AGLI Recortes de Prensa   Martes 2  Junio  2020

La renta mínima permanente es el camino equivocado
José María Rotellar Libertad Digital 2  Junio 2020

El Gobierno de la nación vuelve a equivocarse. Primero, no tomó las medidas de prevención mínimas necesarias en enero para proteger a los grupos de riesgo. Tampoco se aprovisionó de material sanitario en grandes cantidades para tener test con los que hacer pruebas masivas a la población llegado el momento, para poder aislar a los contagiados y evitar la propagación exponencial, protegiendo a los grupos de riesgo, y poder contar con equipos apropiados para los sanitarios. Eso llevó a que, tras empecinarse en no hacer prácticamente nada hasta que no se celebrase la manifestación del ocho de marzo, el contagio se expandiese ya como una mancha de aceite. Cuántos infectados se producirían en dicha manifestación, que infectarían a otras personas después en sus centros de LAStrabajo, transporte público y familias. Cuántas muertes podrían haberse evitado. Y cuánto menor habría sido el perjuicio para la economía, pues las medidas no tendrían que haber sido tan duras, ni en duración ni en intensidad y el tejido productivo habría sufrido mucho menos y, con él, estarían muchos menos empleos en peligro, pudiéndose recobrar, además, de manera más rápida e intensa. Investigadores de Fedea han calculado que se habrían producido un 62,3% menos de contagios. Si con los datos del ministerio de Sanidad hay una tasa de mortalidad del 11,37% (fallecidos entre contagiados), entonces se puede calcular de manera certera, a partir del estudio de Fedea, que podríamos tener 16.896 fallecidos menos de haber sido diligente el Gobierno. Cuántas vidas podrían haberse salvado, probablemente; cuanto dolor y ruina podrían haberse evitado de haber sido el Gobierno más diligente y previsor en lugar de guiarse por motivos políticos para que se celebrase dicha manifestación.

Posteriormente, tras su retraso en adoptar medidas preventivas, se apresuraron a decretar el cierre de la mayor parte de la economía -y durante dos semanas, de casi toda- con el consiguiente perjuicio a cientos de miles de empresas y a millones de trabajadores. Según las estadísticas de la Seguridad Social, más de 120.000 empresarios se dieron de baja en marzo, casi 950.000 empleos se perdieron hasta el treinta de abril y 3,4 millones más de españoles están afectados por un ERTE, es decir, técnicamente no se les considera desempleados, pues la relación laboral se suspende, no finaliza, pero no trabajan y no tienen ingresos laborales en la inmensa mayoría de los casos, con el riesgo de que gran parte de esos cuatro millones se conviertan en parados definitivos si se siguen aplicando las medidas económicas gubernamentales.

Después, anunciaron medidas económicas de liquidez para las empresas, pero se quedaron en eso, en un anuncio que se traduce, en realidad, en un empaquetamiento de avales por quintas partes en lugar de garantizar liquidez ilimitada a las empresas a las que han obligado a cerrar desde el sector público. El Gobierno debería darse cuenta de que si las empresas resisten, el empleo se recuperará a buen ritmo, pero si no lo hacen podremos tardar años en recobrar el nivel de actividad, prosperidad y empleo anteriores a esta crisis.

Y ahora, tras un debate intenso entre lo que propugnaba Iglesias y lo que quería proponer Escrivá, deciden impulsar una renta mínima, que constituye un elemento perjudicial para la economía y para los ciudadanos.

La medida queda lejos de la que quería Pablo Iglesias, que era, poco más o menos, llegar a subvencionar con 1.000 euros al mes a cerca de dos o tres millones de personas, y tampoco es tal y como la AIReF, cuando la presidía Escrivá, proponía. Queda limitada ahora a una horquilla entre 462 y 1.015 euros; el beneficiario es el hogar, no el individuo -en eso, sí que sigue la pauta de la AIReF-; y servirá para completar el ingreso de las familias hasta ese mínimo, habiendo hasta catorce clases de familias en lo concerniente a las ayudas que pueden recibir. Es decir, no se recibirán 462 euros en la banda baja, sino la diferencia que exista entre los 462 euros y lo que ingrese ese hogar.

Todo ello, reduce el gasto inicial a 3.000 millones de euros al año, que es verdad que es una cifra más baja que los 17.000 millones de euros que se desprendía de la estimación de la AIReF para unas 800.000 familias, que crecía hasta ese importe si llegaba al millón, como siempre dijo el Gobierno, que ahora deja a los hogares beneficiarios en 850.000. Y también es cierto que se exigirá el requisito de estar en búsqueda de empleo para poder acceder a la misma, con el intento de evitar abusos, pero sigue siendo contraproducente.

Había otras alternativas
Es obvio que no se puede dejar a la intemperie a las personas que se encuentren en una extrema necesidad, pero el establecer este ingreso mínimo vital no es la mejor manera de atender ese problema. Puede articularse algún subsidio de desempleo, como ya se hizo en el pasado con la prestación de 400 euros para quienes agotasen el plazo máximo del subsidio de desempleo, o eliminar el cómputo de consumo del período de prestación empleado a lo largo del presente año como consecuencia del coronavirus, o incluso aplicar la idea de Friedman de un impuesto negativo sobre la renta, pero no generar un subsidio permanente.

En primer lugar, porque sustituye cualquier incentivo al trabajo para muchas personas, pues pese a que se exija estar en búsqueda de empleo, es muy complicado demostrar que una persona no lo hace, habida cuenta de lo mal que funcionan los servicios de empleo públicos cuando se trata de encontrarle a alguien un puesto de trabajo. Y pese a que se prevé que no pierda la prestación un beneficiario que encuentre un puesto de trabajo, deberá estar muy tasado el espacio temporal para no caer en la picaresca.

En segundo lugar, porque puede convertirse en una suerte de votos cautivos a cambio del mencionado subsidio, recordando a los tiempos del caciquismo de la restauración, pero de manera disimulada y bajo el celofán del "escudo social" que no cesan de repetir en el Gobierno.

La Seguridad Social, al límite
Y en tercer lugar, porque presiona el gasto de manera exponencial, nos lleva a un déficit y deuda que pueden ser insostenibles y podría anticipar el colapso del sistema público de pensiones, pues introducir esta bomba de relojería en las cuentas de la Seguridad Social es una locura. El sistema acumula ya una deuda de más de 55.000 millones de euros a cierre de 2019, con un incremento de la misma a razón de entre 12.000 millones y 14.000 millones de euros anuales, con un incremento de casi 30.000 millones de deuda desde el último trimestre completo de Gobierno del PP. Así, con Sánchez la deuda de la Seguridad Social se ha incrementado en 27.661 millones, mayor el incremento en 298 millones que la deuda que tenía la Seguridad Social en el ITR-2018. Es más, con los nuevos préstamos adicionales solicitados en 2020, que suman 45.000 millones de euros, en endeudamiento se elevará exponencialmente en cuanto se publiquen dichos datos.

Si el sistema es ya deficitario y con semejante crecimiento de deuda, cómo va a soportar este coste añadido, en un contexto de grave crisis -que implicará caída de cotizantes, que ya ha empezado con el primer millón de afiliados perdido- y un aumento de pensionistas muy importante por jubilación de las cohortes más numerosas del baby boom.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido implantar esta medida que agravará mucho la delicada situación de la economía española. Aunque el coste de la medida se haya reducido respecto a los primeros borradores (donde se movía entre 11.000 millones y 17.000 millones de euros), sigue suponiendo un coste no asumible para España, por lo estructural de la medida.

Eso significaría que a los alrededor de 14.000 millones anuales de incremento de deuda de la Seguridad Social de un año a otro -incrementada este año, por las circunstancias excepcionales que vivimos en otros 30.000 millones adicionales-, habría que sumarles otros 3.000 millones más. De esa manera, sólo por la evolución deficitaria del sistema, sin aplicar la renta mínima, la deuda de la Seguridad Social puede acabar en 2020 en casi 100.000 millones de euros-. Si, además, se aplicase la renta mínima, sobrepasaría los 100.000 millones de euros (contando sólo con siete meses de aplicación de dicha renta).

Ese coste de 3.000 millones de euros es mayor que el montante que Sánchez ha dejado en el Fondo de Reserva de la seguridad Social, con 2.150 millones de euros a cierre de 2019.

De esta manera, lo primero que pondrá en riesgo esta medida son las pensiones, pues incorporará una tensión extrema a las cuentas de la Seguridad Social. Si el sistema público de pensiones necesita ser reformado para garantizar su viabilidad, es del todo suicida desestabilizarlo más con esta pesada carga. Lejos queda cuando Aznar, que fue quien creó el Fondo de Reserva, lo dejase con 15.182,04 millones de euros en marzo de 2004. Ahora bien, si esos euros los transformamos en euros de diciembre de 2019, para hacerlos comparables en el tiempo con el importe del fondo a cierre de 2019, al aplicar la variación del índice de precios desde entonces (que ha crecido en ese período un 31,99%), la cifra que dejó Aznar en euros de diciembre de 2019 es de 20.038 millones de euros frente a los 2.150 millones -y descendiendo- a los que ha caído el fondo con Sánchez. Es cierto que como no es sostenible el sistema sin reformas, mientras no se reforme seguirá acumulando deuda y disminuyendo dicho fondo, pero nada ha hecho Sánchez para impulsar la reforma, al concentrarse en otros temas que, además, han aumentado el gasto. La renta mínima lo tensará todavía más.

En definitiva, es un camino equivocado el que ha elegido el Gobierno con la aprobación renta mínima permanente frente a otras alternativas más eficientes y que garantizarían, igualmente, el auxilio de las personas que se encuentran en una situación complicada, pero parece que el Gobierno está más por la labor de administrar la miseria de una sociedad subvencionada que por impulsar la prosperidad de una sociedad dinámica.

Pablo Iglesias, azote de la economía
Editorial larazon 2  Junio 2020

El Banco de España alerta de que la salida de capitales extranjeros en el mes de marzo triplica a la del mismo período del año anterior, con más de 26.300 millones de euros, mientras el Gobierno anuncia nuevas figuras impositivas.

Una de las preguntas más insistentes que suscitan los programas económicos de la izquierda versa sobre la imposibilidad de que con la aplicación de unos modelos determinados se obtengan efectos diferentes. O dicho de otra forma, cuál es el mecanismo intelectual que lleva a un dirigente político en el siglo XXI a considerar que el dirigismo económico y el control estatal de los mercados puede dar un resultado distinto al que ha producido, sin ir más lejos, el sistema socialista bolivariano, que, remedando el viejo chiste de tiempos de la guerra fría, se ve obligado a importar gasolina, pese a nadar en un mar de petróleo.

Viene a cuento esta pequeña reflexión tras la publicación por el Banco de España de los últimos datos disponibles sobre la evolución del flujo de capitales en nuestro país, que hoy recoge LA RAZÓN, que revelan una salida neta inversora en el primer trimestre del año de 3.900 millones de euros –se han «fugado» 26.300 millones de euros sólo en el mes de marzo–, más del triple que la registrada en el mismo período del año pasado, lo que supone, por supuesto, un cambio de tendencia brutal con respecto a 2018, cuando las inversiones exteriores en España –donde operan 14.000 empresas de capital extranjero– registraban un incremento del 71%, por encima de los 46.000 millones de euros. No dejaba de extrañar a los economistas que en las cuentas de la lechera de Unidas Podemos nunca figurará este factor del flujo de capitales, aunque, ahora, sí podemos entenderlo.

No conviene, además, quedarse en la explicación más simple, la que atribuye todos los resultados negativos a la pandemia del coronavirus, fenómeno prácticamente global y, por lo tanto, neutro a estos efectos, porque existen evidencias de que una buena parte de esas inversiones han recalado en países como Holanda, tan afectados como España por la crisis sanitaria, sino, más bien, en la deriva izquierdista del actual Gobierno de coalición español y sus anuncios de una «nueva fiscalidad» que afectará tanto a los fondos de ahorro como a los capitales inversores, que es lo que se oculta detrás de expresiones como «Tasa Tobin», «impuesto a la grandes fortunas» o «Tasa Covid». Tal vez, la inmensa mayoría de la clase media y de las pequeñas y medianas empresas tengan que resignarse a sufrir una nueva vuelta de tuerca en la presión fiscal, pero otros supuestos «paganos» del edén económico que propone Pablo Iglesias, simplemente, se trasladarán a mejores climas.

Con un problema añadido, que las previsiones de ingresos públicos a través de las nuevas fórmulas impositivas que calculan los partidos de la extrema izquierda no se sostienen, salvo que se acometa una subida brutal de los impuestos de IRPF, Sociedades, Patrimonio e IVA, que compense las pérdidas de la recaudación que va a provocar una crisis con caídas previstas, en el peor de los casos, de hasta el 14% del PIB. Nada que no sepamos ni que no haya experimentado el mundo cuando el marxismo, lleve el apellido que se quiera, se dispone a dejar su impronta sobre el modelo económico y social de cualquier país de corte occidental. Los problemas que afronta España son de una gravedad extrema y sólo con la combinación de un uso ortodoxo de la ayuda financiera europea y de medios que impulsen la productividad y el consumo interno se podrá superar la crisis. Pero el líder de la izquierda populista, Pablo Iglesias, insiste en un modelo fallido que, eso sí, parece indestructible en su formulación más básica. Esa que vende el eslogan de «que paguen los ricos», pero que siempre se traduce en el empobrecimiento de mayores capas de la clase media, que es el único yacimiento fiscal que aún se puede seguir explotando. Aunque no mucho más, créalo o no el vicepresidente segundo del Gobierno.

CANSADA DE LA BURLA IMPUNE
El despertar de la derecha
Redacción rebelionenlagranja 2  Junio 2020

Por su interés reproducimos el artículo de C.S. Fitzbottom titulado ‘El despertar de la derecha’ en Piensa en Libertad el pasado 15 de mayo www.piensaenlibertad.com

La derecha española lleva dormida, al menos, 56 años. Es mi teoría de filatélico. En 1964 hubo una extraordinaria emisión de sellos, conmemorando los XXV años de paz. La guerra civil había concluido hacía casi una generación, y el régimen de Franco, en vez de su victoria, hablaba ya de lo construido en común, de reconciliación, con el mismo espíritu con el que se acababa de inaugurar apenas unos años antes el Valle de los Caídos, recogiendo los restos de las víctimas de uno y otro bando.

Puede que de aquellos sellos arranque mi amor a España. Quizás por eso tenga más presente aquel aniversario. Puede que fuera antes o después. De lo que estoy seguro es que, a diferencia de la derecha británica o la francesa, la portuguesa o la italiana, la norteamericana o la japonesa, la derecha española está presa de un terrible complejo, que puede que esté concluyendo en esta extraña época de reclusión.

En las últimas elecciones, hace apenas unos meses, casi la mitad de los votos en España fueron a opciones de centro, centro-derecha y derecha; y casi la otra mitad, a partidos de centro-izquierda, izquierda y extrema izquierda. Curioso. Fue casi lo mismo en las anteriores. Y en las previas. Y en las de 1977. Y en las de 1936. Y siempre que se llamó a los españoles a votar en libertad. Casi igual que en el resto del mundo. Porque en todas partes la mitad de la población cree que es bueno que los que corren mejor la carrera tengan un premio y que el sistema se base en eso. Y la otra mitad cree que no se puede privilegiar a los hijos de los que corrieron mejor la anterior carrera, y que el sistema produce esas injusticias, que hay que corregir. Esa podría ser una simplificación de qué significa ser de derechas y de izquierdas. Existe esa discrepancia en todo el mundo. Peter Jordan tiene magníficas charlas y conferencias en YouTube que les recomiendo y que explican muy bien la cuestión. Para todo el mundo. Pero el caso de España es distinto. A mí al menos siempre me lo ha parecido.

La izquierda, desde su control de los medios de comunicación, imperante desde 1968 en todo el mundo, y en España desde 1977, ejerce una increíble supremacía moral. Las causas que defiende son siempre justas, sensatas, razonables, morales, superiores y llevan a una evolución imparable hacia un bien mayor. Para ellos, la derecha es lo que incomprensiblemente se opone a tanta bondad, y por tanto es injusta, insensata, irracional, hipócrita y un fósil del pasado. Si encima sus ideas las expresan personajes como Donald Trump, se explica por sí misma en su peligro intelectual y real. Esta es la doctrina oficial en todo Occidente, especialmente en Europa.

Pero no quiero hablar hoy de la derecha en el mundo, especialmente porque en el mundo anglosajón, no es la parte débil del debate, y aún hay muchos foros en los que la izquierda puede ver mostradas sus vergüenzas en público. El caso español, para cualquier observador extranjero, llama la atención como un raro espécimen. Y permítanme una brevísima excursión por la historia reciente de su país, a quien tanto quiero y admiro.

Después de más de sesenta años de turbulencias civiles, la derecha española decidió organizarse y moderarse para darle a España medio siglo de estabilidad, desde 1874 a 1923. La derecha española se avergonzó finalmente de la aventura militar de Marruecos y entendió el drama del problema obrero en las capitales y de los jornaleros del campo. La derecha dio una oportunidad a la modernidad en 1931, aceptando con optimismo una república, que se imponía a pesar de haber perdido las elecciones municipales, y cuyo control asumió una izquierda que desde el primer día atacó sus valores y decidió destruir todo cuanto la mayor parte de España consideraba importante. Ardieron templos, se expropió –por tercera vez- a la Iglesia, se desmanteló el ejército, se vulneró la propiedad y se legisló una Constitución sectaria. Todo se aceptó. La derecha ganó las elecciones de 1933. El régimen republicano, la casta de entonces, se negó la permitirles el acceso al gobierno. La derecha lo aceptó. Y cuando ese gobierno no tuvo más remedio que incluir tres ministros del partido ganador de las elecciones libres –la CEDA-, entonces, en octubre de 1934, el PSOE, el PCE, la ERC, el PNV y los anarquistas –curioso, ¿les suenan esas siglas a los españoles de 2020?- se sublevaron violentamente, en un golpe de estado con ánimo de guerra civil, contra el gobierno legítimo y democrático de la república… ¡porque tenía tres ministros de derechas! En 1936, la derecha ganó las elecciones, pero la izquierda se hizo con el control del proceso electoral, y consecuentemente, del parlamento y después del gobierno. Ilegalmente nombraron a la mayoría diputados y con más ilegalidad aún, destituyeron al presidente de la república, Niceto Alcalá-Zamora. Ya lo había avisado el líder el PSOE, Largo Caballero, autoproclamado “el Lenin español”: “Si no ganamos el poder en las urnas, lo haremos en las calles”. Militantes socialistas y comunistas comenzaron a asesinar a vendedores de prensa de la oposición y a organizar grupos paramilitares. El entrenador de uno de ellos, un conocido policía del PSOE, que había disparado sobre un falangista en una manifestación, fue asesinado en represalia en uno de los enfrentamientos callejeros que él alentaba. Sus compañeros, policías y guardias civiles del PSOE, salieron en venganza a matar al líder de la oposición. No encontraron al más votado, así que liquidaron al que más hablaba en el Congreso. Dos balazos en la cabeza acabaron con la vida de José Calvo Sotelo, como le había sentenciado Dolores Ibárruri unos días antes en el Congreso de los Diputados, cuando él había denunciado sus desmanes: “Es la última vez que hablas en esta cámara”.

Cuando se descubrió el cadáver del líder carismático de la oposición –como si hoy fuera el de Santiago Abascal– tirado en el cementerio, y se supo que se sabía pero que no se podía decir que habían sido oficiales de la policía, toda la derecha, la mitad de España, supo que tenía que pelear para sobrevivir. Luchar con la misma agresividad con la que había sido atacada en 1931, en 1934 y en ese mismo instante. Y comenzó la terrible guerra civil española. Ese conflicto tan intenso, tan terrible, tan inhumano y tan místico, que ha suscitado más libros escritos que la segunda guerra mundial. No fue una lucha entre democracia y fascismo, y sólo desde la ignorancia o el sectarismo más embustero se pueden contar las cosas de otra forma. Asesinaron los rojos, como venían haciendo, y ¡ay!, también asesinaron los azules.

Hubo misas de acción de gracias en plazas con el suelo aún lleno de sangre de los jornaleros recién fusilados. Se asesinó a maestros, a socialistas, a gentes bien intencionadas que creían en la república y en valores morales que veían tras ella. Y la “derecha”, que no es una doctrina, sino un forma de vivir, supo que había pecado. Era justo luchar por sobrevivir, y pareció un milagro de justicia ganar. Pero en 1945 se supo –no se sabía antes- que los aliados nazis habían sido aún más vesánicos que los comunistas. Y en 1950 aún se fusilaba o, peor aún, se mataba de miseria a los prisioneros en campos de concentración. Miguel Hernández no moría siquiera con la dignidad de Lorca, de un balazo en el pecho, sino en la indigencia, el hambre y el abandono sórdido de cárceles inmisericordes. La derecha supo que, en la victoria, había pecado.

Los veinticinco años de paz de 1964 parecían suficientes. Ya todos tenían o aspiraban al Seiscientos, al piso en propiedad, a las vacaciones de verano, al ventilador en el dormitorio y, por fin, la lavadora automática. La clase media fue igual para todos, y dejó de exigirse el certificado de adhesión al régimen para poder opositar a un puesto público. Ya, al fin, se dejaba de cargar a los hijos por los pecados de los padres. Y todo iba a mejor. Así fue también en 1965, y en todos los años siguientes.

La derecha se liberó de Franco, es la verdad. Sólo sus más adeptos aguantaban ya su cantinela con la masonería y el comunismo. La derecha quería Europa y democracia. ¿Cómo pedirles cuentas a Carrillo y a la Pasionaria de sus asesinatos en 1939? Perdón, reconciliación. Paso de página. Un régimen nuevo, un rey joven, elecciones, partidos, políticos nuevos, hombres guapos, como Suárez y González. Democracia, transición, progreso, Europa, mantras que todos los españoles aceptaban en común.

No fue exactamente como se soñaba. Y la derecha aguantó de todo. La ETA y sus mil asesinatos y sus decenas de miles de exiliados, huidos del País Vasco por la extorsión y el miedo. La expropiación de Rumasa. El laicismo del Estado y de sus medios de comunicación, copados por la izquierda. El permanente acoso amenazante a la Iglesia y sus colegios; la burla sistemática a sus creencias. La derecha se dedicó a sus estudios, sus negocios, sus empresas… y hubo una nueva oleada de bienestar económico y se renovó la promesa de la clase media española.

Pero ocurrieron Zapatero y Lehman Brothers. Un irresponsable, indocumentado y sectario, tras un misterioso asesinato colectivo –aún no ha sido explicado el atentado del 11 de marzo de 2004- llegó a la presidencia del gobierno hablando de una extraña “memoria histórica”, que más se parecía a las campañas de Goebbels o Lenin. Y una nueva crisis económica, en 2008, dio alas a una nueva izquierda, nueva en las personas, aunque con el mismo discurso de siempre y, curiosamente, con la misma aversión al gel de baño y al buen gusto.

Hubo cambio de caras en esos años. Hasta la del Rey cambió. Y nadie se dio cuenta de que muchas cosas estaban rotas. Esencialmente, los consensos de la Transición. Los comunistas, que habían “acogido de corazón” –dijo el Secretario General del PCE, Santiago Carrillo, el asesino de Paracuellos, en 1977- la bandera de España, volvían a ondear sólo la triste tricolor de la triste segunda república. Los socialistas, enfangados en una generación de corrupción, pensaban que la cura era controlar los medios de comunicación para que no se hablase de ello –y casi lo consiguieron-. Y la derecha… la derecha se identificó con unas únicas siglas, que, resignadamente, englobaban a conservadores, liberales y democristianos, y a las que votaban, con mayor resignación aún, los escasos nostálgicos del franquismo y todos aquellos, mayores aún en número, que simplemente no querían a la izquierda en el poder.

La verdad es que la derecha española -y ahora, déjenme que hable el extranjero- ella sabrá por qué, decidió, hace dos generaciones, vivir de prestado en su propio país, y considerar que su régimen político era propiedad moral de otros. Y ese préstamo, esa cesión, esa rendición, señoras y señores, ha llegado a su fin. La derecha española ha despertado.

La derecha española despierta por varias razones:

– Porque el Gobierno está formado por una coalición de comunistas y socialistas, apoyada parlamentariamente por secesionistas y filoterroristas, liderada por un Presidente que se presentó a las elecciones prometiendo que no haría precisamente ese pacto.

– Porque desde ese Gobierno, se amenaza a la propiedad privada, se insulta a la Iglesia, se cuestiona la patria potestad y se ataca a todas las instituciones básicas del Estado, desde el Rey hasta el Consejo General de Poder Judicial.

– Porque no es lógico que traten de gobernar España aquellos que sueñan con destruirla en vez de ofrecer un gran pacto nacional a la oposición, cuando ésta está dispuesta a aceptarlo.

– Porque esa alianza del señor Sánchez, contra su promesa electoral, con los enemigos declarados de España, hiere en sus sentimientos más íntimos a la mayoría de los propios votantes socialistas, que, no obstante, son los que más inermes quedan para expresar sus ideas políticas y su frustración con la situación actual.

– Porque la sensatez no tolera más pantomimas con esa falsa memoria histórica, que sólo es una falsificación sectaria de la historia real y un insulto a la voluntad de reconciliación que preside las relaciones reales y cotidianas de los españoles, desde antes incluso de la Transición, y afortunadamente, hasta nuestros días.

– Porque la violencia que sufren muchas mujeres, y las otras formas de violencia que se viven en los hogares, en todo el mundo, no caben ser encorsetadas en la manida ideología de género, y menos justificar el encarcelamiento sin pruebas y el fin de la presunción de inocencia y del habeas corpus.

– Porque del mismo modo que ese feminismo sectario, la izquierda ha tomado la bandera del animalismo y de las visiones apocalípticas del cambio climático, para desde la autoridad intelectual de personas que no sabrían diferenciar una vaca de un buey, imponer una nueva dictadura de pensamiento, que sólo busca dividir el mundo en buenos y malos, a decisión de los líderes totalitarios de esa rancia secta marxista.

– Porque la derecha, hace mucho tiempo que aceptó que, aunque uno crea en Dios y en lo que su Iglesia enseña, hay que respetar, como esa misma Iglesia manda, a aquellos que piensan distinto. Y esa derecha está cansada de esos nuevos dogmas feminazis, hembristas, animalistas, estatistas y antiempresariales, que pretenden ser enseñados obligatoriamente en las escuelas, como nueva religión laica y única verdad que todo el mundo tiene que aceptar.

– Porque la derecha se ha cansado de la burla impune y con el aplauso de los bufones televisivos, a costa de la religión, de la bandera, del Rey, de la patria, del himno, del ejército, de la Guardia Civil, de las tradiciones y de las creencias de los demás- Y que encima los detractores de ese “pensamiento” –por llamarle algo- único, tengan que sufrir las amenazas, los “escraches” y las exclusiones de los medios de comunicación que la izquierda impone.

– Porque da vergüenza el sectarismo izquierdista de la inmensa mayoría de esos medios de comunicación. Y la derecha está indignada de que sus líderes y prohombres sean incapaces de promover y sostener canales de televisión donde no se insulte su visión del mundo y se puedan contar las noticias desde su punto de vista también.

– Y porque la primera nación de Europa, que incorporó a la civilización cristiana occidental a medio mundo, no merece perecer en manos de analfabetos funcionales, que sólo quieren condenar a sus compatriotas a la miseria de Cuba y Venezuela y al control político de Corea del Norte, para que como allí, el líder carismático viva en mansiones pagadas con los impuestos que pretende controlar, como la vida de sus conciudadanos a los que antes ha hundido en la miseria.

Es muy posible que sin 29.000 muertos oficiales y posiblemente otros 20.000 ignorados, sin esa ocultación, sin tanta incompetencia, sin tantas mentiras, sin la sospecha de tantos robos, sin tanto sectarismo, sin tanta manipulación, sin tanta improvisación, sin tanta torpeza, y sin haber tenido a la gente encerrada durante dos meses, la derecha hubiera seguido dormida, conformándose como siempre con lo menos malo, resignándose a ser, como en los últimos cincuenta años, lo que sus enemigos de la izquierda habían decidido que eran: algo despreciable.

Pero la torpeza de la izquierda, esa que nace de la soberbia incontrolable, la ha hecho excederse y perder pie. Y ha despertado a la derecha. Que no parece que ahora tenga intención de volverse a dormir.

Bienvenida, España, a la normalidad democrática.

La UE envió a Simón el 2 de marzo un informe en el que desaconsejaba los actos masivos

La juez del 8-M tuvo que enviar a la Guardia Civil al despacho de Simón para que entregase los informes
Teresa Gómez y Luz Sela okdiario 2  Junio 2020

Nuevos datos confirman que el Gobierno estaba alertado antes del 8 de marzo del impacto de los actos multitudinarios para la propagación del coronavirus. El segundo informe que la Guardia Civil ha entregado este lunes a la juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 51 de Madrid, que investiga el 8-M, y al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, recoge que Fernando Simón recibió el 2 de marzo en su correo electrónico un dossier de la Unión Europea que desaconsejaba la celebración de eventos masivos. Pese a ello, el Ejecutivo autorizó y alentó las manifestaciones ideológicas del Día de la Mujer.

Así consta en el informe que la juez Carmen Rodríguez-Medel ya tiene en sus manos, y que ha sido elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Esta unidad estaba dirigida por el coronel Diego Pérez de los Cobos hasta su destitución fulminante por parte de Grande-Marlaska por no revelarle datos de la investigación.

A la luz del informe se constata que el Ejecutivo de Pedro Sánchez era conocedor del evidente impacto de los actos de masas en la propagación del coronavirus.

El 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, organismo de la UE del que Simón es asesor, elaboró un informe en el que recomendaba «evitar concentraciones masivas innecesarias» por el coronavirus, añadiendo que cancelarlas «puede reducir la transmisión del virus».

Dicha recomendación formaba parte de las «medidas de distanciamiento social» que se deberían promover desde los Estados miembros en cualquier fase de la epidemia. El informe europeo era rotundo: las concentraciones «pueden facilitar la transmisión y propagación del virus» por los «contactos cercanos y prolongados entre personas».

La Guardia Civil recoge en concreto que «según lo informado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) el informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, de fecha 2 de marzo de 2020, fue remitido por la Secretaría del Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea a los miembros de dicho Comité, entre los que se encuentra el CCAES, mediante correo electrónico con fecha 2 de marzo a las 12:45 horas a los correos electrónicos del CCAES (alertasccaes@mscbs.es) y del director del CCAES, D. Fernando Simón Soria».

El informe añade, según también lo informado por el centro de Simón, que «dado el carácter público del documento y dado a que es de general conocimiento y acceso, no se procedió a su distribución» y que «no fue objeto de discusión en ninguna de las reuniones de la Ponencia de alertas y Planes de preparación y respuesta de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial». Un hecho que no deja de resultar sorprendente dada la relevancia del documento.

El Gobierno sabía la gravedad
El informe de la Guardia Civil constata además que el Ejecutivo era conocedor de la gravedad del coronavirus desde mucho antes de adoptar medidas.

Así, se destaca que el 10 de febrero Simón conocía en profundidad muchas de las características del nuevo virus, como su alta capacidad de contagio, la existencia de asintomáticos que pueden resultar claves a la hora de difundir silenciosamente el virus o la alta letalidad que mostraba el nuevo patógeno que ya empezaba a amenazar gravemente a Italia.

«Se puede concluir que el 10 de febrero de 2020, el CCAES emite un informe técnico sobre ‘Nuevo coronavirus 2019-nCoV’, firmado entre otros por su director, D. Fernando Simón Soria. Dicho Informe Técnico se adjunta al presente atestado (…) El documento refleja el grado de conocimiento de la enfermedad y su posible gravedad a fecha de 10 de febrero», concluye con contundencia la Guardia Civil. Este documento fue borrado de la red por el Ministerio de Sanidad, una información adelantada en exclusiva por OKDIARIO.

El informe señala además que el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad «disponía de un gran caudal de información del Covid-19 en fechas muy cercanas a la aparición de la enfermedad» dado que –añaden– «ya contaban con amplios datos sobre la situación, tanto en el plano internacional como nacional». Así, el 21 de enero se realizó «la primera propuesta de reunión de la Ponencia de Alertas mediante videoconferencia para tratar la situación» y tan sólo tres días después, el 24 de enero, el organismo dirigido por Fernando Simón difundió una guía: «Procedimiento del nuevo coronavirus».

A todo ello se suman las declaraciones del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que «reconoció en la tercera semana del mes de marzo la gravedad de la enfermedad desde enero» en una rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En el informe de la Guardia Civil se señala además que los agentes tuvieron que personarse en las instalaciones del centro de Simón, tras los continuos incumplimientos de este organismo a la hora de entregar información relevante para la investigación del 8-M.

La Guardia Civil acorrala a Simón y desmonta al Gobierno
OKDIARIO 2  Junio 2020

«Se puede concluir que el 10 de febrero de 2020, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) emite un informe técnico sobre ‘Nuevo coronavirus 2019-nCoV’, firmado entre otros por su director, D.Fernando Soria. Dicho Informe Técnico se adjunta al presente atestado». De este modo introduce la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid -la misma que dirigía hasta hacía días el purgado coronel Diego Pérez de los Cobos- un nuevo informe en el que se pone de manifiesto que Fernando Simón conocía desde el 10 de febrero la gravedad del impacto del coronovirus en España.

El organismo que dirige Fernando Simón no ha colaborado en absoluto con la Justicia, hasta el punto de que la juez del 8-M tuvo que enviar a la Benemérita a su despacho tras las reiteradas negativas del Centro de Cooordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias a entregar a la juez información relevante para la investigación. Se entiende el porqué, después de que el Instituto Armado haya constado que el Informe Técnico elaborado por el departamento de Simón fue borrado de la red por el Ministerio de Sanidad.

En ese informe, rescatado por la Guardia Civil, se subraya que el CCAES comparaba la peligrosidad del coronavirus con otros patógenos que nada tienen que ver con una ‘simple gripe’, como se repetía con insistencia en aquellos días de febrero por el Gobierno y el propio Fernando Simón. La Guardia Civil advierte a la juez que pese a la gravedad de lo descrito en su sus propios informes, «no se tomó ninguna medida de restricción de vuelos hasta el 10 de marzo -un mes después- y que «tampoco se tuvo en consideración la existencia de personas que podrían estar contagiadas y ser asintomáticas o presentar sintomatología leve».

En suma, que la Guardia Civil desnuda los argumentos del Ejecutivo socialcomunista y aporta los propios informes del departamento de Fernando Simón para desmontar la estrategia de un Gobierno que siempre ha mantenido que actuó conforme a criterios científicos. La mentira tiene las patas muy cortas y la Guardia Civil, pese a la obstrucción del Ministerio de Sanidad -que borró el documento de organismo que dirige Simón- ha presentado a la juez pruebas concluyentes de la negligencia del Ejecutivo. Una negligencia mortal envuelta en un sinfín de mentiras.

Ahora se entiende la purga de Marlaska: pretendieron borrar las huellas del delito y un coronel de la Guardia Civil impidió que el Gobierno consumara su estrategia bastarda.

Tenía razón Sánchez: Podemos es pobreza y racionamiento, pero gracias a él
ESdiario 2  Junio 2020

Ningún Gobierno debería presumir jamás de subsidios contra la pobreza, salvo que busque algo tan perverso como que los ciudadanos se sientan en deuda. Éste es el caso de España.

Que un solo ciudadano necesite un Ingreso Mínimo Vital es una prueba de fracaso. Solo son imprescindibles ese tipo de subsidios allí donde hay miseria, racionamiento, dificultades y colas de hambre. Ningún Gobierno puede presumir de algo así, pues, salvo que ese Gobierno sea de Podemos.

En ese caso presumirán y llegarán a decir, como hizo Echenique sin ningún pudor, que gracias a ellos a nadie le faltará "un plato de comida", como si algo tan básico como alimentarse dependiera ya de la decisión gubernamental y el receptor de la ayuda quedara en deuda con tan generosos gobernantes.

Al final va a tener razón Pedro Sánchez cuando dijo en 2014 esto en una entrevista con Antena 3, para rechazar todo entendimiento con Podemos que, finalmente, incumplió: "El final del populismo es la Venezuela de Chávez, la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia”.

En todo caso, Podemos no ha inventado nada. simplemente le ha cambiado el nombre para que un derecho reconocido por el Estado se perciba como una dádiva del partido. En España existe desde hace años la sanidad pública universal, la educación pública, la asistencia social y una red general de atención al ciudadano y al desfavorecido que consume buena parte del presupuesto público.

Y también existe ya el Ingreso Mínimo Vital: se llama Renta Activa de Inserción y lo concede el Estado a través del SEPE, por al menos tres años, para parados de larga duración. Y luego hay 19 subsidios similares: 17 de las Comunidades y dos de las Ciudades Autónomas, con nombres como la Renta Básica de Inserción de Madrid, el Ingreso Mínimo de Solidaridad de Castilla-La Mancha o el Salario Social Básico de Asturias.

Más pobres
Todos ellos están vinculados a la necesidad y duran mientras dura ésta. Que es lo propio. La única novedad es que Podemos quiere hacerla eterna para que esa pobreza sea eterna también. No les hacen un favor a los receptores, les condenan a esa situación. Algo que a este paso van a lograr con la estimación de paro prevista, de un 20%.

Porque no se ven capaces de crear empleo, porque tienen miedo a la gente libre y autónoma y porque el clientelismo caritativo caracteriza al comunismo más trasnochado y peligroso desde siempre. Si ellos creen que los pobres les votan más, harán lo posible porque haya más pobres y más dependientes. Así de simple y de lamentable.

Lo que es «robusta» es la cara del Gobierno
OKDIARIO 2  Junio 2020

En un momento en el que Gobierno debería orientar todos los recursos del Estado a combatir los demoledores efectos del Covid, tanto en la protección de la salud pública como en las devastadoras consecuencias económicas, el Ejecutivo socialcomunista sigue incrementando el número de altos cargos, que alcanza ya niveles nunca vistos en la Administración. No son funcionarios, sino amiguetes del socialcomunismo que han sido colocados a dedo en puestos muy bien retribuidos. Su experiencia de gestión pública es, en la mayoría de casos, inexistente.

En España, la ley estipula que los directores generales de los ministerios deberán nombrarse entre funcionarios de carrera, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales. Sólo permite, en situaciones excepcionales, que el titular de esas direcciones no sea funcionario cuando no haya nadie en la Administración capaz de asumir esa labores. Pues bien, el Ejecutivo socialcomunista ha designado por este procedimiento a nada más y nada menos que 25 altos cargos, lo que supone un escándalo de proporciones mayúsculas como han denunciando las asociaciones de funcionarios.

No sólo directores generales, sino una retahíla interminable de asesores, están engordando la nómina de la Administración. Si la estructura administrativa del Gobierno ya es de por sí elefantíasica a causa del número de Ministerios (22), los puestos de confianza del Ejecutivo socialcomunista crecen de manera exponencial.

A una pregunta parlamentaria de Vox, en la que se planteaba al Ejecutivo si dada la actual situación económica y la optimización de los recursos del Estado no tenía previsto reducir el número de altos cargos y las retribuciones de los mismos, la respuesta del Gobierno habla por sí sola: «Ahora más que nunca hay que resaltar la importancia de contar con un sector público robusto».

Hace falta tener cara y poca vergüenza: colocar a una legión de amiguetes en puestos de la más alta responsabilidad, apartando de los mismos a funcionarios de carrera, es para el Gobierno «robustecer» el sector público. No cabe mayor desahogo. Presumen de haber desplegado un escudo social para que nadie se quede tirado, pero el escudo social es para uso exclusivo del socialcomunismo.

Irene, ¿por qué no te callas?
Adrián Dupuy Libertad Digital 2  Junio 2020

Si éste fuera un país serio, la investigación de las muertes a causa de la autorización gubernamental de las manifestaciones del 8-M sería prioritaria.

Irene Montero salió de su cuarentena para afirmar en Sálvame que le haría mucha ilusión ser la primera ministra en asistir al programa… y luego se descolgó afirmando:

Poner el foco en el 8-M es una opción ideológica, no científica, para atacar al feminismo.

Lo primero no es de extrañar, dada la categoría intelectual de la ministra. Zapatero nombró ministra "más joven de la historia" a Bibiana Aído... y Nerón nombró ministro a su caballo. Todo el mundo sabe (y ella también) que no sería ministra de no ser pareja de Pablo Iglesias. Y eso es lo peor que le puede pasar a una feminista: llegar a un cargo no por méritos profesionales, sino por ser la mujer de… Debería ser más comedida.

Lo segundo es mucho más grave, porque evidencia la preocupación que tienen los del Gobierno por eludir responsabilidades. Primero dijeron que el vídeo en el que Irene Montero estornudaba delante de una anciana, ¡el video!, era un bulo… y ahora dicen que interesarse por ello obedece a motivos ideológicos y no científicos para atacar al feminismo. Manda huevos.

Y ahora sale el vídeo jo tía del 9 de marzo, en el que lo más grave no es lo que contesta a la pregunta por la menor asistencia: "Pues tía, creo que [por el] coronavirus, pero es que… o sea, no lo voy a decir, pues porque no lo voy a decir". Lo más grave es que reconoce que "hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas" y que "la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada, tomando medidas superdrásticas". A pesar de conocer eso, reconoce que su criterio es "no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado". Resumiendo: que, según Irene Montero, es mejor no tomar medidas drásticas y dejar que la gente se contagie, que provocar pánico cancelando las manifestaciones.

El vídeo es demoledor para comprender a quién tenemos como ministra; a una air headed woman, que dirían los ingleses.

Según nuestro diccionario, la ciencia es el "conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados". Lo "científico" "tiene que ver con las exigencias de precisión y objetividad propias de la metodología de las ciencias". Preguntémonos y, quien corresponda, que analice científicamente, con criterios precisos y objetivos, si las manifestaciones del 8-M multiplicaron el contagio del coronavirus. Es algo tan obvio, que a toro pasado lo ha reconocido hasta el Gobierno. Los científicos lo han llamado la "bomba biológica". Solo Simón, preocupado por su futuro penal, dice que tuvo un efecto "marginal".

Es un hecho científicamente demostrable y demostrado que las manifestaciones multiplicaron exponencialmente el contagio, y está por cuantificar cuántos manifestantes contagiados han fallecido y cuánto le va a costar al Estado pagar las indemnizaciones a las familias, porque muchos manifestantes del 8-M han muerto por el contagio padecido durante unas concentraciones autorizadas por el Gobierno que Europa y las autoridades sanitarias estaban recomendando que no se celebraran, para evitar la propagación de la enfermedad.

Espero que la anciana que recibió el estornudo no se haya contagiado; pero si yo fuera Irene Montero, me habría preocupado de saber qué tal está. Preguntar por ello no es ideológico, sino científico. Sí sabemos que se contagiaron varias compañeras: Carmen Calvo; la ministra Carolina Darias; la mujer de Sánchez, Begoña Gómez; la madre de Sánchez, Magdalena Pérez-Castejón. Eso es un hecho científicamente demostrado. No es ideológico sino científico afirmarlo.

Irene Montero se excusa diciendo: "Hicimos lo que dijeron los expertos"; pero eso es una burda mentira. El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades envió el 2 de marzo un informe a todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) titulado Evaluación rápida del riesgo: brote de la nueva enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19): mayor transmisión a nivel mundial. Quinta actualización. El documento pedía a todos los Gobiernos de la UE que dictaran "medidas de distanciamiento social individual" y les instaba a "considerar la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales" donde hubiera existido algún contagio local de coronavirus. Asimismo, solicitaba a los Gobiernos que recomendaran a sus ciudadanos "evitar acudir a actos multitudinarios", como medida preventiva. ¿Qué parte no entendieron? El vídeo ahora demuestra que en el Gobierno se sabía que otros países europeos habían adoptado medidas drásticas, y que incluso con ellas la capacidad de control estaba siendo muy limitada.

La decisión de autorizar las manifestaciones del 8-M (y, de paso, la asistencia de público a los partidos de la Liga, como el Atlético-Sevilla) fue una imposición ideológica de los políticos, empeñados en mantener la manifestación feminista por pura propaganda, que se impuso al criterio y consejo de los técnicos.

Poner el foco en el 8-M es una cuestión de justicia, entendida desde Ulpiano como la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que le corresponde. Y es muy posible que al Gobierno le corresponda responder penalmente de su imprudencia con resultado muerte.

Si éste fuera un país serio, la investigación de las muertes a causa de la autorización gubernamental de las manifestaciones del 8-M sería prioritaria. No sé a qué espera el juez Marchena. En cambio, la Fiscalía ha estado ocupando su tiempo investigando las residencias de mayores, para atacar al PP, y los bulos en la red, "para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno". Espero que el juez Marchena y demás magistrados del Tribunal Supremo no tengan el mismo criterio y los mismos objetivos.

Entre tanto, por puro respeto a los muertos, Irene, ¿por qué no te callas?

Confesión de culpa por el 8-M
Editorial ABC 2  Junio 2020

El Gobierno sabía perfectamente el nivel de riesgo que representaba el Covid-19 en España el 8 de marzo, pero calló para no privarse del golpe de propaganda que significaba la manifestación

El Gobierno y su aparato de propaganda se rasgan las vestiduras por la exclusiva que ayer ofreció ABC con el vídeo en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, realiza una auténtica confesión de culpa por la manifestación del 8-M. El único problema deontológico que plantea ese vídeo es la continuidad de Irene Montero como miembro del Gobierno de España. Montero se retrató a sí misma y a todo el Ejecutivo de Pedro Sánchez al demostrar que eran perfectamente conscientes de los riesgos que corrían los asistentes a la manifestación feminista. Riesgos que, como mínimo, se concretaron en el contagio de la propia ministra Montero y de otras compañeras de gabinete, también participantes en la concentración del 8-M. La clave de lo que dice Montero en el vídeo no es tanto que reconozca que el virus fue la causa de una menor participación, sino que ella misma, durante el recorrido de la manifestación, sabía que dar besos y estrechar manos era peligroso. «La mano, no, justo la mano, no», llega a decir Montero, recreando el escrúpulo que le provocaba la cercanía física con otras manifestantes. Si no sabían nada del peligro del virus, si hicieron siempre lo que dijeron los expertos -puede que Fernando Simón-, ¿por qué Montero tenía tanta prevención a saludar con besos y abrazos a sus compañeras de protesta? La razón es muy sencilla: el Gobierno sabía perfectamente el nivel de riesgo que representaba el Covid-19 en España el 8 de marzo, pero calló para no privarse del golpe de propaganda que significaba la manifestación. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud había declarado la «emergencia mundial» por la progresión de la epidemia. El Mobile World Congress fue suspendido el 13 de febrero. Sin contar muertos, el 7 de marzo se contabilizaron más de trescientos positivos en España, 223 solo en Madrid; y el 8 de marzo, en Italia se registraron 5.883 casos de contagio y el Gobierno de Giuseppe Conte cerró la Lombardía. Las portadas del día anterior recogen la noticia de un contagio masivo en un funeral de Vitoria. ¿Tampoco leían los periódicos los ministros y los expertos del Gobierno de Sánchez?

Sí, lo sabían y la sinceridad indiscreta de Irene Montero es una prueba de cargo contra sí misma y contra el Gobierno al que pertenece y por eso dice que no reconocerá en público que el descenso de asistencia al 8-M fue por el Covid-19. No quiere estropear la estrategia de comunicación y propaganda del Ejecutivo, basada en esa frase histórica de Carmen Calvo, que animaba a las mujeres a ir a la manifestación porque «les va la vida». Como diría Iglesias, Calvo dijo la verdad, porque la vida de muchas mujeres se puso en juego, pero se equivocó, porque debió, como vicepresidenta, asumir la responsabilidad de suspender la manifestación. De estas cosas se suele dar cuenta ante un juez.

Armengol discrimina
Editorial El Mundo 2  Junio 2020

La exclusiva que hoy publicamos es una prueba irrefutable de cómo el Gobierno balear margina en la educación a quien no mama desde la cuna la ideología excluyente del nacionalismo. La socialista Francina Armengol ha profundizado y amparado a lo largo de los años un modelo lingüístico que discrimina a quien desea recibir una formación básica en la lengua oficial de su país y que, para mayor inri, viola la legalidad vigente. Porque mientras la doctrina del Supremo apunta que el castellano debe ocupar el 25% de las horas lectivas al margen de la asignatura propia, según un informe al que ha tenido acceso EL MUNDO en el 93% de los centros de infantil de las Islas el castellano no existe. Y en el 83% de los de primaria este queda reducido a Lengua Castellana, como si se tratase de un idioma foráneo.

Los datos han sido obtenidos tras la batalla legal de una asociación de profesores por hacerse con los proyectos lingüísticos de los colegios, información que debiera ser de dominio público. El afán ideológico de la inmersión no solo aflora en la conversión del castellano en una lengua residual. Además, varios programas se sirven de la imposición del catalán para hacer ingeniería social ("formar a las personas del mañana es fomentar al catalán") y desprecian el castellano ("se aprende por la televisión, como lo hacen los extranjeros"). La riqueza lingüística de España no empaña el derecho y el deber de cada español de conocer la lengua vehicular, que es el español, pero el nacionalismo nunca ha estado interesado ni en el pluralismo ni en la Constitución. Con su afán discriminador, Armengol deteriora la convivencia.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Usar el Gobierno para asaltar el poder
Jesús Cacho. vozpopuli  2  Junio 2020

Ni un día sin sobresalto. Ni una jornada sin su correspondiente patada a la calidad de la democracia, si es que todavía se le puede llamar democracia a lo que estamos viviendo. Ayer supimos por el diario oficial, como de costumbre, que el Gobierno de Pedro & Pablo se dispone a nombrar presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la abogada Cani Fernández, 57 años, en sustitución de José María Marín Quemada, que ha venido desempeñando el cargo con acierto en los últimos años. Hasta aquí todo bien si no fuera obligado decir de inmediato que la nominada trabaja desde febrero en el recinto de La Moncloa como asesora del Gobierno de Sánchez, al lado del valido Iván Redondo, que al parecer es quien la fichó entonces y quien la ha promocionado ahora para destino tan importante, junto a la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Conviene aclarar que la señora Fernández cuenta con un brillante currículum, y que desde ese punto de vista no hay nada que objetar a una nominación convertida en una especie de piedra preciosa perdida en el lodazal de tantos personajes cercanos a la indigencia intelectual como este Gobierno ha elevado a los altares del mando en plaza. La señora ha sido socio durante muchos años del bufete Cuatrecasas, uno de los más prestigiosos de España entre el mundo empresarial, hasta el punto de haber optado por sorpresa al puesto de socio director en contra de la candidatura oficial. No la votó ni el tato. El suceso supuso su discreta salida del bufete, excedencia mediante, algo que causó gran revuelo en el mundo de la abogacía, tanto en Madrid como en Barcelona, sorpresa que aumentó de grado cuando se supo que recalaba en un oscuro puesto de asesoría en Moncloa, para iluminar a un personaje como Sánchez cuyo respeto por la Ley y los procedimientos es conocido, naturalmente con un salario irrisorio en comparación con las cifras que se manejan en los grandes despachos de abogados.

Hay quien sostiene que lo de la señora, simpatizante socialista, es vocacional, que se trata de ese relato tan americano de no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú… etc., etc. Sea como fuere, Cani Fernández sabe lo que se trae entre manos, es una gran experta en temas de Competencia, como todo el mundo con mando en plaza sabe, y desde ese punto de vista no cabe duda de que pocas veces un perfil como el suyo habrá sido tan idóneo para un cargo. Dicho lo cual, no se trata de sacar a pasear otra vez el tópico de la mujer del César: se trata de que es una absoluta vergüenza que la presidencia de la CNMC, “organismo público con personalidad jurídica propia, INDEPENDIENTE DEL GOBIERNO y sometido al control parlamentario, que promueve y defiende el buen funcionamiento de los mercados en interés de los consumidores”, como dice su acta fundacional, vaya a ser ocupado por una asesora del presidente del Gobierno con despacho en Moncloa. A tomar viento la independencia.

Su autonomía está capada, por brillante que sea su currículum, por ese acto servil de aceptar desde Moncloa un nombramiento que exige una exquisita pátina de independencia

Un caso semejante provocaría un enorme revuelo mediático y político en cualquier país de nuestro entorno con cierta cultura democrática, algo que aquí pasará desapercibido en el torbellino de fango que diariamente envuelve las instituciones. Vengo escribiendo desde los noventa sobre la importancia de asegurar la independencia de los organismos de regulación y control de la labor del Ejecutivo, los famosos checks and balances del mundo anglosajón, y sobre la importancia de situar al frente de los mismos a personas de acrisolado prestigio e independencia. Me las tuve tiesas con el poderoso Rodrigo Rato en tiempos de José María Aznar, reacios ambos al hands off de los órganos regulatorios por parte del poder político, y otro tanto me ocurrió con el estólido Rajoy. Por fortuna, Marín Quemada les salió rana y devino en un tipo independiente de verdad, con sus aciertos y errores, dispuesto a defender a los consumidores de lobbys y cartels de toda laya… Hasta que el asaltacaminos de la política que ahora nos gobierna irrumpió en nuestras vidas.

Caminamos aceleradamente hacia la desaparición de cualquier tipo de control a la labor del Ejecutivo. Fin de la disidencia, ocaso de la crítica, y silencio. Y a tenor de cómo ayer cantaba las excelencias del CV de la señora Fernández la prensa gubernamental, al gusto de una buena parte de la población. El sempiterno problema de España o la dificultad de construir una democracia sin demócratas. ¿Cómo va a tomar esta señora una iniciativa que contravenga los intereses de quien la ha nombrado, procediendo de donde procede? Su autonomía está capada, por brillante que sea su currículum, por ese acto servil de aceptar desde Moncloa un nombramiento que exige una exquisita pátina de independencia. Los grandes grupos y empresas no tendrán que contratar carísimos bufetes a la hora de defender sus intereses de los expedientes abiertos por la CNMC. No creo que les sirva acudir a Cuatrecasas, pero les bastará con llamar a Moncloa y hacer un buen regalo al nuevo Godoy, ese moderno Rasputín presente en todos los guisos del momento.

Quieren hacerse con el poder del entramado empresarial, sobre todo en el ámbito de los sectores regulados, poniendo a sus peones al frente de los organismos de regulación y control"

El deterioro de las instituciones avanza sin freno. Las libertades de antaño, convertidas en un erial. No solo quieren el Gobierno, pretenden ocupar hasta el mínimo resquicio de poder. Del poder económico también. Lo están colonizando, poniendo a sus amigos a chupar de la teta, en la idea de que el chollo va a durar tiempo, y la oposición tendrá que resignarse a ver desfilar en el Parlamento los nombramientos que ellos decidan con el respaldo de toda suerte de grupos, todos enemigos de la democracia liberal. Lo acabamos de ver en Enagás. Quedaba Montilla, expresidente de la Generalitat y exministro de Industria, y se nos había quedado descolgado Pepiño Blanco, Peppino di Capri, de modo que hemos tenido que colocarlos en el Consejo junto a Antonio Llardén, papelón el tuyo, 160.000 euros del ala por asistir a una docena de reuniones al año, más tarjeta de crédito, viajes pagados y demás. Y para que no se cabree el señor marqués hemos tenido que enchufar también a uno de los suyos, ojo al dato, porque es la entrada oficial de Podemos en el Consejo de Administración de una empresa del Ibex, una demostración de poder del Coletas, vas bien, Pedrito; vas bien, Anita; vas como un tiro, CEOE: de victoria en victoria hasta el desastre final.

Lo reconoció abiertamente el domingo en su ¡Aló presidente!. “Los he colocado yo”, vino a decir, “¿qué pasa? ¿Algo que objetar? No quiero ni un murmullo. Y si alguien levanta la voz, le recordaré que el amigo Llardén ya tiene en su Consejo a los exministros del PP, papelón Ana Palacio, de modo que todos a chupar del bote, tutti contenti”. Este no es un capitalismo de amiguetes, sino un Estado de amiguetes. Se calló que ha sido un nombramiento de Zapatero, porque en su Gobierno prosperaron ambos, lo que viene a poner de relieve el papel que el idiota desempeña en el Gobierno de Pedro & Pablo como padre adoptivo de Iglesias, patrón ideológico de Sánchez y ministro plenipotenciario de enlace entre España y Venezuela. Saben lo que quieren: quieren hacerse con el poder del entramado empresarial, sobre todo en el ámbito de los sectores regulados, poniendo a sus peones al frente de los organismos de regulación y control. Tienen barra libre. Ningún impedimento de orden moral. Ningún obstáculo material. Me encantaría equivocarme con Cani Fernández y tener que volver a escribir para reconocer humildemente que me equivoqué. Me temo que, por desgracia, acertaré. Conozco a mis clásicos. Este es uno de esos casos de los que cabría decir que lesionan gravemente la democracia y la confianza en sus instituciones, si no fuera porque democracia e instituciones hace tiempo que se baten en escandalosa retirada.


 


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