AGLI Recortes de Prensa   Sábado 6  Junio  2020

Sánchez e Iglesias quieren rematar la economía a base de impuestazos
EDITORIAL Libertad Digital 6  Junio 2020

El Congreso ha dado luz verde a la Tasa Google, el primer impuestazo de la gran escabechina que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La voracidad fiscal del Ejecutivo social-comunista le ha llevado a no esperar siquiera a lo que acuerde la UE sobre dicho tributo. De hecho, la execrable María Jesús Montero quiere empezar a extraer cuanto antes a las grandes tecnológicas el 3% de sus ingresos. Con las compañías afectadas espantadas y EEUU investigando a España por los estragos que la tasa va a causar en sus empresas –no hay que olvidar que Amazon, Facebook o Google son estadounidenses–, Hacienda pretende embolsarse con semejante exacción 968 millones de euros.

El saqueo social-comunista continuará con la Tasa Tobin, que grava las transacciones financieras, y la subida disparatada del IRPF a las rentas de más de 130.000 euros. Sociedades también subirá, lo que repercutirá en todas las empresas… a no ser que produzcan plástico de un solo uso; éstas, que están salvando de la hecatombe al planeta en plena pandemia del coronavirus, además pagarán otro tributo para proteger el medioambiente, dicen los intoxicadores de mentes.

Y mientras, la crisis del covid-19 sigue desangrando la economía nacional, con lo que las expectativas recaudatorias del Gobierno no pasarán de mero espejismo. De momento, el Ejecutivo ha tenido que reducir su previsión de ingresos, aunque su optimismo sinvergüenza le ha llevado a calcular que el desplome será de sólo 25.700 millones de euros. Ni siquiera la Airef se cree a la banda de Sánchez e Iglesias, y vaticina que el descalabro tributario puede llegar a los 56.000 millones. Más del doble.

Como no podía ser menos, los liberticidas de Podemos apuestan por disparar aún más los impuestos. A los chavistas les da igual que ya Laffer demostrara que la pulsión impositiva no garantiza un aumento de ingresos, sino todo lo contrario. Iglesias ha llevado a la sedicente Comisión de Reconstrucción Económica su impuesto a los ricos, que no es otra cosa que la resurrección del Impuesto sobre el Patrimonio, mientras que, por otro lado, el ala más radical de su formación ha presentado un plan para disparar los impuestos en casi 80.000 millones al año. Así, en el ignominioso documento Horizonte País: programa de reconstrucción para una salida justa de la crisis del covid-19 se amenaza con una subida formidable del IRPF, del IBI, de Sucesiones y con gravar más los depósitos, entre otras aberraciones como pensadas para hundir en la miseria a España y convertirla en Venezuela.

Los neocaciques Sánchez e Iglesias quieren crujir a impuestos a quienes producen para regar con subsidios a los que no, mientras en Alemania apuestan por relanzar la economía con una rebaja del IVA general del 19 al 16%. Por el lado del gasto público, la factura se encuentra disparada, lo que no le quita el sueño a un Gobierno despilfarrador que no tiene intención de realizar ajuste alguno hasta que no se lo imponga Bruselas. Entonces, los indeseables social-comunistas tendrán el chivo expiatorio perfecto.

¿Se saldrá con la suya el Gobierno más incompetente y peligroso desde la instauración de la democracia?

Además de mentiroso, cobarde
OKDIARIO 6  Junio 2020

Para este Gobierno, la culpa siempre es de los otros: de la Guardia Civil, de la Policía, de los medios de comunicación. Para tapar su incompetencia, siempre busca alguien a quien cargarle su irresponsabilidad y negligencia. Preocupado -es para estarlo- del alud de demandas que se le viene encima por su nefasta gestión de la crisis sanitaria, y especialmente por la priorización de los pacientes en hospitales durante los momentos más duros de la pandemia debido a la escasez de recursos disponibles, el Ejecutivo se defiende asegurando que las indicaciones oficiales eran meramente «orientativas», dejando abandonados a su suerte a los profesionales que las aplicaron.

Los sanitarios se vieron obligados a aplicar determinados criterios a los pacientes en función de sus posibilidades de supervivencia. La carencia de recursos para la atención de los enfermos obedeció fundamentalmente a la imprevisión del Gobierno, que ahora -en una respuesta por escrito en el Congreso-descarga toda la responsabilidad en el triaje al señalar que la aplicación de los criterios de selección «depende de cada situación concreta, cada circunstancia concreta y cada profesional concreto».

Como ha informado OKDIARIO, el pasado abril, el Ministerio de Sanidad publicó una guía en la que establecía los criterios sobre «prioridades en la admisión y tratamiento de pacientes y sospechos» del coronavirus en la que establecía los criterios recomendados para aplicar el triaje ante la «escasez de recursos, temporal o duradera». El departamento de Salvador Illa afirmaba que se tendrá en consideración la «gravedad del estado de enfermedad del paciente que evidencie la necesidad de cuidados intensivos, la concurrencia o o no de patologías graves que evidencien un pronóstico fatal y, en último término, el orden temporal de ingreso en el centro. «Por eso, en los casos concretos, se hace necesario priorizar», aseguraba.

En su respuesta parlamentaria, el Gobierno trata de eludir sus responsabilidades, no sólo políticas, sino también penales, asegurando que el documento tenía un carácter «orientativo y no prescriptivo». Y en el colmo de la cobardía, señala a los médicos como responsables. Para el Ejecutivo, la culpa, en todo caso, fue de ellos. No cabe mayor vileza.

El ‘caso 8-M’ es el ‘caso Sánchez’
Segundo Sanz okdiario 6  Junio 2020

La putrefacta reacción del Gobierno de Pedro Sánchez a la investigación policial y judicial del infectódromo del 8-M avecina lo que puede convertirse en el mayor escándalo de corrupción institucional desde el ‘caso GAL’. La sombra de la prevaricación ya se cierne sobre el actual presidente socialista, sin más salida que la dimisión si se confirma que fue él quien dio la orden de guillotinar al coronel Diego Pérez de los Cobos por las pesquisas que el Instituto Armado está siguiendo contra el Ejecutivo a instancia de la juez Carmen Rodríguez-Medel.

Pero antes de dimitir, algo que nunca hará el Doctor Cum Fraude, sí que debería pasar no solamente por la Comisión de Investigación que va a exigir la oposición en el Congreso, debido a su nefasta gestión en esta crisis sanitaria (40.000 muertes ya), sino también por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ya sea como imputado o como testigo, como presidente o expresidente, para confesar si fue él quién apretó el botón rojo de la destitución de Pérez de los Cobos para sabotear la investigación del 8-M, jornada tras la cual se dispararon los contagios por coronavirus en toda España.

El ‘caso 8-M’ es el ‘caso Sánchez’. El inquilino más ególatra de la Moncloa apunta a ser la X de este monumental escándalo que está dinamitando los cimientos de nuestra Democracia. Vincular al coronel con la existencia hoy de una «policía patriótica» en las filas de la Benemérita es liquidar nuestro Estado de Derecho y ponerse al nivel de una narcodictadura bolivariana. Ni más ni menos. Esto fue lo hizo el propio presidente del Gobierno de España el pasado miércoles desde la tribuna del Congreso, afirmando que el ministro del Interior «está destapando la mal llamada policía patriótica».

Sin embargo, tanto el propio Sánchez como Marlaska ya aseguraron hace un año, con el objetivo de rebatir a su hoy socio Pablenin, que la misma había sido desmantelada. ¿Pero no estaba muerta? ¿Por qué la resucitan ahora tras dos años en el Gobierno? ¿Por qué acusan a la oposición de estar urdiendo un «golpe de Estado» con policías, guardia civiles y jueces? No hay que ser un lince para dar con la respuesta. Pues porque temen ser procesados y no saben cómo ocultar de manera prolongada en el tiempo tanta negligencia mortal.

Marlaska sabe, porque así lo requirió como juez en el caso Faisán, que la Policía Judicial de la Guardia Civil no puede informar a los superiores políticos de Interior del curso de ninguna investigación emanada de una instrucción. Máxime cuando éstos pertenecen al mismo partido que el delegado del Gobierno imputado por permitir el 8-M. De la socialista María Gámez al socialista José Manuel Franco. Dar ventaja al Gobierno en una causa en la que se investiga al Gobierno es propio de tiranías y regímenes totalitarios. Cada día que pasa, Sánchez está más cerca del banquillo por el 8-M. Él lo sabe y por eso lo jaleó el otro día en el hemiciclo. Que luego no diga en sede judicial aquello de «me enteré por la prensa», como hizo Felipe González. Aquí no cabe otro plagio más, sino toda la verdad y pedir perdón.

Sánchez e Iglesias, dos narcisistas patológicos
Carlos Dávila okdiario 6  Junio 2020

Varios psiquiatras ya han expuesto sin ambages su diagnóstico sobre la personalidad del aún presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Alguno, o algunos muy atrevidos (será porque no trabajan en la Sanidad Pública) le creen un “psicópata narcisista”, una definición que cada día afinan más otros especialistas. Uno de ellos, que tiene vínculos familiares muy estrechos con un antiguo dirigente del PSOE, viene ahora a sugerir que Sánchez observa un comportamiento exterior compatible, según la expresión típicamente clínica, con un “narcisismo patológico” y otro psiquiatra, profesor de Universidad que pide reiteradamente confidencialidad, asegura que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, concuerda básicamente con Sánchez sobre todo en sus características psicológicas, o más bien psicopatológicas.

El arriba firmante sólo añadirá que según los técnicos este tipo de personas tienen un ego descomunal que acarrea un trastorno mental con un sentido desmesurado de su propia importancia, y una carencia de empatía con los demás muy asentada. Más o menos les sucede que necesitan fundamentalmente el apoyo y la loa de sus alrededores y, cuando carecen de ésta, se muestran infelices porque se creen merecedores de ella. Frecuentemente -refieren los especialistas- son mitómanos, o sea, mantienen una clara tendencia a la mentira que puede a veces hacerse crónica, desorbitante, y convertirse en un trastorno permanente de sus actuaciones. Lo que según los psiquiatras y, desde los escritos de su colega alemán Kurt Schneider, muerto en 1967, se denomina científicamente “mal estático de la ideación”. ¿Les suena?

Uno de estos psiquiatras consultados insiste en que no se trata de un enfermo, sino de un individuo con esta muy singular forma de ser. Algo distinta, pero coincidente en lo esencial, es sin embargo la opinión que los dos expertos mantienen sobre la conducta social y política de Iglesias al que uno de ellos define como “una personalidad casi paranoide con ideas tergiversadas y personales”. Viene a indicar, además, creo, que la impronta de su herencia familiar altera sus percepciones de la realidad: su canto a un comunismo trasnochado y asesino, y su aversión a todo lo que se asemeje a liberalismo o capitalismo.

Bien: aquí termino con el relato de lo que apuntan estos psiquiatras. Curiosamente, estas determinaciones han subido de tono, digamos que se han reafirmado, tras la conducta de ambos protagonistas en la última semana en el Parlamento. Las respectivas sobreactuaciones de Sánchez: “¡Viva el 8-M”, y de Iglesias: “¡Cierre la puerta al salir!” dirigida al parlamentario de Vox Iván Espinosa, indican -esto ya lo dicen así los políticos de la oposición- una alteración de las posturas políticas del presidente y vicepresidente del Gobierno. Un periodista que siguió al segundo aquella Comisión Ejecutiva del PSOE de 2016 en la que sus compañeros de partido defenestraron a Sánchez, cuenta la conducta del hoy presidente incluso en los momentos en que él y sus conmilitones procedieron a pegar un pucherazo en toda regla: “En ese rifirrafe infame algunos socialistas lloraban, otros gritaban como demonios, otros intentaban que Sánchez no se quedara con las tajadas del partido. Llegado el momento en que los monaguillos del que hasta el momento era secretario general intentaron colocar, en medio de un escándalo descomunal, una urna tras una cortina que envolvía una trampa; pues bien, él se quedó sentado en su silla y sólo dijo literalmente: “¿Qué? ¿votamos?”. Ese es Pedro Sánchez. En aquella escena de Puerto Urraco quedó reflejada su personalidad.

La trampa y la mentira. Desde luego la más grave es la que él y su equipo, Illa y el pobre descamisado “Doctor Muerte”, Pedro Simón, vienen perpetrando desde hace tres meses. El miércoles, llegaban al colmo de la figuración: por un lado, informaban de que se habían producido nueve muertos en siete días, y por otro se corregían a sí mismos y declaraban 63. Pero es que, apenas veinticuatro horas después, este jueves, situaban el dato de los fallecimientos en únicamente 5 y los contagios en 56. O sea, ¿en siete días consecutivos 63 infectados y al día siguiente 56? No hay por dónde coger esta trapisonda. Si no fuera porque estamos hablando de humanos que han dejado de existir, el caso sería chusco, cómico; así es más que patético, es cruel. Propio o de desalmados o de personajes que no están bien de la chaveta. Los casos de los jefes de Illa y Simón, Sánchez e Iglesias, se pueden entender acudiendo a un manual de Psiquiatría -que hay muchos y muy buenos- pero el del filósofo, metido a dictador, Salvador Illa, y el de un científico, antes reputado, Pedro Simón, que se ha cargado en noventa días toda su credibilidad profesional, son admisibles? Sólo se explican porque ambos se han atenido a la obediencia debida a un jefe claramente mitómano, ambicioso en grado sumo, que utiliza cualquier medio con tal de lograr sus propósitos, y que pasa por encima de lo que sea y de quien sea. En esta peripecia incluso por encima de sus propios colaboradores.

Seguro que Iglesias y Sánchez no van a acudir, como sería recomendable a psiquiatra alguno, pero seguro que tendrán que hacer otras visitas, comparecencias en los tribunales (ya hay una cincuentena de causas abiertas) para ser juzgados por las tropelías, las mentiras y la chulería con la que han gobernado estos tres meses de secuestro político que ellos llaman “confinamiento”. Si esto no sucede es que, efectivamente y como ellos desean, han liquidado la democracia en España. Esto no tiene tratamiento psiquiátrico alguno. No es el nosódromo la institución adecuada, es la que se encuadra en la Administración Penitenciaria.

El riesgo está en la «nueva normalidad»
Editorial larazon 6  Junio 2020

Nos acercamos a la «nueva normalidad», un estadio de remembranza mágica que ha sido utilizado por el Gobierno para referirse a ese momento en el que volverá a realizarse la misma vida antes de la epidemia del coronavirus, pero dejando entrever que esa «normalidad» sería «nueva», tal vez diferente. Ni ellos mismos saben cómo será, puede que nadie. Nadie creyó a Angela Merkel cuando, el pasado 11 de marzo, dijo que había que tomar conciencia de que el «coronavirus ha aterrizado en Europa, está aquí», que un 70% de los alemanes podrían contagiarse. Se refería a que si la población no es inmune al virus –España no lo es: sólo un 5,2% es inmune, según el estudio de seroprevalencia presentado el jueves– y todavía no hay terapias ni vacuna, su propagación continuará. Lo único que se puede hacer, que en definitiva es lo que se ha hecho, es evitar la movilidad en lo posible y no saturar el sistema sanitario para que los infectados puedan ser atendidos con todos los paliativos. Por lo tanto, todo indica que la «nueva normalidad» será convivir prudentemente con la Covid-19 hasta que no se encuentre una vacuna que, tal y como afirman los virólogos, puede tardar diez años en una situación normal (en realidad, sólo hay 26 enfermedades con vacunas, según los datos de la OMS).

La alarma puede llevar al optimismo, esas decenas de miles de muertos en países hasta ahora acostumbrados a la asepsia colectiva pesan mucho, pero a los especialistas les gusta recordar que Estados Unidos anunció en 1985 que en dos años tendrían una vacuna para el sida y todavía no existe. Es decir, el riesgo, se esté o no a las puertas de la «nueva normalidad», previsiblemente para el próximo día 22, es real. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció ayer que a partir del lunes 12 autonomías y dos a medias, es decir, un 52% de españoles, entrarán en Fase 3, mientras que el 48% avanzarán hasta la Fase 2 (Cataluña, Castilla y León y Madrid). Esta decisión supone, según avanzó el ministro, que los gobiernos regionales serán los que decidan las medidas que deberán tomarse para moverse dentro de la misma comunidad y, llegada la «normalidad», el traslado de personas entre autonomías diferentes. Lo paradójico es que el Gobierno se salte la legislación que regula el estado de alarma; en concreto, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Estado de Alarma de 1981. Pedro Sánchez nos ha demostrado cada quince días que esta medida excepcional le ha servido para exhibir los apoyos de su Ejecutivo y escenificar una fortaleza de la que carece, aunque no fuese necesario la excepcionalidad teniendo otras legislaciones. Queda claro que pactar con ERC y PNV –además de con Cs– la prórroga del estado de alarma sólo tenía esa función política, si a continuación se iba a devolver a las comunidades su poder de decisión. Es decir, cada una de ellas regulará la movilidad e, incluso llegada la «normalidad», la movilidad interterritorial.

Las explicaciones de ayer de Illa fueron ambiguas, y no esperamos que la comparecencia habitual de cada sábado de Sánchez las aclare, pero según la experiencia en otros países durante la Fase 2 el virus todavía es «trazable», es decir, se puede saber en origen de los pacientes infectados. Sin embargo, en la Fase 3 se empieza a perder el seguimiento del recorrido del contagio, lo que obligaría a tomar medidas más restrictivas en lo que se refiere a aforos en locales, aglomeraciones en actos públicos y seguir con cuarentenas en colegios y centros de trabajo. Por contra, el Gobierno está transmitiendo lo opuesto por un exceso de optimismo, pero no basado en lo avanzado en otros países donde el virus ha atacado con menos virulencia. La prueba es que cara al turismo, nuestros vecinos de la UE siguen viendo con resquemor venir a España, estemos no en la «nueva normalidad».

Estrategia de engaño y ocultación
Editorial ABC 6  Junio 2020

El Gobierno lanza balones fuera sobre el Portal de Transparencia y mutila un poco más su deber de informar sobre la contratación pública, aumentando la opacidad de su gestión en la crisis del Covid-19. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo evita contestar sobre los contratos públicos firmados en estos meses. Con desparpajo digno de mejor causa, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes despacha la pregunta sobre el funcionamiento de Transparencia con una tomadura de pelo inaceptable. Remite a fuentes «que son más inmediatas, incluso diarias», como el Ministerio de Sanidad y las autoridades competentes en la contratación pública. Lo más grotesco de la respuesta es que emplaza a seguir «las comunicaciones a la prensa», esas en las que el Gobierno dice una cosa y, a la media hora, la contraria; esas que ya son ejemplo de propaganda y desinformación a escala industrial. Una auténtica política de engaño.

Tras presentarse en sociedad como campeón de la regeneración democrática y la transparencia, el Gobierno se cree protegido por un manto de impunidad que le va a durar toda la legislatura. Y se equivoca. Está faltando al respeto a mucha gente, no solo a la oposición, muy duramente castigada por la crisis. Se burla del derecho a la información tanto de partidos políticos como de ciudadanos. Actúa con una arrogancia que no tiene justificada ni por la calidad de sus miembros ni por el nivel de su gestión, en la que no hay siquiera un balance fiable de muertos por la pandemia. El estado de alarma está poniendo sordina a muchos escándalos, pero la alarma pasará y quedarán los escándalos. Y el Gobierno tendrá que rendir cuentas. Lo que calle hoy en sede parlamentaria será mañana una declaración judicial, porque en un Estado de Derecho lo que se le niega a la democracia lo rescata la Justicia.

El protocolo de la dignidad humana
ABC 6  Junio 2020

De la batalla librada contra el Covid-19 conocemos a los héroes, los miles de profesionales de la sanidad que se enfrentaron a la pandemia sin apenas protección, pero desconocemos a los mártires, enfermos a los que se dejó morir por falta de medios. Una sociedad madura ha de estar preparada para la guerra, pero también para asimilar todos y cada uno de sus desastres, sin rehuir el debate ético al que obliga una situación tan crítica como la que en los peores de días del pasado abril se vivió en hospitales y residencias de mayores. El envío realizado desde la Consejería madrileña de Sanidad a estos centros -un protocolo de actuación que desaconsejaba el traslado de ancianos de residencias a centros hospitalarios- no puede ser despachado con excusas improvisadas, ni explicado a partir de guerras internas y filtraciones interesadas. Si el consejero, como asegura, cometió un error al distribuir ese borrador, la negligencia es de tal magnitud y de tan graves consecuencias que está obligado a dimitir. Por el contrario, si Enrique Ruiz Escudero actuó de forma premeditada y pragmática, tiene ahora la oportunidad de asumir su responsabilidad en un episodio que ha de ser afrontado con el valor, la serenidad y el aplomo que tanto se echa de menos en la clase política. Si el consejero madrileño consideró que había que elegir entre la vida de los más jóvenes y los más ancianos, que lo defienda, con luz y taquígrafos, ante una opinión pública que algún día tendrá que enfrentarse a los dilemas morales que suele esquivar para garantizarse el sosiego y perpetuar su hedonismo.

Desbordado por la explosión de los contagios del Covid-19, sin los respiradores necesarios para salvar de la asfixia a miles de enfermos, nuestro sistema sanitario no pudo prestar auxilio a todos. En las residencias de mayores, desprovistas de medios, la tragedia fue aún peor, y no solo en Madrid o Galicia, hacia donde señala la izquierda con criterio selectivo. Si en residencias y hospitales se aplicó cualquier protocolo, la sociedad española, con una herida cifrada en decenas de miles de muertos, tiene el derecho y el deber moral de conocerlos, discutirlos y, llegado el caso, denunciarlos, como hizo el Comité de Bioética de forma tardía. El consejero madrileño de Sanidad está en una posición de privilegio para abordar este debate, quizá incómodo, pero ya inaplazable. También Pablo Iglesias, como mando único de una gestión que se quiso atribuir el 19 de marzo con fines puramente propagandísticos para luego ignorarla, está obligado a explicar qué sucedió en las residencias de las que dijo hacerse cargo. El vicepresidente del Gobierno prefiere hablar de escudos sociales, pero es hora de que, como máximo responsable de estos centros, detalle qué hizo y qué dejó de hacer para evitar tanta muerte, con protocolos o sin ellos.

El Gobierno y su mala fe
Javier Somalo Libertad Digital 6  Junio 2020

Hay un punto en el que nadie es capaz de advertir una situación determinada, pero no cabe duda de que, con buena fe, las muertes habrían sido menos.

En la mayoría de litigios penales e incluso en los conflictos civiles entre aseguradoras y asegurados se dirime si ante determinado hecho hubo culpa o dolo. La diferencia esencial es que en el dolo siempre existe mala fe, un concepto jurídico que se refiere a la intencionalidad, a la premeditación para alcanzar un determinado fin conociendo que supone un daño o perjuicio para alguien. Cualquier jurista me rebatirá el argumento matizando que el dolo busca ese daño como fin. Pero no me podrá discutir que en la actuación del Gobierno de Iglesias y Sánchez en la crisis del coronavirus ha habido engaño, fraude y la voluntad deliberada de incumplir una obligación, rasgos también del dolo, de la mala fe.

El Gobierno conocía, con suficiente tiempo de reacción, el daño que podría ocasionar la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo. A efectos legales, da igual que esas manifestaciones fueran por el feminismo restrictivo, por el cambio climático o por el final inesperado de una serie de Netflix. Se conocían los efectos de una concentración en medio de una epidemia y, deliberadamente, no sólo se autorizó sino que se jaleó pública y oficialmente desde el Gobierno. Más que nunca.

Es verdad que, a efectos legales, no importa el motivo de la manifestación pero resulta que el Gobierno tenía que ajustar una nueva Ley, la de Libertad Sexual –desastrosa en su formulación y discriminatoria en su articulado–, a una demanda aunque fuera de forma artificial y a toro pasado, a sabiendas del daño. El 8-M pretendía ser y fue un acto electoral de reafirmación del actual Gobierno, tanto de Pablo Iglesias como de Pedro Sánchez, con esa Ley aberrante como banda sonora. Ese día habían fallecido 17 personas por coronavirus en España. El mes de marzo se cerró con 8.189 muertos, el triple de lo reconocido oficialmente en China.

Un vistazo a la cronología publicada en Libertad Digital demuestra que se ocultaron recomendaciones internacionales que se conocían en enero, que ya eran muy serias en febrero y que se convirtieron en apremiantes a comienzos de marzo. Ninguna afectó a la celebración de los actos por toda España con motivo del 8-M.

Sin embargo, hubo algunas que sí se aplicaron. Por ejemplo, el día 3 quedaron anulados todos los congresos médicos. "No podemos permitirnos una merma de profesionales", justificó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. ¿Por qué? ¿Era peligroso –¡el 3 de marzo!– que se congregaran, por riesgo de contagios, personas que iban a ser útiles porque se sabía a ciencia cierta que iban a ser útiles? Quizá los asistentes a las manifestaciones del 8-M –donde es de suponer que podrían asistir esos mismos médicos que se quedaron sin congresos– deberían hacerse la pregunta de si fueron carne de cañón de forma voluntaria, con consentimiento informado… o si también fueron, como todos, víctimas de engaño.

La arbitrariedad en la aplicación de las alarmas corrobora la mala fe. Los avisos se cursaban y daba tiempo a reaccionar para evitar un mal mayor en la irremediable llegada de la pandemia. Y no se hizo.

No hubo desconocimiento ni posible falta de previsión. No importa ni la imprudencia porque hay culpas que pueden ser inconscientes y casi es lo de menos que, además, hubiera mala gestión. Los actos del 12 de octubre jamás se habrían consentido, como debería ser, pero se alentaron los del 8 de marzo a sabiendas de que podrían ocasionar serios daños.

La mala fe del Gobierno no afecta solo a España. Nuestro país, lejos de ser un dique de contención pudo convertirse –desconozco si existe ese dato contrastado– en un multiplicador, un caldo de cultivo del virus, porque hasta el 14 de marzo no se declaró el estado de alarma habiendo datos apremiantes encima de la mesa. ¿China culpable? España también. Y si de algo sirvieran las instituciones europeas contrastarían sus avisos con los acontecimientos sucedidos en España y abrirían un proceso contra nuestro gobierno, el mismo gobierno del golpe en Cataluña.

Hubo daños irreparables en las vidas y en los negocios, en nuestra economía. Porque hay tragedias inmediatas e irreversibles como la muerte pero también otras más lentas que pueden empezar con el cierre de una tienda que mantiene a toda una familia. Hay un daño convertido en gasto económico público por no prever los abastecimientos en los hospitales. Y a los estragos se une después la contrastada inutilidad gestora si es que no hubo ahí también otros delitos agravantes, por ejemplo, en la compra de "gangas", como dijo la ministra de Exteriores, González Laya, para disculpar a su colega Illa y al experto Simón.

Por si todo lo anterior fuera poco, la manipulación de las cifras de fallecidos añade aún más gravedad. Los medios de comunicación –al menos este– hemos tratado de ofrecer información de servicio público siguiendo los datos oficiales sobre contagiados y fallecidos. Ha sido imposible. Y el tiempo ha demostrado que tampoco en esto hay negligencia sino intencionalidad y una arraigada costumbre por la ocultación. La responsabilidad del Gobierno es del todo ineludible.

Nada de esto quiere decir que el coronavirus llegara a España por culpa del Gobierno o que sin la mala fe demostrada no hubiéramos lamentado muertes. Hay un punto en el que nadie es capaz de advertir una situación determinada, pero no cabe duda alguna de que, con buena fe, las muertes habrían sido muchas menos y los daños posteriores también. Tampoco significa que los actos del 8-M tengan que ser la causa mayoritaria de las muertes y contagios pero mantendría mi tesis en el hipotético e improbable caso de que se pudiera demostrar que apenas tuvo efectos. La gravedad estriba en que se ocultaron alarmas muy serias sobre riesgo en vidas humanas para celebrar un acto público de reafirmación política.

Echar a un presidente negligente, inepto o incapaz de gestionar una crisis es lógico, pero si ese presidente y su gobierno además han tenido mala fe al ocultar datos de forma sistemática, lo que se hace necesario es que paguen por ello en los tribunales.

Sin la iniciativa de Vox ante el golpe de la Generalidad del 1 de octubre no habríamos tenido un proceso judicial, aunque sirviera de poco y se celebrara el juicio con el golpe en marcha, como aún lo está. Pero se llevó a los tribunales y de ahí siempre surgen derivadas interesantes.

Creo que el PP debería emplearse a fondo precisamente en esa tarea contra el Gobierno por su gestión en la crisis de la pandemia. Si salen con que el deber del político es hacer política, entonces que no nombren a tanto juez ni compongan tanto Consejo ni acomoden tanto Tribunal. A veces judicializar la política es la única salida. En caso de duda que piensen en las asociaciones civiles de afectados, en los particulares o en los sindicatos policiales, médicos y de funcionarios que ya han tomado la iniciativa. ¿No es al ciudadano al que dicen servir los políticos? Pues no pueden estar más acompañados. Y si, todavía así, titubean que imaginen dónde estaría hoy un gobierno del PP con la décima parte de lo sucedido.

Desde luego, en el Congreso nadie apoyará algo similar a lo que se pergeñó al artificial amparo de la sentencia del caso Gürtel. Y si la excusa disuasoria final es que la Fiscalía General es Sánchez –como él mismo dijo– o, peor aún, Dolores Delgado, y lamentan que eso convierta en inútil cualquier iniciativa judicial, que se apliquen el adagio de que la única batalla perdida es la que no se libra. Sólo con discursos parlamentarios, por brillantes que sean, no estaremos a salvo. Hay un cambio de régimen y no están invitados.

Decir "viva el 8 de marzo" con 27.000 muertos oficiales –más de 40.000 según los registros– y con la demostración de que ocultaron informes es toda una deducción de testimonio que debe tener trámite judicial. La mala fe no tiene excusa y supongo que tampoco perdón.

Marlaska apunta a OKDIARIO para fabricar otra mentira
OKDIARIO 6  Junio 2020

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pretende desviar la atención sobre su purga al coronel Diego Pérez de los Cobos y ha puesto el foco en OKDIARIO. Quiere saber cómo este periódico pudo hacerse con el segundo informe encargado por la juez del 8-M. De este modo, el ministro pretende justificar lo injustificable: que la destitución de De los Cobos se debió a las supuestas filtraciones de los informes y no a la verdadera razón -la que constaba de manera clara en el escrito del Ministerio de Interior-: «Por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».

La operación de desvío de la atención es muy chusca y lo único que hace es ratificar las mentiras del ministro. Porque si fuera cierto que la destitución del coronel De los Cobos se debió a las filtraciones, Marlaska podría haber utilizado este argumento y no el de «reorganización» del departamento. Y en el documento confidencial en el que se apuntan los motivos del cese del coronel se habría hecho, igualmente, referencia a las filtraciones. Sin embargo, ni Marlaska ni los documentos internos del Ministerio hicieron mención a este asunto.

Marlaska destituyó al coronel por negarse a incumplir una decisión de la juez. O lo que es lo mismo, Marlaska incumplió la ley al forzar a Pérez de los Cobos a que le revelara el contenido del atestado de la Guardia Civil. Es tan claro como que así consta en los propios documentos de carácter reservado del Ministerio.

Atrapado en un callejón sin salida, Marlaska pretende ahora convertir a su víctima, el coronel destituido, en culpable por las supuestas filtraciones del informe. En suma, las filtraciones son ahora la excusa para justificar una destitución que ha situado al ministro al filo de una situación política imposible, por mentiroso y, dado que tomó una decisión contraria a la ley, también por prevaricador.

Que OKDIARIO merezca la atención de Marlaska es para nosotros un orgullo y un motivo de satisfacción. Cada cual, se retrata: nosotros vamos con la verdad por delante y al ministro, de un tiempo a esta parte, siempre le acompaña la mentira.

Jupol se querella contra Fernando Simón y altos mandos de la Policía
Redacción rebelionenlagranja 6  Junio 2020

Jupol ha presentado una querella contra una decena de personas, entre las que se encuentran el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón; el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco; y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

El sindicato mayoritario en la Policía Nacional les atribuye un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito de prevaricación por no haber proporcionado material de protección adecuado frente al Covid-19 y haber permitido la manifestación del 8-M que puso en riesgo a los policías que debieron controlarlas.

El escrito registrado en los juzgados madrileños se dirige también contra al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo; el director Adjunto Operativo (DAO), Jose Ángel González, y los subdirectores generales de Recursos Humanos y Logística. Asimismo, en el ámbito sanitario, junto a Simón la querella se extiende al subsecretario de Estado de Sanidad y la directora general de Salud Pública.

La querella del sindicato policial hace un repaso de los avisos de la OMS sobre la pandemia y recuerda que, aunque se dieron unos primeros pasos tempranos en la Policía Nacional, eso no se materializó después en la adquisición de suficiente material.

“La antelación con la que podían haberse tomado medidas de prevención y contención del virus es obvia. Podría, y debía, haberse adquirido el material adecuado a estos efectos, en las cantidades necesarias, ya desde enero, fecha en la que los responsables de logística, como los demás miembros del Cuerpo de la Policía Nacional, conocieron de su necesidad para contener los contagios”, señala.

Una nueva Internacional Comunista amenaza con invadir Europa y América
“No hay diferencia entre comunismo y socialismo, excepto en la manera de conseguir el mismo objetivo final: el comunismo propone esclavizar al hombre mediante la fuerza, el socialismo mediante el voto. Es la misma diferencia que hay entre asesinato y suicidio.” Ayn Rand
Miguel Massanet diariosigloxxi 6  Junio 2020

Cuando se utiliza la excusa, todo lo lamentable y reprobable que se quiera, de la muerte de un ciudadano negro en los EE.UU para, primero, organizar un despliegue nacional de vandalismo, destrozos, agresiones, intentos de establecer el terrorismo callejero y de convertir a la nación americana en un avispero revolucionario que obligue al presidente Trump a verse forzado a utilizar al ejército cuando, ni con el apoyo de la Guardia Nacional, se consigue detener el estallido de protestas, nada pacíficas y, evidentemente, dirigidas y organizadas por activistas bien organizados, sin cuya intervención y dirección difícilmente se hubiera podido extender el conflicto, por todos los rincones de la nación americana y, segundo, que otros países del mundo caracterizados por su rechazo al actual gobierno estadounidense, se hayan convertido en sedes involuntarias o, acaso, favorecidas por sus gobiernos, de protestas multitudinarias en solidaridad con los grupos de revoltosos americanos, algo que no ha ocurrido nunca en el caso de la dictadura venezolana, aquella que su dirigente Maduro ha convertido en la negación absoluta de la democracia, el ejemplo de la opresión y la pérdida de libertades de los ciudadanos, motivo de que millones de ellos hayan tenido que abandonar su país para evitar ser asesinados, encarcelados o sometidos a la más absoluta pobreza; es que algo evidentemente extraño está ocurriendo, extrañas maquinaciones se están desarrollando en las cloacas de la política mundial, cuyo conocimiento nos está vedado a los ciudadanos de a pie, pero que es obvio que una sincronización tan bien organizada, unas multitudes tan numerosas y una identidad en cuanto a los medios utilizados en todos los lugares en que se producen tales revueltas, los alborotadores, las consignas y, especialmente, el objetivo perfectamente identificado en la persona del presidente de los EE.UU señor Trump, seguramente con una amplia cooperación del partido demócrata americano; no dejan lugar a dudar de que todo forma parte de una gran conspiración encaminada a minar la fuerza de la nación más poderosa del mundo y, de paso, a resucitar lo que para todo el mundo y, en especial, para Europa, ya se había convertido en una momia del pasado, el partido comunista, como consecuencia del descalabro político de la antigua URSS.

Aín Rand, la escritora y filósofa rusa, ya fallecida, que residía en los EE.UU, detestada por las izquierdas comunistoides, defendía el egoísmo racional, el individualismo y el capitalismo laissez faire, argumentando que es el único sistema económico que le permite al ser humano vivir como tal, es decir, haciendo uso de su facultad de razonar. En consecuencia, rechazaba absolutamente el socialismo, el altruismo y la religión. Afirmaba algo que, desgraciadamente, en la actualidad se está dando en nuestra nación, cuando aseguraba que las discrepancias entre el comunismo y el socialismo:“Eran la misma diferencia que hay entre asesinato y suicidio.”. Todos hemos oído hablar de señores, como el multimillonario Soros y de otros “influencers”, que llevan años intentando desequilibrar el mundo ( ha quedado demostrado que este señor ha estado financiando al independentismo catalán), sujetos que nunca aparecen en público, que se mantienen en el anonimato pero, que desde sus organizaciones empresariales, sus lobbies y sus cártel, tienen el poder de poder influir en los gobiernos de muchas naciones que, en muchas ocasiones, no son más que meros ejecutores de las órdenes que reciben de ellos.

Este tipo de masonería que, en realidad, no se trata más que de profesionales de la política sumergida; son los que, seguramente, están manejando los hilos de esta campaña de descrédito contra el presidente Trump quien, pese a sus rarezas y excentricidades, fue elegido democráticamente por la mayoría de los ciudadanos norteamericanos, pese a que lo demócratas nunca lo ha querido aceptar como presidente y a que, incluso, entre los propios republicanos del viejo establishment del partido tampoco se le quería como presidente. Pero lo que, sin duda, tiene todos los visos de un intento de enterrar el capitalismo, organizado a escala mundial y, últimamente, con todos los visos de buscar la menor excusa posible para soliviantar a las multitudes descontentas, la miseria que parece que nos amenaza gravemente como consecuencia de los estragos del coronavirus, la probable crisis económica que se vaticina para los próximos meses y la propaganda en favor del feminismo, convertida en persistente y radicalizada por grupos importantes de mujeres que se han visto sorprendidas, especialmente en el caso de España, por haber sido consideradas como responsables de la expansión rápida de la pandemia del Covid 19, a causa de haber convocado, con la anuencia del Gobierno, sabiéndose de que, desde enero pasado ya existían avisos de contagios del coronavirus, una magna manifestación de exaltación del feminismo en Madrid y en otras ciudades del país. Un error garrafal de nuestras autoridades que, seguramente, ha hecho que el número de fallecimientos ( en realidad, según estudios del INE, más de 44.000) registrados como consecuencia de la epidemia sea superior al que la epidemia, por si misma, se debiera haber cobrado.

En España, la gran manifestación contra Trump que se celebró en Gerona, aparte de representar un claro acto de hostilidad hacia una nación a la que se debiera considerar amiga, ha sido otra muestra más de lo que es un flagrante incumplimiento que se está produciendo de las medidas sanitarias previstas por el Gobierno, que prohíbe asistir a partidos de futbol, a corridas de toros, a grupos números de personas, obligando a mantener las distancias de seguridad y, a la vez, a llevar obligatoriamente mascarillas cuando se circula por lugares donde es imposible mantener las distancias establecidas.; mientras por conveniencias partidistas se dejó llevar por sus intereses políticos.

Y es que, señores, lamentablemente, en este país existen dos varas de medir para sus ciudadanos según se trate de conservadores o progresistas. Pero es que, por si fuera poco esta distinción de trato y de derechos, contraria a los preceptos constitucionales, según sean sus intereses políticos, se da la circunstancia de que, el actual gobierno filocomunista que tenemos, se ha abrogado el derecho de tener patente de corso para, prescindiendo de la normativa vigente, al margen de los decretazos con los que nos gobiernan sin que nadie pueda evitarlo, imponer un evidente cordón sanitario a los partidos de la oposición, a los que se les niega el derecho legítimo a la crítica (ellos lo consideran crispación), la facultad de los señores parlamentarios de la derecha a defenderse de los insultos de señor Iglesias, como el líder de Podemos, al que se le permite ofender a la señora Álvarez de Toledo haciendo mofa de sus títulos nobiliarios, pero que no admiten que la propia parlamentaria le conteste haciendo alusión al pasado terrorista del padre del señor Iglesias, algo que, por demás, es rigurosamente cierto.

En realidad, se puede decir que la presencia de mujeres en el gobierno de esta nación, en lugar de aportar sensatez, moderación, sentido común y paz, se han convertido en lo que, para los griegos de la antigüedad eran las Arpías, genios maléficos con cuerpo de ave de rapiña, horrendo rostro de mujer, orejas de oso y afiladas garras, que llevaban consigo tempestades, pestes e infortunio. Con raras excepciones su modo de expresarse, su forma desabrida de dirigirse a la derecha, sus modales tabernarios y la expresión de sus rostros (vean a la señora Calvo como retuerce los músculos de su faz para transformarla en la pura expresión diabólica del odio y el rencor.), a lo que acompañan su falta de cintura política y este feminismo, mal entendido, que les hace considerar a cualquier persona del género opuesto como a un potencial enemigo al que hay que destruir ( lo mismo opinaban aquellas milicianas, de tiempos de la Guerra Civil, que se paseaban por las calles, cubiertas con monos y armadas hasta los dientes para cargarse a cualquiera que tuviera la osadía de incomodarlas o que les pareciera que era un “faccioso” o un “meapilas”) y a las que, por supuesto, no les importa mentir, injuriar, desobedecer las leyes o hacer lo necesario, justo o injusto, legal o ilegal, para conseguir aquellos objetivos que sirvan para alcanzar los fines de lograr imponer su ideario marxista a todo el pueblo español, guste o no guste.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la impresión de que, la tormenta que parece que, inevitablemente, parece que se va a descargar, con toda la furia de un ciclón tropical, sobre las democracias europeas, si la Comunidad Europea no toma las medidas precisas para evitar que estos intentos descarados de desestabilizar la democracia y dar paso a nuevas regímenes de carácter totalitario, como el que, en la actualidad, nos está amenazando a los españoles; es muy posible que, cuando se quieran dar cuenta, ya no se esté a tiempo para librarnos de la mala semilla que la plaga del comunismo bolivariano, poco a poco, está intentando que germine. Y aquí va una reflexión del escritor español Gil Bejes Sampao: “Cuando las mujeres se hayan liberado al fin, habrá que invertir el péndulo y empezar con la liberación del hombre”, pues así sea.

Largo Caballero y la Ley de Venganza Histórica
Jesús Laínz Libertad Digital 6  Junio 2020

Stalin, que de tonto no tenía un pelo, estaba preocupado por la mala imagen del bando republicano. Sabía que a sus aliados españoles no les convenía aparecer ante el mundo como un régimen comunista, puesto que ello provocaría la hostilidad de países como Francia y Gran Bretaña, evidentemente antifascistas pero al mismo tiempo temerosos de que en Europa Occidental se afianzase otro régimen de estilo soviético. Así que en diciembre de 1936 envió una carta al presidente del Gobierno, el socialista Largo Caballero, recomendándole aparentar ciertas formas parlamentarias y coexistir con otras opciones políticas, sobre todo la Izquierda Republicana del presidente Azaña:

No se debe rechazar a los dirigentes republicanos [de Izquierda Republicana] sino que, por el contrario, hay que atraerlos y acercarlos más al gobierno. Sobre todo, es necesario asegurar el apoyo de Azaña y su grupo al gobierno y hacer todo lo posible por vencer sus vacilaciones. Esto es necesario para evitar que los enemigos de España la consideren una república comunista e impedir así su intervención abierta, que constituye el mayor peligro para la España republicana.

Pero Largo Caballero respondió al dictador soviético que nadie en el bando republicano tenía interés en aparentar ser una democracia:

Independientemente de la suerte que reserve el futuro a la institución parlamentaria, entre nosotros, incluso entre los republicanos, no tiene partidarios entusiastas.

No se pudo acusar al que fuera presidente del PSOE de insinceridad. A lo largo de su vida expresó en numerosas ocasiones, tanto de palabra como por escrito, sus diáfanas opiniones políticas. He aquí un breve ramillete de ellas:

–Quiero decirles a las derechas que si triunfan tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos.

–La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución.

–La transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Estamos ya hartos de ensayos de democracia; ¡que se implante en el país nuestra democracia!

–En las elecciones de abril de 1931 los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas; que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo. La generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la Historia.

–Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral, y ese periodo es la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos.

–Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera.

–Vamos, repito, hacía la revolución social. Mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas, habrá que obtenerlo por la violencia.

–Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una república burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista.

–Hay que apoderarse del poder político; pero la revolución se hace violentamente: luchando, y no con discursos.

–No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad.

Tras las palabras, los actos. Porque Largo Caballero fue presidente del Gobierno desde el 4 de septiembre de 1936 hasta el 17 de mayo de 1937, tiempo en el que se cometieron innumerables crímenes por motivos políticos y religiosos. Con la Ley de Memoria Histórica en la mano se han eliminado de calles, plazas y todo tipo de construcciones las efigies y nombres de numerosas personalidades del régimen franquista, desde ministros hasta gobernadores o alcaldes, a pesar de haber sido los artífices e inauguradores de muchos de esos lugares, con el argumento de que, por ejercer sus respectivas competencias, son responsables solidarios de todo cuanto hubiese sucedido en España durante su mandato. Por lo tanto, Largo Caballero, según dicha ley, sería responsable de miles de asesinatos ocurridos en el territorio republicano bajo su mandato como presidente del Gobierno.

Pero, en respuesta a la iniciativa de Vox para eliminar su nombre y efigie de varios espacios públicos, el Gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias acaba de decidir que a Largo Caballero no se le puede aplicar la Ley de Memoria Histórica por haber sido el presidente legítimo de un Gobierno democrático legítimo salido de las legítimas elecciones de febrero de 1936. Y, por lo tanto, es merecedor de la estatua de los Nuevos Ministerios madrileños y de calles en varias ciudades de España, pues no en vano fue un destacado defensor de la democracia y la libertad frente al fascismo.

Se ha demostrado mil veces desde su promulgación en 2007, pero con esta decisión gubernamental se ha vuelto a demostrar que la llamada Ley de Memoria Histórica del añorado Zapatero merecería el nombre, más apropiado, de Ley de Venganza Histórica, pues no persigue ni conservar la historia, ni promover la reconciliación, ni reinstaurar la justicia ni ninguna otra de las mentiras que se esgrimieron en su favor y que el analfabeto y eunuco PP fue incapaz de contrarrestar. El único objetivo de dicha ley fue vengarse, agredir, injuriar y humillar a una derecha actual a la que la izquierda ha proclamado continuadora de los vencedores de 1939. Y con ello, esconder la inmensa responsabilidad –como denunciaron los autorizadísimos Alcalá-Zamora, Sánchez-Albornoz, Lerroux, Madariaga y Besteiro– del principal culpable de los cientos de miles de muertos provocados por la Guerra Civil española: el PSOE de Francisco Largo Caballero y Pedro Sánchez.

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Una fuerte dosis de cordura
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 6  Junio 2020

Temo que se equivoquen quienes se ciñen a los esquemas políticos clásicos para explicar lo que está sucediendo en España. Pienso que aquí el proceso de degradación –que no de otra cosa se trata– debería estudiarse como si se estuviera desarrollando en sucesivos pabellones de un instituto frenopático, con los diagnósticos y el lenguaje propios de la psiquiatría.

Imitador de psicópatas
Todo empieza por el pabellón de las autoridades, que ha sido ocupado, como en la película de Milos Forman Alguien voló sobre el nido del cuco, por un grupo de dementes. El capitoste, un megalómano ayuno de escrúpulos, comparte el timón de mando con el apologista, discípulo y potencial imitador de los psicópatas que dejaron un tendal de cien millones de muertos el siglo pasado en nombre de la dictadura del proletariado. Lógicamente, estos orates se movilizan para destituir al director legítimo del establecimiento, desembarazarse de los guardianes y desterrar los valores de la vida normal.

En los pabellones vecinos se agrupan diversas categorías de reclusos. Sobresalen dos bandas con delirios de grandeza, que reniegan del establecimiento que les da cobijo y alimento, libran una sorda guerra entre ellas y se turnan para sacar provecho de la complicidad con los jefazos. Y en las horas de recreo se suma a esta turba un pelotón de desquiciados que están allí purgando los crímenes que cometieron para imponer su régimen de terror racista.

Escenificación esperpéntica
Bajemos a la tierra. He urdido esta escenificación esperpéntica para enfatizar el peligro demoledor que entraña el pandemónium de la política española. Un fenómeno que tiene nombres y apellidos. El presidente felón Pedro Sánchez compinchado con el vicepresidente segundo comunista Pablo Iglesias para derrocar la Monarquía constitucional, enviar al desguace los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, castrar el Poder Judicial y fundar un mosaico de satrapías hostiles a nuestra civilización. Junto a ellos, apoyándolos u hostigándolos con tácticas barriobajeras, las dos sectas de renegados de su nacionalidad española, enfrentados entre sí por su instinto reptiliano pero unidos contra la sociedad abierta. Y, en fin, la casquería bilduetarra pactando con todos los usufructuarios del ‘cuanto peor, mejor’.

Es precisamente la magnitud desorbitada y la naturaleza patológica de la agresión que sufre el Reino de España lo que obliga a adoptar medidas profilácticas y terapéuticas tan excepcionales como las que se implementaron contra la pandemia del covid-19. Medidas que trasciendan, como señalaba en el comienzo de este artículo, los esquemas clásicos de la contienda política. Aquí no se trata de izquierda contra derecha, ni de liberales contra conservadores. La disyuntiva es otra, de vida o muerte: cordura contra demencia.

Cuáles son los anticuerpos
La urgencia de bloquear el avance de la insania exige deponer sectarismos y aplicar una fuerte dosis de cordura. Para reunir esa fuerte dosis de cordura es indispensable prescindir de los prejuicios y los apriorismos políticos. La receta la encontramos, paradójicamente, en los discursos belicosos de los orates. Estos saben mejor que nadie cuáles son los anticuerpos que los neutralizan, y cuando los demonizan arteramente nos dan la pista de que son eficaces, por lo que debemos recurrir a ellos.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vomitan difamaciones contra el Partido Popular y Vox, tildándolos de franquistas y golpistas porque les temen, como la niña poseída temía, en la película, al exorcista. Y para evadirse del castigo por sus tropelías desvían la atención del público haciéndole medir los decibelios de los discursos de Pablo Casado y Santiago Abascal, y de Cayetana Álvarez de Toledo y Alberto Núñez Feijóo, cuando lo que importa es que todos ellos desenmascaran, cada cual con su estilo, a la pandilla que traiciona a España, y militan, por lo tanto, en el bando de la salud mental. Bienvenidos sean, mientras cumplan con este deber patriótico. Polemizar sobre sus méritos es hacer el juego al enemigo.

Un caso aparte es el de Ciudadanos. Su voto afirmativo a la prolongación del estado de alarma ha generado dudas en algunos sectores sobre su lealtad al bloque de la cordura. ¿La prueba del tornasol? Oriol Junqueras y Gabriel Rufián son explícitos: "Sánchez debe elegir. Ciudadanos o nosotros". Más claro, imposible. Ciudadanos es otro antídoto que actúa sobre los lunáticos como los dientes de ajo sobre los vampiros, ahuyentándolos. El anatema para ERC es, en este caso, la insobornable campaña de Cs contra el supremacismo, coronada por la cláusula de su pacto con el Gobierno que garantiza la igualdad territorial en los planos político, sanitario y económico, igualdad de la que solo están excluidas, contra natura, la Comunidad Vasca y Navarra. La necesidad de derogar estos privilegios anacrónicos es otra razón para fomentar la consolidación del bloque de la cordura: PP, Ciudadanos y Vox, como en el acto patriótico de la plaza de Colón, del que solo se avergüenzan quienes se dejan embaucar por la propaganda taimada de la anti España.

¿Y el PSOE?
Sí, es posible contar con Ciudadanos para la defensa de la cordura. Con eso no basta. Ya sabemos en qué pabellón del frenopático trama sus imposturas Pedro Sánchez. Eso es sanchismo en estado puro. Pero ¿y el PSOE? El contubernio de supremacistas y comunistas no las tiene todas consigo. Escribe el intrigante Francesc-Marc Álvaro ("El pus y las terrazas", LV, 28/5):

Es también –me aseguran algunos amigos de la capital española– una pugna entre un PSOE que añora las comodidades de antaño y un PSOE que ha decidido arriesgarse por el jardín prohibido de unas alianzas inéditas. La nostalgia incurable de un pacto PSOE-Cs es el motor de algunos desairados.

No perdamos las esperanzas. A medida que se vuelvan insoportables las miasmas del proceso de putrefacción que fermenta en lo que Álvaro considera el "jardín prohibido" de la entente antiespañola irán asomando los islotes de cordura todavía enclaustrados. Los primeros afloraron cuando se consumó el acoplamiento con la hidra comunista, y sus protagonistas fueron los próceres de la vieja guardia: Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo Terreros.

La paciencia colmada
Las humillaciones a los pies de los energúmenos bilduetarras y de los renegados antiespañoles han terminado de colmar la paciencia de los custodios de la racionalidad dentro del PSOE, hasta ahora excesivamente parsimoniosos. Por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (LV, 26/5),
se declaró partidario "desde siempre" de que Sánchez mire más a Ciudadanos y menos –o nada– a ERC y EH Bildu. E hizo saber que estaba "dolido y perplejo" por el pacto suscrito entre el socialismo y la izquierda abertzale. Un pacto, a su juicio, "basado en la extorsión".

A continuación, el mismo diario informa de que al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, le produce "desolación" ver las siglas del PSOE junto con las de Bildu. Y que el acuerdo es mejor con Ciudadanos que con ERC, "porque compartimos un proyecto de país".

El presidente de Aragón, Javier Lambán, es uno de los que más perseveran, dentro de la cúpula de su partido, en la búsqueda de un camino racional para salir de la encrucijada. Su opinión lo retrata (LV, 21/5):

Como ciudadano español y como socialista, celebro el apoyo de Cs a la prórroga del estado de alarma. Ojalá la Moncloa no se vea obligada a volver a recurrir para nada a partidos que no creen en España ni en el futuro común de todos los españoles.

De prisa, de prisa
Estas buenas intenciones seguirán pavimentando el camino del infierno mientras quienes las abrigan, dentro del partido del Gobierno, e incluso dentro del Gobierno mismo, como es el caso de Nadia Calviño y Margarita Robles, no sean capaces de superar las barreras retóricas que los separan de las diversas corrientes de la oposición constitucionalista para forjar con ellas, sin tiquismiquis debilitantes, el bloque de la cordura capaz de desalojar de la Moncloa los pabellones del manicomio que se ha instalado allí.

De prisa, de prisa, apliquemos una fuerte dosis antivírica de cordura antes de que la chusma de locos de remate, intoxicados con jarabes leninistas, se atreva a intentar poner en práctica la obscena quimera bolchevique de tomar por asalto el bastión sacrosanto de nuestra democracia constitucional: el Palacio de la Zarzuela.

La mejor vacuna contra esta plaga es la Ley. Dura Lex, sed Lex.

Iglesias pone a las televisiones en su punto de mira
OKDIARIO 6  Junio 2020

Podemos pretende dar una nueva vuelta de tuerca al control político de las instituciones y ha infiltrado en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia( CNMC), clave para permitir las grandes operaciones de las empresas privadas, entre ellas los medios de comunicación, a Carlos Aguilar Paredes, profesor de universidad que fue en las listas al Congreso de En Comú Podem junto con Jaume Asens y Gerardo Pisarello. Aguilar, además de una apuesta personal de Pablo Iglesias, es amigo del multimillonario Jaume Roures, administrador único de Mediapro, empresa que ostenta el monopolio del fútbol de pago por televisión en España.

Uno de los principales cometidos de Aguilar será el sector audiovisual y el control de las operaciones empresariales de las televisiones, supervisadas por la Sala de Regulación de la CNMC. Dada la indisimulada afición de Podemos y su secretario general, Pablo Iglesias, por el control de los medios, la presencia de Aguilar en un puesto clave del organismo regulador representa una amenaza en toda regla.

Más aún si tiramos de hemeroteca y repasamos algunos de sus estudios. En «La prensa española conservadora en el contexto multipartidista ¿De la estrategia de bloques a la prensa de partido?», Aguilar concluye que los periódicos de centro derecha se han vendido a los intereses del PP. O sea, todo un prodigio de rigor y objetividad. ¿Para cuándo un estudio sobre la prensa española de izquierdas en el contexto multipartidista? Si sus informes en la CNMC responden al mismo patrón, el resultado está servido.

Está claro de que pie cojea el personaje y a qué intereses sirve. Y para qué le ha puesto Pablo Iglesias en la CNMC. Teniendo en cuenta que Pablo Iglesias ha dejado claro que «lo que ataca a la libertad de expresión es que existan medios de comunicación privados» (noviembre de 2013), el objetivo del infiltrado del vicepresidente segundo del Gobierno en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia parece obvio: el sometimiento y control de las medios de comunicación, con las televisiones en el punto de mira.

Valencia impone el catalán y ataca el inglés: ahora suprime 200 grupos de la Escuela Oficial de Idiomas
El consejero de Educación, Marzà, desmantela la enseñanza de idiomas extranjeros mientras en la escuela pública trata de arrinconar el castellano.
Marcos Ondarra elespanol 6  Junio 2020

La Consejería de Educación valenciana ha anunciado recortes severos en la Escuela Oficial de Idiomas que supondrán el cierre de alrededor de 200 grupos en diferentes sedes y la pérdida del puesto de trabajo para medio centenar de profesores. Los estudiantes más damnificados serán los que optan por el inglés.

La decisión del conseller, el nacionalista Vicent Marzà (Compromís), ha indignado al profesorado, alumnado y sindicatos. "En un principio, prometió que no iba a hacer recortes, pero su palabra no vale nada", cuentan fuentes profesorales a EL ESPAÑOL.

Estas mismas fuentes aseguran que su "mimo del valenciano" en la escuela pública no se corresponde con su trato al resto de idiomas que se enseñan en la Escuela Oficial de Idiomas.

Todos los profesores afectados, con apoyo del alumnado, se han unido, para remitir una carta dirigida a Marzà: "Tras recibir la triste noticia de que en todas las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Valenciana habrá una reducción de grupos notable (...); el sentimiento general del profesorado y del alumnado es de enorme decepción y preocupación".

La carta, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, también señala que se debe tener en cuenta que "para el próximo curso sería necesaria la contratación de un número mayor de docentes respecto a este año, para poder garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias que impidan el rebrote de la pandemia".

Y concluye recordando que la educación y la cultura son "derechos de todos los ciudadanos": "No quieran destruir una institución que ha sobrevivido a tantos cambios políticos y a tantas situaciones tan difíciles o incluso más que la que estamos atravesando ahora".

¿Quién es Marzà?
El consejero de Educación fue el impulsor de un polémico -y anulado por los tribunales- decreto de plurilingüismo que premiaba la inmersión en valenciano. En realidad, en catalán, pues Marzà, del sector nacionalista radical, defensor del procés en Cataluña, aboga por borrar las diferencias entre ambas lenguas.

La artimaña para forzar a los alumnos a elegir la línea de valenciano a la de castellano consistía en que sólo permitía a los primeros obtener títulos oficiales de inglés, lo que dejaba en franca desventaja a quienes optaban por el castellano como lengua base.

La normativa fue derogada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por considerar que vulneraba el derecho a la igualdad, al discriminar la enseñanza en castellano.

El TSJCV alertó de que no se podían aplicar medidas "excluyentes o desproporcionadas" que implicaran desequilibrio entre las lenguas oficiales y de que el derecho de elección de los padres no podía ser usurpado por la administración o los consejos escolares.

Marzà siempre ha contado con el apoyo del sector más nacionalista de Compromís. Activista social desde la adolescencia, es también miembro de la Escola Valenciana y del sindicato STEPV, entidades muy vinculadas al nacionalismo catalán.

Municipios afectados
Los recortes que plantea Marzà, que para mayor escarnio es profesor de inglés, suponen el cierre de alrededor de 200 grupos en diferentes sedes de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI). Las más afectadas son las de Ontinyent, Utiel o Xàtiva. Además, se ha reducido drásticamente la oferta para el alumnado.

El municipio de Utiel sufriría una reducción de 12 grupos de inglés. Teniendo una ratio media de 20 alumnos, se verían afectados unos 240 estudiantes. Aunque en el municipio, de apenas 12.000 habitantes, se ha anunciado una reducción de grupos en inglés, sí les concedieron dos grupos de valenciano.

Ontinyent sería uno de los municipios más afectados. La Consejería ha planteado unos recortes del número de grupos del 33% (de 28 a 19) para el próximo curso. En concreto, se perderán 9 grupos: 3 de inglés, 2 de francés, 2 de alemán y 2 de valenciano.

El Gobierno de Ontinyent ha asegurado que estos recortes son "un ataque sin precedentes al aprendizaje oficial y público de lenguas" y "una manera de castigar en las ciudades más alejadas de Valencia".

El concejal de Educación de Ontinyent, Óscar Borrell, ha calificado de "inadmisibles" los recortes y ha reclamado que "se haga un refuerzo de una oferta formativa muy necesaria, creando sedes propias en capitales de comarcas".

Xàtiva pasaría de tener 88 grupos a 68. Una reducción "apabullante en términos globales" y que deja "cogida con pinzas la oferta en nuestra escuela", según la EOI del municipio.

Quejas sindicales
La Central Sindical Independiente y de Funciones (CSIF) también ha pedido explicaciones al conseller y ha alertado de que estas medidas "limitan la formación del alumnado valenciano y provocan una alarmante pérdida de empleo en el ámbito educativo".

El sindicato ha exigido a la Consejería de Educación que anule estos recortes y elimine también los implantados por anteriores gobiernos. En este sentido, CSIF ha recordado que la Consejería aún no ha suprimido el incremento de horas lectivas del profesorado y pide que se vuelvan a las 18 horas lectivas en Secundaria.

"No es momento de recortes en lo público. Sabemos qué consecuencias tiene por otras crisis y ahora resulta necesario aplicar políticas expansivas que prioricen la inversión en futuro, en formación y conocimiento", afirman desde CSIF.


 


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