AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 3  Junio  2020

La contratación cae en picado y el empleo amenaza con sumir a España en una depresión
José María Rotellar Libertad Digital 3  Junio 2020

Los datos publicados de paro registrado y afiliación del mes de mayo siguen siendo terriblemente malos, por mucho que los afiliados a la Seguridad Social hayan aumentado en mayo, ya que en cuanto se analiza la serie o se desestacionaliza, se ve que son los peores desde hace una década o más.

Así, sube el paro, hay casi un millón de afiliados menos que hace un año y los contratos acumulados a lo largo de los primeros cinco meses del año son tres millones menos que en el acumulado del mismo período de 2019.

Por tanto, los datos siguen mostrando el intenso deterioro de la actividad económica y el empleo desde el cierre productivo, lo que reafirma la idea de la necesidad de reabrir de manera rápida y completa toda la actividad económica, porque si no las consecuencias económicas serán todavía mucho más graves que las propias sanitarias, por el drama social que puede llegar a crear adicional a la de las miles de personas tristemente fallecidas.

Paro registrado
El paro registrado ha subido en 26.573 personas en mayo. De manera desestacionalizada todavía sube más, al no aplicar los efectos del momento temporal del año: sube en 122.458 personas. Unido al incremento de parados en marzo y abril, en tres meses el paro ha subido en 611.909 personas.

El número de parados se sitúa en 3.857.776. El incremento interanual es de 778.285 personas, un 25,27% de incremento. Son tres meses consecutivos de fuertes incrementos porcentuales del paro en tasa interanual:
Marzo: 9,01%.
Abril: 21,10%.
Mayo: 25,27%.

Es el peor mes de mayo de la serie ofrecida (desde 2009). Peor que dicho mayo de 2009, el año de la mayor recesión de España de las últimas décadas (entonces, el paro, pese a la recesión, bajó en 24.741 personas y ahora sube en 26.573 personas). Esto muestra la profundidad de esta crisis económica, que será más profunda que la sanitaria como no se tomen medidas para evitar que se destruya el tejido productivo (y eso que no se contabilizan en paro registrado los ERTE, al ser suspensiones de empleo).

Si no se logra mantener en pie el tejido productivo, la destrucción de empresas provocará que todas las personas afectas por los ERTE engrosen el paro registrado. Los afectados por los ERTE son 3.181.837 personas (2.812.849 por fuerza mayor), que si no se reabre rápidamente pueden pasar a ser definitivamente parados.

Y esa peor evolución del dato nacional se constata especialmente en servicios, con 40.784 parados más.

Sube el paro femenino, con 39.878 desempleadas más.

Sube el paro por edades:
Menos de veinticinco años: 7.752.
Mayores de veinticinco años: 18.821.

Bajan los contratos:
Un 59,02% interanual en el mes (1.225.124 contratos menos).
Un 31,63% interanual en los cinco primeros meses del año (2.839.992 contratos menos).
Los contratos indefinidos caen un 58,36% interanual en el mes.

Seguridad Social
La afiliación a la Seguridad Social sube en mayo en 97.462 personas. No se contabilizan los ERTE, porque al ser suspensión de empleo siguen dados de alta en la Seguridad Social. Si no se salva al tejido productivo, con mayor liquidez y reabriendo la economía, esos afectados por ERTE, como digo, verán destruido su empleo.

Puede parecer que es un buen dato, pero no lo es, porque no sólo es el peor de un mes de mayo desde la anterior crisis, sino que en términos desestacionalizados se destruye empleo y es también el peor dato desde la crisis anterior.

Así, es el peor mes de mayo desde 2012.

De manera desestacionalizada disminuyen los afiliados en 70.790. Es el peor dato de mayo desde 2008 en términos desestacionalizados.

El último día del mes se perdieron otros 26.892 afiliados, por lo que la cifra final de afiliados es de 18.556.129. En términos interanuales se pierden 885.985 afiliados, el peor dato en mayo desde 2009.

Esto sólo es el principio de esta crisis. O se dota de liquidez a las empresas y se reabre la economía de manera completa e inmediata y se salva, así, el tejido productivo y, con ello, los empleos, o podemos adentrarnos casi en una depresión de consecuencias sociales extremadamente dramáticas, donde al menos la mitad de los afectados por ERTE podría perder para siempre su empleo.

Debe dimitir todo el Gobierno, no sólo Marlaska
EDITORIAL Libertad Digital 3  Junio 2020

La reciente revelación del documento interno y reservado del Ministerio del Interior en el que se dice que la destitución fulminante del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid se debió a una "pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento" confirma algo mucho más grave que el inadmisible y bochornoso hecho de que el ministro Grande-Marlaska mintiera descaradamente la semana pasada al afirmar que ni él "ni nadie del Ministerio ni de la Dirección General de la Guardia Civil ha reclamado al coronel Diego Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe", informe que recogía las investigaciones sobre el 8-M que, a instancias de la autoridad judicial, llevaba a cabo la Benemérita en Madrid, al mando del coronel.

Este documento demuestra también que la mentira del ministro trataba de ocultar la comisión tanto del delito que entrañaban las presiones destinadas a sonsacar a Pérez de los Cobos información sobre un informe del que, por ley, sólo podía informar a la juez del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, como del que supuso su injusta destitución, una vez comprobado que el coronel no cedía ante las presiones de Interior y permanecía fiel a su deber de "guardar rigurosa reserva" sobre la evolución y el resultado de las investigaciones, tal y como la ley y la propia juez Rodríguez-Medel le exigían.

Téngase en cuenta que al delito de coacción e inducción a la violación de secretos del que se podría acusar al ministro se le podría añadir el de represalias y prevaricación que su puso el fulminante relevo de Pérez de los Cobos, pues, tal y como contempla el artículo 404 del Código Penal, "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años". Eso por no recordar que el artículo 550.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial claramente establece que "los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta dentro de las competencias a que se refiere el artículo 547 de esta ley no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente".

Ya no se trata de reiterar la petición de dimisión de Marlaska, tal y como ya se solicito aquí hace una semana, sino de hacerla extensiva al Gobierno en bloque, empezando por su presidente, Pedro Sánchez. Así lo exigen las responsabilidades políticas que se derivan no sólo de la imputación penal que, más pronto que tarde, caerá sobre este indigno ministro del Interior, sino del más elemental sentido de la lógica y de la decencia política. Y es que, si Marlaska se avino a perpetrar lo que él mejor que nadie sabe que constituyen ilícitos penales, no fue por interés propio, sino para ocultar la negligencia, presuntamente criminal, en que incurrió todo el Ejecutivo por respaldar por razones ideológicas las manifestaciones del 8 de marzo, pese al evidente riesgo de contagio del covid-19 que entrañaban, como sabían perfectamente.

Pero es precisamente el temor de que la caída de Marlaska arrastre a todo el Gobierno lo que va a llevar a Sanchez a no consentir la dimisión de nadie.

Responsabilidad penal y golpismo
Emilio Campmany Libertad Digital 3  Junio 2020

El modo en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha enfrentado la crisis del covid-19 le ha hecho incurrir presuntamente en varios delitos. Por un lado, tenemos los relacionados con la falta de adopción de medidas no obstante haber tenido noticia de la gravedad de la epidemia para no tener que desconvocar las manifestaciones del 8-M. A consecuencia de esta omisión podrían haber muerto varios miles de españoles. Pero están también las prevaricaciones en que se podría estar incurriendo para frenar la acción de la Justicia.

Nuestro sistema político dificulta extraordinariamente la censura parlamentaria del Gobierno. Eso permite a nuestros presidentes no verse obligados a dimitir, por enormes que sean los escándalos. Tampoco es imaginable que el partido que sostiene al Gobierno derroque al presidente incompetente. Los diputados de ese partido no deben su escaño a los electores, como en Gran Bretaña, sino que lo ocupan gracias al presidente. No puede extrañar que nunca hagan nada en contra de quien allí los puso... y de quien dependerá que vuelvan a ser elegidos.

Por todo esto, las sentencias que afectan a políticos son aquí tan trascendentales. En otros países, mucho antes de que llegue la acción judicial, e incluso sin que haya perspectiva de ella, el político incurso ya ha dimitido. Aquí, en cambio, una dimisión de un presidente es impensable antes de que los jueces tomen medidas contra él. Suárez fue el único que lo hizo, y porque entonces nuestra democracia estaba en pañales. Felipe González, Zapatero y Rajoy tuvieron poderosas razones para dimitir y no lo hicieron. Sánchez tiene más que todos ellos juntos y tampoco lo va a hacer.

La palmaria incompetencia, la conducta censurable, como es el plagio de la propia tesis doctoral, y no digamos la presencia de vehementes indicios de delito deberían bastar para provocar la dimisión. No es justo cargar sobre los jueces la responsabilidad de decidir si un gobernante debe o no seguir siéndolo. Y además no es conveniente porque podría parecer que son los jueces quienes gobiernan. Ésa es la línea de defensa de Sánchez. Conforme el olor a banquillo se espesa, se multiplican las acusaciones de golpismo. Incluso se desmiente, como si fuera necesario hacerlo, el peligro de insubordinación de la Guardia Civil. La presencia de comunistas en el Gobierno y la adopción de una política blanda con el separatismo, siendo responsabilidad exclusiva de Sánchez, se presentarán como la justificación a la que imaginariamente se acoge ese supuesto golpe de Estado. En definitiva, están pensando en exigir impunidad a sus criminales omisiones bajo el pretexto de que cualquier responsabilidad penal que se les atribuya tan sólo estaría encaminada a acabar ilegalmente con un Gobierno legítimo democráticamente elegido.

Y la verdad es que no hay ningún peligro de que el Gobierno pueda ser derrocado por los jueces imputando a sus miembros delitos que no han cometido. El verdadero peligro es que el Gobierno pretenda seguir gobernando no obstante haberlos perpetrado. Ése sí que sería un verdadero golpe de Estado. No hace falta ser un lince para darse cuenta de lo peligrosa que puede llegar a ser la situación.

Marlaska, ni un minuto más
Editorial. vozpopuli  3  Junio 2020

El oficio en el que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, pide el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento", coloca a Fernando Grande-Marlaska en una situación insostenible. La nota pone de manifiesto dos hechos intolerables: en primer lugar, que al presionar al coronel para que desvelara pormenores sobre la investigación judicial abierta por la manifestación feminista del 8 de marzo, la cúpula de Interior estaba infringiendo la ley; y, en segundo término, que el ministro mintió en sede parlamentaria al afirmar que el relevo de Pérez de los Cobos se debió a una remodelación natural con la que se pretendía dar un “nuevo impulso” a la Guardia Civil.

Marlaska puede elegir entre uno u otro para justificar su dimisión; o Pedro Sánchez para explicar su cese. Pero lo único que no es admisible es que el titular de una de las carteras clave del Ejecutivo, después de esta revelación, siga ni un minuto más en el puesto. Ni el lamentable hecho de que el presidente del Gobierno nos haya habituado a convivir a casi a diario con la rectificación y la mentira sirve en esta ocasión de argumento para explicar ninguna decisión que no conlleve la salida fulminante de Marlaska del palacete que ocupa en Castellana 5. La opacidad, la ocultación de la verdad, el intento premeditado de destrucción de la reputación de servidores públicos de trayectoria intachable, así como la deslealtad hacia sus subordinados que esta bochornosa patraña implica, convierten en inviable la continuidad de Marlaska al frente de un ministerio de Estado.

Es esta última circunstancia, el redoblado respeto, ahora demolido, que el ministro del Interior debe despertar en los hombres a su mando, la que, si cabe, debe tener mayor peso a la hora de tomar una decisión que se antoja de todo punto inevitable. Los españoles hemos soportado en estos meses un confinamiento que ha supuesto un drástico recorte de movilidad y la suspensión de libertades básicas. Hemos aguantado con redoblada paciencia cambios de criterio, resoluciones a veces incomprensibles, medidas ineficaces y de injustificada asimetría. Pero lo que no se nos puede pedir es que también soportemos a un ministro que insulta a sus subordinados y al conjunto de los ciudadanos cuando desprecia las leyes que, como juez y como miembro del Gobierno de España, prometió defender. Señor Sánchez, ni un minuto más.

Marlaska y Montero deben dimitir pero no lo harán: Sánchez es peor que ellos
ESdiario 3  Junio 2020

Las mentiras de los dos ministros son la continuación lógica de la gran mentira inicial de Sánchez: su irresponsabilidad en la prevención de una pandemia que ha arrasado a España.

El lunes tenía que haber dimitido Irene Montero tras conocerse su bochornoso vídeo del 8M, en el que demostraba el conocimiento del Gobierno de la gravedad del coronavirus y la ausencia de medidas preventivas al respecto: un escándalo, demostrado ya con una ingente cantidad de pruebas documentales publicadas por ESdiario y otros medios, que explica la disparatada mortalidad de España al lado de la práctica totalidad del mundo.

Y este martes debió seguir su camino Grande Marlaska, tras constatarse que mintió reiteradamente en sede parlamentaria cuando aseguró que la purga del coronel Pérez de los Cobos no tuvo nada que ver con la investigación sobre el 8M que impulsó por orden judicial.

Su relato falso quedó en evidencia al trascender la existencia de un documento, firmado por la directora de la Guardia Civil, donde se ponía negro sobre blanco que la única razón de esa destitución fue, precisamente, la que negó en el Congreso el ministro del Interior.

Si a todo esto le añaden que el presidente del Gobierno se ausentó de la sesión de control en el Senado, poniendo como excusa unas obligaciones internacionales de las que no existe constancia, el cuadro final es escandaloso en apenas unas horas.

Primero abocan a España a los mayores estragos por coronavirus de todo el mundo. Después intentan borrar la huella de ese desastre fruto de sus decisiones y no solo de la virulencia del COVID-19. Y por último despiden al funcionario decente que cumple su trabajo y torpedean al juez ejemplar que quiere conocer la verdad.

Hasta sus compañeros de carrera claman contra Marlaska: "Ha perdido toda legitimidad"

Éste es el Gobierno que nos metió de lleno en la pandemia y ahora pretende dejarnos confinados hasta julio. El que hace dos años llegó a Moncloa para regenerar. Y ahora, en lugar de haberse dedicado a evitar que tengamos más muertos que nadie en el mundo, se concentra en encontrar la manera de taparlo.

Sánchez justificó su primer asalto a La Moncloa, con una moción de censura tan legal como inmoral por los socios de aventura, en la inaplazable necesidad de regenerar España. Y lo que ha hecho desde entonces es justo lo contrario: atacar la separación de poderes, colonizar todos los espacios públicos para someterlos a su interés particular, apostar por el sectarismo y la opacidad y, finalmente, sumir al país en la peor crisis desde 1978.

A qué espera Marlaska para irse
Editorial ABC 3  Junio 2020

Fernando Grande-Marlaska se está moviendo ahora entre el ridículo y la indignidad, situaciones incompatibles con ocupar un cargo público, menos aún si es el Ministerio de Interior. Ayer, Grande-Marlaska quedó ante la opinión pública como un mentiroso, porque el cese del coronel Pérez de los Cobos fue «por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo de Policía Judicial, con fines de conocimiento». Así se describe la fulminación de Pérez de los Cobos en el oficio firmado por la todavía directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Uno y otra se sostienen en sus cargos solo por la voluntad de Pedro Sánchez, lo cual es poco decir. Ya han perdido, Marlaska y Gámez, ese mínimo vital de dignidad que hay que conservar en política para presentarse ante los ciudadanos sin que se caiga la cara de vergüenza. Si además la causa es el maltrato público a la cúpula de la Guardia Civil, la ineptitud del ministro y su directora general para seguir en sus cargos es irreversible.

El Gobierno respaldó ayer a Grande-Marlaska no porque las peticiones de su cese sean injustas, sino porque este Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, comparte con el ministro del Interior su apego por la mentira y la bajeza ética. Comparten lo que dice y hace Grande-Marlaska porque es su método para gobernar. Su problema es que España sigue siendo un Estado de Derecho y todos están sometidos al imperio de ley y al control por los tribunales. El oficio firmado por Gámez, aunque busque refugiarse en los resquicios de una prosa pretendidamente ambigua, es un ejemplo canónico de represalia ilegal contra un funcionario que cumplió con su deber. A Pérez de los Cobos le exigieron que vulnerara el secreto oficial al que se debe toda Policía Judicial, y esto es exactamente lo que consta en un oficio que actúa contra Marlaska y Gámez como una declaración firmada de culpabilidad. Si la juez Rodríguez Medel quería saber qué pasó con Pérez de los Cobos, tiene la confesión del autor y de la autora.

Le va a ser difícil a Grande-Marlaska encontrar sucesor para Pérez de los Cobos. Cualquier oficial de la Guardia Civil al que se lo propongan sabe de antemano que si no pasa por el aro de la indiscreción y no se convierte en el «topo» de Marlaska en los juzgados será destituido. Cuesta creer que este juez curtido contra ETA, que prohibió a los investigadores del caso Faisán informar a sus superiores, sea hoy señalado como el resumen de los peores vicios de la política: la mentira, la represalia y el abuso de poder.

Una dimisión ineludible que compromete a todo el Gobierno
Editorial El Mundo 3  Junio 2020

Una democracia se corrompe cuando sus ciudadanos se acostumbran a que su Gobierno les mienta. Cuando la contumacia en el embuste del presidente y de sus ministros logren narcotizar a la opinión pública española, ese día habremos renunciado a la condición de ciudadanos libres. En una sociedad sana, los gobernantes son servidores del pueblo y rinden cuentas de sus desmanes. Dos años de sanchismo después, el Ejecutivo encadena escándalos políticos que erosionan la separación de poderes, alientan la polarización social desde posiciones de poder, colonizan cada institución del Estado en favor del partido de Gobierno reducido a agencia de colocación y empujan en suma a la democracia constitucional alumbrada ejemplarmente en 1978 por la pendiente populista de los regímenes iliberales. De ese proceso de degradación es emblema ya la triste trayectoria de Fernando Grande-Marlaska.

Después de la orden revelada ayer, firmada por su subordinada María Gámez como directora de la Guardia Civil, el ministro del Interior ya no puede ocultar por más tiempo que mintió en sede parlamentaria el viernes cuando afirmó que ni él "ni nadie del Ministerio ni de la Dirección General de la Guardia Civil ha reclamado al coronel Diego Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe" que daba cuenta de las investigaciones sobre el 8-M desarrolladas por el Instituto Armado bajo autoridad judicial. Nunca se trató de una "reestructuración de equipos", ni de "evaluar una disfunción", ni de ningún barato eufemismo por el estilo: lo cesó por arbitraria voluntad de injerencia al servicio de Moncloa.

Marlaska mintió conscientemente para no incurrir en el delito que sabe que comete cualquier mando político que interfiere en una investigación judicial que afecta a su Gobierno. Lo peor para él es que esa mentira ha quedado violentamente a la intemperie y que la juez -víctima de una infame cacería mediática por parte de las terminales gubernamentales- tiene ya prueba suficiente para proceder contra el ministro del Interior por coacción e inducción a la violación de secretos. Pero la condición de imputado debería encontrar a Marlaska ya dimitido. Él fulminó a un hombre honesto por negarse a cometer una ilegalidad. Por cumplir con su deber. Es un ministro inicuo que no debe permanecer un solo día más en su puesto. Cada minuto que se aferra a una cartera especialmente delicada es un insulto a los ciudadanos. Ha ejecutado purgas políticas, ha filtrado informes falsos contra el adversario político, ha monitorizado las redes para perseguir la discrepancia, ha mentido para protegerse del efecto penal de sus presuntos delitos. Debe irse ya. Sin dilación.

Pero la responsabilidad no se agota en Gámez y Marlaska. EL MUNDO ha publicado que el ministro del Interior fue instado desde La Moncloa a "ponerse las pilas" para hacerse con la información que obraba en poder de la Justicia. Y se las puso, aunque ello comportara el desborde de la legalidad y del mínimo escrúpulo democrático. Sánchez se ha caracterizado en este tiempo por abusar de las instituciones en provecho propio y por llevar a sus colaboradores -desde Tezanos hasta Dolores Delgado, de Rosa María Mateo a Marlaska- más allá del límite de la elemental higiene democrática. Ha ido muy lejos en muchos frentes, a menudo con el patético aplauso de los sectarios que solo recuperan la vergüenza periodística cuando el poder lo ejerce el PP. Pero la sociedad debe poner pie en pared. Un Gobierno desarbolado y débil con tendencias autoritarias le está perdiendo el respeto. Si los abusos de poder se saldan con el olvido y a cada escándalo le suceden nuevos escándalos olvidables, la impunidad será norma y la democracia estará amenazada.

O sea, superdrásticas pero… tarde, tía
Liberal Enfurruñada okdiario 3  Junio 2020

“Se nos mueren los viejos, tía. O sea, ¡qué fuerte, tía! A nosotras, con lo prudentes que fuimos y tal, que siempre nos basamos en los datos médicos esos tan superimportantes de la salud pública. O sea, ¡es que no hay derecho, tía! Yo creo que se mueren por fastidiar, tía. A nosotras, que somos el Gobierno de la gente y que enseguida después de la ‘manifa’ ya tomamos todas esas medidas superdrásticas. Pero es que la gente es un asco, tía, que si «dame un beso, ministra», que si «hola, bonita, ¿cómo estás? muac, muac», que si me quieren tocar a la niña… y así todo, o sea, un asco, ya sabes, tía. Si no llega a ser por nosotras y nuestras medidas superdrásticas es que se hubieran muerto todos, tía. Y van y encima se enfadan por 40.000 o 50.000 cadáveres de nada. Como dijo Pablo, «lo de los abuelos nos desespera», «a la gente mayor le cuesta más cambiar el voto» … que morirse. O sea, tía, ¡es superfuerte!”

Nosotros sabíamos que ellos lo sabían, y ahora ya nadie lo va a poder negar. Porque todos hemos visto el vídeo en el que la ministra de Igualdad se lo confiesa a una periodista de la ETB, al día siguiente del 8-M. Le dice que la participación en las manifestaciones ha sido mucho más baja que otros años por el coronavirus, le confiesa que ella misma siente miedo al rozarse y besarse con la gente y que le aterra que quieran tocar a su hija. Y, lo que es peor, cuenta que conoce las medidas de prevención “superdrásticas” que han tomado ya otros países, prohibiendo manifestaciones como esa del 8-M a la que ella asistió y cuya cabecera prácticamente cayó infectada al completo. ¡Qué fuerte, tía!

La vemos hablando en confianza, hasta le cuenta a la periodista que a pesar de que ella sabe que la manifestación les fue mal por el coronavirus, no se le va a ocurrir decirle eso a nadie, para no salirse del discurso único que por aquellas fechas pronunciaba todo el Gobierno y respaldaban las grandes cadenas de televisión. Todos a una escondieron a la población la información que tenían, los miedos que sentían, las precauciones que ellos ya tomaban pero que no querían que nadie supiera. Porque si hubieran sido sinceros, si hubieran contado la verdad, si hubieran compartido los informes científicos de los que ya disponían; no habrían tenido más remedio que suspender las manifestaciones comunistas del 8-M y, como consecuencia, todo el resto de actos multitudinarios que no pudieron suspender sin cancelar ese otro. El 8-M no fue el único gran foco de contagio, claro que no. La gente se contagió en el fútbol, en los conciertos y hasta en el mitin de VOX. Claro que no fue el único foco, pero el 8-M fue el único motivo por el que no se cancelaron los demás eventos.

Y la gente se murió por miles, por decenas de miles. Si pusiéramos en fila los ataúdes de todos los fallecidos veríamos una macabra procesión que llegaría desde Madrid a Ávila, desde Sevilla a Huelva, o desde Bilbao a Santander. 100 kilómetros de muerte y dolor. Irene habla como una pija desorejada, una pija de mercadillo, de imitación, una pija de marca blanca, habla como una pija de quiero y no puedo. Cayetana Vallecana, le dicen. Es la choni pija que ocupa un puesto que a todas luces le viene grande. La vemos hablando y nos la imaginamos portando una cartera ministerial de imitación, una Louis Vuitton del top manta de la playa. Pero eso no es lo malo, eso es sólo lo ridículo. Lo peor es que Irene Montero forma parte del Gobierno que durante más tiempo ha tomado las medidas más “superdrásticas, tía”, que nos han tenido a todos encerrados y callados, pero son los responsables de que seamos el país con más muertos por habitantes. Irene lo sabía, pero… jo, tía, “o sea, no lo voy a decir porque… no lo voy a decir”.

España tiene un nuevo virus: Pablo Iglesias ha infectado a Pedro Sánchez
Fernando de Rosa esdiario 3  Junio 2020

El autor argumenta sobre la deriva del presidente hacia las posiciones más radicales de su socio. Y recuerda las consecuencias que actitudes así siempre han tenido.

Con tristeza tengo que decir que en España se está propagando un nuevo virus, el del radicalismo populista y excluyente. Dicho virus no es nuevo, pero hasta ahora, España había estado al margen de esta pandemia.

Sin embargo, media Europa lo sufrió durante décadas, causando mucho dolor y pobreza. Son muchos los derechos y las libertades que quedaron vulnerados, restringidos y violados en el continente europeo por la expansión de este virus comunista que se disfraza de solidaridad para infectar las estructuras de las sociedades.

La Historia nos pone de manifiesto que el comunismo nunca es sinónimo de libertad, sino de represión y de expansión de un pensamiento único. Basta mirar las atrocidades cometidas en la Unión Soviética y en los países dominados por el telón de acero en Europa. Pero esa pandemia también ha afectado a otros continentes.

En este sentido, puede verse la realidad existente en países asiáticos como Corea del Norte o en países americanos como Cuba o Venezuela. Precisamente, en las aguas turbias del comunismo bolivariano bebió nuestro vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

La verdadera razón de por qué Pedro Sánchez quiere un Estado de Alarma eterno
Para él, el modelo de libertad es aquel en el que desde el Gobierno se controlan todos los resortes del Estado, dando un autogolpe de Estado para perpetuarse en el poder. Se trata de un modelo en el que no importa el respeto a la dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes. Lo importante es que el pueblo sea sumiso y domesticado desde los medios de comunicación de titularidad pública.

Así trabaja Pablo Iglesias, contagiando al Gobierno de la Nación con el virus de la fractura, el enfrentamiento, la radicalidad y el pensamiento único. Mientras, el presidente Sánchez, ya infectado por ese virus, permanece noqueado. El virus ataca los cimientos del Estado de Derecho y la división de poderes.

Lo más inquietante para un político bolivariano es precisamente la independencia judicial. En este sentido, son sospechosas las maniobras que el Gobierno está realizando en el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. No tienen ningún tipo de límites en la falta de respeto a la separación de poderes.

Atacan el prestigio que tenía la Abogacía del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía del Tribunal Constitucional, la Fiscalía del Tribunal Supremo, y a los jueces y magistrados. Es realmente triste constatar que los jueces que hay en el Gobierno, Grande Marlaska y Juan Carlos Campo, hayan olvidado que la garantía de la convivencia en paz y democracia, es el respeto a la separación de poderes y a la independencia judicial.

Tengo que recordar la actuación de Pablo Iglesias, insultando, llamando corruptos a los jueces, que llevó al Consejo General del Poder Judicial a emitir dos comunicados indicando que Iglesias estaba atentando al Poder Judicial. Mientras, el Ministro de Justicia, también infectado por el virus de la Moncloa, sostuvo que esas afirmaciones estaban justificadas por la libertad de expresión.

La autocracia de Sánchez: el presidente prefiere amordazar a España que curarla

De igual manera, depuran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, buscando que sean sumisos a la "nueva normalidad" del Estado de pensamiento único. Estamos ante una alarma de Estado: el Gobierno actúa en contra del Poder Judicial.

Ante está situación y para combatir este virus, recomiendo desde el primer momento el uso de la “mascarilla democrática”. Este virus infecta, es un virus autoritario, destructivo y corrosivo, que cada vez está inundando a la población. Incluso puede llegar a ser un virus letal. Letal para un Estado democrático, por la restricción de derechos y libertades.

El virus que ataca la independencia del Poder Judicial, dimana de los socios comunistas de Podemos, los radicales, que llegan a acuerdos con herederos de ETA, así como de los independentistas catalanes.

La radicalidad
Me preocupa que en España empiece a oírse la frase: ¡EXPROPIÉSE! bolivariana. Me preocupa como cada vez más, nos parecemos a nuestro país hermano de Venezuela. Conozco a muchas familias venezolanas que huyeron de su país por la falta de libertad, y ahora me cuentan que en España está empezando a acontecer lo mismo.

Aún estamos a tiempo de poner cordura y evitar que España se convierta en un triste ejemplo de cómo los modelos bolivarianos conducen a la pobreza del régimen democrático y de los ciudadanos. La vacuna de este virus, no está en los extremos, ni en la radicalidad.

Nunca encontraremos el progreso en la nueva normalidad derivada del populismo radical y excluyente. La solución la encontraremos en una España unida donde se valoren los derechos y libertades, la transparencia, la separación de poderes y la lealtad a la Constitución y a la Corona.

Daniel Portero recuerda el papel de Marlaska en la derogación de la doctrina Parot
esRadio Libertad Digital 3  Junio 2020

La injerencia del Gobierno en la investigación de la Guardia Civil sobre la celebración del 8-M en plena pandemia sigue coleando por la situación en la que ha quedado el Instituto Armado después de las dimisiones dentro de su cúpula y las acusaciones de purga.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el presidente de Dignidad y Justicia y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Porteo, ha comentado que para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "no ha sido un bueno posicionamiento" y que eso puede comprometer su regreso "a la carrera judicial".

Sobre la investigación del papel de la manifestación del 8-M en el aumento de contagios por coronavirus y los ataques del Gobierno a la juez Carmen Rodríguez-Medel, a través de la Abogacía y la Fiscalía del Estado, Portero ha recordado que "la aplicación de la legalidad siempre tiene que estar por encima de la jerarquía". También ha asegurado que "las manifestaciones del 8-M claramente provocaron la expansión del virus" en España.

Daniel Portero, además ha dado gracias "a Dios y a la Constitución" por "la figura de la acusación popular" y ha recordado "la independencia y obediencia" de la Guardia Civil "a un juez o al ministerio fiscal" a la hora de hacer sus investigaciones. En este sentido ha afirmado sigue confiando "en muchos fiscales" aunque no lo haga en "la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, porque, lógicamente, tiene una trayectoria política que, evidentemente, hace claro que las órdenes van a ser contra la aplicación de la legalidad en cuanto a esclarecer qué paso el 8-M".

Marlaska y la derogación de la doctrina Parot
El presidente de Dignidad y Justicia también ha recordado el momento en el que el juez que era el azote de ETA por la investigación del caso Faisán acabó asumiendo la derogación de la doctrina Parot a las 24 horas del fallo del TDHE. Portero ha contado cómo durante la instrucción de la investigación del chivatazo a ETA "dio órdenes a la Guardia Civil" de que no que no trasladara la información a sus superiores y ha apuntado que Grande Marlaska "ahora hace exactamente lo contrario".

Daniel Portero ha dicho que después de hacer "grandes operaciones contra ETA" al actual ministro del Interior "le tocó lidiar con la derogación de la doctrina Parot" por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Marlaska, que para las víctimas del terrorismo "había sido un referente en la lucha contra ETA", "a 24 horas del fallo y sin traducción del mismo organizó una reunión" en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y "su voto de calidad fue el que permitió que saliera adelante".

Para el actual diputado regional del PP "no existía ninguna figura jurídica que articulara la sentencia de Estrasburgo" y que permitió "la puesta en libertad de más de 100 terroristas y violadores". Daniel Portero asegura que fue "una clara prevaricación".

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Una de cada diez
Más de 156.300 empresas han echado el cierre desde que Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018
Carlos Ribagorda okdiario 3  Junio 2020

Más paro, más déficit, menos crecimiento económico… y más empresas cerradas. Este es el balance económico de los dos años que lleva Pedro Sánchez en el Gobierno, desde junio de 2018 cuando ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy con el apoyo del PNV, Bildu y ERC. Desde el 31 de mayo y hasta el 30 de abril -último dato conocido- han cerrado en España un total de 156.305 compañías, un 10,3% de las que se encontró Sánchez cuando se instaló en Moncloa. Además, falta contabilizar este mes de mayo, afectado también por el confinamiento de la sociedad por la pandemia del coronavirus.

El 31 de mayo de 2018 había en España un total de 1.504.239 empresas en el régimen general con trabajadores, según los datos de la Seguridad Social. Dos años después, pese a que la economía ha ido creciendo hasta la mitad de marzo de 2020, la cifra se ha reducido hasta las 1.347.934. Son las citadas 156.305 menos, un 10,3% de descenso, una de cada diez. La cifra es inferior incluso a los peores años de la anterior crisis -datos a diciembre-. El año 2013 cerró con 1.373.495 empresas.

Las cifras reflejan que la política económica de Sánchez no funciona -no están contabilizadas las empresas que han cerrado sus puertas por el coronavirus y que volverán a abrir en las próximas semanas, sino las que se han dado de baja de cotización-. Desde que llegó al Gobierno, en España hay más paro, más déficit público -incluso antes de la pandemia- y menos crecimiento económico. Y, más importante, menos tejido empresarial, clave para crear empleo, reducir la nómina de las prestaciones públicas -5.121 millones en mayo, récord absoluto-, y salir antes de la crisis.

Se une de esta forma Sánchez a la nómina de presidentes del PSOE que han aumentado el paro durante sus mandatos. Ya lo hicieron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora, en sus dos primeros años en Moncloa, también lo ha hecho el actual presidente. Falta por ver su balance a final de su mandato.

Las de un trabajador, más perjudicadas
Se da la circunstancia además de que las empresas que más han sufrido son las más pequeñas, las que están registradas con un trabajador en las estadísticas de la Seguridad Social. Con Sánchez las pequeñas empresas sufren más y tienen que cerrar, mientras que las grandes compañías de más de 500 trabajadores son ahora más numerosas.

A cierre de abril de 2020, había en España 486.848 empresas de un sólo trabajador, frente a las 566.381 de mayo de 2018. Desde que llegó el PSOE al poder han echado el cierre 79.533 de estas pequeñas compañías, un 14% respecto a las que había hace dos años. De hecho, la cifra actual de este tipo de empresas es inferior a lo peor de la anterior crisis.

Mientras, las corporaciones de más de 500 empleados son más numerosas ahora que cuando Sánchez llegó al poder, según la misma fuente. En mayo de 2018 había en nuestro país 2.247 empresas de este tipo, frente a las 2.313 de abril de este año. Esto significa que el 51% de las empresas que han echado el cierre con el Gobierno socialista -en coalición con Podemos desde enero de este año- son de un sólo trabajador.

Paro y prestaciones
Aunque el coronavirus ha agravado la situación empresarial, ya antes de que explotara la pandemia a mediados de marzo el número de empresas había descendido respecto a mayo de 2018. Hasta el 1 de marzo, la cifra de compañías registrada en las estadísticas de la Seguridad Social era inferior a la de mayo de 2018, como se ve en el gráfico.

La consecuencia de este caos empresarial es más paro y más prestaciones públicas para los afectados. Este martes el Gobierno ha dado las cifras de desempleo de mayo, que han vuelto a subir pese a que normalmente se trata de un mes bueno para el empleo por el inicio de la temporada de verano del turismo.

El número de parados es de 3,85 millones, aunque con los afectados por los ERTE la cifra de prestaciones roza los seis millones de personas. La nómina para las arcas públicas supera los 5.000 millones en un sólo mes por primera vez, según ha destacado el propio Gobierno durante la rueda de prensa de presentación de los datos este martes.

Aunque la cifra se irá reduciendo en los próximos meses por la incorporación de más trabajadores que estaban en situación de ERTE a su puesto de trabajo por la reapertura paulatina de los negocios en España, la cifra de parados podría ir en aumento si se cumplen los pronósticos de los empresarios, que auguran que muchas empresas no podrán aguantar y tendrán que cerrar.

Vuelve Marlaska y Sánchez disimula
Pablo Sebastián republica 3  Junio 2020

Como en el telar de Penélope lo que algunos pactan en La Moncloa por la noche otros de su misma cuerda lo deshacen por la mañana. Pasó con el escándalo de Bildu y acaba de ocurrir con la reactivación del caso Marlaska tras hacerse público el escrito de la Directora de la Guardia Civil, María Gámez, en el que propone el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por ‘pérdida de confianza’ y por ‘no informar del desarrollo de informaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de policía judicial, para conocimiento’.

El Ministro había dicho el pasado viernes en el Senado: ‘ni yo, ni nadie del Ministerio del Interior, ni de la Guardia Civil ha solicitado al coronel Pérez de los Cobos el informe sobre el 8-M, ni se ha interesado por su contenido’. Pero el escrito de Gámez lo deja como mentiroso en pésimo lugar. Y, lo que es peor, lo pone en el punto de mira (a Gámez también) de una muy posible actuación judicial en la que se le pudieran imputar los delitos de ‘revelación de secretos y prevaricación’.

El pobre ministro Marlaska desmiente ‘injerencias’ para defender su más que vulnerable posición, pero a él se le acusa de mentir en el Parlamento y de cesar al coronel Pérez de los Cobos por represalia y por cumplir la ley. Y eso va a Misa y acabará ante la juez.

Asociaciones de jueces y fiscales han pedido la dimisión de Marlaska quien ayer en el Senado volvió a mentir, convencido de que Pedro Sánchez no le dejará caer, y lo mismo que los jueces y fiscales hicieron los partidos de la Oposición, PP, Cs y Vox.

Pero Sánchez, como quien oye llover, pasa de todo porque lo único que le preocupa en este momento es que este miércoles salga adelante su sexta prórroga del ‘estado de alarma’, con los votos favorables de Cs y PNV y con las abstención de ERC. Y todo apunta que así será lo que en La Moncloa se considera un gran éxito por haber juntado en la misma votación a Cs, PNV y ERC.

Es como si el domador del circo de la política, que cree ser Pedro Sánchez, hubiera conseguido meter en la jaula de los leones del Congreso otras fieras, de PNV y ERC, y al lindo gatito de Cs sin que nadie saliera agredido, aunque los de ERC insisten, subiendo la voz, en poner a Sánchez ante un dilema: o Arrimadas o Junqueras, pero no con los dos.

Sánchez mira al tendido del Ruedo Ibérico donde se escucha un griterío y un clamor contra el ministro Marlaska, que está lívido y asustado porque quedó en evidencia y porque sabe que ahora está a merced de un juez al que se le presente una querella y quiera ir a por él.

A Marlaska lo han cazado y dejado en evidencia dos elementos: el enorme error de la Directora de la Guardia Civil de poner por escrito la confesión del ‘crimen’ del coronel; y la filtración de ese documento que era tan secreto como el informe del 8-M que Marlaska quiso birlar a la juez Rodríguez Medel, la que a buen seguro ya habrá pedido copia del escrito de Gámez por lo que pudiera ocurrir.

¿Hay uno o varios topos en la Guardia Civil y en el Ministerio del Interior? Claro que los hay y un malestar generalizado con el injusto cese del coronel que se limitó a cumplir la ley, cuando lo que le pedía la Directora Gámez era exactamente lo contrario: que el coronel incurriera en el delito de ‘revelación de secretos’, a lo que Pérez de los Cobos, justamente, se negó.

Y, después de esto y otras cosas como la de Bildu, se queja el Gobierno de que en España haya ‘confrontación’, naturalmente echando la culpa de todo a la Oposición. Como lo hizo ayer la ministra portavoz María Jesús Montero, desde el púlpito del Consejo de Ministros en una patética actuación ante la lluvia de preguntas que, sobre el escándalo Marlaska, le cayeron encima y que no quiso ni pudo responder.

Y a este Gobierno que protege a Marlaska la líder de Cs, Inés Arrimadas, le ofrece su protección en la sexta prórroga del ‘estado de alarma’ y en la compañía de ERC. Y cuando la negociación de los votos a esas prórrogas no tienen nada que ver con la Sanidad, sino con otras cosas como ayudas al turismo que pide Cs, o con la Mesa de Diálogo soberanista que exige ERC.

‘Ande yo caliente y ríase la gente’ dirá Sánchez para sus adentros en la confianza de que la tormenta de Marlaska, como la de Bildu, pasará. A no ser que los topos del Ministerio de Interior, donde el Ministro ya no podrá conciliar el sueño, vuelvan a actuar. Porque el cadáver político del coronel Pérez de los Cobos, querido y admirado en la Guardia Civil, clama Justicia y a buen seguro que la tendrá, precisamente en algún tribunal.

Inda: «A este Ciudadanos ya no se le puede votar, es el socio del socio de ERC y Bildu»
OKDIARIO 3  Junio 2020

Eduardo Inda explica por qué ya no hay que votar a Ciudadanos, a este Ciudadanos, al que dirige Inés Arrimadas: «No voten nunca más a un partido que es socio del socio de ERC y de Bildu», afirma contundente Inda.

El partido naranja, comandado por Arrimadas, ha vuelto a apelar a su «responsabilidad» para pactar la sexta prórroga del estado de alarma. Pero Arrimadas ha vuelto a caer en la trampa de Sánchez. Si en la anterior negociación supo, una vez que se votó en el Congreso, que Sánchez había acordado con los proetarras de Bildu la derogación de la reforma laboral del PP, ahora Cs firma una desescalada idéntica en toda España cuando Sánchez ya tiene el acuerdo con el PNV para que el País Vasco vaya por libre.

Inda recuerda que Ciudadanos «surgió en el año 2005 como un soplo de aire fresco, pero también como una necesidad. Primero, para contrarrestar a la dictadura nacionalista, independentista y siempre corrupta de Convergència, que había dominado Cataluña desde los años 80. Y, después , para contrarrestar ese sucedáneo de CDC que era y es el PSC, el PSOE catalán», explica Inda.

«Luego llegó –continúa– su salto a la política nacional, donde tuvieron que llenar el vacío ideológico que había dejado el Partido Popular y el vacío ético que había dejado ese mismo partido, que estaba absolutamente enfangado en la corrupción, en la mayor de las corrupciones. Y la verdad es que Albert Rivera lo fue consiguiendo. Fue yendo a más elección tras elección. El cúlmen llegó exactamente hace un año y un mes, en abril de 2019, en las elecciones generales, cuando, con 57 escaños, se quedó a tan sólo nueve de dar el sorpasso al Partido Popular», recuerda Eduardo Inda.

A partir de ese momento, «todo ha ido de mal en peor» en la formación naranja. «La vida personal de Albert Rivera, su soberbia, que estaba reñida con su innegable talento político y dialéctico, hicieron que el partido acabase en las últimas elecciones generales en 10 escaños», explica el directo de OKDIARIO. Fue en ese momento cuando apareció «la gran esperanza blanca de Ciudadanos, la valiente persona que se había atrevido a hacer frente a la dictadura nacionalista catalana y al golpe de Estado del uno de octubre de 2017»: Inés Arrimadas.

Pero la verdad es que, como reconoce Inda, Arrimadas «ha sido una decepción tremenda. Al punto que, en estos momentos, la antaño miembro de un partido constitucionalista es la socia del socio de Bildu, el partido heredero político de la banda terrorista ETA. Y es socia también del socio de ERC, del partido golpista que ella combatía en Cataluña».

Con este panorama, a Eduardo Inda sólo le queda dar un consejo: «No voten nunca más a un partido que es socio del socio de ERC y de Bildu».

¿El final de ETA?
«Es necesario seguir trabajando para lograr que se cuente la verdad de cincuenta años de terror nacionalista»
Íñigo Gómez-Pineda ABC 3  Junio 2020

Hace trece años comenzó su andadura la Fundación Villacisneros con la voluntad de ayudar a construir una sociedad mejor. Lo hicimos tomando como punto de partida los principios que inspiran el humanismo cristiano. Uno de los ejes principales de nuestra razón de ser es el apoyo a las víctimas del terrorismo y a sus demandas de Memoria, Verdad, Dignidad y Justicia. Desde nuestro nacimiento muchos han sido los cambios producidos en relación con estas reclamaciones, el principal de ellos la «disolución» de la banda terrorista el 3 de mayo de 2018. Hoy ya no peligra la vida de nadie por la amenaza de ETA, pero ¿hemos asistido los españoles al final de la banda que merecemos en un Estado de Derecho?

La llegada de Zapatero al Gobierno supuso un cambio radical en el modo de abordar la política antiterrorista que hasta entonces había dirigido con acierto el PP. Las reformas legales impulsadas por este partido para acorralar a la banda en todos sus frentes fueron desactivadas para ser sustituidas por la negociación política. Una negociación autorizada vergonzosamente por el Congreso el 18 mayo de 2005 y que devolvió a la vida política a una formación ilegalizada por el Tribunal Supremo al considerarla un instrumento al servicio de ETA. Desde entonces hasta hoy todo -con el paréntesis irrelevante del PP en este ámbito- han sido cesiones a favor de ETA y su brazo político, contribuyendo a una humillación permanente de las víctimas del terrorismo.

El cúmulo de traiciones a nuestro Estado de Derecho y a las víctimas del terrorismo es tan largo que daría para escribir más de un libro, y varios se han escrito al respecto, como «La derrota del vencedor», de Rogelio Alonso. Pero vayamos al grano recordando algunos episodios significativos para demostrar que la crítica que realizamos está basada en hechos objetivos.

Previamente a la declaración del Congreso de mayo de 2005, se permitió en el mes de abril concurrir a las elecciones vascas a un partido surgido de la nada, el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Todo el mundo se percató del engaño salvo el Gobierno, que no impugnó ni una sola de sus candidaturas. Tras la declaración de alto el fuego permanente de marzo de 2006, en el mes de mayo de ese mismo año, la Policía, por orden de su director general, advirtió a la banda -caso Faisán- de una redada contra los responsables del chantaje revolucionario evitando que fueran detenidos. En paralelo puso en marcha una mesa de negociación política con la participación de Batasuna en las llamadas «conversaciones de Loyola» hasta suspender los contactos a final de ese año como consecuencia del atentado de Barajas. Pese a ello supimos después que Jesús Eguiguren y Otegui, con la autorización del ministro del Interior, Rubalcaba, siguieron encontrándose para buscar una salida airosa a la banda por dejar de matar.

En mayo de 2007 se permitió de nuevo al ilegalizado brazo política de ETA regresar a la vida municipal, esta vez bajo el paraguas de Acción Nacionalista Vasca -eso sí, solo en aquellos ayuntamientos en los que estuvo interesado Otegui, ya que pactaron impugnar las candidaturas en aquellos municipios que no eran relevantes para el partido de ETA-. Y por último, amortizadas ya las marcas blancas e impulsada su ilegalización para hacernos creer que se enfrentaban de verdad a la banda, cuatro años más tarde, en 2011, se forzó al TC a admitir como partido legal a Euskal Herria Bildu.

La banda terrorista, como último pago del acuerdo, intentó favorecer la reelección de Zapatero anunciando el final de su actividad el 20 de octubre, un mes antes de la celebración de elecciones. Pero la crisis económica se encargaría de llevarse por delante a Zapatero. Podríamos dar cuenta de muchas más fechorías del PSOE en relación con ETA, como los recientes movimientos del Gobierno de Sánchez en política penitenciaria a través de los cuales, aprovechando la dormidera del confinamiento, han sido decenas los asesinos de ETA que han progresado de grado o han sido acercados a prisiones próximas al País Vasco. Podríamos hablar también de la decepción que supusieron para muchos los años de Gobierno de Rajoy en esta materia. No solo lamentamos que no actuara instando de nuevo la ilegalización del brazo político de ETA -razones hubo y están señaladas en la propia sentencia del TC de 5 de mayo de 2011 que permitió la vuelta de Herri Batasuna a las instituciones-. No olvidamos tampoco uno de los episodios más humillantes: la excarcelación por razones «humanitarias» del terrorista Bolinaga, asesino de tres guardias civiles y secuestrador durante 532 días de José Antonio Ortega Lara.

Hoy los testaferros de ETA están sentados en el Congreso. Ponen y quitan presidentes, aprueban estados de alarma y condicionan la vida de los españoles como si fueran un partido al uso. Cada día Sánchez blanquea su pasado criminal tratándoles con delicadeza absoluta, permitiéndose incluso firmar con ellos la derogación de la reforma laboral, traicionando la memoria de sus compañeros abatidos por las balas de ETA.

Por todo esto, desde la Fundación Villacisneros seguimos pensando que es necesario seguir trabajando para lograr que se cuente la verdad de cincuenta años de terror nacionalista. Para recordar quiénes son los herederos de ETA. Recordar que aún quedan más de trescientos crímenes de la banda sin resolver, pedir que no se homenajee a terroristas impunemente o denunciar a políticos cobardes que, con su inacción, permiten que se enaltezca en las calles a terroristas solicitando su excarcelación. Y lo vamos a seguir haciendo porque aspiramos a construir una sociedad mejor y lo mejor de nuestra sociedad han sido y son, las víctimas del terrorismo.
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Íñigo Gómez-Pineda es Presidente de la Fundación Villacisneros


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