que quiera». Una frase que habla por sí sola y que revela que era perfectamente consciente de que el 8-M tenía que celebrarse, sí o sí, por ser la gran bandera ideológica del Gobierno. Simón conocía el riesgo como lo conocía el Ejecutivo al completo. La mentira tiene las patas muy cortas.

La lotería de Bruselas y su letra pequeña
Jesús Cacho. vozpopuli  29  Mayo 2020

El gordo de la lotería del Euromillones cayó ayer, un caluroso 27 de mayo de 2020, en La Moncloa, residencia oficial del Gobierno de Pedro & Pablo, en forma de una lluvia de millones que, dentro de un programa de reconstrucción que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó al Parlamento Europeo, corresponderán a España: nada menos que 77.000 millones en ayudas no reembolsables (a fondo perdido) y otros 63.000 en forma de créditos. En total, 140.000 millones del ala. El equivalente al 11,5% del PIB español en 2019. Casi nada. Una gran noticia para un Gobierno contra las cuerdas, victima casi diaria de una sucesión de escándalos que solo la protección que le brinda su poderosa armada mediática impide que esté ya contra la lona. Y una buena noticia, en realidad una excelente noticia para España, si un Gobierno en sus cabales al margen de adscripción ideológica concreta, representando los intereses de la mayoría, fuera capaz de aprovechar esta oportunidad para enderezar el rumbo de la economía y poner a España en la nómina de los países punteros de la Unión.

Seguro que Pedro & Pablo se frotaron ayer las manos dispuestos a celebrar una riada de millones caída del cielo con la que se pueden abordar innumerables proyectos beneficiosos para la mayoría pero también incontables tropelías en provecho de unos pocos. Resultaba ayer curioso ver cómo la crónica, excelente por lo demás, que Bernardo de Miguel y Lluís Pellicer firmaban desde Bruselas para El País no aludía en absoluto a la condicionalidad que va a pesar sobre el premio gordo que ayer le tocó a España. De aclararlo se encargaba Alejandra Olcese en 'Vozpópuli', recordando que “cada Gobierno tendrá que presentar un plan de reformas explicando puntualmente en qué gastará el dinero, en línea con las recomendaciones económicas que hará Bruselas y con las prioridades europeas, entre las que Von der Leyen ha resaltado la transición ecológica y digital, y el resto de países tendrá que dar el visto bueno a ese plan antes de que la Comisión libere el dinero”.

Una letra pequeña que va a ir endureciendo su perfil progresivamente en la medida en que los líderes políticos de los llamados “países frugales” -Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia, por no hablar de la propia Alemania- tengan que convocar a sus electores en las próximas semanas o meses para convencerles de que es una buena idea acudir con su dinero al rescate de los alegres chicos del 'Club Med', con Italia y España a la cabeza, acostumbrados a vivir del crédito con una total falta de respeto a los ya viejos acuerdos de Maastricht sobre el control de déficit, deuda y demás. La prensa europea lleva semanas enfatizando la condicionalidad de las ayudas, los 750.000 millones ayer desvelados por la presidenta de la CE, concretada en dos grandes renglones: consolidación de las cuentas públicas y programa de reformas estructurales profundas. Justamente el 'homework' que España lleva sin hacer desde hace tiempo, y no digamos ya una Italia dejada de la mano de Dios, a la que le han correspondido nada menos que 172.000 millones en la lotería de ayer.

Se viene por tanto un ajuste inevitable, gradual en el tiempo si se quiere, pero que será la gran prueba a la que tendrá que enfrentarse el Gobierno menos indicado, tanto desde el punto de vista técnico como ideológico, para esa tarea de saneamiento y de reformas capaces de dotar a España de un proyecto de futuro que hoy no se vislumbra en modo alguno. En realidad, la condicionalidad comenzará a hacerse realidad en los duros trámites que el proyecto tendrá que superar antes de que un solo euro llegue a Madrid y a Roma. En primer lugar, porque los planes nacionales describiendo sus necesidades y las reformas planteadas deberán ser aprobados por la Comisión, que además gestionará el proyecto entero, y sobre todo tendrán que convencer a los demás países, superando el hueso de unos norteños dispuestos a ayudar solo mediante préstamos, nada de ayudas a fondo perdido. “Es difícil imaginar que esta propuesta sea el resultado final de las negociaciones”, advirtió ayer un diplomático holandés a la agencia AFP. “Las posiciones están muy separadas y es un asunto que se decide por unanimidad. Las negociaciones llevarán tiempo”.

Esto va para largo
El canciller austriaco, Sebastian Kurz, otro de los 'duros', dijo también ayer que la propuesta de la presidenta de la CE es solo “una base para las negociaciones”, negociaciones que Angela Merkel prevé “difíciles” y que en modo alguno concluirán en la próxima cumbre europea de junio. Para la canciller “el objetivo debería ser encontrar tiempo en otoño para que los parlamentos nacionales y el Europeo discutan el plan” de Von der Leyen, de modo que pudiera entrar en vigor el 1 de enero de 2021. Esto, pues, va para largo. En realidad todo el proyecto lleva el sello personal de Merkel, la líder que mejor ha gestionado la pandemia, cuya figura ha salido muy reforzada dentro y fuera de Alemania. En estos tiempos de ausencia de liderazgos, no resultaría exagerado afirmar que no solo el plan de reconstrucción depende de ella, sino también la suerte del euro y el propio futuro de la UE como mercado único. Todo sobre las espaldas de una mujer capaz de alumbrar el plan previo de 500.000 millones pactado con Francia, origen del presentado ayer ante el Parlamento Europeo, y que tuvo la humildad de echarse a un lado para permitir a un Macron muy debilitado por su mala gestión de la pandemia apuntarse el tanto.

Debido a la caída de Francia en los infiernos del 'Club Med', la soledad de Merkel al frente de la UE empieza a resultar atronadora. Pero su posición en Alemania no es en absoluto fácil, como ha venido a demostrar la sentencia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe exigiendo un reequilibrio presupuestario de la política económica común. Un creciente número de alemanes tampoco quiere resolver con su dinero los problemas de países incapaces de disciplinarse. Por fortuna para los ribereños del Mediterráneo, la deriva de la globalización hacia los bloques regionales, la vuelta de China hacia su mercado interno y el giro proteccionista imprimido por Trump a los Estados Unidos, no dejan a Alemania, que correrá con la mayor parte de la financiación del plan de Von der Leyen, más opción que Europa, un mercado que absorbe el 60% de sus exportaciones y representa el 47% de su PIB. Angela ha decidido seguir apostando por una UE casi sin pulso, en la esperanza de que los europeos sigamos comprando sus Mercedes y sus BMW como hasta ahora.

Los alegres chicos de la banda que hoy ocupa La Moncloa seguirán, por su parte, gastando más y mejor, que es lo suyo, muy ocupados ahora en ese Ingreso Mínimo Vital que no tienen los alemanes y con el que esperan recuperar el resuello hundido en las profundidades de un descontrol gubernativo que resultaría cómico si no fuera dramático. Mientras las élites europeas tratan de aprovechar el drama del coronavirus para poner sus países al día recuperando el retraso acumulado en términos de inversión e innovación respecto a China y EEUU, particularmente en sectores como la transición digital, la energética, la medioambiental y otras, modernizando sus modelos económicos y educando a su capital humano, nuestro Gobierno se ocupa en arrastrar a las instituciones por el barro para hacer efectivo el entierro del régimen del 78, dispuestos a alumbrar esa sociedad subvencionada lista para votarles mansamente hasta el fin de los tiempos. Por fortuna seguimos teniendo a la UE, una UE muy malita, cierto, pero convertida en nuestro último baluarte.

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Pablo Iglesias bolivarianiza el Congreso con la complicidad de Patxi López
EDITORIAL Libertad Digital 29  Mayo 2020

Tras su repulsiva comparecencia en la mal llamada Comisión de Reconstrucción, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dejado indecentemente claro que el Gobierno social-comunista no quiere utilizar dicho foro parlamentario para nada que no sea señalar y acosar a la oposición como lo hacen los asesinos que detentan el poder en Venezuela, a los que el podemarra Iglesias se ha hartado de ensalzar.

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias sigue adelante con su campaña de demolición del orden constitucional, que incluye la demonización de los partidos de centro-derecha que no abracen el apaciguamiento, la desactivación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el asalto al Poder Judicial y la corrupción vía hipersubvención de los grandes medios de comunicación.

El fin último está más que claro, y el que no quiera verlo cierra los ojos a la evidencia: como han hecho siempre los comunistas, Iglesias acusa falsamente a los demás de lo que él quiere hacer de verdad, que es subvertir la legalidad y hacerse con un poder sin cortapisas.

Sin vergüenza, el comunista Iglesias, que venera al golpista Lenin, al golpista Chávez y a su semejante Maduro, ha acusado a Vox de querer dar un golpe de Estado pero no tener valor para ello. Qué manera de proyectar, la del podemarra cobarde que huyó de Vallecas a Galapagar y ha ordenado que extremen la vigilancia sobre su mansión de millonario para que nadie le afee su tremenda responsabilidad en la calamitosa gestión que ha hecho su Gobierno de la crisis del coronavirus, que se ha cobrado la vida de decenas de miles de españoles.

El potentado podemarra se ha comportado como lo que es sin que el presidente de la Comisión, Patxi López, le importunara lo más mínimo. Menudo papelón el del ex lehendakari, tan entreguista y servil como siempre, tan sectario e incompetente. Tan incapaz incluso a la hora de rectificar, pues lejos de pedir perdón se limitó a presentar unas disculpas sentimentaloides en las que cometió la bajeza de afear a todos su actitud. El culpable ha sido uno, el indeseable Iglesias, indigno de ser vicepresidente del Gobierno: no denunciarlo así es injusto y miserable.

En la sede de la soberanía nacional, el liberticida Iglesias ha hecho lo que hacía el asesino Hugo Chávez y hace su semejante Nicolás Maduro: acusar a sus rivales de golpismo para perseguirlos con implacable saña. Es en este contexto, no en el de un rifirrafe parlamentario normal o en el de un mitin electoral, donde hay que enmarcar lo que ha sucedido este jueves en el Congreso, con la infame pasividad del obsecuente y servil Patxi López. La situación es extremadamente grave.

Moncloa ya es como la Generalitat: espanta y hace huir a empresas como Nissan
ESdiario  29  Mayo 2020

No es solo Nissan ni por la pandemia: la política económica del Gobierno atemoriza a las empresas que ya están y enfría nuevas inversiones.

El pasado 22 de enero Pedro Sánchez garantizó que la planta de Nissan en Barcelona no se cerraría. Ayer, la multinacional anunció que se marchaba de la capital catalana: 3.000 empleos directos y hasta 23.000 indirectos se perderán con este desastre anunciado y no evitado por el mismo Gobierno que hace unas semanas descartaba la marcha.

Se ha abierto una deriva inquietante en el sector del automóvil, dañado como pocos en la pandemia: tres coches se habían vendido en España en los dos meses de confinamiento, dejando en los huesos a un sector clave del país que representa al 10% del PIB y emplea al 9% de la población activa.

Pero hay algo más que excede de la crisis sanitaria. En todos estos meses, el Gobierno ha tratado la automoción igual de mal que al turismo. Ese sector “con poco valor añadido” según Alberto Garzón, el ministro que presumía al principio de la cuarentena de la reducción de las apuestas deportivas.

Primero se cargó la imagen de los coches diésel anunciando su desaparición. Y después, cuando más esperanza necesitaban las empresas en general, se ha dedicado a anunciar enormes subidas de impuestos, a amenazar a empresarios como Amancio Ortega, a espantar al capital y a la inversión, a señalar al ahorro y a anunciar la derogación de la reforma laboral tras pactarlo con Bildu.

Cuando el delirio independentistas entró en Cataluña por la puerta de la Generalitat, más de 7.000 empresas escaparon por la ventana. La pequeña, la mediana y la familiar lo tienen difícil y el Gobierno lo sabe: no pueden huir. Pero la multinacional puede marcharse cuando quiera: habrá otros sitios donde la traten con educación, con seguridad jurídica e, incluso, con afecto.

Lo de Nissan es un terrible aviso, en fin, de la estampida empresarial que puede haber en España si este Gobierno sigue tratando al principal aliado de la riqueza como el único responsable de la pobreza. Que la firma japonesa haya preferido la Inglaterra del Brexit a la España de Sánchez y Torra lo dice todo.

Gracias a Torra y Colau comeremos ratas
Sergio Fidalgo okdiario 29  Mayo 2020

Hace unos días acabé la magnífica traducción al catalán que la periodista Anna Grau acaba de hacer de ‘Gerona’, el Episodio Nacional que Benito Pérez Galdós dedicó al sitio al que los franceses sometieron a esta ciudad en 1809. Es un relato trágico, sobrecogedor, en el que este magnífico escritor narra con crudeza cómo los habitantes, asediados durante siete meses, acabaron cazando ratas para alimentarse, que se cotizaban a buen precio. En este contexto me enteré de la confirmación de lo que era un clamor desde hace meses, que Nissan ha decidido cerrar sus centros de producción en Cataluña. Se perderán 3.000 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos.

El problema en Cataluña con las malas noticias económicas es que ya estamos tan acostumbrados, que no nos sorprenden, y las aceptamos con una mezcla de resignación y pánico contenido. Entre la alcaldesa Ada Colau, que es una experta en ahuyentar con sus ocurrencias a los sectores económicos que generan riqueza, y los sucesivos gobiernos separatistas de la Generalitat que se dedican a incitar a la rebelión callejera, lo raro es que todos los catalanes no estemos en el paro. Aunque vamos camino de ello. Si la conjunción Colau-Torra sigue adelante, en pocos años estaremos como los heroicos defensores de Gerona, pujando por cualquier roedor para echarnos algo a la boca.

Barcelona, que es el gran motor económico de Cataluña, tiene una alcaldesa cuya persona de confianza, la teniente de alcalde Janet Sanz, defendió en público aprovechar la crisis del coronavirus para cerrar la industria automovilística y reconvertir a sus trabajadores para que se empleasen en empresas menos contaminantes. Ahora tiene la oportunidad de demostrar la efectividad de su plan, gracias a los 23.000 nuevos parados que en pocas semanas habrá en la ciudad y alrededores. Seguro que va a haber cola de inversores deseosos de arriesgar sus millones gracias a la gran gestión económica de los ‘comunes’.

Las ocurrencias de Colau han sido continuas desde que accedió a la alcaldía en junio de 2015. Ha intentado destruir el turismo, que es una de las principales fuentes de riqueza de la ciudad, incitando a la turismofobia, siendo blanda con los violentos que atacaban hoteles y autobuses turísticos y paralizando la construcción de nuevos hoteles. La crisis del coronavirus acelerará el proceso que la alcaldesa ya había comenzado. Y no se ha de olvidar la guerra del Ayuntamiento contra los bares y restaurantes por el tema de las terrazas, que hace años que dura y que dejaba en la cuerda floja miles de puestos de trabajo. Cuando se vive muy bien de un sueldo público algunos olvidan lo que cuesta ganarse cada día el jornal. Y destruir el tejido empresarial de la ciudad no es la mejor manera de garantizar el bienestar económico. Y los ‘comunes’ se han dedicado a ello con mucha tenacidad.

De Mas, Puigdemont y Torra poco se puede decir. Es conocida la huida masiva de empresas que han trasladado sus sedes sociales fuera de Cataluña. Este hecho lleva años produciéndose porque el dinero quiere estabilidad, no disturbios. Nissan solo es una más de las muchas que la imitarán. Por cada empresario que decida arriesgarse invirtiendo en una tierra gobernada por fanáticos, se irán cinco, porque no hay incentivos para crear riqueza con personajes que incitan a tomar las calles, montar barricadas, desobedecer a los jueces y apedrear a los policías. Y el entorno separatista está lleno de este tipo de gente, que están dispuestas a poner a sus niños a cortar autopistas, a llenar los hospitales y escuelas de propaganda política, a boicotear cualquier empresa que no siga sus consignas partidistas.

Cataluña fue una de las regiones más ricas del sur de Europa. Y la inercia de décadas de prosperidad ha creado una vana ilusión, que es que el bienestar nunca se acabará. Y no. Como narró magistralmente Galdós en ‘Gerona’, una sociedad puede alcanzar en poco tiempo un nivel de miseria inimaginable. Basta un asedio de unos meses. Y el separatismo lleva demasiado tiempo saqueando y atacando la prosperidad de los catalanes. Si no lo paramos, el que fue el principal motor económico de España se convertirá en un foco de pobreza. Secesionistas y ‘comunes’ ya están poniendo de su parte para conseguirlo. Están tan fuera de la realidad económica que hace unas semanas aprobaron unos presupuestos de la Generalitat que no valen para nada, porque no contemplaban los efectos de la epidemia del coronavirus. Han demostrado que no sirven para gobernar. Hay que echarlos democráticamente.

Nissan: la violencia soberanista y la reforma laboral influyen
Republica

La violencia soberanista catalana que afectó de manera directa a la industria del automóvil en Cataluña bloqueando la cadena de producción y el pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu, para derogar en su integridad la reforma laboral del Gobierno de Rajoy, son elementos importantes que han pesado en de decisión de Nissan de cerrar su planta de Barcelona, además de su reestructuración internacional.

Y lo mismo puede ocurrir con otras multinacionales implantadas en España -como ya ocurre con Alcoa, en Galicia y Asturias- porque este Gobierno, que Podemos inclina hacia la ‘extrema izquierda’, no ofrece estabilidad ni las más mínimas garantías a los inversores internacionales sino, al contrario, provoca una enorme desconfianza a la que se añade la creciente presión fiscal.

Y desde luego que se olvide Cataluña de que otra multinacional se vaya a instalar en su territorio mientras se mantenga viva la senda traumática y a la vez imposible de la independencia catalana, que daña tanto la convivencia como la confianza de los posibles inversores en un territorio de donde ya se han marchado cientos de empresas que nunca volverán.

Y el que este ‘proceso soberanista’ esté siendo amparado con concesiones y pactos con ERC por el Gobierno de España, que presiden Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, empeora aún más si cabe la crisis catalana en lo político, económico y social.

Y todo ello se proyecta sobre el resto de España y el conjunto de mercados e inversores internacionales, que ven en nuestro país un riesgo muy alto para sus posibles inversiones, ante la presencia de un Gobierno de la ‘extrema izquierda’ que crea inestabilidad política, inseguridad jurídica y una ruinosa normativa laboral e impuestos a granel, frente a otras muchas oportunidades más favorables en otros países de nuestro entorno europeo.

El mensaje que ha transmitido España dentro y fuera de nuestras fronteras con el pacto con Bildu ha sido una catástrofe. Y la insistencia de ERC y JxCat en regresar al escenario del golpe catalán, con la condescendencia del Gobierno de Sánchez, llevan a Cataluña a una pésima situación.

Lo que obligará a la UE a extremar su vigilancia y condiciones a la hora de facilitar a España los 140.000 millones de euros que nuestro país puede recibir en ayudas y créditos, para abordar la crisis sanitaria, empresarial y del empleo.

El caso de Nissan no es pues un asunto aislado y si prospera la idea, que ya está circulando, de que el Gobierno pretende penalizar la salida de Nissan de España se van a volver a equivocar, porque el mensaje que trasmiten a otros posibles inversores es que el que invierte en España no puede salir. Y eso es lo peor se que puede transmitir a los mercados.

Máxime cuando los que invirtieron en España en ciertas condiciones de pronto se encuentran con un Gobierno de ‘extrema izquierda’ que altera las reglas del juego laboral y fiscal y crea inseguridad jurídica, mientras otros países -véanse Irlanda y Portugal- ofrecen unas excelentes condiciones a la inversión internacional.

Nissan tiene sus propias razones para abandonar Cataluña pero Junqueras, Puigdemont, Torra, Iglesias y Sánchez tienen también su cuota parte de responsabilidad.

Jiménez Becerril: "Odian que hablemos de ETA. Les recuerda lo indignos que son"
La diputada del PP ha analizado en esRadio la sesión en el Congreso en la que pidió la dimisión de Grande Marlaska.
esRadio 29  Mayo 2020

El último escándalo del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha tenido como protagonista al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la Guardia Civil. En la sesión de control del pasado miércoles se pidió su dimisión después de que cesaran al coronel Diego Pérez de los Cobos por el informe sobre el papel del Gobierno y el permiso para la manifestación del 8M en plena pandemia.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la diputada del PP y víctima del terrorismo de ETA, Teresa Jiménez Becerril, ha comentado su interpelación al ministro Grande Marlaska. Ha dicho que ella "estaba deseando decir lo que llevaba dentro" y que ayer el PP fue "la voz de los españoles". La diputada del PP dijo que está "harta" de que les traten "como menores" y por eso en la sesión parlamentaria dijeron "basta ya".

En este sentido ha recordado que los miembros del Gobierno "han pasado todas las líneas rojas" y que en Podemos "no ven gravísima toda la historia de ETA" y "eso lo ha comprado el PSOE". A Jiménez Becerril le "da asco" ver como PSOE y Bildu "se agradecen el apoyo". La diputada del PP ha dicho que "Bildu humilla al Parlamento con su sola presencia".

Sobre Marlaska, Jiménez Becerril ha dicho que le preguntó "muchísimas cosas y él contestó que no se sentía cómodo hablando conmigo, yo sigo siendo la misma y el que ha cambiado es él". Ha apuntado que tiene un "sentimiento de abandono" porque "admiraba" al ministro del Interior durante su carrera judicial. Por ese motivo cree que al PSOE y a Podemos "hay que recordarles que ETA ha matado" y que su problema es "que no tienen memoria, ni sentido de la Justicia, ni dignidad". La diputada del PP ha afirmado que "odian que hablemos de ETA. Este discurso les recuerda lo indignos que son, pone desnudo a Sánchez delante de sus vergüenzas".

Teresa Jiménez Becerril también ha hablado de cómo "han intentado tapar el escándalo" del ministro del Interior. Ha dicho que "culparon al PP del pacto con Bildu" y ahora "han intentado comprar a la Guardia Civil con la equiparación salarial que había dejado presupuestada el PP". Cree que el Gobierno "está menospreciando el honor y el amor a España que la Guardia Civil lleva dentro" y le parece "increíble" que "un magistrado cese a un comandante de la Guardia Civil porque ha cumplido la ley".

Además ha comentado cómo con este Gobierno social-comunista "parece que aquí no pasa nada" y que "vale todo" y ha enumerado alguno de los escándalos de los últimos meses como la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado o el caso Ábalos. Jiménez Becerril cree que "tenemos que hacer algo" porque "esto está afectando a muchos".

Jiménez Becerril ha apuntado que "no se trata de ETA. Se trata de España y de la democracia, que es la que nos estamos jugando" y ha señalado que "la democracia la están robando ellos". En este sentido también ha hablado de la acusación de Pablo Iglesias sobre que el PP alentaba una rebelión. La diputada popular ha dicho que "la rebelión a la que tiene que temer Iglesias es la cívica. La gente no va a aguantar todo esto que está pasando. Y creo que las víctimas tampoco, aunque no pueda hablar por todas".


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