AGLI Recortes de Prensa   Viernes 5  Junio  2020

¡Viva el 8 de marzo! Cronología de una infamia
Después del ¡viva el 8 de marzo! de Sánchez, repasamos lo sucedido en torno a la manifestación feminista celebrada en plena epidemia.
Libertad Digital 5  Junio 2020

¡Viva el 8 de marzo!, exclamo este miércoles Pedro Sánchez, en el debate en el Congreso de los Diputados, previo a la aprobación de una nueva prórroga del estado de alarma, desafiando a quienes exigen responsabilidades y a la Justicia, en plena investigación de lo sucedido. Lo cierto es que el Gobierno siempre tuvo acceso a los datos que desaconsejaban un acto como la manifestación izquierdista, presentada como feminista. Estos son los hechos:

Jueves 23 de enero
Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, dice que España está "preparada para la situación que venga" al conocerse que China confina Wuhan, con 11 millones de habitantes.

Viernes 24 de enero
Un informe elaborado por José Antonio Nieto González, jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, solicita al Gobierno medidas de protección como guantes de nitrilo y mascarillas "para evitar la exposición al coronavirus" en la actividad policial, por ejemplo, en los aeropuertos. No se hizo nada, pero el mismo día en que se decretó el estado de alarma, el 14 de marzo, Nieto fue destituido.

Jueves 30 de enero
La OMS declara la emergencia internacional. Sin medida alguna en aeropuertos y sin suspensión de vuelos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa asegura: "No se ha detectado ningún caso de coronavirus en España y estamos preparados para afrontar cualquier eventualidad".

Viernes 31 de enero
Aparece el primer caso en España. Se trata de un turista alemán en La Gomera. Fernando Simón pronuncia una de las frases que más le perseguirá: "España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado". Hacienda envía mascarillas a su delegación del barrio madrileño de Usera, en el que reside mucha población china.

Domingo 9 de febrero
Un turista británico en Palma de Mallorca se convierte en el segundo caso confirmado de coronavirus en España.

Martes 11 de febrero
La OMS eleva a "amenaza muy grave" la alerta sanitaria, pero España sigue sin adoptar medidas de cancelación de vuelos. En la actividad política, el Congreso aprueba la Ley de Eutanasia, impulsada por el PSOE.

Miércoles 12 de febrero
Se suspende el Mobile World Congress con las críticas del gobierno de Sánchez. Según la vicepresidenta Carmen Calvo "no hay razones sanitarias" porque "somos un país que ha seguido las recomendaciones estrictas de la OMS, que tenemos un sistema de respuesta muy cualificado y muy solvente".

Jueves 13 de febrero
Pedro Sánchez también opina sobre la cancelación del MWC: "De acuerdo con los expertos y la información disponible, no responde a razones de salud pública en España". Coincide en el diagnóstico Salvador Illa: "En España no hay ninguna razón de salud pública para adoptar medida alguna respecto a cualquier evento". Fernando Simón va más allá al decir que "no existe riesgo de infectarse".

Sin embargo, ese día llega la primera víctima en España, en Valencia, donde fallece una persona de 62 años que acababa de llegar de Nepal. La opinión pública no lo sabrá hasta principios de marzo, después de que a finales de febrero Sanidad ordene hacer necropsias a todos los fallecidos por neumonía, lo que demuestra que en esa fecha ya sabía que había epidemia.

Viernes 14 de febrero
Salvador Illa dice que "es más que suficiente" lo que está haciendo el Gobierno respecto al coronavirus.

Domingo 23 de febrero
Contagio colectivo en un funeral en Vitoria. Fernando Simón: "En España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad".

Martes 25 de febrero
Salvador Illa dice que "no es necesario ir con mascarillas por la calle" porque sería crear un "alarmismo" contraproducente.

Miércoles 26 de febrero
Cuatro turistas italianos dan positivo en análisis en Tenerife, lo que provoca el aislamiento de casi mil personas en un hotel. Salvador Illa no ve inconveniente en que los que han visitado zonas de riesgo hagan vida normal. Se produce el primer caso de contagio local en España, en Sevilla. El paciente, de 62 años, no había viajado.

Viernes 28 de febrero
La OMS eleva a "muy alta" la alerta internacional. Salvador Illa pide "no caer en el alarmismo" e insiste en que las mascarillas "no son necesarias" pese a que ya existen 33 casos positivos en coronavirus en España. Fernando Simón: "Este virus sobrevive mal en el medio ambiente". Según esa máxima, el responsable de las alertas sanitarias en España añade que "cualquier medida de distanciamiento social tiene consecuencias muy gordas porque no hay prácticamente ninguna certeza de que estas favorezcan el control del coronavirus".

Lunes 2 de marzo
Desde este día hasta el 8 de marzo llegan a España, procedentes de China e Italia, decenas de vuelos y barcos sin control sanitario de pasajeros. Todo ello pese a que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), del que es miembro Fernando Simón, informa de que el virus se "propaga rápidamente y puede tener un enorme impacto en la salud pública con resultados fatales en grupos de riesgo". El informe recomienda no celebrar "actos masivos".

Martes 3 de marzo
España registra 169 casos y un muerto. El Ministerio de Sanidad aconseja suspender los seminarios y los congresos médicos. Illa justificaba la decisión porque "necesitamos que los profesionales se encuentren en perfectas condiciones" y "no nos podemos permitir una merma de profesionales". Ese mismo día, el Gobierno presenta su proyecto de Ley de Libertad Sexual.

Miércoles 4 de marzo
España registra 228 casos y dos muertos, el segundo en Bilbao.

Viernes 6 de marzo
España registra 365 casos diagnosticados y 8 muertos. Pedro Sánchez dice que "sin feminismo no hay futuro" y Adriana Lastra llama a "llenar las calles de feminismo" el domingo. Ese mismo día ya le habían llegado al Gobierno dos informes oficiales desde Europa. En el primero de ellos, la comisaria de Salud de la UE, Stella Kyriakides, pide "garantizar la capacidad hospitalaria y la disponibilidad de equipos de protección, especialmente para la población vulnerable".

El segundo informe es del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), al que pertenece Fernando Simón, y reclama "si no se ha hecho ya, los Estados miembros deberían activar los mecanismos de alarma nacional y planes para asegurar la contención y mitigación con medidas sanitarias, especialmente la disponibilidad de equipamiento para los trabajadores sanitarios y de camas hospitalarias". Otro párrafo del informe pide "garantizar que la población esté al tanto de que este brote de covid-19 puede afectar gravemente a la sociedad".

Sábado 7 de marzo
España registra 430 casos diagnosticados y 10 muertos. Fernando Simón pronuncia otra de sus frases: "Si mi hijo me pregunta si puede ir [a la manifestación del 8-M] le diré que haga lo que quiera". La explicación es merecedora de análisis: "Es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales, pero no quiere decir que no haya extranjeros ni tampoco algunos de alguna zona de riesgo, pero no es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo".

Carmen Calvo, a la pregunta sobre qué le diría a una mujer que duda si acudir a las manifestaciones del 8-M: "Que les va la vida en ello, que les va la vida". En los medios de comunicación al servicio del Gobierno, como LaSexta se repetían este tipo de mensajes para animar a la gente a acudir a las manifestación, pese al riesgo ya conocido de contagio.

Domingo 8 de marzo
España supera los 600 casos y 17 muertos. Se celebra sin restricciones el 8 de marzo en toda España, con una asistencia inferior a la del año anterior: 120.000 personas según la Delegación del Gobierno en Madrid y 50.000 en Barcelona, según la Guardia Urbana.

Varias ministras resultan contagiadas. Irene Montero y Carolina Darias son las primeras. Moncloa intenta ocultar el positivo de Carmen Calvo. También resultan contagiadas la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que Moncloa también ocultó, y la madre y el suegro del presidente del Gobierno.

Lunes 9 de marzo
España registra 1.200 casos y 28 muertos. Salvador Illa anuncia el cierre de colegios en Madrid, La Rioja, Vitoria y Labastida (Álava). Admite que "estábamos en un estado de contención y ahora estamos en un escenario de contención reforzada".

Martes 10 de marzo
España registra 36 muertos. Se suspenden las Fallas de Valencia y las procesiones de Semana Santa. Salvador Illa dice que el "cambio de la situación se produce el domingo al anochecer". Por si no hubiera quedado clara la estrategia, añade: "La situación del lunes no es la misma que la del domingo, o que la del sábado. Esto va a ser así".

Pedro Sánchez decreta el cierre de los aeropuertos para los aviones procedentes de Italia. La medida, que también se aplica en los puertos para los barcos de esa procedencia, se toma 40 días después del primer caso de coronavirus en el país transalpino y 39 días en el caso de España. En ese periodo de 40 días llegaron unos 4.000 vuelos sin control alguno, unos 100 diarios según AENA.

Miércoles 11 de marzo
España registra 48 muertos. La OMS eleva al máximo la alerta al calificar los contagios como pandemia.

Viernes 13 de marzo
España registra 121 fallecidos por coronavirus. Pedro Sánchez anuncia que al día siguiente decretará el estado de alarma. El anuncio provoca miles de desplazamientos por toda España antes de su entrada en vigor.

Sábado 14 de marzo
Pedro Sánchez decreta el estado de alarma durante 15 días. Comienza el confinamiento. El Ministerio de Sanidad asume en un "mando único" las competencias de Sanidad de todas las comunidades autónomas, centraliza las compras y se decreta también la expropiación de todo el material sanitario que el Gobierno estime necesario. Las autonomías quedan como simples "gestores" de sus propios sistemas sanitarios.

Destitución de José Antonio Nieto, jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional. En enero había solicitado guantes y mascarillas.

Domingo 15 de marzo
España registra 152 muertos en 24 horas llegando así a los 288 muertos.

Lunes 16 de marzo
España registra 309 muertos y casi 10.000 casos confirmados.

Viernes 20 de marzo
España llega a los 1.002 fallecidos. En unos días se rozará la dramática cifra de 1.000 muertos en un solo día.

Sábado 21 de marzo
1.326 muertos y 24.926 contagiados. Comparecencia bochornosa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se muestra al borde del llanto, no anuncia una sola medida y deja frase como "somos el tiempo que respiramos". Además, durante casi dos horas de intervención, se dedica a destacar datos positivos como que "los delitos han bajado un 50 por ciento" o que "somos el quinto país del mundo con más tráfico de Internet".

A partir de aquí el Gobierno entra en una vergonzosa escalada de mentiras tanto en la contabilización de muertos e infectados como en la adquisición de material de protección y test de diagnóstico.

Sábado 28 de marzo
España registra 5.690 fallecidos de forma oficial. Empieza a verse que las cifras oficiales están muy por debajo de lo que se puede detectar en los registros y funerarias.

Martes 31 de marzo
Con los datos ya completamente en entredicho, España registra oficialmente 8.189 muertos y 94.417 contagiados.

(...)
Lunes 1 de junio
Se hace público un vídeo en el que Irene Montero, sin saber que está siendo grabada, afirma el 9 de marzo que en las manifestaciones feministas del día anterior hubo menos participación "por el coronavirus", aunque aclara que en la entrevista "no lo voy a decir", y sobre todo, confirma que ella y el Gobierno sabían del riesgo que implicaba el contacto personal entre los participantes en la movilización. Un riesgo del que, por supuesto, no avisaron a nadie.

Miércoles 3 de junio
Durante el Pleno para aprobar la sexta prórroga del estado de alarma, Pedro Sánchez proclama: "Yo lo digo alto y claro: ¡Viva el 8 de marzo!".

Muchas mentiras no hacen una verdad
 larazon 5  Junio 2020

La retórica hiperbólica desplegada por Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Congreso le llevó a gritar sin mucho entusiasmo «viva el 8 de marzo». Fue un gesto de provocación muy habitual en aquellos dirigentes políticos que, tras comprobar el desastre que sus decisiones pueden causar, se agarran al sacrificio que supone –en este caso en la expansión de coronavirus– siempre que la causa es buena. Valió la pena que varias ministras de su gabinete contrajeran el virus y, siguiendo un elemental cálculo de probabilidades, miles de personas que multiplicaron la epidemia cumpliendo aquella célebre fase de «más mata el machismo». Es lógico que el Gobierno haya querido neutralizar y desprestigiar la investigación que la Guardia Civil está llevando a cabo por orden de la titular del Juzgado número 51 de Madrid para impedir que se sustancie si aquel «sacrificio» conlleva alguna responsabilidad legal. Es lógico desde una visión política intervencionista dispuesta a saltarse la separación de poderes y el respeto a las normas más elementales del Estado de Derecho, pero es también una aberración democrática que se suma al historial de este Gobierno.

Sin embargo, lo que dicho informe apunta demuestra que el Gobierno desoyó las recomendaciones que desde el propio Ministerio de Sanidad se apuntaban sobre la gravedad de la epidemia y su capacidad de contagio, así como las de la agencia de la Unión Europea para el control y la prevención de enfermedades (ECDC). En un informe remitido desde este organismo el pasado 2 de marzo se pedía que no se acudiese a actos multitudinarios y otras concentraciones masificadas. Era evidente que se incluían manifestaciones como las del 8-M. Esta documentación fue recibida por el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, el mismo día, pero o no se le dio el valor que tenía o no se quiso interferir en los planes que el Gobierno, y en concreto el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, tenía para el 8-M. Así consta en las diligencias de la Guardia Civil, que hacen constar que Simón no envió dichas recomendaciones de las autoridades sanitarias de la UE a las comunidades autónomas, no ocupó lugar en el orden del día del Consejo interterritorial de Sanidad, ni tan siquiera en los planes de respuesta que ya estaba preparando el CCAES. Una prueba de que Sanidad era consciente de la peligrosidad de la Covid-19 es que se adoptaron medidas del contención del brote y se sabía que era urgente evitar aglomeraciones de personas, aunque en ningún momento se envió información alguna a la Delegación del Gobierno. Un error, una dejadez o un incumplimiento voluntario que tenía un precedente con el informe «Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV)», que adelantó LA RAZÓN, que once días después de que Salvador Illa tomase posesión del cargo de ministro, el 13 de enero, había preparado el CCAES sin que se le prestase mucha atención. Pero es que, además, con fecha del 28 de febrero, el mismo organismo dirigido por Simón hablaba en otro documento de la necesidad de la «cancelación de eventos».

El Gobierno puede desprestigiar el informe de la Guardia Civil dentro de esa lógica irresponsable de manchar el historial de un cuerpo ejemplar y decir que son informaciones publicadas muchas de ellas en medios de comunicación, pero no debería olvidar que en cualquier instrucción sigue siendo un prueba si se ciñe a la verdad y la magistrada la tiene en cuenta. Y, de momento, es innegable. Hasta la ministra de Igualdad ha reconocido que asistir a la manifestación del 8-M comportaba un riesgo. Decir que era en una conversación «privada» cuando se trata de una responsable política sólo demuestra esa insistente estrategia de ocultar la verdad. Cada vez es más evidente que la estrategia del Gobierno de deslegitimar la capacidad profesional de la Guardia Civil resulta irresponsable y que, tarde o temprano, tendrá consecuencias políticas.

Unos ignorantes, tío
María Claver okdiario 5  Junio 2020

En el Gobierno andan muy nerviosos por las posibles responsabilidades penales derivadas de su gestión en la crisis del coronavirus. El Tribunal Supremo ha recibido decenas de querellas, además de denuncias y recursos, de familiares de víctimas y sanitarios que exigen que se depuren responsabilidades. Va a ser interesante conocer si el Alto Tribunal rechaza todas ellas o por el contrario acepta que se investigue un asunto que, a diferencia de lo que algunos pretenden hacer creer, tiene mucho recorrido. De momento, el primero en ser citado por el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid como investigado por posibles delitos de lesiones y prevaricación ha sido el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. El asunto ha provocado un terremoto que ha acabado con el ministro del Interior y juez, Grande-Marlaska, enredado en sus mentiras y en la cuerda floja tras salir a la luz un documento que certifica que el cese del coronel Pérez de los Cobos no responde a un “nuevo impulso”, sino a su negativa a facilitarle información sobre las investigaciones que la Guardia Civil estaba realizando para el juzgado. Tiene toda la pinta que el asunto Marlaska acabará también judicializado.

Así las cosas, el Gobierno se ha lanzado a una defensa numantina de su gestión hasta llegar a rozar el ridículo en no pocas ocasiones. “¡Viva el 8M!, vociferó el presidente del Gobierno desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados en un gesto que describe en toda su vileza al personaje. La semana que arranca el lunes 2 de marzo en nuestro país pasará a los anales como un ejemplo de gestión catastrófica (eso no es discutible) y lo que resta por saber es qué grado de conocimiento tenía el Ejecutivo de la gravedad de la situación.

El mismo lunes 2 marzo había en España 119 contagiados, ya había saltado por los aires la teoría de “España no va a tener, como mucho, más allá del algún caso diagnosticado”. Esa semana se produjeron incrementos alarmantes en el número de contagios hasta llegar a un 52 por ciento el jueves 5 de marzo. La noche del sábado, unas horas antes de las manifestaciones y del resto de actos multitudinarios, había casi 600 contagiados y el Gobierno lo sabía. De ésos, el 34 por ciento se registraban exclusivamente en Madrid. Por supuesto, el foco italiano hacía muchos días que había estallado, contabilizaba casi 5.000 confirmados y más de un centenar de muertos. El mismo viernes, el ministro Illa había acudido al Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores. Allí, según consta en los propios documentos oficiales del Gobierno, Europa insta a “fortalecer la protección de las personas en riesgo (entre ellos, los mayores) y establecer medidas de contención coherentes. Por último, se ha hecho hincapié en la necesidad de que se cuenten con los equipos de protección necesarios”. Tía, Irene, exactamente todo lo contrario de lo que hicisteis y, más grave aún, promovisteis.

Por supuesto, a esas alturas numerosos países europeos habían decretado la suspensión de actividades o eventos que congregasen a un número significativo de personas, incluso Francia había cancelado la media maratón de París. Asimismo, el 13 de febrero la OMS había bautizado al Covid-19 como el “enemigo público número uno del mundo”, un peligro “peor que cualquier ataque terrorista”. Pocos días después, el 18 de febrero, el Gobierno chino hizo público el primer gran macroestudio sobre el nuevo virus que, con los datos que aportaba, no era difícil deducir el riesgo de colapso de los sistemas sanitarios y la muerte de miles de personas.

“Ha soportado estoicamente el desdén de los más ignorantes”, ha dicho Sánchez refiriéndose a Fernando Simón. Alguien debería advertir al presidente del gobierno que, para desgracia de más de 40.000 fallecidos, hemos sido víctimas de un Gobierno soberbio, sin fuelle ni entidad. Podría estar días, se lo aseguro, exponiéndoles los muchos datos, informes o artículos científicos que esta humilde ignorante fue recopilando desde mediados de enero y que desmontan, uno por uno, los argumentos del oficialismo. A estas alturas sólo espero que la Justicia haga justicia.

Sobran las palabras
OKDIARIO 5  Junio 2020

El gráfico remitido desde el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón y que la Guardia Civil ha incluido en el último informe enviado a la juez del 8-M es suficientemente explícito. No necesita mayor explicación, de modo que este comentario editorial no va a perderse en añadidos. Una simple mirada al gráfico que ofrece OKDIARIO permite deducir que los contagios de coronavirus estaban disparados en la última semana de febrero. No hace falta más que fijarse en la curva para concluir que las autoridades sanitarias estaban al corriente de la imparable propagación del virus antes de las manifestaciones feministas. No lo dice el gráfico, pero resulta evidente que Gobierno conocía lo que estaba pasando y, sin embargo, autorizó y alentó esas concentraciones.

Todo es tan claro que reafirmar lo obvio puede resultar hasta cansino. El atestado de la Guardia Civil incorpora un correo electrónico que forma parte de los documentos internos remitidos por el centro dirigido por Simón desde el inicio de la pandemia y que la Benemérita recoge en su nuevo informe por considerar que «arrojan interés para la investigación». Y naturalmente que arrojan interés, porque en los mismos se aportan varios gráficos sobre la evolución de la epidemia, siendo uno de ellos, el relativo a la curva de contagios, clave. Según detectan los investigadores, «existe un gran crecimiento a fecha del informe, pasando de 0 casos (tanto sospechosos como confirmados) el día 23 de febrero, a más de 700 alertas de casos sospechosos y 34 confirmados de contagio a día 28 de febrero».

Esta documentación es la prueba del nueve de que el Gobierno socialcomunista era ya consciente de la brutal expansión del virus: los casos bajo sospecha multiplicaban por 20 los confirmados. ¿Y qué decía el Ejecutivo por esas fechas? Pues que no se observaba un «cambio de escenario», que «no hay riesgo poblacional» y que «la transmisión comunitaria era muy baja». Todo eso decían teniendo delante sus propios gráficos de la evolución de la epidemia, que reflejaban todo lo contrario.

Termina este comentario editorial como empezó. Recomendando al lector que vuelva a mirar el gráfico. Deténgase unos segundos en la curva y saque sus propias conclusiones. La de OKDIARIO es la misma que lleva manteniendo desde hace meses: este Gobierno no ha hecho otra cosa que mentir para tratar de esconder la culpa que lleva escrita en la frente.

Nadie cree a este Gobierno
Editorial ABC 5  Junio 2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene contabilizados en España casi 30.000 muertos por Covid-19, 2.700 más que los reconocidos oficialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Instituto de Salud Carlos III, entidad pública de máximo prestigio, cifra en 43.282 el número de fallecidos por encima de lo esperado para estas fechas, coincidiendo con el golpe del coronavirus. La Asociación Española de Profesionales y Servicios funerarios sitúa la cifra de muertos por el Covid-19 en 43.985. El diario británico «Financial Times» ha dejado de publicar en sus gráficos las cifras de fallecidos en España por la pandemia, a la vista de la nula fiabilidad de los datos que ofrece el Gobierno. No debería extrañarnos que Alemania haya decidido mantener el veto a España como destino de sus turistas. Lo razonable es ir de vacaciones a un país cuyo Gobierno no tenga perdidos unos 15.000 muertos, al menos, por una pandemia.

El estado de alarma, el «mando único» y la concentración de poderes extraordinarios en manos del Gobierno de socialistas y comunistas tendrían que haber servido para no vivir ridículos como el de no saber cuántas personas han muerto en España por causa del Covid-19, estuvieran o no diagnosticadas. Quizá Ciudadanos, antes de votar la sexta prórroga, debió haber pensado en este fracaso estrepitoso del Gobierno al que ha dado, tan generosa como incomprensiblemente, su apoyo. Tanto preocuparse Edmundo Bal por los datos epidemiológicos para justificar su voto y dejó pasar la ocasión de condicionar su apoyo a un política transparente y veraz sobre los estragos del Covid-19.

Esta escandalosa incompetencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de su comité de expertos merece, por supuesto, esa comisión parlamentaria de investigación que anunció Pablo Casado en el pleno para la nueva prórroga del estado de alarma. Por mucho que la propaganda socialista endose los muertos a los recortes que, supuestamente, hizo el PP a la sanidad pública, el hecho es que Pedro Sánchez lleva dos años en La Moncloa y, desde entonces, este país no hace otra cosa que vivir en la convulsión y el sobresalto. El Covid-19 ha desenmascarado dramáticamente la incapacidad de Sánchez para gobernar.

Hay una burla constante al sufrimiento del país con cada cifra diaria ofrecida por Fernando Simón. Mientras el Gobierno deja a cero, o casi, el balance de fallecidos en los últimos días, las comunidades autónomas comunican cifras que, aun siendo afortunadamente inferiores a las de semanas atrás, son superiores a las que presenta Simón con empeño digno de mejor causa. Este es el fracaso que, a partir del 21 de junio, tendrán que asumir las comunidades autónomas.

Golpistas de ayer y hoy
Carlos Herrera ABC 5  Junio 2020

Hubo un tiempo en el que en las recepciones oficiales, actos institucionales y demás, los periodistas estábamos pendientes de cualquier gesto de aquellos que vestían uniforme y que, claramente, mostraban desafección, cuando no desaprobación, sobre el curso de las cosas. No había día sin bisbiseo de malestar, de grupos concretos o de apellidos más concretos aún. Los golpes, entonces, se temían ante cada paso que iban dando los gobiernos de la ucedé, y ante cada gesto o decreto que ampliaba libertades o que sentaba las bases de la democracia tan inevitable como imparable que se iba acomodando a la España de la Transición. Tanto fue así que más de una asonada fue interceptada, aunque fueran charlas de cafetería, y un
intento organizado chapucero -pero peligrosamente- tomó cuerpo en el lejano 1981. Aquello ya sabemos cómo acabó, aunque aún tengamos dudas acerca del papel que jugaron determinados individuos. Sabemos que la postura firme y serena del Jefe del Estado desmontó lo que, en cualquier caso, no podía salir bien, pero que sí podía saldarse con muchos más desórdenes. Aquella infección proporcionó anticuerpos organizativos suficientes para que, con la consiguiente depuración y renovación de los cuadros militares y su profesionalización internacional en el seno de la OTAN, el Ejército se transformara en una organización moderna y profesional que ha derivado en la ejemplar estructura que hoy encarna. A ningún gobierno desde entonces le ha tenido que preocupar la actuación de los hombres -y mujeres- que manejan armas y disciplina. Intachables. Ocasiones ha habido, incluso, en las que la teatralidad mezquina e interesada de algún ministro ha llevado a querer entrever ansias intervencionistas en alguna alocución absolutamente constitucional de algún general.

Ha tenido que configurarse un gobierno socialcomunista presidido por un embustero patológico y vicepresidido por un charlatán totalitario para que los sueños turbios del golpismo resuciten en España casi cuarenta años después del día en el que un teniente coronel entrara en el Parlamento dando voces y pegando tiros. Es una técnica perfectamente definida en los manuales de conocidos golpistas bolivarianos que tanto inspiran a algunos miembros de este Gobierno de opereta. El chavismo, sin ir más lejos, acusó de golpistas a los demócratas con el fin de poder maniobrar holgadamente en la consecución de su propio golpe. No hay como alarmar de un golpe imaginario para así poder estructurar el golpe propio. Con la excusa de la defensa de la democracia, el poder legislativo acaricia, y no solo acaricia, sus propios planes de asalto al Estado. Gobernar mediante absurdos estados de alarma, configurar estructuras legales mediante decretos leyes e hibernar en la medida de lo posible los resortes de control de los que la democracia más elemental dispone es una forma de asaltar los cielos. Paralelamente hay que acusar de golpistas a todos aquellos que se empecinan en mantener los mecanismos de limitación y separación elemental de poderes que hacen de la gobernación un ejercicio decente y saneado. Hay que acusar a la oposición de golpista, sembrar insidias sobre el comportamiento de los funcionarios insobornables, acusar a los medios de comunicación desafectos de emboscados antidemócratas, señalar con nombre y apellidos a los que se niegan a subvertir la legalidad y, paralelamente, disimular sus acuerdos con los auténticos golpistas existentes en España, que son independentistas catalanes condenados por ello. A cambio de sus votos anuncian plataformas de negociación con quienes aseguran volver a intentar la asonada que pusieron en marcha hace un par de años. Ese golpismo no lo detectan, pero el golpismo supuesto de los demócratas lo vocean a diario. Si esta pareja calamitosa quiere encontrar golpistas ya sabe donde tiene que buscar. Son sus socios. Que es una forma de que también lo sean ellos.

La Justicia empieza a desarmar la versión de Sánchez en una sentencia pionera
Ana Isabel Martín esdiario 5  Junio 2020

En el fallo, la juez del único Juzgado de lo Social de Teruel hace el que probablemente sea el relato más exhaustivo y pormenorizado de todas las señales de alerta externas e internas.

Una juez de Teruel ha disparado un auténtico cañonazo contra la línea de flotación y defensa del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la gestión del coronavirus, basada en que "toda Europa reaccionó tarde" -el presidente dixit- porque fallaron los mecanismos de alerta. Con el resultado, de momento, de 27.940 muertos oficiales (aunque esa cifra se estima superior a los 40.000).

La magistrada del único Juzgado de lo Social turolense, Elena Alcalde, emitió este jueves una sentencia (puede leerla íntegra aquí) que desbarata punto por punto ese desconocimiento que adujo el Ejecutivo de coalición hasta después de la celebración del 8 de marzo en las calles de toda España.

"El Ministerio de Sanidad conocía la rápida propagación del virus, hecho advertido a través de las declaraciones de la OMS, los medios de comunicación que iban informando de los contagios en los distintos países, llegando finalmente hasta 198 países contagiados. Asimismo, está reconocido en los informes de 10 de febrero y 6 de marzo de 2020", afirma la juez en el fallo, al que ha accedido ESdiario.

La sentencia, de 128 folios, recoge un relato pormenorizado de todas las alertas

Y continúa: "Se sabía igualmente la gravedad de los síntomas y su letalidad, según resulta de tales informes. Consta en el fechado el 6 de marzo de 2020 que 'desde el inicio de la epidemia hasta el 06.03.2020 se habían detectado más de 95.000 casos, de los cuales más de 17.000 se han detectado fuera de China y el número de fallecidos a nivel global asciende a más de 3.300.' si ya existían 17.000 casos fuera de China, era previsible que tarde o temprano pudiera extenderse a nuestro país".

El Gobierno no podía esperarse este rapapolvo judicial, pues que teóricamente la cosa no iba con él. La sentencia corresponde en realidad a una demanda interpuesta por el sindicato médico Fasamet contra el Gobierno de Aragón del socialista Javier Lambán, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Servicio Aragonés de Salud (SAS) por no haber dotado al personal sanitario del material de protección suficiente para enfrentarse a la Covid-19.

Diversos sindicatos médicos y de enfermería han interpuesto demandas similares en los juzgados de lo Social de toda España contra las administraciones autonómicas, e incluso en León lo ha hecho el Colegio Oficial de Médicos. Y el caso de Teruel es pionero porque se trata de la primera sentencia, que además condena al Ejecutivo de Lambán por infringir la normativa de prevención de riesgos laborales. Aunque éste va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Fuentes del TSJ destacan a este periódico que se trata de una sentencia extremadamente minuciosa y bien documentada a lo largo de 128 páginas, que además abre camino a sentencias futuras.

La juez Alcalde hace una exhaustiva cronología de las señales que mucho antes de la declaración del estado de alarma emitieron la OMS, los organismos europeos e incluso el Ministerio de Sanidad citando informes del departamento de Salvador Illa desde el 23 de enero. Es decir, una semana antes de que se confirmara el primer positivo en España, de un turista alemán en La Gomera.

"Se disponía ya en febrero de 2020 de información acerca del SARS-CoV-2 contenida en concreto, en el informe de 10 de febrero de 2020 (del Ministerio de Sanidad), que permitía conocer que la vía de transmisión entre humanos se consideraba similar al descrito para otros coronavirus (...). Aún más, el 23 y el 24 de enero, se emiten respectivamente, un informe de seguimiento y un protocolo, donde queda constancia del modo de transmisión por gotículas a menos de 2 metros, por lo que resultaba previsible la rápida propagación del virus, y el riesgo que podía existir para los sanitarios que mantienen un contacto estrecho con los pacientes contagiados. Ello, ya estaba ocurriendo en otros países de nuestro entorno, que podían servir de ejemplo al nuestro", sostiene la magistrada.

Uno de los párrafos más reveladores de la sentencia, de 128 páginas.
Y añade, a propósito del elevado riesgo al que durante meses han estado sometidos los sanitarios, con la consiguiente alta tasa de mortalidad: "Se conocía, la alta transmisión entre sanitarios y en general la alta capacidad de transmisión, en cuanto que en el informe de seguimiento del 23 de enero (también del departamento de Illa) se indicaba: 'Con los datos disponibles hay evidencia de que se ha producido transmisión persona-persona. Las infecciones entre personal sanitario apoyan esta transmisión'. En el informe de 10 de febrero constaba que en un hospital de Wuhan había habido 'una alta transmisión intrahospitalaria (40%)' y además, en el informe se determina que en China la a transmisión intrafamiliar fue muy frecuente".

"Se sabía igualmente, que los equipos de protección de los sanitarios eran un medio eficaz para evitar la propagación del virus y evitar los contagios entre el colectivo y los pacientes. Las recomendaciones de 6 de febrero de la OMS aludía a los EPIS de los sanitarios y es de destacar que en el informe del Gobierno de 6 de marzo se hace alusión a las conclusiones de la misión de la OMS en China".

Durante el procedimiento judicial también las autoridades aragonesas optaron por la misma línea de defensa en la que lleva casi tres meses instalado el Gobierno de Sánchez. Pero tampoco eso convence a la juez: "La imprevisibilidad que aducen las demandadas resulta desvirtuada en atención a los numerosos avisos y recomendaciones de la OMS, desde enero de 2020, y acrecentados en febrero de 2020, y asimismo, con los propios informes del Gobierno desde el 23 de enero de 2020, de los que se desprenden que conocían esos datos de la OMS, y por tanto, podían prever la forma de propagación del virus entre personas, debido a las recomendaciones de distanciamiento social y acopio de EPIS para sanitarios, con objeto de evitar la propagación derivada del estrecho contacto con los afectados".

Las administraciones condenadas no lo han sido a pagar ninguna indemnización (el sindicato Fasamet no había solicitado ninguna), sino a proveer de material suficiente (mascarillas, guantes, calzas...) al personal sanitario de Teruel. Pero la sentencia es mucho más reveladora que eso.

Ni datos fiables ni autocrítica
Editorial El Mundo 5  Junio 2020

El caos en la cifra real de víctimas mortales por coronavirus es un oprobio para España

El caos con el número de los fallecidos por Covid se suma a la negligente gestión del Gobierno. Lo que le faltaba a nuestro país, tras sufrir la peor emergencia sanitaria en un siglo y con una crisis económica galopante, es infundir desconfianza en un asunto medular como es el recuento de fallecidos. Esta falta de rigor es inadmisible y descalifica el trabajo de Fernando Simón, quien cada vez se encuentra más cercado después de que la Guardia Civil revelara que ocultó a las CCAA el informe de la UE sobre manifestaciones el 8-M. Salvador Illa debe ofrecer explicaciones claras y depurar responsabilidades. El luto nacional, decretado tarde por el Ejecutivo, se ve empañado por la opacidad y la confusión en las estadísticas. No es digno de la cuarta economía del euro que no sea capaz de contar a sus propias víctimas.

El Gobierno, tras modificar varias veces sus parámetros, reconoce 27.128 muertos por coronavirus. La OMS elevó ayer en más de 3.000 esta cifra y el sistema de vigilancia de la mortalidad diaria (MoMo) estima que las muertes provocadas por la Covid-19 eran 43.000, 5.000 menos que la cifra calculada por el INE. Este desfase, además de ser un desprecio a las víctimas, hunde aún más la credibilidad de las autoridades sanitarias españolas. El Financial Times ha dejado en evidencia al Gobierno por este asunto. Sánchez, durante la votación de la sexta prórroga del estado de alarma, celebró como "un éxito" colectivo que no se registrara ningún fallecido en días anteriores. Sin embargo, varias comunidades reportaron víctimas por Covid. La ciudadanía asiste atónica a este bochornoso ejemplo de desinformación y descoordinación. Es evidente que Sánchez quería llegar a la última sesión en el Congreso con el mensaje triunfalista, en línea con la falta de autocrítica acreditada. Esta conducta contrasta con la de otros gobiernos. Las autoridades suecas, por ejemplo, tras detectar un aumento de la mortalidad durante las últimas semanas han admitido fallos en su estrategia de confinamiento leve -pese a que la cifra de fallecidos es muy inferior a la de España- y han abierto una auditoría independiente. Nada que ver con el cerrojazo con el que Sánchez pretende esconder sus fallos, edulcorados a través de la opacidad institucional y una campaña institucional, bajo el lema Salimos más fuertes, que esconde la realidad.

España no saldrá más fuerte de la pandemia, sino más dividida, con una economía en riesgo de colapso y con un Gobierno que presiona a los jueces. En 2009, el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dimitió después de que este periódico revelara que cazaba sin licencia. Hoy, en este Gobierno que alardea de voluntad regeneracionista nadie asume responsabilidades. Ni el ministro de Sanidad por la calamitosa gestión de la pandemia ni el ministro del Interior por provocar el mayor escándalo en la Guardia Civil desde los tiempos de Roldán.

Todo está en tu mente
Antonio Robles Libertad Digital 5  Junio 2020

Este Gobierno de la pandemia pasará a la historia por haber arrasado cualquier conexión entre el mundo de los hechos y el relato que se hace de ellos. Sería redundante volcar su última mentira. E inútil. Viven y nos hacen vivir en una realidad paralela a los hechos, convencidos de que, mientras puedan sostener su propia visión y difundirla con apariencia de verdad y mayoría de medios para imponerla, les seguirán votando.

Ni siquiera les importan los hechos en sí. Hemos comprobado cómo se pueden contrastar sus promesas incumplidas y sus contradicciones obscenas, para evidenciar con estupor que si no hay un sujeto que se haga cargo de ellas no hay mentiras, sólo relatos ideológicos confrontados. La verdad se convierte así en la consecuencia de poder difundir un relato coherente y rechazar los hechos enfrentados como una afrenta. Saben los nuevos profetas de la comunicación que el mundo no es como es, sino como lo vemos. Y cómo lo vemos se puede imponer.

El mago Anthony Blake solía acabar sus espectáculos con esta inquietante sentencia: "Todo lo que has visto ha sido producto de tu imaginación, no le des más vueltas, no tiene sentido". Con este Gobierno, estamos más cerca de ese mundo mágico, de trucos y sugestiones, que de la realidad empírica.

Sexta prórroga del estado de alarma. El pulso histórico por controlar el poder entre la derecha y la izquierda se ha decantado por Pedro Sánchez. Una mezcla tóxica de izquierdas identitarias, populismo y nacionalismo. Y se ha decantado porque Pedro Sánchez ha estado dispuesto a pactar con el mismo diablo si eso le garantizaba el poder. Eso implicaba transgredir todas las líneas rojas, prostituir valores morales y democráticos heredados de la Transición y relativizar comportamientos inconstitucionales y hasta actitudes violentas. Una vez iniciado ese camino, el rechazo moral y político se disuelve y se agranda la legitimidad del lenguaje beligerante contra la soberanía nacional. Es la asunción mental para aceptar lo inaceptable. Una manera de blanquear lo que ayer era inaceptable o vergonzoso. La moral de la vergüenza ha quedado desactivada. Y lo que es peor, ha triunfado el chantaje del suicida. Incluso con Cs. Me explico.

Pedro Sánchez actúa bajo la coartada del secuestrador. O me das lo que quiero o volamos todos por los aires. Este es el estado mental en que nos encontramos hoy en España, un presidente irresponsable que parece estar dispuesto a todo y una oposición de centro y de derecha desubicada, incapaz de jugar al mismo juego. Una vez puesta la amenaza sobre la mesa, el sentido común de los responsables se aviene a negociar… y ceder. La trampa en la que ha caído Cs, pero sin capacidad para revertir la situación.

Esa es la ventaja de Pedro Sánchez sobre la oposición. Y la ejerce cada día con más descaro. La última, repartiendo tinta de calamar y legitimando las acusaciones nacionalistas contra los informes de la GC mediante "la mal llamada policía patriótica".

Contra todo ese mundo nació Cs. Su error al apoyar a este Gobierno va más allá del hecho puntual de una sexta prórroga justificada o no, lo que está haciendo es ayudar a Pedro Sánchez a legitimar su acercamiento a las tesis nacionalistas y populistas, y hacerlas asumibles.

Decía Séneca a propósito de la legitimidad de un comportamiento: "Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad". Porque de eso va la cosa. ¿O es que ya está todo permitido? ¿Incluso para quienes nacieron para evitarlo?

Cs tiene derecho a cambiar de estrategia para diferenciarse del PP y crear la ilusión en el electorado de que son distintos. El problema es que, además de diferenciarse del PP, debería tener militantes y votantes diferentes del PP. Perdida la ocasión histórica de formar mayoría de 180 escaños con el PSOE, entrar a destiempo y mal en las maniobras de Sánchez es, además de un error, una traición a todo cuanto fue.

Déjenme que diga de forma tosca el triste destino de un partido que ya no es: "Cs ha pasado de activista contra la prostitución a convertirse en una puta cualquiera del burdel". Con perdón para las putas.

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La «República catalana» del progreso
OKDIARIO 5  Junio 2020

El progreso, según el independentismo catalán, debe consistir en eso: en responder a una pandemia como la del coronavirus no aplicando respiradores a los mayores de 80 años. Eso es lo que exigió la Generalitat catalana el 24 de marzo en un documento oficial. El título del escrito no deja lugar a dudas: «Recomendaciones para apoyar las decisiones de limitación del esfuerzo terapéutico para pacientes con sospecha de COVID-19 e insuficiencia respiratoria aguda». Y el mensaje central repetido incluso en una guía práctica decía: «Pacientes de más de 80 años: no soporte ventilatorio». «Recibirá sólo oxigenoterapia con mascarilla reservorio de alta concentración tipo Monaghan®».

El documento de la Generalitat de Quim Torra, como informa OKDIARIO, recoge ese tipo de restricciones incluso para mayores de 75 años con problemas crónicos. Pero llega al grado máximo en los mayores de 80 años, donde, además de pedir la restricción total de los respiradores, añade que se deberá «considerar el tratamiento de confort» para pasar a la sedación. Lo que eso significa está muy claro.

Y lo peor es que el documento justifica esa medida con el siguiente -literal- argumento: «Las infecciones emergentes ponen muchas veces en juego las capacidades de atención de los sistemas sanitarios, sobre todo cuando el número de pacientes graves o críticos supera o amenaza con superar las capacidades de atención del sistema». Y aclara que «esto hace que sean necesarias medidas en dos sentidos fundamentales». La primera: «Planificar la distribución de los recursos existentes, ampliar las camas de críticos y equiparlos con material propio o externo temporalmente, y buscar alternativas de centros con menos congestión y trasladando pacientes dentro del propio sistema”.

La segunda, por precisa y clara, es la que resulta aterradora: «Mantener una ética en la toma de decisiones basada en ofrecer los recursos a aquellos pacientes que más se puedan beneficiar, en términos de años de vida salvados, máxima supervivencia al alta, evitar ingresos de pacientes con escaso beneficio, ya sea por patologías respiratorias por COVID-19 u otras patologías que condicionen el estado crítico, evitar el fenómeno del primero que llega, primero que ingresa y aplicar estos principios a todos los grupos de pacientes por igual, no sólo a un grupo concreto como los pacientes geriátricos”. Toda una condena de muerte para los enfermos de coronavirus mayores de 80 años.

Para el independentismo catalán, el progreso es eso. Tremendo.


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