AGLI Recortes de Prensa   Domingo 31  Mayo  2020

La reactivación de España pasa por la desactivación de este Gobierno
María Fuster okdiario 31  Mayo 2020

Decía la semana pasada que teníamos el peor Gobierno de la historia hasta dentro de unas horas y, desafortunadamente, no me equivocaba. El Gobierno de Sánchez ha mostrado ser capaz de ir de mal en peor por días.

El baile en las cifras oficiales de fallecidos por Covid-19 me parece tan macabro como escandaloso. ¿Cómo es posible que en función del día en que te descargues los datos haya variaciones en el histórico? Y no es que haya ocurrido en una ocasión y por lo tanto se pueda achacar a un error humano puntual, es que se ha probado que en distintos días de diferentes semanas ocurre lo mismo. Podemos hablar por lo tanto de una manipulación premeditada, sistemática y siniestra. Otro escalón menos en la credibilidad del señor Simón y del ministro Illa.

Pero el Ministerio de Sanidad no es el único que provoca desgaste a este Gobierno socialcomunista, Interior también ha querido sumarse al tren de los horrores. El ministro Grande-Marlaska lo mismo se va de fiesta mientras arde Barcelona que cesa al coronel Pérez de los Cobos sin ni siquiera tener sustituto, y todo sin despeinarse. El otrora juez estrella ha terminado estrellado. La purga que está llevando a cabo en la Guardia Civil demuestra el poco respeto que tiene por la institución y por la separación de poderes.

Es tan escandalosa la limpia que este Gobierno está haciendo entre los altos cargos de la Guardia Civil, que en los próximos días se esperan más dimisiones. Sí, dimisiones por mucho que luego el ministro lo intente disfrazar como ceses. En cualquier caso, acertaba el otro día la hija de Pérez de los Cobos cuando decía: «Hay destituciones que son medallas de honor».

Para su tranquilidad, Grande-Marlaska no está solo. Este sábado la ministra de Defensa ha ratificado y justificado la purga. Literalmente ha dicho: “La Guardia Civil tiene que cumplir las órdenes del Gobierno”. No señora Robles, no. Usted como magistrada que es debería saber que las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado están para hacer cumplir la ley, no para responder cual policía bolivariana a sus órdenes o antojos.

Por si todo este espectáculo les resultara escaso, esta semana también hemos tenido reunión de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. El vicepresidente comunisto del Gobierno (uso la ridiculez del lenguaje inclusivo para que no se ofenda el señor Iglesias) ha tenido unas salidas de tono inaceptables. Primero, ha faltado al respeto de manera inaceptable al tercer grupo parlamentario más numeroso del Congreso, Vox, y por lo tanto a más de 3 millones y medio de españoles que les votaron.

Siempre he defendido que este Gobierno no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos con los principales partidos de la oposición y el tono macarra y prepotente de Iglesias así lo prueba. Como también lo demuestra el servilismo con el que Patxi López gestionó esas faltas de respeto, quien debió exigir a Iglesias retirar esas afirmaciones sobre el intento de Vox de dar un golpe de estado y llamarle la atención por el ya famoso “cierre la puerta al salir”. Imposible dialogar en este contexto.

Y para rematar la semana, ya se ha aprobado la renta mínima vital o lo que viene a ser la compra legal de votos. Me gustaría que nos explicaran de dónde van a sacar el dinero habida cuenta de que todavía hay cientos de miles de españoles que no han cobrado los ERTEs. También me gustaría que me explicaran por qué esa renta va a ser compatible, al menos durante un periodo de tiempo no especificado, con tener un trabajo. Tampoco entiendo por qué les parece indigno cobrar 400 € por trabajar a media jornada y sin embargo les parece lo más pagar 400 € a alguien por estar calentando sofá.

Señores, estamos viviendo una época durísima. Y el futuro a medio plazo tampoco es que sea halagüeño. Dejémonos de tanta tontería, de tanta propaganda comunista, de tanta barra libre de iniciativas vacías y pónganse a trabajar en serio y por España, pero de verdad. No buscando el aplauso fácil de futuros votantes.

Y como les veo muy perdidos, me voy a permitir darles un consejo. Tomen ejemplo del alcalde de Madrid. A lo largo de estos meses de crisis, especialmente duros en Madrid, ha ganado credibilidad, ha creado consensos con todas las fuerzas de la oposición y ha creado un consejo consultivo con los mejores expertos de todas las industrias.

Así sí. Así sí que saldremos más fuertes. Así sí que reactivaremos España. Así sí que recuperaremos nuestra credibilidad a nivel internacional. Pero esto tiene un precio: desactivar este Gobierno socialcomunista que no para de poner impedimentos para que podamos levantarnos.

Reformas fiscales para fomentar la destrucción
Jesús Cacho. vozpopuli  31  Mayo 2020

Hogares con patrimonio de hasta 43.000 euros de patrimonio, sin la casa, podrán cobrar la renta mínima

El viernes fue fiesta mayor para el Gobierno de Pedro & Pablo, particularmente para el profesor asociado de la facultad de Políticas de la Complutense sobrevenido Nobel de Economía y aguerrido Robin Hood de los pobres hispanos. El vicepresidente presentó como una conquista personal la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que "se concederá de oficio, de forma inmediata, a todas las personas que están recibiendo una prestación por hijo a cargo" (…) "Solo tendrán que presentar los documentos que acrediten edad y tiempo de residencia viviendo en España". Momento para la propaganda y los excesos verbales. Iglesias sostenía que "es el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la ley de dependencia”, mientras nuestro Granma, atiborrado de cifras impactantes sobre la pobreza en la piel de toro, pandemia que atribuía a la ineficacia de “las políticas españolas para redistribuir la riqueza”, aseguraba que "España empieza a levantar este viernes un nuevo pilar en el Estado de bienestar". La desigualdad y su letanía.

Pocos, por no decir nadie, cuestionan hoy la oportunidad de ese IMV llamado a socorrer con urgencia a aquellas capas de población más golpeadas por una crisis sanitaria que ha obligado a cerrar la economía a cal y canto. La cuestión está en hacer de ese subsidio una realidad con los controles necesarios y la garantía de que en efecto llegará a quienes lo necesiten, no a los que no han dado golpe en su vida y sueñan con la idea de seguir viviendo del erario público sin trabajar. La precipitación, no casual, impuesta por el vicepresidente comunista, abona las sospechas. Todo desprende un tufo a improvisación que apesta. El IMV, que debería ser un programa de ayuda temporal no consolidable como un gasto fijo más del Estado, corre el riesgo de convertirse, sin los controles precisos, en una especie de PER a escala nacional capaz de dar un nuevo impulso a la economía sumergida y generar una bolsa de pobres dependientes de la caridad del Estado, sin incentivos para la búsqueda efectiva de empleo.

Tal explosión de caridad con el dinero del contribuyente tuvo el mismo viernes su contrapartida en la publicación de un déficit del Estado que entre enero y abril rozó los 20.000 millones, el 1,78% del PIB, casi el triple del registrado el mismo periodo de 2019. Los gastos públicos se dispararon en abril un 48,7%, mientras los ingresos cayeron un 29,2%. "A este ritmo la brecha presupuestaria a final de año superará los 100.000 millones". Apenas un entremés para el espectáculo de quiebras empresariales y pérdidas de empleo que nos espera, y cuyo prolegómeno hemos conocido esta semana con el episodio de Nissan. ¿Cómo va a reaccionar este Gobierno ante lo que se viene encima? ¿Cómo piensa pagar tanta generosidad, la caja vacía, con todo tipo de colectivos? ¡Que no cunda el pánico! El maestro Ciruela de Podemos adelantó esta misma semana, jueves 28, su receta milagrosa, consistente en aumentar la presión fiscal (con impuesto a las grandes fortunas incluido) en más de 7 puntos “para afrontar la reconstrucción con políticas fiscales expansivas”, al más puro estilo Zapatero, todo un programa que remató con una frase para la historia: “Sin reforma fiscal no habrá reconstrucción”. José Luis Feito, uno de los economistas españoles más prestigiosos, puso la frase en contexto: “Hay reformas fiscales para sustentar la reconstrucción y reformas fiscales para fomentar la destrucción”.

Aludir a la necesidad de una reforma fiscal capaz de liberar los corsés que atenazan el crecimiento potencial de nuestra economía, anulando su tendencia a producir paro a mansalva en la fase bajista del ciclo, es mentar la soga en casa del ahorcado. Ni izquierda ni derecha han sido capaces de abordarla, porque ni una ni otra se han atrevido nunca a decirle la verdad al ciudadano. No lo hizo el pasmado Rajoy (dos años se cumplen ahora de la “rendición del Arahy”) con su mayoría absoluta, que optó por la sempiterna salmodia socialdemócrata con Montoro de solista, y mucho menos lo hará un Gobierno cuya ideología rinde pleitesía al rancio estatismo de la planificación económica centralizada. Iglesias se ha aprendido como un lorito la especie de que la recaudación de impuestos en porcentaje de PIB en España es inferior en 7 puntos a la media de la zona euro (en realidad 6,3 puntos, 35,4% frente a 41,7% en 2018), y a ello se aferra para amenazarnos con una reforma fiscal que acabaría con la economía española contra la lona. Ese es todo su basamento teórico, y el de gran parte de la izquierda, que olvida el detalle fundamental de que la renta per cápita española es inferior a la media de la zona euro.

En todo caso, el criterio que debería guiar la política impositiva no debería centrarse en su equiparación con la de un conjunto de países más ricos que nosotros, con realidades económicas diferentes, sino que debería tener como meta la corrección de los desequilibrios de nuestra economía, la madre del cordero de siempre, el primero de los cuales es esa diferencia de riqueza. España tiene una renta per cápita inferior en un 8% a la media de la eurozona y en más de un 25% a la de los países más avanzados de la misma. Converger con los países más ricos debería ser el principio rector de cualquier política económica que se precie. Las diferencias son notables dependiendo del tipo de impuesto. Nuestra presión impositiva es especialmente baja en el ámbito de la imposición sobre el consumo (indirecta) y sobre el trabajo (directa), mientras que es más elevada que la media de la eurozona en el ámbito de la imposición sobre el capital.

Los millonarios y el Cohiba
Por eso no tiene sentido tratar de converger con los niveles impositivos de países más ricos que el nuestro sin antes conseguir la convergencia con su renta per cápita. Es el falaz argumento del populismo rampante: “Si los millonarios fuman Cohibas, basta con que me compre Cohibas para ser millonario”. O lo que es lo mismo, para tener el Estado de bienestar de Dinamarca, basta con igualar mis impuestos a los suyos. La realidad es que el Tartufo no podría pagar las deudas ocasionadas por la compra de los Cohibas y terminaría siendo más pobre que antes. El segundo desequilibrio español de siempre es el elevado desempleo en comparación con la media de la UE, consecuencia de una tasa de empleo muy baja, muy inferior a la de la mayoría de los otros países. El tercer desequilibrio tiene que ver con la elevada deuda externa neta de nuestra economía, la tercera más alta de la eurozona. El cuarto y último, en fin, reside en el endeudamiento y déficit públicos de nuestro país.

Son estas las variables que deberían estar en mente de todo aquel dirigente político dispuesto a hablar de subir o bajar impuestos: de su contribución, en sentido positivo o negativo, a la resolución de los principales desequilibrios económicos del país, unos desequilibrios que poco o nada tienen que ver con las “seis grandes reformas” de pitiminí que esta semana nos anunció la ministra Calviño. Para eso sirve la presión fiscal, para resolver problemas estructurales y relanzar la productividad y el crecimiento. Aumentar la productividad de la población activa en relación con los costes laborales es, en efecto, clave para maximizar la creación de empleo y reducir la tasa de paro, algo que depende de la inversión en capital fijo (lo que gasta una empresa en la compra de activos fijos), de donde se deduce la importancia de bajar el impuesto de sociedades para incentivar la inversión privada.

Si hay algo que tiene mala prensa en España es el impuesto que grava los beneficios empresariales. A pesar de toda la demagogia vertida, la realidad es que los ingresos por el impuesto de sociedades suponen el 2,3% del PIB, una cifra muy cercana a la media de la UE (2,6%). El tipo general de ese impuesto se rebajó en España en 2015, en línea con el descenso que viene registrando en la mayoría de países (en 2018, era inferior al 25% en 22 de los 38 países de la OCDE) con los que competimos a la hora de atraer inversión extranjera. Por otro lado, el tipo de impuesto de sociedades efectivamente pagado (cuentas consolidadas) por las empresas españolas que conforman el IBEX se acerca al 23% en promedio en los últimos años, lo que desmiente afirmaciones según las cuales “en España el tipo efectivo medio del impuesto sobre sociedades es el 10% y el de los grandes grupos empresariales el 7%”. Lo quiera la izquierda o no, los beneficios generados en el exterior tributan en el exterior.

Algo parecido sucede con los impuestos de patrimonio y sobre las plusvalías y rendimientos del capital, que se sitúan entre los más elevados de la UE, y que son impuestos sobre el ahorro privado, algo que debería incentivarse todo lo posible si queremos hacer efectiva esa inversión en capital fijo esencial para la mejora de la productividad y para la reducción de la deuda externa neta. No menos importante debería ser reducir las cotizaciones sociales, ese “impuesto al empleo” convertido en caballo de batalla del empresariado español de siempre, entre las mayores de la OCDE. En España, el Estado se queda el 39,4% de lo que le cuesta al empresario tener un trabajador. Reducir cotizaciones significa recortar costes laborales y crear empleo, incluso aspirar al pleno empleo. Una bajada significativa de las cotizaciones permitiría subidas salariales que, además de no perjudicar el empleo, preservaría la competitividad exterior de la economía necesaria para rebajar la deuda externa neta.

Decir a estas alturas que equilibrar las cuentas públicas (déficit –el mayor de la UE en proporción al PIB- y deuda externa) exigirá reformas profundas en la estructura del gasto público no es revelar ningún secreto. Es evidente que nuestro Estado gasta cada año entre 30.000 y 40.000 millones más de lo que ingresa, y que es ilusorio pensar en anular ese diferencial mediante subidas de impuestos so pena de estrangular la actividad económica. Indispensable, desde luego, no aumentar el gasto público no comprometido, algo que el Gobierno Sánchez se ha venido saltando a la torera desde que está en Moncloa con gastos y subvenciones por doquier. Pronto, por suerte o desgracia, llegará Bruselas con la rebaja si el Gobierno quiere recibir las ayudas con las que sueña. Habrá ajustes, desde luego, y también habrá que aumentar los ingresos públicos. ¿Cómo conseguirlo sin renunciar al mismo tiempo a las bajadas de tipos antes citadas en materia de sociedades, cotizaciones sociales e impuestos sobre el capital? La primera línea de actuación consistiría en subir tasas y precios públicos, con la imposición de peajes por el uso de las carreteras de alta capacidad como medida estrella por su impacto recaudatorio. Una decisión altamente impopular, porque las carreteras son hoy gratuitas tanto para vehículos ligeros como pesados, a diferencia de lo que ocurre en buena parte de los países europeos.

El IVA y sus exenciones
Y naturalmente el IVA. En España, menos del 50% del consumo de los hogares está gravado al 21%, un porcentaje muy inferior al de la mayoría de los países de la UE (82% en Alemania, 71% en Francia o 58% en Italia), mientras que el resto está gravado con un tipo reducido o súper reducido, además de las correspondientes exenciones. Esta es la clave de la baja imposición sobre el consumo en España en comparación con la UE. Parece, pues, necesaria, una revisión de los tipos súper reducidos para tender a equipararlos al tipo general, asunto difícil por cuanto ello podría perjudicar directamente a los hogares más vulnerables, algo que podría contrarrestarse fácilmente mediante las transferencias públicas o el IRPF. Por lo demás, de poco sirve a los hogares de rentas bajas que los impuestos indirectos sean muy bajos y los directos elevados, si esa estructura impositiva les condena a tasas de paro insoportables.

¿Tiene, pues, sentido bajar o subir impuestos? Depende de lo que queramos hacer con ello. Si aspiramos a corregir los desequilibrios citados, sobre los que tanto se ha escrito en vano en las últimas décadas, convendría bajar impuestos sobre la inversión empresarial (sociedades), sobre el empleo y los salarios (cotizaciones sociales) y sobre el ahorro (patrimonio y rendimientos del capital). Por el contrario, deberían subir tasas y precios públicos y determinados impuestos especiales, así como los tipos del IVA sobre algunos bienes y servicios. Muchos países de la UE han actuado ya en esta línea con éxito, para lo cual se requiere gobernantes con sentido de Estado, capaces de hacer políticamente posible lo que es económicamente necesario antes de que las circunstancias lo impongan. Lo dicho hasta ahora nada tiene que ver con lo que Pedro & Pablo estarían dispuestos a hacer en España si la coyuntura y Bruselas se lo permitieran. Pero este no es un Gobierno propio de un país miembro de la UE. Esto es otra cosa.

Por mucho que se esfuerce Iglesias, por muy alto que grite, no hay mejor manera de acabar con la desigualdad que acabando con el paro. El mejor subsidio es un empleo, dijo Ronald Reagan. Por eso, un buen Gobierno debería preocuparse por favorecer con sus políticas la creación de puestos de trabajo, ergo debería adoptar las decisiones económicas tendentes a propiciar un clima adecuado para el emprendimiento y la creación de riqueza. Incentivando la inversión, nacional y extranjera. Preservando la seguridad jurídica. Quitando trabas. Favoreciendo la competencia. Liberalizando. Siendo cuidadoso con el gasto, es decir, con el dinero de los contribuyentes. Ayudando a los parados a encontrar un empleo cuanto antes. Socorriendo a los más pobres. Para eso debería servir un Gobierno, además de para garantizar la vida, la libertad y la propiedad. Para el resto, sobra.

Sánchez-Iglesias
La coalición fingida tensa al PSOE

Los socialistas y Podemos coinciden en priorizar la crispación izquierda-derecha en las instituciones y en las calles, pero en lo demás Moncloa ya ni siquiera se molesta en ocultar radicales discrepancias
Manuel Marín ABC 31  Mayo 2020

La coalición de intereses personales que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dicen haber fortalecido durante las últimas semanas, para pacificar la convivencia en Moncloa y establecer un reparto de papeles en el control del Gobierno, es sólida. Sin embargo, no lo es tanto la alianza que en cascada se presupone entre la militancia del PSOE y la de Podemos. La desconfianza interna aumenta entre sectores de ambos partidos descontentos con el hermetismo con que Sánchez e Iglesias siguen fabricando, sin consultar más que a un férreo núcleo duro de extrema confianza, la repuesta a la crisis sanitaria, sus pactos parlamentarios y la confusa y contradictoria réplica a la recesión.

El «blindaje» de la coalición, más endeble de lo que aparenta
La coalición de Gobierno está «blindada», y ese es el mensaje que semanalmente emite Moncloa para tratar de minimizar cualquier episodio de crisis interna que se produzca, o para intentar reforzar a los ministros, independientemente de la magnitud de sus errores. Pero en sectores de la izquierda crece la sensación de que esa «alianza fingida», sostenida sobre una supuesta lealtad personal entre Sánchez e Iglesias y basada exclusivamente en una cuestión de supervivencia política, es tan artificial que ha empezado a resquebrajarse. Que es tan endeble, que en otoño podría dejar de ser sostenible en cuanto la recesión desnude una realidad difícilmente manejable en las calles. De ahí, que la interpretación de algunos movimientos tácticos de Pablo Iglesias genere serias dudas en ámbitos del PSOE sobre la consistencia real de la coalición.

Hoy, Sánchez e Iglesias coinciden en un único objetivo: resulta esencial para los intereses de la izquierda, y para la estabilidad de la legislatura, proteger a sus «socios naturales» –ERC y PNV, fundamentalmente–, y acelerar el proceso de fragmentación ideológica de la sociedad. Nadie en el PSOE ni en Podemos ve como arrebato puntual el tono con que Iglesias enfoca sus enfrentamientos con la derecha. Iglesias necesita tanto al PP y a Vox para reafirmar su poder interno en Moncloa y para liderar a la izquierda en la calle, que no duda en hacer ostentación sobreactuada de ello.

Objetivo: acelerar la ruptura ideológica en la sociedad
Ese es el terreno donde Iglesias se maneja cómodamente. Aquel en el que el frentismo, la radicalidad de los mensajes de rencor a izquierda y derecha, el alejamiento de la moderación y la quiebra de la convivencia le permiten sacar rédito de la polarización extrema de la política. En las instituciones y en las calles… donde convenga en cada momento. Su discurso –avalado y permitido por Sánchez en esa estrategia común– no responde a una improvisación puntual o a un mal día en el escaño, sino a una táctica deliberada para generar una tensión social de la que conscientemente hace cómplice a la oposición. Es algo similar, pero elevado a la enésima potencia, a lo que José Luis Rodríguez Zapatero confesó en un micrófono indiscreto durante la campaña de las elecciones de 2008: «Necesitamos tensionar esto».

Para Iglesias, es irrelevante quién tenga la culpa, quién haya empezado primero, quién «escrachea» más, quién provoca o quién responde… si la izquierda o la derecha. Es más una cuestión de fondo. Lo esencial no es quién cause esa irritación social vinculada al odio ideológico y a la propia incertidumbre en el futuro, sino que esa convulsión exista y adquiera vida propia al margen de los partidos porque eso es lo que le favorecerá, llegado el día, en las urnas. Y en el PSOE hay quien teme que el líder de Podemos haya tomado a Sánchez como rehén en este objetivo porque aumentará el riesgo de que el socialismo no salga bien parado.

El enfrentamiento protagonizado entre los «aliados» Patxi López y Enrique Santiago el pasado jueves en la «comisión de reconstrucción» del Congreso esconde más mar de fondo que una mera discusión puntual entre socios. Esconde una disonancia profunda entre el PSOE y Podemos. La «confesión» de López representa una discrepancia radical respecto a la pretensión de Sánchez e Iglesias de convertir la comisión en un foco de discordia y conflicto permanente. Patxi López seguirá presidiendo esa comisión junto a Santiago, pero ambos escenificaron en público la misma disonancia insalvable que Nadia Calviño y el propio Iglesias mantienen en privado… Es la misma rotura de fibras en el cuerpo de la coalición que ha empezado a debilitar a ministros como Salvador Illa, Fernando Grande-Marlaska, José Luis Ábalos, María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón o Manuel Castells.

«Nadie sabe si Iglesias quiere irse o quedarse, pero manda»
Aparentemente superada la fase más dramática de la gestión de la pandemia, Sánchez afronta tres riesgos que pondrán a prueba la supervivencia de la legislatura. Primero, la propia lealtad de Podemos, porque sectores del PSOE profundamente desconfiados sostienen que aún no han conseguido descifrar «si Iglesias quiere quedarse y apropiarse de Moncloa, o si por el contrario quiere irse y está preparando ya la coartada para salir del Gobierno» cuando la UE imponga sus condiciones para el rescate de nuestra economía, recortes severos, una drástica contención del gasto público, y una subida indiscriminada de impuestos. Es decir, cuando la izquierda ya no pueda rentabilizar el «ingreso mínimo vital», el aumento de la fiscalidad a las «grandes fortunas», o la «tasa Google». «Pero mandar, manda», sostienen.

«Sánchez ya no genera una confianza ciega en Europa»
El segundo riesgo que Sánchez debe encarar es el de haber perdido aquel aura de joven valor en alza de la socialdemocracia, predestinado a resucitar a esa izquierda moderada que había perdido el «swing» en Europa. Además, Sánchez llegó a Europa con la fórmula para contener y reconducir al populismo de extrema izquierda que tanto miedo genera en sus instituciones. Hoy, en cambio, Sánchez ha perdido buena parte de su crédito en Bruselas y su Gobierno emite señales confusas sobre el futuro de la reforma laboral, sus pactos con Bildu, o las «nacionalizaciones» que ya ha invocado tres veces Iglesias en el Congreso. La incomodidad es notoria en ámbitos europeos, pero también del PSOE, donde apelan a que Sánchez prescinda de Iglesias e inicie un acercamiento sincero al PP para garantizar una «reconstrucción» real. O que, en su defecto, demandan a Sánchez que lo ate en corto para que el proyecto socialista no se diluya en Podemos.

¿Crisis de Gobierno en ciernes y reducción de carteras?
El tercer desafío inminente del presidente del Gobierno no va a ser tanto dominar a Podemos –a lo que Sánchez parece haber renunciado–, como negociar unos presupuestos generales contra la mitad de su propio Gobierno, con socios no fiables, y con Europa al acecho de su dinero. Por eso ya hay en el PSOE quien «sotto voce» considera imprescindible una crisis de Gobierno en cuanto el control sanitario de la pandemia lo permita. El desgaste de algunos ministros se percibe irreversible. Incluso, algún dirigente socialista apela en privado a la conveniencia de reducir considerablemente el número de ministerios para hacer creíble la austeridad que se va a imponer en muchos millones de hogares a partir de septiembre. En este contexto de tensiones internas en el diseño presupuestario de la legislatura y de purgas en el propio Ejecutivo, la compatibilidad de Sánchez e Iglesias va a ser puesta a prueba. Y si hay algún mensaje «cristalino» que cada día lanza el líder de Podemos al presidente del Gobierno es que no es domesticable.

La ayuda europea no será suficiente debido a la irresponsabilidad de España
Daniel Rodríguez Asensio Libertad Digital 31  Mayo 2020

Las necesidades de financiación para el 2020, según ha reconocido el propio Tesoro, van a superar los 297.000 millones de euros. Lo que no hagamos nosotros lo harán los hombres de negro.

Europa ha hablado. Y lo ha hecho, además, con una propuesta contundente y clara, que refleja la esencia de lo que es la Unión Europea de Maastricht: solidaridad, cohesión y competitividad para ahondar en el modelo de prosperidad vinculada al estado de bienestar que nos caracteriza.

Primero fueron Alemania y Francia quienes llegaron a un acuerdo acerca de cómo debería articularse el fondo de recuperación europeo: 500.000 millones, articulados a través de transferencias, sujetos a condicionalidad y financiados a través del nuevo presupuesto, incluyendo instrumentos de deuda temporales.

El mensaje de ambos países fue claro: Europa necesita de la unión para salir adelante. En esta columna ya analizamos las razones por las que la supervivencia europea está en la agenda alemana, así como la debilidad que ha mostrado Francia en la crisis del coronavirus. La Comisión Europea, por su parte, recogió el guante y elevó la apuesta: la última propuesta pasa por un fondo de contingencia con 750.000 millones de euros, un 50% más de lo declarado implícitamente por las dos grandes potencias como suficiente.

Las semejanzas del plan europeo con el acuerdo franco-alemán son evidentes: 500.000 millones de euros son en transferencias, y 250.000 en forma de préstamos blandos. De nuevo, cualquier tipo de ayuda tendrá que estar sujeta a un memorando de entendimiento que incluya un proceso de reformas a nivel nacional y un mecanismo de seguimiento del mismo. Y, de nuevo, abre la puerta a emisiones de activos de deuda de forma temporal.

Dicho de otra manera: abre la puerta a los hombres de negro de nuevo en Europa y a los eurobonos. Los países más beneficiados serán Italia (172.745 millones de euros durante los próximos dos años), España (140.446 millones) y Polonia (37.695 millones).

Debemos recordar que estos 750.000 millones hay que sumar los 540.000 millones de una triple red de seguridad ya aprobada por el Eurogrupo y el Consejo Europeo, y que contemplan hasta 100.000 millones en créditos para el reaseguro del desempleo; 200.000 millones en préstamos a través del Banco Europeo de inversiones; y hasta 240.000 millones para gasto sanitario a muy bajos tipos de interés.

En definitiva, un plan que sin duda es un punto de encuentro entre las distintas sensibilidades europeas, pero que veremos si es suficiente para abordar los problemas que ya están teniendo sus grandes economías.

El Tesoro necesita 297.000 millones
España va a ser, casi con total seguridad, el país más afectado por la Covid-19 en este segundo trimestre. Dos de cada tres euros de nuestro valor añadido bruto proceden del sector servicios, y éste está siendo el más afectado por esta crisis. Los indicadores adelantados, de hecho, muestran un encefalograma plano para este sector.

Las necesidades de financiación para el 2020, según ha reconocido el propio Tesoro, van a superar los 297.000 millones de euros. Debemos recordar que en 2013, cuando la UE tuvo que articular un fondo de rescate para nuestro país necesitamos 350.000 millones y sólo fuimos capaces de lograr 250.000 en los mercados.

Es cierto que la situación actual es distinta: los mercados continúan abiertos (aunque veremos por cuánto tiempo) y la crisis de deuda aún no ha explotado. Sin embargo, 297.000 millones de euros es una cuantía lo suficientemente elevada como para tener los fondos europeos en el retrovisor, por si fuera necesario echar mano de ellos.

En total, España podría recibir hasta 77.324 millones de euros en transferencias y 63.122 en préstamos durante los próximos dos años. Una cuantía nada despreciable, pero sin duda insuficiente para abordar las necesidades de financiación arriba descrita.

De acudir al MEDE en lugar de a los mercados España se podría ahorrar 2.000 millones de euros. Por ahora tenemos capacidad de autofinanciarnos, aunque la magnitud del impacto y el estado de los mercados podría cerrarnos esta posibilidad.
Los ingresos se desploman
Basta con ver los últimos datos publicados para darnos cuenta de la magnitud del problema que tenemos en nuestras finanzas públicas.

Los ingresos públicos del mes de abril se han desplomado casi un 30%, hasta los 18.942 millones de euros. Se trata del menor nivel de recaudación desde el año 1999. Es cierto que hay ciertas figuras impositivas que han podido estar influenciadas por la moratoria de un mes que se aprobó en abril y por lo tanto la magnitud del desastre no sea tan elevada. Pero el escenario apunta hacia una caída del 40% y vuelta a los mínimos de 2012/2013, algo que ya predijo el Colegio de Economistas.

Los gastos, por su parte, aún no están detallados para el mes de abril. Pero ya en marzo, y con tan sólo 15 días de confinamiento, estaban creciendo al 6% hasta el 10,4% del PIB.

Como consecuencia, el déficit de marzo ya se disparó un 135% con respecto al mismo mes del año pasado. Con los datos de ingresos para el mes de abril que acabamos de exponer, no es difícil darse cuenta de que un escenario de déficit del 10% puede ser optimista si no reactivamos la economía lo antes posible.

El gobierno de España tiene pendientes de pago casi 1 millón de ERTE, según el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, y sin embargo se lanza a aprobar un ingreso mínimo vital, a pesar de que España ya acumula más de 1.500 millones de euros en este concepto repartidos entre las autonomías españolas. Se trata de 3.000 millones de euros adicionales que nos alejan del rescate y, por consiguiente, nos exige más condicionalidad.

Es pronto para saber si los fondos que ha puesto la UE a disposición de los Estados Miembros son suficientes o no para frenar esta crisis. Personalmente, creo que se requerirá un esfuerzo aún mayor. Lo que parece evidente es que España los va a necesitar, y en lugar de coger el camino de la responsabilidad estamos eligiendo el de la Grecia de Varoufakis.

Estamos a tiempo de presentar un plan de recuperación en el que recortemos gasto superfluo por valor de los estabilizadores automáticos que ya se están activando (subsidio de paro, menores ingresos de la seguridad social, etc.) y con 3 posibles escenarios de evolución a futuro, cada uno con herramientas de actuación asociadas.

Sin embargo, lo que presentamos son propuestas de derogación de la reforma laboral y gasto consolidable, que empeora la ya maltrecha productividad de nuestro país. Lo que no hagamos nosotros lo harán los hombres de negro, una de las cosas seguras que nos va a aplicar la UE.

Ante la situación de criticidad que vivimos, la ideología queda de lado. Lo que está en juego es la vida y el bienestar de muchos millones de españoles que, desafortunadamente, dependen exclusivamente del Estado.

La izquierda conspiranoica
Jorge Mestre okdiario 31  Mayo 2020

La extrema izquierda lleva años erigiendo el perfecto caldo de cultivo que le garantice la supervivencia de su discurso del odio frente a los fantasmas del facherío, fachas e hijos del franquismo (Iglesias sic). Realmente teniendo en cuenta que hace 130 años que nació el anterior jefe del Estado habría que hablar más de tatataranietos. Pero pueden pasar décadas que los comunistas en el Gobierno seguirán hablando de sus descendientes inmediatos a falta de otros personajes con los que disimular su vena totalitaria, ocultar su torpeza intelectual y su verdadera incompetencia como gestores públicos. Los delirios conspiranoicos de la izquierda no son nuevos. Hace 100 años veían fantasmas de Fernando VII por todos los rincones o lo creían reencarnado en muchos de los políticos de la derecha española. Daba igual que el monarca hubiera dejado el trono hacía un siglo, el mismo tiempo que el transcurrido desde su muerte, pero la agitación de su nombre bastaba para movilizar a una parte de la población española.

Resulta cínico, a la par que miserable, que Pablo Iglesias, fiel seguidor de dos de los regímenes totalitarios más perversos en la actualidad como son Venezuela e Irán, vaya de adalid de la defensa del Estado de Derecho. No le ha importado nunca la libertad en aquellos pueblos donde ponía el cazo para cobrar de su aparato represor y, actualmente, sigue siendo un recurso dialéctico para construir sus teorías de la conspiración, para batir a la oposición política, para atacar a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad del Estado, para buscar escabel en las masas, y para “asaltar los cielos”. Porque no lo olvidemos, para la extrema izquierda la democracia es un paso intermedio, es un instrumento estratégico que además de pisar moqueta y coche oficial permite destruir las instituciones con la táctica de la penetración pacífica. Lo mismo que en 1868 y el golpe de estado de Prim que acabó con el reinado de Isabel II.

Pablo Iglesias recurre a sus fieles más modorros para perpetuar su relato conspiranoico. Cuanto menos cultivada sea la persona, más palafrenera se convierte del líder comunista. Irene Montero pertenece a dicho grupo. Qué tendrá que ver la oposición a Franco con la democracia. Su suegro militaba en una organización cuya máxima aspiración era importar la revolución maoísta a España. Su modelo era entonces Albania, como ahora lo es Venezuela para ella y para el ufano de su marido. Es decir, un totalitarismo de izquierdas similar al que querían implantar los terroristas de la ETA. Pero ella, coleccionista de sobres de azúcar con citas, reitera dicho enfoque desde primera hora del viernes por si hay algún ignorante de izquierdas necesitado de la dosis ideológica de la mañana.

Lo escribí en estas mismas líneas hace unos meses. Los golpes de estado en la actualidad no son cosa de los militares, sino de los políticos en el poder. Son los llamados “autogolpes” o “golpes postmodernos”. En el primer grupo cabe situar a Hugo Chávez y a su sucesor Nicolás Maduro, quienes tras la llegada al poder por medios democráticos se encargan de erosionar todas las instituciones democráticas para perpetuarse en el poder. En el caso de los “golpes postmodernos” lo que se hace es lo mismo, pero con la colaboración de una parte de la sociedad civil (el 1-O catalán encaja en este modelo).

El líder podemita lleva meses atizando a los jueces, no olvidemos que le supuso una carta de protesta del CGPJ, y ahora vierte toda su inquina no sólo contra la oposición democrática representativa de millones de españoles, sino contra dos de las instituciones que gozan de mayor respeto y credibilidad por parte de los españoles: los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. Todo el desprestigio acumulado por la gestión de la crisis del coronavirus en este Gobierno, se ha convertido en respeto y apoyo ciudadano para el Ejército, Policía y Guardia Civil por su labor realizada en la desinfección de residencias, colegios, hospitales y municipios. Después de los sanitarios son los colectivos más valorados durante la pandemia por los españoles. Y eso irrita sobremanera a Iglesias. Al amigo de los golpistas. Pero esa es la lamentable casta que nos gobierna y a la que, con esa clase de conductas, muestra lo poco que le importa la reconstrucción de España tras el ‘tsunami’ del coronavirus.

Miles de españoles acuden a los cuarteles para apoyar a la Guardia Civil contra la purga de Marlaska
María Ruiz okdiario 31  Mayo 2020

Miles de personas se han concentrado esta tarde frente a cuarteles de la Guardia Civil en varias ciudades de España para expresar su apoyo a un Cuerpo que se ha visto denigrado esta semana por el Gobierno de Sánchez y especialmente por el ministro que debe velar por sus agentes y mandos, Fernando Grande-Marlaska.

Tras la purga en la cúpula del Instituto Armado emprendida por el ministro de Interior en un claro intento de descabezarlo tras la vergonzante destitución del coronel De los Cobos, miles de españoles han querido acudir hoy frente a los cuarteles de la Benemérita para manifestarle su respaldo bajo calurosos y emotivos aplausos y «¡vivas!» al Cuerpo.

Muchos ciudadanos pedían la dimisión del ministro Marlaska, a quien llamaban «traidor» en algunos carteles, a la vez que gritaban con entusiasmo: «¡¡¡Viva España!!!» y «¡¡¡Viva la Guardia Civil!!!».

En la Comandancia de Madrid situada en Guzmán el Bueno centenares de personas acudieron a la protesta pacífica, en la que la dotación policial enviada por el Ministerio en previsión de posibles altercados no tuvo trabajo en absoluto.

El emotivo ‘La muerte no es el final’, el himno que se entona en homenaje a los caídos de las Fuerzas Armadas y civiles vinculados a ellas, ha sido el colofón de la mayoría de las actos de esta tarde, tal y como puede verse en multitud de vídeos colgados en Twitter.

Varias personas han acudido también a la Comandancia de la Guardia Civil de Galapagar, localidad madrileña donde vive el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, quien, pese a estar allí protegido por el Cuerpo en las últimas semanas, ha planteado relegar a los mandos de la Benemérita en la ansiada unificación con la Policía que pretende vicepresidente podemita.

Ataviados con la bandera nacional y muchos de ellos portando también banderines con el escudo de la Guardia Civil, ciudades como Madrid, Valencia, Málaga, León, Oviedo, Murcia y muchas otras escucharon el grito ciudadano en apoyo de un Cuerpo que los españoles sienten muy cercano.

En Málaga, más de 300 personas se han concentrado al mediodía ante la Comandancia para apoyar a la Guardia Civil. La protesta, que ha tenido lugar a las puertas del Cuartel de la avenida Arroyos de los Ángeles, ha servido asimismo para protestar contra el «desagravio» al Instituto Armado y los «ataques de este gobierno» de esta semana a la Benemérita.


Un grupo ciudadano creado en Facebook bajo el nombre ‘Pedro Sánchez, dimisión’ ha impulsado esta iniciativa de protesta convocada para este sábado 30 de mayo frente a diferentes cuarteles de la Guardia Civil por toda España para mostrar su apoyo al Cuerpo y exigir la dimisión de Marlaska.

«¡Paseos y aplausos para mostrar nuestro apoyo a la Guardia Civil , pedir la dimisión del ministro Marlaska y que el Gobierno mantenga sus manos fuera de las investigaciones! Paseo a favor de la Guardia Civil en los cuarteles españoles a las 20:30 horas», reza la publicación.

La polémica en la Guardia Civil
La polémica comenzó el pasado 25 de marzo cuando el Ministerio de Interior destituía por «pérdida de confianza» al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Fue apartado del cargo días después de que la Guardia Civil colaborara con sus pesquisas en la causa que una juez de Madrid instruye contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y el asesor técnico del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por permitir el 8-M.

La destitución de Pérez de los Cobos cayó como una bomba en el Benemérita ya que se trata de una figura significativa: fue él quien coordinó todo el operativo de seguridad desplegado en Cataluña durante las semanas previas y posteriores al referéndum separatista del 1 de octubre de 2017. Aquello le colocó en la diana política de ERC y JxCAT.

Sólo un día después de esta purga, el general Laurentino Ceña, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, presentó su dimisión ante el Ministerio del Interior. Una acción interpretada como un claro gesto de apoyo a De los Cobos y contra la decisión de Marlaska.

La intromisión de Fernando Grande-Marlaska en la instrucción judicial del caso del 8-M ha provocado el mayor terremoto en la Guardia Civil en mucho tiempo. El ministro del Interior ha afirmado que la destitución de Diego Pérez de los Cobos no ha tenido nada que ver con la negativa del coronel a desvelar la instrucción judicial, sino con una mera «pérdida de confianza» en el alto mando de la Benemérita. Ahora, APROGC, una de las grandes asociaciones del Cuerpo, exige al ministro que, si es como afirma, debe entregar el expediente donde se recoge y explica esa pérdida de confianza porque quiere comprobar la veracidad de sus palabras.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Marlaska pactó no desmentir a Pérez de los Cobos y ahora niega que le pidiera los informes
Carlos Cuesta okdiario 31  Mayo 2020

La indignación en el Cuerpo de la Guardia Civil sigue creciendo. Y es que Fernando Grande-Marlaska no sólo destituyó a Diego Pérez de los Cobos por cumplir con lo que exigía al coronel la juez del caso 8-M. Es que, además, el ministro se comprometió a un pacto de no agresión: a no atacar ni desmentir las explicaciones que pudiese dar el coronel o su entorno, entendiendo, supuestamente, que la polémica impactaba directamente sobre el buen nombre del Cuerpo de la Benemérita.

Pero Marlaska también ha roto ese compromiso: ha negado abiertamente que exigiera el contenido de la instrucción judicial, limitando el cese a una cuestión de pérdida de confianza por motivos objetivos y profesionales. Es decir, insinuando que el cometido de Pérez de los Cobos no era el requerido para el puesto.

«No ha habido ni habrá ninguna injerencia de este Ministerio con otro poder del Estado», ha señalado el ministro de Interior. Es más, según su peculiar versión, no es cierto que existiera ni la más mínima presión sobre el coronel Pérez de los Cobos para que entregara al Gobierno la información relativa a las diligencias que la Guardia Civil trasladó a la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga en estos momentos la posible prevaricación implícita en la autorización de la manifestación feminista del 8-M.

«Pérdida de confianza»
Por otra parte, el entorno del ministro ha filtrado que se trata de un cese por pérdida de confianza por motivos profesionales. Traducido: que el coronel no cumplía con las expectativas del Gobierno para el desempeño de su cargo.

Y eso no fue lo pactado por Marlaska con los responsables del Cuerpo. Porque el ministro asumió el compromiso de permitir una salida honrosa al coronel para evitar una mayor polémica e impacto sobre la Guardia Civil. Una salida en la que no negara la posibilidad del entorno de Pérez de los Cobos de explicar la realidad de lo ocurrido.

La versión de Grande-Marlaska, de hecho, desafía incluso a la propia realidad. Y es que eludió negar en sede parlamentaria que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, llamara al coronel Pérez de los Cobos para pedirle que desvelara los avances de la investigación, tal y como han confirmado fuentes cercanas al coronel . Evidentemente, es impensable que Gámez llamara sin presión de Marlaska.

La intromisión de Fernando Grande-Marlaska en la instrucción judicial del caso del 8-M ha provocado ya el mayor terremoto en la Guardia Civil en mucho tiempo. Y amenaza con no frenar ante el evidente desprecio mostrado por el ministro hacia el buen nombre de este Cuerpo y de sus integrantes. El ministro del Interior ha afirmado que la destitución de Diego Pérez de los Cobos no ha tenido nada que ver con la negativa del coronel a desvelar la instrucción judicial, sino con una mera «pérdida de confianza» en el alto mando de la Benemérita. Y APROGC, una de las grandes asociaciones del Cuerpo, ha exigido ya al ministro que, si es como afirma, debe entregar de inmediato el expediente donde se recoge y explica esa pérdida de confianza para poder comprobar la veracidad de sus palabras.

«Remodelación de equipos»
«En la rueda de prensa, el ministro del Interior nos ha aludido respecto a nuestra versión del cese del coronel Pérez de los Cobos», ha señalado la asociación de la Guardia Civil. «Nuestra condición de guardias civiles no nos permite entrar en el ‘y tú más’. Según el ministro del Interior, el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos es un proceso de ‘remodelación de equipos’. Teniendo en cuenta que cada provincia la manda un coronel o teniente coronel, ¿quiénes serán los siguientes?, ¿con qué criterio?, ¿los llamará María Gámez el domingo por la noche?», apunta la asociación.

«Para evitar los cruces de relatos que están provocando preocupación en la ciudadanía, desde APROGC exigimos al Ministerio del Interior ver el expediente instruido por falta de confianza en el que se basa el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Seguro que en tal preceptiva documentación figuran los criterios objetivos que fundamentan la necesidad urgente de la adopción de la medida el domingo por la noche», ha señalado APROGC.

La exigencia de APROGC y la tensión creciente ocurre en medio del terremoto que se ha llevado por delante ya los cargos Pérez de los Cobos, Laurentino Ceña y Fernando Santafé. Un vuelco con el que no contaba el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cuando dieron orden de interferir en la instrucción judicial del 8-M y pretendieron que el coronel Pérez de los Cobos informara de sus investigaciones a espaldas y contraviniendo la orden expresa de la jueza encargada del caso, Carmen Rodríguez-Medel.

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Estratagemas
Dotarse de una verdadera estrategia requiere reconocer que tienes un enemigo que busca tu destrucción
Jon Juaristi ABC 31  Mayo 2020

El Diccionario de la RAE define la voz estratagema, que viene del griego estrategos («general de un ejército»), como «ardid de guerra». O sea, como operación militar que se realiza para engañar al enemigo. El más vulnerable a una estratagema es quien no se sabe en una situación de guerra ni reconoce al enemigo como tal. La invasión napoleónica de 1808, pongamos por caso, comenzó con una estratagema. Los franceses pretendían que su objetivo era sólo atravesar España, país aliado, para atacar a Portugal, país enemigo. No encontraron resistencia alguna hasta que ocuparon Madrid y secuestraron a la familia real.

El problema de la derecha española es su resistencia a reconocer que la izquierda le está haciendo la guerra, y por eso tropieza una y otra vez con las estratagemas que esta le arma y cae en las emboscadas que le tiende. Hace veinte años, al comienzo de la segunda legislatura de Aznar, el PSOE de Rodríguez Zapatero decidió que era hora ya de resucitar la guerra civil perdida en 1939 para ganarla al segundo intento. La nueva estrategia exigía presentar al gobierno del PP como continuidad del franquismo. Su estratagema básica en aquella primera fase fue la apelación a la memoria histórica, a fin de que la derecha en su conjunto reaccionase como franquista o, al menos, neofranquista beligerante. Lo consiguió sin gran esfuerzo y pudo así movilizar contra el gobierno de Aznar a una gran parte de la población aterrada por los atentados del 11-M, cuya responsabilidad endosó a una derecha previamente estigmatizada como fascista. Sobra decir que contó con el concurso entusiasta de los comunistas y de los secesionistas, que nunca habían dejado de considerarse en guerra contra el Estado, «burgués» para unos y «español» a secas para otros.

Y en esas seguimos. La estrategia no ha variado, pero la derecha sigue sin enterarse. Cree que, como mucho, se enfrenta a un acoso político. Para la derecha, la política es la negación de la guerra. Para la izquierda, por el contrario, supone la continuación de la guerra por los medios que estime convenientes. El fundamento táctico de la estrategia de la izquierda consiste en persuadir al enemigo de que no está haciéndole la guerra sino una mera oposición política que no excluye la cooperación en tiempos de emergencia. A tal fin respondió, el pasado jueves, la monserga del presidente de la flamante Comisión de Reconstrucción sobre la función salvífica de la política. Patxi López viene muy bien para este tipo de maniobras. No hay que olvidar que fue la pieza de la que se valió en su día Rodríguez Zapatero para quitarse de en medio a Nicolás Redondo Terreros, obstáculo principal para la aproximación del PSOE a ETA, que ha culminado hace unos días en el pacto del gobierno socialcomunista con Bildu.

Pese a sus crispaciones retóricas, la derecha se resiste a ver lo que pasa ante sus ojos. El estupor y la indignación le impiden pasar del mero pataleo ante la desfachatez y la arbitrariedad del Gobierno sanchista, que abusa alegremente de la provocación y del cinismo proclamando que, de la catástrofe presente, «salimos más fuertes» (ellos, no España). La derecha parlamentaria tiene varias estupendas oradoras, pero carece de analistas perspicaces. Afirmar, por ejemplo, que Podemos quiere destruir el Estado es una melonada. ¿A santo de que iban a querer los chavistas españoles privarse del arma fundamental que controlan y emplean a su antojo para ganar la guerra civil? Lo que quieren destruir el PSOE y UP es la derecha, no el Estado. Como mucho, lo purgarán de gente incómoda para sus propósitos, sean abogados del ídem o guardias civiles. A ver si aprendemos.

Los terroristas son terroristas, díganlo Franco o Cayetana
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 31  Mayo 2020

El cráneo previlegiado de la ministra de Igualdad, oquedad donde toda palabra es eco, todo concepto prestado y cada sílaba de alquiler, ha alumbrado esta semana una fórmula que ahorra toda investigación histórica y coloca lo que la Humanidad ha hecho hasta hoy, de idiomas a batallas, de basílicas a pantanos, de música a filosofía, bajo la sospecha de la identidad política del que lo cuente, que destiñe en todo lo contado. El párvulo magín de Irene Montero ha producido, es decir, copiado, porque toda la podemia graznó lo mismo en las redes, una frase cuya sinceridad no puede honrarle porque es ajena pero cuya claridad hay que agradecer: "ese es el problema: estamos llamando terroristas a los que Franco llamaba terroristas".

Comunismo y terrorismo cultural
Sin saberlo, porque se lo impide su ignorancia, siempre en guerra con la gramática, la historia y todo saber codificado, lo que hace la Ignara es aplicar a una parte de nuestra historia, los últimos años del franquismo, que desconoce por partida doble, porque ni la vivió ni ha sido capaz de estudiarla, el mismo esquema intelectual que llevó a Pol Pot, Mao y otros genocidas comunistas a destruir o prohibir todo lo que no coincidía con sus ideas preconcebidas, que se convertían en la interpretación de la historia que en ese momento imponía el partido comunista. Decenas de miles de monumentos budistas fueron demolidos en China, millones de documentos de la civilización más antigua del mundo fueron quemados, la pintura, la cerámica, la literatura y cuantas artes fueron genialmente cultivadas por los sabios chinos durante tres mil años fueron destruidas por el PCCh, el del virus. Se salvó bastante, porque era mucho a destruir y los lerdos del librito rojo no sabían qué era lo más valioso, salvo quizás para robarlo y venderlo.

La doctrina básica viene, como todo el terror comunista, de Lenin y alcanza su cénit en Lyssenko, creador de la "ciencia proletaria" al gusto de Stalin. Aquel siniestro majadero decidió aplicar la vulgata leninista, que subordina todo a la política que marque el Partido ese mes, y que debe ser obedecida por vegetales, animales y minerales, microbios, virus y vacunas, por todo aquello, en fin, que pueda pasar por el laboratorio para establecer científicamente su naturaleza. Pero como la única ciencia es el marxismo-leninismo, si un biólogo burgués da con la fórmula química para salvar el tomate de alguna plaga, esa fórmula será burguesa y debe desecharse. Es más, al biólogo habrá que mandarlo al Gulag, para que se pudra. No hay vacuna para el estigma de la clase social maldita. Eternamente culpable.

Aquella joven guardia roja
Irene recuerda a aquella jovencita que le pone a Mao, depredador de vírgenes que presumía de lavarse en ellas, y nunca se duchó, el brazalete de los Guardias Rojos para inaugurar la última gran masacre de sus enemigos. Con el aval del Presidente y el soporte del ejército de Lin Piao, compilador del Libro Rojo, aquella horda de jóvenes asesinos perpetró toda clase de salvajadas, aparentemente espontáneas pero orientadas por Chiang Ching, la banda de los cuatro de Sanghai y el quinto, que era Mao. "Cisnes Salvajes" o "Balzac y la joven costurera china" son magníficas referencias autobiográficas de aquella barbarie, que recuerda la quema de la biblioteca de Córdoba por Al-Hakem II para dejar sólo el Corán, el único libro que realmente hay que leer, como el Libro Rojo en la Revolución Cultural Proletaria. También se prohibió a Mozart, porque siendo Occidente el corrupto fruto del capitalismo, o sea, del mal, esa música reaccionaria debía ser extirpada del oído de la sana juventud proletaria y campesina. Y con la música, la literatura, el cine o el arte abstracto, degenerados y burgueses.

Se dirá que medio siglo después, Mozart sigue siendo Mozart y el Partido Comunista Chino una banda asesina, corrupta y terroríficamente cruel. Pero en la mentecilla de algunos bípedos y bípedas sigue vivo el afán iconoclasta de destruir lo que no comprenden o no saben cómo tratar. Los jemeres rojos mataron a todo el que llevara gafas, porque servían para leer y nada bueno podía salir de los libros, que no plantaba el campesinado. Irene, la Nueva Abentofaila, filósofa autodidacta y pensadora a tientas, pretende algo más: que las palabras no sean sólo palabras, que cada una se impregne de un contenido no verbal, sino ideológico y de clase, que sean armas arrojadizas.

Cuando el FRAP reivindicaba sus crímenes
Es verdad que Franco llamaba terroristas a los del FRAP, pero la Docta Irene desconoce -porque, aunque tres veces madre, es virgen en Historia de España- que el PCE y toda la Oposición también les llamaba terroristas. Álvarez del Vayo, presidente del FRAP, consideraba la política de "reconciliación nacional" del PCE colaborar con la dictadura, como la ETA o el Grapo. Total, que los únicos antifranquistas fueron los terroristas. La doctrina derivada de absolver a los terroristas que fueran antifranquistas supone que el antifranquismo es la abolición de toda norma moral y ética, empezando por el respeto a la vida de los demás. Es la ETA. Y Caracas.

Vayamos al caso de Iglesias Peláez. Junto a la Información de Carlos Dávila, Segundo Sanz resumía así en OK Diario su democrática hazaña:

"Lo que no cuenta el papá —acusado de asociación ilícita— son los planes violentos y orquestados de antemano que tenía para aquel día el Frente donde él combatía vía FUDE. Iglesias Peláez llamó a participar en una marcha donde el Comité Coordinador pro-FRAP había articulado «grupos de protección» para «responder con la violencia revolucionaria a la violencia fascista», según el comunicado que reivindicó aquel derramamiento de sangre. «El ajusticiamiento de los asesinos policías el primero de Mayo en Madrid ha producido gran entusiasmo entre todos los sectores populares», recogió el texto."

Se dirá que hay antiguos terroristas -por ejemplo, etarras- que, tras lamentar su pasado, hacen todo lo posible por impedir que otros los imiten. Si ese fuera el caso de Iglesias y su padre, nada habría que objetar. Pero lo que ellos hacen es presumir de la violencia y esconderse en las faldas de la Justicia y los medios de su cuerda para vengarse de quienes los denuncian. Por eso es importante buscar proclamar la verdad, sin perderse en matices. Y denunciar lo denunciable donde políticamente se debe: en las Cortes.

¿Y si Papá Iglesias hubiera sido fascista?
Como todo esto viene del bofetón de Cayetana en respuesta a las bofetadas que venía soportando, con la complicidad de Batet, del Macho Alfa Rojo, vamos a suponer que, en vez de haber ido a la cárcel como parte de una organización criminal comunista, Papá Iglesias lo hubiera sido por pertenecer a los Guerrilleros de Cristo Rey o a cualquier grupo violento de extrema derecha. ¿Qué habrían dicho las cayetanas del PSOE y Podemos? Algo no muy distinto que lo que dicen siempre contra el PP y contra Vox: que de tal palo tal astilla, que son los apellidos del capitalismo eterno, que son los títulos aristocráticos de la explotación secular de los pobres, etc.

Sin embargo, algunos creen de buena fe -Casado y los suyos no, es puro cálculo electoralista a lo Rajoy: no moverse y el Gobierno caerá solo- que responder a la Izquierda con las mismas armas dialécticas, mejoradas en el caso de Cayetana, porque nadie de la Izquierda le llega al tacón, es malo políticamente para la Derecha. Y la razón es la superioridad mediática de la Izquierda, que le permite presentar como víctima de no se sabe bien qué calumnia, a un maltratador habitual de sus oponentes políticos, como se ha visto con Espinosa de los Monteros en la Comisión de Redestrucción.

En mi opinión, esa superioridad mediática viene del mismo complejo de inferioridad en que se recrea la Derecha desde que trajo la Democracia. Porque no fueron Álvarez del Vayo, sus jóvenes asesinos y propagandistas los que trajeron a España libertad alguna. Ellos se arrogaron el derecho a matar a quien les pareciera, como han hecho siempre los comunistas; y en especial desde que Lenin, hace un siglo largo, creó el primer totalitarismo.

No hay que pasar una
Cuando la Nueva Abentofaila, filósofa autodidacta y docta en bulos, amenaza a la Oposición, como hace el Gobierno despótico venezolano, que es su modelo, no hay que achantarse jamás. Si amenaza su todavía marido, menos aún. A quien no respeta más que la fuerza, aunque sea dialéctica, no se le puede tratar con elegantes evasivas ni acicaladas ironías cobardianas.

Si España logra evitar la dictadura de Iglesias y Sánchez será porque ha aprendido a no pasar una, ni verbal ni política, a estos matones. Hay que empezar a librar, primer paso para poder ganarla, la batalla cultural, que empieza y termina en las palabras. Y no se puede vivir bajo la mentira. Es mentira que algún comunista haya luchado alguna vez por la democracia. Es mentira que lo hiciera ninguno de los poco claros varones Iglesias. Es mentira que se pueda convivir con la mentira sin acabar mintiéndose a uno mismo. Y los terroristas son y serán siempre terroristas, díganlo Franco o Cayetana.

La confrontación emana del Gobierno
República republica 31  Mayo 2020

Se están escuchando voces y llamamientos a la distensión y la concordia en el debate político cuando el país está inmerso en una grave crisis sanitaria, económica y social. Pero no son los agrios debates políticos los que están emponzoñando la situación sino los hechos y las nefastas decisiones de los que están al frente del Gobierno de la nación.

Hechos concretos que no solo han indignado a la oposición sino también a muchos dirigentes del PSOE y a ciudadanos representados por una amplia mayoría del arco parlamentario, como se aprecia en las decisiones que han desatado la crispación política y ciudadana:

– El pacto con Bildu, sobre la reforma laboral. Adivinen el nombre del que ha sido el negociador, en representación del Gobierno, que pactó con EH Bildu, o mejor dicho con Arnaldo Otegui, el compromiso firmado por el PSOE, UP y EH Bildu, por el que los tres partidos se han comprometido por escrito a derogar en su integridad la vigente ‘reforma laboral’ que aprobó el Gobierno de Rajoy.

Pues el negociador de esta infamia, en el nombre de Pedro Sánchez (que sin duda estaba al corriente de todo y de la firma estampada por Adriana Lastra) que ha indignado a los españoles y ha crispado el debate político fue Pablo Iglesias. El que además es claro defensor de la derogación íntegra de dicha reforma que el Gobierno ha entregado al brazo político de ETA, a cambio de una miserable abstención en la quinta prórroga del ‘estado de alarma’.

– El caso Marlaska, por el cese ilegal del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Perez de los Cobos cesado por Marlaska y la Directora de la Guardia Civil María Gámez por negarse el coronel a violar la legalidad y a entregar al gobierno el informe secreto que ‘la policía judicial’ había elaborado sobre la manifestación feminista del 8-M a petición de la juez Carmen Rodríguez Medel.

– Golpe de Estado. Sin aportar prueba o indicio alguno el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias acusó a la oposición del PP y Vox de promover un ‘golpe de Estado’ buscando la ‘insurrección del Ejército y la Guardia Civil’, lo que son gravísimas acusaciones en boca del Vicepresidente del Gobierno Iglesias y de su compañera la ministra Irene Montero sin que ninguno de los dos haya recibido el menor reproche del Presidente Sánchez.

– El indulto. El vicepresidente Pablo Iglesias ha pedido públicamente el indulto de los golpistas catalanes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Y lo ha hecho Iglesias sin recato, implicando al Gobierno y a la vez que el mismo Iglesias acusaba sin pruebas al PP y Vox de fomentar un Golpe de Estado. Sobre Sánchez y Cuixart pesan pruebas y la condena del Tribunal Supremo y su petición de indultos para los golpistas catalanes obligó el viernes a la ministra Portavoz, María Jesús Montero a puntualizar que esa petición de los indultos la hizo Iglesias como dirigente de Podemos y no como miembro del Gobierno, lo que resulta imposible de disociar.

– El número de muertos en España por el coronavirus. El Gobierno miente de reiterada manera sobre el verdadero número de personas fallecidas en nuestro país por causa de la epidemia. Y se niega a dar la cifra del número de ancianos fallecidos, por el virus, en las residencias de mayores.

Y todo esto de Bildu, Marlaska, el falso golpe, los indultos y el oculto número de los fallecidos en España por el virus, son hechos graves que han generado tensión política y crispación social. Y estos hechos han partido todos ellos del Gobierno de España y no de la Oposición.

Y estén atentos porque no tardaremos mucho tiempo en ver cómo se va a convocar la mesa de diálogo de los Gobiernos de España y Cataluña como ya lo apremia ERC para hablar de los indultos a los golpistas catalanes y de una pretendida e ilegal ‘consulta’ catalana sobre autodeterminación. Y una vez que eso ocurra entonces volverán la tensión y la confrontación de la que es responsable el Gobierno de la nación.

Sánchez cede ante los separatistas: pacta con ERC la sexta prórroga del estado de alarma
ERC como el PNV le saca a Pedro Sánchez la gestión del ingreso mínimo vital y la del fondo de reconstrucción europeo que abonará Bruselas a España
Joan Guirado okdiario 31  Mayo 2020

Habrá sexta prórroga del estado de alarma. Pedro Sánchez ya tiene los apoyos suficientes gracias al PNV y Esquerra Republicana. El presidente del Gobierno cede ante los separatistas y les permitirá también gestionar su ingreso mínimo vital, igual que con los nacionalistas vascos. Esto se suma a la partida destinada a Cataluña del fondo de reconstrucción europeo que Bruselas entregará a España. La ejecutiva de los republicanos está reunida ahora mismo.

Fuentes de Moncloa consultadas por este periódico señalan que será la última prórroga del estado de alarma y que abarcará hasta el final de la desescalada. El presidente del Gobierno, que normalmente anunciaba los sábados la petición de extensión al Congreso de los Diputados, en esta ocasión habría aplazado su comparecencia hasta mañana domingo, tras la reunión con los presidentes autonómicos, al no tener cerrados los apoyos, que se negociaban a múltiples bandas.

El jefe del Ejecutivo mantenía abiertas las negociaciones con Esquerra Republicana (ERC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Ciudadanos. Cualquier ‘sí’ de los tres le servía. Le daba igual la fórmula. Por eso, en esta ocasión no se ha cerrado a nada. Él personalmente y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, han pilotado las negociaciones desde el Palacio de La Moncloa. A diferencia del resto de peticiones de prórroga la portavoz socialista, Adriana Lastra, no ha jugado el mismo papel debido al incendio que provocó el acuerdo con Bildu.

Con la ‘nueva normalidad’, tal como ha avanzado este sábado OKDIARIO, Sánchez pretende reanudar también las reuniones de la mesa de negociación con los separatistas. Aunque no forma parte directamente del acuerdo suscrito entre el PSOE, Podemos y ERC hoy, fuentes conocedoras de las negociaciones sí admiten que se ha hablado de ello y se ha pactado que fuera así.

Reuniendo de nuevo la mesa de negociación del referéndum independentista -una de las exigencias de ERC para facilitar la investidura de Sánchez y la formalización de la coalición entre el PSOE y Podemos-, el núcleo duro de La Moncloa cree que podrá volver a atraer a los de Oriol Junqueras al bloque de los socios habituales del Gobierno. La estabilidad es una de las máximas preocupaciones de un gabinete ya de por sí inestable.

El rechazo de ERC a las dos últimas prórrogas del estado de alarma encendieron todas las luces rojas en el complejo presidencial. En el acuerdo de investidura, aunque no se reflejó por escrito, el PSOE pidió compromiso a todas las fuerzas que facilitaron la elección de Sánchez para facilitar la gobernabilidad. Por eso, a menos de seis meses de tener que negociar los presupuestos generales, este viraje de los independentistas al bloque del ‘no’ siembra dudas sobre la viabilidad de la legislatura.

La recuperación de Esquerra Republicana al carril de los socios prioritarios del Ejecutivo era crucial para el Gabinete de coalición. Hoy algunos respiran más tranquilos tras volver a llegar a acuerdos con el partido separatista tras dos votaciones teniendo que hacer malabarismos con Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco.

Una vez se levante el estado de alarma, el Gobierno pretende volver a reunir la mesa de negociación con el Govern a partir de la segunda semana de julio, ya con España fuera del plan de desescalada y con una previsión de situación sanitaria controlada. El gabinete de Pedro Sánchez ya busca fecha para el segundo encuentro como fórmula para recomponer relaciones con ERC.

Aunque Sánchez repite en cada una de sus intervenciones que «aún quedan cuatro años» de mandato, lo cierto, según varias fuentes consultadas por este periódico, es que en el Gobierno muchos empiezan a temer con no llegar a final de año. Si el acercamiento de ERC llevado a cabo este sábado se frustra el fin de la legislatura puede llegar con la negociación de los presupuestos.

Para los secesionistas es clave la cesión de reunir a la mesa a meses vista de las elecciones catalanes, que como muy tarde se celebraran a principios del 2021. Es un «win-win», resume un colaborador del presidente que asume que «tenemos que ser capaces de ceder en cosas que no nos guste».

A la vuelta del verano empezará el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado. Será entonces, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deberá convencer a los grupos. Aunque en su entorno dan por seguro que llevará las cuentas a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, antes de la pandemia ponía en duda hacerlo si antes no tenía la seguridad de que iban a salir adelante. Cumplir con el compromiso de la bilateral, pues, es hoy cuestión de supervivencia.

Socio preferente
En Moncloa, pese a que los catalanes les han dejado tirados en un par de ocasiones -durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado del año pasado y en las dos últimas prórrogas del estado de alarma- continuan considerando a ERC como su socio preferente. En el equipo de Pedro Sánchez consideran que el futuro de la legislatura pasa por mantener el acuerdo de la moción de censura y la investidura «al coste que sea». La desconfianza en ERC es cada vez mayor. No se fían ni de la palabra de Sánchez ni del Gabinete de coalición. A pesar de todo, están condenados a entenderse.

Todas las encuestas dan a ERC la presidencia de la Generalitat. En ese escenario, entonces, los de Junqueras deberán elegir si continuan gobernando con JxCAT, con quién la relación es muy tóxica, o si por contra exploran un nuevo pacto de izquierdas como los tripartitos que durante casi una década gobernaron Cataluña. Para este segundo escenario, que implicaría sumar también a los Comuns, el PSC es imprescindible.

Cs dijo pactar el fin de la mesa
Durante las negociaciones del apoyo de los diez diputados de Ciudadanos a la cuarta prórroga del estado de alarma los naranjas pusieron sobre la mesa del Gobierno romper el diálogo con la Generalitat y los independentistas. Tras anunciar el acuerdo mediante un comunicado conjunto, de Cs y el PSOE, los de Inés Arrimadas emitieron otro breve mensaje en el que alardeaban de haber puesto fin a la mesa de negociación con los independentistas.

Fuentes del Gobierno, por eso, les desmintieron rápidamente y dejaron claro que una cosa no vinculaba a la otra. De hecho, en paralelo a la firma de ese pacto, la vicepresidenta primera Carmen Calvo ya hablaba con el vicepresident del Govern, Pere Aragonès.

Cataluña
Sánchez facilita a Torra otro referéndum separatista: le da los datos de Hacienda de 7 millones de catalanes
Joan Guirado okdiario 31  Mayo 2020

La Generalitat de Carles Puigdemont utilizó ilegalmente el censo de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) para organizar el referéndum ilegal de independencia del 1-O. El president Quim Torra lo tendrá ahora más fácil.

Pedro Sánchez ha pactado nuevas concesiones a la Generalitat a cambio de la abstención de ERC para aprobar la sexta prórroga del estado de alarma. Como resultado de este acuerdo, el Ejecutivo de Quim Torra podrá gestionar directamente el fondo de reconstrucción financiado por la Unión Europea y la renta mínima vital impulsada por el vicepresidente Pablo Iglesias como una gran operación de propaganda.

Esta última concesión implica que la Generalitat tendrá acceso a los datos de Hacienda de más de siete millones de catalanes, para poder decidir quiénes tienen derecho a cobrar la renta mínima, en función de su nivel de ingresos y patrimonio.

Uno de los grandes proyectos del Govern de Puigdemont fue la creación de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) que, como ‘estructura de Estado’, debía contribuir a financiar el proceso de independencia. El ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras (hoy en prisión) gastó 753.000 euros públicos en dos aplicaciones informáticas que permitirían a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) recaudar todos los impuestos estatales sobre los que la Generalitat no tenía competencias, como el IRPF y el IVA, así como las cotizaciones de la Seguridad Social.

El Ejecutivo regional ya había comenzado a almacenar desde 2014 los datos fiscales de miles de contribuyentes catalanes, mediante una campaña en la que animó a los ciudadanos a registrar voluntariamente su declaración de IRPF ante la Generalitat, tras abonarla a Hacienda.

Según los informes intervenidos por la Guardia Civil en el registro la Consejería de Economía, el equipo de Junqueras estimaba que la Generalitat necesitaba recaudar al menos 5.000 millones de euros al mes, para que Cataluña pudiera funcionar como Estado propio tras declarar la independencia.

El pacto entre el PSOE y ERC para aprobar la nueva prórroga del estado de alarma se produce pocos días después que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya destituido al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por negarse a facilitarle un informe confidencial remitido al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, sobre las manifestaciones del 8-M celebradas en plena pandemia.

ERC había exigido a Pedro Sánchez reiteradamente la cabeza de Pérez de los Cobos, porque fue el encargado de coordinar el dispositivo policial para impedir el referéndum ilegal de independencia del 1-O. Además, en el juicio del Tribunal Supremo en el que Junqueras fue condenado por sedición, Pérez de los Cobos señaló que el mayor Josep Lluís Trapero diseñó el dispositivo de los Mossos para facilitar la celebración del referéndum.

Para facilitar la prórroga del estado de alarma, ERC también ha exigido a Pedro Sánchez que convoque cuanto antes la llamada ‘Mesa de dialogo’ bilateral entre el Gobierno español y el Govern de la Generalitat, con el fin de negociar un nuevo referéndum de independencia.

En Moncloa, pese a que los catalanes les han dejado tirados en un par de ocasiones continuan considerando a ERC como su socio preferente. En el equipo de Pedro Sánchez consideran que el futuro de la legislatura pasa por mantener el acuerdo de la moción de censura y la investidura «al coste que sea».

‘Mesa de diálogo’
Una vez se levante el estado de alarma, como símbolo de la vuelta a la normalidad, o lo que en Moncloa llaman ‘nueva normalidad’, el Gobierno pretende volver a reunir la mesa de negociación con el Govern de Quim Torra. A partir de la segunda semana de julio, ya con España fuera de la desescalada y con una previsión de situación sanitaria controlada, Estado y Generalitat de Quim Torra se volverán a ver. El Gabinete de Pedro Sánchez ya busca fecha para el segundo encuentro como fórmula para recomponer relaciones con ERC.

Reuniendo de nuevo a la mesa de negociación del referéndum independentista -una de las exigencias de ERC para facilitar la investidura de Sánchez y la formalización de la coalición entre el PSOE y Podemos-, el núcleo duro de La Moncloa cree que podrá volver a atraer a los de Oriol Junqueras al bloque de los socios habituales del Gobierno. La estabilidad es una de las máximas preocupaciones de un Gabinete ya de por sí inestable.


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