AGLI Recortes de Prensa   Domingo 7  Junio  2020

Sánchez quiebra España: la AIReF avanza que la deuda superará el 95% del PIB hasta 2038
Carlos Cuesta okdiario 7  Junio 2020

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha comunicado ya oficialmente sus previsiones para un largo periodo de años en España. Esas previsiones hablan de una inmensa montaña de deuda cuya devolución e intereses pagarán, convertidos en impuestos, todos los españoles de varias generaciones. Porque la deuda no regresará a niveles inferiores al 95,5% hasta 2038. Dicho de otra manera: España tardará casi dos décadas en volver a tener el endeudamiento -ya disparatado- de 2019.

Los mensajes clave de la AIReF son demoledores: “La ratio de deuda sobre PIB se situará entre el 115 y el 122% del PIB en 2020”. Además, “para estabilizar en 2030 la ratio de deuda de 2021 será necesario volver al equilibrio presupuestario a lo largo de esta década”, cosa que, con las medidas actuales del Gobierno socialcomunista, es más que dudoso que vaya a ocurrir. Y “adicionalmente, habrá que mantener ese equilibrio casi otra década para poder digerir enteramente las consecuencias de esta crisis, y volver al nivel previo de una ratio del 95,5% del PIB en 2038. E incluso otra década adicional manteniendo los mismos supuestos no sería suficiente para alcanzar el límite de referencia del 60% del PIB”.

Hay que tener presente que ese nivel de referencia del 60% fue el exigido en los acuerdos del euro, no por obstinación de ningún organismo, sino porque se consideró que era un nivel correcto de endeudamiento para una economía sana.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, acaba de comparecer en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para dar su visión sobre la situación económica y presupuestaria, a petición de los grupos parlamentarios PP, ERC, Vox y Ciudadanos. Durante su comparecencia, Cristina Herrero realizó un análisis a fondo de la situación macroeconómica y texto de elevada incertidumbre marcado por la crisis del Covid-19, en línea con lo avanzando en el Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2020-2021, que la institución presentó el pasado 6 de mayo.

Y, además, repasó la evolución de la situación desde la publicación de dicho informe, que confirma el análisis macroeconómico realizado por la AIReF y supone una ligera revisión en las previsiones de déficit a la luz de las nuevas medidas adoptadas (Ingreso Mínimo Vital, extensión y modificación de los ERTE y transferencias de la Administración Central a la Seguridad Social) y de la nueva información sobre la aplicación de medidas y datos de ejecución presupuestaria y evolución de la recaudación.

Y ya allí, Cristina Herrero puso de manifiesto la necesidad de aprovechar el debate sobre los planes de reconstrucción para hacer una reflexión integral del marco fiscal institucional y el sistema territorial, la calidad del gasto público, los pasivos contingentes y las reformas frente al envejecimiento de la población. Porque los riesgos económicos con evidentes, tal y como demuestran las presiones de disparatado endeudamiento que hoy recoge OKDIARIO.

La AIReF, de hecho, ha revisado sus previsiones de déficit para 2020, que pasan del 10,9% del PIB y el 13,8% del PIB en el Informe sobre el Programa de Estabilidad, al 11,1% y el 13,9% del PIB dependiendo de los escenarios económicos barajados. Las diferencias se justifican principalmente por la inclusión del impacto del Ingreso Mínimo Vital, que empeora en una décima la previsión de déficit y un nivel de gasto sanitario superior al inicialmente esperado que explica el salto a la décima restante.

Por todo ello, la AIReF señala que, aunque la prioridad inicial pasa por dar respuesta a la crisis en el corto plazo, “no deben olvidarse los efectos en el medio plazo”. Y, por ello, debe tenerse en cuenta la activación de la “cláusula de excepcionalidad”, el “inicio de los trabajos para elaborar un Plan de Reequilibrio”, la “planificación adecuada de medidas permanentes e inclusión en el Plan de Reequilibrio”, y el «seguimiento de medidas que generan pasivos contingentes, inclusión en el Plan de Reequilibrio y remisión trimestral de información a AIReF”.

Pérdida económica en España
Hay que recordar que España perderá 178.831 millones de euros en 2020 por culpa de la crisis del coronavirus. Esa crisis que el Gobierno primero negó y más tarde aseguró tener controlada porque, como dijo Pablo Iglesias, «hemos prohibido los despidos».

Pues bien, tras prohibirlos, el número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se han disparado hasta los 3,85 millones de personas; y el PIB se desploma como nunca antes en la etapa democrática.

El cálculo no ha sido reconocido oficialmente por el Gobierno. Pero, de facto, sí extraoficialmente. Y es que los cuadros remitidos por la Dirección General de Análisis Macroeconómico e incluidos en el Programa de Estabilidad enviado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a Bruselas muestran una evolución -tomando como base 100 el año 2015, tal y como indica el organismo oficial en su propio gráfico- que, simplemente con aplicar los propios datos de caída expresados en los cuadros, dan como resultado un hundimiento del PIB en 2020 del 14,36% y una pérdida en un año de 178.831 millones de euros, tal y como ha publicado ya OKDIARIO.

El Gobierno necesita un pequeño 23-F
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 7  Junio 2020

Al llegar a los tribunales las demandas por su criminal inacción durante la crisis sanitaria, el Gobierno ha entrado en estado de pánico. Y como cabía prever en matones universitarios metidos a asesores del golpismo chavista, como la banda de Iglesias, o en hijos del golpismo mediático-policial del 11M y el guerracivilismo zapateril, como la tribu de Sánchez, su primer gesto ha sido llamar a los militares… para evitar responsabilidades civiles.

El intento de corromper a la Guardia Civil por parte del ministro del Interior y sus represalias contra los jefes de la Benemérita por mantenerse fieles a la Ley y a la Constitución, que les mandan obedecer a los jueces y no a sus superiores, han desembocado en una epiléptica denuncia contra la Oposición -reducida a PP y Vox, tras la deserción de Cs- por buscar la "insubordinación de la Guardia Civil" y "tratar de impedir la purga de la corrupción policial o "policía patriótica", terminacho podemita del que se burlaba Sánchez antes de convertirse en un podemita más, si no el mayor. Y como el miedo es contagioso, han acabado, por la escasa sutileza de los Echeniques y las Calvos, en culparlos de intentar un golpe de Estado.

Culpar de un deseo y quedarse tan fresco
El más chulo y finalmente el más cobarde ha sido el vicepresidente Iglesias, que tras acusar a Vox de llamar al Golpe dijo que, en realidad, no lo hacían porque no se atrevían, pero que era lo que deseaban. Tan ridícula acusación, basada en la interpretación de un deseo oculto y no de ninguna acción o declaración, contó con el silente apoyo de Batet y Coll, cariátides icetáceas que presiden Congreso y Senado, y que, con obscenidad chavista, amparan todas las injurias y agresiones del Gobierno contra la Oposición.

Esta semana, la Oposición debería haber dejado a Batet sola en su mostrador de trapacerías, junto a sus pisarellos y tontarellas, anunciando que piden protección europea ante la tiranía del gobierno social-comunista. Si no, cualquier día se los llevarán detenidos los marlaskos de uniforme y no sabrán cómo han llegado a esa situación. Respuesta sencilla: dejándose.

La derecha debe tomar posición ahora
La derecha, con la brillante excepción de Cayetana, anda pasmada en los predios peperos; y titubeante, aunque siempre animosa, en los voxeros. Se ha visto claro en la votación -no, sí, no- sobre el Ingreso Mínimo Vital. Como ha sucedido en casi todas las votaciones sobre el estado de alarma, los argumentos de Casado invitaban a pensar en lo contrario de lo que al final votó el PP, período de esquizofrenia que terminó quince días después de lo que debía, pero que, al fin, terminó. Lo que sigue igual es el miedo del PP a lo que hará Vox, cuando tendría fácil remedio haciéndolo juntos.

Y también a eso le teme, por el qué dirá la izquierda, que de todas formas dice lo mismo que si votaran juntos. Cuanto más miedo tiene el PP a que le digan que es como Vox, más le dicen que es como Vox. El miedo de la derecha española a hacer lo que debe, no lo que se dice o se supone que debe hacer, desemboca en no cambiar lo que hace la Izquierda. Y hay tres leyes que ya ha hecho la Izquierda en el Poder y que la derecha debe aclarar si cambiará o no: la de eutanasia, la de libertad sexual y la de la protección de la infancia, que impone un comisario por aula y decreta la presunción de culpabilidad de cualquier adulto o niño por denuncia propia o de terceros.

La eutanasia sería negociable, porque hay normas, como la católica contra el encarnizamiento terapéutico, que permiten un margen de acuerdo. Las otras dos destruyen el Estado de Derecho de raíz. ¿Por qué espera la Derecha a que se debata en las Cortes el texto de cada una? ¿Cree que la opinión pública vive pendiente de los debates en el Congreso y el Senado? ¿O que no se ha formado ya una opinión sobre esos asuntos, antes de ver lo que espera ver? Es verdad que los problemas sanitarios y económicos son agobiantes, pero la Izquierda siempre hace lo mismo: cambia la legislación sobre asuntos de fondo, que afectan a la ética, la familia, la libertad básica de expresión, opinión o religión, y cuando llega la derecha, ya es, ay, tarde. Pero mientras agitan el espantajo del golpe, los comunistas han cambiado toda la normativa legal sobre las relaciones vitales, familiares y escolares. ¿Cuándo y dónde esperan PP y Vox dar esas batallas de opinión pública?

No importa el uniforme, sino la conducta
Pero volvamos a jugar a los soldados, o con ellos, como hace el Gobierno. Mientras una parte de la cúpula de la Guardia Civil resistía las presiones, otra parte las aceptaba y sustituía a la resistente. Y la Derecha, que ve un uniforme y se licúa, se ha limitado al aspaviento en defensa del Honor, con mayúscula, de la Benemérita. García Egea parecía D´Artagnan retando a Marlaska, mientras apuñalaba a Sigfrida-Cayetana sin éxito y se deshonraba. Tras Roldán y sus "pata negra", el PP debería ser prudente en los elogios a bulto. Lo admirable de la Guardia Civil no son las personas sino las conductas. Hay, pues, que valorar éstas por encima de aquellas.

¿Acaso el señor de Aduanas que ha sustituido a una de las víctimas de Marlaska, presente en el cúmulo de delitos a cuenta de Delcy Rodríguez, tiene la misma consideración moral que De los Cobos? ¡Ya se sabe que no! -dirá algún entusiasta-. ¿Seguro que se sabe? ¿Y por qué no se dice? ¿No ha demostrado ya el PP que mantiene a todos los que coloca el PSOE, por sórdida que sea su procedencia? ¡Demasiado! ¿Cómo sabrán, pues, los que se rinden al Gobierno y a la corrupción que no pagarán cara su traición, y cómo sabrán los resistentes que no se les olvidará, si cambian las tornas?

Los comunistas actúan siempre mediante el mecanismo psicológico de la proyección, que consiste en culpar a los demás de lo que uno está haciendo o deseando hacer. Cuando acusa a la Derecha, tan pardilla, de que está intentando un golpe de Estado, es que sueña con darlo. Pero este Ejército no está roto como el del 36 y esta Guardia Civil o esta Policía no pueden compararse con la gente armada que conocen, la de Venezuela, Cuba y la narcoguerrilla. En Podemos siempre han soñado tener militares revolucionarios, al modo del Che, Velasco en Perú o Hugo Chávez, pero lo único que han podido fichar es a Julio el Rojo, que Iglesias tiene de Jefe de Gabinete para que se note que no tiene Gabinete. Y tiene tan poco crédito en las FAS como portabolsos de Carmen Chacón y desertor del Alakrana, que nadie lo verá como un Spínola, Rosa Coutinho o Saraiva de Carvalho.

Julio 'El Rojo', de Tejero
De lo único que se puede disfrazar es de Tejero. Lo que le vendría bien al Gobierno para acometer la desmilitarización de la Guardia Civil, la fusión con la Policía nacional y la creación de una cúpula izquierdista en el ejército paralelo resultante, es un 23F pequeñito. Sin mucha fuerza, no sea que empiece a unírsele gente cabreada y acabe el Gobierno en la cárcel, pero que se notara muchísimo, como una superproducción de Roures con León de Aranoa dirigiendo el making off, igual que hizo el de Podemos. Si Iglesias se asienta en el CNI, la primera tejerada que podría denunciar sería una Operación Galaxia, cháchara golpista en la céntrica cafetería madrileña un año antes del 23-F, por lo que nadie se sorprendió de lo que luego pasó.

Pero al Gobierno le faltan un Miláns, un Armada, capitanes generales que pudieran poner en duda, luego en jaque, el orden constitucional. Y les falta un rey Campechano, que dijera comprender, engullendo bocadillos de sardinas y tinto peleón, las inquietudes de la tropa, jefes, oficiales y clases. Entiendo el odio que a Felipe VI le tienen Sánchez e Iglesias. Es lo que les falta: alguien que aliente un golpe fracasado y liquide el régimen. Si ellos se atrevieran, tendrían que hacerlo de civil o de trapillo bolivariano. En el Rastro venden uniformes y sacos para dormir al raso en Villa Tinaja. Ánimo.

“El horror del gen comunista de Podemos”
Francisco Marhuenda larazon 7  Junio 2020

La Humanidad ha sido prolífica a la hora de cometer monstruosidades. El catálogo de crímenes y crueldades es espectacular. Se han realizado individual y colectivamente, en nombre de la ambición o la religión, por intereses económicos y sociales…. Los pecados capitales reflejan muy bien esta realidad, aunque, lógicamente, está la otra cara de la moneda, la de cómo hemos ido mejorando y abriendo camino a la bondad. El comunismo es una de las ideologías más atroces de la Historia y en su nombre se han asesinado a decenas de millones de personas en todos los puntos del planeta. Entre otras cosas, han impuesto las más brutales dictaduras, desestabilizado democracias, financiado y organizado grupos terroristas, etc. La relación de los horrores provocados por el comunismo desde que triunfó la Revolución Rusa, con la ayuda como sucede siempre de políticos miopes y empresarios aprovechados, es sobrecogedora. Por supuesto, sólo tiene parangón con el nazismo y las dictaduras militares. Todas se han basado en el desprecio por la vida humana, la persecución de los disidentes, la existencia de un partido único, la formación de una milicia, el culto al líder y el populismo, y el control de todas las instituciones políticas, económicas y sociales.

Muchas de las sociedades que han sufrido el comunismo, así como otras ideologías totalitarias, no se imaginaban que les sucedería lo mismo que a Rusia cuando se convirtió en la Unión Soviética. Esta ideología fue muy grata para intelectuales, artistas y periodistas, así como para jóvenes de clases altas. Muchos fueron devorados por las revoluciones comunistas que se vivieron en muchos países mientras otros colaboraron felices en los horrores que se cometieron. No es una casualidad el origen elitista como hilo conductor de los dirigentes de los partidos comunistas. En el marco de la Guerra Fría y la lucha entre los bloques, estas formaciones se disfrazaron buscando una equidistancia que les permitiera alcanzar el poder en la Europa Occidental. Afortunadamente no lo consiguieron con el eurocomunismo.

Los dirigentes comunistas, no importan sus cambios de piel, tienen una raíz totalitaria y un cruel autoritarismo, aunque utilicen con éxito el populismo y aprovechen el sistema democrático para sus fines. Era impensable que el comunismo español estuviera en el gobierno y lo ha conseguido. No entiendo que alguien sienta orgullo de ser comunista y no nos cause repugnancia. Es igual de espantoso que ser nazi o fascista. Cualquier totalitarismo es deleznable. No sólo Garzón es un líder comunista, sino que lo son la mayor parte de sus compañeros de Unidas Podemos. Es la realidad. Algunos han mudado de piel con otro nombre, pero mantienen firme su orgullo revolucionario y su firmeza comunista. Les gustaría que triunfara la «spanish revolution» e imponer un proceso constituyente que convertiría en moderado el desastre que significó la Segunda República, donde los fanáticos radicales, entre los que estaba una parte del PSOE, también gozaron del colaboracionismo de políticos centristas, empresarios, intelectuales y periodistas.

Unidas Podemos podría haber sido una interesante transformación de la izquierda con sensibilidad social en el nuevo contexto del siglo XXI. La realidad es que, desgraciadamente, mantiene el mismo autoritarismo y fanatismo del comunismo. Me quedé estupefacto cuando Pablo Iglesias, que ahora es vicepresidente del Gobierno y no un activista universitario, le dijo a Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, con arrogancia y desprecio: «Al salir cierre la puerta». Esta obsesión de dividir a todos en buenos y malos, conmigo o contra mí, refleja lo peor de la política. No comparto, por supuesto, los ataques personales que recibe, pero tampoco los que realizaba cuando era un antisistema o, ahora, que está en el sistema.

La actitud que ha adoptado contra el centro derecha complica mucho los esfuerzos para hacer frente a la brutal crisis económica que nos afecta, aunque todavía mucha gente no sea consciente de ello. Con el puño en alto y cantando la Internacional no conseguirá un gran apoyo en la UE. La peregrina pretensión de menospreciar a los partidos que representan a la España que no vota al gobierno social-comunista y sus aliados es un grave error. Es lógico que se quiera poner todas las medallas sobre lo que denomina «escudo social» e, incluso, que ignore el desastre económico que heredó el gobierno del PP en 2011. España sufre una gran caída de los ingresos tributarios y un enorme aumento del gasto público, un importante número de empresas tendrán pérdidas y otras desaparecerán; mientras tanto, el Estado y el sector empresarial están inmersos en una inquietante espiral de endeudamiento. Iglesias debería entender que esta crisis se tiene que afrontar desde la centralidad y abandonando las viejas y fracasadas teorías comunistas. Ahora está muy contento en el gobierno, pero he visto a tantos exvicepresidentes y exministros que debería tener algo de perspectiva histórica y abandonar el sectarismo que le hace dividir la política y el periodismo entre buenos y malos.

La ignominia
Luis Herrero ABC 7  Junio 2020

No sé qué significa nueva normalidad. Entiendo que nos dirigimos a un escenario donde la vida social se parecerá poco a la de antes. Nos daremos el codo en lugar de la mano, las inclinaciones de cabeza sustituirán a los besos, y las voces, a los susurros. Todo esos cambios, y muchos más, darán lugar a conductas novedosas, sí. ¿Pero en serio queremos convertirlas en normales? La distancia social no forma parte del estado natural de las relaciones humanas. ¿Estamos seguros de querer que se convierta en un hábito bailar con mascarilla o parcelar la arena dela playa? ¿Nos gustaría que esas normas de prevención rigieran en lo sucesivo la interacción personal? Si la respuesta es no, dejemos de una puñetera vez de asociarlas al concepto de normalidad. Quiero pensar que a donde vamos es a una nueva excepcionalidad. De lo contrario, démonos por jodidos.

La única nueva normalidad que merecería la pena celebrar sería la de un Gobierno –cualquier Gobierno– que respetara la ética del poder. Si convirtiéramos en normal algo así, la novedad sería despampanante. Pero por desgracia no parece que vayamos en esa dirección. El lío del ministro Grande Marlaska demuestra que el Gobierno sigue instalado en su lamentable normalidad de siempre. No hay nada nuevo en su conducta. Durante el tránsito de la crisis ha seguido el ominoso itinerario de costumbre.

Primera estación, la excepcionalidad ante la ley. Era ilegal pedirle al coronel Pérez de los Cobos que le informara de la investigación que estaba llevando a cabo la Benemérita sobre el 8-M por mandato judicial, pero le importó un rábano. A Sánchez, responsable último del diseño de la mangancia, el cumplimiento de la ley se la sopla.

Segunda estación, abuso de poder. Dado que el coronel de la Guardia Civil se negó a satisfacer la demanda ilícita de su superiora jerárquica, el jefe de ésta, por orden del ministro, le segó la testa, con tricornio y todo, y la convirtió en el badajo de una campana de advertencia. A quien desafíe los designios gubernamentales ya sabe lo que le espera.

Tercera estación, la mentira. No importa lo que digan las pruebas documentales y los testimonios de las víctimas: no hubo injerencia en la investigación judicial y la destitución del coronel se debió a una reestructuración previamente programada. Quien lo ponga en duda es un golpista. La palabra de Sánchez es palabra de Dios. Amén.

Ha sido patético ver a un juez de profesión saltarse a la torera los lindes de la separación de poderes. No le arriendo la ganancia. Cuando se active el dispositivo de propulsión de su escaño en el banco azul y salga despedido del consejo de ministros –cosa que sucederá antes o después–, el regreso a su función jurisdiccional estará marcado por el desprecio de sus compañeros. La iniquidad no suele hacer buenos amigos.

En esos momentos de tribulación, su mejor consuelo será el de saber que no fue el suyo el comportamiento más patético de todos. Sánchez le gana por la mano. Fue él quien dijo, y además en sede parlamentaria, que la destitución de Pérez de los Cobos formaba parte de una operación de limpieza de los pozos sépticos del Estado. Era urgente, vino a decir, que los residuos de la policía patriótica que el PP puso a pulular por las cloacas del ministerio del Interior fueran eliminados para siempre.

Nunca un presidente del Gobierno llegó tan bajo –al mismísimo albañal de la miseria– para dañar el prestigio de una de las instituciones cuya reputación está mejor valorada por la sociedad española. Todo vale con tal salvar la buena imagen del Gobierno. Si es menester convertir en héroe al villano Marlaska, a costa de hacer lo contrario con el jefe de la Guardia Civil que le plantó cara, no hay problema. De poco sirvió la rectificación tardía de la portavoz Montero en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. El mal ya estaba hecho. Pincho de tortilla y caña a que en la hemeroteca prevalecerá la ignominia. Después de todo es el sello de identidad del sanchismo.

El dedazo de Sánchez
Editorial El Mundo 7  Junio 2020

Pese a que llegó a La Moncloa, después de la moción de censura contra Mariano Rajoy, alardeando de espíritu de regeneración, la realidad es que Pedro Sánchez ha conformado un Gobierno mastodóntico adosado a una retahíla de cargos discrecionales cuyo fin es instrumentalizar las instituciones del Estado. El Ejecutivo socialcomunista cada vez disimula menos los algunos de los tics más propios de una república bananera o de un régimen autocrático. Además de articular uno de los gobiernos más extensos de las últimas décadas, Sánchez no muestra el más mínimo rubor en engrosar la lista de nombramientos a discreción. Tal como publicamos hoy en Crónica, al margen de los cargos de libre designación en la Presidencia del Gobierno y los 22 ministerios, el Gobierno de PSOE y Podemos ha procedido a ejecutar 66 designaciones en organismos públicos dependientes del Estado, con salarios desproporcionados para una situación de crisis como la que atraviesa España. Entre ellos, perfiles vinculados a ambos partidos o directamente ex ministros como Beatriz Corredor, al frente de Red Eléctrica;o José Blanco y José Montilla, enchufados en Enagás. El dirigente del PSC Maurici Lucena preside Aena, mientras Juan Manuel Serrano -ex jefe de gabinete de Sánchez antes de ser presidente- es el máximo responsable de Correos. El último colocado a dedo ha sido Ignacio Carnicero, amigo de la infancia de Sánchez, como director general de Agenda Urbana y Arquitectura. La obsesión gubernamental por procurarse el control del aparato del Estado forzó el relevo en la presidencia de la Agencia Efe para situar a una periodista afín. Tal situación se repite en otras empresas públicas de peso como Navantia o Tragsa.

Esta voluntad indisimulada de Pedro I El Dedócrata de poner el Estado a sus pies está provocando una situación inédita. Es el Gobierno que más se salta la ley al evitar nombrar a altos funcionarios. De hecho, la federación de funcionarios Fedeca ha denunciado hasta 30 designaciones, superando con creces los registros del Gobierno de Rajoy. Entre los altos cargos recurridos se incluye José Félix Tezanos, que pasó directamente de ser un estrecho colaborador de Sánchez en Ferraz a hundir la reputación del CIS. Además, cabe recordar la escandalosa situación de interinidad que se está perpetuando en RTVE, con una administradora única provisional decidida a convertir la radiotelevisión pública en una máquina de propaganda gubernamental, y la propuesta hecha por el Ejecutivo para colocar a una asesora de Presidencia, que hasta ahora trabajaba a las órdenes de Iván Redondo, como presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sánchez sigue erosionando las instituciones. Esta estrategia de instrumentalización partidista resulta obscena e impropia de una democracia.

La cronología de la Guardia Civil para no permitir el 8-M
Los dos informes enviados a la juez que investiga si se debió autorizar la manifestación feminista detallan las alertas sanitarias previas desde el pasado 21 de enero
Ricardo Coarasa larazon 7  Junio 2020

A lo largo de dos informes que suman casi 400 páginas, la Guardia Civil ha desgranado en apenas diez días las alertas sanitarias por las que considera que el Gobierno conocía ya el pasado enero la gravedad real de la pandemia por coronavirus y que con esa información el 8-M y todas las concentraciones posteriores al pasado 4 de marzo no se debieron celebrar.

Para el Instituto Armado, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que preside Fernando Simón disponía “en fechas muy tempranas a la aparición de la enfermedad” de un “gran caudal de información” acerca de la Covid-19 y la Delegación del Gobierno en Madrid “tenía conciencia del peligro” que suponía la celebración de concentraciones antes de declararse el estado de alarma.

Ésta es la valoración que hace la Guardia Civil de los principales pasos en el conocimiento de la gravedad de la pandemia en España y de las medidas impulsadas desde la Administración para intentar frenarla con anterioridad a la manifestación feminista:

21 de enero
Se produce la primera propuesta de reunión para tratar la situación del coronavirus que hace el CCAES de la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud, el organismo de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, con las que, según la información facilitada a la juez del 8-M por el organismo que preside Simón, durante la crisis sanitaria se ha mantenido una “comunicación constante”.

24 de enero
Correo del CCAES a todos los responsables autonómicos de Alertas con el “procedimiento para el nuevo coronavirus”, que incluye medidas preventivas para sanitarios, pacientes y familiares que tengan contacto con contagiados en una habitación de aislamiento.

27 enero
Se traslada la importancia de nuevos documentos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la OMS sobre el uso de Equipos de Protección Individual (EPI). Se establece que los sanitarios que atiendan casos de contagios deben llevar bata impermeable, mascarilla -se recomienda FFP2 y FFP3-, guantes y protección ocular.

28 de enero
La responsable del Servicio de Alertas Internacionales de Sanidad remite al CCAES un correo que la Guardia Civil considera “muy relevante” por provenir del Ministerio y en “fechas muy tempranas en el aspecto de situación sanitaria”.

1 de febrero
Se traslada a las comunidades autónomas un caso de coronavirus de un ciudadano alemán que había viajado a la Gomera el 28 de enero, lo que constata según la Guardia Civil que a principios de febrero “ya se tenía constancia de la entrada del virus en nuestro país”, un aspecto que destaca porque significa que la epidemia “había saltado la frontera de varios países e incluso continentes”.

5 de febrero
Se adjunta a los miembros de las Ponencias de Alertas un procedimiento de actuación la Dirección General de Salud Pública ante el brote de infección respiratoria por el coronavirus, fechado el día anterior, que recomienda en fronteras y aeropuertos evitar el contacto a menos de un metro con personas que presenten síntomas. Para la Guardia Civil demuestra “los esfuerzos realizados por el CCAES en la actualización continua de la información acerca del Covid-19”.

18 de febrero
El organismo que dirige Simón remite un documento de cinco días antes , “Guía para la identificación y seguimiento de contactos de Covid-19” en el que se recomienda como medida de precaución evitar los lugares “con aglomeración de personas como eventos multitudinarios o medios de transporte en horas públicas". El intercambio de documentación, recalcan los autores del informe, “es total en esas fechas”. Se trata, según la Guardia Civil, de “las primeras medidas de contención del brote”.

21 de febrero
Los expertos en alertas sanitarias de las autonomías reciben un correo del CCAES en el que se les informa de la situación en Italia y de que en Lombardía las autoridades han recomendado a la población que como medida de precaución “se quede en casa y evite los contactos sociales”. En la UE, añade el mensaje, el riesgo de infección se eleva de “bajo” a “moderado” mientras se les hace partícipes de que en el país transalpino, con 121 casos y tres fallecidos, se suspenden las manifestaciones y eventos en lugares públicos y privados.

Esas actualizaciones constantes, reseña la Guardia Civil, hacen que la preocupación y concienciación sobre el Covid-19 lleguen también a las comunidades autónomas.

24 de febrero
La OMS advierte en un informe de la prevención en eventos de amplificación de transmisión del virus. Ese mismo día, el CCAES recibe un correo del jefe de servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud de Asturias que traslada que “lo dan ya todo por perdido”, “asumen la transmisión inaparente a partir de casos asintomáticos como algo normal” y consideran que “si hay transmisión en una zona lo extendemos a todo el país”.

Para la Guardia Civil, son los “primeros síntomas de alarma grave” en las comunidades autónomas.

27 de febrero
La Comunidad de Madrid y el propio Simón reciben un correo del CCAES con el protocolo “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus”, que recomienda que se limiten las actividades sociales y los viajes no esenciales y expone que se debe informar y someter a una “vigilancia activa” a cualquier persona asintomática que haya estado en contacto, a menos de dos metros de distancia, con un “caso probable o confirmado” que presentase síntomas de la enfermedad o hubiese viajado a una zona de riesgo.

En esa fecha, el organismo que dirige Simón dispone ya, recalca la Guardia Civil, de información de un posible contagio entre personas asintomáticas. Y pese a contar con esos dos parámetros de contagio, denuncia, “no se realizó ningún control preventivo para determinar si los asistentes cumplían esos dos criterios en las concentraciones celebradas entre el 5 y el 14 de marzo”.

Tampoco le constan advertencias, añade, “sobre estas obligaciones provenientes del propio CCAES” recomendando evitar las actividades sociales de personas asintomáticas que hubiesen estado en esas situaciones de riesgo.

28 de febrero
El CCAES remite a las comunidades autónomas cuatro documentos sobre manejo domiciliario, manejo en primaria, manejo de contactos y medidas no farmacológicas para la contención de la Covid-19. Se recomienda “limitar” las “interacciones sociales” y evitar lugares con aglomeraciones, como eventos multitudinarios o medios de transporte en horas punta. Entre las medidas de distanciamiento social se incluye la posibilidad de cancelación de eventos, que se aconseja adoptar “de forma temprana y consistente para tener algún impacto”.

Las medidas de distanciamiento se reservan para los escenarios 2 y 3, pero la Guardia Civil llama la atención sobre el hecho de que el informe “no especifica el escenario en el que se encuentra España”. En esas fechas, insiste, existía “una evaluación de los riesgos, la definición de los escenarios y la previsión de cambio de nivel de escenario en función de las necesidades y de la evolución de la crisis sanitaria”, y se contaba además “con la información necesaria para ello”. El CCAES recibe ese día los primeros datos de contagio sospechosos y confirmados por parte de las comunidades autónomas: se pasa en 24 horas de no registrar ningún contagio a más de 700 alertas de casos sospechosos y 34 confirmados, diez de ellos en Madrid.

2 de marzo
Un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades señala que el distanciamiento social es clave en la prevención de la propagación, por lo que advierte del riesgo de concentraciones de masas y aboga por medidas de distanciamiento social como la suspensión de reuniones a gran escala y evitar concentraciones multitudinarias y transportes en los que se prevea un gran movimiento de personas.

Según la documentación aportada por Simón a la juez, la Secretaría del Comité de Seguridad Sanitaria de la UE remitió al CCAES este informe por correo ese mismo día, incluso a él mismo personalmente, pero “dado el carácter público del documento” y que era “de general conocimiento y acceso, no se procedió a su distribución”. Tampoco, mantiene “fue objeto de discusión en ninguna de las reuniones” de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial.

El CCAES remite el documento “propuesta para la vigilancia intensificada del Covid-19” a los miembros de las Ponencias de Alertas y al propio Simón para someterlo a discusión en la reunión telemática de esa misma tarde.

En esta fecha, el organismo de emergencias sanitarias constata un nuevo criterio de contagio: sin contacto con personas infectadas o sospechosas y sin haber viajado a zonas de riesgo, por lo que sugiere “intensificar” la vigilancia en algunas comunidades, entre ellas Madrid. Se confirman 114 casos en toda España, 29 de ellos en Madrid.

Para la Guardia Civil, seis días antes del 8-M el centro que dirige Simón “contaba con información relevante sobre la evolución de la Covid, que además era contrastada y discutida en sus sesiones de trabajo en torno a la crisis sanitaria”.

4 de marzo
Se constata el aumento de casos: 199, 70 de ellos en Madrid. Simón aconseja a los ciudadanos que tengan síntomas que no acudan a la manifestación del 8-M.

5 de marzo
El CCAES envía un correo a las comunidades autónomas con un oficio del ministro de Sanidad, Salvador Illa, de dos días antes que advierte de que en caso de que exista “riesgo inminente y extraordinario para la salud” se adoptarán medidas preventivas como la “suspensión del ejercicio de actividades” y cuantas se consideren necesarias. Illa adjunta recomendaciones ante eventos deportivos en los que participen equipos de zonas de riesgo y recomienda que “no se organicen en las próximas semanas congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación de profesionales sanitarios” para evitar que puedan actuar “como transmisores de la enfermedad a grupos de población más vulnerables”.

También el Ministerio de Sanidad elabora un documento sobre “Procedimientos de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus”.

Al mismo tiempo, la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid emite una nota informativa sobre “medidas de precaución”, recomendando evitar las aglomeraciones y eventos multitudinarios, medios de transporte en horas punta y desplazamientos largos fuera del domicilio habitual.

De estas actuaciones, reseña la Guardia Civil, se desprende el “conocimiento y preocupación acerca de la grave situación sanitaria” y se incide en la relación que se establece entre el derecho a celebrar eventos y actividades y su suspensión por motivos sanitarios. Los eventos (deportivos) sobre los que se aplican medidas restrictivas son aquellos, señala el informe policial, en los que “se prevé una gran asistencia de personas” incluso llegando a recomendar la cancelación o aplazamiento “de los que carezcan de implicación clasificatoria”.

6 de marzo
La Comunidad de Madrid suspende las prácticas en centros sanitarios y las actividades en centros de mayores y Sanidad recomienda aplazar el examen de acceso a la Abogacía.

El CAAES envía a los miembros de las Ponencias de Alertas y a Simón un informe técnico actualizado sobre el coronavirus y su evolución a nivel mundial. Para el Instituto Armado resulta extraño que la versión anterior no haya sido aportada por Simón a la juez y que tampoco se remitiese a las comunidades autónomas. En la web del ministerio, señala, el informe técnico “no se encuentra disponible para su consulta pública”, habiendo sido eliminado el enlace.

La Guardia Civil cree que se trata de un informe del pasado 10 de febrero firmado por Simón que refleja el grado de conocimiento de la enfermedad y su posible gravedad en esas fechas, advirtiéndose del peligro de contagio entre los profesionales sanitarios. El informe expone implícitamente una distancia de transmisión de hasta dos metros.

Es este mismo documento el que Sanidad, a 48 horas del 8-M, en el escrito en el que insta a la comunidad evangélica a cancelar su congreso en Madrid.

La Guardia Civil hace hincapié en que el 6 de marzo el organismo que preside Simón ya conocía el “alto grado de contagios asintomáticos”, que la distancia de propagación era de menos dos metros y que entre las medidas para evitar contagios figuraba el “distanciamiento social”.

El informe policial incide en que Simón dice públicamente por un lado que se puede ir sin peligro al 8-M y por otro “prohíbe que se celebre un congreso evangelista”.

7 de marzo
Simón asegura en rueda de prensa: “Si mi hijo me preguntara si puede ir a la manifestación del 8-M le diré que haga lo que quiera”. Para la Guardia Civil resulta sintomático que ese mismo día suspendiera la maratón de Barcelona por suponer un riesgo de propagación del virus.

Vuelven las caceroladas en Galapagar ante el casoplón de Iglesias y Montero blindado por la Guardia Civil
OKDIARIO 7  Junio 2020

Galapagar es una fiesta. Decenas de personas se han vuelto a congregar este sábado en las inmediaciones de la mansión del vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero para protestar por la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus.

Cubiertos con banderas españolas, todas perfectamente constitucionales, los manifestantes han protagonizado una sonora cacerolada. No han podido acercarse al casoplón de Iglesias y Montero, porque está completamente blindado por varias unidades de la Guardia Civil.

Los manifestantes han exhibido pancartas con lemas como «Al coleta le mola la ETA» o «Cuando la izquierda pierde intenta destruir el país, cuando gana lo consigue«. También exhiben camisetas con el lema «Sánchez vete ya» y los carteles de Alvise Pérez que muestran al presidente Pedro Sánchez como el Gran Hermano de 1984.

Ante la atenta mirada de la Guardia Civil, los miembros de la protesta no se han detenido ni un sólo momento: recorren la Avenida Ríomonte de La Navata tocando la cacerola, mientras algunos profieren gritos de «Viva España» y «Gobierno dimisión«.

En las inmediaciones de la mansión de Iglesias todavía permanece un cartel abandonado por sus partidarios en una reciente visita: «Irene y Pablo fuerza, no os dejaremos solos«.

¿Quién destruyó la república?
Pío Moa gaceta.es 7  Junio 2020

La república dejó de existir en febrero de 1936, en unas elecciones no democráticas y además fraudulentas. Ya he explicado las dos cosas. El fraude lo cometieron las izquierdas, pero la ausencia de democracia proviene de las decisiones previas de Niceto Alcalá-Zamora. Han pasado a la historia como «las elecciones del Frente Popular», pero podrían llamarse, incluso más justificadamente, «las elecciones de don Niceto».

Aquellos comicios extemporáneos proceden de tres meses antes, en diciembre del 35, cuando don Niceto expulsó del poder a la CEDA, el partido más votado dos años antes, y lo sustituyó por el gobierno de Portela Valladares, protegido suyo y viejo cacique, ex ministro de la monarquía –como el propio Niceto–. La expulsión coronaba dos años de injerencias extralegales del presidente en los gobiernos de centro-derecha, mal soportados por estos bajo el chantaje presidencial de una disolución de las Cortes. Gil-Robles consideró su expulsión un golpe de estado.

No sé si algún historiador se habrá preguntado sobre la solvencia de la acusación de Gil-Robles. En general se han presentado los manejos de don Niceto como intrigas y maniobras menores, incluso pintorescas y sin mayor alcance. Sin embargo la acusación es muy seria. Para ejercer, un jefe de gobierno necesitaba la doble confianza de las Cortes y del presidente de la república; y este se la negaba a la CEDA, pero a su protegido se la negaban las Cortes. El gobierno de Portela no era, por tanto, parlamentario y por ello tampoco constitucional. El problema fue resuelto de modo muy simple por el presidente y el gobernante: suspendiendo las sesiones de las Cortes para crear un hecho consumado. Con ello, el gobierno se convertía en abiertamente antiparlamentario.

Pero el nombramiento tenía otra consecuencia aún más grave. Gil-Robles se había empeñado, aparentemente con éxito, en una política de respeto a la legalidad republicana y acercamiento de la derecha a aquel régimen…, y esa política era destruida de pronto por don Niceto, y en una situación de extrema crispación de los odios sociales en el país. Gil-Robles le advirtió que estaba expulsando del régimen a la derecha –la cual constituía la mitad de la población–, al negarle la posibilidad de gobernar, por muchos votos que hubiera obtenido su partido. Advertencia que Niceto ignoró olímpicamente.

Puede hablarse, pues, de un golpe de estado contra la legalidad republicana. Los golpes de estado pueden adoptar muchas formas, algunos con tropas o terror en las calles y otros realizados por las alturas anulando la legalidad. Esto es básicamente lo que pretendían asimismo Azaña y las izquierdas republicanas cuando intentaron anular las elecciones de 1933 para organizar otras con “garantías” de triunfo para ellos. En aquella ocasión, Niceto lo impidió. Pero en diciembre del 35 él mismo daba un golpe que iba a tener las peores consecuencias: la reanudación de la guerra civil después de la breve de octubre del 34.

La decisión de Niceto y de Portela dio lugar a abusos progresivos. No pudiendo aprobar los presupuestos, los prorrogaron ilegalmente y la Diputación Permanente de las Cortes les planteó una acusación política y penal. Niceto pensaba, según dice en sus memorias, aplazar hasta la primavera la disolución de las Cortes, pero ante la acusación en enero no tuvo más remedio que disolverlas precipitadamente y convocar las elecciones funestas en las que naufragó el régimen definitivamente. El proceso culminaría con la expulsión esperpéntica del propio Niceto, por las mismas izquierdas que le debían la vuelta al poder.

En otros estudios he considerado, sin explicitarlo de este modo, que si hubo dos grandes responsables personales de la guerra civil, estos serían Largo Caballero y Alcalá-Zamora. Largo fracasó en su intento, en octubre del 34, que habría podido quedar finalmente en nada si Alcalá-Zamora no hubiera a continuación socavado la victoria de octubre hasta desbaratar a los vencedores de centro derecha.

Tiene interés examinar, no lo hago aquí ahora, los cálculos realmente demenciales en que el presidente basaba su conducta política. Él era un conservador católico, republicano de última hora pero, junto con Maura, había sido el verdadero artífice de la llegada de la II República, que él quería moderada y «no epiléptica». Se consideraba algo así como la encarnación del nuevo régimen, título informal que nadie le reconocía, y que se solía adjudicar a Azaña. Él aspiraba a dirigir al centro-derecha, y lo intentó con mañas caciquiles que acabaron destruyéndolo. Sin exagerar demasiado podríamos decir que él trajo la república y finalmente la hundió. Según Azaña y otros, tenía bastante de perturbado.



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Un hombre sin honor contra un Cuerpo de honor
EDUARDO INDA okdiario 7  Junio 2020

Ana Beltrán, la presidenta del PP de Navarra, dio en el clavo en su intervención del pasado miércoles en el Congreso, tal vez la mejor de cuantas han radiografiado el caso Marlaska. La brillante política navarro-aragonesa lo resumió mejor que nadie ante la cara de sorpresa de un ministro del Interior que no se esperaba un relato tan completo, tan equilibrado y que tanta justicia hace a lo que está pasando:

—Su valentía como juez y su lucha contra ETA fueron razones para que yo me dedicara a la política en Navarra. Era usted un referente del respeto a la Ley, al Estado de Derecho y a nuestra democracia. ¿Qué queda de aquella persona? Usted ha manoseado y denigrado las instituciones del Estado hasta lograr lo imposible: que servidores públicos que nunca se rindieron ante nada ni ante nadie se vayan por su culpa… ¿Hubiera aceptado ser ministro de Sánchez de saber que tendría que deshonrar a quienes le han protegido durante tantos años? ¿Hubiera aceptado de haber sabido que este Gobierno trataría como socios preferentes a los que le querían ver a usted asesinado? Si la respuesta es no, dimita porque se ha traicionado a sí mismo, si la respuesta es sí dimita porque nos ha traicionado a todos—.

La verdad es que pocos casos he conocido de descomposición personal tan brutal como el de Fernando Grande-Marlaska. De ser un tipo admirado que detenía comandos terroristas como el que hace churros, jugándose el tipo día sí, día también, ha pasado a ser un fiel aliado de los herederos políticos de la banda terrorista ETA y un enemigo declarado de la Policía y la Guardia Civil. Al punto que estoy en condiciones de proclamar, sin necesidad de caer en la hipérbole, que estamos ante el ministro del Interior más vil de la democracia excepción hecha de un José Barrionuevo que fue condenado por el secuestro de un pobre hombre que nada tenía que ver con ETA, Segundo Marey, y por el robo de dinero público. Sea como fuere, en descargo del primer ministro del Interior de la era González hay que subrayar que aquéllos eran los tiempos de plomo, temporadas en las que los colegas de Bildu asesinaban a 50, 60, 70 y hasta 100 personas al año. Nada que ver con la España relativamente tranquila de nuestros días.

Así como lo peor que puede hacer un médico es romper su juramento hipocrático y lo más malvado que puede protagonizar un policía es la falsificación de pruebas para empurar a una persona inocente, el acto más abyecto que se presume en un magistrado de carrera es la prevaricación. Que no es otra cosa que dictar una resolución injusta a sabiendas. Pues bien, Fernando Grande-Marlaska prevarica como si no hubiera un mañana, como si le produjera un placer semejante al de un orgasmo. ¿O acaso no incurre en este tipo penal al ordenar al jefe de una investigación judicial que le revele detalles de la misma? ¿No es otro ilícito penal inducir a un funcionario a cometer un delito de revelación de secretos?

Lo mejor de todo para los que seguimos creyendo en el Estado de Derecho es que son muy tontos. Sólo a un lerdo compulsivo se le ocurre confeccionar una farragosa nota en la que se reconoce que se ha destituido al coronel Pérez de los Cobos “por no informar del desarrollo de investigaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento”. Así consta textualmente en la nota redactada por la directora general de la Guardia Civil, la muy incompetente y muy cobarde —está ardiendo Troya y ella sigue missing— María Gámez. ¿O tal vez es que es más lista de lo que pensamos y se quería cubrir las espaldas ante la investigación judicial de la bomba biológica que representó el 8-M que la podría dejar a los pies de los caballos toda vez que ella no goza de ese privilegio medieval que es el fuero?

Prevaricación sobre prevaricación=prevaricación al cuadrado. ¿No entra dentro de este tipo penal la orden dada a la Guardia Civil de perseguir en redes sociales a “los desafectos al Gobierno”? Una orden más propia de un régimen dictatorial que de uno democrático. Una instrucción que parece salida del mismísimo Palacio de Miraflores, guarida del narcoasesino que dirige Venezuela, Nicolás Maduro. Eso de emplear medios policiales para escudriñar lo que opina la gente es una de las características de cualquier dictadura que se precie. Recuerda a lo que veíamos en esa deliciosa obra maestra que es La vida de los otros, oscarizada película alemana que retrata cómo la Stasi de la Alemania comunista investigaba la vida personal de cualquier ciudadano del que hubiera sospecha de disidencia. La Policía política de la dictadura tenía en nómina a 100.000 agentes y 200.000 chivatos o informantes en el mundo civil.

Prevaricación sobre prevaricación sobre prevaricación= prevaricación al cubo. No menos impresentable fue la decisión de este miserable de perseguir las caceroladas contra el Gobierno mientras hacía la vista gorda en una concentración en mi pueblo, Pamplona, para pedir la excarcelación del hijo de Satanás etarra que asesinó al concejal de UPN Tomás Caballero. Eso de enviar más antidisturbios a la calle de Núñez de Balboa, al Paseo de La Habana, a Alcorcón, a Vallecas, a La Alameda de Valencia o al Paseo de la Independencia de Zaragoza que a un partido de alto riesgo Real Madrid-Barcelona demuestra la persecución política de este Gobierno totalitario a los que no piensan como él. Lo mismito, por cierto, que hacía su odiado Franco. Ver cómo instan a la Policía a multar por manifestarse en la calle contra los socialcomunistas o identificar todos los días a una familia por portar una bandera a modo de pancarta con el lema “¡Gobierno dimisión!” es inconcebible en la España constitucional. El vídeo publicado por este periódico es revelador. Supone, ni más ni menos, que emplear a los agentes como matones de Franquito Sánchez. Claro que no todos aceptaron estas órdenes arbitrarias y optaron por traspapelar las denuncias falsas que les obligaban a imponer a españoles pacíficos.

Por no hablar del millón de sanciones impuestas por este Beria de tres al cuarto durante la pandemia en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que sus compañeros de Gabinete denominaban Ley Mordaza. ¡Menos mal que era una fascistada del PP! Porque si no lo llega a ser nos meten una recetita marlaskeska a cada uno de los 46 millones de españoles. Un dato lo dice todo: en tres meses han metido más sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana que el Ministerio del Interior del PP en sus últimos cuatro años. Esto no sé si es un acto prevaricador pero desde luego lo parece. Y normalmente las cosas son lo que parecen.

Lo más grave de todo es que este pájaro tiene a la Benemérita en pie de guerra por mucho que el antaño guardia y ahora diputado podemita Juan Antonio Delgado intente calmar los ánimos mientras promueve de manera espuria la desmilitarización de la institución fundada por mi paisano el duque de Ahumada hace casi dos siglos. Total y absolutamente sublevada: desde el primero de la cadena de mando hasta el último número recién salido de la Academia de Úbeda. Le dimitió el director adjunto operativo (DAO), el jefe de verdad del Instituto Armado, el no político, y luego él echó por sus bemoles al número 3 tras haber hecho lo propio con Pérez de los Cobos por anteponer la legalidad a las malas artes del ministro. Cómo estarán las cosas que 10 coroneles dieron calabazas cuando se les propuso sustituir al purgado al frente de la Comandancia de Madrid. Al final aceptó un tipo del que tengo las mejores referencias pero que en estos momentos es tan sólo teniente coronel: David Blanes. Aunque yo de él tampoco hubiera aceptado para continuar dando carrete al plante a un ministro al que, de eternizarse la revuelta interna, no le hubiera quedado otra que dimitir.

Termino como termina el himno de la Guardia Civil, Cuerpo por cierto que cuenta con más víctimas mortales que nadie (300) a manos de la banda que dirigía ese Otegi que ahora es socio de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias:

—Instituto, gloria a ti,
por tu honor quiero vivir,
viva España, viva el Rey,
viva el orden y la ley,
viva honrada la Guardia Civil.

Lástima que los mande un prevaricador sin honor, que está con los que se quieren cargar España y al Rey, que está contribuyendo a destruir el orden constitucional, que no cumple ni hace cumplir la ley sino todo lo contrario y que quiere convertir la Guardia Civil en una suerte de mafia a su servicio. Algo que conociendo a sus integrantes es física y metafísicamente imposible. Antes se helará el infierno. Todavía queda Estado. Y todavía queda decencia. La de la Guardia Civil.

Una cordillera de mentiras y la tesis plagiada en el campamento base
Hasta que ABC no demostró que Sánchez mintió para ser doctor, el ministro al que se enganchaba mintiendo salía del Gobierno. Ahora, ni con agua caliente
Álvaro Martínez ABC 7  Junio 2020

No saben los ministros de Sánchez la suerte que tienen con ABC, periódico al que, bien mirado, muchos de ellos deben su permanencia en el Gobierno. No se rían, que es así. Veamos, en solo cuatro meses desde su llegada a La Moncloa, Sánchez liquidó a dos de sus ministros por mentir. El primero fue Máximo Huerta (por entonces, Màxim), que dejó el cargo el 13 de junio de 2018 tras conocerse que años atrás había mentido a la Agencia Tributaria y que por ello fue condenado. El 12 de septiembre dimitía Carmen Montón como ministra de Sanidad por mentir con su máster «fake» y plagiar de la Wikipedia y el Rincón del Vago su trabajo de fin de posgrado.

Así que la navegación de aquel «Gobierno bonito» -cuajado de «especialistas», según la prensa socialdemócrata- comenzaba de la peor manera posible. Pero hete aquí que ABC publicaba el 14 de septiembre de 2018, solo dos días después de la dimisión de Montón, que el propio Sánchez había cometido plagios en su tesis doctoral (una de cada cinco páginas), infracción que él negó (primera mentira), alegando que su trabajo estaba a disposición de cualquiera (segunda mentira) y que tras pasarle La Moncloa los detectores de copias solo había hallado entre un 0,96 y un 7 por ciento de coincidencias (tercera mentira, pues los dueños de la herramienta usada lo cifraban en al menos el 21). Hubo una cuarta: Sánchez afirmó que se iba a querellar contra ABC y va para dos años y aún no se ha atrevido a arrimarse al juzgado a «defender su honor».

El caso es que cogido en ese manojo de embustes desde entonces ya no ha vuelto a prescindir de ningún ministro por mentir. Y la lista es amplia. Acuérdense de la ministra Delgado y su festival de trolas (hasta cuatro versiones, dos de ellas con membrete del Ministerio) sobre su amistad con Villarejo. Había pasado un mes desde que ABC publicara los plagios y Sánchez no podía ya sacrificar a un ministro más llevando su mochila de embelecos. Así, fueron apareciendo noticias sobre la sociedad del ministro Duque para ahorrarse impuestos, el chalé de millón y pico de euros que a la ministra Celaá se le «olvidó» incluir en su declaraciones de bienes, la multa de la CNMV al ministro Borrell por usar información privilegiada en la venta de unas acciones...

Y el segundo mandato siguió las trazas del primero: a las pocas semanas de arrancar, el ministro de Transportes mentía hasta seis veces sobre su «entretenida» madrugada en Barajas con la chavista Delcy. Nada le ocurrió, más aún, Sánchez pintó a Ábalos como un superhéroe que había librado a España de un conflicto diplomático. Y a los cinco meses, ¡Marlaska!, que hace más grande la formidable cordillera de mentiras del sanchismo: le enseñan el papel oficial de sus trapacerías contra la independencia judicial y el sometimiento de la Guardia Civil al interés del Gobierno, con purga incluida, y él lo sigue negando en las Cortes. Y, no se va. Ni Sánchez le echa, claro, porque en el campamento base de esa montaña de embusterías vivaquean él y su tesis.

Y Màxim en su casa, viendo el desahogo con que Marlaska y Ábalos faltan a la verdad, con esa cara de primo que se te queda cuando eres el único que se cae de la cordada. Que a Montón la han hecho embajadora, a 173.000 euros la soldada, y a él hasta le han quitado el programa que le dieron en TVE.

Un flechazo
«Prefiero morir con una flecha en el pecho que con una clavada en el culo». Germán Adrián Ramón Burgos (Mar del Plata, Argentina, 1969) definía así hace unos años su personalidad, de echao p’alante y que sea lo que Dios quiera. Y basta con repasar su extensa trayectoria para darse cuenta de que no se ha apartado un milímetro de esa filosofía de vida. Más aún, con esa alusión a las flechas que se clavan en el corazón, lo más normal es que terminase siendo «arquero» y una referencia en el Atleti, un «indio» más dentro y fuera del campo y una de las figuras más queridas por la afición colchonera. Burgos perteneció a esa estirpe de porteros (hoy ya en recesión) que son distintos en todo, en su heterodoxia a la hora de jugar o de vestir, aquellos que constituyen una raza en sí misma del planeta fútbol, de esos a los que no les cabe otra cosa en el cabeza que no sea la pelota, con una entrega tal que llegan a creer que la tierra es redonda para que se parezca al balón. Jamás pasan desapercibidos. La pasión, para lo bueno y para lo malo, es el dedo que les señala. No saben vivir de otra manera.

La música -participó en varios grupos tanto en Argentina como en España- para él solo era un entretenimiento, pues tiene declarado Germán que «no me gusta nada que no sea el fútbol»; porque todo puede ser una pelota, «un papel arrugado o unas medidas, por eso es el deporte del pueblo». Campeón de las ligas de Argentina y España (en la cancha a aquel lado del charco y en el banquillo en este), el «Mono» Burgos, aquel que puso cara a la resurrección del Atlético tras su paso por el infierno, deja su puesto de segundo entrenador de Simeone (casi una década al lado del Cholo) y se marcha a ser primer entrenador, con su carcaj de flechas repleto del afecto de los aficionados del Atlético.

La AVT usa su última baza para acusar por asesinato por los atentados del 17A
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) hará uso de la última baza judicial que le queda para tratar de conseguir que los tres únicos procesados en relación a los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils (Tarragona) puedan ser acusados como coautores de los 16 asesinatos perpetrados el 17 de agosto de 2017
Estrella Digital 7  Junio 2020

Tras la conclusión del sumario, la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado traslado a las partes, y es en esta fase intermedia del procedimiento en la que la AVT ha decidido pedir revocar el procesamiento de Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza para poder acusarles por los asesinatos, han informado a Efe fuentes de la asociación.

Driss Oukabir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta usada en el atentado de Las Ramblas de Barcelona, está procesado por integración en organización terrorista, mientras que a Houli Chemlal, herido en la explosión del chalé de Alcanar (Tarragona) en la que falleció el imán de Ripoll -considerado líder de la célula-, se le atribuyen además delitos de depósito de explosivos y tentativa de estragos, esto último por los planes que tenía la célula terrorista de atentar contra lugares emblemáticos de Cataluña como la Sagrada Familia.

Said Ben Iazaa, quien presuntamente facilitó su documentación a los autores de la masacre con la que compraron los componentes necesarios para fabricar el explosivo conocido como "la madre de Satán", deberá responder por un delito de colaboración con organización terrorista.

Ninguno de ellos ha sido procesado como responsable directo de los 16 fallecidos y 140 heridos en la masacre, ya que los presuntos autores murieron abatidos por los Mossos d'Esquadra o en la explosión del chalé que tenía la célula en Alcanar (Tarragona).

Cuando el juez instructor de los atentados les procesó, la AVT lo recurrió reclamando que se les ampliara el procesamiento como coautores de los asesinatos consumados y en grado de tentativa, a lo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso al no haber constancia de que participaran directamente en los atentados.

El asunto llegó a la sección segunda de lo Penal, que al resolver el recurso de la AVT al que se unieron otras acusaciones, como el sindicato de Mossos d'Esquadra Uspac y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, decidió no entrar en el fondo del asunto al entender que la decisión de revocar o no el procesamiento debía adoptarla el tribunal enjuiciador en la fase intermedia del procedimiento, cuando se le remitiese el sumario y se diese traslado a las partes.

Ese momento ha llegado y la próxima semana la AVT tiene previsto presentar su petición de revocación del auto de procesamiento a la Sala y agotar así todas las vías para lograr que a los únicos investigados por el 17A se les procese como coautores de los delitos de asesinato consumado y en grado de tentativa.

Entiende la AVT que se les debió vincular con los atentados porque, pese a que no tuvieron una participación directa, conocían los preparativos de la célula para cometer actos terroristas y por tanto tuvieron también responsabilidad en la masacre.

De ser finalmente anulado, la Sala de lo Penal tendría que devolver el sumario al Juzgado de instrucción del que partió para dictar un nuevo auto de procesamiento y citar de nuevo a los tres imputados para tomarles de nuevo declaración indagatoria para comunicarles esa nueva resolución, que previsiblemente recurrirían después sus defensas.

Estos trámites, de llegarse a producir, retrasarían varios meses el señalamiento del juicio, que tras el parón por el Covid, se barajaba que pudiera fijarse para después del verano.

Los tres procesados cumplen en agosto tres años encarcelados de forma provisional a la espera de juicio y les faltaría por tanto un año para que venza el límite máximo de 4 años establecido para la prisión preventiva, por lo que urge sentarles en el banquillo antes de esa fecha en la que recuperarían la libertad.
 


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