AGLI Recortes de Prensa   Martes 9  Junio  2020

Crisis del coronavirus
El peor diagnóstico del Banco de España: no se recuperará el PIB precrisis hasta 2024 ó 2025
Calixto Rivero okdiario 9  Junio 2020

La crisis del coronavirus pasará una factura para la economía española innegable. Desde el Gobierno avisan de que la economía española «se está recuperando», en palabras de este lunes de la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. Pero en realidad la vuelta real a la normalidad económica no se producirá hasta dentro de varios años. Puede que incluso cinco.

Según las últimas proyecciones del Banco de España, contrastadas por un importante servicio de estudios del país, el peor de los escenarios podría retrasar los niveles previos a la crisis, teniendo en cuenta las gráficas incluidas por el supervisor financiero en sus últimas estimaciones económicas publicadas este lunes, hasta finales de 2024 ó incluso el arranque de 2025.

Como se puede observar en el gráfico anterior, en el escenario más benévolo, que establece una recuperación temprana, España recuperaría el PIB real de la economía en la segunda mitad de 2022. Es decir, en más de dos años. El escenario de recuperación gradual, el intermedio, del organismo que gobierna Pablo Hernández de Cos no contempla la recuperación del PIB del cuarto trimestre en todo el año 2022. De hecho, la tendencia que muestra el informe de este servicio de estudios revela que la recuperación no se produciría hasta la segunda mitad de 2023. En cambio, el «escenario de riesgo» del Banco de España revela que la vuelta a la riqueza del cuarto trimestre de 2019, antes de que estallara la pandemia, no se produciría hasta finales de 2024 o principios de 2025.

Tras el impulso inicial del PIB tras la debacle de 2020 las tasas de crecimiento se irán ralentizando. Y avisan del precedente de la crisis de 2008, que tuvo forma de W -con recaída en 2012-. En ese caso hasta abril de 2017 no se recuperaron los niveles de riqueza previos a la crisis inmobiliaria, agravada por la tormenta de la deuda que estuvo a punto de llevar a la quiebra a países como España y a romper la moneda única europea. Casi una década después del arranque de la recesión.

Lo que está claro es que el impacto de la crisis en España será más grave que en otras economías europeas, según el Banco de España: «Los efectos del Covid-19 estarían siendo asimétricos por países, no solo en cuanto a la severidad de los brotes epidémicos, sino también en términos de su impacto económico». «En particular, España se encuentra entre los países del área del euro que presumiblemente se verán más afectados, como resultado tanto de las medidas de confinamiento más estrictas desplegadas hasta el momento como también a consecuencia de algunas características estructurales de su economía», señala el informe del supervisor.

De hecho, el Banco calcula que la caída del PIB español será 3 puntos porcentuales superior en sus principales escenarios a los del conjunto de la eurozona.

El Banco de España explica cuál es su pronóstico de recuperación de la actividad: «La recuperación del PIB en la parte final del horizonte de proyección no impedirá que, a finales de 2022, el nivel de este agregado sea solamente 0,6 puntos porcentuales mayor que el observado en el cuarto trimestre de 2019, antes de la aparición de la epidemia, en el escenario de recuperación temprana, e incluso 1,6 puntos porcentuales inferior en el de recuperación gradual».

Intensa caída de la inversión
A corto plazo el Banco de España prevé que la «caída de la inversión de las sociedades no financieras en 2020 será muy intensa, aunque con un grado de heterogeneidad significativo por sectores productivos». La espiral sería la siguiente: «Las empresas tenderán a renunciar a acometer nuevos proyectos de inversión, en un contexto de elevada incertidumbre acerca de sus ventas futuras y de disminución significativa del grado de utilización de la capacidad productiva actualmente instalada».

A esto se suma que «las medidas de contención de la pandemia se han traducido en una reducción muy significativa de los ingresos de las empresas, lo que conlleva un descenso de los recursos disponibles para acometer su gasto en inversión». «Este no afecta solo al corto plazo, sino también al período posterior al levantamiento de las restricciones a la actividad, en la medida en que las empresas deberán afrontar el servicio de la deuda en la que están incurriendo en la actualidad», remarca esta institución.

Por otro lado, el Banco de España avisa también que «la eventual materialización de nuevos brotes de la enfermedad haría aumentar la probabilidad de que las tensiones de liquidez asociadas al confinamiento deriven en problemas de solvencia, que serían más pronunciados en el caso de las empresas más endeudadas». En este escenario más inquietante, «las quiebras empresariales resultantes darían lugar a dos tipos de efectos adversos»: un aumento de la morosidad crediticia, que dificultaría la labor de intermediación crediticia del sistema financiero y el acceso de los agentes privados a la financiación, y una destrucción de empresas que se sumaría a una destrucción del stock de capital, lo que se traduciría en un contagio en el mercado de trabajo.

¿Cuáles son los tres escenarios que baraja Banco de España?
El escenario más benigno es el de recuperación temprana, en el que la mejoría de la actividad desde su mínimo comienza a producirse a un ritmo algo más elevado ya en el curso del segundo trimestre y prosigue con posterioridad, sin que la envergadura de los posibles obstáculos que pudieran surgir en los próximos trimestres (de índole tanto sanitaria como económica o financiera) llegara a ser relevante. En este escenario de recuperación temprana el supervisor contempla que, tras el levantamiento del estado de alarma, «es posible evitar el surgimiento de nuevos focos de la enfermedad de magnitud significativa, por lo que no es precisa la reintroducción de medidas de contención».

El segundo escenario, de recuperación gradual, parte de un impacto más elevado de los cierres sectoriales en el segundo trimestre y, además, «incorpora la posibilidad de que, durante el período en que aún no se disponga de una vacuna o tratamiento eficaz contra el virus, aparezcan nuevos brotes epidémicos».

El escenario de recuperación muy lenta del organismo que dirige Hernández de Cos estaría caracterizado «por episodios intensos de nuevas infecciones» y «requeriría confinamientos estrictos adicionales». En este escenario de riesgo, el retroceso del PIB estimado llegaría hasta el -15,1 % durante este ejercicio y la recuperación de los niveles precrisis tardaría hasta finales de 2024 o el arranque de 2025.

Reestructurar la economía y reajustar el déficit
Juan Ramón Rallo elconfidencial 9  Junio 2020

Con el inicio de la desescalada y el progresivo levantamiento de las restricciones del estado de alarma, sin que por ahora estemos experimentando un rebrote en el número de infecciones, la recuperación económica echa a andar, algo que ha quedado bien patente en las cifras de empleo del mes de mayo. Como ya explicamos en su momento, la recuperación tendrá dos etapas: una primera etapa de reactivación y una segunda etapa de reestructuración; eso y no otra cosa es la famosa 'V asimétrica'.

La reactivación es el periodo en el que una parte de la economía vuelve a ponerse en marcha conforme las restricciones sanitarias se van levantando: aquellas empresas que hayan sobrevivido al periodo de hibernación y que puedan adaptarse con facilidad a la 'nueva normalidad' volverán a funcionar a pleno (o casi pleno) rendimiento, elevando consiguientemente el PIB y el empleo durante los próximos trimestres.

La reestructuración, en cambio, es la etapa posterior, en la que nos tocará digerir las auténticas heridas de esta crisis: habrá empresas que no serán capaces de reactivarse durante los próximos meses o bien porque se habrán descapitalizado durante el estado de alarma —de modo que carecerán del colchón financiero necesario para poder desarrollar sus operaciones— o bien porque los patrones de demanda de los ciudadanos se habrán modificado lo suficiente durante esa 'nueva normalidad' como para volver no rentables sus modelos de negocio.

Así pues, para avanzar rápidamente por la etapa de reestructuración (o "reconstrucción", como les gusta denominarla a nuestros políticos), necesitaremos de un importante incremento de la inversión que permita recapitalizar las compañías descapitalizadas y reemplazar las empresas que han devenido no rentables. Y para que aumente la inversión, necesitamos dos elementos: por un lado, oportunidades de ganancia (las cuales serán descubiertas descentralizadamente por muchos empresarios, pero que en todo caso podrían verse impulsadas con una liberalización de nuestra economía); por otro, ahorro (pues, en última instancia, toda inversión viene sufragada por una restricción del consumo de algún agente económico).

Si disponemos de ahorro pero no de oportunidades de ganancia, este se canalizará a activos improductivos pero de bajo riesgo—como la deuda pública: de ahí el clima de tipos de interés negativos de los últimos años—; si disponemos de oportunidades de ganancia pero no de ahorro, estas quedarán inexplotadas por falta de combustible para emprender las inversiones rentables.

A su vez, el ahorro que necesitamos puede venir de dentro del país, tanto del sector público como del privado, o de fuera del país (ahorro exterior: por ejemplo, las transferencias de la Unión Europea no dejan de ser ahorro forzoso de contribuyentes extranjeros).

El ahorro privado interior, sin embargo, puede verse obstaculizado por la gestación de ahorro público interior —reducción del déficit público—: si el Estado pretende desarrollar su consolidación presupuestaria aumentando la fiscalidad al ahorro, tendremos más ahorro público a costa de un menor ahorro privado, es decir, no contaremos con mayor ahorro agregado.

Por eso, y como tuve la ocasión de manifestar este pasado viernes, en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, la etapa de reestructuración ha de estar presidida por dos principios fundamentales: primero, centrar el ajuste presupuestario en la reducción del gasto público (recordemos que, en general, la consolidación presupuestaria por el lado de los desembolsos es mucho menos gravosa que la aplicado por el lado de los ingresos); segundo, si hay subidas de impuestos —y, por desgracia, parece bastante inevitable que las termine habiendo—, que esos sablazos fiscales no penalicen el ahorro privado (recordemos que la recaudación española por impuestos sobre el capital es de las más altas de Europa y que, según la OCDE, el tipo marginal efectivo sobre el ahorro ya resulta confiscatorio en nuestro país).

Es más, en la medida de lo posible —si conseguimos abrir espacio fiscal suficiente para ello—, deberíamos tratar de bonificar el ahorro: eliminando el impuesto al patrimonio, introduciendo una exención fiscal para las plusvalías generadas en el largo plazo o limitando el impuesto sobre sociedades a los beneficios distribuidos y no a los reinvertidos (modelo estonio).

En definitiva, resulta crucial que, por un lado, estimulemos el ahorro para acelerar la reestructuración de la economía real y, por otro, que reajustemos a medio plazo nuestro saldo presupuestario. Y para compatibilizar ambos objetivos, solo queda centrar el ajuste en el lado de los gastos evitando en todo caso las subidas de impuestos contra el ahorro.

El misil del BCE no diluye el riesgo de España y sólo lo maquilla
Daniel Rodríguez Asensio Libertad Digital 9  Junio 2020

España definitivamente ha elegido el camino de la desvinculación de Europa. Esta primera semana de junio será, probablemente, una de las más importantes del proyecto europeo en el contexto de la crisis económica provocada por la Covid-19. Una semana en la que, sin embargo, el gobierno de la Nación ha estado más ocupado llenando portadas internacionales de incredulidad (y falta de credibilidad) a raíz de las cifras oficiales de afectados y fallecidos por la Covid-19, la independencia de instituciones fundamentales para el funcionamiento del Estado y los ataques a distintos miembros de la oposición dentro incluso de las propias instituciones.

Europa ha hablado, y lo ha hecho claro: al plan de 750.000 millones de euros aprobado la semana pasada esta semana ha añadido otros 600.000 millones de euros para el plan de estímulos cuantitativos (QE), que se amplía hasta junio de 2021.

Lo primero que debemos entender es la naturaleza de este impulso europeo tan decidido: Europa se enfrenta a una recesión sin precedentes en su historia.

El riesgo francés
En esta columna ya hemos advertido del riesgo económico al que se enfrentan España e Italia, por ser los países más vulnerables de la zona Euro. Lo que quizás muchos lectores no tengan claro es el enorme riesgo que corre Europa por el notable impacto que ha tenido la Covid-19 sobre economías estratégicas como es la francesa.

La soga aprieta cada vez más y, además, cada vez a países más importantes. Tanto es así que el dato del primer trimestre del año es una caída del 5,8% trimestral, y la economía francesa podría caer un 11% en 2020, una magnitud que prácticamente triplica la mayor caída durante la anterior crisis (-2,9% en 2009). Estas cifras, para un país que ha anotado el mayor déficit de la zona Euro en 2019 y que acumula una deuda cercana al 100% de su PIB son un problema serio para la Eurozona, especialmente si se trata de la segunda economía más importante.

Por otro lado, Alemania puede volver a adquirir una ligera vitalidad conforme el sector exterior se reactive. Francia, sin embargo, es mucho más dependiente de su mercado interior y su capacidad en términos fiscales son muy limitadas, teniendo en cuenta que:

Es el quinto país con mayor brecha fiscal al empleo asalariado, ascendiendo al 46,7% la diferencia entre el coste de empresa y el salario neto percibido por el trabajador, frente al 36% de media en la OCDE.

Ocupa el puesto número 61 en términos de brecha fiscal a empresas, donde el 60,7% de su beneficio bruto está destinado a pagar impuestos, frente al 40,5% registrado en el informe Paying Taxes que elabora la consultora PwC.

Si España o Italia ya fueron "muy grandes para caer" en la crisis de 2011, el problema francés encima de la mesa de cualquier burócrata europeo ya es de una magnitud tal que sólo queda tratar de adelantarse para que no explote en el peor momento.

Y ahí es donde entran en juego los dos planes anteriormente descritos.

La "desconexión bancaria" de Alemania
Un esfuerzo que, sin embargo, se puede quedar en papel mojado si las diferencias entre países del norte y del sur continúan agravándose, y muy especialmente si Alemania continúa avanzando hacia su recuperación económica de la mano de políticas de oferta y sin perder la ortodoxia fiscal.

Los 130.000 millones de euros durante los próximos 2 años que ha aprobado el Ejecutivo francés son el segundo misil contra las políticas antiprosperidad de la Unión Europea. Entre otras cosas, Alemania ha bajado 3 puntos porcentuales el tipo general de IVA (hasta el 16%, 5 puntos porcentuales menos que en España) y ha concedido ayudas al sector del automóvil, concretamente orientadas hacia la venta de vehículos eléctricos.

En total, no debemos olvidarlo, el gobierno de Angela Merkel ya lleva aprobadas medidas por valor de 1,3 billones de euros, y su proceso de reactivación está siendo una constante conforme avanzan las semanas. Un país que se lo puede permitir por mantener superávit presupuestario durante los últimos 5 años (el último, de 2019, fue del 1,5% del PIB) y un superávit fiscal que asegura una rápida recuperación de sus finanzas y una competitividad internacional elevada.

Un país, sin embargo, que se está enfrentando al Establishment europeo por la vía de los hechos y lo puede pagar. Muchos han asociado la bajada de la prima de riesgo española a 90 puntos básicos a una reducción del perfil de riesgo país como consecuencia del nuevo plan aprobado por el BCE.

Sin duda ha influido, pero no debemos dejar de lado el incremento de las rentabilidades exigidas a los bonos alemanes durante las últimas semanas. Dicho de otra manera: El mercado puede estar descontando tensiones de primer orden en Europa, y la "desconexión bancaria" de Alemania es sólo un síntoma.

Unas rentabilidades exigidas que, sin embargo, continúan estando en niveles muy bajos y, lo que es más importante, Alemania continúa siendo un país solvente. De hecho, es la única de las grandes economías que ha cumplido con los objetivos de Maastricht en el año 2019.

Conforme el plan del BCE se muestre como papel mojado (las reservas ya se han incrementado hasta los 2,1 billones de euros) los recursos volverán a los activos refugio, y la prima de riesgo se volverá a disparar de una forma incluso más brusca que en 2011.

El BCE no diluye el enorme riesgo que hay en países como España, sólo lo maquilla. Los 600.000 millones aprobados es una señal hacia los mercados, que no hacia las finanzas públicas pues continúa habiendo restricciones a la compra máxima de bonos.

Dicho de otra manera: el riesgo que corremos es inundar de liquidez el sistema, pero sin reformas estructurales los recursos quedarán ociosos en el balance del BCE. Ni los tipos de interés van a bajar más, ni el crédito va a fluir con más facilidad.

Por qué España es uno de los países más amenazados por la crisis económica del coronavirus
Francisco Nunes Libertad Digital 9  Junio 2020

Uno de los sectores más importantes para la economía española y más afectado por la crisis actual es el turismo.

De la famosa covid-19 han derivado no sólo una crisis sanitaria que ha acabado con la vida de más de 350.000 personas a nivel mundial, sino también una crisis económica que amenaza millones de empleos. Sin embargo, no a todos los países les afecta de igual manera esta crisis. Así pues, ¿cuáles son los países con mayor riesgo y por qué?

El riesgo del empleo, desigual entre los países europeos
No todas las economías de Europa están compuestas de igual manera. Dependiendo de lo afectados que se vean sus principales sectores, un país estará en mayor o menor riesgo por el distanciamiento social. Un análisis de BIS pone de manifiesto cuáles serán los países más afectados de Europa. En el siguiente mapa se muestran en color más oscuro las regiones cuyo empleo está más expuesto por el sector en el que se encuentra.

La mayor parte de regiones españolas alcanzan, como se aprecia en el mapa, el color más oscuro, llegando a más del 31,57% de sus empleos en riesgo. Además, no sólo influye lo afectado que esté el sector por las medidas de distanciamiento social sino también el tamaño de las empresas. Las pequeñas empresas (definidas como empresas de 1 a 9 empleados) son las que se encuentran en mayor riesgo, ya que dependen en gran medida de la demanda local y les es más difícil conseguir financiación que a empresas más grandes. España se encuentra, como se aprecia en el siguiente mapa, también muy afectada por el tamaño de sus empresas.

Recordemos que en España el 94,8% de las empresas tienen menos de 10 empleados, según el Instituto de Estudios Económicos, y que, según datos de enero de este año del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 21,38% del empleo en España es creado por microempresas. Además, uno de los sectores más afectados, cuya práctica totalidad de la actividad se ha desvanecido durante el confinamiento, es el turismo, que en España aporta, según datos del INE (2018), el 12,3% del PIB.

¿Qué hacer contra el desempleo en recesión?
Sabiendo lo amenazado que se encuentra gran parte del empleo en España por esta crisis, ¿Cómo podemos responder?

Según Ljungqvist & Smolyansky (2014), que analizan cambios en impuestos de Sociedades en varios territorios fronterizos, un aumento de este tipo de impuesto, como el que al parecer está dispuesto a llevar a cabo este Gobierno, reduce significativamente el empleo y los salarios, mientras que una bajada en tal impuesto, dicen los autores, aumenta la actividad económica, pero sólo en recesiones. Según Kumar (2019), cada punto del PIB de menores impuestos debido a la reforma fiscal de Trump se tradujo en una creación de empleo un 0,3% mayor. Sin embargo, esta reforma fiscal también puede reducir la recaudación, como explicó Michael Linden, director ejecutivo de Groundwork Collaborative, un think tank progresista de Estados Unidos, con datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso.

En definitiva, gran parte del empleo español se ve seriamente amenazado por la crisis económica derivada del distanciamiento social tomado para reducir la expansión de la covid-19, sobre todo, en aquellos sectores como el turismo, que aporta más de una décima parte de nuestro PIB. Un aumento en el Impuesto de Sociedades puede empeorar la caída del empleo, y una rebaja, mejorar la situación. Sin embargo, debería ser cuidadosamente diseñada para que no reduzca los ingresos del Estado.

Los muertos de Pablo Iglesias
EDITORIAL Libertad Digital 9  Junio 2020

El odio de la izquierda a Isabel Díaz Ayuso es la mejor prueba de que la arrojada presidenta madrileña está realizando una labor muy meritoria. Sus atacantes no parecen tener escrúpulos y con frecuencia hozan en la charca infecta del juego sucio, como ha dejado claro el vicepresidente comunista Pablo Iglesias con sus palabras sobre las muertes por covid-19 en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.

Si Iglesias tuviera un mínimo de decencia y, sobre todo, de sensatez, evitaría cuidadosamente aludir a lo ocurrido en las residencias ya no de Madrid sino de España entera. En primer lugar, porque el Gobierno del que forma parte hizo caso omiso a las advertencias internacionales sobre la gravedad de la pandemia, lo que provocó decenas de miles de contagios y muertes. Después, porque su partido fue uno de los grandes incitadores a la participación en las pavorosamente letales manifestaciones del 8-M. Finalmente, Iglesias debería guardar silencio porque el 14 de marzo asumió por decreto del Consejo de Ministros el control y la gestión de todas las residencias de España, por lo que es el primer responsable del drama que se ha vivido en ellas.

Iglesias está arrojando sus muertos sobre las espaldas de Ayuso, demostrando una vez más que es capaz de las peores bajezas y que su forma de entender y practicar la política es profundamente inmoral. De ahí que tenga la desvergüenza de criticar a las autonomías que mejor han combatido el coronavirus (sin el material y los medios que el Gobierno tenía la obligación de proporcionarles) por ser de la oposición y acusarlas de haber cometido crímenes contra los ancianos a los que él, en su monstruosa incompetencia, dejó abandonados.

El comunista lenguaraz aprovechó una intervención en la televisión gubernamental para lanzar esas acusaciones sonrojantemente injustas. Pero más le valdría guardarse la verborrea para cuando los jueces lo llamen a declarar....

Ladra Iglesias, luego cabalgamos
OKDIARIO 9  Junio 2020

La obsesión del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, con OKDIARIO es patológica, rayana en lo enfermizo. No nos preocupa en exceso, todo sea dicho, salvo cuando utiliza a este diario para tratar de desprestigiar a la Guardia Civil. Por ahí no pasamos. Dice Iglesias que «un país como España no se puede permitir que haya mandos de la Guardia Civil que hagan recortes de OKDIARIO para hacer informes». Si la Benemérita entiende que las informaciones de este periódico u otro resultan relevantes para el curso de una investigación judicial, ¿por qué no? Sobre todo, si esos «recortes» de OKDIARIO son documentos oficiales del Ministerio de Sanidad que constatan que el Gobierno socialcomunista, del que Iglesias forma parte, conocía el incremento de contagios en las fechas anteriores al 8-M y, sin embargo, permitió y alentó las manifestaciones feministas.

Desde luego, quien no va a publicarlos nunca es «La Última Hora», ese panfleto podemita que dirige Dina Bousselham, su ex asistente en el Parlamento europea y mentirosa por partida triple, como ha quedado demostrado en el asunto de la tarjeta de su telefóno móvil.

Que Iglesias trate de extender las sospechas sobre el comportamiento golpista de sectores de la Guardia Civil es una indecencia que retrata al personaje. Pero, además, es que se contradice. Por un lado, alerta sobre el peligro que supone para la democracia que haya mandos de la Benemérita al servicio de oscuros intereses de la extrema derecha y, por el otro, asegura que «tengo la sensación de que eso es muy indicativo de la enorme debilidad de la derecha en nuestro país». ¿En qué quedamos?

Lo que le ocurre al vicepresidente segundo es que pensó que la Guardia Civil se plegaría dócilmente al Gobierno y se ha dado cuenta de que la Benemérita está al servicio del Estado y no del Ejecutivo socialcomunista, que es lo que le gustaría a Pablo Iglesias. Su visión totalitaria del poder es gran grande que no concibe que las instituciones se resistan a dejarse doblegar. Y por eso está que trina. Si por él fuera, trituraría a la Guardia Civil, como trituraría a OKDIARIO.

Está de los nervios. Ladra, señal que cabalgamos.

Utrera Molina
La Justicia da la razón a la familia del franquista Utrera Molina al que Sevilla quería retirar una medalla
Los magistrados consideran que los herederos del político tienen legitimidad para pleitear contra la Diputación provincial y defender la "honorabilidad" de su padre, ex gobernador de la capital hispalense
María Jamardo okdiario 9  Junio 2020

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) da la razón a la familia del ministro franquista José Utrera Molina. La jurisdicción contencioso-administrativa tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de la decisión de la Diputación de Sevilla de retirar al político ya fallecido la medalla de Oro de la provincia de la que fue gobernador civil.

En un auto emitido este lunes por el tribunal, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los magistrados del TSJA consideran -en contra de lo que decretó en su archivo de la causa, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla- que el acuerdo de la Diputación «no es un mero acto político, sino un acto administrativo» y, por tanto, puede ser «judicialmente revisado».

Por ello, tendrá que determinarse si la retirada de la medalla, basada en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica «se encuentra o no justificada». El propio Reglamento de Honores de la Diputación sevillana exige que se aporten pruebas de que «el beneficiario de la medalla ha desacreditado el honor recibido, mientras las motivaciones del acuerdo de la Diputación eran estrictamente de carácter político», aseguran los hijos del agraviado.

Además, el TSJA reconoce que «no es indiferente el hecho de que Utrera Molina estuviera vivo» en el momento en el que se decidió la retirada de dicha medalla, y que «su fallecimiento durante el procedimiento judicial ya iniciado» no impide que éste siga. Motivo por el que se autoriza a uno de sus hijos a que continúe, en su nombre, ante el Juzgado de lo Contencioso de Sevilla.

Motivos ideológicos
El propio condecorado, José Utrera Molina, anunció públicamente su intención de acudir a los tribunales para defender la distinción recibida, tras conocer que el pleno de la Diputación de Sevilla había acordado -el 29 de diciembre de 2016- revocarle la medalla de oro de la provincia que le fue concedida por esa misma institución en el año 1969.

«El acuerdo de revocación se fundamenta única y exclusivamente en motivos ideológicos como lo son mi condición de falangista», aseguró en una nota de prensa el propio interesado,»por lo que el acuerdo vulnera frontalmente la prohibición de discriminación por motivos ideológicos consagrada en el artículo 14 de la Constitución Española».

«En el expediente del que se me dio traslado por la Diputación, para efectuar las alegaciones en defensa de mis derechos, no constaba ningún testimonio de personas o familiares de personas supuestamente represaliadas durante mi mandato como gobernador», denunció Utrera Molina. Una circunstancia que, a su juicio, le creaba indefensión, «pues no existe ni puede existir prueba alguna de tan graves e injustas acusaciones«.

«La actual Diputación de Sevilla se ha erigido en sanedrín de la historia reciente de la provincia, personalizando en mí» el rechazo a «cualquier persona que tuviera responsabilidades durante el régimen» franquista, lamentó el ex ministro. Por lo que consideró imprescindible «defender mi honor y el de tantos alcaldes, gobernadores y cargos públicos que sirvieron a Sevilla y a España con honestidad y con el único propósito de mejorar las condiciones de vida de los españoles» recurriendo a los tribunales. Una causa que, ahora, tal y como ha decidido el TSJA, continuarán sus herederos.

Condenas anteriores
No es la primera vez que los hijos de Utrera Molina defienden sus derechos ante la Justicia. El Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid condenó a la podemita Teresa Rodríguez al pago de 5.000 euros a esos mismos herederos que ahora pleitean en Sevilla por mofarse de la muerte de su padre en Twitter. En el fallo de la decisión, Rodríguez fue considerada culpable de una «intromisión ilegítima en el derecho al honor del fallecido».

Se trató de la resolución de un procedimiento civil -notificada el 20 de mayo de 2019- en el que Teresa Rodríguez, Gabriel Rufián y, el también militante de la formación morada en Castilla-La Mancha, Alfredo Díaz-Cardiel, estaban demandados por vulnerar el derecho al honor y a la propia imagen de José Utrera Molina en la famosa red social. En dicha fecha, y justo cuando se cumplía un año del fallecimiento del ministro de Franco, todos ellos colgaron en sus cuentas oficiales comentarios críticos atribuyendo a Utrera Molina la responsabilidad, en última instancia, de la condena a muerte del anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado a garrote vil.

Tanto Rodríguez como Díaz-Cardiel tuvieron que eliminar dichos tuits de sus cuentas en Twitter y publicar la sentencia en la misma. Además, tuvieron que indemnizar a sus hijos -quienes interpusieron la demanda correspondiente que se resolvió en sentido favorable a los intereses del ex ministro franquista- con la cantidad de 5.000 euros cada uno más los intereses legales desde la interposición de la demanda. También fueron sentenciados a abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

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La Fiscalía pasa a la nueva normalidad
Editorial El Mundo 9  Junio 2020

Si en su indisimulado afán por controlar la Justicia no hubiese presumido Sánchez en la radio pública del control que el Gobierno está dispuesto a ejercer sobre la Fiscalía, quizá las iniciativas tomadas ayer por el Ministerio Fiscal no habrían alarmado tanto a la opinión pública. Y si Dolores Delgado, la única ministra que ha sido reprobada tres veces por el Congreso, no hubiese pasado -en una decisión inédita- directamente del despacho del Ministerio de Justicia al de la Fiscalía General del Estado, no habría por qué sospechar de maniobras interesadas destinadas a hacer de correa de transmisión, poniendo la institución al servicio de los intereses del Gobierno de coalición y de sus aliados secesionistas.

Hace poco más de un mes, Delgado comprometió su independencia en estas páginas al afirmar, en referencia a la gestión del Covid-19, que desde el Ministerio Público «vamos a investigarlo todo; las víctimas son una prioridad». Y sin embargo, ayer, la Fiscalía de Madrid solicitó el archivo de la causa abierta por la juez Rodríguez-Medel en la que se investiga el alcance penal de la decisión del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, al permitir la celebración del 8-M en plena expansión del coronavirus. Una petición que se hace una semana después del cónclave al más alto nivel celebrado en la Fiscalía General del Estado para "unificar criterios" sobre una causa que afecta directamente al Ejecutivo de Sánchez. Y después, también, de la agresiva ofensiva de la Abogacía del Estado contra la juez de instrucción, a la que se ha acusado de querer montar una «causa general» contra el Gobierno en base a «hipótesis».

Por otra parte, la Fiscalía cambió ayer de criterio en el proceso abierto contra el Mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por su actuación durante el golpe del 1-O. Es cierto que tras la sentencia del Supremo no podía mantenerse la acusación de rebelión que fijó la anterior fiscal, María José Segarra, y obligadamente había que sustituirlo por una de sedición. Pero de manera inopinada, el Ministerio Público, única acusación en esta causa, ofrece la posibilidad al Tribunal de que se le condene solo por desobediencia, una pena que no conlleva cárcel y que supondría la inhabilitación de Trapero y el pago de una multa de 60.000 euros. Un gesto que sin duda habrá sido bien recibido por ERC de cara a la próxima reunión de la mesa de diálogo.

Por último, la fiscal general dictó un decreto por el cual se deja en manos de la Fiscalía del Supremo la investigación que durante los últimos años ha venido realizando Anticorrupción sobre posibles delitos de fraude fiscal y blanqueo del Rey emérito por el cobro de comisiones del AVE a La Meca. Algo lógico, ya que don Juan Carlos está aforado ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, pero que será celebrado por quienes desde dentro del Gobierno han hecho del ataque a la Monarquía parte esencial de su programa político.

Sánchez impone su «Fiscalía patriótica»
Editorial ABC 9  Junio 2020

En pleno estado de alarma, ya empieza a notarse la larga mano de Pedro Sánchez en la Fiscalía General, donde Dolores Delgado se ha convertido en una simple marioneta ejecutora de decisiones políticas que justifiquen el cambio de régimen promovido por el PSOE y Podemos. Ayer, dos resoluciones de la Fiscalía delataron su sumisión a los caprichos de Sánchez. Por un lado, el fiscal planteó el archivo de las diligencias abiertas por un juzgado contra el delegado del Gobierno en Madrid por haber impulsado las manifestaciones feministas e ideologizadas del 8-M a sabiendas del riesgo de infección vírica. Por otro, Delgado se retrató ofreciendo al que fuera jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ser casi exonerado en su juicio por la revuelta independentista del 1-O. Es cierto que la Fiscalía estaba forzada a modificar sus conclusiones y a acusarle de sedición tras la sentencia del Tribunal Supremo contra el resto de golpistas catalanes. Pero plantear como alternativa la pena de desobediencia, que no acarrea más que una inocua inhabilitación, es una cesión inadmisible del Gobierno al separatismo.

En su afán por controlar la justicia, Sánchez pretende convertirla en un asidero político de la izquierda al servicio del sectarismo, del independentismo y del revanchismo ideológico. Es evidente que Sánchez, como escudero dependiente de Iglesias, pretende construir una «Fiscalía patriótica» y sumisa, mientras culpa a la derecha de alentar un golpismo falsario y tribal a través de una supuesta «policía patriótica». Inventando mantras Sánchez no tiene rival. Su doble vara de medir resulta obscena si se trata de favorecer a la izquierda o a los destructores de España. Para Sánchez y para sus medios al servicio de un cambio de régimen político, es relevante que la Fiscalía pida el archivo del proceso del 8-M, y no lo es que un juez impute -investigue- a un delegado del Gobierno socialista. En cambio, si el imputado-investigado es dirigente de la derecha, entonces lo innoble, lo indigno, lo relevante y lo corrupto, es que ese imputado no sea destituido. El cinismo de Sánchez resulta ya desbordante, lo cual abre otro debate trascendental: dada la notoria ofensiva de Moncloa para socavar la independencia judicial -Marlaska sigue en su cargo-, cabe preguntarse para qué quiere Sánchez que sean los fiscales, y no los jueces, quienes instruyan los procesos penales. Sánchez terminará imponiendo la inmunidad absoluta de la izquierda. Al tiempo. Ya lo dijo en una entrevista: «¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso». Sánchez e Iglesias solo encarnan una cosa, un atraco al Estado sin límites.

La hora de la Justicia
Cayetano González Libertad Digital 9  Junio 2020

Este Gobierno, con su presidente a la cabeza y con su vicepresidente segundo muy pegado a él, ha demostrado con creces, en los pocos meses que lleva ejerciendo el poder, que no tiene ningún tipo de límites, de cortapisas, de escrúpulos, para tomar o justificar decisiones que en unas circunstancias normales serían un auténtico escándalo. Esa forma de actuar está en la esencia del proyecto político de este Gobierno social-comunista: demostrar que el poder se ejerce pese a quien pese, aunque se erosione el sistema de convivencia, las instituciones básicas del Estado, porque el objetivo es el cambio de régimen y a su logro se supedita todo lo demás.

Algunos ejemplos de esta forma de actuar del Gobierno: nombró fiscal general del Estado a una persona que venía de ser una ministra de Justicia muy cuestionada por la publicación del contenido de unas conversaciones en las que participó, mantenidas en el terreno de las cloacas del Estado; pactó con los herederos políticos de ETA la reforma laboral; empotró en la comisión del CNI a Pablo Iglesias aprovechando el decreto del estado de alama; alentó desde Podemos caceroladas contra el Jefe del Estado; provocó una enorme crisis en una institución básica del Estado como es la Guardia Civil destituyendo de manera injusta y arbitraria a un coronel por el hecho de negarse a incumplir la ley.

También cabe destacar que un ministro del sector podemita del Gobierno ha afirmado con total impunidad que podría haber sectores involucionistas dentro de la Guardia Civil, sin que haya sido desautorizado tajantemente, con su destitución, por el presidente del Gobierno; y que se creó una Dirección General en un ministerio para colocar a un amigo de toda la vida del presidente.

Son sólo unos ejemplos, a los que habría que añadir el listado de errores cometidos durante la gestión sanitaria de la pandemia, que no se sabe –porque el Gobierno no quiere que se sepa– el número de muertos que se ha cobrado, pero estará más cerca de los 40.000 que de los 27.136 oficiales. Unas cifras escalofriantes que sin embargo al presidente del Gobierno, en sus insufribles alocuciones televisivas de los fines de semana, le llevan a la máxima autocomplacencia y a la mínima autocrítica.

Ante la dificultad que tiene poner freno a tanto desmán en el debate y en la confrontación política entre el Gobierno y la oposición, el contrapeso más importante que queda y en el que hay que confiar es la Justicia.

Son ya bastantes las querellas presentadas por diferentes colectivos sanitarios; por asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía o por particulares, que se irán solventando en los próximos meses. Una muy relevante es la causa que está instruyendo la juez Rodríguez Medel en el Juzgado nº 51 de Madrid en relación con la no prohibición por parte de la Delegación del Gobierno de la manifestación feminista del 8-M, esa que la actual ministra de Igualdad reconoció que atrajo menos gente de la prevista por el miedo al coronavirus y sobre la que, después de conocerse su confesión de parte en el video de la ETB, ha tenido la desfachatez de emplear como argumento de defensa que ella acudió con su hija, por lo que ¿cómo se podía pensar que habría ido si hubiera sabido que existía un peligro de contagio?

Se suele decir que la Justicia es lenta, pero también es implacable. Ya ha habido dos sentencias, una en Teruel y otra en el País Vasco, en las que se ha fallado a favor del personal sanitario y de los ertzainas, respectivamente, por no haber recibido de las Administraciones Públicas las medidas de protección necesarias para hacer su trabajo. Habrá más, y aunque los tentáculos del Gobierno social-comunista son alargados –véase la petición de la Fiscalía de archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid–, al final la Justicia irá haciendo su trabajo, pese a quien pese.

La herencia putrefacta de Pujol
Alejandro Tercero cronicaglobal 9  Junio 2020

Con motivo del 90 aniversario de Jordi Pujol, el nacionalismo catalán ha reactivado una tímida campaña para rehabilitar su figura. Consciente de que no tiene fácil restituir la imagen de un personaje que es el paradigma de la corrupción en Cataluña, lo ha intentado de forma tangencial. Con intervenciones de destacados opinadores en TV3, Catalunya Ràdio y otros medios concertados que argumentan que, pese a sus trapillos sucios, fue un político muy positivo para sus intereses. Incluso han activado una página web para felicitarle por su cumpleaños.

Lo cierto es que no les falta razón. Pujol deja una herencia muy satisfactoria para el nacionalismo catalán. Prácticamente se han cumplido todos los puntos previstos en el conocido Programa 2000, un proyecto cuya mejor definición es el titular de la pieza de El País --redactada por el hoy director de El Nacional, José Antich-- el 28 de octubre de 1990: El Gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales. Impecable.

El texto ponía negro sobre blanco el objetivo de Pujol de dar una vuelta de tuerca más al proyecto iniciado una década antes con su llegada a la presidencia de la Generalitat, y que había denunciado premonitoriamente el expresident Tarradellas en 1981, sin que nadie le hiciera caso.

El Programa 2000 parecía inspirado en uno de aquellos planes soviéticos de manipulación social. Se trataba de inocular el sentimiento nacionalista en las instituciones, la escuela, las actividades extraescolares, la universidad, los medios de comunicación, los sindicatos, las patronales, los gremios, las principales empresas, los funcionarios, las editoriales, la entidades culturales, las federaciones deportivas, los espacios de ocio, las asociaciones juveniles, las fiestas populares… Y fijaba como estrategia la victimización para lograr más adeptos.

Es curioso constatar cómo el documento insiste en la necesidad de “catalanizar” todos los ámbitos de Cataluña con total naturalidad, mientras me viene a la memoria la que se montó contra el exministro Wert cuando --parafraseando a la consejera Rigau-- admitió que su “interés” era “españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes”.

El legado de Pujol es la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán --en este caso, con el inexplicable apoyo del PSC, algunos de cuyos dirigentes ahora parecen haberse caído del caballo--, sin duda, la mayor aberración cultural cometida en una democracia occidental en el último medio siglo.

El legado de Pujol es una escuela adoctrinadora en el nacionalismo catalán como no se conoce otra en nuestro entorno. Un sistema educativo en el que España es prácticamente una realidad ajena, cuando no un enemigo opresor.

El legado de Pujol son unos medios de comunicación públicos en los que el nacionalismo es ley, y un sistema de medios privados dopados, en el que los que tienen una línea editorial nacionalista reciben escandalosas subvenciones que les permite competir con una ventaja inalcanzable.

El legado de Pujol es una oposición amedrentada por miedo a ser tildada de facha. Es una burguesía domesticada por temor a ser boicoteada. Son unos periodistas acobardados por pavor a ser despedidos. Son unos padres con pánico a reclamar una educación ecuánime y plural para sus hijos por terror a ser señalados.

Durante los 23 años que Pujol estuvo en el poder los casos de corrupción que le salpicaron son inabarcables: Banca Catalana, Casinos, Planasdemunt, Roma, Cullell, Pasqual Estevill, Piqué Vidal, De la Rosa, Pallerols, Farreres, Ferrocarrils de la Generalitat... Y dejó como legado otros casos posteriores vinculados a Convergència, como Pretoria --que llevó a la cárcel a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, íntimos colaboradores de Pujol--, Crespo, Ramon Bagó --otro íntimo del expresident--, San Pablo, Josep Prat, Solà… hasta llegar a sus hijos Oriol --ITV-- y Jordi, y al caso Palau de la Música, que ha obligado a echar el cerrojo al partido.

Pero el legado de Pujol también es el procés, una “conjura de irresponsables” --en palabras de Jordi Amat-- que ha dejado envenenada la sociedad catalana probablemente para las próximas décadas, además de elevar al primer nivel de la política a tipos tan mediocres como Artur Mas --el dirigente político que más recortes ha aplicado en España-- Torra, Puigdemont, Rufián, Junqueras, Ribó y tantos otros.

Feliz cumpleaños, president.

Pujol y su club de fans
Ramón de España cronicaglobal 9  Junio 2020

Hoy cumple 90 años Jordi Pujol, en plena bancarrota del rentable invento socio-político-lucrativo que se sacó de la manga a finales de los años 70 para controlar física y mentalmente el territorio, Convergència Democrática de Catalunya. Arruinados y embargados gracias a la hábil gestión de Artur Mas, los convergentes se dividen ahora entre los que dicen no saber quién era el tal Pujol y los que no esperan a que la diñe para reivindicarlo. Estos últimos han creado una web para que quien lo desee pueda desearle un cumpleaños feliz al padre de la patria. Ya se adelantó Pilar Rahola en TV3, defendiendo esa teoría que cada día toma más cuerpo y según la cual, los logros del señor Pujol superan con creces sus pecadillos y mangancias: es de bien nacidos ser agradecidos, y Pilarín le debe su lucrativa carrera como sicofante número uno del régimen al fundador de Convergència. Otros que también se criaron a sus pechos prefieren guardar las distancias, como los amigos de Jeffrey Epstein, que se dieron a la fuga en desbandada en cuanto lo trincaron.

El cumpleaños del patriarca va muy bien para insuflar un poco de optimismo en el ánimo convergente, que ahora se divide en diferentes sectores para sobrevivir, pero la cosa es un lío mayúsculo: entre el PDeCat, los fans de Puchi, el inefable Castellà, los restos de Unió Democrática, el Partit Nacionalista de Catalunya, la Crida y no sé cuantas pandillas más, el nacionalismo de raíz pujolesca se ha convertido en un genuino clusterfuck a la espera de que ERC les aseste la puntilla definitiva. Por consiguiente, no es de extrañar que abunden los nostálgicos de cuando CDC cortaba el bacalao y repartía comisiones, aquellos gloriosos tiempos --previos a la confesión del líder sobre sus escaqueos con Hacienda y una improbable herencia paterna-- en los que se podía decir tranquilamente que Cataluña será convergente o no será.

Evidentemente, no pienso entrar en la web de marras para felicitarle el cumpleaños al señor Pujol, a quien hago responsable del lamentable paisito quiero-y-no-puedo que disfrutamos en la actualidad, pero me gustaría preguntarle por qué decidió, ya a una edad provecta, abandonar el disimulo y la hipocresía que tan buenos resultados le habían dado y abrazar el independentismo: ahí empezó su ruina y la de su partido, ahí puso fin a una larga época de dominio político y extracción económica, ahí comenzó a olvidarse de su obsesión por pasar a la historia como el padre de la nueva Cataluña…

Solo tenía que tirarse unos años más jugando a la puta i la Ramoneta, actividad que dominaba como pocos, para asegurarse una vejez llena de homenajes y galardones. Los chorizos de sus hijos no se habrían librado de sus problemas con la justicia, pero él, con un poco de esfuerzo, podría haberse quedado au dessus de la melée. No contento con dejar campar a sus anchas a su prole, le pasó el bastón de mando al inútil de Mas y apostó desacomplejadamente por la independencia tras media vida dedicada a chantajear a España. ¿Se trató de una decisión modelo para lo que me queda en el convento, me cago dentro? ¿Empezaba a chochear? ¿Tuvo ganas, por una vez en su vida, de decir exactamente lo que pensaba? En cualquier caso, lo pagó caro. Si no llega a ser por el arrebato independentista, seguiríamos sin saber nada de su condición de evasor porque el gobierno central lo hubiera ocultado. Y puede que CDC siguiera viva y no en concurso de acreedores y con una deuda de más de seis millones de euros por las trapisondas del Palau (que a ver quien los paga, ya que todos los herederos políticos de Pujol miran hacia otro lado y aseguran que la deuda no es suya, a ver si cuela).

Toda una vida presumiendo de seny para arruinarlo todo al final en un arrebato de estúpida rauxa. Menos mal que le queda el club de fans y el amor incondicional de la Rahola.

La Fiscalía, juguete de Pedro Sánchez
Pablo Planas Libertad Digital 9  Junio 2020

Frenesí fiscal. El órgano que dirige Dolores Delgado, exministra de Justicia de Pedro Sánchez, ha acometido en un solo día tres operaciones de gran calado. De entrada, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido investigar a Juan Carlos I por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo a cuenta de las presuntas comisiones del AVE a La Meca. La noticia ha sido recibida con gran alborozo por personajes como Pablo Echenique y Gabriel Rufián, cuyas contribuciones a la democracia en España son de sobra desconocidas.

En segundo lugar, la Fiscalía Provincial de Madrid exige a la juez Carmen Rodríguez-Medel que archive la causa contra Franco, titular que a bote pronto ha causado conmoción en la izquierda hasta que han entendido que este Franco es José Manuel Franco, a la sazón delegado del Gobierno en Madrid. Consideran los fiscales que no hubo prevaricación al autorizar la manifestación del 8 de marzo en la capital, la de la barra libre de coronavirus que estuvo a punto de diezmar la filas femeninas del Consejo de Ministros.

Y para redondear el día, la Fiscalía de la Audiencia Nacional rebaja de rebelión a sedición la petición contra el exjefe de los Mozos, Josep Lluís Trapero, y prepara el terreno para una condena por desobediencia que no implicaría el ingreso en prisión del tipo que puso a 17.000 hombres armados al servicio de obstruir que la Guardia Civil y la Policía Nacional sofocaran el golpe de Estado separatista en Cataluña.

Jornada magistral para la Doctrina Sánchez sobre la función y dependencia de la Fiscalía y refutación en toda regla de la separación de poderes en España. La fiscal general, Dolores Delgado, sí que sabe lo que hay hacer, no como su antecesora María José Segarra, con la que no había manera de meter mano en la Fiscalía.

Ahora ya saben a qué atenerse los refractarios al poder popular de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, el tricornio que se enfrentó a Trapero, fue un primer aviso. El paquete al emérito, el segundo.

Mientras tanto, la Fiscalía pasa de las revelaciones sobre la financiación ilegal del PSOE madrileño de Rafael Simancas, rebautizado en las redes Simangas, a través de la trama Púnica y Jordi Pujol, alias Pujolone, evasor fiscal confeso y padre del proceso separatista, cumple noventa tacos sin fiscal que le importune.

Lengua e identidad
Fernando Carrera cronicaglobal 9  Junio 2020

Leía con estupor hace unos días un titular que afirmaba que el castellano "desaparece de la enseñanza Infantil y Primaria de Baleares”. Esto me ha hecho pensar en, no solo la peligrosidad del hecho, sino también en el sustrato de esta problemática. La lengua y la identidad. En los últimos años hemos podido ver a miles de personas saliendo a la calle al grito de independencia. Personas que en su arraigo identitario catalán sienten una repulsa irracional hacia todo lo que les suena a español. En otros momentos hemos podido ver a otros que, instalados en un nacionalismo igual de tribal, atacan a todo lo que suena a Cataluña instalados en una identidad igual de monolítica.

La reducción de la identidad a un único aspecto no es solo un empobrecimiento personal, sino que a su vez, genera conflictos difíciles de resolver y vendettas como la que hemos podido ver en Baleares de manos de aquellos que centran su identidad en una lengua que consideran oprimida y que pretenden vengar. Esto solo puede solucionarse entendiendo la identidad de forma multifactorial. Al hablar de identidad es importante reseñar que en todas las épocas hubo gentes que nos hicieron pensar que había una sola pertenencia primordial en nuestra identidad. Una pertenencia tan superior a las demás que en todas las circunstancias estaba justificado denominarla identidad, en mayúsculas. Podemos encontrar múltiples ejemplos a lo largo de la historia.

La religión para unos, la nación, la clase social o la lengua para otros. Pese a que son muchos los factores que conforman nuestra identidad, la gente suele reconocerse en la pertenencia más atacada. Esa pertenencia entonces invade la identidad entera. Da igual si eres de izquierdas, de derechas, musulmán o judío. Si sientes que una parte de tu pertenencia como es la lengua materna está en peligro, muy probablemente acabes reconociéndote en tu lengua por encima de todo lo demás. Desgraciadamente, quienes terminan reduciendo su identidad a una sola pertenencia acaban adoptando una actitud parcial, sesgada e intolerante. Convierten su visión del mundo en una visión distorsionada.

A algunos les podría parecer que la lengua podría no ser lo suficientemente importante como para generar un conflicto importante en el seno de una sociedad desarrollada, pero sin embargo, según el ensayista franco-libanés Amin Maalouf, “de todas las pertenencias que atesoramos, la lengua es casi siempre una de las más determinantes”. En España, uno de los grandes errores es haber permitido que nos hayan hecho creer que el catalán ha sido sometido a un lugar secundario e irrelevante. El nacionalismo sabe que la lengua es una parte potentísima de la identidad, y la ha utilizado alineándola con su objetivo secesionista. No es casual que la mayoría de los catalanoparlantes sean independentistas y la mayoría de los castellanoparlantes no lo sean.

No es casual encontrar declaraciones como las de Joan Domènec Ros, presidente del Institut d’Estudis Catalans, afirmando que “el bilingüismo mata” o que “solo debería haber una lengua oficial, el catalán”. La voluntad de hacer creer a los catalanoparlantes que el Estado Español impide el desarrollo de nuestra lengua es deliberado. Recordemos a Jordi Pujol afirmando en el año 2012 que la lengua catalana estaba amenazada y que “la quieren hacer desaparecer”. Ante estos ataques es necesario recordar lo obvio. Que a día de hoy todos los territorios de España cuentan no solo con el reconocimiento de su singularidad lingüística y cultural a nivel constitucional, sino que, además gozan de una especial protección. Hay que recordar que el Consejo de Europa en su informe sobre la aplicación de la Carta Europea sobre lenguas regionales o minoritarias afirmaba que “el comité elogia a las autoridades españolas por el alto nivel de compromiso y esfuerzos de proteger y promover las lenguas minoritarias”.

Pese a ello, el separatismo sigue tratando de engañar a la población en cuestiones identitarias y culturales, y cuando toma el poder, no duda en intentar oprimir a la lengua que consideran causante de todos sus males. Debemos tener en cuenta que la lengua juega un papel tan importante en el proceso de creación de la identidad que nos obliga a ser especialmente sensibles con este tema para no caer en lo que se propone el nacionalismo catalán.

En los conflictos lingüísticos es fundamental entrar con sentido común en una época de libertad y de serena diversidad, dejando atrás las injusticias que se hayan cometido sin sustituirlas por otras intolerancias o exclusiones. Y esto hay que explicarlo en Cataluña, en Baleares y allí donde el virus de la exclusión sea capaz de arraigar.

Es imperativo denunciar el atropello que se realizará en Baleares y recordar que en Cataluña los derechos lingüísticos de muchos son pisoteados por la Generalitat. Sin embargo, es necesario no caer en los mismos errores que caen los nacionalistas. Es necesario escuchar a amigos como Juan Claudio de Ramón, Mercé Vilarrubias y Joaquim Coll, que aparte de denunciar los abusos lingüísticos que perpetra el nacionalismo son capaces de proponer soluciones basadas en la defensa de los derechos lingüísticos de todos. Hasta la fecha, una receta que me parece mucho más inteligente que la de aquellos que ceden el catalán a los nacionalistas. Muchos catalanes antinacionalistas han llegado a sentir aversión por su propia lengua. Esa batalla no podemos dejar que la gane el nacionalismo. El catalán no es solo suyo. Es de todos.


¿ Catalán ? no gracias
Nota del Editor 9  Junio 2020

Si  Bill Gates me ofreciera, en uso exclusivo, un yate de ensueño, como esos que vemos en la costa azul, al resultar imposible hacerme cargo de los costes de funcionamiento, declinaría la oferta. Con la lengua regional catalana me pasa lo mismo, por mucho que me la ofrezcan, declino aceptar "el regalo". No, gracias, estas herencias son la ruina.
 


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