AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 10  Junio  2020

La Fiscal General del PSOE
Liberal Enfurruñada okdiario  10  Junio 2020

Aún no han pasado 6 meses desde que Dolores Delgado daba mítines electorales pidiendo el voto para el PSOE. La tres veces reprobada ministra de Justicia con Pedro Sánchez se subía al atril y decía cosas como que «el PSOE es el partido que ha traído el progreso económico y social a esta sociedad”, que los líderes de Vox «son excluyentes, intolerantes, xenófobos y racistas», tachaba de «sistémica» la corrupción del PP e incluso insultaba a Cs por pactar en Andalucía. Y apenas 3 meses después de pronunciar todos esos insultos contra la oposición, en enero, inmediatamente después de cesar como ministra de Justicia de su Gobierno, sin solución de continuidad y sin anestesia, Pedro Sánchez la propuso para Fiscal General del Estado importándole un comino que no le quedara ni el menor atisbo de la independencia que forzosamente debería tener la persona que ocupe ese cargo.

Ya lo dijo el mismo Sánchez en plena campaña electoral: «¿La Fiscalía de quién depende?, ¿de quién depende? Pues ya está», en respuesta a un periodista de RNE que le preguntaba por su promesa de traer a Puigdemont de vuelta a España. Que por cierto todavía esperamos sentados a que el político más mentiroso que hemos conocido en España cumpla esa promesa, caída en el saco roto de todos sus embustes. Y la fiscal nombrada por Sánchez para que le obedezca ayer mismo empezó a hacer lo que le mandan. En primer lugar, ordenó a la Fiscalía del Tribunal Supremo que investigara al Rey Emérito, Juan Carlos I, por las ‘mordidas’ en la construcción del Ave a La Meca, para “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014”, fecha de su abdicación.

Recordemos que este caso tiene su origen en las famosas ‘cintas de Corinna’, en relación con la conversación con Corinna Sayn Wittgenstein que fue grabada por el ex comisario Villarejo, personaje demonizado por la izquierda española y a quien acusan de ser el centro de las ‘cloacas del Estado’. Pero que, sin embargo, gozaba de la amistad de la ahora Fiscal General del Estado, con tal confianza como para llamar «maricón» a Marlaska, delante de él o asegurarle que tenía el «éxito garantizado» al obtener «información vaginal» en un prostíbulo. Y el mismo día que Dolores Delgado, «Lola» para Villarejo, ordenó investigar al Rey Emérito, tomó otras dos decisiones más. Abrió la puerta a la posibilidad de que, el que fuera mayor de los Mossos d’Esquadra cuando ocurrió el golpe del 1-O, Josep Lluís Trapero, se libre mediante una condena por desobediencia, lo que implicaría sólo una multa e inhabilitación, pero no penas de cárcel.

Y como traca final, la fiscalía salió al rescate del Gobierno y pidió archivar la causa abierta por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel contra el delegado del Gobierno por la autorización de la manifestación feminista del 8-M en Madrid, mediante un escrito en el que se oculta el nombre de los fiscales que lo han elaborado y firmado. La Fiscal General del PSOE actúa en nombre del Estado y en contra de la justicia en todos los ámbitos. Contra la juez que investiga la actuación del Gobierno el 8-M y a la que prácticamente insulta; contra el tribunal que investiga el golpe de Estado del 1-O pretendiendo que sus actuaciones queden en nada y contra la monarquía, como cabeza visible del régimen democrático surgido en la Transición. Para que dejemos de ser una democracia europea y nos convirtamos en una tiranía chavista el Gobierno socialcomunista ya ha dado el primer paso apropiándose de la Fiscalía, los siguientes son dominar el CGPJ para poner a jueces tan leales al partido como Dolores Delgado en los puestos clave de la judicatura y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cesando a los mandos que se les resisten y sustituyéndolos por otros más dóciles a sus instrucciones. Y todo ello lo están intentando a la vez. Esperemos que no les sea tan fácil como se lo ha puesto la Lola.

Negligente, mentiroso y cicatero
OKDIARIO 10  Junio 2020

Este Gobierno que ha exhibido una incompetencia manifiesta en la crisis del coronavirus y se ha parapetado detrás de la mentira para tapar su negligencia, resulta que es también cicatero en grado sumo. Como informa OKDIARIO, el Ejecutivo socialcomunista ha dejado fuera de la cobertura de indemnizaciones por accidente laboral al personal sanitario y sociosanitario que ha vivido en los centros asistenciales lo peor de la pandemia del Covid. Y todo a través de un cambio introducido el pasado lunes por el Ministerio de Sanidad que establece que la cobertura plena por accidente laboral, más allá del pago retributivo puro en el periodo de baja, ha quedado limitado al periodo de contagios comprendidos entre el 28 de mayo y el 21 de julio.

De esta forma, con nocturnidad y alevosía, Pedro Sánchez, el del «escudo social», ha limitado la cobertura legal e indemnizatoria por accidente laboral a médicos, enfermeros, celadores y el resto de personal sanitario que ha puesto en peligro sus vidas para salvar la de los demás: sólo se reconocerá esa condición de accidente laboral hasta un mes después del fin del estado de alarma. Por tanto, recaídas o dolencias crónicas sin acreditación de contagio previo quedarán fuera de esa protección.

A más inri, la definición legal inicial de la cobertura por accidente laboral dejó fuera todos los contagios previos al 28 de mayo a efectos de indemnizaciones por fallecimiento u otras cuestiones que no fueran las estrictamente retributivas durante la baja temporal por la enfermedad. O sea, mientras el Gobierno presume de solidaridad, de no dejar tirado a nadie en el camino, de reforzar las estructuras sociales y todo esa retahíla interminable de eslóganes sin contenido, le pega un hachazo a las ayudas de quienes se contagiaron cumpliendo hasta la extenuación con sus obligaciones. Tanto rendir homenaje al personal sanitario para, al final, comportarse de manera innoble.

Son así: se les llena la boca presumiendo de ser el Gobierno más social de la democracia y, en la letra pequeña, enseñan su verdadero rostro. No cabe mayor indignidad.

¿A dónde van la Fiscalía y la Abogacía?
Editorial ABC 10  Junio 2020

El auto que ayer hizo público la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid por el 8-M es un repaso jurídico en toda regla a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal. En 17 páginas sin desperdicio, la juez Rodríguez-Medel desmonta todas las quejas de nulidad procesal e indefensión al investigado. La resolución judicial no se limita a una fría aplicación de preceptos legales, sino que pone a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía ante el espejo de sus debilidades y contradicciones. Es un auto cuya lectura merece la pena, porque desvela la insolvencia de la campaña desatada por esas instituciones -que se deben al principio de legalidad- contra la propia juez, la Guardia Civil y la investigación del 8-M en su conjunto. Mucho miedo debe haber en el Gobierno por estas diligencias penales cuando tiene que forzar a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal a caer en una estrategia procesal casi suicida, sin fundamento sólido, ni objetivo claro. Es más, sus ataques a la instructora han permitido a esta perfilar aún más el objeto de su investigación y la posible implicación del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, citado hoy a declarar, de manera que sólo lo desconocen los que quieran seguir siendo ignorantes.

Es evidente que, en principio, no resulta fácil el encaje jurídico penal de las decisiones administrativas tomadas por acción o por omisión en relación con el 8-M; pero también es evidente que la manifestación feminista fue consentida cuando el peligro de contagios masivos por el Covid-19 en actos multitudinarios no era un rumor o una mera especulación, sino un hecho notorio dentro y fuera de España, conocido precisamente con detalle por las autoridades sanitarias y políticas con competencia para prohibir esa concentración. La teoría del «no sabíamos nada» es falsa, pero si fuera cierta, seguiría siendo un dedo acusador contra quienes tenían la obligación de saberlo todo, porque de ellos dependían decenas de miles de vidas.

Por eso está más que justificado que la justicia penal investigue la actuación del delegado del Gobierno en Madrid y, luego, decida si hay indicios o no para sentar en el banquillo a unos u otros. Incluso si algo cabe cuestionar en esta investigación penal es la exclusión de otros posibles delitos -lesiones imprudentes, por ejemplo- y otros posibles responsables, como Fernando Simón. En todo caso, la fase de investigación no cierra la puerta a nuevas ampliaciones de hechos y personas, y esto es lo que el Gobierno teme, porque tanto el informe del forense como los atestados de la Guardia Civil no solo no están dando motivos a la juez para archivar la causa penal, sino que aumentan los indicios para seguir adelante con ella e implicar a más personas. Y, en lo sucesivo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía deberían cuidar su autoestima y evitar el ridículo.

Patriotas y mercenarios
Manuel Marín ABC 10  Junio 2020

Atrás quedaron aquellos tiempos en que José Luis Rodríguez Zapatero llamó «patriota de hojalata» a Mariano Rajoy tras ser tildado de «bobo solemne». El socialismo tiene un sentido patrimonialista, exclusivo y alambicado de la patria. Durante el confinamiento y en sus filípicas desde La Moncloa, Pedro Sánchez se ha dirigido a los españoles como «compatriotas» y, extraño en él, no era una expresión improvisada, sino premeditada y consciente.

Si la izquierda invoca la patria, es síntoma de nobleza y arraigo, de progreso y modernidad. Cuando Sánchez, Zapatero o Iglesias aluden al patriotismo, transmiten una connotación reactiva frente a la tragedia, y entonces la patria deja de ser rancia y se asocia a conceptos positivos de resistencia, unidad y optimismo proactivo. La izquierda solo se apropia del léxico patriótico cuando está en dificultades o cuando percibe que es un nexo simbólico de unión por el que el centro-derecha se moviliza. Por eso, el socialismo maneja a la perfección un concepto sibilinamente reversible del patriotismo. Tanto, que si no es un progresista el que recurre a él, quien lo hace es un golpista embrionario, un reaccionario dictatorial, un fascista represor, o un nostálgico del guerracivilismo. Los matices desaparecen y cualquier discrepante es un camisa parda de gomina y caduco fervor pijo-heroico al que se ridiculiza porque no puede jugar al golf. Y no les ha ido mal a Sánchez e Iglesias con la monserga.

Si la derecha gobierna, son «policías patrióticas», «esbirros» de los servicios secretos, jueces ultras, y habitantes de las «cloacas del Estado» quienes lo hacen. En cambio, si la Fiscalía o la Abogacía del Estado viran hacia el PSOE, no hay «fiscales patrióticos» de estricta obediencia, sino eminentes juristas técnicamente irrebatibles para imponer la lógica doctrinal en cualquier debate legal. Patria tóxica, patria modélica.

Una juez de Madrid no ha sucumbido a la ofensiva de este nuevo «patriotismo normalizador». Ni siquiera se ha arrugado ante el tono despectivo empleado por la Fiscalía y la Abogacía en defensa del delegado del Gobierno. Son criterios jurídicos respetables los que mantienen en pie el proceso por el 8-M y no salmodias de juez ultramontana. Tras la destitución de De los Cobos, la deslegitimación de la Guardia Civil, la campaña contra la juez, el intervencionismo de Marlaska, y el informe de un forense afirmando que las autoridades estaban avisadas de una «hecatombe» vírica, las brigadas del buen patriotismo se desplegarán. Todo será otra confabulación de ultras, y el trabajo de ese forense quedará desautorizado porque un domingo, hace veinte años y camino de una comida en El Escorial, atravesó el Valle de los Caídos. Cuando Sánchez e Iglesias ideologizan el patriotismo para moldearlo a capricho, olvidan que un patriota de conveniencia tiende más a mercenario.

Demoledor informe del forense del 8-M: ‘La hecatombe en España se veía venir’
Redacción rebelionenlagranja 10  Junio 2020

El segundo informe del médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid afirma que “la hecatombe en España” que ha devenido en la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus “se veía venir” desde semanas antes del 8 de marzo y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, conocían la situación.

“Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque ‘a posteriori’ es más fácil de analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe sobre epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible, como afirmó una destacada dirigente en una entrevista”, explica el forense, sin especificar a qué dirigente se refiere.

Así consta en el segundo informe forense firmado por el médico forense Julio Lorenzo Rego, con fecha de 8 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, dentro de la investigación dirigida por la titular del Juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga un posible delito de prevaricación por el que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

El documento el médico forense adscrito al Juzgado de instrucción número 51, reprocha a las autoridades que faltó autoprotección de los ciudadanos que asistieron a manifestaciones feministas del 8 de marzo porque no se alertó del “gran riesgo” que existía de contagiar el coronavirus. También recoge que no se hizo una valoración de riesgos como pidió la OMS el 14 de febrero, ni se atendió a “algunas” de las recomendaciones de la alerta europea del 2 de marzo, lo que habría aminorado “el daño a la salud” y “las consecuencias económicas y sociales”.

El médico forense ratifica las cuatro conclusiones del informe preliminar, el del 19 de abril, ya que el 28 de febrero desde la Delegación del Gobierno de Madrid “se dispusieron las medidas adecuadas para proteger a las personas que en esa institución trabajan”. Ese mismo día, según el informe, “en la Delegación del Gobierno se conocía la situación de epidemia y eran conscientes del riesgo para los ciudadanos”.

El documento señala que el haber evitado manifestaciones como la del 8-M habría frenado una “amplia difusión” de la Covid-19, “de igual modo que de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio” habría facilitado que los ciudadanos “adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad”.

En el mismo documento se dice que “no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones” antes del estado de alarma decretado el 14 de marzo y que resultara infectado por el Covid-19 “lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimientos públicos, etc.”.

“En cambio”, añade el informe, “no se instó a que quienes comunicaban manifestaciones o concentraciones en la vía pública en el periodo objeto de investigación que dispusieran la evaluación del riesgo sanitario que dichas manifestaciones comportaban, como recomienda la OMS -y además es lógico y natural- desde que se instauró la epidemia”.

Una juez que resiste
Editorial El Mundo 10  Junio 2020

La resistencia de la juez Rodríguez-Medel a las maniobras políticas para obstaculizar la causa del 8-M están empezando a provocar inquietud en el Gobierno. Y esa es la razón por la cual, ante la gravedad de las acusaciones y las evidencias cada vez mayores de que la multitudinaria manifestación feminista fue autorizada por razones electoralistas, desoyendo las alertas de la OMS y poniendo en grave riesgo de contagio a la población, Pedro Sánchez ha desatado su artillería para desacreditar a la juez instructora y cerrar la investigación.

Primero a través de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que ha acusado a Rodríguez-Medel de estar actuando por motivos políticos en base solo a "hipótesis". Después mediante la servil actuación de la Fiscalía de Madrid, que el lunes pidió el archivo de la causa con el fin de que el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, no tuviera que declarar hoy como imputado por un posible delito de prevaricación. Sin embargo, la contundencia del informe del forense -desvelado ayer por este periódico- ha reforzado la investigación de la juez, que ayer rechazó anular la causa. En su informe, el médico adscrito a la investigación deja claro que tanto el ministro Salvador Illa como el responsable de alertas sanitarias, Fernando Simón, conocían la "gravedad" de la situación y la "subestimaron", concluyendo que es "cierto y seguro que de haberse evitado esas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".

Por suerte para el esclarecimiento de la verdad, Rodríguez-Medel está demostrando que se puede resistir a los ataques de un Gobierno que ha perdido todo escrúpulo.

El comunismo en su salsa.
Paco Sande Periodista Digital 10  Junio 2020

Se van. Se va Nissan y Alcoa…y las razones que dan son muchas y variadas, la principal, dicen, es la política medio ambiental de la Unión Europea y su pronóstico de prohibir los vehículos con motores de combustión para el año 2040.

Algo que ha anunciado a bombo y platillo el Presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez.

Para el 2040, faltan 20 años, ¿vete tú a saber quién va a seguir aquí y como serán los coches para aquel entonces?, pero Pedro Sánchez, fiel a su estilo, para quedar bien, tenía que decirlo ya, y esto no ayuda a la industria española en general y a la del automóvil en particular.

Pero, y a pesar de tener un botarate como Presidente, ¿por qué las empresas parecen elegir preferentemente a España, a la hora de echar el cierre en sus fabricas? Pues la cosa es simple, porque la verdad, la verdadera razón por la que se van es,…Por temor al comunismo.

La cosa está muy mal en todo el mundo y para todos, y cuando las cosas viene mal dadas, si uno tiene algo de dinero, prefiere tenerlo en países gobernados por gente formal y competente, en vez de en un país gobernado por una chusma de iluminados, golfos e incapaces, que, a todas luces, están llevando el país a la ruina.

Y muchas más que se irán.

Porque, ¿qué no haría cualquier empresario, con algo de sentido común, al oír hablar al “Vicepresidente del Gobierno”, Pablo Iglesias?
Porque no se cortó un pelo el muy bellaco al invocar por las redes sociales el artículo 128 de la Constitución, para defender que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuera su titularidad, está subordinada al interés general”.

Se olvidó de mencionar, el muy canalla, que, solo cinco artículos más adelante, la misma constitución dice: “Nadie podrá ser privado de sus derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto con las leyes”.

Esta lacra llamada “Comunismo”, perdición, desgracia y desolación de todos aquellos países que lo han sufrido, causante de miles de muertes y tragedias sin cuento en todos aquellos lugares por los que ha pasado, ahora, ha llegado a España y está arraigando en nuestras entrañas y ellas, las multinacionales, lo saben y por eso huyen.

Según Peter Drucker, el comunismo son los pecados del odio y la envidia, no es una ideología, es la excusa del fracasado, el envidioso y el tirano. Son oportunistas que disfrutan de una vida fácil a expensas del hambre y la miseria, y el sufrimiento del pueblo.

Y es que un gobierno no está para ir por los barrios pobres regalando bolsas de comida, como hacia Chávez y hace Maduro en Venezuela, y le gustaría hacer en España a nuestros Presidente y Vicepresidente, un Gobierno está para dirigir el país de la tal forma en que se puedan dar las condiciones necesarias para que el pobre deje de serlo y sea capaz de ganar lo suficiente para ser capaz de sustentarse a sí mismo sin necesidad de recibir una limosna.

Esa es la forma de que el pueblo pueda vivir sin perder su dignidad.

Decía Abrahán Lincoln: “No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos.
No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte.

No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro.
No se puede levantar al asalariado destruyendo a quien lo contrata.

No se puede promover la fraternidad del hombre incitando al odio de clases.
No se puede formar el carácter y el valor mediante la eliminación de la iniciativa e independencia de las personas.

No se puede ayudar a las personas de forma permanente haciendo por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos”.

Y aquí lo dejó el gran hombre, lástima que en este país se lea muy poco o nada, y se siga creyendo que el socialismo y el comunismo están aquí para ayudar a los pobres, sin que nadie sea capaz de ver mas allá de la bolsa de comida que, en forma de la llamada “Renta Vital”, está usando el Gobierno para mantenernos aborregados y seguir votando como Presidente a un mentiroso compulsivo respaldado por una banda de comunistas, separatistas y terroristas.

“El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia, la prédica de la envidia.
Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria”
Winston Churchill.

PD, Acabo de oír en la television que le 21 de junio se termina el “estado de alarma” y entramos en la “nueva normalidad”
Se veía venir, el 28, es el día del “Orgullo Gay” y eso tiene que celebrarse si o si .
Es que no tienen remedio.

Residencia privada de los marqueses de Galapagar: prohibido hacer ruido

OKDIARIO 10  Junio 2020

Cualquiera diría que el chalet del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y su pareja, Irene Montero, ministra de Igualdad, está siendo rodeado por una turba con aviesas intenciones que amenaza la integridad física de sus moradores. El despliegue de medios ordenado por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, es tan desproporcionado que cabría preguntarse qué riesgo potencial baraja el Gobierno socialcomunista para ordenar que 25 agentes de la Guardia Civil y una docena de vehículos blinden la zona de Galapagar donde residen Iglesias y Montero. Después de que el primero sugiriera que la Guardia Civil está infectada de peligrosos elementos ultraderechistas al servicio de espurios intereses, habría que preguntarle a Pablo Iglesias si considera que los 25 agentes destinados a su protección forman parte de la «policía patriótica».

Y, para rizar el rizo de lo absurdo, Marlaska ha ordenado a los efectivos de la Guardia Civil que impidan cualquier tipo de cacerolada en las inmediaciones del chalet con la excusa de que provocan «contaminación acústica» y perjudica a las especies animales del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Desde el pasado lunes lunes no se pueden golpear cacerolas frente a la famosa parcela de 2.300 metros cuadrados con piscina. A este paso, el ministro de Interior obliga a los vecinos de la zona a que hablen en voz baja, no sea que molesten a la pareja gubernamental.

Para Grande-Marlaska ser vecino de Pablo Iglesias e Irene Montero les convierte en sospechosos, de forma que la Guardia Civil tiene el encargo de controlar sus pasos. Resulta inaceptable que la vida diaria de la gente que vive en las proximidades del chalet de la pareja se vea condicionada y afectada por la orden de un ministro que ha impuesto una suerte de toque de queda en la zona. Y lo de la prohibición de las caceroladas con el peregrino argumento de que molesta a la fauna del Parque del Río Guadarrama es la demostración más palmaria de que la zona de Galapagar donde viven Iglesias y Montero se ha convertido, de facto, en zona de veda. Lo siguiente es cerrar la vía pública y poner una cartel con el lema «Residencia privada de los marqueses de Galapagar».

El Tribunal de La Haya admite a trámite una denuncia contra Sánchez por ‘genocidio’
Redacción rebelionenlagranja 10  Junio 2020

La Corte Penal Internacional (CPI) ha admitido a trámite una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delito de “genocidio” de 50.000 personas presentada por la Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19 y le ha dado traslado a la Fiscalía de este tribunal.

Según recoge Okdiario, la denuncia, registrada por una letrada española en representación de la entidad, señala que Sánchez, como máximo responsable del mando único, no siguió las instrucciones “inequívocas” de las autoridades sanitarias de “todo el mundo”, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, recoge que dio una “respuesta tardía” al coronavirus, además de un manejo nocivo de la pandemia, lo que “ha causado una gran cantidad de muertes que podrían haberse evitado”.

El texto, dirigido contra Sánchez por delitos de genocidio y lesa humanidad, considera que el jefe del Ejecutivo violó los artículos 6.c y 7.1.k del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (el Tribunal de la Haya).


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La Fiscal General del PSOE
Liberal Enfurruñada okdiario  10  Junio 2020

Aún no han pasado 6 meses desde que Dolores Delgado daba mítines electorales pidiendo el voto para el PSOE. La tres veces reprobada ministra de Justicia con Pedro Sánchez se subía al atril y decía cosas como que «el PSOE es el partido que ha traído el progreso económico y social a esta sociedad”, que los líderes de Vox «son excluyentes, intolerantes, xenófobos y racistas», tachaba de «sistémica» la corrupción del PP e incluso insultaba a Cs por pactar en Andalucía. Y apenas 3 meses después de pronunciar todos esos insultos contra la oposición, en enero, inmediatamente después de cesar como ministra de Justicia de su Gobierno, sin solución de continuidad y sin anestesia, Pedro Sánchez la propuso para Fiscal General del Estado importándole un comino que no le quedara ni el menor atisbo de la independencia que forzosamente debería tener la persona que ocupe ese cargo.

Ya lo dijo el mismo Sánchez en plena campaña electoral: «¿La Fiscalía de quién depende?, ¿de quién depende? Pues ya está», en respuesta a un periodista de RNE que le preguntaba por su promesa de traer a Puigdemont de vuelta a España. Que por cierto todavía esperamos sentados a que el político más mentiroso que hemos conocido en España cumpla esa promesa, caída en el saco roto de todos sus embustes. Y la fiscal nombrada por Sánchez para que le obedezca ayer mismo empezó a hacer lo que le mandan. En primer lugar, ordenó a la Fiscalía del Tribunal Supremo que investigara al Rey Emérito, Juan Carlos I, por las ‘mordidas’ en la construcción del Ave a La Meca, para “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014”, fecha de su abdicación.

Recordemos que este caso tiene su origen en las famosas ‘cintas de Corinna’, en relación con la conversación con Corinna Sayn Wittgenstein que fue grabada por el ex comisario Villarejo, personaje demonizado por la izquierda española y a quien acusan de ser el centro de las ‘cloacas del Estado’. Pero que, sin embargo, gozaba de la amistad de la ahora Fiscal General del Estado, con tal confianza como para llamar «maricón» a Marlaska, delante de él o asegurarle que tenía el «éxito garantizado» al obtener «información vaginal» en un prostíbulo. Y el mismo día que Dolores Delgado, «Lola» para Villarejo, ordenó investigar al Rey Emérito, tomó otras dos decisiones más. Abrió la puerta a la posibilidad de que, el que fuera mayor de los Mossos d’Esquadra cuando ocurrió el golpe del 1-O, Josep Lluís Trapero, se libre mediante una condena por desobediencia, lo que implicaría sólo una multa e inhabilitación, pero no penas de cárcel.

Y como traca final, la fiscalía salió al rescate del Gobierno y pidió archivar la causa abierta por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel contra el delegado del Gobierno por la autorización de la manifestación feminista del 8-M en Madrid, mediante un escrito en el que se oculta el nombre de los fiscales que lo han elaborado y firmado. La Fiscal General del PSOE actúa en nombre del Estado y en contra de la justicia en todos los ámbitos. Contra la juez que investiga la actuación del Gobierno el 8-M y a la que prácticamente insulta; contra el tribunal que investiga el golpe de Estado del 1-O pretendiendo que sus actuaciones queden en nada y contra la monarquía, como cabeza visible del régimen democrático surgido en la Transición. Para que dejemos de ser una democracia europea y nos convirtamos en una tiranía chavista el Gobierno socialcomunista ya ha dado el primer paso apropiándose de la Fiscalía, los siguientes son dominar el CGPJ para poner a jueces tan leales al partido como Dolores Delgado en los puestos clave de la judicatura y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cesando a los mandos que se les resisten y sustituyéndolos por otros más dóciles a sus instrucciones. Y todo ello lo están intentando a la vez. Esperemos que no les sea tan fácil como se lo ha puesto la Lola.

¿Quién teme a Jordi Pujol?
Manuel Trallero ABC 10  Junio 2020

No deja de ser significativo cómo los medios de comunicación de Cataluña, tanto los públicos como los privados, hayan rememorado los llamados «Hechos de Palacio de la Música Catalana», al cumplirse el sesenta aniversario de los mismos sin apartarse ni un ápice de la versión canónica que elevó a Pujol a la categoría de «mártir» y «padre de la patria catalana». Lo sucedido aquella noche es el acto seminal del nacionalismo catalán actual y la labor de su líder taumaturgo es la condición sine que non para el intento de golpe secesionista llevado a cabo en Cataluña. Esta conmemoración ha servido para blanquear la figura del expresidente, inmerso, él y su familia, en un proceso judicial por una trama de corrupción sin precedentes, y ha contado con el silencio cómplice de la sociedad catalana. No hay que olvidar que el propio Pujol, en una comparecencia en el mismo Parlamento catalán amenazó diciendo, ante el alud de críticas recibidas que: «Si vas segando, digamos, la rama de un árbol, al final cae toda la rama: No, es que después caerá aquel de allí, aquel de allí que ...no, no, ¡caerán todos!».

La noche del 19 de mayo de 1960, Franco, de visita a Barcelona, no fue el único ausente en el Palacio de la Música. Mientras una parte del público coreaba el «Cant de la senyera», prohibido por el gobernador civil pero previsto en el programa original, Pujol estaba en su casa. No participó en aquel acto ni siquiera a nivel organizativo. Pujol había saludado la visita redactando «Os presentamos al General Franco», una octavilla manifiesto sobre la falta de libertades en el país, y que introducía un elemento innovador: «El Régimen ha fomentado la inmoralidad de la vida pública y económica. El hombre que vendrá a Barcelona, además de un opresor, es un corruptor».

Pujol no tenía reparo alguno con que, un año antes, su padre hubiese aparecido en el BOE en una lista de más de ochocientos ciudadanos españoles con cuentas bancarias en Suiza. Su expediente fue sobreseído por no poderse dar con él. También aparecía Moisés David Tennenbaum, el sempiterno socio, que coincidía con Florenci y el propio Jordi Pujol, éste en calidad de administrador, en el consejo del importador de diamantes García Asturiano S.A.. Un mes más tarde formalizó la compra de la Banca Dorca, la futura Banca Catalana, donde no pudieron figurar los dos primeros, sustituyéndolos sus esposas, y una de cuyas funciones sería blanquear las comisiones conseguidas al servicio de los algodoneros catalanes, en el mercado libre de divisas de Tánger al cambiar las pesetas de contrabando por dólares.

La redada policial en el mismo coliseo deparó una sorpresa. Uno de los detenidos llevaba en la cartera una fotografía de la bandera catalana desplegada días antes en la Sagrada Familia. Los interrogatorios y palizas en la cercana Jefatura de Policía se completaron, aquella misma madrugada, con registros domiciliarios. En casa de un detenido se encontraron copias de la octavilla. El nombre de Jordi Pujol salió a relucir esta vez y a pesar de las advertencias de sus amigos permaneció en casa.

En la madrugada del 20 al 21 se lo llevaron a él también. Las explicaciones de Pujol respecto las torturas infligidas han sido siempre confusas, dubitativas e incompletas. El agente Gregorio Martín Guijarro sostendría ante el juez que Pujol «pidió quedarse solo unos minutos y hacer examen de conciencia, así como pedir a Dios consejo para una decisión justa, acabando por confesar que efectivamente, en la imprenta de Pizón se habían confeccionado las mismas». Los agentes aseguraron que lo invitaron a desayunar en un bar próximo, pero entre los amigos de Pujol no faltaron quienes lo vieron tendido, sin poder caminar, a causa de golpes. Uno de los detenidos, el periodista Enric Bastardes, añade que le oyeron mascullar: «Ahora sí que estoy seguro que ganaremos».

Un par de días después, su padre presentó una demanda por malos tratos. El mismo abogado que la presentó, Salvador Casanovas, se entrevistaría privadamente con el fiscal del consejo de guerra a Pujol, y consiguió de forma poco creíble reducir la petición de prisión de quince a siete años. En el consejo de guerra, Pujol pronunció un discurso inhabitual bajo el franquismo. Más comprometedor todavía resulta el hecho de que, mientras se celebraba el consejo de guerra, el padre de Pujol, Florenci, se reuniera con el capitán general de la IV Región, el teniente general Pablo Martín Alonso y uno de los poco amigos de la infancia de Franco.

En enero de 1961, mientras cumplía condena y le llegaban donaciones en efectivo y alimentos de toda Cataluña, Florenci y Tennenbaum fueron procesados por tener una red de evasión de divisas, mediante remesas de 200.000 pesetas (a veces superiores) que a través de Andorra se ingresaban en cuentas suizas. El epicentro del negocio era la Casa de Cambios, situada al final de las Ramblas, de la cual ambos eran propietarios y que contaba en exclusiva con los miembros de la VI Flota norteamericana en sus visitas a la ciudad, así como con la flor y nata del Barrio Chino.

Y aún el 31 de ese mes, Marta Ferrusola escribió a la cárcel comentando a su marido que, entre los socios del laboratorio farmacéutico controlado por la familia, con presencia de Tennenbaum, se barajaba la posibilidad de rebautizar el laboratorio como Pujol. Tras dos años y medio de prisión, solicitó y obtuvo el indulto.

La octavilla contra Franco fue una profecía autocumplida.
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Manuel Trallero es periodista y escritor

¿Prevarica la Fiscalía para tapar la prevaricación del 8-M?
EDITORIAL Libertad Digital 10  Junio 2020

¿A qué espera para pronunciarse el juez Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo?

Desde hacía semanas venía siendo un escándalo que el Ministerio Fiscal no apoyara o directamente capitaneara una sola de las numerosas denuncias contra el Gobierno y las autoridades sanitarias por su nefasta y presuntamente delictiva decisión de permitir y alentar manifestaciones multitudinarias cuando ya disponían de informes que les advertían de lo contagioso del coronavirus, así como por la negligente y presuntamente corrupta adquisición de material sanitario una vez declarado el estado de alarma.

Ahora bien, una vez se ha tenido conocimiento del informe de la Guardia Civil que ejerce de policía judicial en el juicio por el caso del 8-M y del aún más demoledor informe del forense, que viene a ratificar el conocimiento que tenía el Gobierno del riesgo de contagio que entrañaban esas manifestaciones, la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo de la causa podría ser algo aun más grave. Podría constituir, de hecho, un delito de prevaricación, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, por el que también pueden ser enjuiciados –tal y como advierte el artículo 24.1 del CP– los funcionarios del Ministerio Fiscal.

Bien sea por esta razón, bien sea porque haya sido el número dos de Dolores Delgado, el secretario general técnico de la Fiscalia General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien, saltándose al fiscal natural designado para la causa, haya elaborado el ominoso escrito de alegaciones, el caso es que el Ministerio Publico ha ocultado la identidad de los fiscales que han pedido el archivo de la causa.

En cualquier caso, con independencia de esa ocultación, y con independencia también de que la petición de archivo de la causa pueda ser constitutiva de delito, lo que es clamorosamente evidente es que Dolores Delgado jamás debió ser nombrada fiscal general del Estado. Y no sólo por haber sido ministra de Justicia con el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, sino, sobre todo, por las conversaciones que mantuvo con el presunto delincuente y excomisario José Manuel Villarejo, que deberían haberla descalificado para ostentar cualquier cargo público.

El extremo servilismo del Ministerio Público hacia el Gobierno sólo es comparable con el de la Abogacía del Estado, que, en el colmo del desvarío, se ha permitido arremeter contra la juez del caso, Carmen Rodríguez Medel, acusándola nada menos de protagonizar "una búsqueda voraz de indicios de delito" contra el Ejecutivo. Eso, por no recordar que el Ministerio Público acaba de tomar otra bochornosa decisión: rebajar su acusación de rebelión contra el exmayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, a las de sedición o desobediencia, delito este último que conlleva multa e inhabilitación, pero no prisión. Si bien es comprensible que, una vez condenados los cabecillas del golpe del 1-O por sedición, no tiene sentido mantener la acusación por rebelión contra su subordinado Trapero, es una infamia que el Ministerio Fiscal se contente con un delito de desobediencia que no está castigado con cárcel. Y todo para no desairar a las formaciones separatistas aliadas del Gobierno.

Así las cosas, y dado que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado no van a ejercer sino de abogados defensores del Gobierno, y que la juez Rodriguez Medel sólo tiene competencias para enjuiciar al delegado del Gobierno en Madrid, lo que hay que preguntarse es a qué espera para pronunciarse el juez Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a donde ha ido dirigida la denuncia contra Pedro Sánchez por esta misma causa del 8-M.

La Fiscalía, juguete de Pedro Sánchez
Pablo Planas Libertad Digital 10  Junio 2020

Ahora ya saben a qué atenerse los refractarios al poder popular de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

Frenesí fiscal. El órgano que dirige Dolores Delgado, exministra de Justicia de Pedro Sánchez, ha acometido en un solo día tres operaciones de gran calado. De entrada, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido investigar a Juan Carlos I por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo a cuenta de las presuntas comisiones del AVE a La Meca. La noticia ha sido recibida con gran alborozo por personajes como Pablo Echenique y Gabriel Rufián, cuyas contribuciones a la democracia en España son de sobra desconocidas.

En segundo lugar, la Fiscalía Provincial de Madrid exige a la juez Carmen Rodríguez-Medel que archive la causa contra Franco, titular que a bote pronto ha causado conmoción en la izquierda hasta que han entendido que este Franco es José Manuel Franco, a la sazón delegado del Gobierno en Madrid. Consideran los fiscales que no hubo prevaricación al autorizar la manifestación del 8 de marzo en la capital, la de la barra libre de coronavirus que estuvo a punto de diezmar la filas femeninas del Consejo de Ministros.

Y para redondear el día, la Fiscalía de la Audiencia Nacional rebaja de rebelión a sedición la petición contra el exjefe de los Mozos, Josep Lluís Trapero, y prepara el terreno para una condena por desobediencia que no implicaría el ingreso en prisión del tipo que puso a 17.000 hombres armados al servicio de obstruir que la Guardia Civil y la Policía Nacional sofocaran el golpe de Estado separatista en Cataluña.

Jornada magistral para la Doctrina Sánchez sobre la función y dependencia de la Fiscalía y refutación en toda regla de la separación de poderes en España. La fiscal general, Dolores Delgado, sí que sabe lo que hay hacer, no como su antecesora María José Segarra, con la que no había manera de meter mano en la Fiscalía.

Ahora ya saben a qué atenerse los refractarios al poder popular de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, el tricornio que se enfrentó a Trapero, fue un primer aviso. El paquete al emérito, el segundo.

Mientras tanto, la Fiscalía pasa de las revelaciones sobre la financiación ilegal del PSOE madrileño de Rafael Simancas, rebautizado en las redes Simangas, a través de la trama Púnica y Jordi Pujol, alias Pujolone, evasor fiscal confeso y padre del proceso separatista, cumple noventa tacos sin fiscal que le importune.


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