AGLI Recortes de Prensa   Sábado 30  Mayo  2020

Y al final, el Poder Judicial
José Manuel Maza okdiario 30  Mayo 2020

El asedio institucional del presidente Sánchez comenzó al poco de llegar al poder a través de la moción de censura de mayo de 2018. Le faltó tiempo para, en una anomalía democrática, nombrar a dedo una administradora única en RTVE (con “E” de “espantosa”, según ha definido recientemente el ente público la susodicha que lo administra). Le faltó tiempo, también, para cesar al abogado del Estado responsable de los contenciosos penales, tras no arrodillarse ante las exigencias del Gobierno en relación con la acusación a los golpistas del 1-O, sirviéndose a partir de entonces de una institución fundamental del Estado para defender los intereses particulares de un gobierno que luchaba por su propia supervivencia. En aquel verano, también le faltó tiempo para intentar amedrentar al juez instructor de la causa del 1-O, omitiendo su deber de protección ante los agravios golpistas que tuvieron lugar en jurisdicciones extranjeras.

Tras las elecciones de noviembre de 2019, a pesar de estar en funciones, no le tembló la mano para volver a servirse de la Abogacía del Estado en la defensa ante instituciones europeas (TJUE) de los intereses de prófugos y condenados en sentencia firme que, casualmente, a través de sus tentáculos políticos, pocas semanas después apoyarían el nacimiento del Gobierno actual (recordemos que el apoyo de ERC se condicionó públicamente a este hecho). Una vez formado el nuevo Ejecutivo, durante los primeros días del año, no tardó el presidente en anunciar, sin solución de continuidad, el nombramiento de la ex ministra de Justicia y diputada socialista como nueva Fiscal General del Estado. Algunos tenemos todavía muy presentes las declaraciones del Sr. Sánchez cuando dijo aquello de “Es que… la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿de quién depende?… Pues ya está”. Y el Ministro de Consumo se sumaba al argumento: “la Fiscalía depende jerárquicamente del Ministerio y de la Presidencia del Gobierno”. Solo así podemos entender el afán gubernamental por promover una reforma de gran calado: atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal y finiquitar la investigación judicial.

Bajo el paraguas de la crisis sanitaria se ha incrementado de manera muy notable el ataque al Estado de Derecho por parte del Gobierno. Son muchos los ejemplos que han sido destacados por insignes juristas (estado de excepción encubierto, suspensión ilegal de derechos fundamentales, uso inconstitucional del decreto-ley, etc.) pero lo ocurrido esta semana en relación con la destitución de un coronel de la Guardia Civil sobrepasa cualquier límite que algunos pudiéramos imaginar. Las injerencias más o menos encubiertas del poder político sobre el judicial no son nuevas. Sin embargo, en este caso, lo que se advierte de las noticias publicadas son palabras mayores, por cuanto se estaría, desde el propio Gobierno, pretendiendo influir (quizá impedir) en una investigación judicial en curso. En este sentido, además, la filtración del informe secreto de la Guardia Civil para iniciar un acoso y derribo mediático a una instrucción tiene una relevancia jurídica mayúscula. A partir de ahí, las responsabilidades exigibles a los intervinientes en el asunto de marras deben ir mucho más allá de las meramente políticas.

Lo anterior pone de manifiesto la actitud unívoca de este Gobierno en relación con el Poder Judicial. Quizá se trate de un mecanismo de protección ante el gran número de procedimientos en los que se tendrá que defender, o por mera ideología, según la cual el Poder Judicial debe estar al servicio del poder político, o por una mezcla de ambas, pero lo cierto es que la erosión de uno de los pilares fundamentales de nuestro régimen constitucional parece ser una prioridad en la agenda gubernamental. En este sentido, la punta de lanza serán las renovaciones del CGPJ y del Tribunal Constitucional, que el Ministro Justicia se atreve a reivindicar desvergonzadamente de vez en cuando. Sería un grave error que la oposición cayera en la trampa de negociar un mero cambio de cromos en estos órganos constitucionales, pues daría la puntilla al sistema tal y como lo conocemos. No puede haber negociación sin que el Gobierno rectifique su afrenta al modelo constitucional. Y, sobre todo, no puede haber negociación con quien juega con las cartas marcadas. El Gobierno sabe que el punto débil de la oposición es apelar a la responsabilidad y sentido de Estado y, por ello, alude a estos conceptos espuriamente cada vez que puede. Pero que no nos engañen, pues desde que llegaron al poder han trabajado sin descanso en la dirección opuesta, poniendo todo su empeño en la destrucción de cualquier consenso y, sobre todo, atacando frontalmente la independencia judicial y la profesionalidad de sus principales operadores. Como ya he advertido en alguna ocasión, el principal elemento diferenciador de un Estado de Derecho con una democracia fallida es la independencia de nuestros jueces. Desde el mismo momento en que eso se destruye y es asumido por la sociedad, el imperio de la ley se desvanece y la arbitrariedad se consagra como forma de gobierno.

Iglesias quiere someter a la Guardia Civil

OKDIARIO 30  Mayo 2020

Uno de los viejos objetivos de Pablo Iglesias -nunca lo ha ocultado-es romper el actual esquema de la Guardia Civil para neutralizar a la cúpula militar de la Benemérita. El estatus militar del Instituto Armado no es del agrado del líder de Podemos, que no tolera que funcione como un Cuerpo con autonomía respecto al poder político. Más ahora, que quien encarna ese poder es él. Lo que pretende Iglesias, en suma, es unificar la estructura de la Guardia Civil con la de la Policía Nacional, pero primando a los mandos de esta sobre los de la Benemérita, que quedarían relegados a un segundo plano. Así, por ejemplo, las grandes instrucciones judiciales no toparían más con figuras como la del coronel Pérez de los Cobos.

Iglesias ha dejado meridianamente claras cuáles son sus intenciones. Su «burro de Troya» en el Ministerio de Interior, José Antonio Delgado, recién incrustado como asesor estrella en el departamento de Fernando Grande-Marlaska está en eso: en forzar un cambio que se traduzca en una equiparación de escalas entre los mandos policiales y los de la Guardia Civil, pero teniendo claro que en los puestos clave estarían policías y no guardias civiles.

Pero Pablo Iglesias ha medido mal sus fuerzas. Detrás de la purga de Marlaska estaba el vicepresidente segundo maniobrando en la sombra, tratando de estigmatizar a la Guardia Civil. Por fortuna, el tiro le ha salido por la culata, porque la opinión pública se ha puesto mayoritariamente del lado de un coronel que ha dado un ejemplo de honor y patriotismo y ha condenado la cobarde y sectaria actuación de un ministro que ha quedado retratado. Eso, sí; Pablo Iglesias ha perdido una batalla, pero seguirá insistiendo en su estrategia.

El primer golpe no ha logrado su propósito y se ha vuelto contra el Gobierno socialcomunista como un bumerán. La reacción de la Benemérita, impecable, cabal, honesta, ha desarmado temporalmente el plan de Iglesias. La infame purga de Marlaska le habrá servido al Gobierno socialcomunista para comprobar cómo la inmensa mayoría del pueblo español está con la Guardia Civil.

Cree el ladrón que todos son de su condición
OKDIARIO 30  Mayo 2020

Después de que Pablo Iglesias acusara a Vox en el Congreso de los Diputados de pretender un golpe de Estado, la formación de extrema izquierda se ha lanzado a una campaña de desprestigio de la Guardia Civil a través de un grupo denominado ‘Guerrilla 2.0’-o sea, Podemos disfrazado- que se ha servido de un vídeo para relacionar a la Benemérita con el golpe de Tejero, cuyo rostro ha sido sustituido por el del diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros. La factoría de creación de Podemos es un derroche de sectarismo totalitario, un proyector de bilis. Lo grave es que detrás está el vicepresidente del Gobierno de España. Y eso es lo que representa una amenaza a la convivencia y un peligro para la democracia.

En realidad, la estrategia de Podemos es más vieja que la tana. Todos los dictadores de izquierdas repican la misma táctica: agitar los fantasmas de una falsa involución democrática para justificar sus ataques a las libertades y derechos individuales. Lo que pretenden, pues, es consumar la misma involución democrática que denuncian. Lo sabrá Iglesias, que fue asesor de cabecera del chavismo. Los ‘trolls’ de Podemos responden a un plan orquestado con el fin de crear en los sectores de la izquierda la idea falaz de que en la Guardia Civil subyacen comportamientos antidemocráticos.

Si Iglesias piensa que esta estrategia puede darle resultados es que no conoce a la Guardia Civil, acostumbrada a campañas siniestras como la de Podemos. Cierto que el hecho de que esté atizada por el mismísimo vicepresidente del Gobierno es de una gravedad superlativa, pero la Benemérita tiene claro que lo que busca Podemos es precisamente que se produzca una reacción virulenta desde el Cuerpo. Va listo, porque la estrategia podemita es tan burda que se distingue a la legua. Así que los ‘trolls’ de Iglesias pueden seguir destilando odio y fabricando vídeos infectos. La Guardia Civil no se va a poner a su altura. Para ponerse a su nivel hay que bajar muchos grados en la escala moral.

Macabro e inmoral baile de cifras
OKDIARIO 30  Mayo 2020

El baile de cambios metodológicos en la estadísticas del coronavirus no tienen otro fin que trampear las cifras para aligerar la cifra de contagios y fallecidos, un siniestro juego más propio de trileros que de un Gobierno democrático. Ni se suman correctamente los datos en la estadística nacional, ni coinciden los movimientos de contagios con las estadísticas que recoge la OMS sobre España. A 22 de mayo, por ejemplo, la simple suma de los datos diarios acumulados desde el 17 de abril daba como resultado 4.898 contagiados más que el dato oficial acumulado mostrado por Sanidad. Es decir, simplemente con sumar los contagios comunicados por el propio Ministerio día a día en ese mismo periodo de fechas, se superaba el dato oficial de ese 22 de mayo en casi 5.000 personas con positivo por coronavirus.

Pero el engaño no es sólo para consumo interno, sino que se han trasladado igualmente a los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ni la suma acumulada de los datos que traslada el Gobierno a la OMS coincide con el resultado aritmético de sumar el día a día de los mismos datos trasladados a este organismo, ni los movimientos diarios coinciden con los registrados y publicitados dentro de nuestras fronteras. O sea, una sopa imbebible de números con los que se pretende esconder la verdadera dimensión de la tragedia.
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Lo que sí ha hecho el Gobierno es ocuparse de que los datos acumulados oficiales del Ministerio de Sanidad y los remitidos a la OMS coincidan (sería demasiado burdo que fueran distintos), aunque sea sólo en apariencia, porque los datos de contagios diarios son diferentes y se cuadran a capón sin respetar siquiera la aritmética. Un ejemplo: el 22 de mayo, Sanidad recoge 56 nuevos contagios, y la OMS 688. El día 21 sus datos recogen 48 y 52 respectivamente. El día 20 dan 95 y 110. Y así sucesivamente. Un baile de cifras que provoca hilaridad si no fuera porque detrás hay personas con nombres y apellidos.

El maquillaje estadístico del Gobierno de Pedro Sánchez para disimular su incompetencia es de tal naturaleza que la propia OMS, en el informe sobre la situación de España que publica diariamente, ha llegado a asegurar que los datos no eran reales y que se encontraba pendiente de comunicación el número de nuevas víctimas mortales.

Un comportamiento inmoral sobre los cuerpos sin vida de decenas de miles de fallecidos.

Polémica en la Benemérita
Convocan una protesta hoy a las 20:30 horas frente a los cuarteles para pedir la dimisión de Marlaska
La hija del coronel purgado por Marlaska: «Hay destituciones que son medallas de honor»
Diana Arias Bravo okdiario 30  Mayo 2020

Fernando Grande Marlaska ha levantado la polémica tras purgar fulminantemente al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que ayudó a la juez a investigar al Gobierno por el 8-M. Muchas voces ven en esta maniobra un injerencia del Ejecutivo central en la Justicia, y ya se exige la dimisión del ministro del Interior.

Un grupo ciudadano creado en Facebook bajo el nombre ‘Pedro Sánchez, dimisión’ ha impulsado una iniciativa de protesta convocada para este sábado 30 de mayo frente a diferentes cuarteles de la Guardia Civil por toda España para mostrar su apoyo al Cuerpo y exigir la dimisión de Marlaska.

«¡Paseos y aplausos para mostrar nuestro apoyo a la Guardia Civil , pedir la dimisión del ministro Marlaska y que el Gobierno mantenga sus manos fuera de las investigaciones! Paseo a favor de la Guardia Civil en los cuarteles españoles a las 20:30 horas», reza la publicación.

El grupo de Facebook fue precisamente creado al principio de la pandemia del coronavirus contra la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo de la crisis provocada por el COVID-19. Los creadores quieren «impulsar toda clase de iniciativas y acciones que tengan como objeto la dimisión de Pedro Sánchez por su inacción durante semanas».

«Por su incompetencia en la gestión, que ha hecho que a día de hoy no haya material de protección suficiente, ni test para la mayoría de los españoles, por los miles de compatriotas muertos. Hemos sido los primeros en pedir su dimisión y crear un grupo. Unete a nosotros y ayúdanos a conseguirlo. ¡Somos Sociedad Civil en Marcha!», defienden desde la página.

La polémica en la Guardia Civil
La polémica comenzó el pasado 25 de marzo cuando el Ministerio de Interior destituía por «pérdida de confianza» al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Fue apartado del cargo días después de que la Guardia Civil colaborara con sus pesquisas en la causa que una juez de Madrid instruye contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y el asesor técnico del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por permitir el 8-M.

La destitución de Pérez de los Cobos cayó como una bomba en el Benemérita ya que se trata de una figura significativa: fue él quien coordinó todo el operativo de seguridad desplegado en Cataluña durante las semanas previas y posteriores al referéndum separatista del 1 de octubre de 2017. Aquello le colocó en la diana política de ERC y JxCAT.

Sólo un día después de esta purga, el general Laurentino Ceña, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, presentó su dimisión ante el Ministerio del Interior. Una acción interpretada como un claro gesto de apoyo a De los Cobos y contra la decisión de Marlaska.

La intromisión de Fernando Grande-Marlaska en la instrucción judicial del caso del 8-M ha provocado el mayor terremoto en la Guardia Civil en mucho tiempo. El ministro del Interior ha afirmado que la destitución de Diego Pérez de los Cobos no ha tenido nada que ver con la negativa del coronel a desvelar la instrucción judicial, sino con una mera “pérdida de confianza” en el alto mando de la Benemérita. Ahora, APROGC, una de las grandes asociaciones del Cuerpo, exige al ministro que, si es como afirma, debe entregar el expediente donde se recoge y explica esa pérdida de confianza porque quiere comprobar la veracidad de sus palabras.

Por su parte, Marlaska compareció este viernes durante cinco horas y negó a responder si solicitó al coronel destituido Diego Pérez de los Cobos el informe sobre el 8-M para la instrucción judicial en la sesión del Senado de este viernes. No ha sido hasta el último turno de preguntas cuándo ha respondido que no. La polémica está servida.

Iglesias es comunista y además gobierna
Javier Somalo Libertad Digital 30  Mayo 2020

Vivimos, gracias a Pedro Sánchez, un proceso de involución de la democracia cuyo centro es el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Pocos quieren entender que el socialismo no suaviza ni mitiga al comunismo. Más bien sucede al contrario: el comunismo lo diluye todo en su favor y el socialismo se deja hacer, que en esto no hay eximente por desconocimiento sino una larga tradición histórica de ceguera voluntaria, el origen de todo.

Lo que está sucediendo en España al unirse en el tiempo dos desgracias, la pandemia y el comunismo, es de extraordinaria gravedad y ya puede decirse sin exagerar que, además de las vidas que se ha llevado el virus, las instituciones están en serio riesgo. Un mero repaso, incluso dejando a un lado el desastre económico y el feroz intervencionismo, así lo atestigua.

En la Guardia Civil el desgaste ha sido mayúsculo desde que el Jefe del Estado Mayor José Manuel Santiago dijera en público que una de sus misiones era "minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno". No fue un escándalo aislado. El coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, fue fulminado por el ministro Marlaska por el informe sobre la manifestación del 8-M que afecta al Delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco. Tras ello, como reacción, se produjo la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO), el general Laurentino Ceña. Y poco después, Interior apartó al teniente general Fernando Santafé, jefe del Mando de Operaciones, por negarse a facilitar informes judicializados sobre el 8-M. Marlaska lo explica todo como un "reajuste" operativo –como si eso fuera bueno– y el Gobierno tiene la caradura de anunciar, en medio de la tormenta, un aumento salarial para la Guardia Civil; en otras palabras, un intento de soborno en toda regla.

En la Justicia, el acoso a la juez Carmen Rodríguez-Medel por el mismo pecado original del 8-M es tan alarmante como intolerable. La artillería gubernamental se emplea a fondo a través de Rosa María Seoane, Abogada General del Estado, que también se encarga de debilitar los informes de la Guardia Civil. Sea por este caso o por el del golpe de Estado del 1-O, ha quedado claro lo que significa para la izquierda la Abogacía General.

En las Fuerzas Armadas, Margarita Robles tuvo que llamar la atención a Iglesias por inmiscuirse en competencias ajenas al criticar un programa de gasto en materia de seguridad de tropas. No, Iglesias no es antimilitarista. Lo que detesta es un ejército en una democracia. Por eso, en abril, lamentó que el Rey apareciera con uniforme militar pese a su afición íntima por el verde oliva bolivariano, norcoreano, chino o iraní.

En el CNI, por si fuera poco, dicen que un error de bulto dejó al descubierto el nombre del director de Inteligencia, cargo que jamás se da a conocer por razones obvias de seguridad nacional. Error o no, la relación de Pablo Iglesias –blindado en la comisión del CNI– con los datos sensibles es de sobra conocida y todavía ha de dejar interesantes episodios a cuenta del teléfono móvil de su ex asesora Dina Bousselham en el marco del proceloso "caso Villarejo".

Y la Monarquía, pieza a abatir preferida por Podemos, tampoco se ha librado de la "desescalada" democrática puesta en marcha por el gobierno Iglesias-Sánchez. El último de los innumerables desplantes lo ha protagonizado Irene Montero, compañera sentimental del vicepresidente Iglesias y ministra de Igualdad, exhibiendo una pulsera con la bandera de la II República en una entrevista televisada que lo tenía todo de oficial porque usó como fondo la bandera de España de rigor. Hizo lo posible gestualmente por mostrar de forma pueril su pulserita y, para algunos, la cosa quedó en mera travesura.

Pero con Irene Montero, mal que nos pese, sucede lo mismo que con su novio: es ministra, ya no es la vocinglera adolescente de tienda de campaña, y una provocación así no debe quedar impune. No debe, pero quedará, claro. Porque no faltan políticos que renuncian a tomarse en serio lo que supone que Podemos haya llegado al poder. Ahí queda la afrenta institucional y el derecho indiscutido de la izquierda a usar los símbolos a su antojo y a azuzar el guerracivilismo desde un ministerio del Reino de España. La guinda la puso el propio Iglesias al acusar a Vox, en la "Comisión de Reconstrucción" de querer dar un golpe de Estado y no atreverse, cosa que a él, por supuesto, no le sucede.

Esta inestabilidad a punto de la explosión es la tormenta perfecta que necesita el comunismo para arraigar, tal y como reconoció con enorme acierto y conocimiento histórico el propio Iglesias en 2013 en la presentación del libro Maquiavelo frente a la gran pantalla:

"Yo no creo que en circunstancias normales, ordinarias, la izquierda se vaya a comer una mierda electoralmente. La gente normal vota al partido popular o al partido socialista".

No creerle es una enorme irresponsabilidad. Ese Iglesias publica ahora sus ideas en el BOE y son de obligada observancia para todos los españoles. Algunos creyeron que jamás llegaría ese momento y, aún hoy, actúan como si todo fuera una tertulia barata.

El PP, obligado a despertar
La nueva política posterior al bipartidismo fue propiciada artificialmente en torno a la corrupción del PP. Porque nunca hay que olvidar que fue una sentencia aberrante –la del caso Gürtel– lo que desencadenó la moción de censura que nos ha traído hasta aquí con el apoyo de los peores partidos imaginables. Que el PSOE fuera corrupto hasta la médula y por miles de millones de euros se ha sobrellevado como una característica más de ese partido. Era un hecho público, conocido, documentado y alguna vez sentenciado pero, por lo visto, compatible con la calidad democrática. Pero si el PP se inicia en el trinque –a años luz de las cuantías y fechorías socialistas– había que parar en seco, cambiar el modelo y hasta el régimen. Y el PP compró sin discusión esa mercancía.

Esa nueva política de pequeños bloques –procedentes del bipartidismo muerto– ha traído consigo buenas intenciones y algún acierto pero mucha inexperiencia y demasiada ingenuidad a favor de la izquierda. Nos han intentado colar que la famosa regeneración era justificar cada euro, aclarar si se tiene un coche de segunda mano sin seguro o si se esconde un curso de cartón piedra con apariencia de máster. Y mientras se discutía sobre usos y costumbres regenerativas nos íbamos quedando, todos muy honestos, sin democracia. Los políticos dejaron de ser oficialmente corruptos para hacerse escandalosamente inútiles, peligrosos o ambas cosas. En todos los partidos, pero siempre a favor de la izquierda.

El PP se aplaude sus discursos con censura, con tramoyas. A veces pretenden que se tema más a Vox, que no está en el poder –y que donde lo facilita no da problemas– que al comunismo que gobierna. Más a la posibilidad que al hecho. Y al escandalizarse del panorama se preguntan qué tiene pasar como si no hubiera pasado ya y, a la vez, buscan la manera de no parecer radicales ante el peor de los radicalismos que se nos ha presentado en cuarenta años. Esto no es un juego, ya no. El que quiera dedicarse a la política tiene que venir leído y remangado de casa porque ya no importa lo que opinen de él las encuestas o las tertulias. Está en juego la supervivencia del sistema democrático.

Sostienen en Génova 13 que Cayetana Álvarez de Toledo desvió la atención sobre Marlaska y los escándalos en la Guardia Civil al encararse con Iglesias, como si el problema verdadero no fuera Iglesias. Pretenden cobrarse piezas pequeñas –que deben caer también– porque intuyen que la caza mayor esta prohibida, porque no pueden, porque no llegan, porque no se atreven. La aplaudieron a rabiar, sí. Hasta hubo un diputado popular que hizo ademán de levantarse de emoción. Aplaudieron... pero se explicaron después en los pasillos. Es letal que un secretario general y una portavoz parlamentaria de un partido "renovado" sean como el agua y el aceite, que no se hablen, que apenas se saluden. Teodoro García Egea podría hacer una magnífica labor en el principal partido de la oposición si entendiera que la consolidación parlamentaria de Cayetana sería automáticamente la de Pablo Casado. El mejor equipo siempre favorece al líder si no tiene miedo a su liderazgo.

En el PP y en muchos lugares comunes del periodismo español siguen pensando en el Pablo Iglesias universitario y revoltoso al que se puede despachar con un par de tuits para centrarse en otros, como Marlaska, al que siempre empiezan atacando con elogios: aquel azote de la ETA –cosa que ya hay que revisar también–, con lo bueno que era… y mientras glosan la crítica, la pieza principal se les vuelve a escapar. Pablo Iglesias es comunista y es vicepresidente del Gobierno. Aunque aparezca como segundo, no queda duda de quién es. En todo caso, ¿qué representaban Alfonso Guerra, Rodrigo Rato, Álvarez Cascos, Arenas, Rajoy, Fernández de la Vega, Solbes, Soraya Sáenz de Santamaría?… ¿No eran a piezas a cobrar?, ¿no eran la clave para criticar al Gobierno?

Iglesias no es el chaval de la Complu que decía aparentes sandeces amenazantes en tertulias. Es vicepresidente del Gobierno y es comunista y está ejerciendo. ¿Hablar de él, cantarle las verdades a la cara es desviar la atención? ¿Desconocen que Iglesias es un superior del ministro Marlaska? A estas alturas, hay que criticar el crimen institucional de la izquierda pero también el insistente error de diagnóstico de la derecha que pretende nadar en aguas tranquilas.

Hay pocas salidas. Una moción de censura es inviable dada la aritmética que salió de las urnas de 2019. Un gobierno de concentración o cualquier otro modelo similar sólo dependerían de la voluntad política de Pedro Sánchez, rehén de demasiados golpes y, sobre todo, de Iglesias. Quizá podríamos soñar con un procesamiento masivo motivado por una avalancha de querellas, pero ya hemos visto lo que le pasa a la Justicia o a la Guardia Civil cuando hacen lo que se espera que hagan. Sólo quedan, por enésima vez, las urnas. Y después reconocer con sinceridad si somos un país por el que merezca la pena luchar.

Han muerto puede que más de 40.000 personas por una pandemia mundial calamitosamente gestionada en España por Iglesias y Sánchez. Esa es la gran tragedia, porque los muertos no vuelven. Pero nuestro país empezó a ser otro desde que llegaron al poder, de la mano de un golpe de Estado en Cataluña. Hay que empezar a entender algo sencillo: Pablo Iglesias es comunista de verdad y es vicepresidente del Gobierno.



El Gobierno, al asalto de nuestra democracia
Ángel Mas Libertad Digital 30  Mayo 2020

En la lógica del comunismo revolucionario, una tragedia disruptiva es bienvenida como una oportunidad.

Hace unos meses dejé escrito que lo primero que haría el Gobierno social-comunista sería desmontar las estructuras del Estado que se le resistían: la Corona, la Justicia (empezando por la Fiscalía y la Abogacía del Estado), las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, el alto funcionariado y los medios independientes.

Nada más comenzar la legislatura observamos el desparpajo con que se prostituyó la Fiscalía General del Estado. Con ese nombramiento se inauguraban también las formas insolentes y chulescas y el trágala grosero, con apoyo mediático para cualquier decisión abusiva. El Gobierno presentaba su hoja de ruta y avisaba de que rechazaría cualquier intento de fiscalización por parte del Parlamento o de la opinión publica. No habría siquiera pretensión de guardar las formas y se retorcerían las palabras hasta disociar irremediablemente significante y significado.

Con el Delcygate se impuso una tendencia que no ha hecho más que asentarse con el paso de los meses: afrontar cualquier escándalo con montañas de mentiras grotescas. Los únicos miembros del Gobierno a salvo de la destitución son los pillados in fraganti en un hecho ilícito y en montones de trolas para encubrirlo. La respuesta ante cualquier exigencia de explicaciones será el matonismo y el chuleo. Y se esperará a que las cortinas de humo, el ruido, la confusión o el siguiente escándalo, siempre a la vuelta de la esquina, consigan apagar la polémica.

Cuando comenzó la epidemia advertí que, en la lógica del comunismo revolucionario, una tragedia disruptiva es bienvenida como una oportunidad, y que había que ser muy cautos al otorgar poderes excepcionales a unos tipos que desprecian la normalidad y aspiran a perpetuar las restricciones de derechos y libertades. La operativa comunista tiene experiencia en la servidumbre que provoca en la población la retirada de libertades básicas (trabajo, reunión, circulación) bajo cualquier pretexto, para que se van devolviendo con cuentagotas y en forma de graciosa concesión del Gobierno. Los disidentes (la Comunidad de Madrid) sufrirán la indignidad y la arbitrariedad abusiva de los que sólo ven en el Estado un medio para avanzar sus causas perversas.

Hoy parece evidente que los presagios se han cumplido. Bajo la excusa de un estado de alarma por motivos sanitarios, se ha aplicado en realidad un estado de excepción y se han aprobado o comprometido medidas que nada tenían que ver con una lucha más eficiente contra los efectos del virus.

El acuerdo para la derogación de la reforma laboral es una de ellas. Esta medida ha seguido también la línea de destrucción de los consensos democráticos que comenzó ZP y culmina el empeño del orwelliano Ministerio de la Verdad que hay montado en Moncloa de legitimar a Bildu, obviando promesas y reescribiendo la Historia. La postración ante los post-terroristas se convierte además, por efecto de la también orwelliana neolengua sanchista, en una decisión forzada por la irresponsabilidad de una oposición que se empeña en no otorgar cheques en blanco a nuestro Gran Hermano.

Otro ejemplo de ejecución de la agenda de deconstrucción del Estado abusando de la situación de excepcionalidad es la colocación con nocturnidad de Iglesias en los órganos de control del CNI. Aparte de no haber ninguna explicación razonable que no sea la de la infiltración, desactiva a nuestros servicios de información como socio fiable para sus pares occidentales.

Por no hablar de la compra y sometimiento de medios de comunicación privados, la mayoría quebrados, por la vía de las ayudas directas y la publicidad institucional. Medios que se han plegado a la humillación de aceptar el papel de meros propagandistas del régimen gracias a la colaboración de sus accionistas, representantes de una casta de intocables de capitalismo de BOE y amigotes de la que habrá que hablar en otro artículo.

La malvada maquinaria de las cloacas monclovitas ha dado un nuevo e importante paso en la aplicación de la receta chavista para la destrucción de un Estado de Derecho en el corazón de Europa. Y no por prevista es menos escandalosa. Se trata de divorciar a los ciudadanos de uno de los pilares del Estado más apreciados: las fuerzas del orden.

El plan tiene tres fases: la primera, extrañar a esas fuerzas del pueblo y alienarlas de su base de apoyo ciudadano. Para ello, nada más fácil que enviarlas a cometer arbitrariedades y abusos contra expresiones espontáneas y legales de rechazo del Gobierno. O usar sus recursos de inteligencia para vigilar a desafectos.

Abierta ya la brecha, la segunda fase consiste en purgar a la cúpula. Los sucesos de los últimos días, en los que se ha descabezado la Guardia Civil y nombrado un general maleable –saltando el escalafón de cinco tenientes generales– para sustituir al dimisionario DAO, es prueba de ello. El castigo a los desafectos y la promoción de los dóciles, de los que se prestan a ser cómplices de los excesos del Ejecutivo, incluso de los directamente delictivos, refleja la calaña de los que se sientan en el banco azul.

La tercera fase la hemos comenzado a ver: la zanahoria de las ventajas económicas (en un contexto de penurias generales), que ablande a los miembros de las FOP con convicciones más débiles. La aceptación de una merecida compensación, presentada no accidentalmente en forma de coima, consigue desprestigiar a esos cuerpos a los ojos de los ciudadanos y los ponen más firmemente en manos del Gobierno como herramienta represiva.

Si además nos fijamos en el último escándalo asociado a la arbitrariedad de Marlaska, comenzamos a ver el cuadro completo del efecto de la confluencia de elementos accionados con anterioridad: desde el asalto a la independencia judicial, pasando por la actitud servil de la Abogacía del Estado, hasta el uso de palmeros mediáticos suficientemente engrasados como correa de transmisión de la postverdad gubernamental y su sonrojante papel en el blanqueamiento de sus desmanes.

Y así, a día de hoy, Dolores Delgado está en su puesto de fiscal general, como lo está Rosa María Seoane en la Abogacía General, desde donde, bien pagás, ofrecen cobertura para la perversión del orden constitucional. Abalos se carcajea en el Congreso y la maletas de Delcy no han vuelto a dar que hablar. Illa, Simón y sus 50.000 muertos ahí siguen. Del coronel y los tenientes generales de la Guardia Civil nadie se acordará en unos días, y, desde luego, Marlaska se apresta a aguantar hasta que amaine. Hasta imputado aguantará. Lo hacen también todos sus cómplices del Gobierno: las Robles y Calviños, la bancada socialista en el Congreso y todos sus Gobiernos autonómicos. Ni un gesto de dignidad. Con su connivencia se mimetizan, indistinguibles, de la degradación irremediable de nuestra democracia, que se precipita por el terraplén del tercermundismo bananero. Ellos también son responsables. Los son todos. Que no se nos olvide. Para cuando el manguerazo de la regeneración se tenga que llevar por delante todo este lodazal.

Podemos y la técnica del autogolpe de Estado
Editorial El Mundo 30  Mayo 2020

Podemos, con la complicidad de Sánchez, está jugando al más peligroso de los juegos: atribuir intenciones golpistas a la oposición con tal de justificar el autoritarismo propio -el ya demostrado y el que está por venir- y desviar la atención de la insufrible cadena de negligencias y cacicadas que acumula el Gobierno en las últimas semanas. La tóxica estrategia, perfectamente premeditada, apela a la memoria más traumática de España para tratar de atizar odios superados en la Transición, inventando asonadas fantasiosas y recuperando retóricas cainitas de tiempos de La Pasionaria. El cálculo que hacen los frívolos guionistas de Moncloa es que la derecha entre a la provocación y cometa algún error que permita al Gobierno afirmarse en sus prejuicios sectarios y emerger absuelto de una gestión singularmente desastrosa de la pandemia.

Pablo Iglesias e Irene Montero -bandera institucional en el despacho, pulserita tricolor en la muñeca- se encuentran muy cómodos en el papel de incendiarios porque es el que han desempeñado toda su vida. Las tareas de Gobierno les superan o aburren, de modo que optan por su única especialidad: la de hacer oposición a la oposición. Ni asume ni quiere asumir Iglesias que es el vicepresidente de España, no el tertuliano chavista que ganó fama en la tele y que nunca le ha abandonado. En las autocracias bolivarianas ya hemos visto suficientes veces el truco del autogolpe, por el que se atribuyen planes subversivos a la oposición democrática para justificar su laminación posterior. De este modo la infame purga que Marlaska está perpetrando en la cúpula de la Guardia Civil pretenderán explicarla a posteriori como un remedio de cirujano y no como la causa primera del lógico malestar en el Instituto Armado. Asusta constatar que estas técnicas chavistas se hayan instalado con naturalidad en La Moncloa sin que los compañeros de viaje socialdemócratas -valga como metáfora la claudicante estampa de Patxi López en la moribunda comisión de reconstrucción- se atrevan a musitar una protesta, cuando no jalean los métodos de sus socios radicales. La brutalización de las instituciones sigue su curso en la España que Pedro Sánchez gobierna desde hace solo dos años.

Si hay algún golpista, ese es Iglesias
Editorial ABC 30  Mayo 2020

Iglesias ha dejado claro que Sánchez no tiene ningún tipo de ascendencia sobre él y que sigue milimétricamente su hoja de ruta para imponer un cambio de régimen. Iglesias no solo ha embestido siempre contra los consensos de la Transición, contra la Constitución como eje vertebrador de España, contra la Monarquía y contra el poder judicial. También está utilizando las instituciones para instaurar un guerracivilismo ya superado y para generar odio ideológico en las calles. El enfrentamiento entre españoles es su manera de entender el poder y de alterar los códigos con los que nuestra democracia se ha convertido en un ejemplo de convivencia, de lucha contra el terror y de reafirmación nacional. Incomprensiblemente, hoy todos estos valores están en riesgo por el expreso deseo de Sánchez de sacrificar al PSOE constitucionalista y sustituirlo por un socialismo revanchista y cainita. La atmósfera ya es conflictiva en las instituciones y en la calle. Es alarmante la irresponsabilidad de Sánchez al permitir que su vicepresidente alimente la teoría de que la derecha desearía dar un golpe de Estado a través de una asonada militar.

Iglesias es un provocador. Nació en la agitación política y callejera, presumió de revolucionario, anheló tomar «el cielo por asalto» y diseñó un partido a su medida: autocrático, heredero del más rancio comunismo, simpatizante del terrorismo etarra, y proclive al independentismo, como ayer quedó claro al pedir la excarcelación de los «Jordis», condenados por intentar dar un golpe en Cataluña, precisamente. El partido de Iglesias puede bromear con la guillotina para la Familia Real, mofarse de los asesinados por ETA, propugnar la fractura de España, imponer la bandera republicana y amedrentar a los militares, a los jueces y a las Fuerzas de Seguridad acusándoles de ser cómplices de un golpe de Estado. Y no pasa nada. Está demostrando que Podemos es idéntico a las «cloacas» que siempre denunció, y es intocable mientras destroza España. Tiene patente de corso para reventar la comisión de reconstrucción nacional o para criminalizar a los Tribunales si no le dan la razón, y su partido nunca será responsable de un contagio masivo de coronavirus en las manifestaciones del 8-M… El diagnóstico es peligroso.

Iglesias es una farsa en sí mismo. Convertido en ese burócrata tras el que se esconde un pésimo gestor, ha visto cómo zonas «obreras» de Madrid se echaban a la calle para criticarle. Por eso necesita recuperar su perfil más antisistema, chulesco y antidemocrático. Pero juega con dinamita acusando al Ejército y a la oposición de ser desleales a la democracia porque es Podemos quien pisotea la lealtad a diario. Iglesias representa la huida hacia delante de un nuevo burgués al que desprecia la mitad de su Gobierno. Si en España hay algún golpista, ese es Pablo Iglesias.

Golpismo crónico / Fascismo versallesco
Pío Moa gaceta.es  30  Mayo 2020

Golpismo crónico
**Desde la transición se ha producido un intento golpista fracasado, el del 23-f; un golpe silencioso y exitoso, el del PSOE con Zapatero, inspirado en el Frente Popular y que con apoyo del PP destruyó elementos clave de la democracia; y el actual intento de profundizar el golpe hacia Venezuela, que de momento no tiene otra oposición que VOX

**La clave de la historia reciente en España es la condena del franquismo, que trae consigo la de la democracia, la de la monarquía y la de la propia Iglesia.

**Que los golpistas Doctor y coletas acusen de golpismo a VOX es aún más grotesco que cuando el corruptísimo PSOE acusaba de corrupto al PP. A esta “democracia” hemos llegado

**Llevamos cincuenta años de falsificación sistemática de la historia, consagrada por ley desde hace trece. Todavía la universidad no se ha rebelado contra tal monstruosidad “legal”.

**La ley de memoria histórica ha convertido la universidad española en una fábrica de basura historiográfica al servicio de unos políticos al nivel. En lo contrario de lo que debe ser la universidad.

**Cuando en Gibraltar Margaret Thatcher gritó “¡Bombardeemos Madrid!”, estaba muy bebida (era alcohólica), pero expresó toda una concepción política e histórica hacia sus serviles políticos de Madrid. ¡Hay que tratarlos a patadas, para que conozcan su sitio!”.

Fascismo versallesco
El 14 de octubre al amanecer, diez días después de comenzada la insurrección (guerra civil) de octubre del 34 , Largo Caballero era finalmente localizado y capturado en su domicilio de la Dehesa de la Villa. Tras la disputa con Prieto se había ocultado en un piso del barrio de Salamanca, de donde salió a los tres días y finalmente, se había refugiado en su propio domicilio, con su mujer e hijos. Allí fue trasladado en ambulancia por un médico afín: “El doctor, con su bata blanca, cuidando del pobrecito enfermo (…) La glorieta de Cuatro Caminos estaba ocupada militarmente (…) Pensando en la confianza que habíamos depositado en algunos elementos militares, creí que iba a ponerme verdaderamente enfermo. Seguí en casa recibiendo a mi enlace”, para intentar coordinar todavía algunas acciones.

Los guardias de asalto que rodearon su casa se dieron a conocer y, versallescamente, aguardaron media hora a que les abrieran la puerta, dando tiempo a la destrucción de documentos. Poco después le interrogó un coronel juez instructor: “¿Es usted el jefe del movimiento revolucionario?” “No, señor”. ¿Cómo es posible, siendo presidente del Partido Socialista y secretario de la Unión General de Trabajadores? “¡Pues ya ve usted que todo es posible!” “¿Qué participación ha tenido usted en la organización de la huelga?” “Ninguna”. “¿Qué opinión tiene usted de la revolución?” “Señor juez, yo comparezco a responder de mis actos, y no de mis pensamientos” . “¿Quiénes son los organizadores de la revolución?” “No hay organizadores. El pueblo se ha sublevado en protesta por haber entrado en el Gobierno enemigos de la República”. Etc. Así recuerda el propio Largo su interrogatorio, sin duda no menos versallesco que el del resto del comité, según admitirá Carrillo. Pero los jueces se mostrarían aún más versallescos cuando, meses después, liberasen a Largo “por falta de pruebas”. Lo cual aprovecharía Carrillo para exigir la misma sentencia.

El informe judicial concuerda con lo anterior. Largo se habría enterado de los sucesos “por la radio” sin haber salido nunca de su casa, y sus discursos “no eran revolucionarios, ni él tenía por qué hablar del movimiento, al cual no condenaba ni aplaudía, y que su influencia en el PSOE era nula”. El “fascismo” contra el que decía haberse rebelado el PSOE parecía haberse contagiado de una epidemia de cortesía salida de Versalles.

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Moncloa ya es como la Generalitat: espanta y hace huir a empresas como Nissan
ESdiario  30  Mayo 2020

No es solo Nissan ni por la pandemia: la política económica del Gobierno atemoriza a las empresas que ya están y enfría nuevas inversiones.

El pasado 22 de enero Pedro Sánchez garantizó que la planta de Nissan en Barcelona no se cerraría. Ayer, la multinacional anunció que se marchaba de la capital catalana: 3.000 empleos directos y hasta 23.000 indirectos se perderán con este desastre anunciado y no evitado por el mismo Gobierno que hace unas semanas descartaba la marcha.

Se ha abierto una deriva inquietante en el sector del automóvil, dañado como pocos en la pandemia: tres coches se habían vendido en España en los dos meses de confinamiento, dejando en los huesos a un sector clave del país que representa al 10% del PIB y emplea al 9% de la población activa.

Pero hay algo más que excede de la crisis sanitaria. En todos estos meses, el Gobierno ha tratado la automoción igual de mal que al turismo. Ese sector “con poco valor añadido” según Alberto Garzón, el ministro que presumía al principio de la cuarentena de la reducción de las apuestas deportivas.

Primero se cargó la imagen de los coches diésel anunciando su desaparición. Y después, cuando más esperanza necesitaban las empresas en general, se ha dedicado a anunciar enormes subidas de impuestos, a amenazar a empresarios como Amancio Ortega, a espantar al capital y a la inversión, a señalar al ahorro y a anunciar la derogación de la reforma laboral tras pactarlo con Bildu.

Cuando el delirio independentistas entró en Cataluña por la puerta de la Generalitat, más de 7.000 empresas escaparon por la ventana. La pequeña, la mediana y la familiar lo tienen difícil y el Gobierno lo sabe: no pueden huir. Pero la multinacional puede marcharse cuando quiera: habrá otros sitios donde la traten con educación, con seguridad jurídica e, incluso, con afecto.

Lo de Nissan es un terrible aviso, en fin, de la estampida empresarial que puede haber en España si este Gobierno sigue tratando al principal aliado de la riqueza como el único responsable de la pobreza. Que la firma japonesa haya preferido la Inglaterra del Brexit a la España de Sánchez y Torra lo dice todo.

Apátridas empedernidos
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 30  Mayo 2020

El patriotismo ilustrado es sinónimo de cohesión social dentro de una comunidad organizada en un clima de libertad, igualdad, solidaridad y garantías para el bienestar de los ciudadanos.

Lo dijo sin rodeos la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya Montse Bassa en el debate de investidura de Pedro Sánchez (LV, 7/1): "Me importa un comino la gobernabilidad de España". A continuación, calificó de "verdugo" al PSOE, partido que lo presentaba como candidato, y después de cubrirlo de improperios… votó a favor de su investidura. ¿Contradictorio? En absoluto. Este no es más que otro episodio de un vodevil político cuyos protagonistas actúan exclusivamente en beneficio de sus intereses sectarios, aunque estos entren en colisión con los del país que nominalmente representan. Son apátridas empedernidos. Indiferentes, e incluso hostiles, a la suerte de los conciudadanos que los han elegido.

Opinión contundente
Algún observador argumentará que es lógico que la diputada de un partido que se define públicamente como independentista y que está empeñado en amputarle al Reino de España una porción de su territorio para fundar allí una nueva república reniegue de la gobernabilidad del país donde nació, como consta en su único DNI válido. Pero este argumento no se tiene en pie. En primer lugar, por una razón elemental de ética, esta señora y sus correligionarios deberían abstenerse de intervenir en los debates sobre la gobernabilidad del país contra el que se han alzado. En segundo lugar, si carecen de este principio ético, es el Gobierno del país del que abjuran el que debería vetar su intromisión en estos debates. Y en tercer lugar, aunque parezca extraño, a estos sediciosos también les importa un comino la gobernabilidad de Cataluña. Insisto, son apátridas.

Para explicar este juicio aparentemente aventurado no encuentro nada mejor que citar la opinión del gurú Enric Juliana, que, confieso, me impactó por su contundencia (LV, 19/5):

Si mañana se produjese un holocausto nuclear –crucemos los dedos–, una de las pocas formas de vida supervivientes sería la pugna entre convergentes y republicanos por el control de la Generalitat de Catalunya.

Desleales a su tribu
Esta verdad, proferida por Juliana, veterano maquillador de trampantojos nacionalistas al que se le ha agotado su provisión de afeites, no admite réplica. Los dos clanes de la oligarquía autóctona libran una batalla sin cuartel por los despojos de la hacienda que han usurpado. Lo que reivindican los gerifaltes en sustitución del sentimiento patriótico del que los priva su fariseísmo es el complejo de superioridad étnica, del que se valen para movilizar a sus huestes aborregadas envueltas en banderas cuatribarradas o esteladas, entonando himnos plagados de hoces. Dicho en román paladino, son racistas, no patriotas.

El mismo Juliana evoca el desprecio que merecen estos apátridas, desleales tanto a su familia española como a su ficticia tribu catalana, de cuyo bienestar futuro se desentienden, cuando escribe ("Empresarios", LV, 24/5):

Los actuales gobernantes catalanes siguen diciendo que se van [de España], sabiendo que no se van a ir, puesto que la fragmentación de los países europeos está absolutamente excluida del pacto franco-alemán para la reconstrucción. (Quienes en los próximos años quieran romper con un Estado nacional europeo deberán ir a buscar apoyos a Moscú o a Estambul, si es que se los dan).

Memorial de agravios
Existen, empero, dentro de Cataluña, en las antípodas de los apátridas, corrientes de pensamiento que están atentas a las trapacerías de estos engañabobos y asumen la defensa del bienestar colectivo sin practicar discriminaciones entre los de acá y los de allá. Son catalanistas en el marco de la solidaridad española. Un ejemplo que merece ser destacado por su impecable racionalidad y por llevar la firma de patriotes de debò, patriotas de verdad, es el artículo "¿España nos mata?", del colectivo Treva i Pau (LV, 22/5), que demuele, una a una, las difamaciones de los cainitas. Es un auténtico memorial de los agravios perpetrados por los racistas sin patria contra sus comprovincianos indefensos.

Desenmascara, de entrada, a la consejera de Presidencia, que afirmó que en una Cataluña independiente probablemente "no habría habido tantos muertos, ni tantos infectados", porque se habrían tomado medidas quince días antes. Le responde:

Veamos la verosimilitud: la concentración en Perpiñán, probablemente un potente vehículo de contagios, fue el 29 de febrero, vulnerando el propio plan contra pandemias de la Generalitat, el Proficat, que debió aplicarse el 22 de febrero.

Todo para rendir pleitesía a los prófugos Puigdemont y Comin en la codiciada Catalunya Nord, aunque el artículo no lo aclare para no hurgar en la llaga de los delirios irredentistas que embriagan a los apátridas.

Inventario de gangrenas
¿Acaso el Govern fue más previsor que el Gobierno de España?, se pregunta el colectivo. Y responde:

No es el caso. Ni teníamos stocks estratégicos de mascarillas y aparatos respiratorios, ni los adquirimos diligentemente. Las primeras tentativas de compra son posteriores al 14 de marzo, compitiendo penosamente con todos los demás.

El memorial de agravios es implacable cuando hace el inventario de las gangrenas que los mercaderes apátridas dejaron en la sociedad que estaban –y están– colonizando.

En los últimos diez años de governs nacionalistas/independentistas, ¿en qué hemos sido excelentes?

Desgraciadamente, no en salud, ámbito en el que ostentamos el triste privilegio de haber sido quienes primero recortamos de toda España.
(…)
Igualmente, estamos peor que la media en inversión en educación, con mayor fracaso escolar y universidades más caras.

En el ámbito de los servicios sociales (…) la protección a la familia se sitúa por debajo de la media española, y la pobreza infantil, por encima.

Capítulo aparte merecen nuestros centros de mayores, dramáticos protagonistas involuntarios durante la crisis. A pesar de la plenitud de competencias nuestra gestión ha sido manifiestamente mejorable como la de la Comunidad de Madrid, aunque aquí hemos añadido las sorprendentes instrucciones respecto al triaje.

Patriotismo ilustrado
Solo quien está al borde de la enajenación mental puede atribuir a los culpables de tamaño descalabro una motivación patriótica. Esto queda igualmente claro en el texto que redactó el remanente sano de la burguesía catalana:

Tampoco hemos avanzado en cohesión social, al contrario: el sueño de "un sol poble" se ha desvanecido, el Onze de Setembre ha dejado de ser universal, la senyera ha sido parcialmente reemplazada… al tiempo que han crecido el sectarismo y la división, la exclusión y el rechazo.

El patriotismo ilustrado es sinónimo de cohesión social dentro de una comunidad organizada en un clima de libertad, igualdad, solidaridad y garantías para el bienestar de los ciudadanos. Todo lo contrario de lo que figura en los planes de la minoría sediciosa, asocial, racista y apátrida, alimentada por el odio congénito. Odio de la tribu del curialesco Junqueras que combate contra la de los embrutecidos Torra y Puigdemont sobre los escombros de la polarizada Cataluña, y odio de las dos conchabadas contra la supervivencia de nuestra España civilizada.

Cuidado con los rebrotes de la peste de barbarie atávica.

 


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